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Ecuador: octubre 6, 2024

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Ecuador, octubre 06, 2024
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El ELN es responsable del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz

El Universo .- La delegación de paz del Gobierno revela que una unidad de la última guerrilla en armas perpetró el crimen. La delegación de paz del Gobierno de Gustavo Petro en los diálogos con el ELN ha revelado este jueves que la última guerrilla en armas de Colombia fue la responsable del secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz en La Guajira, el sábado pasado, un crimen que mantiene en vilo al país. Unas horas después se supo que la madre había sido liberada tras una intensa búsqueda policial y militar, pero el padre sigue en cautiverio a pesar del enorme despliegue de las autoridades. La delegación exige a la guerrilla su liberación inmediata, al tiempo que la noticia pone en riesgo la más avanzada de las mesas de diálogo en el marco de la política de paz total con varios grupos armados. “En el día de hoy hemos tenido conocimiento oficial de que el secuestro perpetrado el pasado 28 de octubre, en Barrancas, departamento de La Guajira, del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol Luis Fernando Díaz Marulanda, fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN”, asegura el comunicado firmado por Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional. Las delegaciones anunciaron un cese al fuego de seis meses que inició el pasado 3 de agosto y se mantiene en vigencia hasta el próximo año. “Al ELN le exigimos poner en libertad en forma inmediata al señor Luis Manuel Díaz, y le ponemos de presente que es su entera responsabilidad garantizar su vida e integridad”, subraya el comunicado de la delegación del Gobierno. “Le recordamos al ELN que el secuestro es una práctica criminal, violatoria del Derecho Internacional Humanitario, y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz, no solo dejar de ejecutarla, sino además eliminarla para siempre”, sostiene el comunicado. El operativo policial para rescatar al padre del atacante del Liverpool inglés, la gran estrella de la selección colombiana, es gigantesco. Las autoridades son conscientes de la mala imagen que proyecta el país con un caso que ha tenido un eco mundial y da un giro sorpresivo al tratarse de un grupo sentado en una mesa de diálogos. “De ser cierto, sería violatorio de los acuerdos de cese del fuego, no entendería cómo esta guerrilla quiere echarse toda la opinión del país y del mundo encima”, reaccionó el analista León Valencia, en medio de una oleada de repudio. “Esto es una violación al cese al fuego… claro que pone en riesgo el proceso”, coincidió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en declaraciones a Blu Radio. El departamento de La Guajira, junto al mar Caribe, es fronterizo con Venezuela, por lo que las autoridades han expresado su temor de que el padre de Lucho Díaz haya sido trasladado al país vecino, donde también opera el ELN. La guerrilla, sin embargo, estaría coordinando la entrega de Mane, como todos lo conocen, de acuerdo con el periódico El Tiempo. “Esperamos, cuanto antes, que se produzca esta liberación y que se produzca en condiciones de total respeto por la integridad y la vida del señor Luis Manuel Díaz”, reiteró en un pronunciamiento público el senador Iván Cepeda, miembro del equipo negociador. El presidente Petro replicó ese mensaje. “Hemos hablado con Luis Diaz en el día de ayer. Trabajamos por la liberación de su señor padre”, escribió poco después. El secuestro por parte del ELN “reviste inmensa gravedad” y es “una bofetada del propio grupo alzado en armas al proceso de paz”, señaló el exministro Juan Camilo Restrepo, que fue el jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN durante la Administración de Juan Manuel Santos (2010-2018). “Esto no solo es un delito del ELN: es una torpeza política descomunal”, valoró. La liberación se ha convertido en clamor nacional. “La ONU está a disposición para asistir en la resolución de esta situación”, se ofreció Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general en Colombia. El secuestro es la piedra con la que suelen tropezar los intentos de diálogo con la última guerrilla en armas. El ELN, que nació en 1964 bajo el influjo de la revolución cubana y la influencia de la teología de la liberación, tiene un largo historial en ese aspecto. Por décadas ha obtenido recursos de la extorsión a trasnacionales y el secuestro de civiles, incluidos extranjeros. A pesar de que se ha sentado a negociar con casi todos los gobiernos de Colombia desde los años 80, es la primera vez que tiene como contraparte a un presidente de izquierdas. Petro quiere sellar un acuerdo con el ELN que allane el camino a la paz total con todos los actores armados. El secuestro ha sido una las acciones más repudiadas en el conflicto armado de más de medio siglo que Colombia busca dejar atrás. Es un asunto muy sensible, y más aún al involucrar la familia de un ídolo deportivo muy querido y admirado en el país. Con más de 50.000 víctimas documentadas entre 1990 y 2018, la principal responsable del secuestro en Colombia ha sido la extinta guerrilla de las FARC, con un 40% de los casos, de acuerdo con la Comisión de la Verdad surgida del acuerdo de paz. El ELN ha sido el responsable de 9.538 secuestros, el 19% de los ocurridos en ese lapso. El sacerdote jesuita Francisco de Roux, que presidió la Comisión, llegó a calificarlo como “el crimen que más rompió y dividió a los colombianos”.

