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Bukele intensifica su guerra contra las pandillas con el traslado de 2.000 nuevos presos a la supercárcel de máxima seguridad

Internacionales / /

EL PAÍS .-Las organizaciones civiles salvadoreñas y la comunidad internacional denuncian múltiples abusos a los derechos humanos durante el régimen de excepción que dura ya un año.   El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha hecho de las redes sociales su principal tribuna política, ha vuelto el miércoles a lanzar uno de sus tuits favoritos. Dos frases escuetas, incluido un recado para sus críticos, y un vídeo espectacular. El anuncio es el traslado de 2.000 presos más a la supercárcel de máxima seguridad, que inauguró hace poco más de un mes con otro de sus habituales despliegues mediáticos como el golpe definitivo en su guerra contra las pandillas. La semana que viene se cumplirá un año desde que Bukele decretó un duro régimen de excepción, que ya va por 11 prórrogas y que limita derechos y libertades constitucionales en todo el país. Tanto la comunidad internacional como organizaciones salvadoreñas de derechos humanos acusan al Gobierno de usar la tortura, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas en su embestida contra las llamadas maras. El Gobierno, por su parte, responde con poca información, más allá de los mensajes en redes sociales del presidente, y saca pecho de una reducción histórica de la violencia.   Traslado de pandilleros a la cárcel denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), este jueves.GOBIERNO DE EL SALVADOR (EFE) El vídeo del miércoles, de menos de minuto y medio, parece el tráiler de una serie de Netflix. Con música de película de acción, se repiten las escenas de presos esposados de pies y manos, vestidos con apenas un calzón blanco para que se vean los tatuajes, una de las marcas de las pandillas. Van saliendo en fila, con la cabeza agachada hacia un autobús que los lleva a la nueva cárcel, donde se colocan hacinados como animales en el suelo, en interminables filas de cuerpos pegados unos a otros. Los vídeos exhibiendo a los presos han sido una constante durante los últimos meses en el marco de su polémica política de seguridad.   El texto que acompaña el vídeo dice: “Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Con esto, ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo”. Hace menos de un mes, Bukele publicó otro vídeo similar con el primer traslado de presos a ese enorme complejo presidiario localizado a las afueras de San Salvador y anunciado por el mandatario como “la cárcel más grande de toda América”. En aquella ocasión dijo también: “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin hacerle más daño a la población”.   Traslado de presos, el miércoles.SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI (REUTERS)  Ya van más de 60.000 detenidos, según las cifras del Gobierno, desde que arrancó en marzo pasado el régimen de excepción. La suspensión de garantías constitucionales incluye las detenciones injustificadas y la rebaja de 16 a 12 años la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas. La incomunicación total con el exterior incluidos abogados y familiares, juicios virtuales sin intervención de testigos y en general un proceso plagado de opacidad e irregularidades.   Organizaciones de derechos humanos del país han denunciado que apenas un tercio de los detenidos tienen vínculos comprobados con las pandillas. El resto, afirman, son producto de una campaña de limpieza social para ganar puntos de cara a las elecciones del año que viene. La guerra extrema contra las mafias ha logrado debilitar a las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha-13 y Barrio-18. Al mismo tiempo, la estrategia electoral le está funcionando al presidente, que registra los mayores niveles de popularidad de un mandatario desde la vuelta a la democracia a principios de los noventa tras la sangrienta guerra civil.   Policías militares con escudos antimotines escoltan a los pandilleros.GOBIERNO DE EL SALVADOR (EFE) Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) también han denunciado “abusos a gran escala” en los centros penitenciarios. La investigación del organismo, que tuvo acceso a una base de datos oficial, registró desde marzo hasta agosto del año pasado la muerte de 32 personas bajo custodia en los penales. Además de hacinamiento extremo, “miles de personas, incluidos cientos de menores, detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso”.   La deriva autoritaria del Gobierno de Bukele incluye también el asalto a las instituciones de justicia. En mayo de hace dos años, poco después de arrasar en las urnas y lograr el control de la Asamblea salvadoreña, el presidente impuso, saltándose todas las reglas, a un nuevo fiscal general y a nuevos magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estos golpes fueron respondidos con la reprobación de EE UU, ante lo que el presidente no ha dudado en entrar a la gresca perfilando un nuevo adversario en su agenda de polarización y campaña permanente. A esta situación hay que sumar también acoso y los señalamientos a la prensa y a los organismos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la carrera de obstáculos para acceder a la información de interés público. Presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el miércoles.SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI (REUTERS)

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Qué es el «Programa México» de la Mara Salvatrucha y cuál fue el golpe que lo dejó al borde de su desaparición

