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Ecuador: julio 23, 2024

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“Libre al fin, gracias a Dios”: los estadounidenses liberados por Venezuela vuelven a su país

El País .- Un gestor de hipotecas, exmilitares y un contratista corrupto se encuentran entre los estadounidenses que han vuelto tras la liberación de Alex Saab “Libre al fin, gracias a Dios todopoderoso”. Estas fueron algunas de las primeras palabras de Savoi Wright al aterrizar de vuelta a Estados Unidos la noche del miércoles. Es uno de los 10 liberados por el régimen de Nicolás Maduro a cambio de Alex Saab, uno de los hombres más cercanos al dirigente venezolano y su presunto testaferro. Wright, un californiano que llevaba detenido desde finales de octubre, llegó junto con otras seis personas a un aeropuerto de San Antonio. Uno de los retornados, Leonard Glenn Francis, no recuperará su libertad, pues enfrentará a la justicia estadounidense en un caso de sobornos a la Armada.   La familia de Wright, de 38 años, había logrado recaudar unos 25.000 dólares solicitando donativos en Gofundme. Savoi, un gestor de préstamos hipotecarios durante 15 años, “sin vínculos políticos de ningún tipo”, fue detenido en Venezuela el 24 de octubre. Por más de un mes, sus familiares no supieron donde estaba detenido. Su hermano lo describió como un alma libre que se había enamorado de Venezuela, un país al que viajaba frecuentemente, además de Colombia y Brasil. El dinero iba a ser utilizado en su defensa legal. La pesadilla de Wright duró 58 días. Para Luke Denman y Airan Berry fue mucho más larga. Los dos eran boinas verdes de las Fuerzas Especiales del Ejército. Fueron acusados en mayo de 2020 por el Gobierno venezolano de formar parte en la organización de un golpe de Estado junto a 60 mercenarios entrenados en Colombia y empleados por la firma de seguridad Silvercorp, de Florida. La fallida operación tuvo un nombre: Gedeón. Eyvin Hernández, un defensor público del condado de Los Ángeles, también se encuentra entre las personas liberadas este miércoles. El letrado estuvo encarcelado en el país sudamericano desde marzo del año pasado. “Por más de 21 meses soportó horribles condiciones, además de abuso”, aseguró la familia en un comunicado publicado en Facebook. “Es un regalo anticipado de Navidad para nosotros”, añadieron sus familiares, quienes agradecieron las gestiones de la Administración del presidente Joe Biden. Joseph Cristella, originario de Orlando (Florida), vivía en la República Dominicana, adonde se mudó porque encontró un trabajo. Allí se enamoró de una venezolana. Fue detenido en septiembre de 2022 por el Gobierno de Maduro cuando fue a visitar a su prometida a la frontera entre Colombia y Venezuela. Ha sido liberado esta semana. Al igual que Jerrel Kenemore, quien corrió con la misma suerte y fue detenido por autoridades venezolanas en la riesgosa zona limítrofe entre las dos naciones sudamericanas. “Estos individuos han perdido demasiado tiempo valioso lejos de sus seres amados, y sus familias han sufrido cada día de su ausencia. Estoy agradecido de que sus odiseas hayan terminado y que las familias estén completas nuevamente”, ha señalado Biden en un mensaje hecho público este miércoles. El presidente estadounidense dijo que seis de las personas que han retornado fueron detenidos injustamente. El Gordo Leonard se reencuentra con la Justicia El caso del Gordo Leonard se cuece aparte. Es con este apodo como conocen a Leonard Glenn Francis, el contratista del Ejército que abandonó su país como fugitivo después de un fraude de sobornos y ha vuelto esposado y con un mono anaranjado a encarar a una jueza federal por primera vez. Francis fue arrestado en San Diego hace casi una década. El empresario, quien llevaba su proceso en libertad, está acusado de ofrecer 500.000 dólares en sobornos a personal de la Marina para obtener contratos por 35 millones de dólares. El escándalo provocó la detención de una veintena de funcionarios de la Armada, a quienes había comprado organizando lujosas fiestas con alcohol, carne Kobe, habanos, entradas para conciertos y espectáculos. También ha sido organizado fiestas con prostitutas en Tailandia y Filipinas. Se declaró culpable en 2015. Vivía entonces en arresto domiciliario en una casa rentada. Los fiscales le perdieron la pista el año pasado, cuando su monitor de tobillo dejó de dar señales días antes de una vista judicial. Después huyó a México y Cuba. Fue detenido en septiembre de 2022 cuando estaba cerca de abordar un vuelo en Caracas, adonde llegó a pedir asilo con la esperanza que la rivalidad entre Venezuela y Estados Unidos evitara su extradición. La situación ha cambiado. El fugitivo ha comparecido este jueves en un tribunal federal de Miami. La jueza Jacqueline Becerra ha ordenado que vuelva al Oeste, a los tribunales del distrito Sur de California, donde seguirá su proceso. La Fiscalía, no obstante, ha anunciado que presentará más cargos en contra del empresario, quien tiene una flota de barcos, por intentar evitar la justicia.

