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Petro y Bukele chocan en Twitter por las cárceles para encerrar a las maras en El Salvador

EL PAÍS .- Los presidentes colombiano y salvadoreño han polemizado en esa red social por los métodos que usa el Gobierno del país centroamericano para disminuir los homicidios.   El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, han chocado este miércoles en Twitter por los métodos que usa el país centroamericano en su vertical ofensiva contra las pandillas. La discusión comenzó cuando Bukele publicó un video en el que se ve a Petro criticar los métodos del mandatario salvadoreño y llamando “campo de concentración” a una cárcel en la que están presos miles de miembros de las maras que han sido capturados, en su mayoría durante el régimen de excepción en vigor desde hace un año. Además, hace una defensa de la educación como manera de reducir los homicidios.   En el video, grabado este lunes durante la entrega de la sede tecnológica El Ensueño, en el sur de Bogotá, se ve a Petro afirmar: “El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas”. Más adelante, agrega: “Nosotros logramos reducir, igualmente, esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre”.   El presidente salvadoreño respondió, minutos más tarde, tras mencionar a Petro: “Los resultados pesan más que la retórica”. Luego deseó que Colombia “en realidad logre bajar los índices de homicidios”. Poco después, el colombiano alargó la confrontación: “Pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades”. Y después invitó al salvadoreño a “comparar las experiencias” en un foro internacional.   Bukele, sin aceptar la propuesta del foro de Petro, apeló a la ironía y a una cifra como para zanjar la polémica: “¿Desde 1993? 30 años… ¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Nuestra experiencia: De más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan”.   La confrontación desde sus perfiles, en los que suelen ser muy activos, ocurre un mes después de que Bukele inaugurara el llamado Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, que él mismo ha denominado “la cárcel más grande de América”, y adonde han sido trasladados cerca de 2.000 pandilleros apresados. La ofensiva del Gobierno salvadoreño contra las maras ha sido criticada por organizaciones de Derechos Humanos, que acusan al Ejecutivo de usar torturas y otros métodos arbitrarios para ese fin.   El pasado 1 de febrero, Bukele compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se lo veía dar un recorrido por la prisión, que fue construida en siete meses. En él se pueden ver los lugares en los que cumplirían su condena los pandilleros encarcelados y, entre otros detalles, las habitaciones donde no entra la luz del sol, a las que serán destinados en caso de castigo.

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Tesla en Nuevo León: una inversión de 4.500 millones de dólares y hasta un millón de autos eléctricos al año

EL PAÍS .- La megaplanta que construirá Elon Musk en el municipio de Santa Catarina se sumará a los otros dos centros de producción que tiene el multimillonario en el extranjero, en Shanghái y en Berlín.   Santa Catarina, un municipio de Nuevo León de menos de 310.000 habitantes, ha atraído los reflectores internacionales de la mano de Tesla. El hombre más rico del planeta, Elon Musk, invertirá en México más de 4.500 millones de dólares en la construcción de una planta capaz de producir hasta un millón de autos eléctricos por año, han confirmado a EL PAÍS fuentes conocedoras del proyecto. La megaplanta a edificarse en territorio mexicano se sumará a los dos centros de producción que la compañía tiene en el extranjero en Shanghái y Berlín, el resto de sus centros de producción se localizan en EE UU. Los detalles del proyecto los dará a conocer Tesla este miércoles en el marco de su Investors Day.   México entrará por la puerta grande en la manufactura de autos eléctricos con el impulso de Tesla. Tras más de un año de negociaciones y competencia entre los Estados por atraer a sus arcas esta importante inversión, finalmente, este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que la planta automotriz se instalará en Nuevo León. “Viene la empresa Tesla completa, toda la planta automotriz que va a ser muy grande”, expresó esta mañana el mandatario en Palacio Nacional. El presidente aseguró que, tras un par de videollamadas, se llegó a un acuerdo con Musk que abarca también compromisos sobre el uso del agua en el Estado, uno de los temas que más preocupaban al Ejecutivo. El terreno elegido por Musk se localiza en Santa Catarina, un municipio con poco más de 310.000 habitantes y a solo 380 kilómetros de Austin, Texas, epicentro de las operaciones del emporio de Tesla. Aunque México tiene ya una experiencia de más de dos décadas en el sector automotriz, principalmente en el Bajío del país en donde jugadores como Audi o BMW ya cuenta con líneas de producción de autos eléctricos, esta será la primera megaplanta especializada en autos eléctricos, unidades que, en línea con la tendencia verde a nivel global, han ido ganando terreno, en detrimento de los carros tradicionales de combustión.   Para expertos y líderes del sector no es una sorpresa que Nuevo León haya ganado la puja por la multimillonaria inversión. La cercanía con Estados Unidos, los precios asequibles de los terrenos y el potencial de mano de obra calificada son algunos de los factores que a juzgar por los especialistas jugaron a favor del Gobierno del Estado para quedarse con el proyecto. El experto en temas industriales, Pedro Tello Villagrán, señala que la el desembolso de Tesla en México supone una oportunidad para México para montarse en la punta del avance tecnológico automotriz, una posibilidad, no obstante, que requerirá de la inyección de capital por parte de los gobiernos en materia de infraestructura, educación y seguridad. “Habrá que realizar inversiones adicionales para poder tener la infraestructura tan rápidamente como sea posible y con las garantías de suministro que le permitan a la empresa operar con los niveles de eficiencia”, específica.   Actualmente, Nuevo León solo tiene dos fabricantes de autos en su territorio, Hyundai y Kia Motors, firmas que generan cera de 3.500 empleos directos. Los especialistas coinciden en que el arribo de una firma como Tesla atraerá más firmas a la entidad. El especialista en el sector automotor reconoció como un desafío en la formación de más mano de obra calificada. “Una planta de este tamaño deberá tomar, por lo menos, cinco o cuatro años para que empiece a operar, yo creo que le da tiempo al Gobierno del Estado para formar a los mejores técnicos posibles, pero al mismo tiempo abre una oportunidad para que los mejores profesionistas del resto del país encuentren una oportunidad de desarrollo en una firma como Tesla”, dice.   Fernando Turner, director ejecutivo de Katcon, fabricante de sistemas de escape y convertidores catalíticos en Nuevo León, aseguró como una de las ventajas competitivas del Estado al corredor industrial que existe entre la capital del Estado y la ciudad de Saltllo (Coahuila). “Estamos muy bien comunicados y los terrenos no son tan caros”, refiere. Sobre el tema de la disponibilidad de agua,– uno de los temas más álgidos de la negociación debido a la escasez del recurso en el Estado– el empresario advirtió que el Gobierno debe invertir para garantizar el suministro hídrico si eso supone el desarrollo industrial de una región.   Musk confirmará en las próximas horas los detalles de su territorio en Méxco. Desde el presidente de México, hasta el presidente municipal de Santa Catarina, Jesús Nava, han echado las campanas al vuelo. Sin embargo, los especialistas coinciden: Tesla puede ser una empresa ancla para detonar el avance tecnológico del país o solo una nueva oportunidad perdida si no se desarrolla un ecosistema de proveedores nacionales y empresas automotrices tecnológicas a su alrededor.

