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Javier Milei sale con vida del primer debate de candidatos presidenciales de Argentina

El primer debate presidencial de Argentina terminó sin un claro ganador. El candidato de la ultraderecha, el economista Javier Milei, no brilló este domingo en la temática estrella, la difícil situación económica del país, pero tampoco lo necesitaba. Favorito en las encuestas de cara a las generales del 22 de octubre, Milei prefirió no arriesgar y logró mantener bajo control su conocida ira para mostrarse como un presidenciable serio. Fue suficiente para salir vivo de la disputa televisiva, en la que fue uno de los candidatos más criticados, junto a Sergio Massa, actual ministro de Economía y postulante por el peronismo gobernante. Massa respiró aliviado: sus rivales sólo citaron al pasar los grandes escándalos surgidos desde sus filas durante las últimas semanas de campaña. La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue la menos contundente. Necesitaba una buena actuación para remontar —va tercera en intención de voto— y no lo logró. Se trabó en varias ocasiones y sus contrincantes la atacaron en su flanco más débil: las propuestas económicas. El debate se celebró en Santiago del Estero, al norte del país. Comenzó con una rápida presentación de los cinco aspirantes a la Presidencia de Argentina —Milei, Massa, Bullrich, la progresista Myriam Bregman y el gobernador provincial de Córdoba y peronista disidente Juan Schiaretti — antes de entrar de lleno al bloque económico. La referencia inicial de Bregman a las vacaciones en Marbella por las que renunció este sábado un alto cargo kirchnerista — “Mientras hambrean al pueblo se van en sus yates de lujo a pasear por Europa”— hizo pensar que sería uno de los dardos repetidos de la noche, pero no fue así. Sólo Bullrich lo usó de nuevo para responder la propuesta de Massa de hacer una ley para castigar con penas de cárcel a los evasores fiscales. “Ya tenés al primero. Llevátelo a [Martín] Insaurralde”, le contestó. Los candidatos Javier Milei y Sergio Massa tras saludarse durante el debate.POOL (VIA REUTERS) Los ataques de los candidatos opositores a Massa por sus malos resultados al frente del Palacio de Hacienda centraron la parte económica. Le echaron en cara haber llevado la inflación hasta el 124,4% actual, de hacer que la pobreza supere el 40% y de decretar “planes platita” que sólo hacen que aumentar la emisión monetaria y el déficit fiscal. Massa aceptó haber cometido algún error, pero en su mayoría lanzó culpas afuera: al Gobierno de Mauricio Macri por haber endeudado al país, al Fondo Monetario Internacional por dictar la política económica y a los evasores fiscales, entre muchos otros. Y miró hacia adelante con una batería de propuestas, como la creación de una moneda digital, una ley de blanqueo y penas de cárcel para quienes defrauden al Fisco. Hacia el final del debate, dijo que convocaría a un gran acuerdo nacional en caso de llegar a la Casa Rosada. En ese primer bloque, los candidatos atacaron también a Milei, quien pidió votos y tiempo para implementar su proyecto económico ultraliberal. “Si me dan 20 años, somos Alemania. Si me dan 35… Estados Unidos”, prometió el líder de La Libertad Avanza. Su propuesta más criticada fue la dolarización. Bullrich advirtió que Argentina no tiene dólares para adoptarla, mientras que Massa destacó que ese modelo “sólo lo tienen tres países en el mundo: Zimbabue, Ecuador y El Salvador”. Bregman hizo hincapié en los vínculos empresariales del economista ultraliberal: “No es un león, es un gatito mimoso del poder económico”. El candidato Javier Milei, durante el debate.TOMÁS CUESTA (EFE /POOL) El formato elegido para el debate, con sólo cinco derechos a réplica a lo largo de sus dos horas de duración, impidió interrupciones y grandes cruces entre los cinco candidatos. Hubo sonrisas burlonas de Milei ante algunos ataques y negativas gestuales de Massa, pero si hacían algún comentario no llegaba a escucharse porque sus micrófonos estaban apagados cuando no era su turno. Massa y Milei gastaron sus réplicas en el bloque económico, en el que se sienten más cómodos, mientras que los demás candidatos optaron por repartirlos. La gran distancia en intención de voto de Bregman y Schiaretti —menor al 5% en los dos casos— frente a los tres contrincantes centrales los dejó fuera de esa pelea. Las reiteradas comparaciones del gobernador cordobés entre Argentina y su provincia restaron atención a sus intervenciones y a posteriori se convirtió en carne de memes en las redes sociales. Patricia Bullrich, candidata a Presidente por Juntos por el Cambio, durante el debate.TOMÁS CUESTA (EFE /POOL) En el segundo bloque, Educación, los roles entre los líderes de derecha se invirtieron. Bullrich ganó algo de seguridad y Milei la perdió. Ambos leyeron gran parte de sus intervenciones, lo que les restó naturalidad, pero el candidato de La Libertad Avanza se enredó al explicar su polémica propuesta de vouchers educativos. “No más darles pescado. Les vamos a enseñar a pescar o tener una empresas de pesca”, dijo Milei. “Andate con el voucher a la Puna, a cualquier lugar. No conoces la Argentina. Planteas un modelo que solo sirve para la Ciudad de Buenos Aires. El voucher no es igualdad”, le respondió Bullrich. Milei había agotado sus turnos de réplica y no le pudo contestar. Discurso negacionista El público podía elegir algunas temáticas y votó por incluir derechos humanos, uno de los puntos más disputados. Milei dejó claro que ha hecho suyas las ideas negacionistas de la dictadura de su candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel. “Nosotros valoramos la visión de Memoria, Verdad y Justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 desaparecidos, son 8.753″, señaló al tomar como único número válido el del informe Nunca Más hecho por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) en 1984. Para Milei, no hubo una dictadura en Argentina sino “una guerra” en la que “las fuerzas del Estado cometieron excesos”. Bregman le contestó con dureza: “Milei ensucia la palabra libertad”, “Fueron 30.000 y fue un genocidio”. La parte final estuvo dedicada a preguntas y respuestas entre los candidatos. Milei amenazó con perder los modales en un par de ocasiones, pero se contuvo a tiempo. Uno de ellos fue cuando Massa le recordó sus duros ataques al papa Francisco

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Milei impone su agenda ultra en la campaña argentina