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El régimen de Ortega y Murillo expulsa al Comité Internacional de la Cruz Roja de Nicaragua

El País .- El organismo emitió un comunicado que detalla únicamente que cierran operaciones “a pedido de las autoridades”. Concluye una labor humanitaria que deja en total desprotección a los presos políticos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó este lunes de Nicaragua al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En un comunicado emitido por la oficina regional de la organización, se informa que cerraron operaciones “a pedido de las autoridades nicaragüenses, terminando así su misión humanitaria en el país”. La expulsión de la CICR ocurre cuando familiares de siete presos políticos denuncian que las autoridades del penal La Modelo trasladaron a los reclusos a celdas de máxima seguridad como represalia a una huelga de hambre que iniciaron para demandar mejor alimentación y respeto a sus horas de descanso nocturno, ya que los custodios golpean las verjas impidiendo conciliar el sueño. Además exigían salidas con más frecuencia a patio sol, un trato más humano de parte de los carceleros y el ingreso de material de lectura. Uno de los presos políticos fue “salvajemente golpeado”, según la denuncia. El rol del CICR ha sido vital en lo concerniente a los presos políticos de Nicaragua. En 2019, cuando los Ortega-Murillo aprobaron una ley de Amnistía muy cuestionada por organismos de derechos humanos, la CICR se encargó de conciliar con opositores y el Gobierno la lista de 200 reos de conciencia que fueron excarcelados en ese proceso. Mientras que en el año 2021, ante las repetidas denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos que los presos políticos sufrían en la temida prisión de El Chipote, el organismo solicitó una visita para comprobar el estado de los opositores que en febrero de 2023 fueron desterrados en Estados Unidos. Sin embargo, la visita nunca concedida por el régimen sandinista. “El CICR recibió en 2018 la autorización de las autoridades de Nicaragua para abrir una misión en el país, enfocada en objetivos exclusivamente humanitarios. En enero de 2019 el CICR estableció una Misión permanente en Managua, y en marzo de ese mismo año el CICR y el Gobierno de Nicaragua formalizaron un acuerdo para visitar a personas detenidas”, contextualiza el comunicado de la Cruz Roja sin dar mayores detalles de su expulsión. Una relación que pendía de unos pocos hilos No obstante, la relación con los Ortega-Murillo ya pendía de unos pocos hilos. En marzo de 2022, el régimen expulsó a Thomas Ess, jefe de misión del CICR. En esa ocasión la oficina de la CICR dijo desconocer las razones del oficialismo para retirar el beneplácito de su jefe de misión. “Nos ha tomado por sorpresa”, aseguraron. El trabajo del CICR en Nicaragua se ha centrado en estos años en tres grandes áreas de trabajo: “Apoyar a la Cruz Roja Nicaragüense para brindar servicios de restablecimiento del contacto entre familiares y para fortalecer su labor humanitaria en favor de las personas más vulnerables; prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad; y actividades de formación sobre el derecho internacional humanitario, el marco jurídico aplicable a las tareas en las que participan las fuerzas armadas y de seguridad, y el derecho internacional de los derechos humanos”. Una labor que ya había sido golpeada en mayo pasado, cuando el Gobierno canceló la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense y confiscó sus bienes, los cuales fueron otorgados al Ministerio de Salud (Minsa) y renombrados como “Cruz Blanca de Nicaragua”. Presos políticos en total desprotección Aunque en el comunicado emitido este 18 de diciembre el CICR “reitera su disponibilidad para reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua”, defensores de derechos humanos externaron su preocupación al perder el único resquicio institucional que quedaba en Nicaragua para abogar y velar por los más de 90 presos políticos que los Ortega-Murillo mantienen en sus prisiones estas navidades. Un número que ha venido aumentando cada semana —en un efecto llamado “puerta giratoria”— bajo un régimen totalitario que apresa sacerdotes y hasta catedráticos, como Freddy Quezada, exprofesor de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN-Managua). El sociólogo Quezada, de 65 años, fue secuestrado por civiles el miércoles 29 de noviembre, luego de criticar en redes sociales a la pareja presidencial. El catedrático después fue trasladado a la cárcel La Modelo. “Como hace en más de 80 países, la labor que realiza el CICR tiene una finalidad exclusivamente humanitaria, y se apega estrictamente a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. A través de la acción directa y de un diálogo bilateral y confidencial con autoridades, personas afectadas por consecuencias humanitarias, y otros interlocutores clave, el CICR trabaja en la promoción de entornos respetuosos de la vida y dignidad humana”, agregó el organismo en su comunicado de cierre.