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La salud marca el ritmo de la política colombiana

EL PAÍS.- El presidente Gustavo Petro crea su primera crisis de Gabinete, convoca a cumbres con sus aliados y da un discurso televisado para asegurar el futuro de la coalición y de la reforma a la salud   La salud está en juego. La de los colombianos y la de la coalición del Gobierno. El proyecto de reforma sanitaria que presentó el presidente Gustavo Petro ante el Congreso ha agitado tanto las aguas que, por primera vez desde que se posesionó, el presidente retiró a miembros de su Gabinete y convocó a las cabezas de sus aliados en el Congreso para discutir un proyecto de reforma. Ni la ambiciosa reforma fiscal, a la que se opusieron líderes aliados, requirió una cumbre o cambios de ese nivel.   Las crisis de Gabinete permiten renovar un equipo, enviar mensajes, configurar apoyos, definir o afinar prioridades. Petro hizo una que envió un mensaje de respaldo a sus propuestas más radicales y redobló la apuesta por la reforma a la salud. Una que resuena más porque ocurrió con apenas seis meses de mandato, exactamente en el día 204, más temprano de las primeras crisis de los presidentes anteriores. Un análisis de la consultora Gerencia del poder muestra que Iván Duque hizo su primera crisis a los 282 días, Juan Manuel Santos en su primer período a los 389 días, y en el segundo a los 575 días.   La crisis consistió en el relevo de tres ministros por decisión presidencial: María Isabel Urrutia de Deporte, Patricia Ariza de Cultura y Alejandro Gaviria de Educación. De los tres, el peso pesado era el último. Ex ministro de Salud de Juan Manuel Santos durante seis años, ex rector de la prestigiosa Universidad de Los Andes, ex aspirante presidencial en 2022 por la coalición de centro y uno de los intelectuales más visibles de Colombia, su salida acaparó casi todo el debate. Al fin y al cabo, era el mayor crítico en el Gobierno de la propuesta de reforma a la salud, y sus reparos hechos públicos habían golpeado la viabilidad del proyecto.   Su anuncio de salida, en una alocución presidencial que es emitida obligatoriamente por todas las cadenas de radio y televisión, marcó la importancia del mensaje que enviaba. Cuatro años atrás el entonces presidente Iván Duque usó una alocución para informar que objetaría una ley estatutaria que creaba la justicia transicional, algo que marcó su mandato pues definió su mensaje político. Igual que Petro ahora.   Esta vez, sin embargo, la crisis y la alocución venían antecedidas de otros dos eventos significativos, que resaltan la centralidad de la reforma a la salud en la apuesta del Gobierno, pero también sus dilemas.   Hace dos semanas Petro se mostró como un presidente combativo. Convocó a sus bases a marchar en defensa de esa reforma y revivió su faceta de orador de masas al final, en un discurso de hora y media que dio desde el balcón de su palacio para reactivar la emoción por su apuesta de cambio. “El presidente de la República invita a su pueblo a levantarse, a no arrodillarse, a convertirse en una multitud consciente de que tiene en sus manos el futuro, el presente, de que puede tener en sus manos el poder”, dijo. Con esa convocatoria y ese discurso, remarcó por primera vez que la reforma a la salud era central. Y lo hizo en tono alto, desafiante.   El segundo evento fue este mismo lunes, antes de anunciar la crisis de gabinete, y marcó un tono conciliador. Tras más de tres horas de reunión con los voceros de los partidos de su coalición legislativa, dio con un breve pronunciamiento público de Petro, de menos de tres minutos, rodeado de las cabezas de los partidos Conservador, Liberal y La U, por décadas parte de las coaliciones de los Gobiernos de los que fue feroz opositor, como el de Duque. Su énfasis estuvo en buscar acuerdos entre diferentes, en abierto contraste con el Petro del balcón. “En la democracia la diversidad es vital, la búsqueda en medio de esa diversidad de consensos ha sido un principio del Gobierno”, dijo. “Buscaremos que un pacto social sea construido en Colombia para que el cambio sea posible”, reiteró. ”Este conjunto de fuerzas políticas seguirán trabajando directamente, a pesar de su diversidad, de sus propias diferencias, en la búsqueda del bien común”, remató.   Petro también se refirió a los puntos de acuerdo entre todas las bancadas: la necesidad de reformar el sistema de salud y de darle una base territorial, de priorizar la atención primaria y la prevención sanitaria. El punto al que le dedicó más tiempo es el único consenso crítico con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las compañías públicas o privadas que tienen como función asegurar a los ciudadanos que están en el corazón de la disputa política. Dijo que hay un acuerdo en “eliminar la integración vertical, que es aquella que han ejercido algunas EPS, trasladando recursos públicos para acrecentar el patrimonio en términos de clínicas privadas de los propietarios de esas EPS.”   Es decir, que todos concuerdan en que las EPS no deben ser dueñas de clínicas y hospitales, sino que deben contratar libremente con los dueños de éstas, en un juego de competencia que busca que rinda el dinero de la salud. Es un punto que se distancia de la propuesta que su propio Gobierno, en cabeza de la ministra Carolina Corcho, presentó al Congreso, pues consisten en marchitar las EPS y reemplazarlas con un sistema de aseguramiento público, centralizado y sin competencia. Y uno que reiteraron este martes los congresistas conservadores al señalar que apoyan una reforma que siempre y cuando busque “el fortalecimiento del sistema de aseguramiento mixto”. Es decir, mientras haya EPS.   La política, en un país tan presidencialista, suele pasar por las acciones de quien gobierne. En este caso, el presidente ha abierto las puertas a la discusión y al diálogo con sus aliados en el Congreso. Esa es una coalición en la que tiene poco por perder y los

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“Iglesia por cárcel” para los nazarenos de Nicaragua: Ortega prohíbe las procesiones de Semana Santa

EL PAÍS .- La decisión del régimen supone otro duro golpe al catolicismo, la religión mayoritaria, en medio de una persecución feroz que incluye la condena de 26 años al obispo Rolando Álvarez   La imagen de Jesús Nazareno no pudo salir de la iglesia El Calvario en Nandaime, un municipio sureño del departamento de Granada, este 24 de febrero, primer viernes de cuaresma. Las cinco procesiones del viacrucis, además de todas las de Semana Santa, han sido prohibidas por las autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La decisión no sólo afecta a este templo, cuyo párroco fue el primer religioso arrestado y condenado por el sandinismo durante la persecución religiosa que el catolicismo sufre, sino a todas las parroquias de Nicaragua.   Diversas iglesias del país comunicaron en sus perfiles de Facebook y chats grupales la prohibición de sacar los viacrucis a las calles, sin hacer mayores aspavientos por temor a que los párrocos puedan ser apresados. “El vicario general nos informó que viacrucis por orden de la Policía se va hacer en torno a la manzana [de la iglesia]”, dijo al finalizar una misa el sacerdote Julián Duarte de la iglesia Guadalupe, en Chinandega. “Vamos a orar, a hacer actos piadosos; sin comentarios por el amor de dios, por favorcito”, pidió el religioso a los fieles. Limitar las procesiones del viacrucis es otro duro golpe a la fe católica de Nicaragua, la religión mayoritaria, en medio de una persecución feroz que incluye la condena de 26 años contra el obispo Rolando Álvarez, sacerdotes desterrados y despojados de su nacionalidad, acoso paramilitar a los templos y ataques directos del presidente Daniel Ortega.   Hace seis días, el caudillo sandinista arremetió en cadena nacional contra la Iglesia Católica, la institución con mayor aprobación en el país, según las encuestas. “Los curas, los obispos y los papas son una mafia”, dijo el mandatario. “Miren cuántos crímenes han cometido [religiosos católicos]. Crímenes por tener regulaciones absurdas. Que comenten en el campo financiero, por malversar millones. Cargamos con esos horrores de quienes se presentan como santos”, sostuvo Ortega. Y añadió furibundo: “¿Qué respeto le puedo tener a los obispos que he conocido en Nicaragua, si eran somocistas? Era un niño cuando pasó el funeral de [Anastasio] Somoza [García, en 1956] y los obispos enterraron a Somoza como príncipe de la Iglesia, es decir como si era un cardenal de la Iglesia Católica”.   La decisión de las autoridades limita por completo las procesiones de Semana Santa, las más solemnes y concurridas del calendario católico en Nicaragua. En algunos casos, la policía dejó que el primer viacrucis de la cuaresma se celebrase en los atrios de las iglesias, pero en otras fueron más prohibitivos: obligaron a realizar el rito al interior de los templos, de acuerdo a múltiples reportes recabados por EL PAÍS.   “No se contempla la salida a las calles por dos razones: por presencia policial de vez en cuando y por las insinuaciones del Estado de Nicaragua”, dijo bajo condición de anonimato un sacerdote del norte del país.   La parroquia Santa María de los Ángeles, en Managua, informó el primer viernes de cuaresma que fueron visitados por el inspector policial Orlando Cano, quien les informó la prohibición. “Existe la orden de que si el templo quiere salir en procesión, primero el sacerdote debe pedir la autorización al jefe policial de su distrito. Es la orden”, dijo un miembro de la pastoral de esa iglesia.   Imponer “iglesia por cárcel” a los santos no es nuevo bajo el régimen Ortega-Murillo. La táctica comenzó a implementarse en septiembre de 2022, cuando la policía acordonó las dos principales iglesias de la ciudad de Masaya, uno de los bastiones de las protestas sociales de 2018. Las masivas procesiones de los patronos San Miguel Arcángel y San Jerónimo no fueron celebradas, aunque los fieles se reunieron en torno a los templos, neutralizando a los oficiales de las fuerzas especiales.   “Por motivos de seguridad” Desde el pasado miércoles de ceniza, la Policía comenzó a visitar diferentes templos de Managua y otros departamentos para notificar verbalmente que los permisos a las procesiones de cuaresma y semana santa estaban prohibidas. De acuerdo a las fuentes eclesiales, la institución armada atribuyó la medida a “razones de seguridad”.   Hasta el momento, ni la alta jerarquía de la Iglesia Católica ni la misma Policía han emitido algún comunicado en el que se oficialice la prohibición. Sin embargo, una fuente de comunicación de la iglesia católica relató que la orden que ha dado el cardenal Leopoldo Brenes al respecto es que “obedezcan”.   “Los Ortega-Murillo tienen la intención desalmada e ilógica de aniquilar la fe católica del país, porque saben que la Iglesia Católica es la única institución creíble, respetada y amada que, a la luz del evangelio, está anunciando y denunciando todas las arbitrariedades y maldades que comete la dictadura”, dijo la abogada e investigadora en el exilio Martha Patricia Molina. Ella es autora de un informe titulado “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?” y recoge que, entre abril de 2018 y octubre de 2022, el régimen sandinista ejecutó 396 ataques contra el catolicismo. Siendo lo más palpable la represión hacia los sacerdotes y obispos que incluye asedio, encarcelamientos, expulsiones, procesos penales y cierre de medios de comunicación administrados por el catolicismo.   El obispo Silvio Baéz, exiliado en Miami y a quien también el régimen Ortega-Murillo despojó de su nacionalidad, dijo en su primera homilía de cuaresma este 26 de febrero que “el poder es un ídolo mortífero, delante del cual los tiranos se postran”. » Un ídolo al cual le ofrecen como sacrificio la libertad y la esperanza de los pueblos. El diablo le revela a Jesús que el poder, las riquezas y las glorias mundanas son suyas y que él las da a quien lo adora. Por eso, quien tiene poder mundano es un ministro del diablo. Quienes usan del poder para excluir, someter y oprimir, sirven al diablo y viven arrodillados ante el diablo”.