El País .- La economía ha sido la estrella de la campaña electoral argentina y se prevé que repita protagonismo en el primer debate presidencial. Sin embargo, el escándalo protagonizado por un alto cargo provincial kirchnerista en las últimas horas pondrá también sobre la mesa los casos de corrupción. Los cinco candidatos a reemplazar a Alberto Fernández se preparan desde hace días para defender sus propuestas y atacar los puntos débiles de sus rivales este domingo. El ministro de Economía y candidato del peronismo gobernante, Sergio Massa, sabe que será un blanco fácil por una gestión con malos números: la inflación se ha disparado hasta el 124,4% interanual, la pobreza ha superado el 40% y el crecimiento se ha detenido. Buscarán derribarlo tanto el economista ultraliberal Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza (LLA), partidario de serruchar el gasto estatal, como la conservadora Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC), que enarbola la bandera de terminar con el kirchnerismo y necesita recuperar terreno si quiere llegar a una hipotética segunda vuelta. Milei, inesperado ganador de las primarias de agosto, tiene el viento a favor. Primero en las encuestas de cara a las generales del 22 de octubre, el candidato antisistema es el que menos debería arriesgar, pero es también el más imprevisible. Durante semanas ha sobrevolado la duda sobre su participación y se ha especulado con la posibilidad de que se ausente pese al carácter obligatorio del debate. De hacerlo, siguiendo el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, su silla quedaría vacía durante la discusión política y sería sancionado con la pérdida de los espacios publicitarios en los medios audiovisuales. Las últimas señales, sin embargo, hacen pensar que sí dará pelea ante las cámaras. Licenciado en Economía y con una significativa trayectoria profesional en este campo, Milei es el candidato con más conocimiento teórico sobre la principal preocupación de los argentinos: la situación económica del país. Es también quien ha puesto más propuestas sobre la mesa y con ellas ha marcado la agenda de la campaña electoral. Planea eliminar ministerios como el de Salud, Educación, Ciencia, Trabajo y Mujeres; dolarizar la economía; eliminar el banco central; reducir el gasto público más allá de lo que exige el Fondo Monetario Internacional, e introducir un sistema de vouchers para las escuelas públicas, entre otras iniciativas. Son propuestas polémicas contra las que seguro cargarán sus contrincantes. Le echarán también en cara otras que defendió antes de retractarse, como la libre portación de armas y la venta de órganos. A Milei le falta, por el contrario, experiencia en la gestión pública. Para llegar al gran público deberá simplificar su discurso y evitar caer en tecnicismos incomprensibles para la mayoría. No está tan claro, sin embargo, si le beneficia o le perjudica su estilo iracundo. Los gritos e insultos proferidos por el candidato de LLA repelen a algunos votantes, pero para otros representa el enojo que sienten ante la generalizada pérdida de poder adquisitivo y ven con buenos ojos su promesa de sacar a patadas a una “casta política parasitaria, chorra [ladrona] e inútil”. El candidato ultra parte con otra ventaja frente a sus competidores: su dominio en la campaña digital. Milei cuenta con un ejército de jóvenes en las redes sociales dispuestos a editar los mejores momentos de su intervención para hacerlo quedar como el vencedor pase lo que pase, como ya hicieron días atrás con la participación del candidato de LLA a la alcaldía de Buenos Aires, Ramiro Marra. “Cuando se analizan las interacciones de la comunidad digital de Milei se ve una conversación real, no son bots. Hay bots, sí, pero no son mayoría”, dicen desde la consultora Betta Lab, especializada en análisis de datos. Las encuestas dan como segundo a Massa, el candidato a presidente por la alianza oficialista Unión por la Patria, y Bullrich intentará confrontar con él ante las cámaras para arrebatarle ese lugar. Argentina celebrará una segunda vuelta el 19 de noviembre si ninguno de los candidatos gana en octubre por más del 45% de los votos o el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo. A diferencia de sus rivales, Massa tiene experiencia en los debates electorales. Participó en 2015, cuando compitió por la Presidencia alejado del aparato peronista. El entonces candidato del Frente Renovador quedó en un lejano tercer lugar, por detrás del oficialista Daniel Scioli y del conservador Mauricio Macri. Ahora, al frente de la oficialista Unión por la Patria, Massa buscará presentarse como defensor de los trabajadores —el dato de desempleo, del 6,2%, es de los pocos indicadores económicos positivos— y convencer al electorado de que la salida de la crisis es con más crecimiento económico y no con ajustes. Un yate de lujo En las últimas horas, un escándalo protagonizado por el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, complica aún más a Massa. Insaurralde renunció anoche después de que una modelo publicase fotografías con él en un lujoso yate frente a las costas de Marbella, en el sur de España. Las vacaciones de Insaurralde en la recta final de la campaña, conocidas en la misma semana en la que la pobreza rompió la barrera del 40% en Argentina, generaron un torrente de críticas desde todos los sectores políticos. La oposición usará el escándalo como una nueva herramienta contra Massa y tras ella irán los casos de corrupción que se acumulan en las filas peronistas, en especial la condena a seis años contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudación al Estado. Consciente de su debilidad, Massa necesita golpes de efecto que oculten su fracaso en materia de política económica. En esa línea, su entorno ha hecho correr el rumor de que anunciará el nombre de su ministro de Economía y quizás también el del titular del banco central. Bullrich es la tercera gran candidata. A diferencia de Milei y Massa, la economía es un terreno resbaladizo para ella y le puede jugar una mala pasada en el debate presidencial. Durante la campaña, la postulante de JxC ha delegado la defensa de sus propuestas en el expresidente del banco central, Carlos Melconian, que ocuparía el Palacio

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María Corina Machado, la versión venezolana y emocional de Margaret Thatcher

El País .– Hay políticos que irrumpen en la escena y de un día para otro se convierten en protagonistas. Los ejemplos se amontonan en los últimos años: Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Javier Milei o Rodolfo Hernández. Son figuras que surgen de pronto y logran conectar con una sociedad hastiada y sumida en el descrédito que se agarra a ellos como si fueran la última oportunidad de su vida. Algo así está pasando en Venezuela con María Corina Machado, líder indiscutible de las encuestas a un mes de las primarias de la oposición, solo que ella no es ninguna outsider ni una recién llegada. No forma parte de ese grupo de líderes de la extrema derecha disruptiva ni representa un populismo carismático. Machado lleva dos décadas en política aferrada a sus convicciones. Considerada la representante del ala radical de la oposición, Chávez la bautizó en su día como “la burguesita de fina estampa” y algunos se refieren a ella como la “dama de hierro”. Ahora que ha llegado su momento político, muchos se preguntan: ¿qué tiene María Corina en la cabeza? Machado se define a sí misma – y a su partido, Vente Venezuela- como “liberal” -o neoliberal, según se mire- en lo político, económico y programático. Su visión política gira en torno a una reducción del Estado como proveedor de políticas públicas, al lanzamiento de las posibilidades del empresariado y al impulso del libre mercado para la creación de riqueza y generación de empleo. Su visión de gobierno tiene un sesgo manchesteriano, no muy diferente al que habrían podido tener Margaret Thatcher, Ronald Reagan o, en América Latina, Sebastián Piñera. Ella misma se mira en esos espejos. “Margaret Thatcher tuvo el valor de defender sus valores toda su vida contra todo lo que se le opuso”, tuiteó en 2013, quizás en una alusión a sí misma, que aún tendría por delante una década de ninguneo por parte del chavismo y la oposición antes de acariciar el éxito. Machado con George Bush, presidente de EE UU, en 2005. Machado dirigía una organización interesada en los derechos políticos llamada Súmate.CHARLES Esta ingeniera industrial de 55 años, divorciada y madre de tres hijos que han crecido lejos del país y de ella misma, nunca había congeniado con una Venezuela más a la izquierda de sus postulados. Su figura recababa apoyos entre la clase alta a la que siempre ha pertenecido su familia y entre la diáspora, pero en los últimos meses ha roto su propio techo de cristal y se ha convertido en lo más parecido a una princesa del pueblo. Miles de personas responden cada día a su presencia en cualquier punto del país, de los más ricos a los pobres, incluso entre los caladeros de voto del chavismo. El desencanto con el Gobierno y con una oposición que de tanto dar bandazos ha desconcertado a una sociedad que sufre cada día la crisis, ha aupado a esta mujer de ideas claras, que busca dar un giro completo a la economía del país, y de paso conecta con el dolor de tantas familias rotas. Ella también es una madre que echa de menos a sus hijos. Machado siempre ha huido de las etiquetas. “Si plantear que la erradicación de la pobreza es una responsabilidad de toda la sociedad es una idea de izquierdas, entonces soy de izquierda. Si creer en la libertad personal, en la inversión, en la productividad es un tema de derechas, entonces soy de derecha”, sostuvo en 2012. La política mantiene una postura tolerante y flexible en temas como el aborto, -sobre el que pide abrir en el país el debate en torno a su despenalización en caso de violación-, el uso de la marihuana medicinal o el matrimonio gay. Aunque es una mujer que se presenta como creyente, descarta que su fe se vaya a colar en su acción política. La precandidata presidencial se ha propuesto privatizar la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA), todo un tabú para la política local, y devolver a sus propietarios todas las empresas expropiadas por el chavismo, entre la que se encuentra Siderúrgica Venezolana, la compañía de la que su padre (fallecido este año) fue presidente del Comité Ejecutivo. Machado quiere desregular los controles, promete castigar la corrupción y promover una amnistía general de presos políticos, fomentar el crecimiento hacia afuera y retomar el contacto con los organismos multilaterales. María Corina Machado en un acto político en Maracay (Estado de Aragua), el 28 de septiembre.MIGUEL GUTIERREZ (EFE) Con influencia de economistas como Ludwig Von Mises o Milton Friedman, tiene una interpretación de la política local a la derecha de los partidos tradicionales de la democracia venezolana anteriores al chavismo. Una visión algo más estadounidense que europea sobre la distribución de los fondos sociales para generar bienestar y un discurso profundamente anticomunista. En lugar del tradicional Estado promotor socialdemócrata del siglo XX, Machado propone la reducción del asistencialismo y la construcción de una sociedad sin muletas para acabar con el peso del Estado petrolero en la vida de la población, donde recoge una idea muy presente en pensadores venezolanos, a los que se refiere con frecuencia, como el novelista Arturo Uslar Pietri y el intelectual liberal Carlos Rangel. Sus ataques al chavismo han sido su marca personal desde los tiempos de Chávez y su enemistad a diestra y siniestra, incluida la oposición, la convirtieron en una política solitaria que ahora proclama su intención de unir a un país dividido. Está segura de que a su lado hacia las primarias hoy caminan bases chavistas y opositores de todos los espectros, rendidos ante una figura acostumbrada a decir que no a todo. Machado siempre se ha negado a sentarse en una mesa de negociación con el Gobierno y tampoco ha participado en numerosos procesos electorales por considerar que su presencia era una forma de legitimar al chavismo. Fue crítica con el Gobierno interino de Juan Guaidó, que buscaba el fin del madurismo por la vía de la confrontación y que fracasó en su intento, y feroz

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El desempleo en Chile llega al 9% y alcanza los 10 meses de alzas consecutivas

