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Avianca revive sus peores fantasmas

Internacionales / streaming streaming / 20/01/2023

Mientras los entes de control colombianos dejan en suspenso el plan de fusión con la compañía de bajo coste Viva Air, las quejas de viajeros inconformes por el mal servicio se multiplican La catarata de quejas de viajeros afectados a diario por el mal servicio de Avianca es tan solo un signo de los malos tiempos que vive la aerolínea emblema de Colombia. A las imágenes en redes sociales de las sillas que no reclinan en vuelos internacionales o de las cancelaciones sin justificación a la vista, se suma la encallada fusión empresarial con Viva Air, una compañía de bajo coste cuya integración supondría, según dos órganos de control, una violación a la libre competencia. La Aeronáutica Civil, organismo estatal responsable del mercado aeronáutico, informó este jueves que el actual proceso de solicitud de fusión quedará anulado. Una noticia que supone un respiro parcial para los intereses de las dos aerolíneas interesadas, ya que el regulador había rechazado la operación en una primera resolución donde evidenciaba serias objeciones a una unión que acapararía el 62% de todo el mercado doméstico y más del 90% en una treintena de rutas. Se trata de una decisión de última hora que abre un capítulo inesperado. La llegada, el pasado 27 de abril, de Sergio París a la dirección de la Aerocivil y los titubeos en los pronunciamientos que llegan desde el Ministerio de Transporte suscita no pocos recelos en diversos actores involucrados en el sector. El asunto, sin embargo, tiene un duelo aparte que se libra ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La entidad, que también vela por la libre competencia, anunció a comienzos de diciembre la apertura de una investigación contra Avianca y Viva por haber, supuestamente, adelantado parcialmente la ya citada fusión sin tener luz verde de la Aerocivil. Para el exsuperintendente Jorge Enrique Sánchez, quien se opone a la medida, Avianca incluso hizo pública la adquisición antes de informar a las autoridades: “El acuerdo que unifica los derechos económicos ya se firmó, sin control ni supervisión de nadie”, dice. Los analistas subrayan que la fusión forma parte, en realidad, de un plan más ambicioso, materializado en la creación del nuevo Grupo Abra Limited como un paso más en el pulso regional con la chilena Latam. Anunciado en un comunicado el 11 de mayo de 2021, Abra uniría a Avianca y Gol, la tercera aerolínea por tamaño de Brasil, con 250 aviones y vuelos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. De acuerdo con la empresa, la operación incluye la adquisición del “100% de los derechos económicos” de Viva en Colombia y Perú: el nuevo consorcio absorbería los dividendos de Viva. La compañía colombiana reiteró a EL PAÍS que la fórmula legal bajo la cual se impulsó la fusión garantiza que Avianca no ejercerá control político o de voto en Viva mientras las autoridades colombianas no aprueben la transacción. Lamentaron así mismo que la figura de “separación de empresas” haya sido subestimada por la Superintendencia en su pliego de cargos. Sánchez, por contra, insiste en que hay infracción. Cita como evidencia que el 29 de abril de 2022 se anunció la incorporación del irlandés Declan Ryan, hijo del fundador de la ‘low cost’ Ryanair y accionista mayoritario de Viva Air, a la junta directiva de Avianca. A pesar de que el empresario europeo anunció en noviembre que cedía su silla, Sánchez dice tener más argumentos. “En la resolución de la Superintendencia hay pruebas de sobra que demuestran que estas dos empresas dejaron de funcionar como competidoras independientes hace tiempo y que el control común lo ejerce Avianca”. Por su lado, el informe de la Aeronáutica pone en duda los argumentos de Avianca de que una crisis financiera de Viva motiva su absorción, pues señala que ese hecho no está acreditado con solvencia. Avianca argumenta que el debate se ha centrado en la concentración empresarial, que califican como un “mito”, y no en los riesgos que supondría la absorción de Viva Air, una compañía que, en una década de operaciones, solo ha arrojado números rojos. Desde Avianca niegan que haya monopolio: “En Colombia hay 13 aerolíneas prestando el servicio doméstico y más de 30 si sumamos con las líneas internacionales”, respondió la aerolínea a un cuestionario de este medio. Detrás de este capítulo en la historia de la segunda aerolínea comercial más antigua del mundo, fundada en 1919 bajo el nombre de SCADTA, algunos encuentran patrones de conducta. El abogado José Emilio Archila, representante legal de la low cost Ultra, que se ha opuesto a la fusión a través de una demanda ante la SIC, recuerda que, a principios de este milenio, cuando ejercía el cargo de Superintendente de Industria y Comercio, objetó la solicitud de alianza de Avianca con las desaparecidas Sam y Aces. Su postura le costó discrepancias con el ministro de Desarrollo del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y lo llevó a dimitir. “Las consecuencias de haber permitido esa integración han sido nefastas para el país porque, en el fondo, se abonó el terreno para la creación de un monopolio en un sector donde no debería existir”, asegura en conversación telefónica. El también exconsejero presidencial para la estabilización de Iván Duque (2018-2022) se refiere a la dependencia del transporte aéreo en un país que adolece de vías férreas y cuenta con una de las peores redes de infraestructura vial de la región, según informes de organismos como el Banco Mundial. Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio durante el Gobierno Santos (2010-2018), recuerda la avalancha de quejas que recibió de viajeros asfixiados y sin alternativas a los “arbitrarios precios” de las tarifas impuestas por Avianca a ciudades intermedias en las que era el único operador – como lo es hoy en una veintena de rutas es el único operador. “Teníamos la tesis y los indicios”, sostiene Robledo, “de que había una conducta de precios predatorios y anticompetitivos –dumping-. En Leticia, Armenia, Popayán, Neiva o Riohacha,

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La crisis en Perú: las protestas se intensifican, el Gobierno se atrinchera

Internacionales / streaming streaming / 20/01/2023

La manifestación en Lima acaba con numerosos enfrentamientos y un espectacular incendio. La mayor represión sigue en las provincias del interior, donde murió otro joven, el número 55 desde que empezó la crisis Al día siguiente de su aniversario, Lima amaneció con tanques y un contingente de 11.800 policías desplazándose por su centro histórico. Las fuerzas del orden tenían la misión de aminorar el impacto de la denominada Gran Marcha de los Cuatro Suyos que reunió a diversas organizaciones civiles de la sierra sur del país. Por primera vez desde que en diciembre estalló la convulsión social, se iba a producir una movilización multitudinaria desde las regiones hacia la capital. Y el Gobierno estaba preparado para ello. La presidenta Dina Boluarte, en un discurso a la nación por la noche, aseguró que el Gobierno se mantenía “firme” y criticó a los manifestantes: “Quieren generar caos para tomar el poder”. Existía la gran incógnita de si los limeños se sumarían en masa, y ello sucedió hasta cierto punto. En la antesala, los estudiantes de las principales universidades públicas de la capital, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), le habían tendido la mano a los manifestantes, con refugio y donaciones. Algunos, con la venia de sus autoridades, como la UNI; y otros, en contra de ellas, como en el caso de San Marcos, donde tomaron su campus por la fuerza. Ambas entidades fueron cercadas por los agentes policiales por la mañana, pero no se produjo ningún enfrentamiento. Enfrentamiento entre manifestantes con las fuerzas de seguridad frente al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, en Arequipa.EUROPA PRESS La esperada marcha se convocó para las cuatro de la tarde en diversos puntos de la capital, ocasionando una desorganización que se extendió a lo largo de la jornada y que acabaría por pasarles la factura. La protesta no alcanzó su objetivo: no llegó al palacio de Gobierno ni tampoco al Congreso. Por la tarde se produjo una gran represión en Abancay, una avenida estratégica que conduce hasta la sede del Poder Legislativo. No hubo víctimas, pero sí algunos heridos. Hasta donde se sabe, ninguno por arma de fuego. A diferencia de las regiones de la sierra sur, en la capital la policía no empleó armas letales. Claramente, el tratamiento para “controlar” las movilizaciones no fue el mismo de anteriores ocasiones. Poco antes de las ocho, la plaza San Martín del centro de Lima parecía un marco favorable para la protesta. La gente continuaba llegando en gran número. Y por fin se había envalentonado para dirigirse hacia el Congreso. Fue en ese preciso instante cuando una vieja casona de una de las esquinas de la plaza comenzó a arder. En medio de la confusión, la policía recuperó terreno, cercando otra vez la plaza. A medida que el fuego consumía el inmueble, se consumió la marcha. Y los manifestantes acabaron por dispersarse. Se necesitaron más de cinco autobombas y tres cisternas de agua para controlar el incendio. Un grupo de vecinas, que no se identificaron, señalaron que el siniestro fue provocado por una bomba lacrimógena que cayó en la azotea, aunque el Gobierno lo negó más tarde. Mientras las llamas del edificio teñían de rojo el cielo de la capital peruana, la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación, donde lejos de empatizar con un gran grupo de la ciudadanía que marchó en las calles, satanizó la protesta al remarcar que se trata de “unos malos ciudadanos que buscan quebrar el Estado de derecho, generar caos, desorden y tomar el poder”. Aseguró que “el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”. Incendio en un edificio de Lima durante las protestas del jueves.MARTIN MEJIA (AP) Mientras eso sucedía en Lima, en Juliaca fallecía un ciudadano que había quedado gravemente herido la noche anterior por el impacto de un arma de fuego. Se trataba de la segunda víctima de Macusani, provincia de Carabaya, donde un grupo de pobladores incendió una comisaría y la sede del Poder Judicial en la noche del miércoles. Pero no fue el único incidente en la región que colinda con Bolivia. Nuevamente, los juliaqueños intentaron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac y fueron repelidos por la policía. El resultado: siete civiles y dos agentes heridos. En Arequipa, la convulsión sumó la víctima 55 del conflicto. Jhancarlo Condori Arcana, un hombre de 30 años que recibió una herida letal en el abdomen. En la Ciudad Blanca los manifestantes también trataron de ingresar por la fuerza al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, pero no lo consiguieron. El Ejecutivo declaró a las regiones de Amazonas, La Libertad y Tacna en estado de emergencia durante 30 días. Después de esta primera gran marcha en la capital, los manifestantes se mantendrán en las calles. Un manifestante antigubernamental era detenido en Lima el jueves.MARTÍN MEJÍA (AP) Fuente: El País

