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Ecuador: julio 14, 2024

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Ecuador Continental: 23:11
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El ultraderechista Milei impulsa por ley hasta seis años de cárcel para los promotores de protestas sociales

El País .- La medida forma parte de un proyecto de más de 600 artículos que otorga atribuciones legislativas al presidente en cuestiones económicas, fiscales, tarifarias y hasta electorales. El ultraderechista Javier Milei ha enviado este miércoles al Congreso un proyecto de ley que declara al país en “emergencia pública” e incluye 664 artículos que cambian de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. La ley ómnibus, como se llama por su extensión y variedad de temas, supone la transferencia al poder ejecutivo de amplias facultades legislativas en cuestiones económicas, financieras, previsionales, fiscales, sanitarias y hasta electorales. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias por el Congreso, incluye además un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social. Milei pretende que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación punible con hasta seis años de cárcel si impidiese el libre tránsito o la provisión de servicios públicos. El texto enviado al Congreso, la iniciativa política más contundente de Milei desde que asumió el poder en Argentina, a principios de mes, advierte de que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación en caso de merecer sanciones penales. El proyecto da forma de ley al protocolo antiprotestas que firmó hace dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al proyecto de ley remitido el miércoles se suman otras acciones previas que han elevado el descontento social durante las primeras tres semanas en la Casa Rosada. Primero, fue el decálogo de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien devaluó la moneda un 50% y anunció la eliminación de subsidios al transporte y la energía a partir de enero, entre otras medidas. Esta semana, el Gobierno también anuló los contratos de al menos 5.000 empleados estatales, tras la firma de un decreto con cientos de reformas que, según la lectura del Ejecutivo, no necesitaban pasar por el Congreso. En la lista de reformas que propone el proyecto legislativo, llamado con pompa “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, está la facultad del Ejecutivo para privatizar medio centenar de empresas públicas, el fin de las elecciones primarias de los partidos y una reestructuración de la Cámara de Diputados que facilita sumar parlamentarios a segundas y terceras fuerzas electorales, como es en este momento el partido de gobierno, La Libertad Avanza. La ley, de aprobarse, interviene sobre todo tipo de cuestiones. Las universidades públicas gratuitas, por ejemplo, podrán cobrar a los estudiantes extranjeros su formación; se promueve además un blanqueo a las grandes fortunas que llevan años evadiendo impuestos. La propuesta de Milei declara al país en situación de “emergencia pública” hasta el 31 de diciembre de 2025. Este plazo tan amplio, además, podrá prorrogarse otros dos años, con lo que abarcaría todo el mandato del presidente. Es esa situación de supuesta emergencia pública la que habilita al Gobierno para asumir competencias que corresponden al poder legislativo. La Constitución argentina impide esa transferencia de poderes “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Protestas sindicales La Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las principales centrales sindicales del país, se reunirán este jueves para evaluar los próximos pasos contra las reformas del ultraderechista. Sobre la mesa está la posibilidad de ir a huelga. Pero los sindicatos están “midiendo el termómetro”, según señalaron fuentes de organizaciones a este periódico, y definiendo sus estrategias con prudencia. Los sindicalistas consideran que tienen tres caminos para enfrentar las medidas del Gobierno: la justicia, el Congreso y las calles. En las últimas semanas, se reunieron con diputados y senadores; presentaron una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada por la justicia y el miércoles, salieron a las calles antes de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley con casi 700 artículos. La concentración, que reunió a más de 20.000 personas, según los organizadores, transcurrió sin incidentes hasta el mediodía. La CGT había pedido permiso para manifestarse, según aseguró el Gobierno, que celebró que la central pidiera autorización. La protesta estuvo contenida en los límites de la plaza Lavalle, en el centro de Buenos Aires, por un fuerte operativo que desplegó la ministra Bullrich. Fue inevitable, sin embargo, que los asistentes pisaran el pavimento por el tamaño de la convocatoria. Durante la desconcentración de la protesta hubo tensión entre un grupo pequeño de manifestantes con la Policía, que detuvo a al menos seis personas; además, un agente fue herido por un bus. Manifestación el miércoles en el centro de Buenos Aires.AMANDA COTRIM “¡Poné la fecha! ¡Poné la fecha!”, se escuchó durante la concentración. La exigencia estaba dirigida a las centrales obreras, a quienes los manifestantes les reclamaban que llamen a un paro general. Rodolfo Aguiar, secretario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, que integra la CTA, cree que es “un dato positivo” haber visto “la plaza desbordada” el miércoles. “El nivel de conflictividad crece y las condiciones para una huelga general están configuradas”, aseguró a EL PAÍS el sindicalista. Aguiar, sin embargo, pidió a los trabajadores “tener paciencia” sobre el llamado de huelga general. “Los trabajadores esperan que sus representantes sean capaces de unir fuerzas y esperamos que los dirigentes centrales estén a la altura de las circunstancias”, instó Aguiar, quien señaló que “el tiempo corre a favor de Milei” porque el decreto de necesidad de urgencia impuesto por el ultraderechista entra en vigor el viernes. El paquete de reformas puede ser frenado en el Congreso o en los tribunales, pero mientras eso no ocurra, las medidas serán leyes. Además, la ley ómnibus empezará a ser tratada por el Congreso en sesiones extraordinarias. Manifestantes en la plaza frente al Palacio de Justicia en Buenos Aires, el miércoles.AGUSTIN MARCARIAN (REUTERS) Para partidos y

