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Ecuador: julio 23, 2024

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Ecuador, julio 23, 2024
Ecuador Continental: 06:30
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Asamblea Nacional discute proyecto para actualizar la ley sobre uso de armas vigente desde hace 43 años

El Universo .- El proyecto de ley se analiza en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral y está en elaboración del informe para primer debate.   En la Asamblea Nacional se tramita el proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y accesorios que plantea la actualización de la norma vigente desde hace 43 años, busca reforzar el registro de armas y pretende superar los vacíos para sancionar la tenencia y porte ilegal de armas.   La iniciativa es del legislador del Guayas Xavier Jurado, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), aunque en el informe se recogerá también una propuesta del socialcristiano Esteban Torres. Al momento el proyecto está en la fase de elaboración del informe para el primer debate.   El legislador Jurado señala que es necesario reforzar el registro de armas, porque de acuerdo con la información que posee, en el Ecuador las armas ilegales superan en más de un 500 % a las armas legales, pues de acuerdo con el reporte del Sistema Informático de Control de Armas (Sincoar) remitido al asambleísta existen 306 permisos de porte de armas vigentes, entregados a personas naturales que tienen sus actividades del sector ganadero y camaronero.   Existen solicitudes represadas que cumplen con la documentación requerida, añade, pero hay un cuello de botella porque la norma actual faculta de manera exclusiva al jefe del IV departamento del estado mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), para emitir los permisos, pero con la nueva estructura orgánica de ese organismo militar, dicho departamento no existe, por lo tanto, la atribución para los permisos queda sin órgano ejecutor.   En la propuesta se discute que la competencia para los permisos quedará a cargo del órgano rector de la defensa nacional de manera directa o a través del Comaco, quien se organizará de manera interna de forma desconcentrada, para planificar, controlar, registrar, inspeccionar, decomisar y ejecutar dentro de su jurisdicción, las competencias que se incluirán en la ley y su reglamento. Por lo tanto, la iniciativa de Jurado actualiza la norma legal vigente observando los estándares internacionales, pero hace una aclaración esta ley no se debe concebir como un instrumento jurídico para la habilitación de porte y tenencia de armas abierto.   Registro de armas El proyecto en análisis dentro de la Comisión de Seguridad Integral prevé el registro de todo tipo de armas que dispare un objetivo a más de 300 pies por segundo, y regula los siguientes tipos de armas y municiones: Las armas de fuego de todo calibre. Las armas menos letales de fuego. Las armas réplica. Las armas de fogueo y de aire. Las armas menos letales de electrochoque. Las municiones de todo tipo. Los explosivos y las materias primas para su fabricación. Las sustancias químicas inflamables, asfixiantes, tóxicas o corrosivas. Las instalaciones destinadas a la fabricación, almacenamiento y comercialización de estos elementos. Fabricación e importación de armas Según la propuesta de ley, el Ministerio de Defensa será el único organismo que autorizará la fabricación y exportación de armas, municiones, explosivos y accesorios a una entidad pública adscrita a su ramo, previo informe del Comandando Conjunto de las Fuerzas Armadas.   La entidad fabricante está en la obligación de cubrir la demanda de armas, municiones, explosivos y accesorios; y está obligada a la aprobación técnica de los prototipos por parte del ente rector de la defensa nacional, antes de iniciar la producción.   En tanto, que la importación de armas, municiones y explosivos, para organismos encargados de seguridad se realizará de manera directa, previa autorización del ente rector de la defensa nacional.   Para cubrir la demanda de personas naturales y jurídicas de armas, municiones y explosivos y accesorios, cuando no exista la fabricación nacional de iguales características, se autorizará la importación a las siguientes entidades: empresas de seguridad privada debidamente acreditadas; entidades deportivas, clubes de tiro; y, personas naturales y jurídicas previa autorización del ente rector.   Las armas, municiones y explosivos y accesorios importadas por las personas jurídicas no podrán entregarse, donar o venderse a sus socios, ni a ninguna otra persona, debiendo considerarse de propiedad de la institución.   Permisos para tenencia y porte de armas Los permisos de porte y tenencia de armas por primera vez serán otorgados mediante resolución emitida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a base de los requisitos establecidos en la ley y reglamento. Cinco años durarán los permisos de porte y tenencia de armas, uso deportivo o uso en vigilancia y seguridad privada.   En el caso del permiso para tenencia de armas se determina que el arma autorizada únicamente puede estar en un lugar determinado, en una dirección domiciliaria, en el sitio de ejercicio de actividades agroproductivas, pesquero, camaronero, centros de entrenamiento deportivo, o en vehículos de socios acreditados de clubs deportivos de tiro.   Los permisos de tenencias se otorgarán a empresas de seguridad privada debidamente acreditadas; las entidades deportivas, clubes de tiro; y, personas naturales y jurídicas, coleccionistas y embajadas o consulados acreditados en el Ecuador.   En cambio, el porte de armas se otorga exclusivamente a personas naturales que cumplan con los requisitos y demuestren que pertenecen al sector agroproductivo, pesquero y camaronero, para lo cual deben acreditar ser propietarios de un arma de fuego.   El permiso de porte de armas es de manera nominal e intransferible, que les autoriza a llevar consigo una arma cargada, debidamente registrada, su uso es personal dentro del territorio nacional.   El proyecto presentado por Jurado con 52 artículos, 3 disposiciones generales, 2 disposiciones transitorias y 2 disposiciones derogatorias, entre ellas el último decreto del presidente sobre el porte de armas será eliminado, porque en la derogatorias elimina toda norma de menor jerarquía que se oponga o no guarde conformidad con la ley una vez aprobada. 