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El Festival de Viña del Mar no tendrá reina por primera vez en 40 años

EL PAÍS .- El cuestionado ‘piscinazo’ de la ganadora y los desencuentros entre la organización y las nuevas autoridades municipales fulminan el concurso iniciado con Rafaella Carrá   Por primera vez en 40 años el Festival Internacional de Viña del Mar no tendrá reina. La cantante brasileña Xuxa, la mexicana Gloria Trevi o la actriz colombiana Sofía Vergara fueron algunas de las mujeres coronadas en una de las citas musicales más importantes de Latinoamérica. En pleno verano chileno, las candidatas realizaban campañas que monopolizaban los programas de entretención y, desde principios del milenio, la ganadora se lanzaba en traje de baño a la piscina del mítico Hotel O’Higgins. En los últimos años, el piscinazo, protagonizado de manera cada vez más por modelos que por artistas, se convirtió en flanco de críticas de los colectivos feministas. En esta edición -celebrada del 19 al 24 de febrero-, un desajuste entre los organizadores y el municipio viñamarino ha terminado por fulminar el concurso. En su reemplazado se premiará a los “Embajadores de Viña”, una iniciativa con un propósito social.   Raffaella Carrá inspiró la idea de tener una reina del festival durante la dictadura militar de Pinochet. La italiana participó del certamen en 1982, al igual que The Police, Franco Simone y Miguel Bosé. El talento, la belleza y la cercanía de la artista, que entonces tenía 39 años, terminó con el alcalde de la época coronándola. “En ese tiempo se realizaban partidos de fútbol entre los periodistas y los artistas. Ahí la nombraron reina. Tomó vino, comió empanada y participó de todas las actividades”, recordó el locutor radial Pablo Aguilera en un programa de Canal 13. Unos años después, Guillermo Zurita Borja, editor de la sección de Espectáculos del popular diario La Cuarta propuso convertir la elección de reina en un concurso donde los periodistas acreditados votaran por la ganadora. “Es para darle sabor, calor y calor al festival”, explicó en su día.   La Cuarta es un medio cargado a la prensa amarilla y la farándula, en el que sus artículos están escritos coloquialmente en jerga chilena. En los ochenta organizaba varios certámenes donde se premiaba cierto tipo de belleza femenina y durante años llevó mujeres con diminutos bikinis en sus portadas impresas. Hasta ahora, el concurso de la reina del festival lo organizaba el periódico en asociación con el Municipio de Viña del Mar. Él o la alcaldesa coronaba a la ganadora y al final de la semana festivalera le ofrecía un almuerzo a la prensa acreditada, unos 500 profesionales.   La periodista Ana Josefa Silva, que cubre el festival desde mediados de los ochenta, afirma que el concurso parecía una buena idea, alineada con la línea editorial de La Cuarta. “A mi no me gustaba porque tenía que ver con resaltar el cuerpo y no me parecía. Pero luego entendí que era una oportunidad para las artistas de tener una cobertura más amplia y los festivales son para eso”, afirma por teléfono desde Viña del Mar. El piscinazo, eso sí, lo consideró un retroceso por tratarse todo del “cuerpo, cuerpo y cuerpo de la mujer”. Dicha tradición comenzó cuando la actriz uruguaya Natalia Oreiro ganó en 2002 y se lanzó espontáneamente vestida y con corona. Unos cuantos periodistas la siguieron incluso.   Algunas reinas causaron polémica por acudir al piscinazo prácticamente desnudas. La modelo argentina Luciana Salazar, por ejemplo, se quitó la parte de arriba del bikini frente a las cámaras de televisión al mediodía. “Que absurdo que se elimine el piscinazo de la reina del Festival de Viña del Mar” escribió en Twitter. “Demagogia y progresismo de cartón, cuando los extremos rompen con las tradiciones que no afectan ni ofenden a nadie”, añadió.   La polémica entre la organización y el municipio Sergio Marabolí, director emblemático del diario La Cuarta hasta 2021, quería continuar realizando el concurso en Viña, pero ahora organizado por el nuevo medio que lidera: La Hora. Durante la pandemia se suspendió el festival y hubo elecciones de alcaldes, por lo que Marabolí tenía que tratar este año con la nueva alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, de 31 años, militante de Revolución Democrática del Frente Amplio. Según su versión, les escribió hace un mes para coordinar: la marca Reina del Festival le pertenece al municipio y también es el que otorga los permisos para realizar las actividades de campaña en la calle y en la playa. “Hicimos todo lo que había que hacer, pero nunca recibimos una respuesta”, lanza por teléfono.     El equipo de prensa de la alcaldesa Ripamonti, por su parte, niega haber recibido un correo electrónico y afirma que Marabolí los intentó contactar hace apenas una semana. No respondieron sobre qué opina el municipio del concurso.   Obligados a cambiarle el nombre, La Hora organizó la votación para Embajadores del Festival y la campaña ha sido online. El 50% de la votación será del público y el otro 50% de los periodistas. Más de 80.000 personas han votado y este viernes se realizará la coronación en el Hotel Nilahue. Los ganadores realizarán actividades para conseguir ayudas destinadas al histórico club deportivo Huracán Sur, cuya sede y cancha se vieron seriamente afectadas por un incendio el pasado diciembre. “La Reina de Viña no muere, solo cambia de nombre”, defiende Marabolí.   El periodista reconoce los cuestionamientos al evento por la cosificación de las mujeres. “El piscinazo se transformó en una performance agresiva para el mundo feminista”, afirma. “Pero yo no podía prohibir a una mujer que hiciera un show o baile. No estaba en las bases”, añade. El baile no estaba en las bases, pero sí participar de la actividad titulada “piscinazo”. En 2018 sumaron la elección de un Rey del Festival y pidieron que las ganadoras usaran trajes de baño más “recatados”.

