Tal como estaba anunciado, el Gobierno Nacional ya tiene una vocera oficial, designada por el presidente Daniel Noboa. Se trata de Carolina Jaramillo, quien se presentó ante los medios en una rueda de prensa, realizada en el Palacio de Carondelet. LEER TAMBIÉN: Nueva vocera del gobierno realiza primeros anuncios oficiales LEER TAMBIÉN: Gobierno Nacional presenta este lunes a la nueva vocera oficial Jaramillo es politóloga y experta en comunicación estratégica. Su función será transmitir a la prensa, y al país en general, determinadas decisiones. Primeros anuncios Como primeros anuncios, la funcionaria reveló una serie de medidas dispuestas por el presidente Noboa, en varios ámbitos estratégicos. A nivel minero, anunció una nueva tasa de fiscalización y reapertura del catastro, con el objetivo de reforzar el control técnico y ambiental. Esta Tasa de Fiscalización Minera para la pequeña, mediana, gran minería y régimen general, permitirá recaudar anualmente 229 millones de dólares, que serán destinados a fortalecer el control y la vigilancia. La minería artesanal está exenta del gravamen. Asimismo, se reabrirá el Catastro Minero, cerrado desde enero del 2018, como una decisión estratégica que atraerá inversión y empleo al país. Este proceso se realizará por fases: comenzará el 16 de junio con la pequeña minería no metálica, continuará en septiembre con la minería metálica, y estará completamente abierto para todos los regímenes hacia finales de este año. Transparencia en empresas públicas En otro ámbito, Jaramillo anunció que se iniciarán auditorías a Petroecuador, CELEC y CNEL, con el respaldo de tres firmas internacionales de primer nivel: Deloitte, PwC y EY; quienes ya han manifestado su interés en participar. Estas evaluaciones contemplarán auditorías financieras, forenses y revalorización de activos. “La visión del presidente Daniel apunta a desterrar la corrupción arraigada en estas empresas, y transformarlas en competitivas de talla internacional”, afirmó la vocera. Otra medida que será implementada es el ajuste tarifario para los consumidores del servicio eléctrico, en los grupos de Alto Voltaje (AV1) y Medio Voltaje (MV), quienes pasarán a pagar el costo real del servicio. Esta decisión excluye, por orden presidencial, a: asistencia social, bombeo de agua para comunidades campesinas y escenarios deportivos, que están entre los AV1 y MV. “Hoy los AV1 tienen un precio medio de 7,91 centavos el kilovatio/hora (kWh), que pasará a 10,22 centavos. En el caso de los de Medio Voltaje, hoy su precio medio es de 9,27 centavos, y con el ajuste pagarán 11,64 centavos el kWh”, anotó. El ajuste tarifario tampoco aplica al sector residencial, que representa más de 5,3 millones de hogares. Las familias ecuatorianas no tendrán ningún cambio en su tarifa por el servicio eléctrico. Otras medidas Durante la rueda de prensa también se informó sobre la decisión del presidente Daniel Noboa, de enfocar los subsidios en quienes más los necesitan. En ese sentido, se elimina el subsidio al diésel para el sector atunero industrial, que en 2024 registró un crecimiento significativo: alcanzó 1.641 millones de dólares en exportaciones, y una producción de 564.997 toneladas, un 21 % por encima del promedio de años anteriores. Esta medida no se aplicará a los pescadores artesanales. Bajo este contexto favorable, este segmento cuenta con la capacidad para asumir el costo real del combustible. Actualmente, 29 empresas atuneras, que son las más grandes del sector, absorben el 60% del valor del subsidio. Cabe destacar que el monto destinado al subsidio a este sector, representó 42 millones de dólares en el 2024. “En cuanto a las compensaciones, el Banco del Pacifico extenderá líneas hasta por 42 millones, con el respaldo y cobertura de la CFN, vía Fondo Nacional de Garantía, para cubrir hasta el 75% del riesgo que tomaría el banco con las empresas. La tasa de interés para este propósito será del 6 % anual”, sostuvo la vocera. Esta medida cumple con tres pilares fundamentales: los subsidios a quienes más lo necesitan, que en este caso son las embarcaciones de pesca artesanal; las compensaciones a las empresas para que puedan renovar la flota pesquera, y obtener embarcaciones con motores más eficientes; y volver más eficiente al Estado.
