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Ecuador: diciembre 6, 2024

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Ecuador, diciembre 06, 2024
Ecuador Continental: 16:01
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Ecuador, diciembre 06, 2024

‘Hay que ponerse la camiseta’, dice Palencia a legisladores que se oponen al alza del IVA

Primicias .- La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, levantó la voz e hizo un llamado de atención a los asambleístas que se oponen al alza del IVA, durante su comparecencia en la Comisión económica este miércoles. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, estuvo en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea la mañana de 17 de enero, para comparecer sobre el proyecto de ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, y conocer las diferentes propuestas de las bancadas que se han opuesto a la norma el Ejecutivo. El proyecto de ley propuesto por el presidente Daniel Noboa busca incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12% a 15% de manera indefinida. Según el Gobierno, los recursos se utilizarán para gasto en seguridad para militares y policías, con miras a enfrentar la ‘guerra’ contra el crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador. Tras escuchar las alternativas de varios asambleístas que se oponen al alza del IVA, Palencia hizo un enérgico llamado de atención, alzando la voz, para cuestionarlos. » Creo que no estamos entendiendo el momento histórico. (…) La pregunta es otra: ¿Cuál es la magnitud de recursos que tiene un enemigo aglutinado que durante años penetró en las estructuras del Estado y que es capaz de ponernos una bomba?», dijo Palencia, en un tono de enfado. Junto a ella estaba el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, quien defendió nuevamente el proyecto de ley ante los asambleístas y coincidió con el criterio de Palencia. «La lógica del discurso y la narrativa que he escuchado de la mayoría la siento atrapada en unas lógicas que nos han venido teniendo en el atraso estructural«, añadió la Ministra, asegurando que Ecuador es el país que menos IVA paga en la región. Según Palencia, la discusión al momento no se debería ser cómo se obtienen recursos para el Estado, sino más bien, reconocer las necesidades de financiamiento urgentes del país para librar el conflicto armado interno. «Esto es lo mínimo que podemos hacer, ponernos la camiseta de ecuatorianos«, indicó la Ministra. Tras el envío del proyecto económico urgente, que contempla el aumento del IVA, los legisladores se han mostrado reacios a apoyar la norma y han dado ‘alternativas’ para recaudar el dinero faltante en el Estado. Una de estas alternativas ha sido gravar con un impuesto las utilidades de la banca privada, lo cual ha sido rechazado por el gremio.

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Mercados municipales se reactivan con presencia militar

Luego de una serie de atentados terroristas en diversos puntos de Guayaquil, la alcaldía reactivó este 11 de enero la atención en los 53 mercados de la red municipal.  Pese a que los guardias de seguridad resguardaron a comerciantes y clientes, no todas las puertas de los mercados estuvieron habilitadas.  En mercados como la Casuarina y Caraguay, se contó con la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas.  «Los militares realizan esta acción de manera aleatoria y están atentos ante cualquier anomalía», informó la alcaldía en un comunicado.

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Asesinato de policías en Guayaquil: tres implicados fueron capturados y enviados a la Penitenciaría

Vistazo .– Por el asesinato de dos policías del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) en Guayaquil, tres personas (una de ellas de nacionalidad venezolana) fueron procesadas por su presunta participación en el delito. Fueron detenidos en un operativo ejecutado tras la muerte violenta de los uniformados, que cumplían con un procedimiento, la noche del martes 21 de noviembre en el sur de la ciudad, cuando los atacaron. Los ahora procesados huyeron –primero– en una motocicleta que abandonaron en las calles García Moreno, entre Gómez Rendón y Maldonado, para después subirse a una camioneta y trasladarse con rumbo incierto. Junto a la motocicleta se encontró un cartel impreso con el texto “Mafia del centro motorizados de Guayaquil, por faltar y robar al CJNG nadie les roba…”. No obstante, en horas de la madrugada del miércoles, personal policial que ejecutaba un operativo ubicó el vehículo en el que se fugaron: estaba incinerado en la vía Perimetral, a la altura del Cementerio Metropolitano. Los uniformados –apoyados por las cámaras de seguridad del ECU 9-1-1 y del Municipio de Guayaquil– confirmaron que las tres personas que viajaban en el automotor se encontraban kilómetros más adelante. La Policía aprehendió a los sospechosos, que fueron trasladados a la Unidad Judicial Cuartel Modelo y puestos a órdenes de Fiscalía para la audiencia respectiva. En la audiencia de flagrancia, la fiscal del caso presentó como elementos de convicción: los partes informativo y de aprehensión, versiones de los agentes aprehensores, acta de levantamiento de cadáveres y de autopsia practicados a las víctimas, y las evidencias recopiladas en el lugar de los hechos. El Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Wilmer Leonardo B. T., Pedro Xavier Z. Z. y Neomar Moisés S. V. (de nacionalidad venezolana), girando las respectivas boletas de encarcelamiento para su posterior traslado a la Penitenciaría del Litoral. La instrucción fiscal durará treinta días. Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 140, numeral 10, segundo inciso, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