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El peronismo pierde el control del Senado argentino por cuatro deserciones

EL PAÍS .- El Frente de Todos se parte con la creación de un bloque independiente que no responderá al Gobierno   El peronismo que gobierna en Argentina ha perdido el control del Senado. No fue en elecciones, sino por peleas internas. Cuatro legisladores comunicaron este miércoles a la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Cristina Kirchner, que desde el 1 de marzo, cuando arranca la nueva legislatura, integrarán un bloque separado. Lo llamarán Unidad Federal y no responderá a los mandatos de la Casa Rosada. La fractura es un golpe para Kirchner, que deberá negociar con integrantes de su propio partido para la aprobación de normas clave. Y también para el peronismo en general, que pierde la primera minoría en manos de la oposición de Juntos por el Cambio.   El Senado es territorio de Kirchner. Distanciada del presidente, Alberto Fernández, hizo de la Cámara Alta su refugio político. Allí están representadas las 23 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires, a razón de tres senadores por cada jurisdicción. Los legisladores responden a los intereses de los gobernadores, que no siempre coinciden con los del gobierno nacional, aunque sean del mismo partido. Como este año hay elecciones generales, las lealtades políticas suelen perder cemento. Esta ha sido el caso.   Kirchner controló los hilos del Senado con mano de hierro desde la llegada a la vicepresidencia en 2019, pero las peleas internas que devastan a la Casa Rosada finalmente se trasladaron al Congreso. A media tarde, la vicepresidenta hizo pública la carta de ruptura del senador por Jujuy (norte) Guillermo Snopek, con duras acusaciones contra el presidente, Alberto Fernández. Fue un intento por desmontar los titulares de la prensa que consideraron el nuevo bloque una afrenta política a la vicepresidenta. “Motiva mi decisión la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, alejado -a mi humilde entender-de las prioridades que nuestro pueblo demanda”, escribió Snopeck”.   En el comunicado conjunto, sin embargo, el tono fue más moderado. Tenemos, escribieron, “la necesidad de construir una alternativa dentro del senado de la Nación que responda a las necesidades de nuestros territorios y que representen a los ciudadanos que nos eligieron por el voto popular”. La tensión entre el centralismo del Gobierno de Buenos Aires y las provincias es una constante en la política argentina.     El peronismo que responde sin fisuras a la Casa Rosada y al kirchnerismo tendrá ahora 31 senadores, seis menos de los 37 que necesita para tener el quorum necesario para tratar temas sin la presencia opositora en el recinto. A partir del 1 de marzo, Kirchner deberá negociar con el nuevo bloque el voto de cada proyecto. No será una tarea fácil: 2023 es un año electoral y cada gobernador jugará su carta con un ojo puesto en su territorio. Los líderes regionales suelen incluso desdoblar el calendario electoral cuando las expectativas del candidato nacional no son buenas, como es el caso.   La crisis económica y la fractura entre Fernández y Kirchner son una loza electoral para el Gobierno. La semana pasada, el Frente de Todos mantuvo una reunión por primera vez en un año para elaborar una estrategia conjunta que termine en la elección de un candidato de consenso. En la carrera están el propio Fernández y dirigentes que responden a Kirchner. La expresidenta se bajó voluntariamente de la carrera tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió por corrupción en diciembre pasado. La sentencia aún debe pasar por la Corte Suprema para quedar firme.

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27,5 millones de personas en Latinoamérica todavía son analfabetas

LA HORA .- Potenciar la educación a lo largo de la vida como «derecho fundamental» y acabar con el analfabetismo, que afecta a 27,5 millones de personas en Latinoamérica, son prioridades de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).   Con el lema este año de «Invertir en las personas, priorizar la educación«, la ONU alerta de que 771 millones de adultos son analfabetos en el mundo. De estos, 15,1 millones de hombres y 12,4 millones de mujeres son latinoamericanos.   Así, en un comunicado, la OEI para la Educación, la Ciencia y la Cultura reafirma la importancia de invertir en educación «promoviendo las alianzas público-privadas, la cooperación internacional y la implicación de la sociedad civil».   «En una región como Iberoamérica, que avanza hacia la alfabetización universal de la primera infancia y que supera ya los 30 millones de estudiantes universitarios (…), aún es necesario potenciar la educación y alfabetización de personas adultas en condiciones de vulnerabilidad tanto en zonas rurales como urbanas», incide la OEI.

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El Chile de Boric, la única potencia de América Latina que condena abiertamente la última ofensiva de Ortega

EL PAÍS .- México evita censurar la deriva del régimen sandinista mientras que Argentina, Colombia y Brasil optan por el silencio.   La última ofensiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en menos de una semana desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos, declarándoles “apátridas”, y despojó de la nacionalidad nicaragüense a otros 94 opositores, le ha costado al régimen sandinista solo una condena rotunda entre los gigantes de la región. De las cinco principales potencias de América Latina, todas gobernadas por la izquierda, el Ejecutivo de Gabriel Boric fue el único en manifestar abiertamente su repudio ante lo sucedido. EL PAÍS consultó este jueves a las cancillerías de Chile, México, Argentina, Colombia y Brasil. La Administración de Andrés Manuel López Obrador se limitó a emitir una declaración difusa sobre la protección de los derechos humanos, mientras que los Gobiernos de Alberto Fernández, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva optaron por el silencio.   “Entre los desterrados tenemos escritores como Gioconda Belli, Sergio Ramírez, periodistas, mujeres defensoras de derechos humanos, feministas, muchas de las cuales están dentro del país. Sigue habiendo al menos 30 presos políticos. Nos parece de suma gravedad, de suma gravedad”, enfatizó la canciller. El compromiso adoptado por la Administración de izquierda es continuar denunciando la situación creada por el régimen de Ortega y llevar a cabo las acciones que correspondan para apoyar a los perseguidos y la democratización en Nicaragua. “Esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, apuntó Urrejola.   El presidente Boric pidió semanas atrás la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua, en el marco de su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires. El mismo llamamiento hizo el pasado septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pidió “trabajar para que, en ningún lugar del mundo, tener distintas ideas del Gobierno de turno pueda terminar en persecución o vulneración de derechos humanos”. Sin embargo, el presidente chileno no ha hecho declaraciones públicas sobre las últimas medidas del régimen de Ortega.   La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha tratado, al ser consultada por EL PAÍS, de hacer equilibrios, pero su pronunciamiento se queda lejos de una condena o una exigencia a Ortega. “México ha dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua”, señalaron fuentes de Cancillería, a cargo de uno de los principales dirigentes oficialistas y aspirante presidencial, Marcelo Ebrard. “Conforme a uno de sus principios torales de política exterior, nuestro país se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de este grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de esta de manera arbitraria, y al uso y goce de sus bienes y propiedad a menos que esta sea confiscada o restringida por causas justificadas previstas en las leyes y mediante el pago de una indemnización justa”, prosiguieron las mismas fuentes.   El Gobierno de López Obrador se suele escudar en el principio de no intervención en política exterior, consagrado en la Constitución, para sortear pronunciamientos potencialmente incómodos. Más claras suelen ser las posiciones de las Administraciones de Fernández, Petro o Lula da Silva. No obstante, en esta ocasión ni Argentina, ni Colombia, ni Brasil han optado por censurar la deriva de Ortega y Murillo. En el caso de Bogotá, además, se añaden complicaciones en la relación bilateral con Managua, puesto que los dos países están inmersos en una disputa territorial por la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia. Han sido Estados Unidos y España los dos países que con más contundencia se han pronunciado sobre las nuevas medidas de Ortega. EE UU ha recibido en su territorio a los 222 desterrados y les ha garantizado una protección temporal, mientras España les ha ofrecido la nacionalidad.   Las duras críticas de Chile a la deriva de Ortega y Murillo no son nuevas. Boric se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los abusos y la represión del régimen en Nicaragua y su ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, siguió el deterioro democrático del país centroamericano y las violaciones de derechos entre 2018 y 2021 desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La canciller denunció la situación públicamente este jueves sin utilizar medias tintas. “Cada día más se trata de una dictadura totalitaria”, mantuvo al condenar la persecución de cualquier tipo de disidencia nicaragüense. “No solo les quitan la nacionalidad y les confiscan los bienes, sino que también han sido declarados prófugos de la justicia”, apuntó la ministra de Relaciones Exteriores ante la prensa en el Palacio de La Moneda.