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El chavismo amenaza a las ONG en Venezuela con una ley para regular su funcionamiento

Internacionales / streaming streaming / 19/01/2023

Diosdado Cabello anuncia una propuesta para controlar el financiamiento de las organizaciones “que conspiran contra el país”. Desde hace años, las ONG están en el ojo del chavismo. Diosdado Cabello, diputado y líder de Gobierno, ha amenazado una vez más con una legislación destinada a regular el financiamiento, funcionamiento y uso de estas organizaciones. “A través de las ONG conspiran contra el país. No son organizaciones no gubernamentales. No dependen del Estado venezolano, sino del Estado gringo, son instrumentos del imperialismo”, advirtió la noche del miércoles Cabello en su programa Con el mazo dando, transmitido en la televisora estatal, tras anunciar que la semana que viene introduciría en plenaria la propuesta de ley. Aunque esta legislación ha sido una amenaza constante, durante el Gobierno de Maduro se han dado pasos concretos para restringir la libertad de asociación y el trabajo de las ONG. En 2021 se creó un nuevo registro obligatorio en una oficina antiterrorismo, que fue interpretado por la sociedad civil como un filtro para limitar su funcionamiento. Este nuevo paso que se avecina con la legislación pone a Venezuela a la par de Nicaragua, donde se han suprimido en el último año más de 3.000 personerías jurídicas, incluidas las de universidades críticas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La presencia de las ONG se ha amplificado en Venezuela con el agravamiento de la crisis, con graves problemas de hambre que afectan a unos 6,5 millones de personas, la cifra más alta en Sudamérica, y un sistema de salud destruido. Desde 2019, las agencias humanitarias de Naciones Unidas se han desplegado para atender a la población de la mano de las ONG que están en el terreno. Más allá de los instrumentos legales que se han convertido en una permanente amenaza, el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos se ha incrementado durante el Gobierno de Maduro, al punto de ponerlo en el ojo de la Corte Penal Internacional, que reactivó en diciembre pasado la investigación sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país. El trabajo de centenares de ONG en la documentación ha sido clave para hacer estos expedientes y los demoledores informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que continuarás sus investigaciones durante los próximos dos años. El Centro para los Defensores y la Justicia registró en el primer semestre de 2022 más de 240 ataques contra activistas que velan por las libertades democráticas en Venezuela. Los principales responsables de estos actos intimidatorios, según esta ONG, son los “funcionarios del Estado”, además de las plataformas de comunicaciones asociadas al Gobierno y al Partido Socialista Unido de Venezuela. “Quienes trabajan en la defensa y exigencia de derechos humanos no deben ser calificados como enemigos. Por el contrario, son actores esenciales en la recuperación de la institucionalidad democrática y en el avance de procesos de justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos”, denunció la organización el año pasado. Fuente: El País

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Colombia se trepa al escalafón de los países más polarizados del mundo

Internacionales / streaming streaming / 19/01/2023

La consultora Edelman presenta su informe anual de confianza en el Foro Mundial de Davos y señala que es el país donde más se deteriora el optimismo frente a la economía La fe en el sistema económico global pasa por malas horas. Tal afirmación es posible después de una lectura a los resultados del más reciente barómetro de la confianza de la consultora Edelman, uno de los más reconocidos del mundo, que ha sido presentado hoy en la reunión anual del Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza). Bastaría con mencionar que, en 24 de los 28 países encuestados, los ciudadanos consideran que el nivel de vida de sus familias será peor en el curso de los próximos cinco años. Los resultados del informe, titulado “Navegando en un mundo polarizado”, además revelan que Colombia es uno de los lugares donde hace más estragos la desafección económica: la caída del optimismo en apenas un año es de 22 puntos. Ese factor conlleva a que las ciudadanías se sientan más desprotegidas en lo social, más desconfiadas con la democracia y con mayores temores de cara al futuro. Con todo ello, Colombia es uno de los seis Estados que Edelman ubica en la franja de “altamente polarizados”, junto a Argentina, los Estados Unidos, España, Suecia y Suráfrica. La consultora los ubica allí porque un porcentaje alto siente que hay grandes divisiones que son difíciles de superar. Detrás de Argentina, Colombia es el segundo país en el que los encuestados sienten una mayor división interna, aunque los resultados a la pregunta sobre la dificultad de superar esa división no son tan negativos. Es probable que los perjuicios laborales dejados por la pandemia, la inflación generalizada y la zozobra causada por la guerra de Ucrania, sean tres de las piezas centrales para acercarse a los acontecimientos. Solo así se comprende el hecho de que el 53% de las personas perciban hoy un escenario político más dividido, o que el 62% considere que el tejido social, y los acuerdos que funcionaron durante años como pegamento para la cohesión, o la búsqueda del bien común, sean percibidos como insuficientes. El informe alerta, así mismo, de que la crisis es potencialmente peligrosa para la salud de las democracias, donde ya es palpable la contracción en los niveles de civismo, respeto mutuo y convicción de que el progreso y una vida tranquila son posibles para quien cumple las reglas de juego o es capaz de zanjar las diferencias por la vía del respeto. El trabajo de Edelman también subraya la profundización, a niveles históricos, del abismo social entre ricos y pobres como un elemento que subyace al evidente agrietamiento del contrato social. En ese sentido, los dos países con la caída más acentuada, respecto a la medición pasada, en el apartado de confianza basada en el nivel de ingresos, son dos Gobiernos que a menudo caen en las tentaciones del autoritarismo: China y los Emiratos Árabes Unidos, con 15 y 9 puntos de diferencia. De la misma manera, entre los nuevos elementos que la consultora subraya, está el hecho de que a nivel global las empresas ason consideradas como la institución con mejores índices de credibilidad en materia de ética y suficiencia (62%), a la vez que la fe en los Gobiernos se desploma en 16 de los 28 países encuestados (51%). Queda claro que los resultados están marcados por las paradojas. En el caso colombiano, por ejemplo, es claro el descrédito en el que han caído los Gobiernos (-8 puntos) pero, a pesar del clima de malestar expresado en las grandes movilizaciones sociales de los tres últimos años, el país sube tres puntos con respecto a los resultados de 2022 en el índice general. Colombia sale del perímetro de zona roja de total desconfianza donde se hallaba el año pasado, y se ubica entre países como Francia y Canadá dentro de un segmento medio diferenciado en color verde y etiquetado como “neutral”. Fuente: El País

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Las protestas contra la presidenta de Perú llegan a Lima con la convocatoria de una gran marcha

Internacionales / streaming streaming / 19/01/2023

Grupos de estudiantes acogen en los campus a los manifestantes llegados de las regiones mientras el Gobierno blinda la capital ante la movilización de este jueves. El estallido social ha dejado más de 50 muertos En el día de su aniversario, Lima, la capital que a menudo vive al margen de lo que sucede en el resto del país, recibió a miles de peruanos que reclaman ser escuchados. La llegada, a lo largo del miércoles, no fue sencilla: en los últimos días, la Policía reforzó sus controles en las carreteras, impidiendo el paso a los manifestantes que procedían de diversas regiones, principalmente de la sierra. El propósito: debilitar la protesta que se ha fijado para este jueves bautizada como Gran Marcha de los Cuatro Suyos, en alusión a la movilización social que acabó con el régimen de Alberto Fujimori a inicios de la década de los 2000. Las fuerzas del orden intentaron cercar la capital, fundada como Ciudad de los Reyes en enero de 1535. “Sabemos que quieren tomar Lima. Yo los llamo a tomar Lima, pero en paz y en calma”, dijo en la víspera la presidenta, Dina Boluarte, en esta ocasión con un tono conciliador después de su último mensaje a la nación, en el que tildó de “azuzadores” y “violentistas” a los ciudadanos del sur del país que desde hace más de cuarenta días piden su salida de Palacio. La crisis se originó el pasado 7 de diciembre cuando el exmandatario Pedro Castillo intentó dar un autogolpe con la disolución del Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas de Perú. Personas cuelgan pancartas afuera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), este miércoles en Lima.PAOLO AGUILAR (EFE) Desde la madrugada del miércoles, un grupo numeroso de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupó el campus universitario con una finalidad: albergar a las delegaciones de manifestantes, provenientes del interior del país. “Ya van más de 50 muertos. Esta es una campaña de amedrentamiento contra el pueblo. Nosotros no podemos permanecer indiferentes y tenemos que solidarizarnos con nuestros compañeros de lucha”, afirma un estudiante de la facultad de Derecho. La casa de estudios se ha convertido, pese a las advertencias de la rectora, Jeri Ramón Ruffner, en el refugio transitorio de ayacuchanos, cusqueños, apurimeños y puneños, precisamente los más golpeados por la represión policial. En la otra orilla se encuentra el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Pablo Alfonso López-Chau, quien les dio la bienvenida a los protestantes, cediéndoles el campus para tener dónde pasar la noche antes de la marcha. “Les pido que se organicen y cuiden la seguridad. Esta es su casa, cuiden su casa. Eviten infiltrados”, señaló. También se han sumado grupos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por la mañana, la presidenta Dina Boluarte, acompañada del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participaron de la misa y el Te Deum por el aniversario 488 de la capital. Por la tarde, el Perú se volvió a teñir de sangre: en Macusani, capital de la provincia de Carabaya, en Puno, falleció una mujer de 35 años por un proyectil de arma de fuego. Y un hombre de 30 años resultó gravemente herido, también por arma de fuego, y se encuentra con pronóstico reservado. Este hecho desató la ira de la población y por la noche unos manifestantes le prendieron fuego a la comisaría y a la sede local del Poder Judicial. Además, se sumaron dos víctimas por los bloqueos de carreteras, en la región La Libertad: un bebé prematuro de 28 semanas y una mujer de 51 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio y no tuvo atención médica. Un hombre camina entre personas dormidas. Son manifestantes que vinieron a Lima desde distintas partes de Perú para manifestarse.ERNESTO BENAVIDES (AFP) Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión ordinaria para evaluar la situación del Perú desde Washington. Luz Elena Baños, representante de México, expresó su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza pública” mientras que Alejandra Solano, su par de Costa Rica, instó “al respeto de los derechos humanos”. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, opinó: “El derecho a la protesta pacífica debe respetarse; el derecho a que el Estado proteja el orden también”. En tanto, Paul Duclos, director general para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería de Perú, alcanzó a decir que “se ha establecido una Comisión Multisectorial para atender a los deudos de las personas fallecidas”. Hasta la fecha, han fallecido 53 personas por el conflicto que inició el 7 de diciembre luego del autogolpe de Pedro Castillo: 42 de ellos por enfrentamientos contra las fuerzas del orden, diez a causa del bloqueo de carreteras y un policía. Además, según la Defensoría del Pueblo, se registran 722 manifestantes heridos y 442 agentes policiales lesionados. Para este jueves se espera la movilización más grande de los últimos tiempos en Lima. Fuente: El País