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El ELN desmiente un cese al fuego bilateral y Petro evalúa acciones militares

El Ejecutivo convoca a una reunión extraordinaria para sopesar operaciones contra la guerrilla   El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia, ha desmentido al presidente, Gustavo Petro, que el 31 de diciembre aseguró que los rebeldes harían parte de los cinco grupos armados con los que había acordado un cese al fuego bilateral. “La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por lo tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia”, señaló el grupo subversivo en un comunicado conocido este martes. El mandatario ha convocado esta misma mañana a una reunión extraordinaria con el alto comisionado para la Paz y los ministros del Interior y de Defensa para evaluar y tomar acciones, entre las que se contempla derogar el decreto y retomar acciones militares contra esa guerrilla, según conoció EL PAÍS.   El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, Otty Patiño, había guardado silencio tras el anuncio de Petro. Este martes, después de que la guerrilla desmintió al Gobierno, publicó un comunicado en el que reconoció que el cese el fuego bilateral es una “intención”, que se espera discutir en la próxima ronda de negociaciones. “Esta propuesta de cese al fuego es un primer paso para un nuevo entendimiento y un nuevo futuro”, aseguró. El ELN había declarado previamente una tregua navideña, que expiró el 2 de enero. Petro, en su anuncio del sábado, aseguró que las treguas bilaterales se extenderían por seis meses, prorrogables según las negociaciones con cada uno de los grupos armados. Cada una tiene su propio decreto. Pero la guerrilla ha dicho que solo cumplirá lo que se discuta y acuerde en la mesa de diálogos que ya está en marcha con el Gobierno, que cumplió su primera ronda de conversaciones en Caracas. “En el pasado ciclo de diálogos realizado en Venezuela que culminó el 12 de diciembre pasado solo se acordó lo que se anunció referido a la institucionalización de la mesa y se inició a realizar ajustes a la agenda que fueron llevados a consultas, tanto al presidente como al comando central”, afirman los rebeldes en el comunicado de esta semana.   La guerrilla ha anunciado que solo cuando se cumpla la segunda ronda, que empezará este mes en México en una fecha por definir, estarán dispuestos a discutir la propuesta de cese el fuego. “Entendemos el decreto del Gobierno como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo”, concluye el grupo guerrillero.   Desde el inicio de los diálogos con el ELN persiste la duda de si algunos frentes de la guerrilla que operan con un grado importante de independencia acatarán las decisiones que tome la cúpula negociadora. La justicia colombiana ha detectado en el interior del ELN seis grupos de combatientes dedicados al narcotráfico y la minería ilegal que no suelen cumplir los altos al fuego y no tienen interés en un proceso de negociación y un desarme.   En el mapa nacional de riesgos por la presencia del ELN en Colombia que presentó la Defensoría del Pueblo a finales del año pasado, la última guerrilla activa en el país “tiene presencia, hace tránsito o intermitencia” en 22 de los 32 departamentos, principalmente en Norte de Santander –donde se encuentra la región del Catatumbo, fronterizo con Venezuela–, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En Arauca mantiene una guerra con las disidencias de las extintas FARC que se apartaron del proceso de paz –que en más de una ocasión se ha desbordado a Venezuela– y en el Chocó con el Clan del Golfo.   Al filo del Año Nuevo, Petro anunció en su cuenta de Twitter un acuerdo para el cese al fuego bilateral por seis meses con cinco grupos armados. Además del ELN, se refirió a la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, las dos principales disidencias de las FARC; al Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia; y a las Autodefensas de la Sierra Nevada. “Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional”, aseguró el mandatario.   Hasta ahora, solo se ha instalado una mesa formal de negociaciones con el ELN, que retoma el proceso que se inició con Juan Manuel Santos (2010-2018) y se suspendió con Iván Duque (2018-2022). Sin llegar a concretar el esperado alto al fuego bilateral, las delegaciones cerraron el primer ciclo el 12 de diciembre en el hotel Humbolt de Caracas con el anuncio de un acuerdo parcial sobre “acciones y dinámicas humanitarias” en dos regiones puntuales a partir de enero de 2023: el Bajo Calima, en el departamento del Valle del Cauca, y el Medio San Juan, en el Chocó, ambas sobre el corredor del Pacífico, en el occidente del país. También reconocieron la grave situación que se vive en las cárceles y acordaron la “atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos” de la guerrilla.   El ELN ha declarado en varias ocasiones treguas unilaterales como la de fin de año, entre otras en mayo para las elecciones presidenciales, pero solo en una ocasión ha llegado a acuerdos bilaterales. El proceso que comenzó al final del Gobierno de Santos acordó en su momento un cese al fuego “bilateral, temporal y nacional” que duró 101 días. Ese acuerdo parcial, alcanzado en septiembre de 2017, fue el primer documento jamás firmado por el ELN con el Estado en más de medio siglo de conflicto armado, a pesar de que se ha sentado a negociar con casi todos los gobiernos desde los años 80. “Ese cese bilateral de fuegos coincidió con la visita del Papa Francisco a Colombia y se cumplió bien, de lado y lado, como lo certificó las Naciones Unidas, que eran los veedores”, dijo a EL PAÍS Juan Camilo Restrepo, quien fue en ese entonces el jefe negociador del Gobierno de Santos.   Las disidencias de las FARC aceptan la tregua anunciada por el Gobierno La Segunda Marquetalia y el Estado

