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Ecuador: julio 14, 2024

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Ecuador, julio 14, 2024
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El régimen de Ortega y Murillo expulsa al Comité Internacional de la Cruz Roja de Nicaragua

El País .- El organismo emitió un comunicado que detalla únicamente que cierran operaciones “a pedido de las autoridades”. Concluye una labor humanitaria que deja en total desprotección a los presos políticos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó este lunes de Nicaragua al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En un comunicado emitido por la oficina regional de la organización, se informa que cerraron operaciones “a pedido de las autoridades nicaragüenses, terminando así su misión humanitaria en el país”. La expulsión de la CICR ocurre cuando familiares de siete presos políticos denuncian que las autoridades del penal La Modelo trasladaron a los reclusos a celdas de máxima seguridad como represalia a una huelga de hambre que iniciaron para demandar mejor alimentación y respeto a sus horas de descanso nocturno, ya que los custodios golpean las verjas impidiendo conciliar el sueño. Además exigían salidas con más frecuencia a patio sol, un trato más humano de parte de los carceleros y el ingreso de material de lectura. Uno de los presos políticos fue “salvajemente golpeado”, según la denuncia. El rol del CICR ha sido vital en lo concerniente a los presos políticos de Nicaragua. En 2019, cuando los Ortega-Murillo aprobaron una ley de Amnistía muy cuestionada por organismos de derechos humanos, la CICR se encargó de conciliar con opositores y el Gobierno la lista de 200 reos de conciencia que fueron excarcelados en ese proceso. Mientras que en el año 2021, ante las repetidas denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos que los presos políticos sufrían en la temida prisión de El Chipote, el organismo solicitó una visita para comprobar el estado de los opositores que en febrero de 2023 fueron desterrados en Estados Unidos. Sin embargo, la visita nunca concedida por el régimen sandinista. “El CICR recibió en 2018 la autorización de las autoridades de Nicaragua para abrir una misión en el país, enfocada en objetivos exclusivamente humanitarios. En enero de 2019 el CICR estableció una Misión permanente en Managua, y en marzo de ese mismo año el CICR y el Gobierno de Nicaragua formalizaron un acuerdo para visitar a personas detenidas”, contextualiza el comunicado de la Cruz Roja sin dar mayores detalles de su expulsión. Una relación que pendía de unos pocos hilos No obstante, la relación con los Ortega-Murillo ya pendía de unos pocos hilos. En marzo de 2022, el régimen expulsó a Thomas Ess, jefe de misión del CICR. En esa ocasión la oficina de la CICR dijo desconocer las razones del oficialismo para retirar el beneplácito de su jefe de misión. “Nos ha tomado por sorpresa”, aseguraron. El trabajo del CICR en Nicaragua se ha centrado en estos años en tres grandes áreas de trabajo: “Apoyar a la Cruz Roja Nicaragüense para brindar servicios de restablecimiento del contacto entre familiares y para fortalecer su labor humanitaria en favor de las personas más vulnerables; prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad; y actividades de formación sobre el derecho internacional humanitario, el marco jurídico aplicable a las tareas en las que participan las fuerzas armadas y de seguridad, y el derecho internacional de los derechos humanos”. Una labor que ya había sido golpeada en mayo pasado, cuando el Gobierno canceló la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense y confiscó sus bienes, los cuales fueron otorgados al Ministerio de Salud (Minsa) y renombrados como “Cruz Blanca de Nicaragua”. Presos políticos en total desprotección Aunque en el comunicado emitido este 18 de diciembre el CICR “reitera su disponibilidad para reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua”, defensores de derechos humanos externaron su preocupación al perder el único resquicio institucional que quedaba en Nicaragua para abogar y velar por los más de 90 presos políticos que los Ortega-Murillo mantienen en sus prisiones estas navidades. Un número que ha venido aumentando cada semana —en un efecto llamado “puerta giratoria”— bajo un régimen totalitario que apresa sacerdotes y hasta catedráticos, como Freddy Quezada, exprofesor de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN-Managua). El sociólogo Quezada, de 65 años, fue secuestrado por civiles el miércoles 29 de noviembre, luego de criticar en redes sociales a la pareja presidencial. El catedrático después fue trasladado a la cárcel La Modelo. “Como hace en más de 80 países, la labor que realiza el CICR tiene una finalidad exclusivamente humanitaria, y se apega estrictamente a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. A través de la acción directa y de un diálogo bilateral y confidencial con autoridades, personas afectadas por consecuencias humanitarias, y otros interlocutores clave, el CICR trabaja en la promoción de entornos respetuosos de la vida y dignidad humana”, agregó el organismo en su comunicado de cierre.

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Impuestos inflados y cobros extraoficiales: Daniel Ortega hace negocios con los migrantes haitianos