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El juicio en Estados Unidos contra el zar antidroga García Luna amenaza al entorno de Felipe Calderón

Internacionales / streaming streaming / 17/01/2023

El caso contra el exfuncionario mexicano de mayor rango en haber sido juzgado en una corte estadounidense arranca en Nueva York después de tres años de espera La espera ha terminado. El juicio de más alto perfil contra un exfuncionario mexicano en la historia está por comenzar en Estados Unidos. A tres años de ser detenido, Genaro García Luna finalmente se sentará este martes en el banquillo de los acusados en la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York, el mismo tribunal donde Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua en 2019. Es aquí mismo donde el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) tendrá que responder por tres cargos por tráfico de cocaína, uno más por delincuencia organizada y otro más por falsedad de declaraciones. De ser hallado culpable, el antiguo jefe de la Policía de México se enfrentará a un mínimo de 10 años de cárcel o la pena más alta, pasar el resto de su vida tras las rejas. La Fiscalía acusa a García Luna, uno de los políticos más polémicos y temidos de los últimos años, de colaborar con el Cartel de Sinaloa durante casi dos décadas. Su destino está en manos de un jurado anónimo y de Brian Cogan, el mismo juez que sentenció a El Chapo. El caso se definirá en un tribunal de Brooklyn, pero amenaza con desatar una tormenta política a más de 3.300 kilómetros de distancia, del otro lado de la frontera. La Corte del Distrito Este de Nueva York, uno de los tribunales más mediáticos de Estados Unidos, tiene programadas decenas de audiencias para este martes, entre juicios contra miembros de pandillas, fraudes multimillonarios y un escándalo de sobornos en la FIFA, el organismo rector del fútbol internacional. “¿Cuál juicio es? ¿El del terrorista?”, pregunta con curiosidad un empleado del juzgado, que da la impresión de haber visto de todo en los últimos años, mientras repasa en su cabeza el apretado calendario de los jueces. “¡Ah, claro! El policía de México”, dice aliviado tras acordarse, sonriendo con aire de suficiencia. “Es el caso más importante que tenemos en estos días”, zanja. El nombre de Genaro García Luna no dice mucho en Brooklyn, pero el juicio contra el exfuncionario no ha pasado desapercibido. Algunos medios estadounidenses se refieren a él como Mexico’s top cop, el “poli importante” de México, o como el J. Edgar Hoover mexicano. El interés por el caso se dispara cuando se incluye en la fórmula su supuesta vinculación con El Chapo y cómo este proceso se perfila como una nueva edición, una segunda parte, del llamado juicio del siglo. Hace dos semanas, los caminos del antiguo miembro del Gabinete y del cartel mexicano más famoso del mundo se volvieron a cruzar, cuando Ovidio Guzmán, hijo del capo, fue capturado en Sinaloa, tras un operativo y un vendaval de violencia que se saldó con al menos 29 personas muertas, según las autoridades. Pese a que el termómetro ha marcado bajo cero varias veces en los últimos días, cada vez se ven más reporteros y cámaras de televisión mexicanos y latinos en las calles y los alrededores de la corte. Genaro García Luna (centro) durante una audiencia anterior en la corte el 27 de febrero de 2020.JANE ROSENBERG (REUTERS) García Luna, un hombre cuyo ascenso meteórico no puede explicarse sin el estallido de la guerra contra el narcotráfico durante su gestión, no será visto vestido con el uniforme de la cárcel durante el juicio. Fue una petición expresa hecha por sus abogados. El juez Cogan autorizó que se le facilitara un guardarropas que incluye dos trajes azul marino, dos camisas blancas y dos azul claro, cuatro camisetas, tres corbatas, cuatro pares de calcetines y un par de zapatos negros. La defensa está convencida de que podrá demostrar la inocencia de su cliente y que la Fiscalía no tiene pruebas sólidas en su contra. En un sistema legal como el estadounidense, que privilegia la obtención de acuerdos de culpabilidad a cambio de penas reducidas para dar mayor velocidad a la resolución de los casos, la decisión de ir a juicio es en sí una declaración de intenciones. Por las audiencias previas, se sabe que la Fiscalía planea llevar al estrado a unos 20 testigos. Los abogados de García Luna han intentado que esos testimonios sean desechados y en el conflicto se han aireado algunos posibles nombres de quienes podrían hablar contra García Luna, una mezcla de exfuncionarios y narcotraficantes que dicen estar dispuestos a contarlo todo, la mayoría de ellos, capturados durante la gestión del exsecretario de Seguridad. Quieren hablar de los sobornos, los pactos oscuros, la farsa de los operativos autosaboteados contra los capos. La lista aún no es pública y se irá desgranando con el avance del juicio. Lo que sí es seguro es que será una montaña de acusaciones y revelaciones que alimentarán una sospecha permanente en México: el nivel de implicación de las autoridades con el crimen organizado. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en la mira también cientos de miles de dólares que García Luna logró amasar como contratista del Gobierno después de que dejó el servicio público. La Fiscalía también ha asegurado que va a poner bajo escrutinio la fortuna que hizo el exfuncionario en el sector privado. Las autoridades afirmaron que el acusado ayudó a que un grupo de compañías recibieran millones de dólares del Gobierno de Estados Unidos para instalar sistemas de vigilancia y equipos tecnológicos, y que esas mismas empresas después le pagaron el favor con una lujosa mansión en Florida cuando dejó el cargo en 2012. “Los empresarios le consiguieron una casa multimillonaria y un yate en Miami, así como un contrato lucrativo”, se lee en un documento judicial presentado la semana pasada. La defensa ha respondido que la faceta de su cliente como hombre de negocios es irrelevante para el caso. El juicio será, sin embargo, una radiografía de toda su vida. Desde el arresto de García Luna en diciembre de 2019, apenas cinco meses después de la

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Guerra abierta entre el Gobierno argentino y la Corte Suprema

