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Incidentes durante protestas en Quito dejaron 12 detenidos y 4 policías heridos

Nacionales / /

Grupos sindicales protagonizaron violentos incidentes, durante las marchas efectuadas la tarde de este jueves, en el centro de Quito. Los organizadores se concentraron en la Caja del IESS, y de ahí avanzaron hasta la Plaza Santo Domingo, en el centro de la capital, pues su objetivo era alcanzar el Palacio de Carondelet. LEER TAMBIÉN:  LEER TAMBIÉN:  El grupo estuvo compuesto por directivos del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y Unión Nacional de Educadores (UNE). Su reclamo era el de siempre: rechazo a las supuestas políticas neoliberales del Gobierno de Daniel Noboa. Operativo policial La Policía montó un férreo operativo en torno al lugar, a fin de evitar desmanes. Sin embargo, los sindicalistas arremetieron contra los agentes, e intentaron quitar las vallas. La situación subió de tono cuando los manifestantes, con sus caras cubiertas, lanzaron numerosas piedras sobre los policías. Producto del ataque, 4 de ellos quedaron heridos. La respuesta fue el arresto de algunos de los cabecillas de la revuelta: 12 en total. Agresiones Imágenes difundidas en medios de comunicación y redes sociales, mostraron la agresividad de los participantes de la marcha. Incluso hubo denuncias de que delincuentes se colaron en sus filas, para provocar desmanes y robar a los transeúntes. Entre los detenidos hay una funcionaria, posiblemente del Municipio de Quito, que llamaba a acentuar los incidentes, y que agredió a una policía. Volvió la calma La férrea actuación de la fuerza pública desalentó a los revoltosos, que finalmente se retiraron. Según los organizadores de la protesta, este viernes se instalarán en sesión permanente, a fin de planificar nuevas marchas.

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El ultraderechista Milei impulsa por ley hasta seis años de cárcel para los promotores de protestas sociales

Internacionales / /

El País .- La medida forma parte de un proyecto de más de 600 artículos que otorga atribuciones legislativas al presidente en cuestiones económicas, fiscales, tarifarias y hasta electorales. El ultraderechista Javier Milei ha enviado este miércoles al Congreso un proyecto de ley que declara al país en “emergencia pública” e incluye 664 artículos que cambian de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. La ley ómnibus, como se llama por su extensión y variedad de temas, supone la transferencia al poder ejecutivo de amplias facultades legislativas en cuestiones económicas, financieras, previsionales, fiscales, sanitarias y hasta electorales. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias por el Congreso, incluye además un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social. Milei pretende que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación punible con hasta seis años de cárcel si impidiese el libre tránsito o la provisión de servicios públicos. El texto enviado al Congreso, la iniciativa política más contundente de Milei desde que asumió el poder en Argentina, a principios de mes, advierte de que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación en caso de merecer sanciones penales. El proyecto da forma de ley al protocolo antiprotestas que firmó hace dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al proyecto de ley remitido el miércoles se suman otras acciones previas que han elevado el descontento social durante las primeras tres semanas en la Casa Rosada. Primero, fue el decálogo de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien devaluó la moneda un 50% y anunció la eliminación de subsidios al transporte y la energía a partir de enero, entre otras medidas. Esta semana, el Gobierno también anuló los contratos de al menos 5.000 empleados estatales, tras la firma de un decreto con cientos de reformas que, según la lectura del Ejecutivo, no necesitaban pasar por el Congreso. En la lista de reformas que propone el proyecto legislativo, llamado con pompa “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, está la facultad del Ejecutivo para privatizar medio centenar de empresas públicas, el fin de las elecciones primarias de los partidos y una reestructuración de la Cámara de Diputados que facilita sumar parlamentarios a segundas y terceras fuerzas electorales, como es en este momento el partido de gobierno, La Libertad Avanza. La ley, de aprobarse, interviene sobre todo tipo de cuestiones. Las universidades públicas gratuitas, por ejemplo, podrán cobrar a los estudiantes extranjeros su formación; se promueve además un blanqueo a las grandes fortunas que llevan años evadiendo impuestos. La propuesta de Milei declara al país en situación de “emergencia pública” hasta el 31 de diciembre de 2025. Este plazo tan amplio, además, podrá prorrogarse otros dos años, con lo que abarcaría todo el mandato del presidente. Es esa situación de supuesta emergencia pública la que habilita al Gobierno para asumir competencias que corresponden al poder legislativo. La Constitución argentina impide esa transferencia de poderes “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Protestas sindicales La Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las principales centrales sindicales del país, se reunirán este jueves para evaluar los próximos pasos contra las reformas del ultraderechista. Sobre la mesa está la posibilidad de ir a huelga. Pero los sindicatos están “midiendo el termómetro”, según señalaron fuentes de organizaciones a este periódico, y definiendo sus estrategias con prudencia. Los sindicalistas consideran que tienen tres caminos para enfrentar las medidas del Gobierno: la justicia, el Congreso y las calles. En las últimas semanas, se reunieron con diputados y senadores; presentaron una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada por la justicia y el miércoles, salieron a las calles antes de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley con casi 700 artículos. La concentración, que reunió a más de 20.000 personas, según los organizadores, transcurrió sin incidentes hasta el mediodía. La CGT había pedido permiso para manifestarse, según aseguró el Gobierno, que celebró que la central pidiera autorización. La protesta estuvo contenida en los límites de la plaza Lavalle, en el centro de Buenos Aires, por un fuerte operativo que desplegó la ministra Bullrich. Fue inevitable, sin embargo, que los asistentes pisaran el pavimento por el tamaño de la convocatoria. Durante la desconcentración de la protesta hubo tensión entre un grupo pequeño de manifestantes con la Policía, que detuvo a al menos seis personas; además, un agente fue herido por un bus. Manifestación el miércoles en el centro de Buenos Aires.AMANDA COTRIM “¡Poné la fecha! ¡Poné la fecha!”, se escuchó durante la concentración. La exigencia estaba dirigida a las centrales obreras, a quienes los manifestantes les reclamaban que llamen a un paro general. Rodolfo Aguiar, secretario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, que integra la CTA, cree que es “un dato positivo” haber visto “la plaza desbordada” el miércoles. “El nivel de conflictividad crece y las condiciones para una huelga general están configuradas”, aseguró a EL PAÍS el sindicalista. Aguiar, sin embargo, pidió a los trabajadores “tener paciencia” sobre el llamado de huelga general. “Los trabajadores esperan que sus representantes sean capaces de unir fuerzas y esperamos que los dirigentes centrales estén a la altura de las circunstancias”, instó Aguiar, quien señaló que “el tiempo corre a favor de Milei” porque el decreto de necesidad de urgencia impuesto por el ultraderechista entra en vigor el viernes. El paquete de reformas puede ser frenado en el Congreso o en los tribunales, pero mientras eso no ocurra, las medidas serán leyes. Además, la ley ómnibus empezará a ser tratada por el Congreso en sesiones extraordinarias. Manifestantes en la plaza frente al Palacio de Justicia en Buenos Aires, el miércoles.AGUSTIN MARCARIAN (REUTERS) Para partidos y

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Los sindicatos argentinos protestan en la calle por el desmantelamiento del Estado decretado por Milei