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Dos expolicías condenados por narcotráfico a gran escala en El Oro

Primicias .- Un tribunal de Garantías Penales declaró culpables a tres sujetos, dos de ellos expolicías, por el delito de tráfico de droga a gran escala. Steeven Andrés F. y Carlos Alfonso F. eran policías al momento de su captura por el transporte de droga en El Guabo, El Oro, el pasado octubre de 2022. Casi un año después, ambos exoficiales fueron condenados, junto a un tercer sujeto, por el delito de narcotráfico a gran escala, informó la Fiscalía, el 11 de octubre. Solo Steeven Andrés F. cumplirá 17 años de cárcel en calidad de autor directo del hecho, mientras que el otro policía fue sentenciado a siete años como cómplice. Según informó la Fiscalía, los expolicías fueron detenidos en la vía El Guabo-Guayaquil, cuando en una caravana de tres vehículos transportaban la droga. Incluso en el acometimiento del delito se halló un patrullero de la Policía. Tras la revisión de los automóviles, las autoridades encontraron 216 paquetes que contenían droga en el interior de uno de los vehículos, por lo que todos fueron aprehendidos en delito flagrante. En el desarrollo del juzgamiento, el Fiscal del caso presentó el testimonio de los agentes aprehensores, y las pruebas de que transportaban 215.568 gramos de cocaína. Además, imágenes extraídas del circuito de cámaras de una gasolinera en la vía mostró que los tres condenados se reunieron previamente para planear el traslado de la droga.

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Una balacera se registró entre policías y delincuentes en Carapungo, Quito, tras el robo de un cajero automático

Ecuavisa .- La Policía indicó que se trata de una banda delincuencial que se dedica al robo de cajeros automáticos en el norte de Quito. Un sujeto armado resultó herido. Una balacera entre policías y delincuentes se registró la madrugada de este miércoles 11 de octubre del 2023 en las calles Luis Vacari y Giovanni Calles, en Carapungo, extremo norte de Quito.   Esto se produjo luego de que cinco delincuentes robaron un cajero automático de una farmacia en Zabala, pero la Policía fue alertada y se dio una persecución.   Los antisociales se movilizaban en una camioneta roja, pero a la altura de las calles mencionadas fueron interceptados y se produjo un cruce de balas entre los armados y los policías. Uno de los antisociales resultó herido y fue llevado a un hospital. Se desconoce su estado de salud. Los otros cuatro ladrones, en cambio, lograron huir con el dinero en otro vehículo. Aún se desconoce cuánto se llevaron.   La Policía indicó que se trata de una banda delincuencial que se dedica al robo de cajeros automáticos en el norte de Quito, como en Pomasqui.   Los casquillos de las balas quedaron regados en la vía y las autoridades ya realizan las pericias respectivas. La camioneta roja también quedó abandonada.   La calle Luis Vacari, que conecta a la Panamericana Norte, está cerrada al tránsito vehicular.   En Zabala, la farmacia quedó afectada con su lanfor. Al parecer los delincuentes utilizaron un explosivo para destruirla e ingresar al local. Así quedó la farmacia luego del robo del cajero. ( Ecuavisa )

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Dos policías acusados de asociación ilícita en Tungurahua no irán a la cárcel

Primicias.-Un juez de Ambato dictó medidas cautelares, como la prohibición de salida del país, a dos policías que enfrentan un proceso penal por el delito de asociación ilícita. El plazo de la instrucción fiscal será de 90 días, tras la audiencia de formulación de cargos que se realizó el 3 de octubre de 2023, informó la Fiscalía. A los agentes Andrés S. y Jorge T., se los señala de haber alterado informes periciales para favorecer a terceros y solicitar pagos para gestionar ingresos a la escuela de formación de la Policía Nacional. Durante la investigación, a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se encontraron varios indicios. Andrés S. y Jorge T., agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, (SIAT) efectuaban pericias dentro de las investigaciones por accidentes de tránsito. En estos informes, habrían alterado datos e incurrido en las siguientes faltas: La causa basal o motivo por el que se produjo el accidente. Avalúo de daños materiales de los vehículos accidentados, a fin de favorecer a los sujetos procesales. Solicitaron dinero a los aspirantes a cambio de gestionar su ingreso a la escuela de formación policial. Con base en los resultados de la investigación, el 27 de septiembre de 2023, la Fiscalía General del Estado lideró varios allanamientos coordinados con la Policía en Tungurahua, Bolívar y Pichincha. En este operativo, Andrés S. y Jorge T. fueron detenidos con fines investigativos y se levantaron evidencias relacionadas con el presunto delito.