El País .- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha informado este viernes que el desempleo sigue al alza en Chile. El reporte entregado por el organismo público, que depende del Ministerio de Economía, detalla que la tasa de desocupación durante el trimestre móvil junio-agosto de 2023 alcanzó un 9%, acumulando 10 meses de incrementos luego del quiebre de las continuas disminuciones que había alcanzado el país sudamericano desde el trimestre de marzo-mayo de 2021, en plena fase aguda de la pandemia de la covid. La entidad detalla que la cifra significa un aumento de 1,1 puntos porcentuales en 12 meses. Entre las explicaciones detrás de esta cifra está que el incremento de la fuerza de trabajo (2,9%) fue mayor al presentado por las personas ocupadas (1,7%). En paralelo, la cantidad de personas desocupados creció en un 16,7% en un año, incidida principalmente por quienes se encontraban cesantes (17,0%) y por quienes buscan trabajo por primera vez (14,6%). En comparación a 2022, las tasas de participación y de ocupación volvieron a aumentar (aunque a un menor ritmo) y se situaron en 60,9% y 55,4%, creciendo 1,2 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente. Por otro lado, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2,0%. Las complejidades del mercado laboral chileno siguen mostrando un fuerte sesgo de género, ya que de acuerdo a las cifras por sexo las mujeres alcanzan una tasa de desocupación de 9,3%, un aumento de 1,1 puntos porcentuales, con tasas de participación del 51,7% y de ocupación de 46,9%. En el caso de los hombres el desempleo alcanza un 8,8%, con un alza de 1,1 puntos porcentuales, alcanzando una participación del 70,5% y una ocupación del 64,3%. Los sectores económicos que contribuyeron en mayor medida a la ocupación de los chilenos fueron el comercio (4,1%), actividades de salud (9,9%) y administración pública (12,0%); los que presentaron los principales descensos fueron construcción (-8,6%), hogares como empleadores (-10,9%) y agricultura y pesca (-4,2%). Por categoría ocupacional incidieron positivamente las personas asalariadas formales (1,4%), asalariadas informales (7,0%) y trabajadoras por cuenta propia (2,4%). La actividad laboral informal alcanzó un 26,7%, número que se mantuvo sin mayores alteraciones en comparación con el año anterior. Las personas ocupadas de manera informal han crecido un 1,9%, incididas por las mujeres (3,5%) y por los hombres (0,7%). De acuerdo al análisis realizado por el David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, uno de los mayores problemas para la revisión del desempleo es que desde la crisis de la covid “la tasa de desocupación está distorsionada por la menor búsqueda de trabajo”, lo que ha subestimado la difícil situación del mercado laboral. En su evaluación, se detecta un importante déficit de empleo (220.000) en los grupos poblacionales mayores de 55 años, además de una fuerte caída (-20,5% con 190.000 empleos menos) para las personas que solo han cursado la educación básica (primaria). El boletín del INE se publica el mismo día que el Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric presenta su proyecto de Presupuesto para el año 2024. Durante la noche del pasado jueves, horas antes de ingresar la propuesta al Congreso Nacional, el mandatario comunicó en una cadena nacional televisiva que la expansión del gasto público alcanzaría el 3,5%, estimando que para el próximo año la nación latinoamericana retomaría su senda del crecimiento y controlaría la inflación. Sobre el empleo, la iniciativa del Ejecutivo se compromete a crear 100.000 nuevos puestos de trabajo, los que se lograrían con un incremento en la inversión pública acompañado del alza de la actividad económica. Por ejemplo, el mandatario aseguró que buscará aumentar en 6.000 los empleos permanente en el sector salud, un anuncio que se realiza en medio del llamamiento a la huelga desde las organizaciones de trabajadores de este sector por el despido de los funcionarios que prestaron servicios durante la pandemia.

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Menos electricidad, menos leche y menos carne: la crisis energética y de alimentos se agrava en Cuba

El País .-La isla sufrirá nuevos apagones y enfrenta un colapso del transporte por falta de combustible La crisis que desde hace años padecen los cubanos afronta un nuevo giro de tuerca. La admisión de la gravedad de la situación llegó esta semana de las mismas autoridades. Los ministros de Economía y de Energía y Minas comparecieron en el programa oficial televisivo Mesa Redonda, la tarima desde la que se anuncian cada una de las calamidades de los últimos veinte años. Con tono marcial, ambos dirigentes dejaron saber que el país no cuenta con el dinero suficiente para comprar alimentos en el exterior y que el escenario, incluyendo el suministro energético, puede empeorar en las próximas semanas. Confirmaron, básicamente, que habrá menos de todo lo poco que ya tenían los habitantes de la isla: menos leche, menos café, menos carne de cerdo, menos transporte público y menos horas de electricidad. La “economía está en una situación compleja”, dijo el viceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, quien durante el programa emitido el miércoles no ofreció cifras pero admitió los retrasos en la entrega de alimentos racionados de manera mensual a cada hogar cubano, la falta de leche para los niños y la falta de pan. Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, anunció por su parte que habrá apagones durante octubre por un déficit de hasta 700 megawatios, lo que equivale al 20% del consumo nacional, y un empeoramiento del transporte debido a la falta de combustible. El ministro explicó que de las 120.000 a 130.000 toneladas de diésel mensuales que necesita el país, 1.000 toneladas se destinarán a la producción de electricidad. “Tenemos suministradores y países que no han podido cumplir y que han incumplido contratos. Hemos tenido que salir a comprar casi el combustible del día”, dijo. “Estamos en una situación apretada, pero vamos a ir levantando”. Tras reconocer el profundo estancamiento en que se encuentra la economía cubana y culpar al embargo económico de Estados Unidos y al incremento del precio de los alimentos en el mercado internacional, los ministros admitieron que el país necesita enfocarse en la producción nacional: “Depender cada vez más de lo que seamos capaces de producir”, afirmó Gil Fernández, quien además pidió al pueblo cubano que mantenga la confianza en la revolución. “Sabemos que es dura la vida”, insistió. “Pero confianza, que la única salida es la revolución y el socialismo”. Muchos cubanos no vieron nada nuevo en las últimas declaraciones de los ministros, y así lo han dejado saber en redes sociales. “Es más de lo mismo”, asegura a EL PAÍS Dani González desde La Habana. “Lo que sí sé es que ningún dirigente pasa por lo que pasamos nosotros, el pueblo. Me siento decepcionado de todo lo que nos han prometido y no han cumplido”. Desde antes de la transmisión televisiva del miércoles habían salido a la luz pública medidas de contingencia adoptadas en algunas provincias del país, entre las que se anunciaban la afectación de las horas de electricidad en los hogares cubanos, el ajuste del horario laboral, la readecuación del trabajo a distancia, la reducción del uso de luminarias o la reestructuración de los horarios escolares. “No creo que esta sea una situación excepcional”, dijo a EL PAÍS el economista cubano Mauricio de Miranda. “Estamos en una opción casi cero desde hace mucho rato. La economía cubana tiene una crisis estructural que lleva más de tres décadas, la economía cubana no ha salido de la crisis”. El Gobierno ha intentado rescatar sin éxito la famélica economía cubana en los últimos años con una serie de medidas entre las que destacan la llamada Tarea Ordenamiento, que contempló la unificación monetaria; las aperturas de tiendas en divisa, la apertura a los inversionistas extranjeros en algunas empresas de capital mixto; la constitución de pequeñas y medianas empresas (mipymes) o la bancarización de las operaciones financieras, por mencionar algunos. No obstante, el pueblo ha padecido una escasez que algunos solo comparan con el llamado Periodo Especial, tras la extinción de la ayuda de la URSS. En los últimos dos años de crisis se han largado del país más de 300.000 cubanos, el éxodo más grande en la historia del castrismo. La situación de escasez en la que ya estaba sumido el país vino a agravarse con la crisis sanitaria por covid-19 y la caída drástica del sector más importante de la economía: el turismo. A finales de julio el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que Cuba no logrará los 3,5 millones de turistas internacionales que aspiraba recibir este año. No obstante, el país sigue empeñado en destinar sus pocos recursos a este sector, algo que los especialistas consideran un desacierto. “El destinar la mayoría de los recursos al turismo ha sido un grave error, porque con la escasez de recursos financieros que tiene la economía cubana, con la muy limitada capacidad de inversión, se han desatendido sectores esenciales como es el caso de la agricultura y el sector industrial”, señala De Miranda. Los cubanos enfrentan un escenario bastante crítico, que en los últimos años se ha traducido en un creciente descontento social. Alimentos que antes eran frecuentes en la mesa como la carne de cerdo, ahora escasean. Llueven las quejas por la falta de combustible, incluso para los carros fúnebres. Los altos precios de los productos son incompatibles con los bajos salarios. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OACDH) mostró el pasado mes de septiembre en su VI Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba que la pobreza extrema en el país se incrementó drásticamente en un año. Según apuntan, el 88% de los cubanos vive con menos de 1,9 dólares diarios y el 48% ha dejado de comer por falta de dinero para comprar alimentos. “Se impone la necesidad de un debate nacional sobre el futuro del país”, sostiene De Miranda. Según el economista, a corto plazo la solución podría estar en permitir el fomento de la producción del sector privado. “Hay que permitir que todo el que tenga recursos para emprender, lo haga. Y que de esa