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El País .- Las principales centrales obreras del país convocan una concentración que acaba con al menos seis detenidos. El ultraderechista afirma que hará un plebiscito si la medida es rechazada por el Congreso Miles de personas convocadas por sindicatos y diferentes organizaciones han protestado este miércoles en el centro de Buenos Aires contra un decreto de necesidad y urgencia impuesto por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei para desmantelar el Estado argentino. La marcha ha aunado a las principales centrales obreras del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), que calcula una asistencia de 20.000 personas, y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina. La concentración se ha realizado en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad y ha transcurrido sin incidentes hasta la desconcentración, al mediodía, cuando la tensión entre los manifestantes y la policía ha crecido. Los diferentes sectores concentrados durante la mañana han apelado a la “unidad de los trabajadores” para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial hace una semana. El texto impone de una sola vez más de 300 reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”. “El DNU destroza nuestros derechos y lo hace, además, de forma antidemocrática”, ha señalado Juan Vita, integrante de la CTA, durante la concentración este miércoles. “Si este Gobierno, que fue elegido democráticamente, piensa que es necesario [el decreto], que lo lleve al Congreso”, ha demandado. El sindicalista ha explicado que esta manifestación es parte de “un plan en crecimiento”: “Iremos viendo en cada momento cómo seguir. No descartamos otras medidas”. Alrededor se alzaban más consignas que criticaban la forma y el fondo del decreto. “Sin derechos no hay democracia”, se leía en los carteles que alzaban los sindicatos. Los partidos y movimientos de izquierda, en otro sector de la plaza, pedían el fin del “plan motosierra” y acabar con “la represión a los que luchan”. Un grupo se trasladaba, cuando aún era posible moverse entre la masa, con la imagen de una virgen de Luján, patrona de Argentina, en los hombros. El movimiento feminista criticaba en redes sociales que el decreto es “una clara muestra de autoritarismo” y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaba que el paquete de modificaciones “viola la división de poderes”. Los decretos de necesidad y urgencia son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. El Gobierno se ha amparado en que la situación del país –con altos niveles de inflación y pobreza– es “muy complicada” y amerita esa medida, que es inédita en el país por su magnitud. Sin embargo, muchos sectores consideran que el presidente se arroga facultades legislativas al imponer centenares de reformas sin un debate en el Congreso y cuestionan la “necesidad y urgencia” de algunos puntos del paquete. El paquete de modificaciones entrará en vigor este viernes y el Congreso podrá rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las Cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto será válido; si no es tratado por alguna también. Mientras esto ocurre, otra vía para frenarlo es la judicial: ya se han interpuesto más de una decena de amparos, según la agencia de noticias Télam, y la CGT también presentó una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada este miércoles por la Justicia, según informan medios nacionales. La CGT ha reclamado este miércoles a la Justicia “que cumpla con la función de controlador del Poder Ejecutivo” y ha interpelado a Milei en un comunicado: “No se confunda, señor presidente. No somos la casta, somos los trabajadores”. En paralelo a la estrategia judicial, los sindicatos también han mantenido reuniones con diputados y senadores de la oposición para ampliar las posiciones contra el decreto en las Cámaras. Las organizaciones están “midiendo el termómetro”, según han señalado, y definiendo sus estrategias con prudencia. Ni la CGT ni la CTA han anunciado aún un paro general, una medida que está sobre la mesa y que exigen las organizaciones de izquierda. Para Guillermo Kane, legislador y dirigente del Partido Obrero, es “una mala señal” que las centrales sindicales no hayan convocado a una huelga de 24 horas. “Esta marcha es casi simbólica. Sin masividad ni calles cortadas. Necesitamos una acción de fondo”, ha exigido Kane. “La CGT, que no ha hecho un paro en cuatro años, no viene jugando un rol de defensa activa de los trabajadores”, ha señalado el legislador y ha demandado un “plan de lucha” acorde a la “gravedad” del decreto. Tensión en las calles Las primeras reacciones contra el DNU sonaron desde los balcones tras la lectura que hizo Milei de algunas de las medidas en cadena nacional hace una semana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Tras el receso de Navidad, se reanudaron las manifestaciones de repudio. Este martes, solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo dos concentraciones frente al Congreso donde se oyeron consignas como “¡Arriba los derechos, abajo el decretazo!”. Desde el Ejecutivo, sugieren que el objetivo de las movilizaciones es “desestabilizar” el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estrenó la semana pasada un protocolo para prohibir que las manifestaciones bloqueen calles y rutas, una de las formas más comunes de protesta en Argentina, y este miércoles volvió a desplegar un fuerte operativo para controlar los alrededores de Plaza Lavalle. La concentración ha transcurrido sin incidentes

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Decenas de miles de argentinos protestan contra Milei rodeados de fuertes medidas de seguridad