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Un policía en estado crítico tras ataque de delincuentes en Guayaquil

Primicias .- En la madrugada de este 29 de septiembre, agentes de la Policía, a bordo de dos patrulleros, fueron víctimas de ataques de delincuentes en la cooperativa San Francisco, noroeste de Guayaquil, uno de los sectores más peligrosos del país. Según informó el jefe subrogante del distrito Pascuales, teniente coronel Carlos Zuleta, los uniformados acudieron al lugar para atender un llamado de emergencia de la comunidad, cuando fueron emboscados por los sujetos armados. En videos divulgados en redes sociales, se evidencia cómo los patrulleros estaban parqueados en una avenida cuando llegaron cuatro motocicletas, cuyo ocupantes comenzaron a disparar en contra de los policías. “Tres de los disparos impactan sobre la humanidad de uno de los servidores, quien al momento se encuentra en estado crítico”, indicó el teniente Zuleta. Las balas impactaron en una parte del abdomen bajo del policía, que no estaba protegida por el chaleco antibalas. El uniformado sigue internado en la unidad de terapia intensiva. Al momento, la Policía continúa con las diligencias en flagrancia para hallar a los responsables de este hecho, y se han recuperado dos motos que habrían sido utilizadas en el ataque.

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Caso León de Troya: Fiscalía afirma que investiga amenazas contra policías

Primicias .- Después de que circulara en redes sociales el video del teniente de la Policía, Rodney Rengel, acusando a las autoridades de no tomar medidas frente a las amenazas contra su vida, la Fiscalía respondió que sí ha realizado diligencias al respecto. Rengel es uno de los policías que estuvo a cargo de la investigación conocida como León de Troya, que menciona a Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y sus supuestos vínculos con la mafia albanesa. El pasado 30 de agosto, el teniente Rengel y el coronel José Luis Erazo presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidieron medidas cautelares para salvaguardar su vida. Los abogados de los uniformados explicaron que las dos familias han recibido amenazas y que son perseguidos, desde que se hizo público el caso y la investigación. Ahora, este 26 de septiembre, en un video difundido virtualmente, Rengel cuenta que ha tenido que esconderse y acusa a la Policía, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía de no actuar y tomar medidas para darle seguridad a su familia. Pero, según la Fiscalía, desde el 27 de febrero se abrió una investigación sobre la supuesta intimidación recibida por Rengel y se han realizado varias diligencias. Al tratarse de una investigación previa, la información es reservada, agregó la institución en un comunicado. Aunque, la Fiscalía no aclara por qué Rengel y su familia no están en el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos. Se limita a decir que el ingreso y permanencia en este sistema es voluntario y debe estar documentado.

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Casi 100.000 policías y militares resguardan comicios

Primicias .- Diana Atamaint, presidenta del CNE, en su discurso de inauguración de la jornada electoral, se refirió al contingente de seguridad establecido en los comicios a nivel nacional. “Hoy gana la democracia, hoy gana Ecuador”, dijo Atamaint, quien destacó que por primera vez habrá paridad de género en los binomios presidenciales. En total, 96.000 militares y policías se han desplegado en los 4.000 recintos electorales. “Salir a votar debe ser un fuerte mensaje democrático de unidad y esperanza para hacerle frente a la violencia que acecha a nuestro país”, también señaló Atamaint. Además, la presidenta del órgano electoral destacó la presencia de 2.366 observadores, de los cuales 340 son de entidades internacionales como Unión Europea, Organización de Estados Americanos y los parlamentos Andino y del Mercosur. Por otra parte, sobre la votación telemática, Atamaint indicó que este proceso superó los 100.000 inscritos, “ratificando el compromiso de nuestros compatriotas residente en el exterior, que son parte de las decisiones democráticas y trascendentales de nuestro país”