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López Obrador usa su batalla con el Poder Judicial como bandera para pedir que en 2024 “continúe la transformación”

El país .- El presidente desafía la ley electoral, que prohíbe a los funcionarios públicos usar sus cargos para promover el voto a su favor o en contra de otros partidos.   El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha usado su investidura para pedir el voto a favor de su partido, Morena, en las elecciones presidenciales y legislativas de 2024. El mandatario ha llamado este jueves a votar “porque continúe la transformación” para que su movimiento logre una mayoría calificada en el Congreso que posibilite una reforma al Poder Judicial, al que el presidente considera corrupto y contrario a los intereses de la nación. Si bien López Obrador no ha mencionado directamente a su partido, el concepto de “transformación” alude al nombre que él mismo ha dado a su movimiento, la Cuarta Transformación, una referencia a las revoluciones históricas que han configurado a México. Los dichos del presidente en su conferencia mañanera desafían la Constitución y las leyes electorales, que en general prohíben a los funcionarios usar sus cargos públicos para influir en el voto de los ciudadanos. Hace unos días hubo una nueva etapa de tensiones con las autoridades electorales, luego de que el INE ordenó a la Presidencia de la República incluir una cortinilla en las transmisiones de la mañanera para advertir sobre la neutralidad que debe observar el mandatario en sus expresiones. “Tenemos que seguir haciendo conciencia para no dejarnos someter y actuar con libertad, y no dejarnos engañar, por eso sí creo que el Poder Judicial se va a reformar hacia adelante, y es una tarea que va a quedar pendiente, pero que se puede resolver ya en nueve meses [en junio de 2024], si la gente vota porque continúe la transformación”, ha dicho el presidente en su conferencia de este jueves. “También el pueblo es libre, y si dice ‘no nos gusta’, cada quien va a decidir libremente, y nada de coerción, nada de amenazas”, ha agregado. López Obrador ha retomado sus críticas al Poder Judicial a propósito del caso Ayotzinapa, en el que el mandatario acusa un pacto de impunidad entre funcionarios y jueces federales. Concretamente, el presidente ha criticado un amparo concedido por un juez a Tomás Zerón, exmando de la Fiscalía General y quien está prófugo en Israel. El recurso legal impide a las autoridades mexicanas referirse a él como “torturador”. Precisamente, el Gobierno le acusa de haber recurrido a la tortura de presuntos implicados en la desaparición de los normalistas para abonar a la cuestionada verdad histórica. “Son muchos intereses, mucha mezquindad”, ha afirmado López Obrador. “Hay que limpiar el Poder Judicial, se necesita, y la mejor forma, el mejor método, es el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, así como se elige a los diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, al presidente de la República: de manera directa”, ha indicado. Hace unos meses el mandatario describió por primera vez sus anhelos de que en las elecciones del 2 de junio Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo ganen no solo la presidencia, sino también el Congreso. Este “plan C”, como lo ha llamado él mismo, consiste en que en septiembre del año próximo, una vez que tomen posesión los nuevos diputados, él envíe al Congreso una iniciativa de reforma para cambiar en la Constitución el modo de selección de los jueces, en lo que sería su última gran maniobra legislativa antes de entregar el poder. El presidente ha reseñado en su mañanera de este jueves que en México, en el siglo XIX, la Constitución permitía a la ciudadanía elegir a los jueces. Actualmente, los ministros de la Corte son propuestos por el Ejecutivo y elegidos por el Senado. A su vez, los magistrados son designados por la Corte. “Se va a renovar el Poder Judicial, yo tengo confianza en eso, nada más hay que hacerlo por la vía legal y democrática, hay que esperar las elecciones, ya no falta mucho. Son elecciones importantísimas, porque no solo es elegir a las nuevas autoridades, es también decidir si se continúa con el proceso de transformación o no, ¿y quién va a decidir? El pueblo, los ciudadanos, porque así es la democracia, entonces yo tengo confianza de que se va a seguir avanzando”, ha sostenido esta mañana. El artículo 134 de la Constitución establece para los servidores públicos la obligación de usar con imparcialidad los recursos públicos, esto es, “sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Ese mismo artículo señala que la propaganda gubernamental “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Por su parte, el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales penaliza los actos anticipados de precampaña y campaña, definidos como expresiones “que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido”. Precisamente, la cortinilla que el INE le ordenó a la Presidencia de la República desplegar en las mañaneras recitaba lo que indica la normatividad mexicana: “Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Sin embargo, a instancias de López Obrador, la Presidencia incluyó una “posdata” dedicada a los “conservadores” y a quienes están “contra la transformación del país”: “No veas este programa, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes”, decía el recado de López Obrador.

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La política chilena intenta contra reloj salvar el proceso constituyente

El País .- Desde que el viernes 16 de septiembre el Consejo Constitucional chileno comenzó sus votaciones para elaborar un borrador de Constitución, que debe ser entregado el 7 de octubre para pasar una segunda etapa de revisión, el proceso se ha enredado y corre un alto riesgo de fracaso. Esa posibilidad ha movilizado a un grupo de formaciones políticas para conjurar un nuevo fiasco. El órgano conformado por 50 integrantes, donde el oficialismo de izquierda solo tiene 17 asientos y la oposición 33, ha aprobado enmiendas impulsadas por el Partido Republicano, de la extrema derecha, que tiene el control con 22 delegados. Si la semana pasada se aprobaron artículos como “el derecho a la vida de quien está por nacer”, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados y la exención tributaria de la primera vivienda (que beneficia a los de mayores ingresos), este lunes se visó el capítulo sobre el Congreso Nacional. Fue despachada, adicionalmente, una norma que reduce el número actual de 155 diputados a 138. Los detractores del borrador aumentan con los días y, ante el peligro de una segunda derrota, los partidos alejados de los extremos intentan una operación de salvataje. El diario La Tercera informó de que este lunes los presidentes de los partidos UDI y RN, de la derecha tradicional de oposición, y del Partido Socialista, de la izquierda oficialista, se reunieron para buscar fórmulas y rescatar el proceso actual. Porque, aunque todavía quedan etapas por delante para mejorar el texto –el 7 de octubre el nuevo borrador volverá a la Comisión Experta–, estas opciones se estrechan con las horas. Ha sido un proceso complejo que, según reflejan diversos sondeos de opinión, no solo no tiene el interés ni la confianza de la ciudadanía, sino que ha visto aumentar el rechazo de de los votantes pese a que no está terminado. Al respecto, la encuesta Cadem del domingo arrojó que un 59% no aprobaría la nueva Constitución, dos puntos más que hace una semana. Solo un 21% se muestra a favor de apoyar el texto en el plebiscito del 17 de diciembre, el dato más bajo en seis meses. La tensión dentro del Consejo Constitucional que ha imperado en las votaciones ha ido más allá del pleno. Sucedió porque al complejo clima que ya se vive en el órgano entre el oficialismo y la oposición se han sumado ahora las críticas desde la derecha tradicional a las normas aprobadas que han sido impulsadas por los republicanos, cuyo líder, José Antonio Kast, quiere postularse a La Moneda en 2025. El domingo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de la UDI, partido que es parte de Chile Vamos y la principal carta presidencial de la derecha tradicional, dijo en una entrevista a CNN que este segundo proceso constitucional “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”. Y agregó: “Ojalá se pueda aprobar. No estoy diciendo que esté en contra de aprobar una nueva Constitución. Lo que estoy diciendo es que esta, que están escribiendo ahora los consejeros, no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse” y que “la única forma en que se pueda aprobar es una que ofrezca estabilidad. Es decir, que haya un consenso, y ese consenso lo genera el texto de los expertos, pero no lo que se está votando hoy día en el Consejo”. Tras la advertencia de Matthei, Kast inició este lunes una ofensiva a través de su cuenta de X (exTwitter) y, durante el día, emitió mensajes defendiendo las enmiendas republicanas y criticando a la oposición y al Gobierno. Existe un problema de fondo: “Nadie quiere realmente asumir el costo que supone adherir a la opción Apruebo para terminar siendo derrotado, y probablemente aniquilado en el plebiscito de salida de diciembre próximo”, escribió Alfredo Joignant este fin de semana en EL PAÍS. Es lo que, desde el Partido Republicano, piensan que intenta hacer Matthei, la derechista que le planta cara a Kast con un discurso más liberal: quitarse el peso de la mochila de un eventual derrota en el referéndum y traspasarlo a los republicanos. Las declaraciones de Matthei desordenaron el tablero. En estas horas, en Chile se escuchan voces desde la izquierda que el borrador de la Comisión Experta -que elaboró un anteproyecto moderado y de consenso- ingrese como reforma constitucional al Congreso y, de esa forma, saltarse el trabajo del Consejo. Kast se opone: “Quieren anular por secretaria al Consejo Constitucional, elegido por más de 12 millones de chilenos”, escribió en la red social X, achacando esta operación al Gobierno de Boric. El senador UDI Javier Macaya, de la derecha tradicional, manifestó la noche de este lunes su compromiso con el proceso actual, pese a las declaraciones de Matthei, que milita en su partido: “Estamos trabajando para que gane el ‘A favor’ el 17 de diciembre para tener una buena Constitución que cierre el tema constituyente y le de estabilidad a Chile. No apoyaremos la idea de que el proceso siga después del 17 de diciembre llevando al Congreso texto de los expertos o algo similar”, escribió el líder de este partido histórico de la derecha. Rechazada una norma sobre paridad Chile se encuentra en su segundo intento en tres años de cambiar la Constitución que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En septiembre del año pasado un 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de ley de leyes que presentó la Convención Constitucional, conformada por una mayoría de independientes de izquierda. Hoy el Consejo Constitucional trabaja sobre la base de un anteproyecto que, entre marzo y junio, redactó la Comisión Experta, nombrada por el Congreso a propuesta de los partidos políticos al que hoy la oposición, en especial los militantes del Partido Republicano, le han presentado una serie enmiendas. La modificación del número de parlamentarios provocó un nuevo choque entre el oficialismo y la oposición. La norma obtuvo 30 votos a favor, pero se abstuvieron