Internacionales / /

BBC .- La huida de presuntos pandilleros de El Salvador por las detenciones masivas durante el régimen de excepción que está cerca de cumplir un año en su país llevó a extremar la vigilancia de fronteras en lugares como Guatemala, Honduras o el sur de México. Pero la presencia de estos grupos en México no es nueva. De hecho, se estima que la Mara Salvatrucha (MS-13) está en ese país desde inicios de este siglo y, de una manera más formal, desde que hace casi una década creó uno de sus proyectos más ambiciosos: el llamado Programa México. Con él, la mara trató de extender su poder en las calles de El Salvador más allá de su territorio. Sin embargo, lo cierto es que su presencia es muy poco conocida en México, donde sus autoridades tienen a los grandes carteles del narcotráfico como prioridad de combate dentro del crimen organizado. Fue a finales del pasado mes de febrero cuando la atención mediática sobre el Programa México aumentó gracias a que Estados Unidos dio a conocer una acusación por cargos de crimen organizado y terrorismo contra 13 importantes líderes de la MS-13, así como la detención de tres de ellos en territorio mexicano. Según el documento judicial, la MS-13 se alió en México con carteles para traficar droga y consiguió financiación controlando rutas de migrantes como la que recorre el conocido tren de carga «La Bestia». Los migrantes eran extorsionados a cambio de «seguridad» durante su paso por el país camino a EE.UU. y, si se negaban a pagar, eran en ocasiones lanzados desde lo alto de los vagones causándoles graves daños o incluso la muerte. También asesinaron a rivales de otras pandillas o a miembros de la propia MS-13 que trataban de huir mediante esta ruta. Sin embargo, tras la reciente detención y deportación a EE.UU. de algunos de sus líderes, ¿cuál es la situación actual y futuro del Programa México? ¿Se está fortaleciendo gracias a la llegada de mareros que huyen de la «guerra contras las pandillas» en El Salvador? FUENTE DE LA IMAGEN,POLICÍA NACIONAL CIVIL DE EL SALVADOR Pie de foto,Mapa (no actualizado) con algunos de los principales miembros del Programa México de la MS-13 más buscados por las autoridades. El nacimiento del Programa México La MS-13 está presente en México, al menos, desde los primeros años de la década de los 2000. Algunos grupos se localizan especialmente en el sureño estado de Chiapas -fronterizo con Guatemala y lugar de paso de miles de migrantes centroamericanos cada año- y en el área de Tijuana que limita con California -compuesto aquí principalmente por personas deportadas de EE.UU.-. El Programa México, sin embargo, tuvo como base central de operaciones el municipio de Celaya, en el estado central de Guanajuato, aunque después se extendería por al menos otros seis estados como muestra este mapa con base en información de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Fue en Celaya donde se asentaron entre 2014 y 2015 pandilleros liderados por Hugo Armando Quinteros Mineros, alias Flaco; y Francisco Javier Román Bardales, alias Veterano; quienes llegaron a México enviados por la Ranfla Nacional (la estructura de mando de la pandilla). La situación en El Salvador por aquel entonces era convulsa. La tregua iniciada por las maras en 2012 había terminado. La violencia y matanzas se habían recrudecido -así como los enfrentamientos de la MS-13 con grupos rivales-, y el gobierno alistaba las llamadas «medidas extraordinarias» para cortar todo tipo de comunicación desde y hacia los pandilleros en las cárceles. Es en este contexto que miembros de la MS-13 de alto rango llegaron a México para establecer este programa. Según la investigación de EE.UU., uno de sus objetivos era ampliar la estructura de la pandilla para tener una especie de cúpula alternativa en caso de que las autoridades salvadoreñas lograran reducirlos en el país centroamericano. «El Flaco fue enviado a México para conseguir droga y armas, para servir de traficante de personas entre Centroamérica y México… y que así la Mara Salvatrucha tuviera una extensión. Pero eso no quiere decir que se iban a asentar en México, sino que iban a hacer operaciones para El Salvador desde aquí», matiza Carlos García, periodista e investigador mexicano experto en pandillas centroamericanas. FUENTE DE LA IMAGEN,DPTO. DE JUSTICIA DE EE.UU. La relación con el narco A la hora de asentarse en México, los miembros de la MS-13 tuvieron que relacionarse con unos interlocutores inevitables y necesarios para sus actividades: los poderosos grupos de narcotráfico del país. Según la acusación de EE.UU., la pandilla se habría aliado en determinados momentos con el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo y los Zetas. En 2017, la Fiscalía de El Salvador ya hizo público como parte de las investigaciones de la llamada «Operación Jaque» que la MS-13 se había reunido meses antes con el cartel de Sinaloa, con el que acordaron importar droga hacia Centroamérica y del que lograron el compromiso de que los pandilleros podrían circular por México. La Fiscalía también apuntó a que altos mandos de la pandilla fueron enviados para negociar directamente con Joaquín «el Chapo» Guzmán, entonces líder del cartel, si bien no aclaró si esa reunión finalmente se celebró. FUENTE DE LA IMAGEN,AFP Pie de foto,La MS-13 mantuvo contactos en México con grupos de narcotráfico como el cartel de Sinaloa de Joaquín «el Chapo» Guzmán. En entrevista con BBC Mundo, García niega cualquier posibilidad real de «competencia» por el negocio entre ambos grupos criminales. «No mantenían una relación de compañerismo sino comercial, de compra de droga para enviar a El Salvador. La MS-13 no iba a venderla en México y ganarle esa venta al cartel, ni tiene la capacidad ni la infraestructura de un grupo de narcotráfico», dice el corresponsal del portal especializado Insight Crime. Bryan Avelar, periodista salvadoreño, coincide al señalar que «no se trata de una relación de iguales, sino que las pandillas están supeditadas a las órdenes de los carteles y trabajan para ellos de una forma bastante menor». Actualmente basado en la frontera sur de México, Avelar asegura que en

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Petro y Bukele chocan en Twitter por las cárceles para encerrar a las maras en El Salvador

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EL PAÍS .- Los presidentes colombiano y salvadoreño han polemizado en esa red social por los métodos que usa el Gobierno del país centroamericano para disminuir los homicidios.   El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, han chocado este miércoles en Twitter por los métodos que usa el país centroamericano en su vertical ofensiva contra las pandillas. La discusión comenzó cuando Bukele publicó un video en el que se ve a Petro criticar los métodos del mandatario salvadoreño y llamando “campo de concentración” a una cárcel en la que están presos miles de miembros de las maras que han sido capturados, en su mayoría durante el régimen de excepción en vigor desde hace un año. Además, hace una defensa de la educación como manera de reducir los homicidios.   En el video, grabado este lunes durante la entrega de la sede tecnológica El Ensueño, en el sur de Bogotá, se ve a Petro afirmar: “El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas”. Más adelante, agrega: “Nosotros logramos reducir, igualmente, esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre”.   El presidente salvadoreño respondió, minutos más tarde, tras mencionar a Petro: “Los resultados pesan más que la retórica”. Luego deseó que Colombia “en realidad logre bajar los índices de homicidios”. Poco después, el colombiano alargó la confrontación: “Pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades”. Y después invitó al salvadoreño a “comparar las experiencias” en un foro internacional.   Bukele, sin aceptar la propuesta del foro de Petro, apeló a la ironía y a una cifra como para zanjar la polémica: “¿Desde 1993? 30 años… ¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Nuestra experiencia: De más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan”.   La confrontación desde sus perfiles, en los que suelen ser muy activos, ocurre un mes después de que Bukele inaugurara el llamado Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, que él mismo ha denominado “la cárcel más grande de América”, y adonde han sido trasladados cerca de 2.000 pandilleros apresados. La ofensiva del Gobierno salvadoreño contra las maras ha sido criticada por organizaciones de Derechos Humanos, que acusan al Ejecutivo de usar torturas y otros métodos arbitrarios para ese fin.   El pasado 1 de febrero, Bukele compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se lo veía dar un recorrido por la prisión, que fue construida en siete meses. En él se pueden ver los lugares en los que cumplirían su condena los pandilleros encarcelados y, entre otros detalles, las habitaciones donde no entra la luz del sol, a las que serán destinados en caso de castigo.