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Guayaquil: Policías podrían ir a prisión por presentar certificados médicos adulterados, para no ir a trabajar

Vistazo .- Un grupo de policías en servicio activo fue procesado por su presunta participación en el delito de falsificación y uso de documento falso. Los uniformados presentaron certificados médicos adulterados, justificando con ello permisos por enfermedades e inasistencias a sus lugares de trabajo.   En audiencia de formulación de cargos, realizada la mañana del martes 30 de mayo, el fiscal de la Unidad de Fe Pública, presentó los elementos de convicción recaudados, entre ellos: el informe investigativo elaborado por el Departamento de Conducta Policial, versiones de varios procesados, el informe técnico pericial documentológico, las versiones de los médicos pertenecientes a la zona 8 de la Policía Nacional, entre otros.   Fiscalía inició un proceso investigativo el 14 de junio de 2021, tras una denuncia presentada por el Departamento de Conducta Policial, zona 8, en la que indicaba que un grupo de servidores policiales habrían utilizado fraudulentamente certificados médicos emitidos aparentemente por médicos policiales.   La Fiscalía solicitó las versiones de los investigados y la de los médicos que presumiblemente habrían otorgados estos permisos, mismos que fueron presentados, como elementos de convicción en la audiencia, a los que se sumaron las pericias grafológicas realizadas a los certificaciones médicas.   El Juez de Garantías Penales dispuso prohibición de salida del país y la presentaciones periódicas pata los uniformados Luis C. M., Jenny C. B., Wellington E. M., Miguel I. H., Erika V. M., Magaly V. G., Jefferson M. A., Braulio G. Ch., María G. V., Danny H. F., Luis L. A., Luis A. S. y Wilson Z. M.   Además, el Magistrado dispuso de 90 días, para el cierre de la instrucción fiscal.   Fiscalía procesa este caso en base a lo dispuesto en el artículo 328, incisos primero y tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de falsificación y uso de documento falso, con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

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Decena de falsos policías fuertemente armados asaltaron una casa en Portoviejo

El Comercio .- 10 falsos policías con armas de grueso calibre tumbaron la puerta de una casa fingiendo un allanamiento, pero era para robar. Eran aproximadamente las 02:00 del jueves 27 de abril del 2023 cuando el sueño de un adulto mayor fue interrumpido por unos golpes fuertes en la puerta.   El hombre, de 70 años, relató a los gendarmes que luego se encontró con una decena de hombres que a la voz de “al piso, al piso, somos la Policía” ingresaron hasta la vivienda ubicada en la parroquia Crucita, en Portoviejo.   El dueño de casa siguió las indicaciones de quienes imaginó eran agentes, ya que portaban armas de grueso calibre.   Los hombres, que vestían uniformes similares a los que utilizan los policías, empezaron a rebuscar en los dormitorios de la casa. Cuando preguntaron por el dinero, el afectado supo que se trataba de un atraco.   Los armados, al no hallar dinero, tomaron la llave de una camioneta Toyota Hilux que estaba estacionada en el garaje y luego de amenazar de muerte al propietari, se la llevaron no sin antes advertirle que si daba aviso a la Policía lo asesinarían.   Después escaparon del lugar a toda prisa.   Testigos indicaron que los desconocidos se movilizaban en una furgoneta color rojo, custodiada por varios hombres a bordo de un auto blanco.   El perjudicado, luego de reponerse del susto, dio aviso a la Policía. Varios agentes, entre ellos de la Policía Judicial, efectuaron un operativo cerca del lugar del robo para encontrar a los malhechores, pero no los localizaron.

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Las fuerzas de Maduro mataron a 9.465 personas en 10 años: “Institucionalizaron los asesinatos por parte del Estado”