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Cuba denuncia un “ataque terrorista” con cócteles molotov contra su embajada en Washington

El País .- El Gobierno de Cuba calificó este domingo de “ataque terrorista” el lanzamiento de dos cócteles molotov contra su embajada en Washington, aunque según las primeras informaciones, no hubo daños al personal diplomático. “La embajada de Cuba en EE UU fue objeto de un ataque terrorista”, dijo el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta X, antes Twitter. El ataque se produce una horas después de que el presidente Miguel Díaz-Canel regresara a La Habana tras haber pasado toda la semana en Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas y mantuvo una intensa actividad diplomática como presidente pro tempore del G77+China. El grupo celebró su cumbre anual la pasada semana en Cuba, con la presencia de representantes de 116 países y 12 entidades multilaterales, entre ellos, el secretario general de la ONU, António Guterres. Durante la visita de Díaz-Canel en Nueva York, se registraron diversas manifestaciones de cubanos en el exilio en contra de su presencia en la cita de Naciones Unidas. “Los grupos anticubanos acuden al terrorismo al sentir impunidad, algo sobre lo que Cuba ha alertado a autoridades estadounidenses reiteradamente”, dijo Rodríguez en sus redes sociales. Al rechazo de Cuba se unió en la noche del domingo Venezuela, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil. “Condenamos este nuevo ataque terrorista en contra de la integridad soberana de Cuba, y nos solidarizamos con su pueblo y autoridades”, manifestó. Es la segunda vez que se registra un ataque violento contra la sede diplomática de Cuba en Washington desde su reapertura en 2015. En abril de 2020, un hombre disparó en varias ocasiones al edificio con un fusil de asalto y provocó daños a la estructura. En aquella ocasión, Rodríguez culpó a EE UU de propiciar el ataque, alegando que “hay una conexión indisimulable y inocultable entre la política agresiva de odio y de instigación a la violencia que sigue el gobierno de Estados Unidos”. El ataque es un capítulo más a las tensas relaciones entre EE UU y Cuba. Donald Trump incluyó a la isla en el listado de países patrocinadores del terrorismo ―que sólo comparte con Siria, Corea del Norte e Irán― y echó por tierra el deshielo que inició Barack Obama durante su Administración.

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El Supremo de Brasil retoma fugazmente el debate sobre la despenalización del aborto

El País .- La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil apura sus últimos días en el cargo y quiere dejar huella en un asunto tan capital como controvertido. La magistrada Rosa Weber ha votado este viernes a favor de despenalizar el aborto hasta la semana 12 al reabrir las deliberaciones sobre un caso con potencial para que Brasil deje de ser el único de los grandes países latinoamericanos donde la interrupción voluntaria del embarazo todavía sigue restringida a tres supuestos. Esa decisión de Weber en un caso del que es ponente es parte de su despedida. La semana próxima se jubila forzosamente al cumplir 75 años. Muestra de lo espinosa que es aún la cuestión, inmediatamente después del voto de la jueza la vista quedó suspendida y el debate será retomado más adelante en una fecha indeterminada. La magistrada sostiene en su decisión que, “al observar el mundo a partir de la lente de la mujer, la maternidad no debe derivar de la coerción social (…), sino del ejercicio libre de su autodeterminación para construir su proyecto de vida”. Weber ha querido dejar clara su postura en un caso que el Supremo tiene sobre la mesa hace seis años. Y en un momento en que es probable que Weber sea sustituida por un hombre y quede una única mujer entre los once togados. Desde hace siete décadas, las brasileñas pueden interrumpir su gestación en caso de violación o de riesgo para la salud de la embarazada. Y desde 2012, y gracias a una decisión de los tribunales, en caso de que el feto carezca de cerebro. La antropóloga Débora Diniz, una de las principales referencias sobre el aborto en este país, afirmaba este viernes a primera hora que “Brasil está más cerca que nunca de despenalizarlo”. La última encuesta nacional indica que una de cada siete brasileñas ha interrumpido al menos un embarazo antes de cumplir los 40. Cada año se practican en torno a medio millón de abortos. La mayoría, clandestinos. Las brasileñas negras tienen un 46% más de probabilidades de someterse a un proceso inseguro. Los legales son poquísimos, rondan los 2.000 anuales. Sostiene Diniz que el voto de la juez Weber “es muy sólido” y deja claro que el Código Penal contradice en este ámbito la Constitución. La experta recalca que el fallo responde a las principales controversias sobre la cuestión pero recalca que “tenemos que esperar al juicio”. La incógnita es si será retomado en cuestión de semanas, meses o años. Aunque Brasil fue pionero en América al aprobar en 1940 el derecho al aborto, en los últimos años ha quedado muy rezagado en la batalla a favor de los derechos reproductivos por la ola ultraconservadora que llevó al poder al militar retirado Jair Bolsonaro. Mientras Bolsonaro aislaba Brasil del mundo, sellaba una alianza política con las Iglesias evangélicas y recortaba derechos, la despenalización avanzaba veloz en Argentina, Colombia y México gracias a una potente movilización feminista. El Senado argentino lo legalizó a finales de 2020 hasta la semana 14. La Corte Suprema colombiana dio luz verde, en 2022, hasta la semana 24. Y, por unanimidad, el máximo tribunal mexicano lo acaba de legalizar este mes en todo el territorio. El caso sobre el que Weber se pronunció anoche viene de muy lejos. Es una demanda presentada por el Partidos Socialismo y Libertad (PSOL), de izquierdas, que se juzga en el Tribunal Supremo desde 2017. Como alertan los especialistas, incluso en casos evidentes como las violaciones, muchas brasileñas desconocen que tienen derecho a un aborto seguro y gratuito en la sanidad pública. Ni siquiera los médicos y enfermeras que las atienden les informan a menudo de esa posibilidad. Y luego está el arraigado conservadurismo, que coloca al embrión por encima de cualquier otra consideración. Cada tanto se conocen casos espeluznantes como el de una niña de 11 que recientemente dio a luz un segundo bebé fruto de las violaciones de un pariente. El derecho al aborto es un asunto políticamente tóxico en Brasil. Durante los 13 años de Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), el único avance fue autorizarlo en casos de anencefalia y fue una decisión judicial. Durante la última campaña electoral, Luiz Inácio Lula da Silva insistió en la postura que defiende hace años: es un asunto de salud pública y él personalmente es contrario. Nunca ha abanderado la causa, como sí hizo el argentino Alberto Fernández, porque sabe que en el Brasil actual es una receta para perder apoyo electoral. Antes de retirarse, Weber quería asegurarse de que la corte abordaba varios temas trascendentales: el derecho al aborto, los primeros juicios por el intento de golpe del pasado enero y los derechos de los indígenas a las tierras que habitaron sus antepasadas antes de 1988. La sustitución de Weber ha alumbrado una intensa e ingeniosa campaña impulsada por movimientos negros y feministas para que el presidente Lula designe una mujer, mejor si es negra, para ocupar la plaza. Él insiste en que busca alguien de máxima confianza y todo indica que nombrará a un segundo varón, como hizo en junio, cuando premió al abogado que le sacó de prisión. En ese caso quedaría una sola jueza en el Supremo. Un hecho nada baladí cuando el máximo tribunal tiene pendiente el debate sobre si despenalizar la interrupción del embarazo. El Supremo es ahora mismo la única opción para alcanzar ese objetivo en vista de que el actual es el Congreso más conservador de la historia. En una de sus primeras entrevistas tras asumir el cargo de ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves, advirtió abiertamente del riesgo de perder lo conquistado si cuestión aterriza en las Cámaras parlamentarias: “De la manera cómo está siendo planteado hoy por el Congreso, en cualquier discusión sobre el aborto vamos a perder más que ganar”. Añadió la ministra que, “en lo que sea posible avanzar, avanzaremos. Ahora, si es para retroceder, mejor asegurar lo que ya está garantizado por la ley”.