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Los primeros 2 000 pandilleros son trasladados a la cárcel más grande de El Salvador

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EL COMERCIO.- La madrugada de este 24 de febrero del 2023 fueron trasladados los primeros 2 000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel más grande de El Salvador, y de América, que tiene una capacidad para 40 000 internos. En su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele escribió: «Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población».   En un video publicado por el Mandatario se observa a los privados de libertad con los brazos levantados detrás de la cabeza, mientras se dirigen al patio principal de la cárcel, sin camiseta y sin zapatos, solo con una pantaloneta blanca. Bukele inauguró el CECOT el pasado 31 de enero de 2023 y cuya construcción comenzó en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo del 2022. El pasado 14 de febrero, la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó la undécima ampliación de un régimen de excepción, con lo que el país cumplirá un año con esta medida solicitada por el Gobierno de Bukele. Así es la cárcel más grande de El Salvador De concreto y hierro. Principalmente, con esos materiales está construida la cárcel más grande de El Salvador y de América. La cárcel, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo y construida en una zona rural aislada, se localiza en el central municipio de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador. Soldados, policías y custodios (guardias) penitenciarios se encuentran apostados en todo el perímetro del recinto y en la calle de acceso al lugar. Lejos de las zonas urbanas La cárcel comprende 236 manzanas (165,2 hectáreas) de terreno y se construyó en 33 manzanas (23,1 hectáreas), explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Según Rodríguez, se buscó garantizar un espacio lejos de las zonas urbanas. Normalmente, las cárceles en El Salvador han estado a la par de escuelas, incluso de hospitales y de centros habitacionales. El recinto tiene la capacidad para 40 000 pandilleros -todos hombres- que serán ubicados en ocho módulos, cada uno con un área de cerca 6 000 metros cuadrados, aproximadamente. Se construyeron, además, 5 kilómetros de carretera para el acceso, ocho subestaciones de energía eléctrica, una planta de tratamiento de aguas residuales y dos pozos de agua potable.

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El Salvador aprueba nueva prórroga del estado de excepción

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EL COMERCIO .- La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del 14 de febrero la undécima ampliación de un régimen de excepción, con lo que el país cumplirá un año con esta medida solicitada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele. El Ejecutivo de Bukele solicitó la ampliación de la suspensión de garantías constitucionales, que se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. Los legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la petición, sin un estudio o discusión previa, con 67 votos de los 84 diputados. «Transformar un país en el que no había justicia, es algo en lo que tenemos que trabajar fuertemente los tres órganos de Estado, liderados por nuestro presidente», dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud de ampliación. De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 64 000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros, además de la incautación de 2 326 armas de fuego y USD 1,7 millones en efectivo. Villatoro adelantó que «esta medida terminará hasta que capturemos al último miembro de estas estructuras terroristas». La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, se mostró en contra de ampliar la media y señaló que mantendrá su postura «mientras no hay un plan integral» y «respeto de las personas inocentes«. Pidió que haya una «liberación pronta de inocentes y mecanismos que garanticen el debido proceso para que la Justicia llegue a las víctimas, no solo para sumar números». Ortiz recordó que existen propuestas, como el presentado por las madres de desaparecidos, para «dar respuestas» a las víctimas y que estas no se han abordado en el Congreso. «Es muy fácil estar prorrogando el régimen de excepción cada mes, pero lo que es complejo es buscar realmente la verdad y la justicia para quienes han sido víctimas de estos delitos gravísimos de parte de los grupos del crimen organizado», subrayó. Criticó que «no hay una solución que se vea en el corto plazo«. El régimen de excepción se aprobó horas después que el presidente Bukele asegurara, en un mensaje en Twitter, que el país «ha llegado a 300 días sin homicidios«, sin brindar estadísticas. Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7 900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias. Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.

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El FMI llama a El Salvador a «reconsiderar» sus planes para expandir el uso del bitcoin

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La Hora .- La expansión del bitcoin en El Salvador preocupa al Fondo Monetario Internacional. No obstante, destacó el crecimiento «sólido» en el último año, a pesar de los impactos «adversos». El Fondo Monetario Internacional ha instado a El Salvador a «reconsiderar» sus planes para expandir la exposición del Gobierno al bitcoin mediante la emisión de bonos tokenizados debido a los riesgos legales, la fragilidad fiscal y la naturaleza especulativa de los criptomercados. Así lo ha señalado el personal técnico del FMI tras su visita al país centroamericano para la elaboración del ‘Artículo IV’, en el que se ha sugerido a las autoridades de El Salvador que «aborden» los riesgos que tiene el bitcoin. Estos riesgos, según ha explicado el organismo multilateral, todavía no se han materializado debido a la presencia limitada del bitcoin. Si bien, dado su estado de moneda de curso legal y las nuevas reformas legislativas (como la reciente aprobación de la Ley de Activos Digitales), su uso podría ser más frecuente. Para evitar que el uso del bitcoin afecte a la integridad y la estabilidad financiera del país, los técnicos han recomendado una mayor transparencia por parte de las autoridades de El Salvador en cuanto a las transacción que se realicen en criptoactivos y la regularización de Chivo, la billetera bitcoin de propiedad estatal, siendo este un asunto «esencial» para garantizar la sostenibilidad macroeconómica y la protección de los consumidores. Mejorar el clima de negocios El FMI también ha aprovechado su visita para valorar la situación macroeconómica de El Salvador, destacando su crecimiento «sólido» en el último año, a pesar de los impactos «adversos«. En este sentido, el organismo ha puesto en valor la mejora de la seguridad, que está dando un impulso «mayor de lo previsto» a la inversión privada y al crecimiento. Con todo, el Fondo ha recordado la importancia de «proteger» la independencia judicial y garantizar el acceso imparcial al sistema judicial para seguir atrayendo inversiones y mejorar el clima de negocios de El Salvador. De cara a 2023, y pese a estimar una expansión del PIB del 2,4%, los riesgos se mantiene elevados, siendo la principal preocupación para el FMI la posibilidad de una desaceleración «pronunciada» en Estados Unidos, que reducirá la entrada de capital privado a la economía salvadoreña. Asimismo, los shocks debidos al cambio climático y otros desastres naturales «no pueden descartarse». (Europa Press)