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Asamblea Nacional archiva 200 reformas a la ley de educación superior con votos correístas, algunos de gobierno, de la ID y Pachakutik

EL UNIVERSO .- Estamos perdiendo una oportunidad de oro, de liberar al sistema de educación superior del yugo ideológico implantado en el correísmo, dijo Manuel Medina   Con 73 votos, la Asamblea Nacional archivó el proyecto de reformas a la ley orgánica de Educación Superior contenido en 200 artículos incluidas disposiciones generales, transitorias y final. Los votos provinieron de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES), quien planteó la moción, algunos de Pachakutik, Izquierda Democrática y del sector del Gobierno.   Los legisladores que apoyaron el archivo argumentaron que el proyecto tenía vacíos legales, contradicciones, violatoria de derechos de los estudiantes y afectaba a la autonomía de la educación superior. En tanto, que quienes impulsaron las reformas señalaron que se trató de una decisión política e ideológica, influenciada por el correísmo y otros sectores que se oponen a los cambios en el sistema de educación superior.   La Comisión de Educación del Parlamento dedicó dos años de trabajo para sistematizar 19 proyectos de reformas a la ley que rige a las universidades y a los institutos tecnológicos superiores donde participaron más de 50 rectores, talleres y visitas a territorio.   Las reformas ahora archivadas, según el presidente de la Comisión de Educación, buscaban resolver las necesidades del sistema de educación que incluía temas como autonomía para el ingreso a las universidades, designación de decanos, conformación del Consejo de Educación Superior, plazos para aprobación de carreras y programas, mayor agilidad en la gestión financiera, financiamiento para universidades públicas y criterios de interculturalidad.   También se abordaba temas como derechos de los docentes donde se garantizaba el ejercicio de la cátedra e investigación con amplia libertad y capacitación permanente. Igualmente, las reformas planteaban temas como la intervención a las instituciones de educación superior con plazos fijos. El presidente de la comisión, Manuel Medina (Pachakutik), advirtió que si la Asamblea Nacional no apoya las reformas “estamos perdiendo una oportunidad histórica y de oro, de liberar al sistema de educación superior del yugo ideológico implantado en el correísmo y también por los intereses que siempre han defendido”.   Dentro de la Comisión, según el legislador, Ramiro Frías (ID), se acogieron todas las observaciones para segundo debate y cuestionó que se haya activado barras para el archivo. Si bien no es una ley que cubra las expectativas de todos, al menos aporta para solucionar problemas del entorno económico y social, dijo.   Gruber Zambrano (BAN), también cuestionó que haya legisladores que se opongan a la aprobación de un proyecto de ley que busca mejorar la calidad de la educación superior y que garantiza la creación de una universidad pública en Santo Domingo de los Tsáchilas a quien representa. A pesar de la oposición, añadió, que continuará en ese objetivo.   La asambleísta, Ana María Raffo, argumentó que el voto por el archivo de la bancada UNES responde al hecho de que se pretende construir una reforma a la medida de movimientos políticos para satisfacer sus intereses.   