Internacionales / streaming streaming / 16/01/2023

La Casa Rosada convoca al Congreso para tratar el juicio político contra los cuatro jueces del máximo tribunal Ya es una guerra política en toda regla. Se inició en los medios hace casi tres años, en paralelo al avance de los juicios por corrupción contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. En el arranque de su gestión, el presidente, Alberto Fernández, envió al Congreso una profunda reforma de la justicia federal, a la que acusaba de redactar fallos a la medida de la oposición. El proyecto no prosperó. La tensión entre la Casa Rosada y los Tribunales creció y creció. Se esparció como la espuma entre altos funcionarios, diputados, senadores y jueces. El 6 de diciembre, un tribunal condenó a Kirchner a seis años de cárcel. Dos semanas después, la Corte Suprema falló contra el Gobierno en una demanda de la ciudad de Buenos Aires, opositora, por el reparto nacional del dinero de los impuestos. Esta semana que pasó, finalmente, la sangre llegó al río: Fernández convocó a sesiones extraordinarias del Congreso (no habrá receso de verano, muy que les pese a los legisladores) para tratar el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema. Al juicio político contra los cuatro supremos (hay un puesto vacante) se le suma un proyecto para llevar a 15 el número de magistrados. Los diputados del Frente de Todos, la alianza de las distintas corrientes del peronismo que está en el poder, ya presentaron formalmente el pedido de juicio “por mal desempeño” contra la Corte. El argumento es que “ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas” a los poderes ejecutivo y legislativo. Además del asunto de los impuestos, que da recursos extraordinarios al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los presidenciables del macrismo, critican un fallo que declaró inconstitucional una ley de 2006 que retiraba a la Corte del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y juzga a los jueces. Los supremos decidieron reflotar una ley anterior que había sido derogada por el Congreso. El partido de Gobierno tiene los votos suficientes para abrir una comisión de juicio político que trabajará durante 60 días, pero chocará luego en el recinto, donde no alcanza los dos tercios necesarios para avanzar más allá de la acusación. Juntos por el Cambio, la coalición que reúne a la derecha liderada por Mauricio Macri, ya anticipó que rechazará la iniciativa peronista por considerar que “atenta contra el orden republicano”. Si el Gobierno insiste, paralizará el Congreso, amenazó. La pelea entre los poderes del Estado crispará los ánimos en un año especialmente sensible: en octubre, los argentinos elegirán al sucesor de Alberto Fernández en la Casa Rosada. El clima político no podría ser peor. Fernández ingresó al último año de su mandato con la popularidad por los suelos, la economía en declive, la inflación cercana al 100% y a la sombra del poder que ejerce sobre su gestión Cristina Kirchner. A la Justicia no le va mejor. El 59% de los consultados en abril para un sondeo de la Universidad de San Andrés aseguró que tiene una imagen “muy mala” del Poder Judicial, 19 puntos más de los que opinaron lo mismo acerca del Fondo Monetario Internacional (difícil encontrar una institución con peor imagen en Argentina). Sorprendió a los encuestadores que el apartado “imagen buena” quedó en 0%. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ensayó una explicación durante una entrevista con el periodista Carlos Pagni para LN+. “En la mayoría de las democracias consolidadas del mundo la imagen de la Justicia no es buena”, argumentó. Según su visión, el problema está en que el Poder Judicial asume conflictos que la sociedad no resuelve y eso genera “ciertas expectativas” que luego se ven frustradas. Los ciudadanos, dijo, ven “que la Justicia resuelve con lentitud, no correctamente o que no falla a su favor”. Esa “judicialización de los conflictos”, dijo, es atribuible a “cierta incapacidad” de la sociedad para resolverlos por vías no judiciales. El conflicto por el reparto dfe los impuestos federales fue una muestra de ello. En 2016, el Gobierno de Macri subió del 1,4% al 3,75% la parte correspondiente a la ciudad de Buenos Aires, su principal bastión electoral, para financiar a una nueva policía. Cuando Fernández llegó a la Casa Rosada, una de sus primeras medidas fue bajar en forma unilateral hasta el 2,35% ese porcentaje. Como las negociaciones políticas fracasaron, el asunto terminó en la Corte, que en diciembre elevó el porcentaje correspondiente a la ciudad hasta el 2,95%. Fernández primero dijo que no acataría el fallo porque no tenía el dinero para hacerlo; luego dio marcha atrás y prometió un pago en bonos del tesoro. Mantuvo, eso sí, su decisión de llevar a los jueces ante el banquillo del Congreso. Sumó en su estrategia el favor de 14 de los 23 gobernadores del país, temerosos de que el dinero que ahora iría a parar a Buenos Aires (unos 1.000 millones de dólares) saliese de sus propias partidas presupuestarias. El juicio político no prosperará más allá de la comisión dominada por el Frente de Todos, pero habrá espectáculo. Los diputados quieren que declaren los cuatro supremos. Pidieron además la presencia de Silvio Robles, secretario privado del presidente de la Corte, y del jefe de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, ahora de licencia. La Comisión les pedirá que expliquen por qué en unos chats filtrados a la prensa Robles adelanta al funcionario de la ciudad la decisión de su jefe respecto al diferendo por los fondos. El Gobierno intentará demostrar que los mensajes son evidencia de la connivencia entre la Justicia y la oposición. En cualquier caso, lo que resta de enero y febrero será de mucha actividad política, mientras buena parte de los argentinos están de vacaciones. En marzo, el país ya estará lanzado de lleno en la campaña por la sucesión presidencial. Fuente: El País

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Maduro se enfrenta a un nuevo pico de protestas por los bajos sueldos en Venezuela

Internacionales / streaming streaming / 16/01/2023

Miles de trabajadores toman las calles de varias ciudades del país y convocan nuevas movilizaciones por la pérdida de poder adquisitivo. Algunas corrientes aliadas del chavismo participan en las marchas 2023 no comenzó para Nicolás Maduro con las buenas expectativas de 2022. Hace un año se vislumbraba el fin de la hiperinflación y un repunte de la producción petrolera. Hoy la sombra hiperinflacionaria ha vuelto a aparecer y la meta de llegar a un millón de barriles diarios, muy por debajo incluso de lo que alguna vez produjo Venezuela, se quedó entre los asuntos pendientes. En la conversación cotidiana el aumento de precios genera preocupación entre los venezolanos y asombro entre los que volvieron para pasar las fiestas con sus familias después de haber emigrado del que ahora es uno de los países más caros de la región. Enero comenzó con una oleada de manifestaciones de sectores de la administración estatal por los sueldos y la crisis económica. Venezuela cerró el año 2022, de acuerdo a cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, con una inflación anualizada de 305,7%, la más alta de la región y del mundo, mientras el bolívar se devaluó un 73% frente al dólar que ya domina casi toda la economía, aunque de manera informal. El salario mínimo fue fijado en marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales (que equivalen hoy a unos siete dólares), por lo que se necesitan más de 50 sueldos mínimos para cubrir la canasta alimentaria que está cerca de los 400 dólares. Esto es lo que perciben gran parte de los trabajadores públicos y más 5,3 millones de pensionistas y jubilados. “Nos han dado un golpe en el bolsillo y en el estómago. Tiene que haber un salario mínimo, una pensión y un sueldo que rescate el poder adquisitivo de la masa laboral. Solo así entendemos que puede haber una recuperación económica”, dice con preocupación Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, que a los 76 años, después de dedicar su vida a la administración pública, no tiene cómo costear los exámenes para operarse una catarata que ha aparecido en uno de sus ojos. Desde el pasado lunes, miles de trabajadores, profesionales, obreros y técnicos, vinculados al magisterio, al sector salud, a los sectores siderúrgicos y metalmecánico, a la administración pública, a las universidades autónomas y también los pensionistas y jubilados se han manifestado simultáneamente en todo el país para demandar la dolarización de sus ingresos y el adecentamiento de sus condiciones de trabajo. La respuesta de los agremiados a las convocatorias ha sorprendido a sus propios organizadores, en un momento político particularmente indiferente luego del debilitamiento de la presión opositora. Para este lunes está convocada una nueva jornada nacional de movilización, y otra una más ambiciosa para el 23 de enero, una fecha de enorme valor simbólico en la política venezolana, en la cual quedó derrocada la última dictadura militar en Venezuela en 1958 para ser instaurado un régimen democrático y consultivo en el país. Fecha que el chavismo también celebra y reivindica como propia. “En manifestaciones de protesta donde antes acudían unas 50 personas como mucho, ahora se están presentando hasta 900″, afirma Víctor Márquez, dirigente gremial y miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. “El magisterio se ha incorporado a las protestas, así como el sector de la salud, que antes solo convocaban las universidades. Ha carburado un malestar que existe y se ha generalizado”. El ingreso mensual de los maestros está entre los 20 y 24 dólares. El regreso a clases este enero ha estado marcado por las protestas e inasistencia de los docentes. Hace unos días un enfurecido grupo de manifestantes salió de la Universidad Central de Venezuela y bloqueó la principal autopista de Caracas exigiendo salarios dignos. Algunos sectores de la izquierda, tradicionales aliados del chavismo, como el Partido Comunista de Venezuela, están convocando y participando en las protestas, que hasta el momento han sido pacíficas. El economista José Guerra destaca que durante 2022, incluso con las sanciones, el Gobierno duplicó sus ingresos por el aumento del precio del petróleo tras la guerra de Rusia en Ucrania y un leve aumento de la producción petrolera hasta unos 700.000 barriles diarios, luego de llegar a sus mínimos históricos en 2021. Aun así, Maduro maniobra con una economía que no termina de despuntar y que ha experimentado una recuperación artificial, especialmente en el sector comercial, apalancado de las importaciones, que tiene poca tracción hacia el resto. La recuperación petrolera tiene una ventana de oportunidad con las licencias otorgadas por Estados Unidos a Chevron y una posible apertura de licencias a otras compañías, pero que tendrán que revertir años de desinversión, corrupción y malos manejos de la industria. “Está claro que el país no se ha curado de la hiperinflación. Tener una inflación por encima del 25% durante tres meses seguidos te pone en ese camino de nuevo. Y eso que no ha habido un aumento salarial todavía. Lo que está haciendo el Gobierno es un ajuste fiscal muy sesgado en contra del trabajador”. La molestia en los sectores laborales del país por sus ínfimos ingresos llevaron a una serie de desencuentros en los últimos meses. El chavismo ha sustituido el salario por pequeñas bonificaciones unilaterales que asigna a través del carnet de la patria, como la que este domingo recibieron los docentes por el Día del Maestro en la víspera de la gran protesta convocada para este lunes. Los desacuerdos con el denominado “instructivo Onapre”, que colocaba límites a los aumentos salariales, en julio del año pasado, irritaron más a la dirigencia sindical del sector público, que argumenta que el Ejecutivo viola convenciones colectivas. Seis dirigentes sindicales permanecen detenidos luego de las protestas de entonces, acusados de conspiración y asociación para delinquir. El propio Nicolás Maduro se ha disculpado con los trabajadores y ha declarado que la masa laboral del país debe comprender “los efectos del bloqueo y la guerra económica

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Lula y su Gobierno proyectan normalidad en la resaca del asalto a la democracia