El País .- El régimen sandinista ha encontrado en el éxodo masivo una forma de recabar efectivo al abrir las fronteras a decenas de miles de haitianos que usan Nicaragua como trampolín para llegar a Estados Unidos La pista del aeropuerto internacional de Managua, el Augusto C. Sandino, tuvo un mes de octubre intenso: en ella aterrizaron un promedio de 18 vuelos chárter al día provenientes, en su mayoría, de Haití. Vuelos cargados con miles de haitianos que usan Nicaragua como trampolín para llegar a Estados Unidos y evitar el brutal paso por la selva del Darién en Colombia y Panamá. Se trata de una oleada masiva en la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encontrado una manera eficaz de hacer negocios: ingresos por los aterrizajes de las aeronaves fletadas y una serie de cobros oficiales y extraoficiales a cada migrante; ganancias que se traducen en varios millones de dólares mensuales, de acuerdo con fuentes aeroportuarias y migratorias consultadas por EL PAÍS. Así como sucedió con los cubanos, Nicaragua no le exige visado de ingreso a los haitianos. Manuel Orozco, el experto migratorio del Diálogo Interamericano, señala en su más reciente informe que los datos de vuelos de agosto a octubre de 2023 apuntan a más de 260 aviones fletados que llegaron a Managua, es decir, alrededor de 30.000 haitianos. “Esto supone casi el 60% de todas las llegadas de haitianos a la frontera entre Estados Unidos y México. Algo similar ocurre con los vuelos de La Habana a Managua, que suman unos 50 vuelos mensuales durante 2023, es decir, 5.700 pasajeros de media al mes, el 40% del número de llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México”. El flanco más lucrativo del negocio migratorio de los Ortega-Murillo es el cobro de un impuesto de ingreso al país que imponen a los haitianos, pero que empezaron a aplicar también a los cubanos. Por norma general, todo extranjero al ingresar a Nicaragua “deberá cancelar un arancel turístico de 10 dólares americanos”. “Están exentos de dicho arancel los ciudadanos de los países del Convenio CA-4 (Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua)”, establece la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI). No obstante, a los migrantes les cobran entre 150 y 200 dólares de ingreso. Se trata de un cobro discrecional, coinciden dos fuentes allegadas al aeropuerto Augusto C. Sandino. El tablero de llegadas del aeropuerto Augusto C. Sandino muestra 16 vuelos provenientes de Puerto Príncipe (Haití), en un sólo día. “El funcionario migratorio decide cuánto cobrarles a los haitianos, pero suele ser entre 150 y 200 dólares. Esa gente viene desesperada por pasar a Estados Unidos y termina pagando ese dinero. Traen dinero porque muchos venden sus casas, pertenencias u otros familiares en Estados Unidos financian el viaje, entonces pagan para que no los detengan. Cuando pagan, a unos les dan un papel hecho a mano por el oficial migratorio en el que le dan cinco días para abandonar Nicaragua. En otros casos no les dan nada y a otros ni les sellan el ingreso en el pasaporte. Es todo discrecional y hasta se presta para corrupción entre los agentes porque todo es en efectivo”, insiste otra fuente cercana a Migración y Extranjería de Nicaragua. Si se hace el cálculo de 31.000 haitianos que han ingresado en las últimas semanas por un cobro promedio de 150 dólares por cada uno, el régimen de Ortega y Murillo agrega a sus arcas 4,65 millones de dólares. Impuesto de ‘salida sin salida’ Entre el viernes 20 y el domingo 22 de octubre aterrizaron en Managua 36 vuelos chárter procedentes de Haití, un país que lleva sumido en una grave crisis sociopolítica desde julio de 2021, cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su vivienda por un comando de mercenarios colombianos. Otra parte del negocio es el landing fee (tasa de aterrizaje) que se le cobra a las aerolíneas que aterrizan en el Augusto C. Sandino. Aterrizar un chárter cuesta entre 2.000 a 3.000 dólares, en función del tamaño de la aeronave y los servicios que se requieran del aeropuerto. Es decir, uso de manga para desembarcar, uso de escaleras, estibadores para descargar equipaje, recargo de combustible, uso de hangar, entre otros servicios. “A estos chárteres que están viniendo de Haití les cobran un promedio de 2.000 dólares, básico, porque no hay manejo de equipaje. La gente viene sólo con una mochila y se baja del avión. Además, el landing fee tiene que ver con el tamaño del avión. Los que vienen de Puerto Príncipe han sido, en su mayoría, pequeños: tipo Embraer 175. Caben en ellos entre 50 y 75 asientos”, explica la fuente asociada al negocio de los vuelos fletados. Si se toma en cuenta el promedio diario de 18 chárteres aterrizando en el Augusto C. Sandino desde Haití, República Dominicana e islas Providenciales, con un costo base de 2.000 dólares por landing fee, se trata de 36.000 dólares diarios. Es decir, aproximadamente unos 1,08 millones de dólares mensuales. Sin embargo, la estimación puede variar porque se siguen registrando vuelos chárter desde Cuba, así como otros tres provenientes de Kirguistán que pasaron por Bulgaria e hicieron escala en Managua en septiembre. Eran aviones más grandes: Airbus 330. Otro aspecto del negocio migratorio de los Ortega-Murillo es el impuesto de salida que imponen a los vuelos chárter, una decisión ejecutada con la llegada de los vuelos de Puerto Príncipe. El tributo se llama “Derecho de terminal para pasajeros salientes” y las fuentes ligadas a la industria aeronáutica catalogan como “improcedente”. Usualmente, ese impuesto se incluye en el precio de los tickets redondos, y es de 44,23 dólares. Cuando se trata de un pasaje de una sola vía, es decir de ingreso como el que compran los miles de migrantes, no solía cobrarse. “Han encontrado una nueva forma de sacar más dinero al cobrar el impuesto de salida a pesar que los chárteres regresan prácticamente vacíos. Es absurdo, porque la mayoría de esos pasajeros salen por tierra hacia Estados Unidos”, explica la fuente. Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) muestran esa diferencia entre embarques y desembarques durante 2022

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Semana de terror para la Justicia de Nicaragua: Daniel Ortega y su esposa hicieron una purga de más de 200 jueces y funcionarios