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Más de mil menores de entre 12 y 17 años fueron apresados en El Salvador bajo el estado de excepción de Bukele

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Infobae .- El gobierno fuerza a la policía a mantener cuotas diarias de capturas. A los jóvenes los acusan de “asociación ilícita” con las maras casi siempre sin prueba alguna, “alcanza con una mala mirada”, cuenta una madre a Infobae   Los cinco hijos de Gladys están presos. La policía, amparada en el régimen de excepción en que el gobierno de Nayib Bukele mantiene al país desde marzo de 2022, se los llevó a todos y los repartió en tres cárceles del país. Al menor, Kevin, de 17 años, lo soltaron el nueve de junio del año pasado, después de que había estado preso cinco semanas: ni la policía ni la fiscalía salvadoreña tenían pruebas de las asociaciones ilícitas con pandillas que le achacaban. Kevin casi no habla desde que volvió a casa y, cuando lo hace, es para contarle a su madre, sin demasiados detalles, que sus carceleros le pegaban casi a diario y apenas le daban agua.   Kevin (los nombres de los protagonistas de esta nota se han cambiado por su seguridad y a petición de ellos) es uno de los 1.082 menores de edad a los que el gobierno de Bukele metió presos entre el 27 de marzo, cuando se decretó por primera vez el régimen de excepción en El Salvador, y el 31 de agosto de 2022, de acuerdo con una base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC) publicada por la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Entre los menores encarcelados hay 21 niños de entre 12 y 13 años, a los cuales la PNC de Bukele pudo meter presos gracias a una reforma de marzo del año pasado que redujo la edad de encarcelamiento de 16 a 12 años.   Kevin, como la mayoría de los menores arrestados, fue acusado de asociaciones ilícitas, un delito que, por las reformas que el gabinete de seguridad de Bukele promovió con el régimen de excepción, es castigado desde marzo con penas en prisión de 9 a 45 años. La estrategia de aplicar este delito de asociaciones ilícitas a centenares de jóvenes arrestados ha sido común en los últimos meses: según HRW, unas 39.000 de las 61.000 personas arrestadas desde que empezó el régimen de excepción están en la cárcel acusadas de asociaciones ilícitas.   Dos abogadas consultadas por Infobae en El Salvador, que han defendido a menores como Kevin y quienes accedieron a opinar desde el anonimato por temor a represalias de la Fiscalía General de El Salvador (FGR), aseguran que en la mayoría de audiencias iniciales, en las que de acuerdo con la legislación salvadoreña el gobierno debe demostrar que hay indicio suficiente de prueba para continuar con el proceso judicial, las evidencias que presentan los fiscales son vagas, incluso inventadas y no cumplen con uno de los requisitos de la ley nacional: individualizar la participación de los imputados en los hechos.   Una de las abogadas detalló que hay audiencias en que la fiscalía reúne hasta a 100 imputados ante un juez, la mayoría de los cuales no cuenta con recursos apropiados para defenderse. Amnistía Internacional se hizo eco de esto en un reporte publicado en junio de 2022, en el que advertía que los tribunales salvadoreños hacían audiencias masivas o en forma virtual a través de videollamadas con los reos en los centros penales, en las que se silenciaba los micrófonos para que los imputados no pudiesen hablar.   “Los juzgadores no intiman adecuadamente a las personas imputadas para darles a conocer los cargos que enfrentan; estas no comparecen personalmente a las audiencias, sino que lo hacen de forma virtual y en grupos numerosos; en la mayoría de estas audiencias se ha generado la práctica de silenciar el micrófono desde los centros penales, por lo que las personas que comparecen virtualmente no pueden tomar la palabra y ejercer su defensa material”, confirmó un informe de la organización salvadoreña Cristosal, una de las que mejor ha documentado los abusos durante el régimen de excepción.   Kevin, el hijo de Gladys, como los otros centenares de menores arrestados, tuvo que pasar preso 15 días antes de ver a un juez, pero él corrió mejor suerte que los otros que, después de alguna de esas audiencias masivas o sin micrófono, se quedaron presos. Gracias al régimen de excepción, y en última instancia a las reformas aprobadas por el congreso bukelista, pueden pasar meses, incluso años, antes de que la situación jurídica de estas personas se resuelva. Copia de un informe policial que detalla las cuotas de arrestos exigidos a agentes durante el régimen de excepcion impuesto por el gobierno de Bukele en El Salvador. La imagen corresponde a la zona metropolitana de San Salvador. La autenticidad del documento fue confirmada a Infobae por oficiales de la Policía. Zaira Navas, abogada de Cristosal, asegura que el régimen de excepción y las reformas legales están diseñados para mantener llenas las cárceles y que el gobierno ha establecido a la PNC cuotas diarias de capturas. “El régimen se ha prestado a muchas arbitrariedades, que es lo que ocurre al ordenar detenciones para cumplir números o cuotas de detenidos, al principio eran mil hoy son 500 cada día, y hay muchos audios y grabaciones de policías que lo prueban. Esto ha generado más arbitrariedades entre jefaturas medias de la PNC, pero también lo han aprovechado policías para saldar rencillas personales o para acosar personas”, dice Navas.   Gladys, la madre de Kevin, está convencida de que a sus hijos se los llevaron por eso, para cumplir una cuota. “Mis hijos son sanos trabajadores, pero la policía tenía que cumplir su meta”, dice la mujer a Infobae por mensajería electrónica.   Oficiales consultados en la PNC confirman que, al menos entre marzo y agosto de 2022, el gobierno de Bukele impuso cuotas de hasta mil capturas diarias en todo el país, sin importar si los detenidos tenían antecedentes o si había alguna investigación previa; bastaba una denuncia anónima o incluso, en algunos casos, que los agentes captores se inventaran excusas para justificar los arrestos.   “Todo esto provocó graves desaciertos, provocó

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Hacinados y sin debido proceso: la filtración de una base de datos muestra los abusos a presos en El Salvador de Bukele