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Un paro armado del ELN y el Clan del Golfo amenazan los pilotos de paz

El recrudecimiento de la guerra en el Pacífico colombiano dificulta aterrizar el alivio humanitario que el Gobierno de Petro y los comandantes del ELN prometieron al cierre del primer ciclo de negociaciones.   El optimismo duró menos de 24 horas. En la mañana del lunes, el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN cerraban su primer ciclo de negociaciones de paz, en Caracas, anunciando alivios humanitarios para dos regiones rurales del litoral pacífico colombiano: el Bajo Calima y el Medio San Juan. La noticia fue bienvenida por miles de familias en estas dos zonas del país que han estado más de año y medio en el fuego cruzado entre el ELN y el grupo armado AGC, también conocido como Clan del Golfo. Muchas de esas familias han tenido que desplazarse a los cascos urbanos más cercanos, y con el anuncio de Caracas esperaban que empezara el retorno seguro hacia sus casas. Pero en menos de un día hubo un ataque mortal del Clan del Golfo en un municipio de la zona, y horas después el frente del ELN con presencia allí anunció un paro armado indefinido. El entusiasmo que llegó de Caracas se transformó rápidamente en escepticismo.   “¿De esta manera piensan que va a haber retorno seguro de población desplazada a sus comunidades? ¿De esta manera piensan lograr la paz total?”, pregunta el comunicado del frente Omar Gómez, del ELN, que anuncia un paro armado indefinido en esta zona del litoral pacífico a partir del jueves 15 de diciembre a las 6 la tarde. El frente lo publicó después de que el Clan del Golfo entrara en la noche del lunes a la comunidad de Negria y asesinara allí a un joven llamado Santiago Felipe Cáceres. Los guerrilleros dicen que el Estado es cómplice de esa muerte, señalando al Ejército de perseguirlos y de no combatir de la misma forma a los miembros del Clan del Golfo que cometieron el homicidio.   “¿De está manera es que piensan garantizar los alivios humanitarios para desescalonar el conflicto?”, añade el comunicado de este frente del ELN, aparentemente en contradicción con sus comandantes que negociaron en Caracas. El grupo dice que el paro armado es para “visibilizar lo que pasa en la región”.   Elizabeth Moreno es representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan y cuenta a EL PAÍS que los enfrentamientos entre los grupos armados en esa zona aumentaron a partir de agosto del 2021. Dice que Gobierno actual no ha explicado aún a las comunidades cómo frenar esta guerra tripartita entre el ELN, el Ejército, y las AGC.   “Desde 2021 se han desplazado cientos de personas, más de 800 familias, y ha habido asesinatos de niños indefensos, territorios minados que han dejado a muchas personas afros e indígenas lesionadas”, dice Moreno. “Anoche en el ataque de Negria las familias se resguardaron en casas de madera, y esta es una comunidad que ya se ha desplazado tres veces este año, y que siempre retorna pero sin garantías de seguridad. A mí me pareció muy placentero escuchar el anuncio de Caracas [sobre los posibles retornos], pero conociendo la situación de seguridad, la presencia de todos los grupos armados, solicitamos que se nos informe cómo será esa intervención en el territorio”.   