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El País .- Las calles del centro de Buenos Aires por donde discurría la marcha amanecieron blindadas, con especial énfasis en la Plaza de Mayo Decenas de miles de argentinos se manifestaron este miércoles por primera vez contra el Gobierno de Javier Milei y su duro recorte del gasto público en un clima de gran tensión. Buenos Aires amaneció con un enorme despliegue policial en los accesos a la ciudad y las estaciones de tren y este aumentó a medida que se acercaba el arranque previsto para la manifestación, las cuatro de la tarde. Los alrededores de Plaza de Mayo fueron blindados con antidisturbios con un objetivo claro: evitar el corte de calles y garantizar la libre circulación. Fracasaron en ese objetivo radical. La elevada participación hizo imposible que los manifestantes caminaran solo por la acera, como quería el Gobierno. Avanzaron con pancartas y bombos por todo lo ancho de las dos avenidas que desembocan en la plaza de Mayo, epicentro de la protesta, y el tránsito tuvo que ser desviado por las calles cercanas. “Unidad de los trabajadores”, cantaba la multitud, mientras algunos se acercaban al cordón policial para insultar a los antidisturbios y silbaban al paso de los furgones preparados por si había detenidos. La manifestación se celebró en un ambiente tenso, pero sin violencia. Hubo sólo dos detenidos en un enfrentamiento aislado, en medio de una gran marcha pacífica convocada por más de un centenar de organizaciones. La idea original era recordar, como todos los 20 de diciembre, a las víctimas de la violenta represión que marcó el final del Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Un total de 39 personas murieron y cerca de 500 resultaron heridas durante protestas multitudinarias. Sin embargo, la marcha se resignificó tras el recorte del gasto anunciado por Milei y se convirtió en la primera protesta contra su administración, a sólo diez días de haber asumido como presidente de Argentina. “Milei estafador. Prometiste ajustar a la casta política y ajustaste al pueblo”, podía leerse en una pancarta”. “Plata para educación, no para el FMI”, podía leerse en otra que levantaba Catalina, una maestra de la Matanza, la mayor ciudad de la periferia bonaerense. “La situación en las escuelas públicas es desesperada. Hay chicos que pasan hambre, a veces llegan al aula sin comer, y con Milei va a empeorar porque los precios de los alimentos se dispararon tras la devaluación”, augura esta docente. Alberto Fernández dejó el Gobierno con una inflación interanual del 160%, pero las estimaciones oficiales para 2024 son de cuatro cifras, récord mundial. El coto a los piquetes evidencia un giro de 180 grados en la respuesta estatal a una de las formas más comunes de protesta en Argentina, que consiste en bloquear calles y carreteras durante horas, a veces incluso días. En las últimas décadas, ha habido una gran tolerancia hacia estas manifestaciones y en algunas de ellas participaron incluso el propio Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los manifestantes ocuparon hoy algunas calles, pero no cortaron las principales arterias de circulación, un punto medio que dejó contentas a las dos partes. Tanto las organizaciones como el Gobierno consideraron un éxito la jornada. La actitud del Gobierno ultraderechista no ha sido una sorpresa. El control de la calle fue una de sus promesas de campaña y es la más popular, incluso entre aquellos que no están entre sus votantes. El 65% de la población está de acuerdo con que el Gobierno garantice la libre circulación, según una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires realizada la semana pasada. Por el contrario, más del 50% se opone a otras promesas como la dolarización, la privatización de la petrolera estatal YPF, la desregulación del precio de los alimentos y combustibles y la eliminación de los subsidios a la energía y el transporte público. Sin niños en la protesta En los últimos días, el Gobierno hizo todo lo posible por disuadir a los manifestantes. Pidió evitar la participación de niños “para no exponerlos al calor y la violencia” y amenazó con retirar las ayudas sociales a aquellos que cortasen la calle. La población más pobre quedó así atrapada entre dos extremos: las organizaciones sociales, que animaban a manifestarse, y el Gobierno, que advertía que no lo hiciesen y habilitó una línea telefónica para denunciar de forma anónima si los obligaban a asistir a la marcha. Según fuentes oficiales, más de 9.000 personas llamaron para denunciar amenazas de las organizaciones sociales. Muchos de los presentes este miércoles en la plaza se rebelaban contra el estereotipo de que son forzados a protestar. “Quería venir a la marcha porque no me alcanza para comer. Nos dicen vagos, planeros, pero yo trabajo más que nadie. Cobro un plan y trabajo en un comercio que me paga una miseria mientras la dueña vacaciona en Uruguay”, dice Fátima Flores, quien sostiene un bebé de un año en brazos, uno de los pocos niños presentes en una manifestación que muchos tenían miedo que terminase con graves enfrentamientos y represión policial. “El problema de este país no son las movilizaciones, el problema de este país es que Milei, de un día para el otro, nos sacó el 50% de nuestro poder adquisitivo con una devaluación”, señalaba horas antes Betina Sanchís, una jubilada septuagenaria en la estación de Once, muy controlada por policías durante todo el día. Esta mujer asegura que sufre insomnio por no saber si el año que viene tendrá techo o no. A día de hoy paga 40.000 pesos (50 dólares) por una habitación, un tercio de su jubilación, pero la decisión de Milei de recortar las pensiones le hace temer que tenga que abandonarla en cuestión de meses. Sanchís asegura que los argentinos están acostumbrados a las crisis y a salir de ellas, pero lamenta la creciente división que ve en la sociedad. “No me gusta nada todo esto. Es el pobre contra el pobre, en vez de unirnos. Va a terminar muy mal”, advierte.

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A un año de ganar en Qatar, Argentina conmemora la fiesta colectiva más grande de su historia

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El País .- Millones de personas se lanzaron a las calles de Buenos Aires el 20 de diciembre del año pasado para celebrar la tercera estrella. El aniversario coincide con la primera protesta contra Milei La Argentina actual, con más del 40% de su población por debajo de la línea de la pobreza, una inflación anual que en 2023 superará el 170% y con la presidencia recién estrenada del ultraderechista Javier Milei, tiene mayores necesidades y urgencias que recurrir a las efemérides, esa rama del árbol de la nostalgia. Pero hay una excepción: que el aniversario implique el recordatorio de los días más felices del país en las últimas décadas. Si la nación futbolera, o sea una porción grande de la sociedad, celebró este lunes el primer año de la final del Mundial Qatar 2022 —los canales deportivos retransmitieron el partido contra Francia en el que la “Albiceleste” ganó su tercera Copa del Mundo y los jugadores, con Lionel Messi a la cabeza, escribieron posteos evocatorios en sus redes sociales—, la conmemoración de este miércoles será por el primer aniversario de un suceso aun más extraordinario. El 20 de diciembre de 2022, dos días después de que Messi entrara en Doha al panteón de semidioses argentinos, una multitud imposible de calcular pero estimada en cinco millones de personas se lanzó a las calles de Buenos Aires y su periferia para intentar ver, aunque sea a la distancia, al ómnibus descapotable en el que los campeones se desplazaban tras su regreso al país. En la Argentina no se recuerdan congregaciones similares, al menos para festejar un triunfo deportivo, eso que en el significado de América Latina se acerca mucho a una reivindicación nacional. El 20 de diciembre podría pasar a ser una fecha declarada “Día del hincha argentino” si en los próximos meses prospera una reciente idea de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La moción ya fue presentada en el Congreso nacional —cada club festeja su propio “Día del hincha”— y espera tratamiento. Aquella explosión de endorfinas colectivas actúa, además, como una burbuja de felicidad en un país con los pelos de punta. El primer aniversario de la movilización más festiva, este miércoles, tendrá un contraste enorme en las calles. Esta vez, las movilizaciones sobre el asfalto céntrico de Buenos Aires no serán de festejos sino de protestas. “El 20 de diciembre comienza la lucha contra el ajuste de la motosierra contra el hambre”, advirtieron dirigentes piqueteros, sindicales y de Derechos Humanos que marcharán hoy en contra de las flamantes medidas económicas de Milei, el presidente que enfrentará su primer desafío callejero. La tensión es tal que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un protocolo que prohíbe los cortes de calles que coarten la libre circulación. Si hace un año la Plaza de Mayo, uno de los centros de reunión icónicos de los argentinos frente a la Casa Rosada, se colmó de hinchas que esperaron —en vano— la llegada de los campeones del mundo, para este miércoles se esperan miles de personas en el mismo lugar. La fecha parece señalada en rojo para grabar la historia reciente del país. Otro 20 de diciembre, pero de 2001, la represión policial y el asesinato de decenas de manifestantes en el resto del centro porteño marcaron con sangre el final de la presidencia de Fernando De la Rúa, que escapó de la Casa de Gobierno en helicóptero. En 2022, en cambio, los helicópteros que volaron por encima de la multitud celebratoria transportaban a los futbolistas que no habían podido llegar por tierra a la Plaza de Mayo ni al Obelisco porque les resultaba imposible. Con las calles copadas por los hinchas, la solución fue que la selección dejara el ómnibus y ensayara una vuelta olímpica por aire. La relación entre Argentina y el fútbol es umbilical desde comienzos del siglo XX pero nunca había tenido —ni posiblemente tendrá— un día tan excepcional como hoy hace un año. Si la “Albiceleste” lleva cosidas tres estrellas en su camiseta, las Copas del Mundo son una competencia cuatrienual y los estadios se convirtieron en escenarios cada vez más exclusivos, el 20 de diciembre de 2022 marcó el regreso del fútbol a la calle, al llano, sin divisiones económicas, sociales ni políticas: los jugadores y los hinchas unidos al final de un Mundial que pareció haber tenido dos sedes, jugado en Qatar y vivido en Argentina. Tras el primer título de la Albiceleste en el Mundial 1978, organizado en una Argentina en dictadura, la segunda estrella llegó en 1986. Al día siguiente de que Diego Maradona levantara la Copa en México, una multitud se agolpó para recibir a los campeones en el aeropuerto de Ezeiza, a 30 kilómetros de Buenos Aires. El ómnibus que debía trasladar a los jugadores hacia la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, en donde el presidente Raúl Alfonsín los esperaba, demoró siete horas para cumplir un trayecto que suele hacerse en 40 minutos. Incluso, ante la aglomeración popular, el vehículo debió cambiar de ruta y avanzó por un camino alternativo, pero finalmente llegó a su destino. En 2022 no hubo forma. El valor deportivo de las tres estrellas es el mismo pero un cúmulo de factores se alinearon para que la de 2022 haya convergido en la mayor comunión entre jugadores e hinchas. Un fútbol menos masculino que en las décadas anteriores —todavía machista, pero con más participación de mujeres y de niños que entonces—, un Mundial con temperaturas calurosas que invitaban a salir a la calle —una atipicidad para los países del hemisferio sur—, una generación de jóvenes que al fin consagró a los héroes de su tiempo, la canonización de Messi, los dispositivos electrónicos que ayudaron a contagiar la alegría y desperdigarla por todo el país con la multiplicación de virales y de memes y, por supuesto, la necesidad de festejar de un país en crisis. La Copa América ganada en Brasil en 2021 ya había actuado como un final simbólico para una pandemia larga y dolorosa: el primer título de Argentina en 28

