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“El correísmo solo quiere impunidad”, afirma ex ministra María Paula Romo

Nacionales, Política /

El correísmo tiene como único propósito retomar el poder, para conseguir la impunidad de sus líderes. Así lo afirmó la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, en diálogo con “Punto de Orden”. Según Romo, el plan del correísmo siempre fue tumbar al actual gobierno y a las autoridades de control, colocar a gente de su confianza, y conseguir así la libertad de los implicados en actos de corrupción. En cierto modo tuvo éxito, dijo, porque acorraló al régimen del presidente Guillermo Lasso, y por 4 ocasiones intentó tumbarlo. Ahora, que la Asamblea Nacional no existe gracias a la “Muerte Cruzada”, utiliza al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el correísta Alembert Vera, pese a que era requisito de los candidatos no tener cercanía con ningún partido político o movimiento. Este Consejo, agregó la ex ministra, se ha propuesto quitar de en medio a la fiscal general, Diana Salazar, para trazar una ruta de impunidad. A escoger bien Romo exhortó a los ecuatorianos a elegir con propiedad en los comicios de agosto, incluyendo a los asambleístas, a fin de no repetir la deficiente actuación de los anteriores. La ex premier fustigó duramente a los cesados parlamentarios, y en especial a los correístas, que en lugar de legislar en favor del pueblo, y crear leyes que garanticen seguridad y empleo, tuvieron como único objetivo presionar por la libertad de sus líderes procesados por corrupción, y frenar a toda costa las investigaciones penales. En su opinión, está comprobado que fueron puestos en la Asamblea, con el exclusivo propósito de hacer inviable la gestión del actual gobierno. De ahí la necesidad de que los ciudadanos, a la hora de elegir, reconozcan a los candidatos, y recuerden quienes conformaron el vergonzoso parlamento que fue cesado. Entre esos nombres mencionó el de Ronny Aleaga, miembro de los Latin King, y Peter Calo, acusado de violación. Basta de impunidad Romo también consideró apropiado que el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, participe como candidato presidencial, pues de ese modo medirá la verdadera aceptación que tiene ante el país. Recordó que Iza fue procesado por los paros nacionales de los años 2019 y 2021, que tanto daño y destrucción causaron en el país. Pero por una maniobra de la Asamblea, que le concedió amnistía, se liberó de las acusaciones, y también de otras sentencias que debía enfrentar, por invasión de tierras en la provincia de Cotopaxi. Romo ratificó su apoyo a la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio, que tendrá al ex ministro Patricio Carrillo, como primer aspirante a la Asamblea.

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Dirigentes indígenas consideran que llamado a un paro nacional es ‘inviable’ en este momento