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La tasa de desempleo en Latinoamérica baja al 7,2%, según la OIT

EL PAÍS .-  En 2022, los grupos más afectados por la pandemia, como mujeres y jóvenes, tuvieron la recuperación del empleo más intensa, según el informe anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) El empleo se ha recuperado en América Latina desde la crisis económica detonada por la covid-19, informó el martes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su reporte anual. La tasa de desocupación, que representa la proporción de la fuerza de trabajo que se encuentra desocupada, bajó al 7,2% a final del año pasado. Durante el primer trimestre de 2020, cuando estalló la pandemia por el coronavirus, ese dato se situaba en un 9%. La disminución del desempleo “es una noticia positiva en especial tras la crisis de grandes dimensiones que provocó la pandemia”, dijo la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Claudia Coenjaerts, en un comunicado de prensa publicado el martes. Sin embargo, la alta informalidad y pobreza laboral siguen lastrando los mercados de trabajo en la región. Además, la recuperación no fue homogénea. En nueve de 15 países, la tasa de ocupación a finales del año pasado fue inferior a la registrado tres años antes, mientras que solo en dos de 15 países la tasa de participación laboral superaba niveles prepandemia. “Los mercados de trabajo de la región están bajo la influencia de una conjunción de múltiples crisis interconectadas″, dijo Coenjaerts en conferencia de prensa virtual, como son “la persistencia de la pandemia por covid-19 en algunos países, la guerra por la invasión de Rusia-Ucrania y un contexto económico caracterizado por crecimiento lento y alta inflación”. La OIT considera que el escaso dinamismo de la economía global pronosticado para este año afectará negativamente la generación de nuevos empleos. El informe asegura que la recuperación del empleo en 2022 fue más intensa entre mujeres que entre hombres, y entre jóvenes que entre los adultos, dos grupos que fueron los más afectados en materia laboral por la pandemia. “Por otra parte, las brechas estructurales por género y por edad siguen presentes en los mercados laborales”, dijo la OIT en su comunicado. A pesar de los avances, persiste en la región una alta informalidad, destacó Coenjaerts. “El fenómeno del trabajador pobre significa que las personas pueden vivir en situación de pobreza aún teniendo un empleo, incluso un empleo formal”, afirmó la directora. La OIT registró un incremento en el porcentaje de trabajadores pobres. De acuerdo con el informe, la incidencia de la pobreza laboral aumentó en la mayoría de los diez países considerados en esta parte del estudio con respecto a 2019. En algunos casos, incluso, los niveles superan los registrados un decenio atrás, en 2012. Esto tiene que ver con la informalidad, explicó Coenjaerts, ya que los trabajadores informales tienen entre tres y cuatro veces más altas probabilidades de ser pobres que los trabajadores formales. “Además de la informalidad, los países de la región deberán enfrentar las consecuencias de un periodo de alta inflación y pérdida de valor de los salarios reales, los que constituyen la principal fuente de ingresos de las familias latinoamericanas y caribeñas”, apuntó Coenjaerts. En esta región, el 80% de los ingresos provienen del trabajo. “La recuperación de los ingresos reales del trabajo ha ido dificultando desde 2021, porque la inflación tiene un impacto negativo sobre el poder adquisitivo de los salarios. En nueve de 17 países de la región el valor real del salario mínimo en el segundo semestre de 2022 era inferior al valor que tenía en el primer semestre de 2019, con una muy alta correlación entre informalidad, bajos ingresos y pobreza laboral”, dijo Coenjaerts.

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En 2022, el Ejército colombiano advirtió la presencia de la inteligencia de Nicaragua en San Andrés, según una filtración de Guacamaya

El documento hallado en los archivos secretos del Ejército revelaba que en abril de 2022 que el G2-11, la inteligencia del país centroamericano operaba en San Andrés y Providencia En abril de 2022, mientras Colombia esperaba la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre las diferencias limítrofes con Nicaragua, el Comando General de la Fuerzas Militares preparaba un documento para el presidente Iván Duque calificado de “ultrasecreto”. El texto hace parte de los Archivos secretos del Ejército, los cientos de miles de documentos filtrados por el colectivo hacktivista Guacamaya a través de Forbidden Stories, un consorcio de periodistas con sede en París a los que tuvo acceso EL PAÍS.   El documento, enviado con “copia a la presidencia”, advertía la presencia de oficiales de inteligencia nicaragüense en territorio nacional y concretamente en San Andrés y Providencia, el centro de la disputa limítrofe. “Muy probablemente la Estructura, Organización y funcionamiento del G2-11 del Ejército de Nicaragua ya tenga proyección de células en Colombia”, se titulaba el apartado de inteligencia enviado en el archivo “8 de abril de 2022 Narrativa presidencial”.   “El G.2-11 es la denominación táctica que se le da a una persona que se incorpora al sistema de inteligencia de Nicaragua para realizar misiones de exploración en los estados no afines al régimen y proyectar la realización de trabajos de inteligencia de países no alineados”, decía el documento destinado al Ejecutivo.   También hacía un resumen histórico de este grupo y aseguraba que funciona en relación con Rusia, Cuba y Venezuela. “La inteligencia de Nicaragua trabajaba con oficiales con poca preparación y con recursos económicos insuficientes; pero el apoyo de las agencias de inteligencia de los demás países socialistas fortaleció a la institución y ha venido incrementando sus actividades encubiertas para penetrar o infiltrar organizaciones gubernamentales, privadas y sociales del mismo país con proyección de países no amigos del régimen”, se lee en uno de los apartados.   En Nicaragua, analistas y expertos en seguridad dijeron a este diario que la inteligencia de ese país “es un muro inexpugnable” y poco se sabe de estos grupos, pero no sorprende que operaran desde hace tiempo en Colombia. Precisamente ahora hay un terremoto en el aparato sandinista por el arresto del jefe de la inteligencia política de Daniel Ortega. Adolfo Marenco fue relevado de su cargo a finales de 2022 y ahora se encuentra en la cárcel El Chipote, la peor mazmorra del régimen sandinista.   El documento militar colombiano anclaba el fortalecimiento de ese grupo en las relaciones del presidente Daniel Ortega con Rusia y Vladimir Putin. “Las relaciones se centran en los niveles diplomático y militar, estos dos países comparten entrenamiento y capacitación a través de sus agencias de inteligencia en forma continua”, continuaban los militares colombianos en su informe.   El análisis de inteligencia también definía al G.2-11 como un “sistema de estructura de carácter táctico que se articula en áreas y posibles lugares de operaciones del enemigo a nivel territorial” y “cuya misión es la de establecer núcleo, búsqueda de información, estudio de terreno, exploración de objetivos y la creación de redes auxiliares”. Con base en eso es que concluye que ya estaría operando en San Andrés y Providencia.   En el último punto del documento, los militares colombianos sugieren líneas de inteligencia o acciones para continuar con la investigación. Uno de ellos es identificar el respaldo que tiene ese grupo de parte de organismos de otros países, como el G2 cubano, que según los colombianos “la de lineamientos” al de Nicaragua.   Durante el mes de abril el presidente Iván Duque no se refirió al tema. El 21 de ese mes la Corte Internacional de Justicia dictó una sentencia que declaró que Colombia violó los derechos soberanos de Nicaragua. El fallo exigió a Colombia “cesar inmediatamente” las actividades pesqueras en territorio nicaragüense, algo que celebró el Gobierno de Daniel Ortega. Según expertos colombianos en el diferendo, la sentencia también dijo que las nuevas mediciones que realizó Managua no estaban en conformidad con el derecho internacional.   El día de esa decisión, en San Andrés y con un enorme buque de fondo, el presidente Duque habló sobre la sentencia. “El Gobierno ratifica el mandato institucional de defender la soberanía e integridad de las islas”, dijo. Agregó que “en ningún caso la presencia de la Armada es amenaza del uso de la fuerza como lo pretendió Nicaragua” y “que la Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico”.   La discusión continuó un mes después cuando Ortega dijo que Colombia no quería cumplir la sentencia para mantener el negocio del narcotráfico. Duque le respondió que era un dictador y que él defendería la soberanía de Colombia.   Fuente: El País

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Hacinados y sin debido proceso: la filtración de una base de datos muestra los abusos a presos en El Salvador de Bukele