Internacionales / streaming streaming / 11/01/2023

El presidente despacha con varios ministros mientras los equipos de limpieza trabajan a fondo y se evalúan los daños. El presidente de Brasil quiere que la resaca del brutal ataque perpetrado el domingo por bolsonaristas contra los poderes institucionales no distraiga a su Gobierno de la misión que le encomendó el electorado. Luiz Inácio Lula da Silva dedicó este martes, décimo día de su mandato, a despachar con varios ministros en la sede de la Presidencia, donde los daños aún son evidentes. “Bom dia. Trabajando en el palacio de Planalto”, ha tuiteado el mandatario que pretende embarcarse ya a todo vapor en elaborar “medidas de reconstrucción del país”. En paralelo, los jueces y la policía se ocupan de los detenidos por participar en la invasión mientras investigan quién más está tras el ataque. El mensaje que el mandatario ha querido enviar este martes venía a ser “volvemos al trabajo, que este Gobierno tiene una tarea ingente por delante. Además de la crisis institucional abierta por el asalto y del desgaste que supone la polarización, están otros asuntos urgentes para millones de brasileños: el hambre, la miseria, el desempleo, las deudas de las familias…’. Lula quiere que su Gabinete no se obsesione con las dificultades en el horizonte y que se centre en ofrecer resultados tangibles cuanto antes. Ganó por la mínima y sabe que le miran con lupa. Entre sus primeras citas de este martes, las que ha mantenido con la ministra de Salud, Nisia Trindade, de 64 años, y con el de Educación, el exgobernador Camilo Santana, de 55. Titulares ambos, según ha destacado Lula, de sendas áreas “destruidas y negligenciadas en los últimos años”. Inmediatamente ha anunciado el aumento de las meriendas escolares —cruciales para niños en hogares donde falta comida— y la reanudación de las campañas de vacunación. Lula, durante una reunión con gobernadores, este lunes en el palacio de Planalto, en Brasília.ANDRÉ BORGES (EFE) Mientras el jefe del Estado recibía a los ministros, los equipos de limpieza se afanaban en los edificios atacados por hordas de bolsonaristas. Buena parte de la fachada acristalada de la planta baja del palacio de Planalto ha desaparecido, así como la galería con las imágenes de todos los presidentes. Las señoras de la limpieza pasaban esta mañana la escoba mientras las cámaras hacían guardia a la espera de algún ministro o el presidente. El lunes por la noche el mandatario brasileño conversó con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y le confirmó que viajará a Washington a principios de febrero. Es decir, después de visitar Buenos Aires y antes de ir a Pekín. Las llamadas de solidaridad y apoyo al Gobierno salido de las urnas y a las instituciones se suceden. Este martes el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha transmitido por teléfono al ministro de Exteriores, Mauro Vieira, la plena confianza de las instituciones europeas hacia la fortaleza de las instituciones brasileñas y el deseo de reactivar plenamente la alianza estratégica. Si el mensaje del martes era normalidad; el del lunes fue, unidad tras el ataque más grave sufrido por la democracia brasileña en casi cuatro décadas, desde la redemocratización. Lula dedicó la jornada completa a proyectar una imagen de institucionalidad republicana. Para ello, recibió a los jefes del Poder Judicial, del Legislativo, a los jefes de las Fuerzas Armadas y a los 27 gobernadores. Entre los presentes, también estaban los que son más estrechos aliados del expresidente Bolsonaro, los gobernadores de São Paulo, Paraná y Minas Gerais. En su discurso, el mandatario les dijo: “En nombre de la defensa de la democracia no vamos a ser autoritarios con nadie, pero tampoco vamos a ser, como diría yo, tibios. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió (…) Y lo vamos a descubrir porque fue muy difícil para ustedes y para mí conquistar la democracia en este país”. Concluida la reunión, Lula invitó a los representantes de los poderes político y judicial a dar un corto pero simbólico paseo. Juntos cruzaron la plaza de los Tres Poderes desde la sede de la Presidencia hasta la sede del Supremo. Fuente: El País

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La polémica por los indultos en Chile fuerza la dimisión de la ministra de Justicia y del jefe de Gabinete de Boric

Internacionales / streaming streaming / 07/01/2023

La oposición exigía la renuncia de Marcela Ríos, quien llevaba solo 10 meses en el cargo, después de que el presidente Boric concediera en diciembre el perdón a 13 personas Marcela Ríos, la ministra de Justicia de Chile, ha abandonado el Gabinete de Gabriel Boric la tarde de este sábado. La politóloga estaba por cumplir 10 meses en el cargo, pero su salida llega en un momento complejo para La Moneda. El mandatario anunció el 30 de diciembre los indultos de 13 personas condenadas por los estallidos sociales de 2019. La decisión fue cuestionado por distintos sectores por el momento, las justificaciones del mandatario y la falta de prolijidad en el proceso. La oposición iba a presentar el lunes en el Congreso una acusación constitucional que buscaba la dimisión de Ríos, lo que empujó a Boric a pedirle la renuncia antes de que la iniciativa se concretara. El abogado Luis Cordero tomará desde el lunes el testigo dejado por Ríos. La salida de la ministra no ha sido la única consecuencia del proceso de indultos. La Moneda ha informado este sábado de la renuncia del jefe de Gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, uno de los principales hombres de confianza del mandatario de izquierdas, y quien habría jugado un papel importante en las libertades concedidas. El propio presidente explicó la salida de Ríos “debido a que hubo desprolijidades” en la ejecución del proceso. “Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades”, agregó el presidente ante la prensa. Este no ha sido el único problema enfrentado por Ríos, quien milita en el mismo partido del presidente Boric, Convergencia Social. Hace tres meses que Chile no tiene fiscal nacional por los problemas del Gobierno para que sus candidatos sean ratificados por el Senado. Esta negociación es usualmente protagonizada por el Ministerio de Justicia y otras carteras. Este es un nuevo ajuste del equipo de La Moncloa. En septiembre, luego del plebiscito, Boric cambió piezas centrales de su Gabinete. El 25 de agosto también se produjo la salida de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, por los contactos no autorizados con uno de los líderes radicales mapuche, Héctor Llaitul. El mandatario de izquierdas liberó en diciembre a 12 detenidos en el marco de las protestas sociales. Esta fue una de sus promesas de la campaña presidencial, que después se vio obligado a matizar en la segunda vuelta que lo enfrentó al ultraderechista José Antonio Kast. Boric indultó, además, a un hombre condenado a 16 años de prisión por el asalto a un banco Santander en 2013. El sujeto, Jorge Mateluna, había formado parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización que tomó las armas en la dictadura. Aunque el perdón es una facultad permitida al presidente, por razones humanitarias y para garantizar la paz social, la decisión le ha generado problemas a su Administración y ha marcado el arranque político de 2023. El opositor Renovación Nacional ha denunciado los hechos por prevaricación. “Espero que sea un tema que demos por zanjado y que pasemos la página”, pidió Boric el jueves desde el sur de Chile. Pero nuevos antecedentes sobre los indultados, dados a conocer en las últimas horas, han mantenido el tema en la primera línea de la agenda. La cadena televisiva Canal 13 emitió un reportaje que informó el largo prontuario de uno de los indultados, Luis Castillo Opazo, quien cumplirá el domingo los 35 años en libertad. De acuerdo con la investigación, fue detenido el 11 de mayo de 2020 en Illapel, una ciudad del norte del país, después de que la Fiscalía de Atacama acumulara 250 horas de grabaciones obtenidas en el marco de las protestas que lo involucraban en diversos delitos: desórdenes, daños, maltrato de obra a Carabineros, robo. Las imágenes muestran a manifestantes pacíficos enfrentarse con Castillo, quien participó en un asalto al Registro Civil de Copiapó, la oficina donde se emiten los DNI, pasaportes y otros documentos. También saqueó una automotora. De acuerdo a los fiscales, Castillo no solo confesó su participación en los hechos, sino que colaboró con los investigadores. La Justicia lo condenó a cuatro años de cárcel por siete delitos. Mientras cumplía su condena, Castillo fue sancionado varias veces por almacenar armas blancas en su celda y por tener móviles y acceso a Internet. Enviaba mensajes al exterior: “Todavía no hemos ganado nada, compañeros. No suelten las calles, sean valientes, compañeros míos. Ganemos las batallas que estamos llevando, compañeros”, decía Castillo en sus videos. Se definía a sí mismo como preso político y rodriguista (del FPMR). Tenía en sus antecedentes una larga lista de delitos comunes, anteriores al estallido social de 2019. Sumaba 26 causas judiciales abiertas antes de ser detenido por las protestas. De acuerdo al reportaje, entre 2005 y 2017 había sido condenado cinco veces por hurto simple, hurto simple frustrado, lesiones menos graves, robo con violencia y robo por sorpresa. La mayor de sus condenas fue de 10 años de cárcel y Gendarmería incluso registró un intento de fuga. “Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Tenemos que sanar estas heridas. Vivimos un proceso tremendamente complejo. Estos son jóvenes que no son delincuentes”, dijo Boric antes, cuando justificó su decisión ante la opinión pública. Al salir de la cárcel, Castillo grabó un mensaje en video: “Donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber rebelión. Porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos”. La afirmación de Boric de que se trataba de jóvenes que no eran delincuentes se cayó como un castillo de naipes. La Gendarmería advirtió a mediados de diciembre que Castillo tenía “un alto compromiso delictual”, aunque se le concedió el beneficio. Lo mismo sucedió con un segundo liberado. Los decretos de liberación demuestran que el Gobierno conocía de la reincidencia en al menos cinco casos. Ambos asuntos dependen del ministerio de Justicia que lideraba Ríos. El día que se hicieron públicos los indultos, La Moneda informó primero de 10 presos beneficiados, entre los

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Maduro y Petro se reúnen por sorpresa después del malentendido con el alto al fuego del ELN