Infobae .- Rosario Murillo dirige una cacería que, según los analistas, busca el control total del Poder Judicial y asegurar la sucesión en el régimen El Poder Judicial de Nicaragua vive sus días más bajos esta semana después que un operativo policial dirigido desde la Presidencia de la República descabezara a ese poder del Estado y destituyera “de hecho” a por los menos cien altos funcionarios, entre ellos tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según han informado fuentes extraoficiales. El golpe, atribuido a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, comenzó desde el pasado 21 de octubre a través de una ocupación policial y se ha realizado con total hermetismo oficial. Hasta ahora el régimen de Ortega no se ha pronunciado sobre los eventos, y ninguno de los afectados ha dado declaración pública alguna sobre lo que juristas nicaragüenses y medios de comunicación han llamado “asalto a la Corte Suprema”, “golpe de Estado” o “terremoto en la Corte”. Sin embargo, fuentes de adentro del sistema judicial han relatado a condición de anonimato que el edificio de la Corte Suprema de Justicia está tomado por policías de uniforme y de civil, quienes deciden quién entra y quién sale de esas instalaciones. El sistema judicial ha sido una de las principales herramientas de Daniel Ortega para establecer la dictadura en Nicaragua. Ortega mantiene un control total sobre el Poder Judicial al que ha llenado de funcionarios leales a su régimen. En 2011 se reeligió por primera vez amparado en una resolución de la Sala Constitucional de la CSJ, a pesar de que la Constitución Política lo prohibía expresamente. Jueces y magistrados condenaron a centenares de presos políticos en juicios en los que no se les permitía el derecho a la defensa y fueron ejecutados de forma exprés, a veces, en horas de la madrugada. Muchos jueces y funcionarios judiciales participaron como paramilitares en la represión violenta a los ciudadanos que protestaron en 2018. Extraoficialmente se ha atribuido la intervención policial y la ola de destituciones que sufre el sistema judicial a una red de corrupción y nepotismo que comenzaba desde la presidencia y llegaba hasta los cargos medios, y a la intención de Rosario Murillo de controlar personalmente ese poder del Estado con miras a la sucesión en el poder una vez desaparezca Daniel Ortega, quien el próximo 11 de noviembre cumplirá 78 años. El abogado Yader Morazán, extrabajador del sistema judicial nicaragüense y ahora exiliado político, y quien ha monitoreado los acontecimientos, asegura que tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido destituidos “de facto”, entre ellos la presidenta de ese poder del Estado, Alba Luz Ramos, quien se encuentra recluida en su vivienda bajo vigilancia policial. Los otros dos magistrados son Yadira Centeno y Virgilio Gurdián. “Destituidos o despedidos formalmente no hay ni un magistrado, porque vos sabés que eso tiene que hacerlo la Asamblea Nacional (parlamento), que es el único órgano facultado por por la ley”, dice Morazán para explicar por qué usa la frase “destituidos de facto”. “Hasta el momento solo hay intervención y suplantación violenta de las funciones formales de otro poder del Estado”. Según fuentes del sistema judicial de Nicaragua, el operativo de toma del Poder Judicial es ordenado por Rosario Murillo y Daniel Ortega. A la lista de destituidos se suman las magistradas Martha Quesada y Martha Leiva, de los tribunales de Apelaciones de Managua y Masaya, respectivamente. Morazán afirma que hay más magistrados de Apelaciones despedidos en estos últimos días “que a estas alturas es difícil mencionarlos nombre por nombre”.. También fueron despedidos tres sobrinos de la magistrada Ramos, Adda Benicia Vanegas Ramos, magistrada de la Sala de Violencia de Familia del Tribunal de Apelaciones de Managua; Abelardo Alvir Ramos, juez de Distrito Penal de Audiencia de Managua; y Egberto Ramos, juez de Distrito de Familia de Managua. La ola de destituciones alcanzó al coronel en retiro, Pablo Corea, quien asumió interinamente la Secretaría General Administrativa de la Corte, en sustitución de Bergman Martínez, un poderoso personaje que fue defenestrado 10 días antes bajo acusaciones no formales de corrupción. Según la plataforma 100 por Ciento Noticias, hasta este viernes eran más de 200 los empleados despedidos del sistema judicial, la mayoría de ellos notificados el miércoles 1 de noviembre en lo que el medio denominó “una tarde de terror”. Otra plataforma, Confidencial, contó unos 100 funcionarios judiciales destituidos hasta el martes 31 de octubre. Una fuente interna del Poder Judicial confirmó que en los casos de los personajes claves, sus oficinas son intervenidas policialmente y mandados a sus casas o llevados a interrogatorios a la cárcel conocida como El Chipote, mientras el resto de los funcionarios son llamados por el departamento de Recursos Humanos a la Secretaría de la Corte donde les comunican que “por orden de la Presidencia” su contrato está terminado y que debe dejar ahí mismo su teléfono celular. “A estas alturas, en la que los trabajadores del Poder Judicial ya están más que advertidos, con miedo y amenazados, no creo que exista alguien que no haya eliminado sus cuentas, borrado publicaciones o archivos que los puedan comprometer”, considera el abogado Yader Morazán. “Por consiguiente, quitarles el teléfono después de que los despiden y cesa la relación laboral, solo es un acto de intimidación, o un robo descarado por parte de la guardia (policía)”. A pesar del hermetismo oficial y la ausencia de medios independientes en Nicaragua, el asalto al sistema judicial ordenado desde El Carmen, la residencia de los Ortega Murillo, ha quedado en evidencia por el amplio despliegue policial en las instalaciones, el relato anónimo de algunos trabajadores, y porque el vicepresidente de la Corte, magistrado Marvin Aguilar, apareció firmando una circular interna como “presidente en funciones”, sin que se haya oficializado la destitución de la presidenta Alba Luz Ramos. También, simultáneamente, el parlamento nicaragüense, controlado por Ortega, despojó a la Corte Suprema de la administración del Registro de la Propiedad y la trasladó a la Procuraduría General de la República. Una crisis derivada de la toma policial y las destituciones es que el Consejo de Nacional de Carrera Judicial, único órgano según la ley que puede oficializar los despidos en

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Golpe de la dictadura de Ortega a la Corte Suprema: Rosario Murillo tomó el control de la justicia