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El chavismo busca interferir en las primarias de la oposición a través del CNE

El País .-  El chavismo ha jugado una nueva carta para complicar a la oposición. Después haberse descartado la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso de primarias, la nueva directiva del ente ha lanzado un anzuelo a un mes de la consulta para ofrecer servicios técnicos integrales a la Plataforma Unitaria -la alianza opositora- y a la comisión organizadora. El pasado mes de junio, la oposición decidió avanzar con el proceso de forma autogestionada, tras la intempestiva renuncia de los rectores del CNE en una maniobra del chavismo. Aunque habían estado negociando algún tipo de apoyo, con el cambio de mando esas posibilidades quedaron en el limbo. La nueva directiva, escogida hace unas pocas semanas y presidida por Elvis Amoroso, quien impulsó las inhabilitaciones de varios de los candidatos opositores, ha publicado un comunicado este viernes en el que anuncia su apoyo al proceso. La participación del CNE en las primarias ha sido un punto de dolor para la oposición. La candidata María Corina Machado, que lidera por mucho la intención de voto en la carrera para escoger al contrincante de Nicolás Maduro, había expresado su rechazo a la intervención del organismo, basada en la desconfianza que se ha despertado en los últimos años sobre su trasparencia e imparcialidad. Otros sectores, como el que representa Henrique Capriles Radonsky, eran partidarios de apoyarse en la infraestructura electoral oficial para garantizar una mayor participación y contar con más recursos en un proceso que para la oposición sería difícil financiar. El cambio de rectores anunciado por sorpresa por el Gobierno precipitó el consenso de todos los actores, que comenzaron a remar hacia el mismo lado: unas primarias con voto manual, organizadas por la sociedad civil. El 5 de junio, la comisión organizadora había solicitado una reunión al CNE para ratificar la información técnica sobre las garantías a la protección de la identidad de los votantes, para una vez confirmadas hacer una solicitud formal de asistencia técnica. Pero la respuesta nunca llegó, por lo que la solicitud no se hizo. Por eso resulta extraño que el CNE asegure ahora que está respondiendo a ella. Capriles dijo entonces, a la vista de los cambios, que autogestionar las primarias era la decisión correcta. “No había otra alternativa, no se podía seguir dilatando el proceso”, escribió en sus redes sociales. Y Machado, que pedía desde el principio una votación manual, celebró la decisión. “Es un logro de la gente”. Ahora la oposición está de nuevo ante el dilema. La Comisión Nacional de Primarias ha señalado que hará una consulta a los 13 candidatos que se inscribieron para tener una postura común sobre la medida anunciada por el CNE. En su comunicado, el árbitro electoral venezolano recuerda que la ley le da atribuciones para organizar las elecciones de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil “a solicitud de estas o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”, lo que abre la puerta a la discrecionalidad del Poder Judicial (en manos del chavismo) para decidir sobre el proceso de la oposición. La Plataforma Unitaria ha permitido la participación de los candidatos inhabilitados por el Gobierno e hizo el registro de cerca de 400.000 venezolanos en el extranjero para permitirles votar en donde residen. No está claro si al entrar el CNE en el juego permita la participación de esos políticos, entre los que figuran Machado, Capriles y Freddy Superlano, y que el voto en el exterior cuente para el resultado. Hasta ahora ninguno de los aspirantes a liderar la candidatura unitaria contra Maduro ha fijado posición sobre este nuevo movimiento, pero la oposición venezolana vuelve a estar en horas decisivas.

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Los indígenas de Brasil logran una victoria vital en los tribunales frente al agronegocio

El País .- Los indigenas de Brasil, descendientes de quienes habitaban estas tierras antes de la conquista o de que alguien contemplara la mera noción de convertirlas en un país, se han anotado este jueves una victoria vital para sus pueblos y el medioambiente. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo ha rechazado este jueves por nueve a dos la tesis defendida por el lobby del sector agropecuario que reclamaba establecer un límite temporal a la reclamación de tierras por parte de los indígenas. Este proceso judicial, que se empezó a juzgar en la máxima corte en 2021, tiene desde entonces en vilo a las organizaciones de nativos y medioambientales porque las reservas indígenas son cruciales para preservar la vasta cultura de los pueblos originarios, pero también para proteger la naturaleza y la biodiversidad tanto en la Amazonia como en los estados en los que avanzan cultivos y ganado. Representantes de los indígenas han seguido este juicio que consideran histórico desde la propia sala del Supremo, en Brasilia. Durante dos años, cada una de las vistas celebradas largos intermedios han levantado enorme expectación porque este caso sienta jurisprudencia. Y, por tanto, el resultado tiene enormes repercusiones para los indígenas, por supuesto, pero también para el sector agropecuario, el más dinámico de la economía, el que más crece y más empleo genera. De nuevo en este polarizado Brasil, la máxima corte ha quedado dividida en bandos ideológicos. Los dos jueces que han votado a favor de la tesis del agronegocio son los dos que nombró el anterior presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, que rechazó demarcar ni un solo centímetro de nuevas tierras para los nativos o la biodiversidad. El lobby del agroengocio pretendía que los indígenas no pudieran reclamar territorios en los que no estuvieran asentados el día que se promulgó la Constitución, es decir, el 5 de octubre de 1988. Su argumento era que con ese límite temporal se podrían resolver innumerables disputas por tierras y dar seguridad jurídica a los productores agropecuarios. Para los nativos, imponer esa restricción hubiera significado legalizar múltiples expulsiones ocurridas antes de esa fecha, sobre todo durante la dictadura, que acabó en 1985. Los indígenas son una pequeñísima minoría de los brasileños (1,7 millones entre los que viven en las aldeas y e las ciudades) y sus tierras suponen más del 13% del territorio. Y en ellas ejercen una función vital para el planeta porque son siemre las áreas donde la naturaleza está mejor preservada. En las imágenes tomadas por satélites en la Amazonia o en otros ecosistemas las tierras indígenas y las reservas naturales son fáciles de identificar porque suele ser islas verdes. “¡Victoria! Derrotamos la tesis jurídico-política del marco temporal”, ha proclamado en una nota la APIB, la organización que aglutina a los pueblos indígenas de Brasil y que hasta hace unos meses dirigía Sonia Guajajara, ahora ministra de los Pueblos Indígenas en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De todos modos, la APIB alerta de que a lo largo del proceso judicial han asomado algunos peligros como la posibilidad de que los productores agropecuarios deban ser indemnizados. “Nuestro derecho originario está garantizado, pero existen en el debate del Supremo cuestiones que nos amenazan”, afirma la APIB en la nota para añadir que “la propuesta de indemnización sobre la tierra desnuda puede inviabilizar las demarcaciones y el usufructo exclusivo de las tierras indígenas, que también es un derecho inviolable”. El proceso de demarcación de tierras indígenas fue intensísimo en los primeros años después de que, en 1985, Brasil recuperara la democracia. Pero hace una década se frenó por la crisis político, social y económica que atravesó el país y en los últimos cuatro años estuvo completamente paralizado. El militar retirado Jair Bolsonaro prometió en su primera campaña presidencial no legalizar “un solo centímetro de tierra indígena” y cumplió su palabra. Lula ha retomado el proceso pero a un ritmo mucho más tímido de lo que los indígenas y los ambientalistas hubieran deseado. Retomó la creación de tierras indígenas con ocho áreas cuidadosamente elegidas entre la larga lista de solicitudes porque evitó aquellas que pudieran resultar más conflictivas tanto en términos políticos como jurídicos. El caso que ahora ha juzgado el Supremo atañe a una tierra concreta del Estado de Santa Catarina, al sur del país. En 2009 un juez de primera instancia le arrebató al territorio Ibirama-Laklano la condición de reserva indígena con el argumento de que los nativos no estaban allí el día que entró en vigor la Constitución que reconoce a los aborígenes el derecho sobre sus tierras, incluida la explotación en exclusiva. Bolsonaro fracasó en el intento de permitir que los foráneos también pudieran explotar esas riquezas. El presidente Lula y su Gobierno estaban a la espera de lo que el Supremo decidiera en este caso. Pero la decisión de la máxima corte no es un punto final al asunto. Porque el lobby del agro ha buscado una vía alternativa para lograr su objetivo, el Senado, que debate un proyecto de ley al respecto. Está previsto que sus señorías lo voten la semana que viene.