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El régimen de Nicaragua confiscó propiedades de opositores que fueron desterrados

Infobae .- A través de un informe la ONU advirtió una escalada de la represión por parte de Daniel Ortega El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ordenó confiscar la vivienda de opositores nicaragüenses a los que desterró, entre ellos la escritora y poeta Gioconda Belli, de nacionalidad chilena. “La poesía me abraza esta tarde en que se consuma el robo de mi casa por la dictadura. Pienso en Becquer para parafrasearlo: Volverán las oscuras golondrinas de mi jardín sus nidos a colgar; pero aquellos que ensuciaron nuestra historia, esos no volverán. Así sea. Así será”, denunció la escritora en la red social X. Belli indicó que el régimen sandinista en Nicaragua, sumido en “la paranoia y la mentira”, ha “perdido sus valores, su historia”. “Convertidos en malsanos tiranos dignos de repudio”, dijo, agregando en otro mensaje que su casa será “la huella” de sus libros y “el recuerdo” de su “energía creativa”. La escritora, Gioconda Belli, ahora con nacionalidad chilena. (EFE/Olaf Malzahn) La medida también afectó al hijo de la escritora, Camilo de Castro, así como a otros críticos con el régimen de Ortega, como el escritor Gonzalo Carrión, la cineasta Leonor Zúniga, el defensor de Derechos Humanos, Moisés Hassán, o el ex canciller Norman Caldera, según informó el diario La Prensa. “La dictadura Ortega Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía, consumó el robo de mi casa en Nicaragua. Recibimos la noticia con indignación y tristeza, pero decididos a seguir denunciando a la dictadura y luchando por un país distinto”, comentó De Castro en la red social X. Te puede interesar:Petro se despachó contra la dictadura en Nicaragua por persecución contra Gioconda Belli: “Ortega hace lo mismo que Pinochet” Y Zúniga también confirmó en la citada red social que el régimen confiscó su casa. “Rieguen las plantas y no se coman los garrobos pinches bestias sin imaginación”, aseguró, agregando con ironía que “tanto drama” da para una película. Escalada de represión Por otra parte, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua denunció este martes una “escalada” de la persecución a la disidencia y la supresión de las instituciones académicas independientes por parte del régimen de Daniel Ortega. Recientemente, el régimen de Nicaragua incautó la sede de la Universidad Centroamericana. (EFE/Jorge Torres) Un informe del Grupo presentado por su director, el alemán Jan- Michael Simon, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra registró “una nueva ola de violaciones de derechos humanos en Nicaragua durante los últimos seis meses”, la cual “ha sofocado gravemente las voces disidentes y ha aumentado la persecución”. Se trata de la última actualización del Grupo que desde marzo de 2022 evalúa la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El informe denunció que opositores y defensores de derechos humanos “enfrentan severas presiones” para abandonar Nicaragua “a través de vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados”, así como “criminalización continua” y “detenciones arbitrarias”. Te puede interesar:“Petro traicionó a la guerrilla y Boric es un ‘pinochetito’ ”: así respondió Ortega las críticas a su régimen en Nicaragua También señaló que los actores religiosos, en particular la Iglesia católica, “son cada vez más el blanco de ataques”. Agregó que “una vez en el extranjero, (los perseguidos por el gobierno) se han enfrentado a la privación arbitraria de su nacionalidad, la confiscación de bienes y sus familiares en Nicaragua han sido expuestos a intimidación”. Destacó igualmente que el gobierno “ha intensificado su persecución de las universidades” y ha cancelado la personalidad jurídica de 27 instituciones de educación superior, cuyos bienes ha confiscado. “Hoy, el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes”, alertó. Los expertos pidieron al régimen de Nicaragua que permita el acceso de organismos neutrales e independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja a los centros “donde se encuentran retenidos opositores reales o supuestos”. Nicaragüenses protestan frente a la Organización de los Estados Americanos en Washington pidiendo que los presos políticos sean liberados el 23 de junio de 2021 (AP Foto/Jose Luis Magana) La actual crisis política en Nicaragua se inició tras las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y que fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados en los meses posteriores a la rebelión. En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer el Grupo por un período de un año para emprender investigaciones independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde 2018. En abril de este año, durante una sesión del Consejo, se renovó el mandato del Grupo por dos años más. Los integrantes del Grupo son Simon, la colombiana Ángela María Buitrago y la uruguaya Ariela Peralta Diestéfano. Previamente, en la misma sesión, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe de 16 páginas en el cual destacó que la situación en Nicaragua “ha continuado deteriorándose gravemente”. Indicó que las personas percibidas como opositoras al gobierno son perseguidas y sometidas a diversas “medidas arbitrarias violatorias de sus derechos humanos”, entre las que mencionó condenas sin juicios previos y privación de la nacionalidad mediante resoluciones judiciales ilegales. El informe también se refirió a la situación de las poblaciones indígenas, que “siguen sufriendo asesinatos y ataques por parte de colonos” —agricultores mestizos armados—, lo cual las coloca “bajo la amenaza constante del desplazamiento y la pérdida de sus medios de vida”. La actual crisis política en Nicaragua se inició tras las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y que fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 355 muertos. (AP/Arnulfo Franco) También cuestionó la eliminación progresiva de las asociaciones independientes —más de 3.500 a la fecha, según opositores—, así como el control de todas las instituciones públicas y la expulsión y el exilio de los principales líderes de la oposición. “El gobierno ha reducido el espacio cívico y democrático hasta un punto que no deja lugar a la disidencia”, agregó el documento, que también expresó preocupación por temas como la