Nacionales /

LA HORA . – El excandidato Yaku Pérez y el dirigente amazónico Cristóbal Kasent exigen al Gobierno realizar un cambio de 180 grados en su manera de encarar los problemas que aquejan a la nación. En las últimas semanas el fantasma de la convocatoria de un paro nacional ronda en las calles y conversaciones de las familias ecuatorianas, pero en el movimiento indígena hay voces que llaman a la mesura y a la creación de un espacio que permita superar la crisis sin “desestabilizar” al país. Los dirigentes históricos Yaku Pérez y Cristóbal Kasent coinciden en la necesidad de establecer un pacto entre todos los sectores y movimientos sociales para crear un plan de gobierno que solucione los problemas de la nación. El excandidato presidencial, Yaku Pérez, confirmó a LA HORA que el paro nacional no es viable en este momento. “Hay una crisis severa el día que no se trabaja no se come, y eso nos ocurre a millones de ecuatorianos”, dijo al aclarar que no puede descartar un estallido “sí las condiciones se vuelven insostenibles” En ese contexto, Pérez exigió al Gobierno del presidente Guillermo Lasso “cambiar en 180 grados su forma de gobernar el país”. Al ser consultado sobre la resolución de la Conaie que cierra la puerta a la ‘muerte cruzada’, el dirigente se mostró contrario a las posturas violentas y señaló que la inestabilidad política genera inestabilidad económica. Agregó que “la salida constitucional puede ser la muerte cruzada o la destitución”. Puntualizó que el Gobierno debe ejecutar medidas que permitan reactivar la economía. Así, en lugar de tener $10 mil millones en la reserva monetaria, planteó que se destine un rubro importante a mover el aparato productivo, crear fuentes de empleo y dinamizar la economía. Por su parte, el dirigente amazónico y politólogo, Cristóbal Kasent, rechazó que se use al movimiento indígena con fines chantajistas. “Los que encabezan el paro, el señor Iza, tienen un pacto con el correísmo, ya lo conocemos. Él no puede usurpar el derecho constitucional. No puede chantajear al Gobierno para lucro personal. Eso no va más con nosotros”, sentenció. Pacto por el país Kasent señaló que debe abrirse un espacio de encuentro “multidisciplinario” para la elaboración de un proyecto y una agenda de ruta para dar solución a la crisis social y política del país. “Nosotros tenemos un plan y un modelo de gobierno, un plan regional amazónico y un proyecto estratégico para poder trabajar en el bienestar social y económico de los ecuatorianos”, recalcó. Por su parte, Yaku Pérez, hizo un llamado a la madurez política y a poner fin al sectarismo, indicando que la generación de un pacto social amplio establecerá las líneas estructurales para salir adelante. El excandidato presidencial dejó claro que “la salida para hacer frente, no solo al correísmo, sino a la crisis que vive el Estado ecuatoriano, es la firma de un pacto ético social entre las organizaciones  sociales, políticas y ciudadanas del país”. Precisó que este acuerdo debe trazar las principales líneas de acción para conformar una propuesta de gobierno, “con profundos cambios estructurales. Creo que es nuestra responsabilidad generar esto. En las próximas semanas el país conocerá una propuesta que estamos elaborando y que vamos a llevar a todos los sectores políticos y sociales, lo más amplio posible, sin exclusión”, adelantó. Cable a tierra Ambos dirigentes exigieron al régimen avanzar en el desarrollo de un escenario de diálogo y acuerdo nacional. “El Gobierno debe abrir un escenario político nacional, para buscar la unidad de los ecuatorianos, de esa forma cada sector, cada nacionalidad tendrá que presentar sus propuestas, tal como nosotros lo hemos planteado”, apuntó Kasent. A su juicio, el país debe trabajar en estándares que le permitan potenciar y dar valor agregado a toda la riqueza y recursos que existen en Ecuador. Pérez, en cambio, fue tajante sobre la posición del Gobierno: “está en las nebulosas, no aterriza, no hay un cable a tierra”. También precisó que el Gobierno debió aprovechar cuando tenía todo el escenario para llegar a acuerdos. “Lo está desperdiciando, porque sigue sin lograr justicia social y sigue con arrogancia”. Diversidad e intereses personales Al analizar la coyuntura del movimiento indígena, la visión de ambos dirigentes se separa. Para Kasent existe un gran componente de mezquindad y chantajismo por parte de algunos dirigentes, mientras Pérez recuerda que el movimiento siempre se ha caracterizado por la diversidad de opinión. Kasent puntualizó que hay líderes que se mueven por intereses personales, que siempre han sido oportunistas y otros que piensan diferente. “Por eso tenemos que abrir un escenario de diálogo serio, frontal y con el compromiso de todos”. Pérez admitió que el movimiento indígena tiene sus complejidades y que quizás lo que les une a todos es un “desgobierno que no ha logrado dar un giro de 180 grados en su política y eso va en desmedro del pueblo de Ecuador”. (ILS) “Hay dirigentes que están acostumbrados a chantajear al Gobierno de turno”. Cristóbal Kasent, dirigente amazónico y politólogo.  