INFOBAE .- La ONG Provea reveló la cifra registrada entre 2013 y 2023. “La Fiscalía de la CPI ya afirmó que en Venezuela efectivamente se han cometido crímenes de lesa humanidad”, denunció el coordinador de la organización, Marino Alvarado, en diálogo con Infobae   9.465 personas fueron asesinadas en Venezuela por policías y militares del régimen chavista en los diez años que lleva Nicolás Maduro al mando del país, según denunció este sábado la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos). “Maduro se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos”, expresó la organización venezolana en Twitter y señaló que, en la última década, también documentó 40.351 violaciones al derecho a la integridad personal, que abarca malos tratos y tortura. Provea afirmó que agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) asesinaron a cientos de personas en Venezuela envalentonados por “la impunidad estructural” y “el discurso de mano dura que dio pie a la masacre por goteo”. En diálogo con Infobae, el abogado y activista Marino Alvarado -coordinador de investigación de Provea- explicó que es “imposible” saber con precisión cuántos de esos homicidas han sido condenados y cuántos casos de asesinatos han sido llevados a un tribunal porque “no hay posibilidad de acceder a los expedientes y la justicia venezolana no es trasparente informando el estado de los procesos judiciales”. Foto de archivo: Un soldado de la Guardia Nacional de Venezuela apunta su lanzagranadas desde un puente hacia los manifestantes de una protesta contra el régimen chavista en Caracas el 4 de abril de 2017 (AFP / JUAN BARRETO) “En la Justicia venezolana no hay ninguna voluntad de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, ya sean los crímenes cometidos mediante detenciones arbitrarias o las ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad o en el contexto de protestas”, advirtió Alvarado. Pero señaló que la Fiscalia de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió su “investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela” en 2017 a raíz de toda la documentación que se le pudo hacer llegar con el trabajo de activistas y con los testimonios de familiares de las víctimas o las propias víctimas. “Luego, la CPI extendió el período a investigar desde 2014 a la actualidad ya afirmando que no son ‘presuntos’ crímenes sino que en Venezuela efectivamente se han cometido crímenes de lesa humanidad”, remarcó. Por otra parte, Alvarado también indicó cuáles fueron los dos períodos más duros de la represión del régimen de Maduro desde 2013. “Uno abarca del 2015 al 2017 con la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y las matanzas de jovenes pobres que realizan policías y militares en esos denominados ‘operativos de seguridad’; que luego continuó la FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía) de 2017 hasta el 2022, cuando fue disuelta”, contó Alvarado, y consideró que allí comenzó “la institucionalización de los asesinatos por parte del Estado” debido a que “quedó evidenciado que las ejecuciones no eran casos aislados sino que constituían una política de Estado”. Provea denunció también que más de 250 trabajadores y dirigentes sindicales «han sido detenidos y/o judicializados durante la gestión de Maduro» (Foto: Reuters) “Después estuvo la represión del 2017, que tiene características distintas porque se cometió con un uso excesivo de la fuerza frente a la protesta social que dejó un saldo de 143 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno. Pero no quiere decir que todos fueron asesinados por policías o militares porque también hubo una participación de colectivos (grupos paramilitares afines al chavismo)”, dijo Alvarado a Infobae, y recordó que las violaciones a derechos humanos del 2017 también fueron acompañadas con la “aplicación intensiva de justicia militar a civiles y el comienzo de la utilización de tribunales antiterroristas para asociar protesta social con terrorismo”. Nicolás Maduro cumplió el último viernes 10 años de su llegada al poder en el Palacio de Miraflores tras la muerte de Hugo Chávez y su victoria en las elecciones de 2013 con una diferencia de menos del 1% en los votos contra la oposición. “Una década oscura para los derechos humanos en Venezuela”, consideró Provea este sábado.

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Ministro Zapata destaca resultados de operativos durante emergencia

El ministro del interior, Juan Zapata, está muy satisfecho con los resultados de los operativos, realizados durante el casi mes y medio que dura la emergencia, provocada por la ola de violencia que sufre el país. En una entrevista concedida a medios, Zapara reveló que hasta ahora se han efectuado 151.000 operativos en todo el territorio nacional, con el saldo de 8.332 detenidos, 72 bandas desarticuladas y 1.171 armas fuego recuperadas. A estas cifras hay que agregar la captura de 142 “blancos” (líderes) de las bandas: 73 en Guayas; 50 en Esmeraldas; y 19 en Santo Domingo de los Tsáchilas. Según dijo, las muertes violentas han caído en un 8% en las tres provincias declaradas en estado de excepción. Sin embargo, el ministro precisó que todavía hay que combatir las causas de esta violencia, entre las cuales señaló lucha territorial vinculada al tema de microtráfico, economías ilegales, lucha de poder y jerarquía al interior de las propias bandas delictivas. De ahí la importancia que la función judicial colabore con este esfuerzo, y en especial contra los responsables de los atentados a gasolineras y muerte de servidores policiales. Por otra parte, Zapata reiteró la voluntad del gobierno, de fortalecer a la Policía. Por ello se intervendrán 73 UPC en ocho zonas, y se instalarán vidrios antibalas para evitar ataques. El presupuesto para ello es de 9 millones de dólares, mientras que para la adquisición de municiones, la inversión será de 8 millones, es decir, 300 balas por cada policía.