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El secretario de Bolsonaro le acusa de consultar a la cúpula militar sobre un golpe tras perder las elecciones

El País .- El teniente coronel brasileño Mauro Cid, que durante cuatro años fue secretario particular de Jair Bolsonaro, ha declarado a la policía que, tras la derrota electoral, el aún presidente se reunió con la cúpula militar para consultarles sobre un posible golpe de Estado, según ha publicado este jueves el medio digital UOL. La información sostiene también que el entonces mandatario recibió de manos de un asesor un borrador de decreto golpista que esbozaba el camino para convocar nuevas elecciones y encarcelar a los adversarios políticos. Estas confesiones, que por ahora la policía no ha confirmado, serían parte del acuerdo de colaboración con la justicia alcanzado recientemente por el militar. Bolsonaro ha emitido una nota en la que repite su mantra de que siempre actuó “dentro de las cuatro líneas de la Constitución”, pero no se refiere a estas acusaciones concretas. La información de UOL sostiene que Cid le dijo a la policía que fue testigo tanto de la reunión con el asesor que entregó el decreto golpista como del encuentro con los jefes militares. Añade también que el comandante de la Armada fue el único entre los miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas presentes que expresó abiertamente su apoyo a las maniobras para impedir que gobernara el legítimo vencedor de las elecciones, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente Bolsonaro está inhabilitado para concurrir a las elecciones en los próximos ocho años, un fallo que ha apelado. La vista para analizar el recurso comienza este viernes. En paralelo, es investigado en una larga ristra de casos. En la investigación abierta por la intentona golpista del 8 de enero está señalado como supuesto instigador del ataque contra las sedes de los tres poderes protagonizado por miles de sus seguidores. Los primeros juicios, celebrados la semana pasada, acabaron en condenas de entre 17 y 14 años de prisión. El antiguo secretario particular es el flanco más débil del expresidente Bolsonaro. Convivió con él de manera cotidiana durante todo el mandato, era el hombre encargado de acompañarlo a todas horas y de llevarle el teléfono móvil. Cid aceptó firmar una delacão premiada —un polémico instrumento de colaboración con la justicia— después de pasar cuatro meses encarcelado acusado de falsificar las cartillas de vacunación de su familia y la del presidente Bolsonaro. Al día siguiente de que el juez aceptara el acuerdo de colaboración, Cid fue excarcelado. Obligado a usar una tobillera electrónica y otras restricciones, se ha instalado en una residencia de militares en Brasilia y sigue cobrando su salario de 5.000 euros mensuales. El militar estaba entre el puñado de colaboracores que acompañaron al expresidente durante la estancia de tres meses en Florida una vez concluido el mandato. Cid también está acusado de complicidad en los tejemanejes de su antiguo jefe para, primero, quedarse con unas joyas carísimas regaladas por la familia real de Arabia Saudí en una visita oficial y para, después, venderlas. Según el relato del secretario particular de Bolsonaro, este recibió un borrador de decreto para perpetrar una ruptura del orden constitucional en una reunión con su principal asesor en cuestiones internacionales, Felipe Martins, que acudió con un abogado constitucionalista y con un sacerdote.

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Estados Unidos busca expandir “agresivamente” su operación en México contra el fentanilo

El País .- El Departamento de Seguridad Nacional quiere aumentar la cantidad de agentes desplegados al sur de su frontera para profundizar las investigaciones “de alto perfil” El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos quiere expandir “agresivamente” su operación en México para 2025 como parte de su lucha contra el fentanilo. Así lo señalan en un documento que publicaron esta semana bajo el nombre de “Estrategia para combatir los opioides ilícitos”, en el que detallan que buscarán que sus agentes desplegados en el país al sur de su frontera profundicen sus investigaciones “de alto perfil” contra los cárteles mexicanos. A días de haber extraditado a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, la Administración estadounidense vuelve a presionar sobre el tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los mayores detractores de la política estadounidense de infiltrarse y operar en México. “Es una intromisión abusiva y prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo”, dijo en abril pasado, cuando se conoció que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) había estado espiando al Cartel de Sinaloa en territorio mexicano. Los dos países pasan estos días por una sintonía que no se sabe cuánto durará. México entregó a Estados Unidos uno de los líderes de Los Chapitos, la rama del cartel que encabezan los hijos de El Chapo, por una solicitud que habían hecho meses atrás. La Cancillería mexicana se mostró muy en línea con la lucha contra este opioide en una de las reuniones por la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Estados Unidos ha elogiado estas acciones, pero quiere más. Esta semana, el fiscal general, Merrick Garland, dijo ante la Cámara de Representantes que quiere la detención y extradición de los otros tres líderes de Los Chapitos: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín. Además de la veintena de imputados, que van desde vendedores de precursores y quienes les consiguen las armas de fuego. El mismo día, el Departamento de Seguridad Nacional anunció su intención de expandirse en México. Uno de los objetivos de la estrategia estadounidense, de acuerdo con el documento, es ampliar la Unidad de Investigación Criminal Transnacional que tienen en México. El fin, dicen, es atacar el trasiego de precursores, cerrar laboratorios clandestinos y arrestar la mayor cantidad de narcotraficantes. El documento asegura que su equipo de trabajo colabora con el intercambio de información y las investigaciones bilaterales entre los dos países y que mejora “la capacidad del país anfitrión para investigar y procesar a personas involucradas en actividades delictivas transnacionales”. “En el año fiscal 2025, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional ampliará agresivamente la Unidad de Investigación Criminal Transnacional de México e implementará varios cambios operativos para mejorar la productividad y centrarse en la fabricación ilícita de opioides”. Los años fiscales en Estados Unidos comienzan en octubre y finalizan en septiembre, esto significa que planean expandirse en la recta final del sexenio de López Obrador, quien se ha opuesto abiertamente a la intervención estadounidense en México. Fue su Gobierno quien disolvió la unidad mexicana especializada en antinarcóticos que trabajaba desde hace un cuarto de siglo en coordinación con la DEA. “Ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia”, acusó entonces. La tensión en materia de seguridad entre los dos países ha sido una constante en los últimos años. La nueva avanzada llega en un momento de sintonía, pero los antecedentes establecen un terreno árido. López Obrador ha intentado desde que tomó el poder restringir la acción de agentes estadounidenses en el país. Este año, cuando se conocieron los informes que había hecho la DEA sobre el seguimiento a miembros del Cartel de Sinaloa, amagó con llevar el asunto a la mesa bilateral de negociaciones y aseguró que no permitiría intromisiones en la política de seguridad de su Gobierno. “No puede haber agentes extranjeros en nuestro país”, reclamó. El informe de Seguridad Nacional, que detalla que padecen 270 muertes por sobredosis cada día, describe las nuevas apuestas, entre las que aparecen la capacitación a sus colegas de otros países para que puedan atajar mejor la compra y el transporte de los precursores químicos. El escenario de la producción de fentanilo descrito comienza en China, donde se producen los precursores químicos, ”que no entran en Estados Unidos”, sino que son enviados a México y Centroamérica por una red que usa rutas terrestres y marítimas. Muchas veces esos productos son transportados por vías legítimas, señala el documento, ya que “no están controladas en el país de origen ni en el país de destino”. Otro foco rojo que tienen que atajar está en la frontera sur, principalmente del lado oeste. Allí han reforzado la presencia de agentes que investigan el trasiego ilegal de opioides y buscarán además establecer un Centro de Delitos Financieros Transfronterizos que pueda atacar las complejas operaciones que montan para lavar el dinero que entra del narcotráfico. En la frontera también han puesto el ojo en una pelea que el Gobierno mexicano lleva años dando: la del tráfico ilegal de armamento, quizás el único punto donde admiten responsabilidad en la crisis del fentanilo. “El contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos a México proporciona un mecanismo para que los cárteles amenacen los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir la producción ilícita de opioides”, concluye el documento.