Infobae .- Un operativo policial desalojó de su despacho a la presidenta Alba Luz Ramos y la confinó en su casa. También se llevaron a otros jueces y declararon un asueto de dos días El Poder Judicial de Nicaragua se encuentra acéfalo después que un operativo policial se hizo con el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al desalojar de su oficina a su presidenta, Alba Luz Ramos, a la magistrada Yadira Centeno González, y destituir y, en algunos casos, apresar, a funcionaros claves de ese poder del Estado. El régimen de Daniel Ortega ha guardado silencio oficial sobre esta intervención policial que comenzó el 21 de octubre y este martes el primer titular de El 19 Digital, su principal medio de comunicación oficioso, era un saludo al 69 aniversario de la revolución de Argelia, y ninguna mención a lo que ocurre en el sistema judicial. Un comunicado interno que circuló este martes en la Corte Suprema de Justicia para ordenar dos días de asueto menciona como “presidente en funciones” al magistrado Marvin Aguilar, actual vicepresidente de ese poder del Estado. Según se ha conocido por personas cercanas a la Corte, varias patrullas entraron a los edificios de esa institución y, en días distintos, sacaron de sus oficinas a las magistradas Ramos y Centeno, quienes fueron enviadas a sus casas. La magistrada Centeno regresó poco después a su oficina, pero la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, se mantiene en su vivienda bajo vigilancia de patrullas de la Policía, relataron las fuentes. El operativo policial está encabezado por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, un oscuro personaje que fue dado de baja de la Policía en 2014 y que Ortega reinstaló en diciembre de 2022 como “ministro asesor de la Presidencia de la República, para asuntos de seguridad”, y que, a criterio de muchos, funciona como jefe policial de facto. El comisionado en retiro, Horacio Rocha, ha encabezado el operativo policial contra el sistema judicial. Varios directores de la Institución, particularmente los del área de Informática, han sido destituidos y, en algunos casos, llevados a interrogatorios a la cárcel policial conocida como El Chipote. El avance de Rosario Murillo en el control de todos los poderes del Estado estaría tras la purga que se ha vivido desde octubre del año pasado cuando se llevó a la cárcel a dos poderosos funcionarios la Corte Suprema de Justicia: el vocero, Roberto Larios Meléndez, y a la magistrada Ileana Pérez López. La magistrada Pérez presentó su renuncia poco después de ser llevada a la cárcel El Chipote, mientras Larios fue condenado por “traición a la patria” y desterrado a Estados Unidos en febrero pasado. Según una fuente cercana a la Corte, Murillo está asumiendo el manejo del Poder Judicial como ya lo hace con otra dependencias y ministerios, “tal es el caso de Ministerio de Relaciones Exteriores donde ella redacta y aprueba las notas oficiales y hasta los discursos del canciller Denis Moncada”. “Rosario Murillo busca tener el control absoluto del país, para asegurar la sucesión en el poder y evitar una crisis ante una eventual muerte de Daniel Ortega, quien en unos días cumplirá 78 años”, dice una fuente que pide no revelar su nombre. La intervención policial se produce, extraoficialmente, bajo acusaciones de corrupción en el manejo que hace la Corte del Registro Público de la Propiedad. Este martes la Asamblea Nacional de Nicaragua (parlamento) despojó a la Corte Suprema de Justicia de la supervisión y manejo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil y trasladó estas funciones a la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una reforma al artículo 165 de la Constitución Política que, en teoría, debería entrar en vigor cuando sea ratificado en una segunda legislatura. Para el abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán, la intervención policial en el Poder Judicial representa “un golpe de Estado porque está suplantando por la fuerza las facultades y funciones que le corresponden a los magistrados que, aún gozando de inmunidad, han sido desplazados de facto”. Según Morazán, desde 2018, cuando se produce una gran rebelión ciudadana, se comenzó a reorganizar las estructuras del sistema judicial para adecuarlas al nuevo manejo que le daría la dictadura de Ortega. En ese entonces, el enlace entre Ortega y la Corte era Bayardo Arce, un antiguo compañero de guerrilla de Ortega, y el operador político era el magistrado Rafael Solís, quien renunció a su cargo en enero de 2019 en protesta por el “estado de terror” que impuso Ortega a través de la represión con armas de guerra y la instalación de “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta”, según expresó en su carta de renuncia. “Después del 2018 surge la necesidad de descabezar las estructuras que manejaban Bayardo Arce y Rafael Solís porque se cree que no son personas totalmente alineadas y se comienzan a cambiar por estructuras de poder de mayor confianza y leales a Rosario Murillo”, explica el abogado. La jurista y catedrática María Asunción Moreno difiere de la definición de “golpe de Estado” que hace Morazán para calificar la intervención policial en la Corte Suprema de Justicia. “No, de ninguna manera es un golpe de Estado, y la razón es que el golpe de Estado lo dio Daniel Ortega cuando se reeligió de forma inconstitucional (en 2011) y desde entonces viene acabando con toda la institucionalidad del país”, dice Moreno. “En Nicaragua no hay separación de poderes, todos los poderes del Estado han sido absorbidos por un poder único, el de los Ortega Murillo, quien quita y pone fiscales, jefes policiales, magistrados, jueces, alcaldes y hasta diputados, así que esto no se parece para nada a un golpe de Estado”. “La forma violenta y notoria con que se desaloja y despiden a magistrados y funcionarios judiciales allegados tiene más que ver con mandar un mensaje claro de que el poder se ejerce solo desde El Carmen (casa y oficina de Ortega y Murillo)”, añade. “Lo que está pasando en el Poder Judicial es una clara manifestación de concentración de poder absoluto que ejerce el régimen Ortega Murillo”. Para la jurista, “desde hace muchos años en

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La expulsión de nicaragüenses y sus remesas familiares: el negocio redondo del régimen de Ortega