Aunque al principio del Gobierno de Gustavo Petro el Clan del Golfo manifestó que quiere acogerse a la política de paz total, aún no es claro si va a entrar en un proceso de diálogos para someterse a la justicia ni si frenaría los ataques que lleva a cabo en zonas como el litoral Pacífico. Para lograr el regreso de familias en zonas como el Bajo Calima y el Medio San Juan, falta que definan cuál va a ser su papel.   Hay una dificultad adicional para los retornos humanitarios: las divisiones dentro del ELN. Esa guerrilla es mucho más descentralizada de lo que eran las antiguas FARC, y el comunicado del paro armado muestra una desconexión entre este frente en el pacífico colombiano y la comandancia del ELN negociando en Caracas. Es una distancia que “puede dificultar el acatamiento de lo que se acuerde”, dice a El PAÍS Mauricio Aguirre, alcalde encargado de Buenaventura, el municipio que contiene al bajo Calima.   Aguirre añade que el anuncio desde Caracas fue bienvenido en la zona, porque la crisis humanitaria del Bajo Calima también es dramática. En el casco urbano hay cientos de familias desplazadas, algunos hace más de un año. De acuerdo al alcalde, ha habido al menos 10 desplazamientos masivos desde el 2021 en el Bajo Calima, donde más de mil ciudadanos que abandonaron sus hogares por los combates entre AGC y ELN. El Gobierno no le ha aclarado aún a la alcaldía cómo piensa garantizar la seguridad en esas zonas para que las familias vuelvan a sus casas. “El componente de seguridad es el más fundamental, no podemos empezar los retornos sin eso”, dice el alcalde encargado.   Lorenzo González es uno de esos desplazados que lleva sobreviviendo en el casco urbano de Buenaventura desde noviembre de 2021. “Recibimos con mucha alegría la noticia de Caracas”, dice a El PAÍS este representante legal del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima. “Pero claro que me preocupa la contradicción del comunicado del ELN, porque si se anuncia unos alivios humanitarios, por un lado, en la mesa de negociación, y, por otro lado, se anuncia un paro armado, lo que yo siento es que no hay garantías para retornar”.   Varias personas consultadas para este artículo coinciden con que la guerra se recrudeció en esa zona del litoral Pacífico cuando entraron las AGC. Antes del acuerdo de paz del 2016, estas tierras donde se mueve el narcotráfico y la minería ilegal eran controladas por las FARC. Después de la desmovilización de esa guerrilla, el ELN entró a algunos de esos territorios. Y desde 2021 las AGC han arreciado sus ataques para controlar completamente la zona que va desde el casco urbanos de

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Sintonía total entre la delegación del Gobierno y el ELN: “El momento exige cambios de fondo en Colombia”