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Los sindicatos argentinos protestan en la calle por el desmantelamiento del Estado decretado por Milei

El País .- Las principales centrales obreras del país convocan una concentración que acaba con al menos seis detenidos. El ultraderechista afirma que hará un plebiscito si la medida es rechazada por el Congreso Miles de personas convocadas por sindicatos y diferentes organizaciones han protestado este miércoles en el centro de Buenos Aires contra un decreto de necesidad y urgencia impuesto por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei para desmantelar el Estado argentino. La marcha ha aunado a las principales centrales obreras del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), que calcula una asistencia de 20.000 personas, y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina. La concentración se ha realizado en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad y ha transcurrido sin incidentes hasta la desconcentración, al mediodía, cuando la tensión entre los manifestantes y la policía ha crecido. Los diferentes sectores concentrados durante la mañana han apelado a la “unidad de los trabajadores” para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial hace una semana. El texto impone de una sola vez más de 300 reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”. “El DNU destroza nuestros derechos y lo hace, además, de forma antidemocrática”, ha señalado Juan Vita, integrante de la CTA, durante la concentración este miércoles. “Si este Gobierno, que fue elegido democráticamente, piensa que es necesario [el decreto], que lo lleve al Congreso”, ha demandado. El sindicalista ha explicado que esta manifestación es parte de “un plan en crecimiento”: “Iremos viendo en cada momento cómo seguir. No descartamos otras medidas”. Alrededor se alzaban más consignas que criticaban la forma y el fondo del decreto. “Sin derechos no hay democracia”, se leía en los carteles que alzaban los sindicatos. Los partidos y movimientos de izquierda, en otro sector de la plaza, pedían el fin del “plan motosierra” y acabar con “la represión a los que luchan”. Un grupo se trasladaba, cuando aún era posible moverse entre la masa, con la imagen de una virgen de Luján, patrona de Argentina, en los hombros. El movimiento feminista criticaba en redes sociales que el decreto es “una clara muestra de autoritarismo” y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaba que el paquete de modificaciones “viola la división de poderes”. Los decretos de necesidad y urgencia son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. El Gobierno se ha amparado en que la situación del país –con altos niveles de inflación y pobreza– es “muy complicada” y amerita esa medida, que es inédita en el país por su magnitud. Sin embargo, muchos sectores consideran que el presidente se arroga facultades legislativas al imponer centenares de reformas sin un debate en el Congreso y cuestionan la “necesidad y urgencia” de algunos puntos del paquete. El paquete de modificaciones entrará en vigor este viernes y el Congreso podrá rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las Cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto será válido; si no es tratado por alguna también. Mientras esto ocurre, otra vía para frenarlo es la judicial: ya se han interpuesto más de una decena de amparos, según la agencia de noticias Télam, y la CGT también presentó una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada este miércoles por la Justicia, según informan medios nacionales. La CGT ha reclamado este miércoles a la Justicia “que cumpla con la función de controlador del Poder Ejecutivo” y ha interpelado a Milei en un comunicado: “No se confunda, señor presidente. No somos la casta, somos los trabajadores”. En paralelo a la estrategia judicial, los sindicatos también han mantenido reuniones con diputados y senadores de la oposición para ampliar las posiciones contra el decreto en las Cámaras. Las organizaciones están “midiendo el termómetro”, según han señalado, y definiendo sus estrategias con prudencia. Ni la CGT ni la CTA han anunciado aún un paro general, una medida que está sobre la mesa y que exigen las organizaciones de izquierda. Para Guillermo Kane, legislador y dirigente del Partido Obrero, es “una mala señal” que las centrales sindicales no hayan convocado a una huelga de 24 horas. “Esta marcha es casi simbólica. Sin masividad ni calles cortadas. Necesitamos una acción de fondo”, ha exigido Kane. “La CGT, que no ha hecho un paro en cuatro años, no viene jugando un rol de defensa activa de los trabajadores”, ha señalado el legislador y ha demandado un “plan de lucha” acorde a la “gravedad” del decreto. Tensión en las calles Las primeras reacciones contra el DNU sonaron desde los balcones tras la lectura que hizo Milei de algunas de las medidas en cadena nacional hace una semana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Tras el receso de Navidad, se reanudaron las manifestaciones de repudio. Este martes, solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo dos concentraciones frente al Congreso donde se oyeron consignas como “¡Arriba los derechos, abajo el decretazo!”. Desde el Ejecutivo, sugieren que el objetivo de las movilizaciones es “desestabilizar” el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estrenó la semana pasada un protocolo para prohibir que las manifestaciones bloqueen calles y rutas, una de las formas más comunes de protesta en Argentina, y este miércoles volvió a desplegar un fuerte operativo para controlar los alrededores de Plaza Lavalle. La concentración ha transcurrido sin incidentes