El País .- Los ingresos por remesas familiares en 2022 rozaron los 2.500 millones de dólares   Humberto llegó hace menos de trece meses a Miami, luego de partir de Nicaragua en una “excursión” hacia Guatemala, cruzar México y entregarse a la Patrulla Fronteriza en la orilla norte del Río Bravo. Estuvo recluido unas semanas en un centro de detención hasta que su tía respondió por él; le pagó un boleto de avión a la Florida y lo puso a trabajar en un restaurante familiar en esa ciudad húmeda y calurosa, donde el universitario está a la espera de su asilo. Enviar dólares a su madre y su hermano menor, quienes se quedaron en Managua, fue una de sus prioridades al recibir sus primeros pagos en dólares.   “Me vine antes de que aprobaran el tema del Parole humanitario, me crucé mojado, porque en Nicaragua no miraba futuro. Ganaba unos 350 dólares mensuales en una tienda de ropa, pero no me alcanzaba para pagar mi universidad, ayudar a mi hermano y a mi mamá con la casa”, relata Humberto a EL PAÍS. “Ahora les envío más o menos esa cifra como remesa, pero espero poder aumentar ese dinero cuando me salga el asilo, logre seguir estudiando y tener un mejor trabajo en este país”.   Humberto, quien dejó una carrera de ingeniería, es parte del éxodo de 725.000 nicaragüenses que han dejado Nicaragua desde el año 2018, cuando estallaron las protestas sociales y el país quedó sumido en una crisis sociopolítica, mezclada con desempleo y maneras totalitarias. Casi el 7% de la población total de una nación está en fuga. Entre 2021 y 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) calcula más de 200.000 registros de nicaragüenses atravesando las fronteras estadounidenses. La mayoría de ellos, como Humberto, comparten la misma prioridad: enviar remesas a sus familiares.   De hecho, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), hasta el mes de mayo pasado, las remesas provenientes de Estados Unidos estaban creciendo a un ritmo superior al 80%. Tres de cuatro dólares que ingresaron por remesas familiares en 2022 tuvieron su origen en Estados Unidos, seguido de Costa Rica y España. Un negocio redondo: en suma, durante el año 2022, los ingresos por remesas familiares alcanzaron un total de 2.469,7 millones de dólares. Paradójicamente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han encontrado en estos giros desde el exterior uno de sus principales sostenes económicos.   “Una política expulsión y exclusión” “Es una política de expulsión y exclusión”, revela en ese sentido una reciente publicación de Diálogo Interamericano, titulada “Indicadores sobre la situación económica nicaragüense en 2023: factores de dependencia y opciones de presión”.   “El crecimiento está impulsado en gran medida por las remesas familiares, que proyectan aumentar a 5.000 millones de dólares en 2023″, detalla el estudio realizado por el politólogo Manuel Orozco. “Esto quiere decir que la dependencia económica de las remesas será superior al 30% del PIB y un millón de hogares recibirán dinero”.   Por otra parte, estos movimientos reflejan la importancia que tiene Estados Unidos como el principal socio comercial de Nicaragua, pese a que el régimen de Ortega y Murillo mantiene un discurso antiimperialista y las relaciones diplomáticas experimentan serios encontronazos, al punto que Washington se ha quedado sin embajador en Managua y, en su defecto, nombraron a un encargado de negocios. “Las exportaciones a Estados Unidos representan el 35% del PIB, la mitad proviene de la zona franca, de 130 empresas, 34 estadounidenses y más de 40 nicaragüenses”, agrega Orozco en su análisis.   Enrique Sáenz, economista y opositor exiliado en Costa Rica, explica a EL PAÍS que las remesas familiares representan “dólares líquidos o euros, ya que si vienen de España, también se transforman en dólares”. “Los que provienen de Costa Rica también son divisas a las que se le llama divisas líquidas, porque entran directamente a alimentar las reservas del Banco Central y ahí vemos a los sirvientes de la dictadura presumiendo con la magnitud de las reservas que se acumulan en el BCN”, sostiene.   “Mientras el tirano se llena la boca hablando en contra del imperialismo, los nicaragüenses hacia dónde se dirigen es hacia el imperio y es desde el imperio desde donde envían estos dólares con su sudor, con su desvelo para poder ayudar a sus familias que padecen desempleo, que padecen subempleo y además sufren las consecuencias de la carestía de la vida”, insiste Sáenz. Y, para ejemplificar la situación en Nicaragua, el economista recurre a la última encuesta de la firma CID Gallup. Publicado en marzo pasado, el sondeo revela que las proyecciones económicas de los nicaragüenses para 2023 son negativas en un 47%, frente a un 42% que mantienen el optimismo que será mejor. Para la encuestadora, un factor que genera pensamientos de estabilidad económica es que los emigrantes envían remesas a sus familias.   La migración masiva, coinciden los economistas y expertos, ha dirigido a Nicaragua un bajo crecimiento económico del 3% en 2022. Aunque las cifras macroeconómicas todavía mantienen a la economía fuera de aprietos –aunque sin generar riqueza–, los nicaragüenses todavía no consiguen llegar a final de mes, en un contexto de constante alza de la canasta básica y los servicios.   “Los nicaragüenses siguen viviendo con los niveles de ingresos de 2017 de 2 mil 200 dólares anuales per cápita (el ingreso familiar en Nicaragua es de 250 dólares mensuales, con 1,5 personas ganándose algo), mientras que la canasta básica de alimentos es de 6 mil anuales”, compara Orozco. “Tampoco se percibe un aumento de la fuerza laboral en la economía formal. Todo lo contrario: la informalidad va en crecimiento. Los que están bien son los nicaragüenses que trabajan en el comercio o reciben remesas”, detalla el informe del Diálogo Interamericano.

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Víctimas de Daniel Ortega instan a la cumbre entre la UE y la Celac a unirse para elevar la presión sobre el régimen

El País .– Más de 150 perseguidos políticos y organismos en defensa de los derechos humanos piden al cónclave la creación de un grupo de apoyo a Nicaragua para alentar una transición a la democracia.   La cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocada para el lunes y el martes en Bruselas, será una cita crucial no solo para mejorar la coordinación entre las dos orillas del Atlántico o concretar planes de inversiones, sino también para alentar debates políticos y encauzar demandas democráticas. Más de 150 víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo instan a los Ejecutivos de América Latina, a la UE y a sus Estados miembros, “a establecer un ‘Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense’, integrado por Gobiernos de todo el espectro político, para contribuir a una transición democrática” en el país centroamericano.   La petición, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que se divulgará este viernes, está suscrita por cerca de 30 organismos nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos y detalla las funciones del grupo. Por ejemplo, “debería celebrar reuniones de alto nivel para diseñar, en consulta con organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y otros actores locales, una estrategia de acciones pacíficas, públicas y privadas, que sean concertadas para buscar la liberación de los presos políticos, la justicia y la reparación para las víctimas de la represión y la realización de elecciones libres y justas, tan pronto como sea posible”.   Encabezada por el escritor y premio Cervantes Sergio Ramírez, la escritora Gioconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamorro, los opositores Félix Maradiaga o Juan Sebastián Chamorro, o Dora María Téllez, la antigua Comandante Dos de la revolución sandinista, la iniciativa está dirigida concretamente al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren. El Gobierno de Gabriel Boric se ha mostrado como uno de los más sensibles de la región ante la grave deriva del régimen de Ortega y Murillo y uno de los más contundentes en la defensa de los derechos humanos. Ese es precisamente el propósito central de la solicitud, que busca “una respuesta multilateral, coordinada y de alto nivel ante la grave crisis de derechos humanos y humanitaria que vive el país”.   Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), uno de los organismos que promueve petición, recuerda que “la crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una respuesta firme y sostenida de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa”. “Los gobiernos latinoamericanos y europeos deben unirse para establecer una estrategia conjunta ante la crisis de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua no tiene más tiempo que perder”, enfatiza.   En medio de un aislamiento internacional cada vez más profundo, el aparato sandinista ha acelerado la represión política de toda voz disidente. La carta menciona algunos de los episodios más graves. El más reciente es la embestida contra la Iglesia católica, sacerdotes y prelados, entre ellos el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado por la justicia de Ortega a más de 26 de cárcel y que la semana pasada rechazó por segunda ocasión un exilio forzoso. “En los últimos años, pocos países de la región han registrado un deterioro en la situación de los derechos humanos tan grave como el observado en Nicaragua, incluyendo ataques sistemáticos a los medios de comunicación independientes, el desmantelamiento de la sociedad civil y la consolidación de un régimen autoritario”, indica el documento, suscrito también por Carlos S. Maldonado y Wilfredo Miranda, redactor y colaborador de EL PAÍS.   Mientras el Gobierno de Ortega rehúsa cualquier intento de mediación diplomática, la población no tiene ante sí ningún horizonte de cambio. Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GEDHN) concluyó el pasado mes de marzo “que existen motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones y persecución por motivos políticos”. Además, recuerdan los firmantes, “no se ha permitido ingreso de observadores internacionales al país desde que el Gobierno expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a finales de 2018″.   Como consecuencia, los últimos procesos electorales han sido una farsa. Y según cálculos de organismos nicaragüenses hay todavía 64 presos políticos a pesar del destierro, consumado el pasado mes de febrero, de 222 opositores encarcelados de forma arbitraria. A ese intento del régimen de librarse de voces incómodas y rebajar la presión internacional siguió otro golpe: 317 críticos fueron despojados de su nacionalidad.   En este contexto, las víctimas de Ortega confían en que la cumbre UE-Celac “sea una oportunidad para discutir desafíos apremiantes en materia de derechos humanos en países de Europa y América Latina y el Caribe, como el retroceso democrático, la violencia e inseguridad y los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo”. Los firmantes celebran los pronunciamientos de Gobiernos como chileno o de instancias internacionales como el Servicio Europeo de Asuntos Exteriores, pero lamentan que la respuesta internacional haya carecido “de la coordinación y el alineamiento necesarios para contribuir de manera efectiva a que se adopten pasos para la transición hacia una democracia fundada en la libertad y los derechos humanos”. Por esta razón, el cónclave de Bruselas se perfila también como una oportunidad para alentar una transición hacia la democracia en Nicaragua.