Muchas reformas no constituyen un avance, replicó y sostuvo que los cambios de fondo que se pretendían aplicar carecen de justificaciones técnicas, pues los cupos no se aumentarán, el financiamiento no será distinto al vigente y la investigación continuará sin infraestructura y las inequidades al momento de acceder a la universidad se agravarán, alertó.   Indicó que la bancada UNES, con su voto, evitará que las universidades sean entregadas a grupos políticos, a grupos sociales que se creyeron por varios años dueños de la educación superior y que lo único que hicieron fue destruirla y convertirla en un trofeo de poder y control heredado de generación en generación.   Raffo, durante la sesión de este 13 de abril, manifestó que jamás estará de acuerdo con la politización de universidad ecuatoriana disfrazada de democratización; acción tan evidente en el proyecto de reformas.   Ana Belén Cordero (BAN), también justificó el voto por el archivo del proyecto de la mayoría de la bancada gobiernista, porque la autonomía universitaria se ve vulnerada en este proyecto de ley, porque dota atribuciones extralegales al Consejo de Educación Superior, como fijar presupuestos tanto para universidades públicas como privadas cuando no manejan fondos públicas. También dijo que este proyecto que ahora se archivo es una sumatoria de varios proyectos, y aclaró que el proyecto no recoge ni una coma del proyecto presentado por el presidente Guillermo Lasso. Aseguró que la bancada de gobierno presentó observaciones al proyecto, pero que la comisión no las recogió y a estas alturas del trámite ya no hay más plazos para agregar observaciones.   Salvador Quishpe del bloque Pachakutik, intentó evitar el archivo con una propuesta alternativa en la votación, y sostuvo que reformas si bien no pueden ser perfectas, pero buscan cambiar el sistema de educación implementado desde el 2010, donde las universidades privadas hacen negocio; “y eso es lo que quiere cuidar UNES, nosotros no estamos aquí para cuidar los bolsillos de las universidades privadas, sino para que el Estado regule esas tarifas”, resaltó Quishpe.   Hubo tres mociones: la primera de Zolanda Pluas (PSC) que planteó la aprobación del texto, pero solo obtuvo votos 49 votos; luego se llamó la moción de archivo que presentó la asambleísta Jahiren Noriega (UNES), que obtuvo 73 votos a favor, 40 en contra y 14 abstenciones. La tercera moción fue planteada por Manuel Medina (Pachakutik), pero no se conoció porque ya fue archivado el proyecto.   La legisladora Dallyana Passailaigue del PSC, rechazó el archivo de las reformas a la LOES, pues afirmó que devolver a las universidades su autonomía asegura que éstas puedan brindar una educación de calidad, definir su oferta académica, ser generadoras de conocimiento y espacios de libre pensamiento sin ataduras de ningún tipo.   “La educación no puede estar sometida a los gobiernos y antojos de ideologías extremas que pretenden tomarse la educación como un botín, tanto para adoctrinar como para perpetuar paradigmas que impedir el progreso de un país”, afirmó Passailaigue, quien advirtió que es grave que el Gobierno apoye el archivo de una reforma que busca liberar a las