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Los registros, a los que ha tenido acceso Human Rights Watch (HRW), exponen la actuación de las autoridades durante el régimen de excepción y confirman muertes de detenidos bajo custodia   Hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. El reverso de la moneda en la estrategia de Nayib Bukele para acabar con las pandillas en El Salvador ha quedado expuesto en la filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso Human Rights Watch (HRW). Los registros muestran “abusos a gran escala” en los centros penitenciarios del país centroamericano bajo el régimen de excepción decretado en marzo de 2022. Esa medida ha llevado al arresto de más de 60.000 personas en los últimos 10 meses y el presidente ha logrado debilitar a las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha-13 y Barrio-18. Al mismo tiempo, se multiplicado las denuncias de atropellos a los derechos humanos.   Los hallazgos confirman ahora las alertas lanzadas tanto por HRW como la ONG salvadoreña Cristosal. La base de datos, atribuida por una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, detalla los nombres de personas procesadas entre marzo y agosto del año pasado. La primera conclusión, según un comunicado difundido este viernes, es que “que miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”.   La documentación, que fue cotejada por HRW con otras fuentes, registra hasta agosto la muerte de 32 personas, en su mayoría en los penales de Mariona e Izalco. Las autoridades se refirieron en noviembre al fallecimiento de otros 58 detenidos sin aclarar las circunstancias. Con respecto a las acusaciones formuladas contra los presos, más de 39.000 enfrentaban los cargos de pertenencia a “agrupaciones ilícitas” y más de 8.000 a “organización terrorista”. En cambio, señala la organización en defensa de los derechos humanos, “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0,3% de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)”. El delito de “agrupaciones ilícitas” en El Salvador alcanza también a quienes obtienen “provecho” de forma indirecta de las relaciones “de cualquier naturaleza” con las pandillas. “El uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales”, apunta HRW.   Según datos oficiales, las autoridades salvadoreñas han detenido desde marzo a 61.000 personas, de las que cerca de 3.000 han quedado en libertad, en muchos casos con penas sustitutivas. A finales de agosto, un total de 1.082 menores habían sido enviados a prisión provisional, de los que 21 tenían 12 o 13 años. Una ley aprobada cuando entró en vigor el régimen de excepción rebajó de 16 a 12 años la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas.   “Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, manifiesta Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW. “Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”. Este último dato es sangrante. Hasta agosto de 2022 las cárceles de El Salvador aumentaron su población en de 50.000 personas. En febrero de 2021, el sistema penitenciario del país, según información oficial, tenía capacidad para 30.000 personas. La filtración de la base de datos acredita también “que más de 7.900 mujeres habían sido enviadas a detención provisional, una cifra que duplica la cantidad total de mujeres que se encontraban detenidas en El Salvador en febrero de 2021″.   A esta situación se suman las pobres condiciones de fiscalización del Gobierno de Bukele, el acoso y los señalamientos a la prensa y a los organismos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la carrera de obstáculos para acceder a la información de interés público. Con estas premisas, HRW vuelve a solicitar al Ejecutivo “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”. Empezando, por ejemplo, por abordar el problema a partir de sus causas estructurales “como los niveles elevados de pobreza y exclusión social e impulsar procesos penales estratégicos enfocados en juzgar a los líderes de pandillas”. Fuente: El País

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Fingió su muerte al interior de un ataúd para no ser detenido y terminó siendo descubierto por la policía

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Un momento complicado es el que vive El Salvador, ya que el auge del crimen organizado ha provocado que las autoridades tomen medidas al respecto. Es por esto que el presidente Nayib Bukele solicitó al Congreso un Estado de Excepción, que fue aprobado el 31 de marzo del año pasado. En 2017 fue considerado como uno de los países sin guerra “más violentos del mundo por registrar 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, una tendencia que disminuyó en forma progresiva hasta cerrar 2021 con una tasa de 17,6 por 100.000”, según consigna Caracol TV. Otro dato importante es que días antes del régimen instaurado, pandillas de todo el país se cobraron la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo. A día de hoy y corroborado por la Secretaría de Comunicaciones del país caribeño, se han capturado 61.000 pandilleros, uno de ellos es Alexander Vladimir Hernández, alias “Servero”. Los detalles de la captura Este martes, el ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, comunicó a través de su cuenta de Twitter, la detención de tres hombres en la ciudad de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, unos 90 km al oeste de San Salvador. Uno de ellos era un miembro activo de la peligrosa banda criminal Mara Salvatrucha (MS-13). Esta captura fue posible gracias a que al encontrarse en Estado de Excepción, se les permite a las policías hacer detenciones sin orden judicial. Por ese mismo motivo, los delincuentes intentaban huir del país hacia Guatemala, en un vehículo que presentaba una insólita curiosidad. Nos referimos a que Alexander Hernández, iba en una particular caja mortuoria por sobre el techo del automóvil y al ser controlado por la Policía Nacional, no halló nada mejor que fingir su muerte al interior del ataúd, algo que fue fácilmente descubierto por los funcionarios y que pudieron darle fin a su escapatoria. Los descargos del ministro “Estos cobardes terroristas están agotando sus escondites y sus formas de querer escapar de la justicia”, dijo, Gustavo Villatoro, a través de su Twitter personal y agregó que, “asimismo, fueron capturados Walter Yubine Zelaya Lemus y Rafael Alexander Juárez quienes colaboraron con este terrorista para transportarlo e intentaron engañar a nuestros agentes de la @PNCSV» Por último, dijo que, «no pueden, ni podrán burlar la justicia salvadoreña. Sepan que estamos persiguiendo a todo aquel delincuente que tenga cuentas que pagar ante la ley. Los vamos a EXTRAER desde cualquier “escondite”. Fuente: Meganoticias

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El Salvador aprueba décima prórroga de estado de excepción

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Los diputados de la Asamblea Legislativa salvadoreña han aprobado en la noche del 11 de enero la décima prórroga al régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022, que estará en vigor durante 30 días más.   De nuevo, la medida se ha aprobado con los votos a favor de 67 legisladores, mientras que ha habido seis votos en contra y diez abstenciones.   El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, ha asegurado que ha votado a favor de la medida «por una paz verdadera», insistiendo en que lo hará «las veces que sea necesario, hasta que (el país) se libre del cáncer de las pandillas«.   «Una vez más elevo mi mano por la seguridad. Para llevar tranquilidad a nuestras comunidades. Para que nuestros niños y jóvenes puedan salir a la calle sin temor«, ha agregado.   A diferencia de anteriores prórrogas al régimen de excepción, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, no ha brindado una actualización de datos respecto al número de detenidos, según ha informado el periódico ‘La Prensa Gráfica’.   Este régimen, por el que las autoridades de El Salvador han detenido a decenas de miles de ciudadanos por presuntos vínculos con las pandillas, ha sido criticado por organizaciones defensoras de Derechos Humanos y organismos internacionales.