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Gobiernos parroquiales realizaron una marcha para reclamar al Gobierno el pago de $ 31 millones por asignaciones de septiembre y octubre

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El Universo .- Luego de una reunión, los representantes de los GAD parroquiales caminaron con destino a Carondelet. Representantes de las 821 parroquias rurales de Ecuador tuvieron una reunión en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito. El motivo de su concentración era definir las medidas que tomarán en reclamo del pago de asignaciones mensuales y por una reducción a su presupuesto anual. Los miembros de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) parroquiales realizaron una marcha hasta el Palacio de Carondelet la mañana de este miércoles, 8 de noviembre. Pabel Cantos, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), señaló que se mantendrán en sesión permanente para tomar diferentes medidas que obliguen al desembolso de los valores que les corresponden por ley. En el caso de no ser escuchadas sus denuncias por parte del Gobierno, dijo que llamarán a nuevas movilizaciones, pues aseguró que sin los ingresos no se puede pagar a los miembros de los GAD, pero que tampoco se pueden ejecutar obras. Lady Cedeño, vicepresidenta del Conagopare, reclamó que han sido parte de una reducción al presupuesto y que esta medida sería inconstitucional e ilegal. Sostuvo que el recorte a las asignaciones para las parroquias afecta directamente a los ciudadanos que exigen las obras en la ruralidad, que forma parte del 40 % de la población del Ecuador. “Con la ruralidad nadie se mete. Nadie toma decisiones en contra de nosotros”, enfatizó. La representante agregó que el pago de septiembre y octubre conlleva un monto de $ 31 millones que necesitan para pagar a los miembros de los GAD parroquiales. También indicó que la reducción en los presupuestos significa más de $ 13 millones que van a dejar de recibir. Adelantó que el Ministerio de Economía ha pedido una reunión ante las medidas tomadas por los representantes de los GAD parroquiales. Un grupo de diez personas será recibido en el Palacio de Carondelet. Presidentes, vicepresidentes y vocales de los GAD parroquiales marcharon con banderas, carteles y cornetas. Para ellos, es imposible continuar con sus actividades ante la deuda pendiente, según gritaban mientras caminaron por la avenida 10 de Agosto. El tránsito vehicular fue suspendido. Miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) coordinaron los diferentes cierres en las vías por las que caminaron los ciudadanos. Su destino era Carondelet, el palacio de Presidencia, aunque un contingente alto de seguridad se instaló en el lugar.

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Protesta a favor de Palestina se cumplió en Quito, manifestantes llegaron hasta la embajada de Israel y quemaron bandera de EE. UU.

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El Universo .- En los exteriores de esa sede diplomática se colocaron vallas metálicas y hubo unos 30 policías que resguardaron sus instalaciones. “Libre, libre, Palestina”, fue el grito que hicieron unas 100 personas, que se concentraron en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, la tarde de este jueves. Su platón fue en contra de la guerra y a favor de la paz en el mundo, pero también hubo frases como: “Imperialismo, vuelve a tu casa”. Su protesta también estuvo matizada con el sonido de vuvuzelas, tambores y la exhibición de una bandera de Palestina. Según David Rodríguez, de la comunidad Musulmana de Ecuador, Palestina es un Estado muy golpeado por Israel y Estados Unidos. El plantón luego se transformó en una marcha que buscaba llegar a la embajada de Israel. Tomaron la avenida 12 de Octubre en medio de tambores y música escoltados por dos policías en motos y un efectivo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). A metros de la caminata hubo policías que monitoreaban el desarrollo de la misma desde el parque El Arbolito. Entre los asistentes también hubo la presencia de personas que llevaban consigo banderas del Partido Comunista del Ecuador (PCE). La marcha se da en medio de los ataques entre el grupo islamista palestino Hamas e Israel. Hubo personas de todas las edades que participaron en la marcha. Cuatro policías se ubicaron a unos metros del plantón y hacían fotos de la concentración antes de su caminata. Mientras avanzaba la protesta se repartían volantes que decían: “un resumen de 10 días de matanza, genocidio y despoblación al pueblo palestino en Gaza 2023″. En el trayecto una bandera de Estados Unidos fue arrastrada y al llegar, pasadas las 17:30, a la embajada de Israel, en el norte de la capital, la quemaron. En los exteriores de esa sede diplomática se colocaron vallas metálicas y hubo unos 30 policías que resguardaron sus instalaciones. Los protestantes continuaron con sus gritos de protesta y se leyó un manifiesto de apoyo al pueblo palestino.

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McDonald’s y otras multinacionales, cerradas por protestas en Guatemala

Internacionales / /

Primicias .- Desde el 2 de octubre de 2023, manifestantes exigen la inmediata dimisión de la fiscal general de Guatemala Consuelo Porras Argueta. Guatemala paralizó sus actividades este martes 10 de octubre de 2023 debido al bloqueo de alrededor de 125 carreteras del país, por segundo día seguido. Las paralizaciones ocurren porque manifestantes exigen la inmediata dimisión de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta. En este escenario, firmas multinacionales han cerrado sus puertas «hasta nuevo aviso». Entre las empresas que no están atendiendo al público en Guatemala están McDonald’s, Starbucks, Taco Bell y Shell. Además, las clases presenciales a todo nivel fueron suspendidas. El país centroamericano se mantiene detenido en gran parte de su territorio, pese a que el presidente, Alejandro Giammattei, advirtió que se arrestaría a los líderes de las protestas y se despejarían las carreteras. Durante el mediodía del 10 de octubre, un contingente de la Policía Nacional Civil dialogó con manifestantes en una de las principales avenidas de la Ciudad de Guatemala, en busca de que desalojaran la vía. Sin embargo, los policías empezaron a retroceder con prisa después de que los manifestantes los triplicaran en número y muchos de ellos, en motocicletas, los increparan para que salieran del lugar. El incidente tuvo lugar en la vía denominada Periférico, a pocos kilómetros del centro de la capital, donde unos 1.000 manifestantes mantienen el control del paso.  Sin embargo, la Policía Nacional Civil podría actuar en cualquier momento. Dicha vía es una de las 125 que se mantienen inaccesibles en Guatemala, salvo para ambulancias y emergencias médicas, de acuerdo con el recuento oficial. Nueve días de protestas en Guatemala Las protestas y bloqueos en Guatemala se mantienen con fuerza este 10 de octubre, por noveno día consecutivo, desde que empezaron las manifestaciones el pasado 2 de octubre. Giammattei aseguró que los bloqueos son «ilegales» y por ello se perseguirá judicialmente a quienes tapen carreteras. Sin embargo, un gran número de personas sigue movilizándose para bloquear pasos viales y así mantener por segundo día consecutivo un inédito paro nacional, al igual que el lunes 9 de octubre.   Las protestas fueron convocadas e iniciadas hace una semana por la organización indígena 48 cantones, del departamento (provincia) de Totonicapán (oeste). Desde entonces, se han sumado diversos gremios, incluyendo universidades, médicos y comerciantes. Los manifestantes piden la dimisión de la jefa del Ministerio Público por intentar modificar los resultados de las elecciones celebradas en junio y agosto pasado, ganadas sorpresivamente por el académico Bernardo Arévalo de León. El presidente electo debe tomar posesión el próximo 14 de enero, pero ha indicado que se encuentra en marcha un «golpe de Estado» en su contra para evitar su investidura.