Internacionales / streaming streaming / 07/01/2023

Los presidentes almorzarán en Caracas para hablar del proceso de paz Nicolás Maduro y Gustavo Petro se van a reunir este sábado por sorpresa después del malentendido con el ELN sobre el alto al fuego. Los presidentes de Venezuela y Colombia almorzarán en Caracas, en el Palacio de Miraflores, a las dos de la tarde. Sobre la mesa hay temas como el control de la frontera, la discusión de la inclusión de Venezuela en el sistema interamericano de derechos humanos, la fecha de las elecciones presidenciales, pero el asunto principal será el proceso de paz con la guerrilla, cuyo primer ciclo de conversaciones se celebró en Caracas. El futuro de esa negociación está en juego. Petro necesita un golpe de mano después de empezar el año con un movimiento en falso. El último día de 2022 anunció la tregua con el ELN, pero tres días después los dirigentes de la guerrilla le rectificaron: en realidad no habían llegado a ningún pacto. Los propios negociadores de Petro explicaron que el asunto todavía se estaba discutiendo y que el presidente se había precipitado. Su viaje a Caracas debe servir para revertir esta situación e impulsar el proceso que, en teoría, va a continuar en México. El presidente colombiano viaja acompañado del canciller Álvaro Leyva, de la jefa de Gabinete Laura Sarabia, el embajador colombiano en Washington, Luis Gilberto Murillo, y del ministro de Comercio, Germán Umaña. Allí les espera el embajador en Caracas, Armando Benedetti. Petro se verá con un Maduro más afianzado que nunca en la escena internacional, en medio de un proceso de apertura política y con la oposición viviendo una nueva crisis política. Hace 24 horas nombró un nuevo canciller y un nuevo presidente de PDVSA, dos puestos clave de su Gobierno. Maduro y Petro se encontraron por primera vez el 1 de noviembre del año pasado. El colombiano ha hecho todo lo posible por normalizar las relaciones con Venezuela después de cuatro años anteriores de tensión con los presidentes colombianos que le antecedieron. A cambio, ha insistido en que el chavismo regresara a la mesa de negociación con la oposición en México —de ahí tiene que salir una fecha y la garantía de que se van a celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas libres— y considera prioritario que regrese a los organismos regionales, principalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cara a cara, Petro le habló a Maduro de la necesidad de fortalecer las democracias liberales en Latinoamérica. Gente cercana a Maduro criticó después en redes sociales la injerencia de Petro por su referencia velada a la política interna venezolana. Los países también están impulsando nuevos acuerdos energéticos. Como adelantó este periódico ayer, Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana, ha pedido permiso la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), conocida como la lista Clinton, para hacer negocios con PDVSA. Pide una licencia parecida a la que obtuvo Chevron con la que poder operar sin ser sancionada por Washington. El encuentro de Petro con Maduro se produce después de que se reuniera hace unos días con Lula, horas después de su toma de posesión como presidente de Brasil, y dos días antes de que se encuentre con Gabriel Boric en Chile. El presidente colombiano ha tratado de impulsar su capacidad de influencia y liderazgo en la región. Fuente: El País

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La tensión entre Boric y la Corte Suprema chilena escala tras los indultos presidenciales

Internacionales / streaming streaming / 03/01/2023

El mandatario aseguró que está convencido de la inocencia de uno de los 13 perdonados y los jueces le recuerdan que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales” La Corte Suprema chilena se reunió este martes en un pleno extraordinario y decidió responder al presidente, que ayer, desde el cambio de mando de Brasil, justificó uno de los 13 indultos que decretó el viernes, a un condenado por el caso del robo al banco Santander en 2013, Jorge Mateluna. “Atendidas las expresiones efectuadas por el presidente de la República, reproducidas en algunos medios de comunicación los días 1° y 2 de enero, en que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial afinado (caso Mateluna), la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece: ‘La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”, han indicado los jueces del máximo tribunal de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema no han valorado la decisión del presidente de indultar a estas 13 personas condenadas, sino sus comentarios sobre las actuaciones de la Justicia en la justificación sobre el indulto a Mateluna, que fue integrante del FPMR (una organización de izquierda que buscaba por la vía armada derrotar a Augusto Pinochet, que se que fue extinguiendo con la democracia y solo algunos de sus agentes siguieron operativos con el pasar del tiempo). “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia”, opinó Boric. “Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”, agregó desde Brasilia. La Suprema, que arrastra una molestia con el Gobierno por la forma en que ha llevado la fallida nominación del fiscal nacional –Chile lleva tres meses sin la máxima autoridad de esta institución en plena crisis de seguridad pública–, ha añadido que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Boric aseguró este lunes desde Brasil que el indulto a Mateluna no se justificó en una opinión personal, sino en la apreciación de varios conocidos juristas, como Davor Harasic, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Junto con los problemas de injerencia en otro poder del Estado, una de las críticas que se formulan con respecto a las palabras del presidente apuntan a que Harasic representó a Mateluna ante los tribunales superiores a través de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile y que, con la convicción de su inocencia y de lo mal que se habían ponderado las pruebas existentes en el expediente, presentó una acción de revisión ante la Corte Suprema que fue desestimada en 2018. De acuerdo a los críticos, el presidente con sus palabras concede mayor importancia a las opiniones de los defensores del condenado antes que a las resoluciones de los máximos tribunales. La ministra del Interior, la socialista Carolina Tohá, ha intentado poner paños fríos al conflicto. “El presidente tiene un compromiso absoluto con la independencia del Poder Judicial y nunca ha puesto en discusión el ejercicio que hace de sus atribuciones ni la validez del proceso que dio a lugar a las condenas de todas las personas que fueron indultadas”, aseguró la principal ministra del Gabinete, que se refirió justamente a los puntos que se le acusan al presidente. En un intento por calmar las aguas, Tohá aseguró, por lo tanto, que las declaraciones de la Corte Suprema “son recibidas como una opinión con la que el Gobierno no tiene disidencia alguna, descartando que Boric haya intentado ejercer funciones judiciales. Luego, fue el propio mandatario el que leyó una declaración desde La Moneda, donde indicó que comparte “plenamente” el recordatorio que realizó la Corte Suprema y que sería “mala noticia” para el país que él iniciara una disputa con el Poder Judicial. Las palabras de Boric han provocado adicionalmente la reacción de la Fiscalía, que recordó este martes que en junio de 2013 tuvo en sus manos “la investigación de un delito de robo con intimidación, homicidio frustrado contra personal de Carabineros en servicio, porte y tenencia de armamento de guerra, porte de arma de fuego prohibida, porte ilegal de arma de fuego común y receptación”. De acuerdo a la información recordada por los fiscales, Mateluna fue detenido “en flagrancia” por estos hechos y la investigación demostró su participación “en calidad de autor”, “lo que fue refrendado en todas las instancias judiciales” en forma unánime, incluida la Corte Suprema. Facultad del presidente En Chile existe la facultad del presidente de indultar a personas condenadas por la Justicia, pero lo que se critica es el fundamento de su decisión. El Gobierno ha dicho que se optó por indultar a estas 13 personas haciendo uso de esta atribución presidencial –como lo han hecho todos los mandatarios anteriores–, porque se trata de “un grupo históricamente vulnerado en sus derechos, especialmente los sociales, económicos y culturales”, con lo que se ha abierto una discusión profunda sobre esta razón como motivador de los delitos. Los críticos hablan de que al Gobierno lo movieron las razones políticas, mientras que parte del oficialismo explica que se trata de una promesa de la campaña presidencial. El Gobierno intentó indultar a los presos del estallido de 2019 a través de un proyecto de ley en el Parlamento, lo que no prosperó. La decisión dada a conocer el viernes hizo fracasar las negociaciones que llevaba adelante la ministra Tohá para llegar a un acuerdo político transversal en materia de seguridad, la mayor urgencia que vive Chile y la principal prioridad de la ciudadanía.

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El ELN desmiente un cese al fuego bilateral y Petro evalúa acciones militares