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Ortega y Murillo reciben al presidente de Irán en Managua ante la “preocupación” de Washington

El Páis .- La tesis del analista Eliseo Núñez es que el mandatario sandinista busca convertirse en “un estorbo” insostenible para Washington y forzar una negociación.   Daniel Ortega y Rosario Murillo recibieron con “honores” al presidente Irán, Ebrahim Raisi, la noche de este martes en Managua, en medio de la “preocupación” expresada por el Gobierno de Estados Unidos por el “comportamiento desestabilizador” del régimen de los ayatolás en la región. El mandatario iraní llegó a la capital nicaragüense proveniente de Venezuela, donde sostuvo un encuentro con Nicolás Maduro, como parte de su primer viaje a Latinoamérica desde que tomó posesión del cargo en agosto de 2021, y que también incluye a Cuba, otro aliado de su Ejecutivo.   El portavoz del del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, criticó –horas antes que Raisi aterrizara en Managua– la gira de la delegación iraní por la región: “No puedo hablar de la agenda de lo que están haciendo o quién se van a reunir. ¿Nos preocupa el comportamiento desestabilizador de Irán? ¡Claro que sí! Y hemos tomado y seguiremos tomando medidas para mitigar ese comportamiento que abarca muchos ámbitos”.   De acuerdo con Kirby, los iraníes han aumentado sus capacidades de misiles balísticos, la relación en materia con Rusia (inmersa en la invasión en Ucrania), y el acoso a la navegación marítima. “No vamos a pedir a los países de este hemisferio ni de ningún otro con quién tienen que asociarse o a quién van a permitir realizar una visita (…) Nosotros nos centramos en nuestros propios intereses de seguridad nacional en la región”, dijo el funcionario norteamericano. Mientras tanto en Managua, Ortega y Raisi, ambos sancionados por Estados Unidos por violar derechos humanos, criticaron a Washington en sus discursos. “Somos revoluciones gemelas”, dijo Ortega en un acto público transmitido en cadena nacional, luego de que los ministros del régimen nicaragüense recibieron al mandatario iraní en el aeropuerto internacional Augusto Sandino.   Una visita promocionada Desde hace días, la vicepresidenta Rosario Murillo venía publicitando con ímpetu esta visita, debido a que la pareja presidencial sandinista no suelen visitarlos jefes de estado: sufren un severo aislamiento internacional por las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido. La última vez que los Ortega-Murillo recibieron a presidentes en ejercicio fue en enero de 2022, durante la controvertida toma de posesión de ambos, tras declararse ganadores de unas elecciones sin competencia, con todos los opositores presos o en el exilio. Al igual que los mandatarios sandinistas, Raisi también fue electo en unos comicios que no son reconocidos por gran parte de la comunidad intencional porque no fueron “libres y democráticos”. “Nos sentimos honrados, complacidos de recibir esta importante delegación de hermandad de la República Islámica de Irán, que llega a nuestro país y sostendrá encuentros con nuestro presidente [Ortega] por supuesto, con nosotros, con el gabinete, y estaremos informando de lo que se vaya acordando; se firmarán acuerdos y se darán declaraciones”, dijo la vicepresidenta Murillo. “Esa delegación viene a estrechar lazos de cooperación política, comercial y científica”, agregó en otra intervención.   Enrique Sáenz, exdiputado, opositor y despojado de su nacionalidad por el régimen de Ortega y Murillo pone en duda “esos” lazos que publicita la propaganda en Managua. “Primero, ¿cuáles son esos lazos políticos?”, pregunta desde Costa Rica, donde vive exiliado. “Cualquiera sabe la intención de Irán de establecer cabezas de playa en América Latina, que le sirvan como base de apoyo en sus disputas con Estados Unidos. Y es evidente que Ortega y sus compinches de Venezuela y Cuba se prestan gustosos a jugar ese papel. Así que está claro que buscarán cómo proyectar la imagen de una poderosa alianza revestida con los consabidos discursos patrioteros, antiimperialistas y anti occidentales”, sostuvo.   El anterior presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, visitó Nicaragua dos veces: en 2007 y 2012. Varias misiones se realizaron, se firmaron memorandos de entendimiento y surgieron varios “compromisos”. Entre ellos destacan la construcción de cuatro centrales hidroeléctricas, plantas procesadoras de leche, fábricas de cemento, muelles, un puerto de aguas profundas, 10.000 viviendas, entrega de 4.000 tractores y hasta un sistema de riego.   “Salvo la construcción de una policlínica de salud en un barrio de Managua, lo demás fue humo en las manos”, critica Sáenz. En 2022 fueron suscritos 22 acuerdos entre ambos regímenes, pero el opositor insiste que no han prosperado por varias razones. “¿Acuerdos culturales? ¿Para qué? Un verdadero disparate. ¿Qué tienen de común la cultura persa con la cultura nicaragüense? Ni los nicaragüenses hablan persa, ni los iraníes hablan español. Ni los nicaragüenses son musulmanes, ni los iraníes son cristianos, así que, ¿cómo podrían prosperar estos acuerdos culturales?”, ejemplifica.   Lo mismo, insiste Sáenz, en el sector científico y comercial. “¿Qué producimos los nicaragüenses que la economía de Irán necesita? ¿Café? Lo compran más barato a proveedores cercanos. ¿Azúcar? Lo compran más barato a proveedores cercanos. ¿Queso? ¿Frijoles? Ya hemos dicho en otra ocasión: los iraníes no comen gallopinto [plato típico de Nicaragua]. Las distancias, la falta de rutas comerciales y de infraestructura logística tornan ilusorio cualquier acuerdo comercial. La prueba está que han pasado 16 años y en las cuentas comerciales de Nicaragua, ni siquiera aparece Irán”, dice el también economista.   Eliseo Núñez, otro opositor en el exilio, dice a EL PAÍS que esta visita del presidente de Irán a Managua es parte de una estrategia de Ortega para posicionarse mejor en su tercia con Estados Unidos. “Su estrategia pasó de venderse como un muro de contención del narcotráfico para Estados Unidos para convertirse en una amenaza, que le permita más adelante negociar su estadía en el poder, a cambio de dejar de ser socio de los iraníes y los rusos”, analiza.   Ortega ha pedido en reiteradas ocasiones que Estados Unidos retire las sanciones internacionales que le han impuesto a su gobierno y círculo más cercano. Incluso, uno de sus hijos, Laureano Ortega, tuvo un acercamiento fallido con Washington en ese sentido. “De nuevo, la estrategia de Ortega es abandonar estas alianzas a cambio que Estados Unidos no lo siga sancionando y