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Asamblea analiza proyecto de ley urgente para la transformación digital y audiovisual; exoneraciones para inversiones energéticas generan oposición

El proyecto de ley económico urgente lo recibió la Asamblea el 23 de noviembre pasado por lo que el plazo para su tratamiento fenece el 23 de diciembre próximo. El pleno de la Asamblea Nacional, la tarde de este sábado 10 de diciembre, realizó el primer debate del proyecto de ley urgente para la transformación digital y audiovisual. El proyecto fue entregado por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso con el carácter de económico urgente y está siendo tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico Productivo del Legislativo. De origen el proyecto tiene como objeto promover la inversión e innovación mediante la modernización, actualización y simplificación de trámites, procesos y trabas regulatorias; establece un marco regulatorio para el fomento de la transformación digital de las instituciones públicas, de las empresas privadas y de la sociedad. En el inicio de la sesión 827 y con 133 asambleístas presentes se escuchó en comisión general a Mariana Andrade, en representación de ocho organizaciones y empresas audiovisuales. Ella resaltó que se haya incorporado en este primer informe del proyecto de Ley un artículo que habla sobre la creación del certificado de producción audiovisual, certificado que, dijo, se convertirá en un enganche y un elemento clave para atraer al país estas producciones cinematográficas que dinamizan e inyectan recursos a la economía de manera inmediata, pero que cambia de “manera drástica” la situación empleabilidad de los país donde se filman, entre otros beneficios importantes. El documento debatido en primera instancia se encuentra compuesto de 50 artículos, entre estos 15 normas nuevas incorporadas y 35 artículos reformatorios a leyes vigentes, tres disposiciones generales y cinco disposiciones transitorias. El proyecto de ley propone la modificación de siete cuerpos legales distintos, los cuales se encuentran divididos en libros, títulos y capítulos. Entre los objetivos específicos de esta ley está la atracción de inversiones a través del desarrollo de infraestructura digital que permita a Ecuador competir como destino de inversiones en mercados internacionales. Hay reformas a Ley de Telecomunicaciones, a la Ley de Régimen Tributario Interno, reformas al Código de Comercio, a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, a la Ley Notarial, al Código General de Procesos, a la Ley de Registros. Ocho votos a favor la Comisión aprobó el informe para primer debate. La ponencia del proyecto estuvo en manos de la legisladora Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID). La asambleísta resaltó que el proyecto de ley nace de una iniciativa de la sociedad y del trabajo en equipo entre la Asamblea y Ejecutivo. La propuesta, indicó, recibió aportes de las diferentes bancadas legislativas, así como de 25 comparecencias que se mantuvieron en la mesa.   “Esta propuesta tiene como objetivo primordial aportar a las actividades económicas relacionadas con el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología. Quiero dejar absolutamente claro que no hay forma de desarrollar transformación digital sin resolver el tema energético, es decir el tema eléctrico, no solo porque los consumidores digitales aumentan, sino porque sobre todo hay que pensar que el almacenamiento de datos va a algún lado, con el paso de los años las aplicaciones van a aumentar y ya vemos relojes inteligentes, autos eléctricos, computadores y el país no está preparado”, señaló Andrade. Ante esta realidad, la ponente explicó que es justificable que existan incentivos para energías renovables. Anotó que existe un desafío mundial del cambio climático que hará que las aplicaciones que consumen combustibles fósiles, se cambien a electricidad y para ello se requieren de grandes inversiones para poder suplir esta demanda. “De no llegar a suplir los precios van a aumentar y se generará lo que se conoce como pobreza energética, que no es más que el aumento de precios que hacen difícil luego el acceso para los más pobres”. La legisladora por la provincia de El Oro del bloque de la Revolución Ciudadana, Noemi Cabrera, señaló que uno de los aspectos más preocupantes de esta ley es el artículo que habla de la exoneración del impuesto a la renta por las nuevas inversiones productivas enfocadas en transición y seguridad energético que serán las de generación de energías renovables no convencionales e industrialización de gas natural y asociados en el Ecuador. A decir de Cabrera se plantea con poca claridad una exoneración del impuesto a la renta por diez años para la generación de energías renovables no convencionales e industrialización de gas natural. Según ella, ya han cuestionado tanto a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y el Ministro de Producción sobre qué tienen que ver las exoneraciones en inversiones energéticas con la transformación digital, audiovisual de esta ley. “Se supone que esta ley busca desarrollar ámbitos artísticos, tecnológicos y culturales y no meter por debajo de la mesa grandes exoneraciones tributarias para grandes inversionistas o grupos económicos en lugar de preocuparse por exoneraciones para quienes verdaderamente necesitan, como son los ciudadanos de a pie”, anotó la legisladora Cabrera, quien al igual que sus colegas de bancada Sofía Espín y Viviana Veloz, y otros, solicitaron que ese artículo sea eliminado de este proyecto de ley. En general los asambleístas que intervinieron en el debate valoraron que la ley sea producto de las mesas de diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo y busque dinamizar la economía en distintos niveles, potenciar la inversión extranjera y profundizar la transformación digital del país. La educación, el sistema de justicia, los servicios públicos, la forma digital, entre otras, son áreas que deberían ser observadas dentro de la transformación digital. La asambleísta nacional de Pachakutik, Patricia Sánchez, simplificó la ley diciendo que busca la atracción de inversiones a través de reformas en algunos cuerpos legales, para insertar al Ecuador en la economía digital global, “lo cual es una muy buena noticia para un Ecuador rezagado local, regional y mundialmente de todo el mundo tecnológico”. Al igual que algunos otros legisladores, Sánchez calificó como un aporte importante la inclusión en este documento del Certificado de Producción Audiovisual, un certificado que se le otorgaría a todas las empresas productoras de obras audiovisuales coproducidas total o parcialmente dentro del territorio ecuatoriano. “Este certificado es un equivalente a un crédito tributario que en esta ley es del 40 % del valor de la inversión y

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Frente Parlamentario Anticorrupción pide al Ejecutivo derogar la tabla de consumo de drogas