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Más de la mitad de los presos políticos en Venezuela son militares, según el registro del Foro Penal

INFOBAE .- Del total de 277 reos, 127 son civiles y 150 uniformados. De todos ellos, 162 todavía esperan por la decisión de un tribunal.   En Venezuela hay 277 detenidos que son considerados como presos políticos, afirmó este martes la ONG Foro Penal, en cuyo reporte señaló que hubo “ocho encarcelaciones” la semana pasada, sin ofrecer mayores detalles al respecto. La organización indicó, en una publicación en su cuenta de Twitter que, del total de reos, 127 son civiles y 150 militares. Además, aseguró que 115 presos ya han recibido una sentencia y 162 todavía esperan por la decisión de un tribunal. “Desde 2014 se han registrado 15.777 detenciones políticas en Venezuela”, señaló el Foro Penal. El tuit del Foro Penal Asimismo, dijo que además de los presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas, “arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”. El detalle de la cantidad de presos políticos en Venezuela (Foro Penal) La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y familiares de detenidos considerados presos políticos pidieron recientemente al alto comisionado de DDHH de la ONU, Volker Türk, quien visitó el país entre el 26 y 28 de enero, un mayor apoyo a sus casos, ante las violaciones a los DDHH que -denunciaron- sufren estos privados de libertad. Al finalizar su visita, Türk anunció que su oficina tendrá presencia dos años más en Venezuela “para que pueda continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos”, una decisión que la sociedad civil y ONG esperan que se traduzca en mayores denuncias contra los atropellos, lo que, aseguran, ha faltado hasta ahora. Del total de reos, 127 son civiles y 150 militares (Archivo) En otro orden, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este lunes al régimen venezolano que no ratifique una ley que regulará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y que, por el contrario, adopte medidas para “reconstruir la democracia”. “En Venezuela existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa”, aseguran la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE). Por eso “instan a que Venezuela se abstenga de aprobar cualquier tipo de legislación o reglamentación que limite arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés públicos” y le piden que tome “medidas dirigidas a reconstruir la democracia y el estado de derecho”. El 24 de enero, el Parlamento venezolano dominado por el chavismo aprobó, en primer debate, una ley que regulará el funcionamiento de las ONG. La segunda votación está pendiente y sin fecha.