Los registros, a los que ha tenido acceso Human Rights Watch (HRW), exponen la actuación de las autoridades durante el régimen de excepción y confirman muertes de detenidos bajo custodia   Hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. El reverso de la moneda en la estrategia de Nayib Bukele para acabar con las pandillas en El Salvador ha quedado expuesto en la filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso Human Rights Watch (HRW). Los registros muestran “abusos a gran escala” en los centros penitenciarios del país centroamericano bajo el régimen de excepción decretado en marzo de 2022. Esa medida ha llevado al arresto de más de 60.000 personas en los últimos 10 meses y el presidente ha logrado debilitar a las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha-13 y Barrio-18. Al mismo tiempo, se multiplicado las denuncias de atropellos a los derechos humanos.   Los hallazgos confirman ahora las alertas lanzadas tanto por HRW como la ONG salvadoreña Cristosal. La base de datos, atribuida por una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, detalla los nombres de personas procesadas entre marzo y agosto del año pasado. La primera conclusión, según un comunicado difundido este viernes, es que “que miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”.   La documentación, que fue cotejada por HRW con otras fuentes, registra hasta agosto la muerte de 32 personas, en su mayoría en los penales de Mariona e Izalco. Las autoridades se refirieron en noviembre al fallecimiento de otros 58 detenidos sin aclarar las circunstancias. Con respecto a las acusaciones formuladas contra los presos, más de 39.000 enfrentaban los cargos de pertenencia a “agrupaciones ilícitas” y más de 8.000 a “organización terrorista”. En cambio, señala la organización en defensa de los derechos humanos, “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0,3% de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)”. El delito de “agrupaciones ilícitas” en El Salvador alcanza también a quienes obtienen “provecho” de forma indirecta de las relaciones “de cualquier naturaleza” con las pandillas. “El uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales”, apunta HRW.   Según datos oficiales, las autoridades salvadoreñas han detenido desde marzo a 61.000 personas, de las que cerca de 3.000 han quedado en libertad, en muchos casos con penas sustitutivas. A finales de agosto, un total de 1.082 menores habían sido enviados a prisión provisional, de los que 21 tenían 12 o 13 años. Una ley aprobada cuando entró en vigor el régimen de excepción rebajó de 16 a 12 años la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas.   “Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, manifiesta Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW. “Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”. Este último dato es sangrante. Hasta agosto de 2022 las cárceles de El Salvador aumentaron su población en de 50.000 personas. En febrero de 2021, el sistema penitenciario del país, según información oficial, tenía capacidad para 30.000 personas. La filtración de la base de datos acredita también “que más de 7.900 mujeres habían sido enviadas a detención provisional, una cifra que duplica la cantidad total de mujeres que se encontraban detenidas en El Salvador en febrero de 2021″.   A esta situación se suman las pobres condiciones de fiscalización del Gobierno de Bukele, el acoso y los señalamientos a la prensa y a los organismos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la carrera de obstáculos para acceder a la información de interés público. Con estas premisas, HRW vuelve a solicitar al Ejecutivo “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”. Empezando, por ejemplo, por abordar el problema a partir de sus causas estructurales “como los niveles elevados de pobreza y exclusión social e impulsar procesos penales estratégicos enfocados en juzgar a los líderes de pandillas”. Fuente: El País

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¿Qué pasa con tus redes sociales cuando mueres?

Las redes sociales pueden volverse un problema si no planeamos qué hacer con nuestra huella digital al momento de fallecer. Hasta hoy, esta dolorosa tarea recae en los familiares, quienes suelen encargarse de administrar el legado en redes como Facebook, Twitter, Apple o cualquier otra cuenta. Hace 15 años atrás, esto no era un problema. Porque en ese tiempo el Internet todavía era lo suficientemente joven y pequeño como para tener que preocuparse de redes sociales y peor aún, de qué hacer con ellas cuando su propietario muere. Pero ahora administrar el legado digital de familiares y amigos fallecidos es un problema creciente y, en unas pocas décadas, plataformas como Facebook podrían incluso tener más perfiles de personas muertas que de personas vivas, principalmente a medida que su base de usuarios comienza a estancarse. ¿Qué se puede hacer? El jefe del Laboratorio de Investigación de ESET para Latinoamérica, Camilo Gútierrez Amaya, propone un proceso que debería revisarse cada cinco años, aproximadamente, para asegurarse de que las personas a las que se les otorgó el poder de decidir qué hacer con la vida virtual tras la muerte, siguan siendo la mismas dado cercanía o afinidad. FACEBOOK Si tienes una cuenta en Facebook y has compartido fotos o momentos que son especiales para ti. Facebook permite dos caminos diferentes: – Eliminar la cuenta en caso de fallecimiento. Esta es una petición que haces a Facebook y que nadie podrá cambiar. Sin embargo, esto requiere que alguien envíe una foto del certificado de defunción a Meta, para que informar el fallecimiento. Es importante asegurarse de que alguien cercano sepa que esto es lo que se quiere para que avance cuando llegue el momento. – Puedes elegir un contacto de legado que administrará las cuenta conmemorativa. Debe ser alguien en quien confíes y que esté dispuesto a gestionar el perfil, publicaciones de homenaje, fotos, etc. Mientras que para algunas personas esto puede ser emocionalmente angustiante, otras pueden encontrar consuelo en ello, así que tener esto en cuenta para asegurarse de elegir a la persona adecuada. Ya sea que se decida que alguien cuide el perfil o lo eliminen, se debe hablar con la persona que se cree que podría hacerlo. Además, este contacto debe poder acceder al certificado de defunción y, por supuesto, también debe tener una cuenta de Facebook. INSTAGRAM A pesar de que Instagram es parte de Meta, al igual que Facebook, los usuarios de Instagram no pueden decidir sobre la eliminación de sus cuentas. Una cuenta puede ser conmemorada a petición de una persona autorizada o miembro de la familia en posesión de un certificado de defunción, pero nadie podrá administrar sus imágenes, videos o configuraciones de privacidad. Los Términos de uso de Instagram son claros: el usuario es dueño de su contenido, pero da permiso para que Instagram lo use como mejor le parezca, siempre y cuando esté en la plataforma. Si bien nadie puede eliminar una cuenta después de un fallecimiento, Instagram aún puede argumentar su derecho a usar el contenido de la misma. GOOGLE Lo más probable es que se utilicen muchos servicios de Google, incluidos Gmail, YouTube o incluso Google Drive. Para evitar que la información importante se vuelva inaccesible, se puede habilitar el Administrador de cuentas inactivas de Google. Entonces Google podrá detectar la inactividad de la cuenta y emitir un enlace descargable a un contacto que se haya elegido previamente. El período de tiempo que determina la inactividad lo decide el usuario, al igual que qué datos se pueden descargar. También se puede decidir si una cuenta debe eliminarse tres meses después de que se haya compartido con el contacto heredado. Sin embargo, esto implica que se eliminará todo el contenido, incluidos los videos de YouTube o las publicaciones de blog, una razón por la que no todos podrían querer habilitar esta opción. Alternativamente, si se decide no dejar ninguna instrucción, los miembros de la familia o representante legal podrán solicitar la eliminación de la cuenta e incluso algunos datos o fondos. Google indica que la decisión seguirá teniendo la privacidad como prioridad y cada caso será revisado individualmente. MICROSOFT Microsoft no proporciona ninguna herramienta específica que permita administrar el legado, ni que un miembro de la familia solicite la eliminación de una cuenta. Sin embargo, Microsoft eliminará las cuentas en cumplimiento de una orden judicial. La única excepción se aplica a los clientes en Alemania, cuyos sucesores legales pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Microsoft y, si están en posesión de un certificado de defunción y otros documentos, solicitar el cierre de la cuenta. TWITTER Twitter no tiene ninguna política establecida que permita decidir qué sucederá con una cuenta una vez que el usuario fallezcas. En su lugar, permitirá que un miembro de la familia o un representante autorizado se comunique con Twitter  y solicite la eliminación de la cuenta. La plataforma solicitará copias del certificado de defunción, así como la tarjeta de identificación del solicitante y posiblemente alguna información adicional. APPLE Apple introdujo en 2021 la posibilidad de elegir un Legacy Contact. Esta función solo está disponible para personas mayores de 13 años y tiene algunas limitaciones técnicas: se debe tener un ID de Apple activo en un dispositivo que ejecute al menos iOS 15.2, iPadOS 15.2 o macOS Monterey 12.1. El ID de Apple también debe tener habilitada la autenticación de doble factor. Si cumples con los requisitos, puedes realizar este proceso en el dispositivo tocando el icono de ID de Apple en el menú Configuración, seleccionando “Contraseña y seguridad” y, finalmente, seleccionando Contacto de legado. Esto generará una clave de acceso en un formato de código QR que puedes enviar a través de Mensajes o imprimir y entregar a la persona elegida. Cuando llegue el día, se podrá solicitar acceso en la web o directamente en un dispositivo iOS o macOS. Apple también solicitará un certificado de defunción antes de otorgar acceso a la cuenta. PAYPAL Al igual que con las otras plataformas, PayPal solo puede recibir instrucciones de un albacea autorizado o administrador del patrimonio del fallecido para cerrar una cuenta y transferir fondos. Además del certificado de defunción, el representante legal también deberá tener una prueba de su posición a través de un testamento vital o documentación emitida por el estado. Finalmente, el saldo restante puede transferirse a otra cuenta PayPal o emitirse como un cheque. RECOMENDACIONES