A nivel legislativo se plantearán dos reformas al Código Orgánico Integral Penal. El grupo de asambleístas que integran el Frente Parlamentario Anticorrupción solicitó al presidente de la República, Guillermo Lasso, la eliminación de la tabla de consumo de drogas como una acción concreta para enfrentar esa fuente de corrupción e inseguridad. Desde el 2013, y a través de varias reformas, están vigentes en el Ecuador las ‘Tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala’, que si bien tenían como propósito establecer los parámetros que permitan determinar los niveles de porte y consumo, diferenciar así a los consumidores, microtraficantes y narcotraficantes, se han convertido a la postre en la puerta abierta a la comercialización indiscriminada de drogas, señala el documento que fue entregado en Carondelet. Los legisladores liderados por Sofía Sánchez, Ricardo Vanegas, Fernando Villavicencio, Gisella Molina, Pedro Velasco, entre otros, recuerdan al jefe de Estado que las ‘Tablas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala’ fueron emitidas en su momento por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), sobre la base de las disposiciones legales contenidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP); y que en la actualidad, el ejercicio de esta facultad corresponde al Ministerio del Interior. Por lo que plantean al presidente, Guillermo Lasso, la urgencia de diseñar e implementar una política pública de salud, para prevenir, controlar y erradicar el consumo de drogas. Dicha política pública deberá contemplar el análisis serio y responsable sobre la eliminación de las ‘Tablas’ de consumo de drogas; a la par de asignar los recursos económicos suficientes para que el Estado brinde una atención oportuna en este ámbito y, sobre todo, se termine con esta fuente de corrupción e inseguridad. La legisladora Sofía Sánchez (Pachakutik) señaló que este grupo de legisladores está comprometido a trabajar en dos vías, para dar respuestas a los jóvenes con el grave problema que enfrentan en los colegios del país, por un lado solicitar al presidente de la República que derogue el decreto donde se estipula la tabla de drogas, y a nivel de la legislatura se reformar el COIP en los artículos 220 y 228. La derogatoria permitirá eliminar el microtráfico a nivel de los planteles educativos, porque actualmente la legislación establece que no es punible tener sustancias sicotrópicas en pequeñas cantidades, basados en una tabla de consumo, por lo tanto, se ha incrementado en los últimos años la venta y el consumo; de ahí que, la eliminación de esa tabla llevará a penalizar la venta libre y el microtráfico de drogas. El asambleísta Fernando Villavicencio recordó que el correísmo, en el año 2014, fue el que aprobó este mecanismo de regulación que facilita el consumo de drogas basados en una tabla; eso permitió que los grandes carteles de la droga paguen a sus operadores ya no en dinero en efectivo, sino en especie. Con ello, los operadores intermedios de los carteles reciben la paga en cocaína y ellos son los que tienen que ampliar redes en los barrios, colegios y ciudadanía para vender la droga, y para hacerlo viene la disputa del mercado a través de verdaderos ejércitos como Los Tiguerones, Los Lobos y Chone Killers, afirmó Villavicencio, quien señaló que una de las formas de enfrentar a los carteles es eliminando esta tabla o cartilla de consumo de drogas. A nivel de la Asamblea, actualmente, en la Comisión de Justicia se trámite un proyecto de ley que reforma al COIP, precisamente, para eliminar la tabla de consumo de drogas. El proyecto es de iniciativa de los legisladores de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), Patricio Cervantes y Fredy Rojas. El proyecto pide en el primer cambio sustituir el inciso final del artículo 220 del COIP por el siguiente: “La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal no será punible. El Estado establecerá mecanismos adecuados para la rehabilitación integral y reinserción social de dichas personas”. Fuente: El Universo

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Ejecutivo remite un proyecto urgente sobre transformación digital