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El Foro Penal denunció que en Venezuela hay 269 presos políticos

INFOBAE .- La ONG de Venezuela Foro Penal afirmó este miércoles que en el país hay 269 detenidos a los que considera presos políticos, sin variación con respecto a su último reporte, publicado el pasado 21 de febrero.   La organización señaló, en una publicación en su cuenta de Twitter, que del total de reos, 256 son hombres y 13 son mujeres. Además, 119 son civiles y 150 militares.   Agregó que 115 presos ya han recibido una sentencia y 154 todavía esperan por la decisión de un tribunal. El mensaje del Foro Penal en Twitter “Desde 2014 se han registrado 15.777 detenciones políticas en Venezuela”, señaló el Foro Penal.   Asimismo, dijo que además de los considerados presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas, “arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.   El cuadro que compartió el Foro Penal en Twitter El pasado 22 de febrero, la ONG Fundaredes pidió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que califique como arbitraria la detención de su director, Javier Tarazona, acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.   “Desde Fundaredes, abogamos y solicitamos al alto comisionado, Volker Türk, que califique el caso de Javier Tarazona como una detención arbitraria, además de exigirle al Estado que otorgue su libertad plena”, escribió la organización en su cuenta de Twitter.   Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar, denunció entonces Fundaredes.

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Ecuador solicita a Nicaragua rectificar decisiones contra opositores al régimen

EL UNIVERSO .- El régimen de Daniel Ortega ha retirado la nacionalidad a 316 opositores.   En las últimas semanas, el gobierno de Daniel Ortega dispuso el retiro de la nacionalidad nicaragüense a 316 personas a quienes acusa de ser traidores a la patria.   Una reforma en la Constitución le permitió a Ortega definir a los opositores como traidores y con ello despojarlos de su nacionalidad. El primer grupo afectado fue de 222 personas que también fueron expulsadas hacia Estados Unidos.   El último jueves, en cambio, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua leyó la resolución en la que fueron despojados de su nacionalidad otras 94 personas, así como la inhabilitación de ejercer cargos públicos de por vida.   El gobierno de Ecuador, a través de la Cancillería, se pronunció sobre esta situación y condenó las medidas como el retiro de bienes y de la nacionalidad a los ciudadanos. “Esta aberración jurídica va contra los principios que norman la vida de las naciones y los derechos humanos. Llamamos a rectificar, a liberar a los presos políticos y a devolver a ese país a la vida democrática”, dice el comunicado. El exmandatario de Uruguay José “Pepe” Mujica, en cambio, señaló que a Ortega “hace rato que se le fue” la mano, en referencia a la ola de represión de opositores en Managua.   “¿La mano? Hace rato que se le fue” a Ortega, dijo Mujica, en respuesta a una pregunta de la prensa sobre la situación en Nicaragua.   Dentro de los declaradas como traidores a la patria se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

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El Chile de Boric, la única potencia de América Latina que condena abiertamente la última ofensiva de Ortega