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Una encuesta refleja la elevada desaprobación de Dina Boluarte: el 71% de los peruanos rechaza su gestión

La presidenta arrastra la opinión negativa que heredó de Pedro Castillo y no ha logrado concitar apoyos, según un sondeo de CID-Gallup. El 83% no se siente representado por ella y el 63% quiere adelanto electoral La presidenta de Perú, Dina Boluarte, lleva un mes y medio en el cargo ya roza los datos de desaprobación de su antecesor, Pedro Castillo. Así lo refleja una encuesta realizada por la firma CID-Gallup entre el 3 y el 19 de enero del 2023, en plena crisis política y en medio del estallido social que se inició el pasado 7 de diciembre tras el intento fallido de autogolpe del exmandatario, hoy en prisión preventiva. El sondeo, difundido la tarde de este miércoles, indica que el 71% de los encuestados rechaza la gestión de Boluarte y no ha logrado sumar apoyos entre los peruanos. Un 83% no se siente representado por ella, siendo los jóvenes entre 18 y 24 los que menos se identifican con la dirigente.   El estudio revela, además, que “un 67% considera que Boluarte casi nunca o nunca hace lo que es mejor para el pueblo” y solo un 9% aprueba su desempeño en materia de seguridad. Desde el comienzo de las protestas, sobre todo en las provincias del sur, han fallecido más de 50 personas como consecuencia de los enfrentamientos con policías y militares. La presidenta asumió el cargo arrastrando la alta impopularidad de Castillo, que alcanzó un 76% en septiembre del año pasado, pero el saldo negativo, explica CID-Gallup, “se explica en parte porque un 76% considera que es poco o nada probable que Boluarte resuelva sus preocupaciones familiares”.   A eso se añaden dos datos significativos, que coinciden con la desconexión entre las áreas urbanas, especialmente Lima, y el resto del país, empezando por los departamentos del sur. “Los grupos que mayormente desaprueban a Boluarte son los que viven al interior del país (78%), las personas menores de 40 años (74-77%), y quienes reportaron una situación económica peor el año pasado (76%)”, recoge la encuesta, que se realizó como parte del programa de estudios de opinión periódicos que Gallup empezó en Centroamérica en 1979.   El gran pulso político que está en el origen de las protestas tiene que ver con las elecciones. Tras la destitución y detención de Pedro Castillo por rebelión, los manifestantes se movilizaron para reclamar la renuncia de la actual presidenta y la disolución del Congreso. El debate gira en torno a un adelanto de los comicios, que estaban inicialmente previstos para 2026 y finalmente quedaron fijados por el legislativo para abril de 2024. Según la encuesta, el 63% está de acuerdo o muy de acuerdo con celebrarlas antes que esa fecha y el 34% rechaza esa opción. Fuente: El País

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Tensión entre Perú y Chile por las críticas de Gabriel Boric a “los atropellos” contra los manifestantes

Lima califica de “irrespetuosa” en que el presidente chileno se refirió a Dina Boluarte y reclamó “un cambio de rumbo” en la gestión de la crisis   El Gobierno peruano ha informado la tarde del miércoles que se ha transmitido a Chile “el malestar” que ha generado en el Ejecutivo de Dina Boluarte “la manera irrespetuosa” con que el presidente chileno, Gabriel Boric, se refirió el martes a la presidenta del país vecino en su intervención en la cumbre de la Celac, en Buenos Aires. De acuerdo con la Cancillería peruana, a través de Twitter, lo hizo el vicecanciller Ignacio Higueras ante el embajador de Chile en Perú. “Le indicó que el rumbo elegido por el Gobierno constitucional de la presidenta Boluarte es el adelanto de elecciones generales para que los peruanos decidan sin injerencias y en paz el destino del Perú. El Gobierno no cambiará el rumbo de la institucionalidad democrática”, agregó la Cancillería peruana.   En su intervención en la cumbre de Buenos Aires, el presidente Boric se refirió directamente a la situación interna de Perú, un país con el que se cuidan especialmente las relaciones, por su complejidad histórica. “No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República de Perú, con el Gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quienes deberían defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debería escandalizar”, aseguró el martes el presidente de izquierdas, que en marzo próximo cumple su primer año en el poder. Boric, de 36 años, que emergió como líder en 2011, siendo un universitario, se refirió a lo sucedido esta semana en la Universidad de San Marcos. “Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del cono sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la universidad de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile para contribuir a todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos”, agregó Boric.   En su intervención, el mandatario chileno hizo un llamamiento al Gobierno de Boluarte para que emprenda un giro. “Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos –y no me cabe ninguna duda que aquí en Celac esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria–, la democracia y los derechos humanos”, indicó Boric, cuando Chile busca un segundo proceso constitucional, luego de un fallido intento entre el estallido social de 2019 y el plebiscito del 4 de septiembre pasado, cuando un 62% de los electores rechazó la propuesta de una convención constitucional que el Gobierno apoyaba.   La propia canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, hizo referencia a las palabras de Boric en su intervención en la cumbre regional, posterior a la del mandatario chileno. Gervasi acusó que se busca “establecer una narrativa tergiversada que no se coincide con los hechos objetivos” y realizó un llamamiento al cumplimiento de los principios de no injerencia y de no intervención en los asuntos internos de los países. La canciller peruana lamentó que “algunos Gobiernos, de países particularmente cercanos, no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y, más bien, hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de derecho y a la sucesión constitucional”. Gervasi agregó ante la Celac que “es falso y ofensivo insinuar, como se ha mencionado, que el Gobierno haya autorizado reprimir con violencia a quienes protestan”. “Reafirmo en este foro nuestro compromiso con la preservación de los valores y principios democráticos y con la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y del Estado de derecho”, manifestó la canciller el martes.   Han sido horas complejas para las relaciones exteriores chilenas con los países limítrofes. Un audio que aparentemente fue difundido por error desde la Cancillería hizo pública una reunión privada de la canciller de Chile, Antonia Urrejola, con un equipo de colaboradores cercanos. En este archivo se escucha a Urrejola referirse en duros términos al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. “Dice lo que quiere cuando se le da la gana ¿y la explicación es que está loco?”, asegura en un momento la canciller sobre el representante argentino. El episodio se produjo justamente cuando tanto Boric como la ministra participaban en la cumbre de la Celac, dejando a ambos en una incómoda posición, aunque fue el propio Alberto Fernández el que le bajó la importancia al incidente: “Argentina y Chile vamos a seguir trabajando juntos, como hemos trabajado en esta reunión, y vamos a seguir creciendo juntos. El resto son habladurías y mal uso de conversaciones privadas. Tengo por la canciller chilena el más alto de los respetos”, zanjó el anfitrión argentino.   En Chile, sin embargo, el incidente del audio no ha finalizado. Junto con despedir a la jefa de comunicaciones del ministerio, la Cancillería informó hoy que la ministra “realizó una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó la apertura de un sumario administrativo” para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Con el presidente con baja popularidad (26% de aprobación y 58% de desaprobación, según una reciente encuesta de Data Influye), sus declaraciones sobre Perú han sido fuertemente debatidas en Chile. Fuente: El País

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Brasil y Argentina pretenden avanzar hacia una moneda común sudamericana en la visita de Lula a Buenos Aires