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¿Cuándo hay paro en Ecuador? Así serán las movilizaciones

Nacionales /

EL COMERCIO.- El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) manifestó que habrá dos jornadas de movilización, el próximo miércoles 8 de marzo que coincide con el Día de la Mujer y el 28 de marzo para la entrega del proyecto de Ley de Aguas en la Asamblea Nacional. Estas medidas se adoptaron en el último Consejo Ampliado de la Conaie desarrollado en Quito el pasado 24 de febrero. Cuando se manifestaron que rompían el proceso de diálogo con el Gobierno y se retiran de las mesas de seguimiento por incumplimiento de los acuerdos. Además, estas jornadas fueron ratificadas 48 horas después cuando el dirigente amazónico Eduardo Mendúa fue asesinado a tiros afuera de su casa, en Sucumbíos. Este hecho también lo han responsabilizado al Gobierno , debido que era un luchador en defensa de los territorios. Jornadas de movilizaciones Aquel consejo duró más de 12 horas y contó con las delegaciones de las tres filiales que componen la Conaie: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) y la Ecuarunari. Al terminó emitiron un comunicado señalando: “Nos declaramos en movilización y asamblea permanente y radicalizamos la lucha en los territorios, en defensa de nuestras demandas históricas”, expresó Iza. “Participaremos en la jornada de conmemoración del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y del 28 de marzo para la entrega del proyecto de Ley de Aguas en la Asamblea Nacional”, dice un comunicado emitido por la entidad. Puntos de resolución de la Conaie Entre los puntos de la resolución alcanzados por la Conaie se exige la renuncia al presidente Guillermo Lasso, por su “incapacidad de gobernar y resolver los problemas de los ecuatorianos”. Son 14 puntos de resolución que alcanzaron las entidades en su debate. El séptimo punto menciona que la Conaie y las confederaciones aliadas se declaran “en alerta sobre cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente Guillermo Lasso. No permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto. Los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales, no permitiremos una dictadura. De suceder alguna iniciativa de cualquier índole, de manera inmediata declararemos un levantamiento y un paro nacional en el Ecuador”. Otros puntos del Consejo ampliado de la Conaie El punto 11 dice: “Rechazamos la persecución y criminalización a los defensores de la naturaleza y exigimos que las empresas mineras detengan sus ilegales e inconstitucionales actividades de división de las comunidades y destrucción de la naturaleza”. Mientras que el 12 señalan: “En el marco por la lucha de la vida digna y en el marco de la solidaridad con nuestros hermanos de Perú que se han levantado por 70 días, convocamos el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y en solidaridad con el pueblo peruano, a concentrarnos en la gran movilización nacional en Quito para seguir en el proceso de lucha en contra de las formas de opresión que se han afianzado por el colonialismo y el patriarcado. Se presentarán demandas de inconstitucionalidad sobre decretos emitidos por el Gobierno” Y el punto 13: “Convocamos a las juntas de agua y organizaciones sociales a la movilización del 28 de marzo para entregar el proyecto de Ley de Aguas y Recursos Hídricos”.  

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Human Rights Watch alerta que en Ecuador existió uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y paro nacional de 2022