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“Iglesia por cárcel” para los nazarenos de Nicaragua: Ortega prohíbe las procesiones de Semana Santa

EL PAÍS .- La decisión del régimen supone otro duro golpe al catolicismo, la religión mayoritaria, en medio de una persecución feroz que incluye la condena de 26 años al obispo Rolando Álvarez   La imagen de Jesús Nazareno no pudo salir de la iglesia El Calvario en Nandaime, un municipio sureño del departamento de Granada, este 24 de febrero, primer viernes de cuaresma. Las cinco procesiones del viacrucis, además de todas las de Semana Santa, han sido prohibidas por las autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La decisión no sólo afecta a este templo, cuyo párroco fue el primer religioso arrestado y condenado por el sandinismo durante la persecución religiosa que el catolicismo sufre, sino a todas las parroquias de Nicaragua.   Diversas iglesias del país comunicaron en sus perfiles de Facebook y chats grupales la prohibición de sacar los viacrucis a las calles, sin hacer mayores aspavientos por temor a que los párrocos puedan ser apresados. “El vicario general nos informó que viacrucis por orden de la Policía se va hacer en torno a la manzana [de la iglesia]”, dijo al finalizar una misa el sacerdote Julián Duarte de la iglesia Guadalupe, en Chinandega. “Vamos a orar, a hacer actos piadosos; sin comentarios por el amor de dios, por favorcito”, pidió el religioso a los fieles. Limitar las procesiones del viacrucis es otro duro golpe a la fe católica de Nicaragua, la religión mayoritaria, en medio de una persecución feroz que incluye la condena de 26 años contra el obispo Rolando Álvarez, sacerdotes desterrados y despojados de su nacionalidad, acoso paramilitar a los templos y ataques directos del presidente Daniel Ortega.   Hace seis días, el caudillo sandinista arremetió en cadena nacional contra la Iglesia Católica, la institución con mayor aprobación en el país, según las encuestas. “Los curas, los obispos y los papas son una mafia”, dijo el mandatario. “Miren cuántos crímenes han cometido [religiosos católicos]. Crímenes por tener regulaciones absurdas. Que comenten en el campo financiero, por malversar millones. Cargamos con esos horrores de quienes se presentan como santos”, sostuvo Ortega. Y añadió furibundo: “¿Qué respeto le puedo tener a los obispos que he conocido en Nicaragua, si eran somocistas? Era un niño cuando pasó el funeral de [Anastasio] Somoza [García, en 1956] y los obispos enterraron a Somoza como príncipe de la Iglesia, es decir como si era un cardenal de la Iglesia Católica”.   La decisión de las autoridades limita por completo las procesiones de Semana Santa, las más solemnes y concurridas del calendario católico en Nicaragua. En algunos casos, la policía dejó que el primer viacrucis de la cuaresma se celebrase en los atrios de las iglesias, pero en otras fueron más prohibitivos: obligaron a realizar el rito al interior de los templos, de acuerdo a múltiples reportes recabados por EL PAÍS.   “No se contempla la salida a las calles por dos razones: por presencia policial de vez en cuando y por las insinuaciones del Estado de Nicaragua”, dijo bajo condición de anonimato un sacerdote del norte del país.   La parroquia Santa María de los Ángeles, en Managua, informó el primer viernes de cuaresma que fueron visitados por el inspector policial Orlando Cano, quien les informó la prohibición. “Existe la orden de que si el templo quiere salir en procesión, primero el sacerdote debe pedir la autorización al jefe policial de su distrito. Es la orden”, dijo un miembro de la pastoral de esa iglesia.   Imponer “iglesia por cárcel” a los santos no es nuevo bajo el régimen Ortega-Murillo. La táctica comenzó a implementarse en septiembre de 2022, cuando la policía acordonó las dos principales iglesias de la ciudad de Masaya, uno de los bastiones de las protestas sociales de 2018. Las masivas procesiones de los patronos San Miguel Arcángel y San Jerónimo no fueron celebradas, aunque los fieles se reunieron en torno a los templos, neutralizando a los oficiales de las fuerzas especiales.   “Por motivos de seguridad” Desde el pasado miércoles de ceniza, la Policía comenzó a visitar diferentes templos de Managua y otros departamentos para notificar verbalmente que los permisos a las procesiones de cuaresma y semana santa estaban prohibidas. De acuerdo a las fuentes eclesiales, la institución armada atribuyó la medida a “razones de seguridad”.   Hasta el momento, ni la alta jerarquía de la Iglesia Católica ni la misma Policía han emitido algún comunicado en el que se oficialice la prohibición. Sin embargo, una fuente de comunicación de la iglesia católica relató que la orden que ha dado el cardenal Leopoldo Brenes al respecto es que “obedezcan”.   “Los Ortega-Murillo tienen la intención desalmada e ilógica de aniquilar la fe católica del país, porque saben que la Iglesia Católica es la única institución creíble, respetada y amada que, a la luz del evangelio, está anunciando y denunciando todas las arbitrariedades y maldades que comete la dictadura”, dijo la abogada e investigadora en el exilio Martha Patricia Molina. Ella es autora de un informe titulado “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?” y recoge que, entre abril de 2018 y octubre de 2022, el régimen sandinista ejecutó 396 ataques contra el catolicismo. Siendo lo más palpable la represión hacia los sacerdotes y obispos que incluye asedio, encarcelamientos, expulsiones, procesos penales y cierre de medios de comunicación administrados por el catolicismo.   El obispo Silvio Baéz, exiliado en Miami y a quien también el régimen Ortega-Murillo despojó de su nacionalidad, dijo en su primera homilía de cuaresma este 26 de febrero que “el poder es un ídolo mortífero, delante del cual los tiranos se postran”. ” Un ídolo al cual le ofrecen como sacrificio la libertad y la esperanza de los pueblos. El diablo le revela a Jesús que el poder, las riquezas y las glorias mundanas son suyas y que él las da a quien lo adora. Por eso, quien tiene poder mundano es un ministro del diablo. Quienes usan del poder para excluir, someter y oprimir, sirven al diablo y viven arrodillados ante el diablo”.