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Petro pide en un duro discurso ante la ONU acabar con las guerras en Ucrania y Palestina y salvar al planeta

El País .- Gustavo Petro volvió a sembrar la sensación de urgencia en la Asamblea General de la ONU. El presidente de Colombia pidió a los líderes mundiales reunidos en Nueva York cambiar el curso de la historia con una receta de izquierdas: el aumento de los fondos públicos para frenar la crisis climática. En un duro alegato, Petro aseguró que este año ha sido el de la derrota de los “gobiernos y de la humanidad” en temas como la migración, la lucha contra las drogas o la guerra -donde equiparó a Ucrania con Palestina-. Con aire apocalíptico, invitó al resto de países a desandar un camino que ve fracasado y que solo significa el avance hacia “los tiempos de la extinción”.   Esta es la segunda vez que Petro utiliza los micrófonos de la ONU para elevar su mirada sobre Colombia y recurrir a un mensaje de alcance planetario que aboga por la defensa de la vida, cargado de críticas a la yugular del capitalismo: “los ricos de Davos”, “los blancos que se creen superiores” o los Gobiernos que persiguen a quienes abandonan su país en busca de otros destinos mejores.   El presidente ha querido recuperar este martes la fuerza que le dio el año pasado su bautismo en la Asamblea, cuando se enfocó en el cambio del paradigma mundial en la lucha contra las drogas. Entonces era un recién llegado a las élites de poder y su alegato antiestablishment, franco, directo, feroz a ratos, y con cierto aire poético (incluso cursi) en otros, le valió el aplauso interno y externo.   Hoy el año de mandato pesa sobre el primer presidente de izquierdas de la historia moderna de Colombia, que se crece en el exterior, lejos de los problemas domésticos que han dejado un primer curso con más sombras que luces. Ahí, frente al micrófono y dando rienda suelta a su fuerte convicción ambientalista y a su don de palabra, Petro se recupera de los embates de su día a día político. “Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos”, invitó a los demás líderes.   El presidente propone un plan tan ambicioso como difícil de imaginar para ya, que es la urgencia que manda su mensaje. Primero, ha pedido que Naciones Unidas abra dos mesas de negociación de paz. “¿Cuál es la diferencia entre Ucrania y Palestina, no es hora de acabar con ambas guerras?”, se preguntó. Su idea pasa, además, por cambiar el sistema financiero mundial para “financiar la vida y el capitalismo descarbonizado”. Se necesitan, calculó, tres billones de dólares para frenar el cambio climático.   “Con una emisión del FMI habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento de los presupuestos para mitigar la crisis climática. Hay que liberar lo público para salvar la vida, que resuene de nuevo el eco de lo público, que resuene la palabra cambio”, continuó Petro, al que el destino había colocado tras el discurso del presidente Estados Unidos, Joe Biden, y al que, al menos en vehemencia, superó con creces.   No olvidó en su alegato la guerra contra las drogas y los estragos del fentanilo, ni a Cuba -”un país injustamente bloqueado”, ni a la migración -”la marcha silenciosa e incontenible de gentes del sur al norte”-, sobre la que pintó un futuro negro: “En 2070 serán 3.000 millones de personas que irán al norte no atraídos como por la riqueza, sino por el agua”. Millones de migrantes climáticos que, sostiene el presidente, desafiarán ejércitos y cambiarán la tierra.

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El Ejército colombiano retira a 18 miembros de sus filas por las amenazas a la población civil en Tierralta, Córdoba

El País .- Los hombres se hicieron pasar por disidentes para aterrorizar a esta población al norte de Colombia, en hechos que siguen siendo investigados Los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre en la vereda Bocas del Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, siguen siendo confusos. Un grupo de hombres armados que usaban prendas oscuras y cubrían sus rostros con pasamontañas amenazaron a la población civil, incluidas mujeres embarazadas y niños. Varios videos realizados con los teléfonos móviles de los habitantes dejaron testimonio del hostigamiento, y en pocas horas se volvieron virales; testigos señalan que incluso habrían intentado violar a una mujer indígena. Lo que se supo después era que no eran miembros de las disidencias de las FARC, como ellos mismos habían anunciado a su llegada, sino soldados del Ejército, pertenecientes al Batallón Junín.   Mientras la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar adelantan investigaciones, el comandante del Ejército Luis Mauricio Ospina informó este martes sobre nuevas decisiones. Mediante un comunicado oficial, dio a conocer que 6 oficiales y 4 suboficiales serían retirados debido a que su comportamiento “comprometió los principios y valores de la institución”. El documento asegura que “los procedimientos llevados a cabo fueron totalmente contrarios a las normas, leyes y la doctrina militar”. El Ejército también ordenó el retiro de 8 soldados profesionales que estuvieron vinculados a los hechos; otros 13 que no participaron directamente pero tuvieron algún tipo de relación fueron enviados a desempeñar labores administrativas.   Previamente, el comandante había anunciado la decisión de apartar de la institución a 10 soldados involucrados: “He tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y a los mandos separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar”, dijo el viernes 14 de septiembre, tres días después del hostigamiento. Pero solo hasta este martes se conocen los castigos definidos, que revelan que la decisión es más contundente: no solo los apartan y les retiran sus armas, sino que salen de la institución.   Desde que se conocieron los videos, el Ejército ha expresado su rechazo y ha aclarado que “el Batallón de Infantería N.° 33 Junín, adscrito a la Décima Primera Brigada, se encontraba realizando operaciones contra estructuras del grupo armado organizado Clan del Golfo con el objetivo de proteger a las comunidades locales de la región”. El texto señala que el fin de la misión era llevar a cabo tareas de reconocimiento en la zona, “en respuesta a información previa sobre corredores de movilidad utilizados por grupos criminales en actividades ilícitas”.   El grupo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tiene presencia en el departamento de Córdoba, zona en la que las FARC estuvieron en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, y que luego se convirtió en un bastión del paramilitarismo. Considerada la mayor banda del narcotráfico del país, con cerca de 3.000 hombres, se adjudicó el ataque a un helicóptero en el que se desplazaban miembros de la Fiscalía y de la Procuraduría que iban a Tierralta para investigar las intimidaciones. Una ráfaga de disparos impactó el tanque de combustible de la aeronave y le impidió llegar a su destino: sus tripulantes se vieron obligados a desviar su rumbo para evaluar los daños.   El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el hostigamiento a la sociedad civil por parte del Ejército y lo calificó como un intento por llevar a Colombia al pasado, “a la barbarie de antes”. Según él, buscaba enviarle a la sociedad en general el mensaje de que “¡uy, este gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos, hay que poner orden!”. El presidente advirtió que el mensaje “iba directo” hacia un grupo social: los hacendados de Córdoba, “porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”. Es decir, “que repitamos esta historia”.

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Grupo México inmoviliza 60 trenes para evitar que miles de migrantes los aborden

El País .-  La ola de migrantes que busca llegar a Estados Unidos ha colmado las líneas férreas y la respuesta de Ferromex, la empresa del multimillonario Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, ha sido detener temporalmente los trenes. La firma, parte del conglomerado Grupo México, ha comunicado este martes que han tomado la decisión de suspender la operación de 60 vehículos después de que 4.000 migrantes abordaran los vagones para intentar cruzar a territorio estadounidense. “Ante el notable incremento de migrantes concentradas en diversas regiones del país y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transportarse, Ferromex tiene detenidos temporalmente 60 trenes, equivalentes a la capacidad de 1.800 camiones, en rutas hacia el norte del país, en las regiones impactadas por esta problemática social y humanitaria”, informó la empresa por escrito.  Grupo México señaló que en estos últimos días se han registrado un puñado de muertes de migrantes y de lesionados al intentar montar sobre los ferrocarriles de Ferromex en su trayecto a EE UU. Las aglomeraciones, precisó la firma propiedad del llamado rey del cobre, Larrea, se han concentrado en las rutas y patios de operaciones de los Estados de Coahuila, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato. “Ferromex suspenderá temporalmente sus operaciones en las rutas afectadas para proteger la integridad física de los migrantes”, comunicó la compañía.   Fuentes cercanas a la empresa han externado su preocupación ante esta ola inédita de miles de migrantes que comenzaron a bordar sus trenes hace menos de cinco días. “Es la primera vez que hay, en tan poco tiempo, este volumen de personas intentando subir a los carrotanques y en las góndolas, es una situación inédita”, indicaron al diario. Al menos se ha reportado el fallecimiento de dos migrantes en su intento por montar los trenes y un puñado más de lesionados.   Grupo México Transportes, a través de sus subsidiarias, Ferromex y Ferrosur, es el operador ferroviario más grande de México, con más de 11.000 kilómetros de vías férreas en el territorio nacional y 770 locomotoras. Una vía sobre rieles que no ha pasado desapercibida por los miles de migrantes que diariamente intentan llegar a territorio estadounidense. La empresa aún no ha calculado las pérdidas económicas que supondrá la suspensión de estas rutas, claves en el traslado de mercancías, ríos comerciales que corren en paralelo a los miles de migrantes en su travesía hacia Estados Unidos.   Las estampas de miles de migrantes arriesgando su vida para intentar montar los vagones de Ferromex supone una estampa más de la crisis migratoria que desde hace años aqueja a EE UU y a México. Solo en 2022 la policía fronteriza estadounidense detuvo a 2,5 millones de migrantes, de los cuales la mayoría, un 31%, eran mexicanos. La ola migratoria desafía diariamente ferrocarriles, boyas flotantes y alambre de púas en la frontera entre ambos países, para seguir su camino hacia el norte.

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