Nacionales /

En su Informe Mundial 2023, la organización hace un análisis de la gestión y acciones de los gobiernos de la región para abordar problemas crónicos de DD. HH. En su Informe Mundial 2023, Human Rights Watch (HRW) realizó un análisis de la gestión y acciones en el año que finalizó de los gobiernos de América Latina y el Caribe al momento de abordar problemas crónicos de derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia.   Entre las falencias crónicas que determinó en el caso de Ecuador está que el país experimentó un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por pandillas, pero también que existió un uso excesivo de la fuerza de parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones y paro nacional, registrados en el 2022, que hicieron que estalle la violencia por parte de manifestantes o infiltrados.   “Las protestas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso que se produjeron en junio pusieron de manifiesto problemas estructurales de larga data que afectan a las comunidades indígenas y a los hogares de escasos recursos. Los manifestantes protestaron contra el acceso inadecuado a la salud, la educación y el empleo, y por la eliminación de subsidios a los combustibles”, refiere.   HRW relata que “en Quito y Guayaquil, la policía respondió con incidentes de uso excesivo de la fuerza frente a las manifestaciones pacíficas en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los incidentes incluyeron el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y de gas pimienta”, sentencia el documento.   En esa ocasión, el presidente Guillermo Lasso defendió la actuación policial y HRW anticipó que lo investigaría y exhortó al Estado a elaborar una ley que regule el uso legal, adecuado y proporcionado de la fuerza con base en estándares internacionales de derechos humanos. Una de las marchas que se realizó este 8 de marzo por el Día de la Mujer, en Quito. Manifestantes reportaron incidentes en la noche tanto en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Foto: API “Me parece que hay un exceso de sensibilidad cuando la Policía tiene que advertir riesgos y actuar frente a estos… como presidente del Ecuador, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y responsable de la Policía Nacional, yo siempre voy a estar del lado de los policías”, afirmó Lasso en ese momento.   En el caso del paro nacional, que vivió el país por 17 días desde el 13 de junio pasado, la organización determinó que “la Policía Nacional respondió con un uso excesivo de la fuerza en varias oportunidades, disparando cartuchos de gas lacrimógeno de manera directa a los manifestantes o cerca de áreas que albergaban a niños y personas heridas”.   HRW afirma que “las protestas comenzaron pacíficamente, pero se tornaron violentas” y subraya que “los manifestantes culparon a infiltrados por los hechos de vandalismo, saqueos y el bloqueo de insumos médicos que debían ser entregados a hospitales” que se registraron en esas semanas.   Sobre los incidentes ocurridos en el paro, HRW refiere también que la organización no gubernamental Fundamedios documentó agresiones físicas y verbales, principalmente por parte de manifestantes, contra 114 periodistas, 40 camarógrafos y 80 medios de comunicación. QUITO (24-06-2022).- Miembros de la Policía Nacional y un grupo de manifestantes, cerca del Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, después del mensaje del presidente, Guillermo Lasso, sobre el uso progresivo de la fuerza para recuperar la tranquilidad del país. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas Y en cuanto a las víctimas de la violencia registran en su informe que seis civiles y un militar murieron, y más de 300 personas resultaron heridas, según organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación ecuatorianos y que el Gobierno confirmó una muerte causada por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.   No obstante, según un informe de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador en coordinación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), presentado a inicios de diciembre del año anterior, los fallecidos son nueve: Juan Manuel Sislema, Johnny Félix Muenala, Byron Guatatuca, Henry Quezada Espinoza, Franco Íñiguez Camacho, Marcelino José Villa Romero, José Polivio Chimarro Quishpe (miembro de las Fuerzas Armadas que murió en un operativo militar en Shushufindi), Francisco Guashco Poago y Juan Carlos Vargas Chango.   En el interior del país se ha denunciado que las familias de víctimas mortales del paro nacional siguen a la espera de que se haga justicia. Quito, Ecuador. 30 de junio de 2022. Representantes del Gobierno nacional y CONAIE, firman acuerdo para el fin de las movilizaciones. Foto: API En tanto, en el informe de HRW se destaca que en Ecuador entró en vigencia el 22 de agosto la Ley que prohíbe a las fuerzas de seguridad el uso excesivo, arbitrario o ilegítimo de la fuerza, y que establece que el uso de la fuerza debe observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, humanidad, no discriminación y rendición de cuentas.   “La ley solamente permite el uso de armas letales cuando exista la amenaza de lesiones graves o muerte”, destacan.   Esta norma compuesta por 74 artículos y varias disposiciones generales, transitorias y reformatorias tiene por objeto normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte del Estado conferido a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria para proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas y precautelar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes.   La aplicación de la ley se rige por los principios contemplados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y ocho principios generales que tratan sobre coordinación entre entidades, dignidad humana, debido proceso, bienestar animal, pro ser humano, protección a la vida e integridad personal, respeto a los derechos humanos y transparencia.   En el documento de HRW se analiza también en un apartado los derechos de los pueblos indígenas relacionados con el paro nacional y se menciona el acuerdo de paz que se suscribió el 30 de junio entre autoridades del Gobierno y líderes

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Movimiento Nacional Campesino realizará un paro por los fertilizantes en 10 provincias