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El Chile de Boric, la única potencia de América Latina que condena abiertamente la última ofensiva de Ortega

EL PAÍS .- México evita censurar la deriva del régimen sandinista mientras que Argentina, Colombia y Brasil optan por el silencio.   La última ofensiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en menos de una semana desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos, declarándoles “apátridas”, y despojó de la nacionalidad nicaragüense a otros 94 opositores, le ha costado al régimen sandinista solo una condena rotunda entre los gigantes de la región. De las cinco principales potencias de América Latina, todas gobernadas por la izquierda, el Ejecutivo de Gabriel Boric fue el único en manifestar abiertamente su repudio ante lo sucedido. EL PAÍS consultó este jueves a las cancillerías de Chile, México, Argentina, Colombia y Brasil. La Administración de Andrés Manuel López Obrador se limitó a emitir una declaración difusa sobre la protección de los derechos humanos, mientras que los Gobiernos de Alberto Fernández, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva optaron por el silencio.   “Entre los desterrados tenemos escritores como Gioconda Belli, Sergio Ramírez, periodistas, mujeres defensoras de derechos humanos, feministas, muchas de las cuales están dentro del país. Sigue habiendo al menos 30 presos políticos. Nos parece de suma gravedad, de suma gravedad”, enfatizó la canciller. El compromiso adoptado por la Administración de izquierda es continuar denunciando la situación creada por el régimen de Ortega y llevar a cabo las acciones que correspondan para apoyar a los perseguidos y la democratización en Nicaragua. “Esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, apuntó Urrejola.   El presidente Boric pidió semanas atrás la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua, en el marco de su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires. El mismo llamamiento hizo el pasado septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pidió “trabajar para que, en ningún lugar del mundo, tener distintas ideas del Gobierno de turno pueda terminar en persecución o vulneración de derechos humanos”. Sin embargo, el presidente chileno no ha hecho declaraciones públicas sobre las últimas medidas del régimen de Ortega.   La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha tratado, al ser consultada por EL PAÍS, de hacer equilibrios, pero su pronunciamiento se queda lejos de una condena o una exigencia a Ortega. “México ha dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua”, señalaron fuentes de Cancillería, a cargo de uno de los principales dirigentes oficialistas y aspirante presidencial, Marcelo Ebrard. “Conforme a uno de sus principios torales de política exterior, nuestro país se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de este grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de esta de manera arbitraria, y al uso y goce de sus bienes y propiedad a menos que esta sea confiscada o restringida por causas justificadas previstas en las leyes y mediante el pago de una indemnización justa”, prosiguieron las mismas fuentes.   El Gobierno de López Obrador se suele escudar en el principio de no intervención en política exterior, consagrado en la Constitución, para sortear pronunciamientos potencialmente incómodos. Más claras suelen ser las posiciones de las Administraciones de Fernández, Petro o Lula da Silva. No obstante, en esta ocasión ni Argentina, ni Colombia, ni Brasil han optado por censurar la deriva de Ortega y Murillo. En el caso de Bogotá, además, se añaden complicaciones en la relación bilateral con Managua, puesto que los dos países están inmersos en una disputa territorial por la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia. Han sido Estados Unidos y España los dos países que con más contundencia se han pronunciado sobre las nuevas medidas de Ortega. EE UU ha recibido en su territorio a los 222 desterrados y les ha garantizado una protección temporal, mientras España les ha ofrecido la nacionalidad.   Las duras críticas de Chile a la deriva de Ortega y Murillo no son nuevas. Boric se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los abusos y la represión del régimen en Nicaragua y su ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, siguió el deterioro democrático del país centroamericano y las violaciones de derechos entre 2018 y 2021 desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La canciller denunció la situación públicamente este jueves sin utilizar medias tintas. “Cada día más se trata de una dictadura totalitaria”, mantuvo al condenar la persecución de cualquier tipo de disidencia nicaragüense. “No solo les quitan la nacionalidad y les confiscan los bienes, sino que también han sido declarados prófugos de la justicia”, apuntó la ministra de Relaciones Exteriores ante la prensa en el Palacio de La Moneda.

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