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Los venezolanos exigen en la calle un salario digno mientras Maduro decreta bonos de emergencia

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El País .- Desde marzo de 2022 no se ha incrementado el sueldo mínimo en Venezuela mientras la inflación ha aumentado un 500% La marcha del Día del Trabajo transcurrió en Caracas como otra de las constantes protestas que en los últimos meses han organizado los trabajadores del sector público, jubilados y pensionados, que perciben una remuneración diluida por la voraz inflación. La movilización fue más concurrida, estuvo muy vigilada por los cuerpos de seguridad y fue bloqueada por vallas antimotines antes de llegar a su meta, en la sede la Fiscalía. Los manifestantes exigieron un salario digno y suficiente y denunciaron vivir con sueldos de hambre, de poco más de cinco dólares al mes. En una movilización paralela convocada por el Gobierno, Nicolás Maduro ofreció incrementos en dos bonificaciones, la de alimentación y la de la “guerra económica”, que no perciben todos los trabajadores y pensionados, no tienen incidencia en las prestaciones sociales y suman 60 dólares en total. Mientras, el ingreso mínimo se mantiene en 130 bolívares, que hoy equivalen a cinco dólares, desde marzo de 2022, cuando se hizo el último ajuste, aplastado por más de un 500% de inflación acumulada. Una manifestante grita a los policías del otro lado de un muro antimotines.ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO En la marcha de los trabajadores, el profesor de dibujo técnico Miguel Martínez dijo sentirse asfixiado por la supervivencia. Tiene 61 años, está jubilado después de 30 años de servicio y ha tenido que salir a buscar trabajo. Algunos días le toca subirse al tope de edificios como ayudante de sus hijos en la instalación de antenas de telecomunicaciones. “Estamos en una condición deprimente. No me alcanza, no me puedo mantener. Mis hijos me ayudan, pero ellos salieron del país, tuvieron que regresar y tampoco están bien. Esto es algo que te agota, que te asfixia. Ellos hablan de bloqueo y sanciones y uno se pregunta por todo el dinero que se perdió en PDVSA”, dice el docente, también dirigente sindical del Sindicato de Maestros de Venezuela. “Dejaré los huesos en la calle en esta lucha, porque es doloroso que mis hijos y mis nietos estén viviendo lo peor cuando yo de joven pude vivir mejor”, asegura antes de seguir hacia el centro, donde los esperaba un piquete que impidió a la movilización llegar a su destino. Las medidas de Maduro, que ha hablado en su discurso de un “salario de emergencia” y ha pedido a los venezolanos resistir “hasta que se pueda tener la fortaleza financiera” para recuperar el ingreso mínimo de los trabajadores, se aleja del monto que vienen exigiendo los sindicatos que oscila entre los 100 y 400 dólares como ingreso mínimo vital, para cubrir una canasta básica que ya supera los 500 dólares mensuales. En el acto político, realizado a pocas cuadras de donde aspiraba a llegar la otra manifestación, el líder chavista leyó una propuesta entregada por Wills Rangel, presidente de la Central de Trabajadores Socialistas, afiliada al partido de Gobierno, y fue aprobando uno a unos los puntos que incluyen algunas mejoras en los servicios de salud, planes de vivienda y un aumento de los tributos a los más ricos. El dirigente sindical anticipó su apoyo al “presidente obrero”, a la vez que dio por perdida la lucha salarial. “Los trabajadores de la revolución no nos hacemos ilusiones con el tema de un salario mínimo porque nosotros creemos que tenemos instrumentos y usted nos ha dado el apoyo para ir por algo superior que es tomar el poder y hacer más con menos”, dijo Rangel al micrófono. La protesta por el Día del Trabajo en las calles de Caracas.ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO En la propuesta de las bonificaciones, la organización propuso llevar el bono de guerra a 45 dólares y el de alimentación a 15 dólares. En pleno discurso, Maduro aceptó la propuesta, pero rápidamente aplicó la matemática en la proporción de las retribuciones dejando el bono de guerra, que tiene más beneficiarios, en 20 dólares, y el de alimentación, conocido en Venezuela como “el cestaticket”, que es obligatorio para el sector formal de la economía que es el más reducido, en 40 dólares. “Son 60 dólares redondeados como mínimo, además del salario. Este plan de emergencia y resistencia del ingreso nos debe llevar más temprano que tarde a la recuperación del salario en las convenciones colectivas. Tengan la seguridad y la confianza de que llegaremos a la recuperación total del salario, pero ahora tenemos que resistir y resistir con fuerza”, advirtió Maduro. Los cálculos reales implican un incremento de poco más de 10 dólares con respecto a lo que ya reciben y, en el caso de algunos jubilados de la administración pública, significa incluso una reducción, por el cambio en la proporción de las asignaciones. El mandatario agregó que estas dos bonificaciones estarán indexadas mensualmente al valor de la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, “para que no se deteriore”. No está claro cómo se producirá esto sin que tenga un impacto en el aumento de la inflación por el aumento del tipo de cambio. En años anteriores, el Gobierno ha dicho que el salario mínimo está anclado al precio de la llamada criptomoneda petro, que tiene como valor de referencia el precio del barril de petróleo, sin que esto se reflejara en lo que reciben los trabajadores. Hace un año también se ofreció un bono único que entonces equivalía a 2.200 dólares para 120.000 jubilados del sector público que se retiraron con salarios precarios. Hasta el momento no se ha pagado y a la tasa de hoy sería de apenas 400 dólares. Policías y ciudadanos forcejean durante la protesta.ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO Después de una tímida recuperación y de los pronósticos de mejoría de la economía que hubo el año pasado, Venezuela vuelve a acercarse a un escenario hiperinflacionario. La contracción de la economía durante el primer trimestre y la caída del consumo ha sido reportada por varias firmas económicas. La presión por el aumento del salario mínimo se mantiene desde hace meses y se

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“¡Al balcón!”,Petro llama a las trincheras