EL PAÍS .- México evita censurar la deriva del régimen sandinista mientras que Argentina, Colombia y Brasil optan por el silencio.   La última ofensiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en menos de una semana desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos, declarándoles “apátridas”, y despojó de la nacionalidad nicaragüense a otros 94 opositores, le ha costado al régimen sandinista solo una condena rotunda entre los gigantes de la región. De las cinco principales potencias de América Latina, todas gobernadas por la izquierda, el Ejecutivo de Gabriel Boric fue el único en manifestar abiertamente su repudio ante lo sucedido. EL PAÍS consultó este jueves a las cancillerías de Chile, México, Argentina, Colombia y Brasil. La Administración de Andrés Manuel López Obrador se limitó a emitir una declaración difusa sobre la protección de los derechos humanos, mientras que los Gobiernos de Alberto Fernández, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva optaron por el silencio.   “Entre los desterrados tenemos escritores como Gioconda Belli, Sergio Ramírez, periodistas, mujeres defensoras de derechos humanos, feministas, muchas de las cuales están dentro del país. Sigue habiendo al menos 30 presos políticos. Nos parece de suma gravedad, de suma gravedad”, enfatizó la canciller. El compromiso adoptado por la Administración de izquierda es continuar denunciando la situación creada por el régimen de Ortega y llevar a cabo las acciones que correspondan para apoyar a los perseguidos y la democratización en Nicaragua. “Esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, apuntó Urrejola.   El presidente Boric pidió semanas atrás la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua, en el marco de su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires. El mismo llamamiento hizo el pasado septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pidió “trabajar para que, en ningún lugar del mundo, tener distintas ideas del Gobierno de turno pueda terminar en persecución o vulneración de derechos humanos”. Sin embargo, el presidente chileno no ha hecho declaraciones públicas sobre las últimas medidas del régimen de Ortega.   La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha tratado, al ser consultada por EL PAÍS, de hacer equilibrios, pero su pronunciamiento se queda lejos de una condena o una exigencia a Ortega. “México ha dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua”, señalaron fuentes de Cancillería, a cargo de uno de los principales dirigentes oficialistas y aspirante presidencial, Marcelo Ebrard. “Conforme a uno de sus principios torales de política exterior, nuestro país se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de este grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de esta de manera arbitraria, y al uso y goce de sus bienes y propiedad a menos que esta sea confiscada o restringida por causas justificadas previstas en las leyes y mediante el pago de una indemnización justa”, prosiguieron las mismas fuentes.   El Gobierno de López Obrador se suele escudar en el principio de no intervención en política exterior, consagrado en la Constitución, para sortear pronunciamientos potencialmente incómodos. Más claras suelen ser las posiciones de las Administraciones de Fernández, Petro o Lula da Silva. No obstante, en esta ocasión ni Argentina, ni Colombia, ni Brasil han optado por censurar la deriva de Ortega y Murillo. En el caso de Bogotá, además, se añaden complicaciones en la relación bilateral con Managua, puesto que los dos países están inmersos en una disputa territorial por la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia. Han sido Estados Unidos y España los dos países que con más contundencia se han pronunciado sobre las nuevas medidas de Ortega. EE UU ha recibido en su territorio a los 222 desterrados y les ha garantizado una protección temporal, mientras España les ha ofrecido la nacionalidad.   Las duras críticas de Chile a la deriva de Ortega y Murillo no son nuevas. Boric se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los abusos y la represión del régimen en Nicaragua y su ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, siguió el deterioro democrático del país centroamericano y las violaciones de derechos entre 2018 y 2021 desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La canciller denunció la situación públicamente este jueves sin utilizar medias tintas. “Cada día más se trata de una dictadura totalitaria”, mantuvo al condenar la persecución de cualquier tipo de disidencia nicaragüense. “No solo les quitan la nacionalidad y les confiscan los bienes, sino que también han sido declarados prófugos de la justicia”, apuntó la ministra de Relaciones Exteriores ante la prensa en el Palacio de La Moneda.

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El Salvador y Cuba son dos de los países con más presos del mundo