La Asamblea Nacional tiene hasta el 23 de diciembre próximo para aprobar o negar el proyecto de ley remitido por el Gobierno. El presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió a la Asamblea Nacional, con el carácter de económico urgente, el Proyecto de Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. El Parlamento tendrá como plazo máximo, para su aprobación en dos debates, hasta el 23 de diciembre próximo. El proyecto, contenido en 41 artículos y 2 disposiciones, transitoria y final, reforma siete leyes. En él se proponen incentivos para el sector audiovisual a través de la creación de un régimen especial de exoneración en la importación de bienes de capital que se requieran para producciones audiovisuales. Plantea la exoneración del impuesto a la salida de divisas (ISD) a los egresos que se realicen de las producciones audiovisuales en el país, así como la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios digitales avalados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y destinados a la mejora en la calidad de producciones audiovisuales. El Ejecutivo propone reformar la ley de telecomunicaciones para crear redes comunitarias de telecomunicaciones y, con ello, facilitar el uso del espectro radioeléctrico para fines humanitarios y de emergencia. En la Ley de Régimen Tributario Interno se espera aplicar la exoneración de impuesto a la renta (IR) por diez años para inversiones en generación de energía eléctrica y previa suscripción de contrato de inversión. El proyecto, que pasará a calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), propone reformar el Código de Comercio para permitir la emisión, cesión y reconocimiento a los títulos de valores electrónicos. En la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos se plantea realizar cambios para definir los requisitos para posesión de un título de valor electrónico, como control exclusivo de una persona y que esta persona sea identificable. También se reformará la ley notarial para establecer directrices para la prestación del servicio telemático, la autenticación de firmas electrónicas y garantías para emplear tecnologías en la prestación de servicios. Igualmente, se plantean reformas al Código Orgánico General de Procesos; mediante ellas se introducen la citación electrónica, reconocimiento de pruebas en formato electrónico y optimizaciones a los momentos procesales a raíz de estos cambios. Y en la ley de registro se incluye la digitalización de los libros de registro. El proyecto, según el texto del Ejecutivo, tiene por objeto promover la creación de oportunidades mediante la atracción y fomento de inversiones de la economía digital global. Busca incentivar la creación de empleos de calidad, promover la eficiencia en los mercados, la construcción y la mejora regulatoria, así como la simplificación y la adopción de medios y tecnologías digitales en los trámites administrativos. Fuente: El Universo

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Asamblea Nacional aprueba proyecto de ley para impulsar la economía violeta

El proyecto de ley aprobado pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto en un plazo de 30 días Por unanimidad, este 22 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley para Impulsar la Economía Violeta que crea incentivos y políticas públicas que impulsen la participación de las mujeres en el entorno económico del país. Busca establecer las mismas reglas de juego entre mujeres y hombres, reducir la discriminación laboral por causas de maternidad y desarrollar una política de empleo para incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Daniel Noboa, ponente del proyecto, explicó que esta norma pretende beneficiar al 51% de la población del país que soporta desproporcionadamente el desempleo y por lo tanto, la dependencia económica. Uno de los objetivos centrales de lo aprobado por el Parlamento es potenciar a las mujeres a través del crecimiento económico inclusivo, generando mecanismos de acceso y beneficios que garanticen una vida digna con igualdad de oportunidades. Para ello, se propone incentivos a las empresas que contraten más mujeres, anotó el legislador de Santa Elena. También se busca reducir las barreras institucionales adoptando medidas encaminadas a impulsar el acceso a instancias de poder y toma de decisión, a través de la incorporación de cuotas de género en los cargos de dirección, fomentando y fortaleciendo la participación de las mujeres en los diferentes espacios productivos. Noboa, resaltó que la ley busca, reducir las barreras de género en el ambito laboral incluyendo la brecha salarial, la discriminación de los roles de género y permisos de maternidad y lactancia. Brinda incentivos para la participación de las mujeres en los sectores públicos y privados. Se establece que el Ministerio del Trabajo otorgue distintivos a empresas que se destaquen en la aplicación de políticas de igualdad de oportunidades y condiciones con sus trabajadores. Igualmente se promueve condiciones adecuadas para evitar el acoso laboral y respetar la igualdad de oportunidades y condiciones.  Se garantizará una igual remuneración por igual trabajo entre ambos géneros. El Estado implementará políticas públicas para promover la igualdad de oportunidades y condiciones mediante: Capacitaciones, investigaciones, profesionalizaciones, políticas para el incentivo de empleo y protección de derechos, inspecciones y regularizaciones de discriminación o acoso laboral. Se establece una paridad en ámbitos tributarios, laborales, educativos y societarios; y permitirá, contribuir a disminuir las brechas que generan desigualdad y discriminación hacia las mujeres en todos los escenarios. La legisladora, Wilma Andrade, aclaró que la ley no es persecutoria ni sancionatoria, sino que crea incentivos a través de políticas públicas para las empresas que contraten preferentemente a mujeres. La legisladora Elina Narváez (PSC), destacó que la ley plantea un importante incentivo para la contratación de mujeres, pues las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al IESS, por la creación de una nueva plaza de trabajo destinada a la contración de mujeres, será deducible hasta un 150%. El proyecto está contenido en 29 artículos y 12 disposiciones generales, transitorias y final, donde se reforma el Código de Trabajo para evitar practicas discriminatorias en entornos laborales. El texto pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto. Fuente: El Universo

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