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Al menos 14 policías de El Salvador, detenidos por abusos durante estado de excepción

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Al menos 14 policías y soldados habrían sido detenidos por las autoridades de El Salvador como sospechosos de cometer abusos durante el estado de excepción decretado en el país hace 10 meses. Así lo detalló el dirigente del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, durante una entrevista con la emisora Yusca, detallando que el dato fue revelado durante una reunión mantenida entre fuerzas de seguridad y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDHH) de El Salvador. Además de la detención de hasta 14 miembros de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, ha trascendido que en los próximos meses una misión de la ONU y otra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudirá al país centroamericano para investigar la denuncias de capturas arbitrarias y las más de 90 muertes bajo custodia del Estado. No es la primera vez que organismos internacionales o de defensa de los Derechos Humanos han mostrado su preocupación por el efecto negativo del estado de excepción en las detenciones de pandilleros. La ONG Human Rights Watch denunció en abril detenciones masivas arbitrarias y torturas, así como muertes en custodia o desapariciones forzadas. A principios de diciembre de 2022, el Comité Contra la Tortura de la ONU mostró su preocupación al Estado salvadoreño por el estado de excepción y le instó a «garantizar que la detención preventiva se aplique como último recurso y durante el plazo más breve posible, según ha informado ‘La Prensa Gráfica‘. «Los resultados de estas investigaciones pueden derivar en capturas de policías que han detenido gente que no tiene nada que ver con estructuras de pandillas», ha expresado el representante del Movimiento de los Trabajadores de la Policía. No obstante, aseveró que los responsables de las acciones son los titulares de las instituciones, porque los agentes «solo siguen lineamientos». El Gobierno de El Salvador decretó el 27 de marzo el estado de excepción como medida para combatir contra las pandillas, que provocaban diariamente decenas de muertes. Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios. En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones, según ha detallado el citado diario. Fuente: El Comercio

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Bukele intensificó su lucha contra las pandillas y cercó con más de 1.000 policías otra comunidad de la capital

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El operativo es similar al montado sobre Soyapango a principios de mes, que aún se mantiene, y ya dejó más de 500 detenidos El Salvador avanza en su lucha contra las pandillas en su noveno mes consecutivo. Este sábado, Nayib Bukele dispuso el cercamiento de Tutunichapa, una populosa comunidad de la capital del país, en el segundo operativo de este tipo en diciembre. “Desde esta mañana, la comunidad Tutunichapa en San Salvador está totalmente cercada”, escribió en su cuenta de Twitter Bukele. El operativo involucra a más de 1.000 soldados y 130 agentes de la policía, que extraerán a los criminales “que aún quedan en esta comunidad, famosa por el narcotráfico”, continuó el mensaje. “Todos los terroristas, narcotraficantes y pandilleros serán removidos de esta comunidad, hasta hace unos meses bastión del crímen”, declaró y agregó que “los ciudadanos honrados no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente”. Tuit de Nayib Bukele Esta decisión no afecta el cerco similar dispuesto en Soyapango, la segunda ciudad más poblada del país, que fue montado el pasado 3 de diciembre. Este operativo incluyó a más de 10.000 efectivos policiales -en conjunto con la fuerza armada y la división élite de seguridad-, y fue el primero realizado en la quinta fase, de extracción, del famoso Plan Control Territorial impulsado por el Ejecutivo. Hasta el momento, el departamento de prensa de la Casa Presidencial ha informado de seis detenciones en Tutunichapa, aunque sin especificar si se trata de pandilleros o de personas dedicadas al narcotráfico. En tanto, en Soyapango eran 500 los presuntos delincuentes detenidos hasta el 15 de diciembre. Estos operativos incluyen registros tanto de las casas de las personas que allí habitan como de quienes circulan a pie o en vehículos, que ingresan o salen de las colonias. También, se realizan controles aleatorios en colectivos. Estos operativos se enmarcan en la quinta fase, de extracción, del famoso Plan Control Territorial impulsado por el Ejecutivo (REUTERS) A su vez, por las calles circulan carros blindados del ejército -algunos de ellos artillados- mientras otros vehiculos de la policía con agentes fuertemente armados con fusiles de asalto se introducen en las colonias del municipio en busca de pandilleros. El Salvador lleva meses embarcado en su guerra contra las pandillas, también llamadas maras, que lo ha llevado a establecer el régimen de excepción en todo el país, además de avanzar con este tipo de operativos en algunas ciudades. El Ejecutivo prorrogó el 15 de diciembre por novena ocasión este régimen, que suspende los derechos constitucionales, y lo extendió por otros 30 días. El Ejecutivo de El Salvador prorrogó por 30 días el régimen de excepción (REUTERS) “Las organizaciones criminales y sus integrantes mantienen su amenaza, que se ha evidenciado con ataques y agresiones concretados durante el régimen de excepción que aún transcurre, así como los remanentes de estas que no han sido capturados”, menciona el último escrito aprobado, en referencia a la ola de violencia que vivía el país en marzo, cuando los asesinatos escalaron a más de 80 en tan solo tres días -62 de ellos en una jornada-. Desde el inicio de esta lucha, ya se ha conseguido el arresto de más de 60.000 personas por supuestos nexos con organizaciones criminales o delincuentes per se. Sin embargo, esto le ha valido, también, críticas de múltiples familiares y organismos de derechos humanos que denuncian que se realizaron detenciones “ilegales” y sin respeto por los derechos. Unas 200 personas protestaron para exigir a los jueces la liberación de sus familiares detenidos “ilegalmente” durante el régimen de excepción y los acusaron de “complicidad” con las violaciones a derechos humanos (REUTERS) A mediados de noviembre, unas 200 personas del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) se manifestaron en las calles y emitieron un comunicado de prensa en el que manifestaron su rechazo a las actuaciones de los juzgadores, a quienes acusan de “cómplices” de Bukele y señalaron como “responsables de violaciones a los derechos humanos, vejaciones, torturas, degradación a la salud, muerte y lesiones graves” de los detenidos”. Fuente: Infobae

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Nayib Bukele asegura que la Navidad se vivirá con ‘verdadera paz’ en El Salvador