El presidente brasileño participará en la cumbre de la Celac, marcada por la esperada presencia de Nicolás Maduro en su primer viaje a un país de la región en cinco años Brasil y Argentina buscan crear una moneda sudamericana común. Es el objetivo más ambicioso de la alianza estratégica que relanzarán los presidentes de ambos países durante la visita de Luiz Inácio Lula da Silva a Buenos Aires esta semana, la primera al extranjero desde que asumió el poder hace tres semanas. El mandatario y líder de la izquierda brasileña, que aterrizó el domingo por la noche en la capital argentina, se reunirá este lunes con Alberto Fernández y al día siguiente ambos participarán de la cumbre de la Celac (la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). De todos modos, ambos deberán compartir protagonismo con el venezolano Nicolás Maduro, al que se espera en su primer viaje a un país latinoamericano en un lustro. “Hasta donde yo sé, vendrá”, declaró el presidente Fernández en una entrevista publicada este domingo.   Fernández y Lula anunciaron, en un texto conjunto en la página web de la Presidencia argentina, que han decidido “avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa”. En el documento, instan a “simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales” como forma de superar las barreras en los intercambios comerciales.   El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, confirmó las conversaciones pero advirtió en declaraciones al diario Financial Times que se trata del “primer paso de un largo camino”. Aunque es una iniciativa bilateral, será ofrecida a otros países sudamericanos. Según el diario británico, se baraja llamarla sur.   La bilateral de Lula con Fernández será eminentemente política más que comercial. Inaugurarán juntos un encuentro empresarial en el Museo del Bicentenario antes de participar en una actividad sobre derechos humanos y asistir, por la noche, a un concierto de la hermandad argentino-brasileña en el Centro Cultural Kirchner. No se descarta que se reúna por separado con la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.   Lula retoma la tradición de que el destino del primer viaje del presidente brasileño sea a la vecina Argentina. En su caso, se suma además la estrecha relación que mantiene con su homólogo Fernández. El brasileño tiene muy presente que el argentino fue a visitarlo en el peor momento de su vida, cuando estaba encarcelado por una condena posteriormente anulada. Era 2019, Fernández aspiraba a la presidencia y Jair Bolsonaro llevaba unos meses en el poder. El ultraderechista congeló la relación diplomática con Buenos Aires en cuanto el peronismo regresó al poder con la derrota de Mauricio Macri; su primera visita oficial fue al Washington de Donald Trump.   No es la primera vez que se discute la posibilidad de una moneda en común, una idea que resulta más atractiva para Argentina —sin acceso a crédito en los mercados internacionales, con escasas reservas en el Banco Central y una inflación anual de casi el 95%— que para Brasil. En 2019, la propuesta de un “peso real” estuvo en la mesa de los entonces presidentes Macri y Bolsonaro, pero no prosperó.   El Gobierno argentino confía en que la buena sintonía entre Lula y Fernández ayude a vencer las reticencias de su mayor socio comercial, después de que en 2022 el comercio bilateral aumentase más de un 20%. Está previsto además que los mandatarios firmen acuerdos en materia de cooperación en soberanía energética e integración financiera, defensa, salud, ciencia, tecnología, innovación y cooperación antártica, según anticipó la cancillería argentina.   El líder de la izquierda brasileña, que lidera un Gobierno que incluye al centro derecha, está empeñado en que Brasil vuelva a la primera línea de la diplomacia internacional. Pretende que ejerza de nuevo el liderazgo en la integración latinoamericana: impulsar Mercosur, ser escuchado junto al resto de los emergentes en los principales foros internacionales, participar activamente en los organismos multilaterales y defender la negociación como vía prioritaria para resolver los conflictos.   Por eso entre las primeras medidas adoptadas por Lula en su tercer mandato estuvo el reingreso Brasil en la Celac y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Venezuela de Nicolás Maduro, rotas por Bolsonaro.   La participación de Maduro en la cumbre de la Celac ha derivado en un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición de Argentina. El expresidente Macri ha calificado de vergonzosa la visita del líder de Venezuela y de su par cubano, Miguel Díaz-Canel, (al nicaraguense Daniel Ortega no se le espera). La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha solicitado la detención de Maduro. “La inmensa mayoría de los argentinos sentimos vergüenza de que nuestro país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia”, ha escrito Macri en sus redes sociales. “El multilateralismo implica debatir sin exclusiones y sin negar las diferencias para mejorar los vínculos entre los pueblos”, le ha respondido el canciller argentino, Santiago Cafiero.   La cumbre de la Celac tiene buenas opciones de convertirse en el escenario del reencuentro de Lula con Maduro, pero la reunión no ha sido confirmada. El Gobierno brasileño ya ha enviado a Caracas un equipo con la misión de reabrir la embajada, al principio, estará dirigida por un encargado de negocios.   Con Lula viaja su esposa, Janja, una socióloga con un activo papel junto al presidente. En su primera entrevista, afirmó que Evita y Michelle Obama eran modelos que le gustaría seguir. Fuente: El País

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Las protestas mantienen el pulso al Gobierno de Perú en las calles de Lima

Continúa por segundo día consecutivo la movilización en la capital. En la región de Puno se vivieron de nuevo escenas de represión con un fallecido y heridos por armas de fuego   Por segundo día consecutivo, Lima fue el epicentro de las protestas en Perú. Una multitud de manifestantes permaneció este viernes en las calles de la capital, tratando de mantener el pulso tras haber llegado desde tan lejos. Ciudadanos de las distintas regiones del país, principalmente de la sierra sur, se han congregado en la ciudad en su intento más extremo por hacerse escuchar. Los discursos de la presidenta, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, tras el primer día de la gran movilización enervaron nuevamente a los convocantes, pues los acusaron de no tener ninguna agenda social y de solo incitar el caos para tomar el poder.   La plaza de San Martín, habitual lugar de concentración de las marchas, en el centro histórico de Lima, amaneció cercada e inundada. Durante 16 horas, 50 unidades y 250 bomberos lucharon para apagar las llamas que consumieron una vieja casona aledaña. Quedaron solo escombros del edificio Marcionelli, sede del Consulado General de Suiza en los años cuarenta. El desastre, que finalmente dispersó a la marcha, generó una polémica encarnizada: ¿quién provocó el incendio? ¿Los manifestantes o la Policía? Los hechos son materia de investigación, aunque existen varios testimonios de vecinos que aseguran que se trató de una bomba lacrimógena. El ministro del Interior, Vicente Romero, desestimó esta versión: “Es totalmente falso. No produce quemaduras ni incendios. Solo emana gases”.   En el punto más álgido del conflicto, que se originó el pasado 7 de diciembre tras el intento fallido de autogolpe de Pedro Castillo, no hay visos de las autoridades ni de los medios de comunicación por desescalar la violencia. A diferencia del primer día, este viernes la mayoría de los protestantes se dirigió hacia el centro de Lima en lugar de esparcirse por otros distritos. Se concentró en la plaza Bolognesi y en el Parque Universitario. A sabiendas de que el objetivo de la ciudadanía era dirigirse hacia el Congreso, la Policía redobló su despliegue y formó un cordón inexpugnable en la avenida Abancay, que quedó sumida en el humo tóxico de las bombas lacrimógenas durante varios pasajes de la tarde y la noche. Otra vez, la protesta no logró su meta. Según la Defensoría del Pueblo, se registraron una treintena de heridos.   En las regiones, el distrito de Ilave, en Puno, fue el más afectado. Un hombre de 62 años, Isidro Arcata Mamani, falleció tras ser alcanzado por una bala que le destrozó el fémur izquierdo, y cinco ciudadanos resultaron gravemente heridos durante un enfrentamiento con los agentes de las fuerzas de seguridad, dos de ellos por armas de fuego. Se trata de José Hernani Lima, de 46 años, y Edgar Mamani Maron, de 39. Ambos fueron alcanzados en la zona abdominal. Su pronóstico es reservado. Se han viralizado escenas de los disparos de parte de los agentes a quemarropa. En Puno, además, fue incendiada una comisaría rural en el distrito de Zepita. Y, en Espinar, en la provincia del Cusco, la compañía minera Antapaccay fue saqueada.   Al cerrar la jornada, siete ministros de Estado ofrecieron una conferencia de prensa. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, sostuvo que le produce “dolor contar pacientes lesionados todos los días” e hizo un llamamiento a “cuidar a nuestros hijos y darle paz a nuestro país”. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, informó de que este viernes se detuvo a siete manifestantes y que el número de arrestos asciende a 378 desde que el inicio del conflicto. El panorama para los próximos días es, por el momento, el mismo: una multitud que no piensa claudicar en sus exigencias y un Gobierno que ha optado por atrincherarse en el poder frente a las protestas.   Fuente: El País

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