Nacionales /

Movimiento Nacional Campesino prepara paro por costo de fertilizantes para el 16 de diciembre Richard Intriago, presidente del Movimiento Nacional Campesino, convocó este 13 de diciembre del 2022 a una medida de hecho por la crisis de los fertilizantes. Exige solución al Gobierno, pero rechaza el allanamiento a la sede de su organización. “Hoy convocamos a las organizaciones del campo y la ciudad a un paro el día viernes, 16 de diciembre. Se denomina el paro de los fertilizantes porque si no tenemos fertilizantes en el campo, no habrá alimentos en las ciudades porque no podremos producir. Le estamos anunciando al Gobierno Nacional que necesitamos respuestas urgentes para resolver la producción alimentaria”, pronunció Intriago en una rueda de prensa. La medida de hecho durará todo el día viernes y se paralizarán 10 provincias tanto de la Costa, Sierra y Amazonía, confirmó el dirigente a este Diario. Evitó detallar las provincias por estrategia, pero mencionó que en Guayas se aplicará la mayor fuerza. El paro se realizará porque el Gobierno no resuelve la crisis del sector rural, por su inoperancia, su burocracia y por su persecución a las organizaciones campesinas, según Intriago. La crisis se da principalmente por el alto costo de los fertilizantes para el campo y el Movimiento Campesino es el que ha entregado de forma gratuita 300 000 litros de fertilizantes orgánicos a los campesinos de todo el país, explicó. Se necesitan 10 millones de litros de fertilizantes para que el Gobierno los entregue directamente a 500 000 familias de pequeños agricultores en Sierra, Costa y Amazonía, agregó. Dijo que los agricultores requieren los fertilizantes para enero, fecha en que empiezan las siembras más importantes para que no exista un desabastecimiento de productos. Intriago es candidato a la prefectura del Guayas por Izquierda Democrática (ID). Aclaró que esa organización política no tiene ninguna relación con el paro del viernes ni con futuras acciones.   Allanamiento de Fiscalía El Ministerio de Agricultura emitió un comunicado este 13 de diciembre. Indica que 3 000 agricultores del país serán beneficiarios de los 64 000 litros de fertilizantes que la Fiscalía obtuvo el 9 de diciembre. Eso fue producto de un allanamiento a la Hacienda El Rosario, ubicada en el Km 27 de la vía a Daule (Guayas). Según el Ministerio, ese terreno le pertenece, “pero está siendo ocupado -sin ningún instrumento legal que lo ampare- por la Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL)”. Los fertilizantes se encuentran en cadena de custodia, a la espera de los peritajes que efectúe la Fiscalía. Terminado ese proceso, el Ministerio solicitará la devolución del producto, un bioestimulante foliar que ayuda al desarrollo de la floración y fructificación de los cultivos. Se determinará el estado de los fertilizantes antes de entregarlos a los beneficiarios.   Para Intriago, el allanamiento fue un hecho sin sentido y lo toma como una persecución a su organización. Esta lleva más de 15 años en el predio, incluso cambió su nombre y cuenta con documentación, en febrero del 2022 se solicitó el comodato al Ministerio, no hay ninguna denuncia por invasión, aseguró. Los fertilizantes se encontraban por más de un año en la sede del Movimiento porque el propio Ministerio los dejó ahí y el 8 de septiembre de este año “nosotros denunciamos que había 64 000 litros de fertilizantes botados”, justificó. El terreno en cuestión tiene 100 hectáreas, pero el Movimiento se ubica solo en cuatro, en el resto hay otros productores y la Universidad de Guayaquil, indicó Intriago. “Tendrán que sacar a todos. Nos uniremos para darle una respuesta contundente al Ministerio y, en el caso de los fertilizantes, estaremos vigilantes de que lleguen a manos de pequeños y medianos productores”, advirtió. Movilización para enero El dirigente adelantó que ha mantenido acercamientos con algunos dirigentes de organizaciones que buscan la condonación de deudas. “Estamos pensando en la unidad de una sola lucha social para enero. Será una jornada de lucha campesina en todo el país”, anticipó. Por ahora, el Movimiento Nacional Campesino aún no define su postura sobre la consulta popular del Gobierno, a diferencia de la Plataforma por la condonación de deudas, que promueve el voto por el No. Fuente: El Comercio

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