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió un mensaje a sus compatriotas afirmando que «es la primera vez» que hay «una Navidad con verdadera paz», en un video con el que ha querido reivindicar la reducción de la tasa de homicidios en el país centroamericano. Bukele, que ha hecho de la lucha contra la inseguridad uno de los principales ejes de su Gobierno, aseguró en un vídeo compartido en redes sociales que «la paz ya no es un sueño lejano o una palabra vacía» sino «una realidad».   «Confiamos en Dios que esta será la primera de muchas Navidades que nuestro país celebrará con seguridad, libertad y paz», ha declarado, acompañado de su esposa e hija. El mandatario ha llegado a afirmar en los últimos días que El Salvador es «el país más seguro de Latinoamérica«, con mensajes prácticamente diarios en Twitter en los que presume de una reducción inédita en la tasa de homicidios y responde a las críticas de las organizaciones de Derechos Humanos por los supuestos excesos de las autoridades.   Fuente: El Comercio

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El Salvador aprueba novena prórroga de estado de excepción

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La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó el miércoles, 14 de diciembre de 2022, la novena prórroga por 30 días más de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo, con lo que el país centroamericano cerrará 2022 bajo esta medida, que suspende varios derechos constitucionales. El Gobierno de Nayib Bukele solicitó la medida tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. De acuerdo con los diputados, las suspensiones de derechos «continúan siendo las necesarias en este momento para la realización de las actividades operativas de seguridad». «Las organizaciones criminales y sus integrantes mantienen su amenaza, que se ha evidenciado con ataques y agresiones concretados durante el régimen de excepción que aun transcurre, así como los remanentes de estas que no han sido capturados», reza el decreto aprobado con 67 votos. El documentó justifica que «las circunstancias bajo las cuales se decretó dicha suspensión de derechos y garantías aún persisten» a pesar que la escalada de homicidios fue controlada días después de que se decretó el régimen. La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, dijo el martes a periodistas que se reunió con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien le informó que son 59.600 personas detenidas. De este total, «2 100 han salido» libres, lo que representa el 3,5 % de las personas detenidas, sin que se conozca si fueron puestos en libertad por solicitud de la Fiscalía, si los tribunales les han otorgado la libertad condicional o fueron exonerados de cargos. El pasado 27 de septiembre tres organizaciones humanitarias denunciaron al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la detención arbitraria de al menos 152 personas durante el régimen de excepción. Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal han recomendado al Gobierno de Bukele terminar con la medida. Un informe de estas organizaciones señala que durante el régimen de excepción se han dado violaciones de derechos humanos, más de 90 muertes en custodia de fuerzas de seguridad del Estado y casos de «torturas y malos tratos». La procuradora Caballero indicó que, según le comunicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, se han dado detenciones de funcionarios que «pudieran resultar responsables» de la muerte de personas detenidas. Fuente: El Comercio

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El Salvador: las personas que han caído en el implacable operativo contra las maras

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La autoproclamada “guerra contra las maras” de Bukele igualmente ha dado lugar a un aumento de casos de arrestos considerados como arbitrarios. Cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asistió a la ceremonia de graduación de oficiales del ejército, la semana pasada, dijo más que palabras calurosas sobre sus futuras carreras como agentes de seguridad. Anunció también la más reciente escalada en su implacable operativo represivo contra las pandillas callejeras de su país, que ha producido una cifra abrumadora de 57.000 personas arrestadas bajo sospecha de estar afiliadas a pandillas de maras desde marzo. La autoproclamada “guerra contra las maras” de Bukele igualmente ha dado lugar a un aumento de casos de arrestos considerados como arbitrarios. “Gracias a Dios y gracias a ustedes, los salvadoreños tienen una paz verdadera”, expresó el presidente Bukele a miles de soldados y policías en un evento nocturno cuidadosamente preparado para lanzar la quita fase e su polémico “Plan de Control Territorial”. Llamado “Extracción”, su objetivo es fortalecer el control militar de las principales ciudades de El Salvador usando equipos de vigilancia de alta tecnología, supuestamente para impedir la salida o entrada de pandilleros. El operativo se inició este fin de semana con 10.000 integrantes de los cuerpos de seguridad rodeando el municipio de Soyapango, donde empezaron a detener supuestos miembros de las pandillas. Los soldados escucharon en formación firme la palabras del presidente durante el evento nocturno. EPA Foto: BBC Mundo El presidente Bukele desestimó las críticas de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de gobiernos extranjeros sobre el “estado de excepción” que impuso hace nueve meses, después de un fin de semana de extrema violencia pandillera en la que más de 70 personas murieron. La medida de emergencia dotó a la policía con nuevos y amplios poderes, incluyendo el derecho a detener a sospechosos sin debido proceso. Bukele les dijo a los oficiales que tenía el apoyo de más del 95% de los salvadoreños. Sin duda es popular. Las tasas de homicidio están alcanzado niveles bajos sin precedentes. Los vecindarios que han soportado años de extorsión y violencia a manos de las brutales maras MS-13 y Barrio 18 pasan por un período de calma antes desconocido. “Mi esposo no tiene nada que ver con las maras” Sin embargo, la población carcelaria de El Salvador es proporcionalmente la más alta del mundo. Los ya hacinados predios penitenciarios están a punto de reventar con la llegada de nuevos reclusos, llevando al gobierno a anunciar la construcción de una nueva gran cárcel. Con la entrada de nuevos detenidos, algunos reclusos han tenido que ser transferidos para abrir campo. REUTERS Foto: BBC Mundo La evidencia sugiere que cientos, tal vez miles de personas sin obvios vínculos con las maras han caído en las redadas. Cuando los agente de policía entraron a la fuerza por la puerta de la casa de Zoyla Torres, ella creyó que se trataba de un error. “Nosotros no le damos problema a nadie”, insiste. “Mi esposo no tiene nada que ver con las maras. Él trabaja en una fábrica haciendo costales para el transporte de cosechas”. Sin embargo, la policía irrumpió en su humilde hogar y detuvo a su esposo Manuel y su cuñado, mientras sus hijos desayunaban. Manuel, el esposo de Zoyla Torres, fue arrestado en su casa en frente de los hijos de la pareja. COURTESY OF ZOYLA TORRES Foto: BBC Mundo Lo mismo estaba sucediendo al otro lado de la calle, en la casa de su hermano -todo en base a una pista anónima. Los tres hombres estuvieron casi un mes soportando las peores condiciones carcelarias en América Latina. Zoyla cuenta que los golpeaban con regularidad en la cárcel y que han quedado traumatizados por la experiencia. No obstante, ellos pueden considerarse con suerte. Zoyla logró que los pusieran en libertad después de que su empleador diera garantías de que no estaban involucrados en las actividades de las maras. Los familiares de los detenidos en el operativo han realizado manifestaciones. EPA Foto: BBC Mundo Marta, una estudiante de psicología de 18 años, no tuvo tanta suerte. Su padre Óscar asegura que Marta -un pseudónimo- fue sacada de la casa después de que la policía la forzara a darles el nombre de un pandillero. Como no conocía a ningún pandillero y no estaba preparada para acusar falsamente a alguien, simplemente la arrestaron, cuenta Óscar. “A finales de diciembre cumplirá seis meses en prisión. La arrestaron por asociación ilícita. Pero no tenían pruebas, ninguna evidencia”. “Miles de arrestos arbitrarios” Los intentos de Óscar para lograr la libertad de su hija -presentando evidencia de su matriculación en la universidad y testimonios de su grupo en la iglesia en cuando a su buen carácter- han caído en oídos sordos. Y ahora Marta, como miles de otros presos, enfrenta otros seis meses en un limbo legal ya que el estado de excepción se extenderá otra vez este año. Óscar ha estado intentando asegurar la liberación de su hija. COURTESY OF OSCAR Foto: BBC Mundo Lucrecia Landaverde, una abogada que representa gratuitamente a decenas de detenidos, dice que la política está causando un daño duradero al sistema judicial de El Salvador. “Hasta el momento, ha habido miles de arrestos arbitrarios, acusaciones sin fundamento y detenciones ilegales. Ni siquiera ha habido investigaciones preliminares para ver si los arrestados hacen parte de la estructura de las maras”, alega. Con el derecho a habeas corpus prácticamente suspendido y algunos policías supuestamente justificando las detenciones arbitrarias como simplemente “la voluntad del presidente”, es un paso muy corto para llegar al completo totalitarismo, advierte Landaverde. Los críticos de la estrategia del presidente advierten de un creciente autoritarismo. EPA Foto: BBC Mundo Decenas de exmiembros de las maras también han sido objetivo de las medidas, a pesar de que muchos de ellos habían renunciado a la vida pandillera décadas antes e intentaban reparar el daño de sus crímenes anteriores. Entre ellos se encuentra William Arias, un pastor evangélico y antiguo miembro de la MS-13 que la BBC entrevistó en 2018. Con el tatuaje de la pandilla todavía visible en la frente, William reconoció completamente