Nacionales / streaming streaming / 03/01/2023

El Ejecutivo convoca a una reunión extraordinaria para sopesar operaciones contra la guerrilla El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia, ha desmentido al presidente, Gustavo Petro, que el 31 de diciembre aseguró que los rebeldes harían parte de los cinco grupos armados con los que había acordado un cese al fuego bilateral. “La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por lo tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia”, señaló el grupo subversivo en un comunicado conocido este martes. El mandatario ha convocado esta misma mañana a una reunión extraordinaria con el alto comisionado para la Paz y los ministros del Interior y de Defensa para evaluar y tomar acciones, entre las que se contempla derogar el decreto y retomar acciones militares contra esa guerrilla, según conoció EL PAÍS. El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, Otty Patiño, había guardado silencio tras el anuncio de Petro. Este martes, después de que la guerrilla desmintió al Gobierno, publicó un comunicado en el que reconoció que el cese el fuego bilateral es una “intención”, que se espera discutir en la próxima ronda de negociaciones. “Esta propuesta de cese al fuego es un primer paso para un nuevo entendimiento y un nuevo futuro”, aseguró. El ELN había declarado previamente una tregua navideña, que expiró el 2 de enero. Petro, en su anuncio del sábado, aseguró que las treguas bilaterales se extenderían por seis meses, prorrogables según las negociaciones con cada uno de los grupos armados. Cada una tiene su propio decreto. Pero la guerrilla ha dicho que solo cumplirá lo que se discuta y acuerde en la mesa de diálogos que ya está en marcha con el Gobierno, que cumplió su primera ronda de conversaciones en Caracas. “En el pasado ciclo de diálogos realizado en Venezuela que culminó el 12 de diciembre pasado solo se acordó lo que se anunció referido a la institucionalización de la mesa y se inició a realizar ajustes a la agenda que fueron llevados a consultas, tanto al presidente como al comando central”, afirman los rebeldes en el comunicado de esta semana. La guerrilla ha anunciado que solo cuando se cumpla la segunda ronda, que empezará este mes en México en una fecha por definir, estarán dispuestos a discutir la propuesta de cese el fuego. “Entendemos el decreto del Gobierno como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo”, concluye el grupo guerrillero. Desde el inicio de los diálogos con el ELN persiste la duda de si algunos frentes de la guerrilla que operan con un grado importante de independencia acatarán las decisiones que tome la cúpula negociadora. La justicia colombiana ha detectado en el interior del ELN seis grupos de combatientes dedicados al narcotráfico y la minería ilegal que no suelen cumplir los altos al fuego y no tienen interés en un proceso de negociación y un desarme. En el mapa nacional de riesgos por la presencia del ELN en Colombia que presentó la Defensoría del Pueblo a finales del año pasado, la última guerrilla activa en el país “tiene presencia, hace tránsito o intermitencia” en 22 de los 32 departamentos, principalmente en Norte de Santander –donde se encuentra la región del Catatumbo, fronterizo con Venezuela–, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En Arauca mantiene una guerra con las disidencias de las extintas FARC que se apartaron del proceso de paz –que en más de una ocasión se ha desbordado a Venezuela– y en el Chocó con el Clan del Golfo. Al filo del Año Nuevo, Petro anunció en su cuenta de Twitter un acuerdo para el cese al fuego bilateral por seis meses con cinco grupos armados. Además del ELN, se refirió a la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, las dos principales disidencias de las FARC; al Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia; y a las Autodefensas de la Sierra Nevada. “Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional”, aseguró el mandatario. Hasta ahora, solo se ha instalado una mesa formal de negociaciones con el ELN, que retoma el proceso que se inició con Juan Manuel Santos (2010-2018) y se suspendió con Iván Duque (2018-2022). Sin llegar a concretar el esperado alto al fuego bilateral, las delegaciones cerraron el primer ciclo el 12 de diciembre en el hotel Humbolt de Caracas con el anuncio de un acuerdo parcial sobre “acciones y dinámicas humanitarias” en dos regiones puntuales a partir de enero de 2023: el Bajo Calima, en el departamento del Valle del Cauca, y el Medio San Juan, en el Chocó, ambas sobre el corredor del Pacífico, en el occidente del país. También reconocieron la grave situación que se vive en las cárceles y acordaron la “atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos” de la guerrilla. El ELN ha declarado en varias ocasiones treguas unilaterales como la de fin de año, entre otras en mayo para las elecciones presidenciales, pero solo en una ocasión ha llegado a acuerdos bilaterales. El proceso que comenzó al final del Gobierno de Santos acordó en su momento un cese al fuego “bilateral, temporal y nacional” que duró 101 días. Ese acuerdo parcial, alcanzado en septiembre de 2017, fue el primer documento jamás firmado por el ELN con el Estado en más de medio siglo de conflicto armado, a pesar de que se ha sentado a negociar con casi todos los gobiernos desde los años 80. “Ese cese bilateral de fuegos coincidió con la visita del Papa Francisco a Colombia y se cumplió bien, de lado y lado, como lo certificó las Naciones Unidas, que eran los veedores”, dijo a EL PAÍS Juan Camilo Restrepo, quien fue en ese entonces el jefe negociador del Gobierno de Santos. Las disidencias de las FARC aceptan la tregua anunciada por el Gobierno La Segunda Marquetalia y el Estado

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Lula espera que las protestas golpistas se deshagan voluntariamente pero no descarta tomar medidas

Internacionales / streaming streaming / 29/12/2022

La detención de un bolsonarista tras un atentado fallido lleva a las autoridades a reforzar el despliegue de seguridad y vetar las armas en Brasilia Luiz Inácio Lula da Silva quiere darse el primer paseo como presidente de Brasil, el domingo, Año Nuevo, en un Rolls Royce descapotable, como hizo su predecesor. Pero su equipo de seguridad no descarta que deba recurrir a un coche cerrado y blindado para evitar cualquier riesgo. La decisión final dependerá de cómo evolucione la situación. Un atentado fallido con bomba que pretendía causar el caos en Brasilia para impedir el traspaso de poder y la detención, como principal sospechoso de organizarlo, de un bolsonarista vinculado a las protestas golpistas sumado a unos actos de vandalismo días antes hicieron saltar todas las alarmas. El presidente electo espera que los que siguen acampados ante cuarteles pidiendo una intervención militar se vayan voluntariamente a sus casas antes de Año Nuevo, pero no descarta el uso de la fuerza. Este jueves la policía ha emprendido una operación contra los sospechosos de intentar asaltar la sede de la poliicía, quemar coches y autobuses en Brasilia el día 12 después de la ceremonia en la que Lula fue declarado apto para convertirse en presidente de la república. Al menos dos personas han sido detenidas. El plan es que el líder de la izquierda brasileña inicie su tercer mandato el día de Año Nuevo con una multitudinaria fiesta en el corazón de la política brasileña y bien arropado por la comunidad internacional. Se espera a unas 300.000 personas además de una veintena de jefes de Estado y otros representantes extranjeros. Las medidas de seguridad para la ceremonia se han reforzado. Las autoridades pretenden movilizar al 100% de los agentes de policía de Brasilia. Y el Tribunal Supremo ha aceptado la petición del equipo de Lula de que vete las armas de las calles de la capital con motivo del evento. Pero las concentraciones de bolsonaristas que quieren un golpe de Estado persisten. Menguadas y radicalizadas en diversas ciudades. Varios calendarios artesanales —”59 días de resistencia”— recordaban este miércoles en el campamento levantado ante el Cuartel general del Ejército en São Paulo que han pasado casi dos meses desde las elecciones. Lula consiguió una apretada victoria frente a Jair Bolsonaro. Si los primeros días se apretaron en esta calle miles y miles de personas, ahora suman un centenar a lo sumo, pero han levantado casetas y, en vista de lo que dice Julieta, de 40 años, no tienen ninguna intención de abandonar la protesta. “Si hay que morir por Brasil, estoy dispuesta a dar mi vida”, proclama antes de pronosticar que “la probabilidad de enfrentamiento es grande”. Viste una camiseta verde oliva con cuatro números: 1964 (el año del último golpe militar) y usa ese seudónimo porque no quiere revelar su identidad. Asegura que tiene planes de viajar a Brasilia para unirse al campamento de la capital, principal símbolo de los bolsonaristas que aún creen que les robaron las elecciones. La sistemática campaña del presidente contra la credibilidad de las urnas, las encuestas y las autoridades electorales ha calado hondo entre sus seguidores. Bolsonaro recurrió el resultado pero su apelación fue rechazada de plano y acusado de actuar de mala fe. Para el equipo de Lula, es prioritario desactivar la protesta de Brasilia porque se ubica a 10 kilómetros del corazón político de Brasil, donde Lula recibirá la faja presidencial aunque aún se desconoce quién se la impondrá. Nadie espera que lo haga Bolsonaro, que ni siquiera ha reconocido el triunfo del líder izquierdista. “No serán pequeños grupos extremistas quienes coloquen a la democracia brasileña contra la pared”, advirtió este martes el futuro ministro de Justicia, el antiguo juez y gobernador Flávio Dino. “Cuando más pactada sea la desmovilización de los campamentos, mejor. Esta es la posición del presidente Lula en este momento. Por supuesto, si eso no ocurre, se tomarán medidas. Pero en un segundo momento”, explicó en una comparecencia. A su lado, el próximo ministro de Defensa, José Múcio, pidió a Dios que la protesta se deshaga por las buenas. El propio Múcio explicó muy gráficamente hasta qué punto la trama descubierta en Nochebuena supone un salto cualitativo. “Cuando un ciudadano pone una bomba debajo de un camión de queroseno que está entrando en un aeropuerto y que podría volar un avión con 200 personas, entramos en el terreno del terrorismo”. Ésa es precisamente la acusación que pesa contra el principal sospechoso, George Washington de Oliveira Sousa, de 54 años. Durante los interrogatorios policiales, este gerente de una gasolinera en el Estado de Pará explicó el motivo de su viaje a la capital a mediados de diciembre: “Viajé a Brasilia para unirme a las protestas frente del cuartel militar, y esperar a que las Fuerzas Armadas me autorizaran a tomar las armas y destruir el comunismo”, dijo, según Reuters. El cuartel al que se refiere es la sede principal del Ejército. La policía localizó también varias armas en el piso que tenía alquilado. Julieta, la bolsonarista de São Paulo, está convencida de que la versión oficial de la policía es falsa y sostiene que el detenido es en realidad un simpatizante del partido de Lula da Silva, el de los Trabajadores. Poco le importa que esa falsedad, que circula por redes, haya sido desmentida por las agencias de chequeo. Prácticamente de un día para otro, el terrorismo se ha convertido en Brasil en una preocupación local. Este era un país donde una mochila sin dueño en plena calle no hacía saltar ninguna alarma. Ya no. Este martes una desató un notable despliegue policial que quedó en un susto. Pero lo que era un temor abstracto se ha convertido en una preocupación tangible al descubrirse la trama de la bomba. Como dijo el jefe de la policía de Brasilia, “Bombas, eso es una cosa que nunca existió en Brasil. Y no lo vamos a permitir”. Los bolsonaristas más radicales quisieran que el presidente saliente reaccionara al estilo Donald Trump. Siguen esperando a que Bolsonaro abandone el silencio en el que se

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Cristina Kirchner se declara víctima de una proscripción