Un informe de la Universidad de Londres advierte que hay más de 38.250 encarcelados en el país centroamericano y alrededor de 57.100 detenidos en la isla caribeña Las redadas de decenas de miles de presuntos pandilleros han dado a El Salvador la población penal per cápita más alta del mundo. Según el informe World Prison Brief del Birkbeck College de la Universidad de Londres, el porcentaje de población carcelaria de este país centroamericano es mayor que el de Estados Unidos y Cuba.   El gobierno del presidente Nayib Bukele declaró el año pasado el estado de emergencia y construyó un gigantesco complejo penitenciario para controlar la violencia de las pandillas. Grupos de derechos humanos han criticado la falta de un debido proceso, pero la represión es popular entre el público. Las autoridades de seguridad de El Salvador han reportado bajo el régimen de excepción, vigente desde finales de marzo tras una escalada de asesinatos atribuidos a las pandillas, más de 60.400 detenciones, lo que representaría cerca del 1% del total de la población del país. Según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, la población total de El Salvador es de 6.325.827.   De acuerdo con Zaira Navas, jefa jurídica de la organización humanitaria Cristosal, “antes del inicio del régimen de excepción, El Salvador ya tenía una alta sobrepoblación y un gran índice de hacinamiento” en las prisiones. Navas explicó a la agencia de noticias EFE que “para 2021 los centros penales reportaban una capacidad instalada de 32.000 personas”, pero el número de presos era “mucho mayor”. Vista general de la construcción del complejo penitenciario conocido como “Centro de Reclusión del Terrorismo” que, según el presidente salvadoreño Nayib Bukele, está diseñado para albergar a 40.000 reclusos, en Tecoluca, El Salvador (REUTERS/Jose Cabezas) Según el informe de la Universidad de Londres, en la actualidad hay 605 presos cada 100.000 personas en El Salvador. Es decir que hay más de 38.250 encarcelados en el país centroamericano.   Y en Cuba hay 510 encarcelados cada 100.000 personas, de acuerdo con el reporte. Es decir que, considerando que la isla tiene una población de 11,2 millones de habitantes según datos del Banco Mundial de 2021, alrededor de 57.100 personas estarían encarceladas.   Presos políticos en Cuba La ONG Prisoners Defenders (PD) denunció el jueves pasado que actualmente hay 1.057 presos políticos en Cuba, 29 nuevos en diciembre.   “Cada mes, Cuba sigue hostigando, amenazando, citando y deteniendo a miles de personas, y encarcelando y procesando penalmente a una media de más de 30 nuevos presos políticos al mes. El pueblo vive atemorizado y amordazado. Cuba se ha convertido en una gran cárcel para la gran mayoría de la ciudadanía. A pesar de las miserias que vive Cuba, la enorme represión consigue que los cubanos vivan con auténtico temor por su seguridad y limiten en altísimo grado sus libertades más fundamentales”, denunció la organización, con sede en Madrid, en su último reporte mensual. Foto de archivo del doble alambrado exterior de la cárcel del Combinado del Este en La Habana, Cuba (EFE) PD criticó que sobre estos presos pesan “condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso”. Del total de detenidos, “190 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 175 han sido sentenciados a un promedio de más de 10 años de privación de libertad cada uno”, detalló el informe. Agregó además que “938 prisioneros políticos presentes en la lista han sido sentenciados con penas de hasta cadena perpetua en 18 casos”.   Además, el reporte de PD detalló que “al menos 123 mujeres (incluyendo varias transgénero) siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia”. “Todas las mujeres trans en prisión han estado y están encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones indescriptibles para su condición sexual”, denunció. Fuente: Infobae

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Justicia peruana dicta 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Pedro Castillo

Para tratar de calmar las protestas que ya dejan más de una docena de fallecidos, el Gobierno peruano ordena un toque de queda nocturno en 15 provincias. El Poder Judicial peruano dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo; y ordenó comparencia con restricciones para el expremier Aníbal Torres.   Ambos son juzgados por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, tras el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre que desató violentas protestas que suman diez muertos, bajo un estado de emergencia nacional declarado por el nuevo gobierno.   Fue el juez Juan Carlos Checkley Soria, encargado de dirigir la sesión, quien dio lectura este jueves a la resolución del pedido de la Fiscalía.   De acuerdo con el fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay, la detención de Pedro Castillo ocurrió en flagrancia del delito que se le imputa. Además, precisó que el exmandatario invocó a las Fuerzas Armadas y que si estas no entraron en acción, fue porque decidieron no acatar la orden.   Toque de queda El Gobierno peruano ordenó este jueves un toque de queda nocturno en 15 provincias ubicadas en 8 departamentos, de los 24 que tiene el país, tras una jornada en la que han muerto, al menos, seis manifestantes antigubernamentales, lo que elevó la cifra de fallecidos a 14 desde el pasado domingo.   El estado de emergencia permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna. “Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero”, dijo la Defensoría. La entidad también reportó 340 heridos y, según la Policía, casi la mitad son de su institución.   Las protestas que suceden sin parar desde el domingo piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso y la convocatoria de una constituyente.   Este mismo jueves, en una sesión el Congreso debatía las fechas probables de nuevas elecciones presidenciales. La mandataria Dina Boluarte presentó dos fecha probables: diciembre del 2023 o abril del 2024. . iba a conformar un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, reorganizar el sistema de justicia y convocar una asamblea constituyente, lo que fue calificado mayoritariamente como un golpe de Estado.   Este mismo jueves, en una sesión el Congreso debate las fechas probables de nuevas elecciones presidenciales. La mandataria Dina Boluarte presentó dos fecha probables: diciembre del 2023 o abril del 2024.  Fuente: El Universo

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