Las partes coinciden en llegar a un acuerdo para empezar a acabar con la violencia y la exclusión en el país Tomás José Sanabria era un arquitecto en sus treinta maravillado con la escuela Bauhaus cuando recibió el encargo de levantar un hotel en la cima del cerro Ávila. Su vista domina toda la ciudad de Caracas. A determinadas horas de día, los clientes caminan por sus pasillos con la sensación de flotar entre las nubes, que se esparcen bajo sus pies tras las cristaleras que dominan todo el conjunto. En ese enclave, la delegación del Gobierno de Colombia y los guerrilleros del ELN han mostrado este lunes una sintonía total durante su primer día de conversaciones. El ambiente ha sido relajado, sin ningún momento que haya incomodado a nadie. Parecía de lo más normal que el representante de los ganaderos, José Félix Lafaurie, el miembro más derechista de la delegación encargada por Petro, charlara animadamente apoyado en una muleta con Pablo Beltrán, el jefe de negociadores de grupo armado, un hombre que hace 50 años se inició en la guerrilla cuando era estudiante de ingeniería petroquímica. No es fácil encontrar en el universo dos planetas más distantes. Caracas ha sido el lugar elegido para el inicio de las conversaciones, lo que supone un punto a favor para el chavismo, que con la llegada de Petro al poder se ha reenganchado a la escena internacional. Sin embargo, se espera que las conversaciones se lleven a cabo también en Cuba y Noruega. En las conversaciones con el Gobierno de Santos ya se contemplaba una sede rotativa entre varios países latinoamericanos –Ecuador, donde arrancó la fase pública, pero también Brasil, Venezuela, Chile o Cuba–. Ese escenario vuelve a estar abierto ahora que la región vive una ola de gobiernos progresistas después de una década en la que apenas tuvieron presencia. Las partes emitieron una declaración conjunta en la que señalaban que volver a negociar era una exigencia de los territorios rurales y urbanos que padecen la violencia y la exclusión en Colombia. “Priorizando a los sectores históricamente marginados para un presente y un futuro de dignidad, derechos plenos y democracia auténtica para que Colombia sea una potencia de la vida humana”, continuaba el texto. Las últimas seis palabras las esgrimió en campaña electoral el presidente Petro, una muestra más de que el discurso que mantienen unos y otros es coincidente en muchos aspectos. Lo demostró también Beltrán, que dijo esperar en el Gobierno un interlocutor con los mismos intereses. “Entendemos el momento de cambio que vive Colombia, en las calles y en las urnas, y que exige que haya cambios de fondo. Entendemos ese momento, nos hacemos responsables. Esta mesa, apuntamos a que sea un instrumento de esa ola de cambios que pide la sociedad, y esperamos no fallar”, agregó. El clima de inicio era muy diferente al que se vivió entre el Gobierno y las FARC con Juan Manuel Santos, donde las dos delegaciones se mostraban más reticentes y cautelosas. En juego había muchas más muertes y un clima bélico en el aire. Años atrás, al levantarse de una mesa, un guerrillero ciego que se llamaba Jesús Santrich se despidió así de los negociadores del Gobierno: “Nos vemos dentro de 10.000 muertos”. El encargado de Petro en los asuntos de paz, Danilo Rueda, un hombre que destaca desde lejos por unas gafas gruesas de pasta color mostaza, explicó que en cuanto se llegue a un acuerdo parcial, comenzará a cumplirse. Eso debe dar seguridad a los guerrilleros de que no les va a dar de lado en cuando dejen las armas. Se mostró confiado en llegar a un acuerdo con ellos y así conseguir superar “dinámicas de muerte”. Confirmó que habían conectado las partes: “Hemos encontrado en pocas horas sintonía con la delegación de paz del ELN. Este es un momento histórico y no podemos ser menores ante la responsabilidad que tenemos con las generaciones presentes y futuras”. Al frente de la negociación, Petro ha puesto a un viejo amigo con quien militó en el M-19, Otty Patiño. Es politólogo y tiene 77 años. Una elección nada extraña, el Gobierno de Petro está lleno de políticos muy veteranos, aunque sus dos personas más cercanas en el día a día no han cumplido los 30. Patiño recordó que hace casi 40 años el M-19 entregó las armas tras negociar con el Gobierno y abrir una discusión para cambiar la Constitución, cosa que acabó ocurriendo. De ahí salió el texto más progresista de la historia de este país. “Fue una paz precaria, pero abrió las puertas para una institución que proclamó el Estado de derecho”, dijo, y agregó una queja habitual entre políticos de izquierdas: el país tienes las leyes y los artículos constitucionales progresistas, pero que nunca se han llevado a la práctica. Aseguró que la actitud de la delegación del ELN ha sido seria, amable y responsable. “Están disposición de llegar a la paz real”. Fuente: El País

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