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Bukele se negó a concluir el estado de excepción en El Salvador

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Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, advirtió que la estrategia no es sostenible en el tiempo y a la larga solo generará un rebrote de violencia El presidente de El Salvador Nayib Bukele contestó con un “no”  a la recomendación que Human Rights Watch (HRW) y Cristosal le hizo a su Gobierno para terminar la implementación del régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia. Bukele escribió “no” en un mensaje en Twitter en respuesta a un posteo de Juan Pappier, Director Asociado en funciones para las Américas de HRW, en el que señala que la ONG recomienda terminar con el régimen de excepción. Dicha recomendación es parte del informe denominado ‘Podemos detener a quien queramos’, según indicó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, durante la presentación del documento. Taraciuk señaló que se pidió una reunión con Bukele para presentar los hallazgos y las recomendaciones pero que aún no han recibido respuesta. La respuesta de Bukele a la recomendación de HRW en Twitter El informe difundido este miércoles por la ONG señala que la muerte de 86 personas con signos de tortura en cárceles de El Salvador muestra una política sistemática de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción decretado por Nayib Bukele para combatir a las pandillas. El estudio, elaborado en conjunto con la ONG Cristosal, se suma a las recientes críticas realizadas por otros colectivos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional o International Crisis Group (ICG) contra la medida tomada por la administración de Bukele en marzo. “No hay ningún falso dilema entre seguridad y derechos humanos. Una efectiva política de seguridad protege derechos humanos”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, al presentar el documento en rueda de prensa virtual. El régimen de excepción, que ha sido prorrogado varias veces, fue solicitado por Bukele al Congreso -donde el oficialismo tiene mayoría- luego de que El Salvador registrara 92 homicidios atribuidos a pandillas entre el 24 y el 27 de marzo de 2022. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una ceremonia de despliegue de la quinta fase del plan de Control Territorial en San Juan Opico, El Salvador, el 23 de noviembre de 2022 (REUTERS/José Cabezas) HRW y Cristosal denunciaron que han documentado en El Salvador más de 1.000 casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante este régimen de excepción decretado por el Congreso para combatir a las pandillas. La estrategia, que limita garantías constitucionales como el derecho a la libre asociación, la inviolabilidad de telecomunicaciones y los procesos judiciales imparciales, no es sostenible en el tiempo y solo generará a la larga un rebrote de violencia, agregó Goebertus. “Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en comunidades vulnerables con el supuesto objetivo de garantizar su seguridad”, expresó la directora para las Américas de HRW. La investigación afirma que además de la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, se han registrado desapariciones forzadas, torturas y muertes de detenidos bajo la custodia de agentes del Estado, además de arrestos masivos de personas que no están vinculadas con las pandillas. Imagen de archivo: Policías escoltan a un hombre detenido durante el estado de emergencia a la prisión La Esperanza, en Ayutuxtepeque, El Salvador el 5 de mayo de 2022 (REUTERS/José Cabezas) El informe cuestiona el establecimiento de políticas de “cuotas” de detenciones para agentes policiales en un proceso que ha derivado en la detención de unas 58.000 personas en un poco más de ocho meses y ha incrementado la población carcelaria en hasta 95.000 personas, triplicando la capacidad instalada. Human Rights Watch y Cristosal aseguraron que entre los detenidos en “operativos indiscriminados”, sobre todo en barrios de bajos ingresos, hay más de 160 niños y niñas. Las denuncias de HRW también se dan en el marco del reciente despliegue de unos 10.000 efectivos militares y policiales en el suburbio de Soyapango, al este de la capital, considerado en el pasado un bastión de los grupos criminales rivales Barrio 18 y MS-13. Bukele, que goza de niveles de popularidad superiores al 80%, ha desdeñado las críticas a su política de seguridad y ha sostenido que los únicos derechos humanos que le interesa defender son los de la “gente honrada”. Además, afirma que su estrategia ha reducido a dos el índice de homicidios por día. Fuente: Infobae

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