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En Perú, autoridades confirman que 119 policías resultan heridos durante protestas

Un total de 119 policías peruanos han resultado heridos en los enfrentamientos con los manifestantes que protestan contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, informó el jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, general Oscar Arriola. La autoridad policial detalló, en entrevista con RPP Noticias, que hay 119 policías policontusos y al menos uno tiene ventilación mecánica por la gravedad de su estado. En la surandina ciudad de Andahuaylas, que se ha convertido en el epicentro de las protestas, los manifestantes atacaron 14 comisarías y, en una sede policial, los efectivos fueron atacados con explosivos, indicó Arriola. El jefe de la Dircote afirmó que detrás de las protestas también «está (el grupo terrorista) Sendero Luminoso, el Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales) y otros organismos generados por el marxismo-leninismo». «El Movadef (considerado el brazo político de Sendero Luminoso) tiene actividad en estas marchas», subrayó Arriola, tras mencionar que la Policía ha detectado que exconvictos por terrorismo e integrantes de Movadef «están infiltrados» en las movilizaciones. «Hay un discurso de odio acá», declaró el jefe de la Dircote, al cabo de una jornada en la que se confirmaron siete manifestantes muertos en las protestas. Tras la declaración del estado de emergencia en la región Apurímac, donde se encuentra Andahuaylas, la Policía se hará cargo del orden interno con apoyo de las fuerzas armadas, pues esa resolución les da «las herramientas» para resolver los actos de violencia, afirmó. «Tenemos que hacer respetar el principio de autoridad de todo el Estado», expresó Arriola.   Fuente: El Comercio

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Tres funcionarios de la Fiscalía y cinco policías fueron detenidos

La Fiscalía informó que las detenciones ocurrieron por un presunto caso de asociación ilícita en Chimborazo, y las primeras investigaciones revelan que los aprehendidos habrían cambiado informes periciales. La mañana del 10 de diciembre de 2022, la Fiscalía informó que ocho personas fueron detenidas en Chimborazo por un presunto caso de asociación ilícita para tráfico de influencias. Entre los detenidos aparecen cinco policías del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), de la Policía Nacional, y tres funcionarios de la Fiscalía.Según la Fiscalía, durante las primeras investigaciones se recabaron indicios que revelarían presuntos cambios en los contenidos de informes periciales para favorecer a abogados particulares y otras personas. A estas personas “se les formularán cargos en las próximas horas”, agregó el Ministerio Público. Fuente: Primicias

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Estructura bancaria del Ecuador impide que Policía investigue casos de lavado de activos, señala antropólogo

Agregó que si el Gobierno le prestará atención al lavado de activos se podría desarmar al crimen organizado. El antropólogo Jorge Núñez indicó que el Estado requiere investigar los crimines financieros y sus conexiones con distintas industrias, más allá de buscar colocar a las Fuerzas Armadas en las calles para encargarse de la seguridad ciudadana. Explicó que las mafias no están en las cárceles, pues la mayoría de privados de la libertad son pobres y al menos el 42% ni siquiera tiene educación primaria, por tanto no se puede aducir que desde los centros penitenciarios se lava el dinero. “La Policía tiene poca capacidad de controlar sobre el delito de lavado porque ahí están involucradas las élites, pero eso no es parte de la estrategia de la guerra contra las drogas, aunque debería ser”. Indicó que en conversaciones con policías de alto rango, le han mencionado que es difícil investigar delitos de lavado de activos porque toda la estructura bancaria del país es autónoma. “Pueden hacerlo de modo muy limitado, pero siempre les piden que ahí no se metan”. Instó a prestar atención al mercado inmobiliario en las ciudades, pues esa es una forma de lavar dinero, convirtiendo los dólares en ladrillos. Reiteró que los militares no van a ayudar en nada para desarmar al crimen organizado, sino más bien los auditores que deben entrar a los bancos y empresas inmobiliarias a hacer investigaciones y conocer de dónde sale los recursos para la construcción obsesiva en las ciudades. “Se necesita investigar los crimines financieros, son un problema en el Ecuador y sus conexiones con distintas industrias pero de eso no hablamos”. De otro lado, sostuvo que la captación de la gente para que ingresen a actos ilegales se da por la falta de presencia del Estado. “El tener la oportunidad de que ven en el narcotráfico una opción laboral concreta y la posibilidad de realización personal, eso es responsabilidad del Estado, no crea presencia estatal”. Fuente: Radio Pichincha

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