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El País .- El presidente aspira a retomar el rumbo de su Gobierno con más izquierda en el gabinete y más ruido en las calles Gustavo Petro busca aplicar una vieja receta a su mandato presidencial. Lo intentó con una nueva estos primeros nueve meses, pero ha acabado desesperado. El plan consistía en estirar el tono conciliador, en intentar unir a una sociedad extremadamente polarizada. En dejar de ser el Petro opositor que quería arrasar con todo el orden establecido para mostrar otra cara, la del líder de todos los colombianos. Eso, se ha dado cuenta, ni es posible ni da rédito político. Las encuestas le dan la valoración más baja desde su llegada y el Gobierno apenas avanza en sus reformas. Por eso, busca recuperar sus esencias, las que lo llevaron a la presidencia: mucha izquierda, mucha calle y mucho discurso.   “¡Vuelve el presidente Petro al balcón!”, tuiteó Laura Sarabia, la mano derecha de Petro, después del día más intenso en el Palacio de Nariño desde que empezó el mandato. Era la forma de anunciar que, una vez cargado el Gobierno del petrismo más puro, es hora de volver a recuperar la calle. Ya lo había advertido el presidente un día antes cuando, por sorpresa, en un acto de los cientos que hace cada mes, de esos que no llaman la atención de los medios, dio un puñetazo en la mesa y dijo que hasta aquí había llegado la mano tendida. Un Petro encendido, colérico, arremetió contra todos rodeado de campesinos en Zarzal, un municipio del Valle del Cauca, donde fue a entregar unas tierras: “A pesar del triunfo electoral cuando le dijimos al pueblo del estallido social cálmense, que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas, pues el pueblo del estallido social fue a las urnas y se calmó. Pero ahora están burlando las decisiones de las urnas y eso no debe ser”.   Se refería al establecimiento, a los partidos tradicionales, al mundo conservador colombiano con el que tanto esfuerzo hizo por congraciarse al principio: ministros liberales, acuerdos con la derecha en el Congreso, reuniones con empresarios. Ya ha tenido suficiente, los resultados no llegan y el nerviosismo empieza a devorar la actualidad. Lo que quiso decir el presidente en el Zarzal frente a unos campesinos era en realidad un mensaje a todos los colombianos: ese que han visto hasta ahora no es Petro y fue Petro quien ganó las elecciones. El primer ingrediente del nuevo plan ya lo tiene. El martes cambió a siete de sus 19 ministros y a un alto cargo. Le enseñó la puerta a los moderados, a aquellos con los que había buscado tender puentes con los sectores antipetristas. Se fueron el ministro de Hacienda o la ministra de Agricultura, gente con experiencia y respetada en todos los sectores, que nunca dudaron en cuestionar a algunos de sus compañeros de gabinete, a los que consideraban unos activistas inexpertos. Petro siempre cerró filas con los suyos, pero el peso de los moderados, a la vez los ministros más reconocidos públicamente, era lo suficientemente grande como para opacar al resto. Ahora quiere movilizar a los suyos, a la militancia de izquierdas que lo considera un héroe desde su alcaldía en Bogotá (2012-2016). En 2013, Petro fue destituido por la Procuraduría, que lo inhabilitó durante 15 años en un polémica decisión que fue revocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En ese tiempo, Petro salió varias veces al balcón de la Alcaldía, donde miles de personas lo recibieron como un mártir del sistema. Petro quiere que las masas en la calle acompañen la labor del Gobierno, que con una minoría en el Congreso y con el resto de partidos enemistados, se enfrenta al reto gigante de sacar adelante las reformas prometidas. Ya lo intentó en febrero, cuando acababa de presentarse la reforma sanitaria, pero no logró movilizar a tanta gente como hace una década. Hoy no hay ninguna destitución, la izquierda ni siquiera es oposición, sacar a la gente a la calle a favor es más difícil que hacerlo a la contra. Por eso el presidente quiere mostrar su enfado. Buscar un enemigo que encienda a la izquierda y a la juventud que acorraló en 2021 al Gobierno de Iván Duque y sacó a miles de colombianos a protestar por todo el país. Un estallido social que marcó el futuro político de Colombia e hizo a Petro presidente. Después de que Álvaro Uribe, su mayor adversario político, se haya bajado de la batalla, el mandatario señala ahora a todo el establecimiento, al neoliberalismo, como culpable de no dejarle gobernar. El lunes 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, el mandatario volverá a dar un discurso en el balcón. Buscará conectar con los suyos, con los que seguramente siente que se distanció estos meses. Ya no necesita hacer esos equilibrios imposibles entre los partidos tradicionales y los petristas, ya sabe que no puede ser el presidente que los una a todos bajo la necesidad de cambiar un país que muchos no quieren cambiar, o cambiar solo un poco. Es como si se hubiera quitado una carga muy pesada que arrastraba desde hace nueve meses. Vuelve el petrismo en esencia.

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Incendio de gran magnitud se registra en medio de protesta en Lima

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Manifestantes impidieron el paso de varios vehículos de bomberos. Un edificio con viviendas está siendo consumido por las llamas en el centro de Lima, Perú, en medio de las protestas que se realizan para pedir la renuncia de la mandataria Dina Boluarte así como el cierre del Congreso.   La casona se encuentra a un costado de la plaza San Martín donde se concentraban un grupo de manifestantes. Mario Casaretto, jefe departamental de los bomberos de Lima, denunció que les tiraron piedras mientras se dirigían a la emergencia. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los manifestantes ha permitir el paso de las motobombas. En Lima, las autoridades desplegaron “11.800 efectivos en las calles para el control de disturbios, más de 120 camionetas y 49 vehículos militares, y también la participación de las fuerzas armadas”, aseguró el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabría. Diversos negocios aledaños a la ruta de la marcha fueron cerrando conforme avanzaba el día y algunos cubrieron con maderas las vitrinas para evitar ser blanco de eventuales ataques de vándalos. Fuente: El Universo

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Lula espera que las protestas golpistas se deshagan voluntariamente pero no descarta tomar medidas

