La Cumbre Latinoamericana de Seguridad, que se realizó entre lunes y martes en Guayaquil, dejó un gran legado: el compromiso de los organismos multilaterales de crédito, de financiar proyectos destinados a combatir al crimen. En diálogo con “Punto de Orden”, el delegado alterno del BID en Ecuador, Roberto Izurieta, explicó que este encuentro, por primera vez, dejó de lado el recelo tradicional de dichas instituciones, de participar en proyectos de seguridad en un país. La cumbre, apuntó el directivo, mostró la necesidad de que todos se involucren en este problema, en un espectro más amplio. Es decir, reprimir la violencia, pero también atacar sus causas. Parte de ello será invertir en tecnologías, que permitan enfrentar los retos del crimen organizado, porque solo con mayor cooperación, y compartiendo información con gobiernos de otros países, será posible obtener éxitos. Como ejemplo citó el pedido de Chile, que llamó a Perú a agilizar el envío de antecedentes penales de sus ciudadanos residentes en suelo chileno. Lo mismo sucede para detectar casos de lavado de activos, uno de los problemas más grandes que sufre el continente. En ese sentido, coincidió en la necesidad de “golpear” a los grupos delictivos en el bolsillo, donde más les duele. Y para ello es necesario un sistema que, con rapidez y eficiencia, detecte movimientos económicos sospechosos. Para Izurieta, la seguridad debe ser una lucha de todos, y no solo de un gobierno. Lo cual incluye la participación de las universidades, Asamblea y hasta fuerzas políticas de toda tendencia. Porque es fundamental una cooperación, ajena al debate ideológico. Como parte de esta estrategia, el BID financiará acciones de seguridad de Ecuador, por 250 millones de dólares. Y además existen planes para aumentar el apoyo a nivel regional, de hacerse realidad el proyecto de crear una alianza latinoamericana de justicia y desarrollo. Esta eventual organización también estaría destinada a combatir otras ramas de la inseguridad, como la migración y la minería ilegales.