Internacionales / streaming streaming / 28/12/2022

En su primer discurso desde que fuera condenada por corrupción, la vicepresidenta de Argentina dijo que su decisión de no ser candidata en 2023 no fue “un renunciamiento ni una autoexclusión” “Ni renunciamiento ni autoexclusión, acá hay proscripción”, dijo Cristina Fernández de Kirchner en su primera aparición pública desde que fuera condenada por corrupción el 6 de diciembre pasado. Aquel día, minutos después de la lectura del fallo, la vicepresidenta de Argentina se bajó de la carrera presidencial en 2023. “No voy a ser candidata a nada”, dijo entonces, y se consideró víctima de una “mafia judicial” que buscaba sacarla de la política. Este martes, ante cientos de personas reunidas en la inauguración de un centro deportivo a las afueras de Buenos Aires, dijo que lo suyo no fue un renunciamiento voluntario. “El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón [a ser candidata a vicepresidenta, en 1951], y acá tampoco hay autoexclusión. Hay proscripción”, insistió Kirchner. Cristina Kirchner pateó el tablero hace tres semanas. Sin ella como candidata, el peronismo se enfrascó en una carrera sin rumbo para encontrar un nombre que lograse unificar las múltiples corrientes internas que lo atraviesan. El presidente, Alberto Fernández, incluso jugó con la posibilidad de la reelección, pese a que su popularidad está por los suelos y la crisis económica arrecia. Lo de este martes fue parte del libreto con el que el kirchnerismo acompañó el juicio contra la expresidenta. Según su lectura, los jueces han creado en complicidad con la oposición un “partido judicial” cuyo objetivo es encarcelar a líderes populares como Cristina Kirchner. La estrategia, sostienen, es incluso regional; basta como ejemplo los más de 500 días que Luiz Inácio Lula da Silva estuvo preso a instancias del juez Sergio Moro, luego ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Esta vez, sin embargo, el mitin kirchnerista sumó un elemento nuevo: en la previa del discurso de la vicepresidenta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió que reconsidere su decisión de no ser candidata. “Te necesitamos”, le dijo, en el inicio de lo que sin duda será, a partir de ahora, un operativo clamor por el regreso. Kirchner, de hecho, habló con tono de campaña. Y concentró sus ataques en el Poder Judicial. “Lo que hicieron fue armar un juicio con denuncias, con una cronología electoral casi quirúrgica. Luego de un juicio armado de tres años, decidieron que el juicio oral en que me iban a sentar en el banquillo de acusados era el 21 de mayo de 2019. Quince días exactos antes de que cerraran los plazos para armar los frentes electorales donde se disputaría la Presidencia. Tres días antes yo desarticulé esa maniobra cuando anuncié que íbamos a un frente con quien hoy es presidente. Aquella fue una clara maniobra proscriptiva”, dijo. Para Kirchner, su condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos fue la consumación de la estrategia. En la práctica, la vicepresidenta no está impedida de ser candidata hasta tanto el fallo judicial quede firme ante la Corte Suprema, un largo periplo que puede demorar hasta ocho años. Pero la vicepresidenta jugó la carta de la proscripción, una figura muy cara al peronismo. Tras el golpe de 1955, Juan Domingo Perón se exilió en España y no pudo regresar a Argentina hasta 1973. El “Perón vuelve” fue el grito de batalla del peronismo durante aquellos años de prohibición militar. Kirchner se coloca a la altura de aquella gesta del movimiento. Pero a diferencia de Perón, que a su regreso ganó las elecciones con comodidad, no está tan clara la suerte electoral de la vicepresidenta. Argentina cerrará este año con una inflación por encima del 90% y una crisis económica que tiene al país al borde del abismo. El éxtasis mundialista apenas sirvió para patear los problemas para adelante. El Gobierno, mientras tanto, ya está enfrascado en una nueva guerra abierta contra la Corte Suprema y la oposición. La semana pasada, los supremos ordenaron a la Casa Rosada que suba del 2,32% al 2,95% la porción de fondos federales que recibe la ciudad de Buenos Aires, bastión del macrismo. Se inició así una crisis institucional sin precedentes en democracia, que arrancó en 2016 cuando el presidente Mauricio Macri aumentó por decreto las partidas de la capital del 1,40% del total al 3,75%. Fue una decisión política para aupar a Horacio Rodríguez Larreta, su delfín político y sucesor al frente de la alcaldía porteña. Rodríguez Larreta llevó al Gobierno ante la Corte cuando el presidente, Alberto Fernández, bajó el porcentaje de la torta al 2,32%. Arropado por 14 gobernadores, Fernández anunció entonces que no acataría el fallo de la Corte. Esta semana ya había dado marcha atrás, a medias: dijo que pagaría, pero con bonos del Tesoro. Rodríguez Larreta volvió a la carga ante la Corte. Y Cristina Kirchner se metió en medio. “Estamos ante un hecho ajurídico, como su hubiera desaparecido el Estado de derecho”, dijo, y llamó al Gobierno “a despabilarse”. Fue, como no, un tiro por elevación al presidente. Fuente: El País

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Lula sufre para formar Gobierno en Brasil y contentar a todos sus socios

Internacionales / streaming streaming / 28/12/2022

El presidente electo debe nombrar todavía 16 de los 37 ministros antes de asumir el poder el día de Año Nuevo. A punto de tomar posesión este domingo como presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva todavía no ha revelado todos los nombres del Gabinete con el que gobernará la primera economía de América Latina a partir del 1 de enero. Queda por anunciar oficialmente quiénes dirigirán 16 de los 37 ministerios del que será su tercer Gobierno, incluidos algunos tan relevantes como el de Medio Ambiente. El líder de la izquierda brasileña y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) está sufriendo para cuadrar el puzle de nombramientos que satisfagan a la decena de partidos que, desde el centro derecha a la extrema izquierda, se aliaron con él para derrotar al ultraderechista Jair Bolsonaro. Si Lula logró vencer en las urnas al militar que coquetea con el golpismo fue porque logró reunir en torno a su figura a un amplísimo plantel de antiguos adversarios en defensa de la democracia y de las debilitadas instituciones. El PT jamás habría logrado la victoria en solitario. La situación de Marina Silva, antigua ministra de Medio Ambiente, y de Simone Tebet, candidata presidencial que quedó tercera y apoyó a Lula en la segunda vuelta, ilustra bien lo complejo que resulta el juego de equilibrios incluso para un habilidoso negociador como el presidente electo. Ambas senadoras tuvieron un enorme protagonismo en la campaña, se las considera cruciales para la victoria, pero aún no tienen asignado oficialmente un cargo en el próximo Gobierno. Tebet es de centro derecha, liberal en economía, con fuertes vínculos con el sector agrícola y buena oradora. Tanto ella como Silva aportaban el hecho de ser mujeres en en un ambiente político ampliamente dominado por hombres. Desde el principio se dio por hecho que su activo respaldo sería recompensado con un ministerio. Ahora mismo Tebet acaricia el de Planificación, según la prensa brasileña, que dice que el anuncio es inminente. Siete semanas han transcurrido desde las elecciones. También sigue en el limbo Silva, la ecologista que acompañó a Lula en su primer Gobierno hace dos décadas y que rompió con él por discrepancias estratégicas sobre Amazonia y la política verde. Y en el Brasil actual ofrece el valor añadido de ser evangélica. Su nombramiento, como ministra o como zarina del clima, era considerado uno de los más obvios pero sigue sin ser resuelto. Y eso que Lula no dejó de insistir en la campaña que la política medioambiental sería prioritaria y vertebraría todas las políticas de su Gobierno. El próximo presidente de Brasil ha dejado el núcleo duro del Ejecutivo (Economía, la Casa Civil, Trabajo, Educación, Justicia y Desarrollo Civil) en manos de hombres del PT o de su órbita, ha colocado a un diplomático al frente de Exteriores, a una cantante en Cultura y a un hombre de consenso en Defensa. Sanidad ha quedado en manos de una tecnócrata y ha incorporado potentes voces negras de la sociedad civil en Igualdad Racial y Derechos Humanos. El futuro vicepresidente, Geraldo Alckmin, dirigirá Industria después de que el favorito para el puesto declinara la invitación. Lula presidirá uno de los mayores Gbinetes de la historia de Brasil; el de Bolsonaro arrancó con 22 ministerios y siempre incluyó muchos más militares que mujeres. También sigue vacante el Ministerio de los Pueblos Indígenas, cuya creación anunció Lula y que prometió dejar en manos de un nativo. A estas alturas no está claro si tendrá ese rango o se quedará en secretaría. Cuadrar el sudoku requiere satisfacer los intereses del Partido de los Trabajadores, que siempre ha tenido afán hegemónico, los de las dispares formaciones minoritarias que apoyaron a Lula y satisfacer los equilibrios territoriales. Junto a ello está la creciente demanda de que el Consejo de Ministros refleje la enorme diversidad de la sociedad brasileña, donde mestizos, negros, y mujeres son mayoría. La seguridad del próximo presidente es uno de los grandes quebraderos de cabeza de su equipo. Más todavía después de un atentado fallido con bomba que un bolsonarista pretendía detonar para causar el caos y que las Fuerzas Armadas intervinieran para frenar la toma de posesión del líder izquierdista. Desde que venció las elecciones el 30 de octubre, Lula ha dedicado también buenas dosis de energía a buscar apoyos parlamentarios para flexibilizar el techo de gasto y poder financiar las prometidas ayudas sociales para más de 20 millones de los brasileños más pobres. El acuerdo alcanzado contempla financiación extra para el primer año, no para los cuatro del mandato, como pretendían el próximo presidente y su partido. El derrotado Bolsonaro sigue plenamente apartado de la vida pública y ya se da por supuesto que no será él quien coloque la banda presidencial a su sucesor. La toma de posesión estará mucho más concurrida que la de hace cuatro años. Está confirmada la presencia de 17 jefes de Estado incluidos el rey de España, Felipe VI, los presidentes Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador), Mario Abdo (Paraguay), Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal), Luis Lacalle Pou (Uruguay), entre otros. También se esperan representantes de México, de Estados Unidos o de Francia. Lula no ha podido invitar al venezolano Nicolás Maduro, como hubiera deseado, porque el Gobierno Bolsonaro reconoce como presidente a Juan Guaidó. El próximo ministro de Exteriores ya tiene el encargo de restablecer las relaciones diplomáticas con Maduro. Fuente: El País

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