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La detención de un bolsonarista tras un atentado fallido lleva a las autoridades a reforzar el despliegue de seguridad y vetar las armas en Brasilia Luiz Inácio Lula da Silva quiere darse el primer paseo como presidente de Brasil, el domingo, Año Nuevo, en un Rolls Royce descapotable, como hizo su predecesor. Pero su equipo de seguridad no descarta que deba recurrir a un coche cerrado y blindado para evitar cualquier riesgo. La decisión final dependerá de cómo evolucione la situación. Un atentado fallido con bomba que pretendía causar el caos en Brasilia para impedir el traspaso de poder y la detención, como principal sospechoso de organizarlo, de un bolsonarista vinculado a las protestas golpistas sumado a unos actos de vandalismo días antes hicieron saltar todas las alarmas. El presidente electo espera que los que siguen acampados ante cuarteles pidiendo una intervención militar se vayan voluntariamente a sus casas antes de Año Nuevo, pero no descarta el uso de la fuerza. Este jueves la policía ha emprendido una operación contra los sospechosos de intentar asaltar la sede de la poliicía, quemar coches y autobuses en Brasilia el día 12 después de la ceremonia en la que Lula fue declarado apto para convertirse en presidente de la república. Al menos dos personas han sido detenidas. El plan es que el líder de la izquierda brasileña inicie su tercer mandato el día de Año Nuevo con una multitudinaria fiesta en el corazón de la política brasileña y bien arropado por la comunidad internacional. Se espera a unas 300.000 personas además de una veintena de jefes de Estado y otros representantes extranjeros. Las medidas de seguridad para la ceremonia se han reforzado. Las autoridades pretenden movilizar al 100% de los agentes de policía de Brasilia. Y el Tribunal Supremo ha aceptado la petición del equipo de Lula de que vete las armas de las calles de la capital con motivo del evento. Pero las concentraciones de bolsonaristas que quieren un golpe de Estado persisten. Menguadas y radicalizadas en diversas ciudades. Varios calendarios artesanales —”59 días de resistencia”— recordaban este miércoles en el campamento levantado ante el Cuartel general del Ejército en São Paulo que han pasado casi dos meses desde las elecciones. Lula consiguió una apretada victoria frente a Jair Bolsonaro. Si los primeros días se apretaron en esta calle miles y miles de personas, ahora suman un centenar a lo sumo, pero han levantado casetas y, en vista de lo que dice Julieta, de 40 años, no tienen ninguna intención de abandonar la protesta. “Si hay que morir por Brasil, estoy dispuesta a dar mi vida”, proclama antes de pronosticar que “la probabilidad de enfrentamiento es grande”. Viste una camiseta verde oliva con cuatro números: 1964 (el año del último golpe militar) y usa ese seudónimo porque no quiere revelar su identidad. Asegura que tiene planes de viajar a Brasilia para unirse al campamento de la capital, principal símbolo de los bolsonaristas que aún creen que les robaron las elecciones. La sistemática campaña del presidente contra la credibilidad de las urnas, las encuestas y las autoridades electorales ha calado hondo entre sus seguidores. Bolsonaro recurrió el resultado pero su apelación fue rechazada de plano y acusado de actuar de mala fe. Para el equipo de Lula, es prioritario desactivar la protesta de Brasilia porque se ubica a 10 kilómetros del corazón político de Brasil, donde Lula recibirá la faja presidencial aunque aún se desconoce quién se la impondrá. Nadie espera que lo haga Bolsonaro, que ni siquiera ha reconocido el triunfo del líder izquierdista. “No serán pequeños grupos extremistas quienes coloquen a la democracia brasileña contra la pared”, advirtió este martes el futuro ministro de Justicia, el antiguo juez y gobernador Flávio Dino. “Cuando más pactada sea la desmovilización de los campamentos, mejor. Esta es la posición del presidente Lula en este momento. Por supuesto, si eso no ocurre, se tomarán medidas. Pero en un segundo momento”, explicó en una comparecencia. A su lado, el próximo ministro de Defensa, José Múcio, pidió a Dios que la protesta se deshaga por las buenas. El propio Múcio explicó muy gráficamente hasta qué punto la trama descubierta en Nochebuena supone un salto cualitativo. “Cuando un ciudadano pone una bomba debajo de un camión de queroseno que está entrando en un aeropuerto y que podría volar un avión con 200 personas, entramos en el terreno del terrorismo”. Ésa es precisamente la acusación que pesa contra el principal sospechoso, George Washington de Oliveira Sousa, de 54 años. Durante los interrogatorios policiales, este gerente de una gasolinera en el Estado de Pará explicó el motivo de su viaje a la capital a mediados de diciembre: “Viajé a Brasilia para unirme a las protestas frente del cuartel militar, y esperar a que las Fuerzas Armadas me autorizaran a tomar las armas y destruir el comunismo”, dijo, según Reuters. El cuartel al que se refiere es la sede principal del Ejército. La policía localizó también varias armas en el piso que tenía alquilado. Julieta, la bolsonarista de São Paulo, está convencida de que la versión oficial de la policía es falsa y sostiene que el detenido es en realidad un simpatizante del partido de Lula da Silva, el de los Trabajadores. Poco le importa que esa falsedad, que circula por redes, haya sido desmentida por las agencias de chequeo. Prácticamente de un día para otro, el terrorismo se ha convertido en Brasil en una preocupación local. Este era un país donde una mochila sin dueño en plena calle no hacía saltar ninguna alarma. Ya no. Este martes una desató un notable despliegue policial que quedó en un susto. Pero lo que era un temor abstracto se ha convertido en una preocupación tangible al descubrirse la trama de la bomba. Como dijo el jefe de la policía de Brasilia, “Bombas, eso es una cosa que nunca existió en Brasil. Y no lo vamos a permitir”. Los bolsonaristas más radicales quisieran que el presidente saliente reaccionara al estilo Donald Trump. Siguen esperando a que Bolsonaro abandone el silencio en el que se

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Manifestantes paralizan aeropuerto de Cusco y trenes de Machu Picchu en Perú

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El martes 13 de diciembre el aeropuerto internacional de Cusco y los trenes que comunican esta localidad con la ciudadela inca de Machu Picchu suspendieron su actividad debido a las protestas registrados contra el Gobierno de la nueva presidenta, Dina Boluarte. Lima Airport Partners (LAP) informo que el aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete quedo cerrado al menos hasta las 20:40 hora local, mientras que el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa mantuvo la suspensión iniciada el 12 de diciembre»debido a la afectación que ha sufrido la infraestructura» tras las protestas. Despliegue de fuerzas La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) ya había solicitado el despliegue de las fuerzas de seguridad en el aeropuerto de Cusco. Esto, «ante los posibles actos delictivos que atentan contra la infraestructura aeroportuaria, sistemas de navegación, control y vigilancia necesarios para las operaciones aéreas en dicha sede aeroportuaria», según la emisora RPP. Por otra parte, la empresa PerúRail ha confirmado la paralización de los trenes que conectan con Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos de Perú, por las movilizaciones. La medida «busca priorizar la seguridad de pasajeros y trabajadores», ha explicado la compañía en un comunicado. Fuente: El Comercio

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Las protestas se extienden en China contra la política de covid cero

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“No queremos PCR, queremos libertad”, son algunas de las proclamas de los manifestantes en Pekín. Concentraciones también en Shanghái, Wuhan, Nanjing, Xi’an, Chengdu o Guangzhou. Las protestas contra el férreo cerrojazo antipandémico comienzan a extenderse en China. Jóvenes y estudiantes lideraron el sábado por la noche varios focos de manifestaciones en distintos puntos del país, con el epicentro en Shanghái. Sosteniendo folios en blanco, que se han convertido en el símbolo de estas protestas, y al grito de “¡queremos libertad!” o “¡abrid China!”, cientos de residentes del centro financiero del gigante asiático se congregaron en la calle Urumqi, homónima de la capital de la región de Xinjiang, donde el jueves murieron 10 personas en el incendio de un edificio. Según atestiguan numerosos vídeos que han circulado a toda velocidad en redes sociales, de pronto, comenzaron a escucharse duros mensajes contra el Partido Comunista chino y su líder, el presidente Xi Jinping, al que le han reclamado que dé un paso atrás con un “¡Xi Jinping! ¡Dimisión!”, algo que hasta hace poco parecía raro y extraordinario en el gigante asiático. Con la mecha prendida, ya este domingo las protestas han llegado a la capital del país. Cientos de personas se han congregado en Pekín con proclamas como “¡No queremos PCR, queremos libertad!” junto al río Liangma, rodeados por un fuerte despliegue policial. Pasada la medianoche, hora local, las manifestaciones continuaban, pero con menor fuelle. Y en el aire flotaba la incógnita de si las protestas seguirán ganando intensidad en los próximos días. La elección de la ubicación para la concentración de Shanghái, que ha reunido a entre 500 y 1.000 personas ―según el recuento de un reportero europeo sobre el terreno―, no es casual. El cansancio y la ira acumulada tras casi tres años de estricta política de covid cero necesitaban de una chispa, y esa parece haber sido la tragedia ocurrida esta semana en Urumqi. Una parte de la población ha interpretado que las 10 víctimas del incendio podrían haberse salvado si no se hubieran aplicado las medidas sanitarias que mantenían la zona semiconfinada y protegida con barreras que impidieron a los bomberos llegar a tiempo. Las imágenes del edificio en llamas y las llamadas de auxilio desde su interior han hecho estallar las redes sociales chinas, que desde el jueves reclaman a las autoridades una relajación de los protocolos antipandémicos. . “Hemos querido tomar el relevo, aportar nuestra parte”, dice en Pekín, entre el barullo de gritos, una mujer de 32 años, que solo se identifica como T. Tras ver en redes sociales publicaciones de las protestas en otras ciudades, ha querido sumarse para hacer oír “una voz mutua”, “una voz alta que despierte al pueblo”. Unos mechones de pelo teñido asoman bajo la capucha de la sudadera. Cuenta que es música en una banda. Habla buen inglés. Y no tiene mucha esperanza de que logren cambiar nada porque quienes tienen que oírles “no escuchan”. “Personalmente, estoy en contra del régimen de Xi”, zanja, mientras los manifestantes comienzan a entonar La internacional. Himno nacional La mezcla de cánticos es llamativa. En un altavoz que alguien ha traído se escucha aquel tema épico que compuso David Bowie: “We can be heroes just for one day [podemos ser héroes solo por un día]”. “¡Freedom, freedom! [libertad]”, gritan en un momento en inglés. De pronto, la multitud canta el himno nacional chino, de poderosa letra antiesclavista. Y luego regresan a las consignas más repetidas: “¡Terminad con los confinamientos, terminad con las medidas anticovid!”, “¡no queremos ser esclavos, queremos ser ciudadanos!”. A Yang Mai, de 31 años, lo empujan en silla de ruedas sus amigos. Lleva la pierna escayolada, pero dice que era su “responsabilidad como artista” estar presente y “alzar su voz”. Según Yang, no se veía una protesta similar “desde hace 30 años”, en referencia a las revueltas estudiantiles de Tiananmen que acabaron con una matanza en 1989. “Bajo las circunstancias actuales, tenemos que tomar acciones”, dice. “Queremos volver a tener una vida normal”, dice otro de los manifestantes, un estudiante de 22 años, que da el nombre de Peach para identificarse. Lleva un taco de folios en blanco bajo el brazo, para extender al resto. Muchos lo alzan mientras caminan por la calle, envueltos en todo momento por la policía, que guarda calma y no interviene, pero sí marca territorio. El tipo del taco de folios explica que quieren hacer de este color un símbolo equivalente al arcoíris para el movimiento LGBT: el blanco es una referencia a la censura y a la vez un mensaje que no puede ser ahogado. Periodistas extranjeros están informando este domingo a través de Twitter de que se ha iniciado una nueva manifestación improvisada contra la policía en la calle shanghainesa donde el día anterior se celebraron las concentraciones. Varias personas han acudido con flores al lugar, que los agentes no les han dejado depositar en el suelo. La multitud está pidiendo la liberación de los detenidos, según las imágenes que se están compartiendo en directo. También circulan vídeos de una enorme marcha en Wuhan, la primera ciudad del planeta en la que se detectaron casos de covid-19. Cientos de personas han salido a la calle para mostrar su oposición a las medidas, y algunos están derribando planchas de chapa colocadas delante de zonas confinadas. Una persona sujeta una vela mientras otra sostiene un folio en blanco durante la protesta en Pekín.NOEL CELIS (AFP) Las protestas que comenzaron el viernes por la noche en las calles de Urumqi se han extendido especialmente por las Facultades de Imagen y Comunicación de grandes urbes como Nanjing, Xi’an, Chengdu o Guangzhou, donde se han congregado estudiantes en vigilias por los fallecidos de Xinjiang. Las concentraciones han dejado emotivas imágenes en las que decenas de jóvenes coreaban al unísono “larga vida al pueblo” y cantaban La Internacional, mientras encendían las luces de sus teléfonos móviles. Las protestas recuerdan a las que se organizaron tras la muerte por covid de Li Wenliang, uno de los primeros médicos que alertó en Wuhan sobre la aparición de un nuevo

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ONU pide una investigación internacional de la represión en Irán

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Solo en los últimos siete días se han registrado entre 60 y 70 muertes, entre ellas cinco niños. El relator de la ONU para Irán, Javaid Rehman, pidió hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la creación de un mecanismo internacional de investigación de la muerte de la joven iraní Mahsa Amini y de la represión a las protestas posteriores, en las que han muerto más de 300 personas. En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos para debatir la actual crisis política y social en Irán, Amini solicitó esta investigación con el fin de “atender los reclamos de las víctimas” en un país donde “la impunidad estructural ha alimentado un patrón de asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y abusos”.   Rehman subrayó que en línea con estas viejas prácticas el Estado iraní ha ordenado desde el inicio de las protestas, a mediados de septiembre, “la represión violenta a cualquier coste”, con órdenes presidenciales de actuar “sin piedad” contra los manifestantes. El relator de Naciones Unidas subrayó que la represión estatal contra los manifestantes está intensificándose, y sólo en los últimos siete días se han registrado entre 60 y 70 muertes, entre ellas cinco niños, especialmente en zonas de población kurda.   Desde el comienzo de las protestas seis personas han sido condenadas a muerte y al menos otras 21, en juicios ilegitimos y a puerta cerrada, han sido acusadas de delitos difusos (como «guerra contra dios» o «corrupción en la tierra», contemplados en el código penal islámico) punibles también con la pena capital, indicó.   “Exigimos a las autoridades iraníes que dejen de usar la pena de muerte como una herramienta para aplastar las protestas, y reiteramos nuestra llamada a liberar inmediatamente a los manifestantes pacíficos” detenidos desde el inicio de las protestas, tras las que según la ONU ha habido alrededor de 15.000 arrestos.   El relator de la ONU añadió que muchos periodistas están recibiendo amenazas de muerte en la cobertura de las protestas, mientras las autoridades en algunos casos están negándose a devolver los cadáveres de los fallecidos bajo custodia a menos que los familiares acepten sus exigencias. Éstas suelen consistir en no hablar a la prensa, no celebrar funerales, o enterrar a sus seres queridos en zonas apartadas, “a menudo por la noche y en presencia de oficiales de inteligencia”, según denunció el relator.   En el inicio de la sesión, que debería finalizar hoy con la votación de una resolución, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, subrayó que “debe ponerse fin al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en Irán”, país que se encuentra sumido en “una abierta crisis de derechos humanos”.   «Urjo al Gobierno de Irán a escuchar (…). Oír la demanda del pueblo por sus errores, aceptar la legitimidad de los que están pidiendo diferentes visiones de un sociedad en la que mujeres y niñas deben poder sentirse libres y seguras sin miedo a la violencia o el acoso», afirmó.   La estrategia de Teherán de negar legitimidad y tachar de “enemigos del Estado a manifestantes, activistas de la sociedad civil es “la típica narrativa de una tiranía”, aseguró Türk, quien insistió que “gente de todas las clases sociales y etnias de Irán están pidiendo cambios”.  Fuente: El Universo

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