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Milei anula por decreto más de 5.000 contratos de trabajadores estatales en Argentina

El País .- La medida afecta a los empleados que ingresaron en el último año. El texto avisa de que se revisarán también las contrataciones previas a 2023 mientras los sindicatos se preparan para concentrarse este miércoles contra el desguace del Estado El presidente argentino, Javier Milei, ha retomado su agenda para reducir al mínimo el Estado tras el receso de Navidad. En su tercera semana de Gobierno, el mandatario ultra ha firmado un decreto que cesa los contratos de trabajadores estatales que ingresaron en el último año. El Gobierno calcula que son “más de 5.000″ los afectados, mientras que otras fuentes, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estiman que la cifra supera los 7.000. El número podría crecer, ya que el Gobierno también revisará en los próximos 90 días los contratos de trabajadores del sector público empleados antes del 1 de enero de 2023, y los sindicatos están en alerta. El decreto publicado este martes en el Boletín Oficial establece que no se renovarán los contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del 1 de enero de 2023. La medida contempla algunas excepciones: por ejemplo, están exceptuados los trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como las personas con discapacidad, o el personal que es considerado “indispensable” para una jurisdicción. El texto también anticipa que el resto de los contratos será sometido a “un relevamiento exhaustivo” en los próximos 90 días. En su primer discurso como presidente, Milei ya había anticipado que el ajuste que promete su Gobierno lo pagará el Estado y no el sector privado. El recorte empezó por el Gabinete de Ministros, cuado el ultraderechista limitó el número de carteras a nueve, la mitad de los que había en la gestión anterior. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció como parte de las primeras medidas económicas la reducción de la plantilla estatal. El decreto publicado este martes es un paso más en la hoja de ruta del Gobierno y apunta a “lograr un mejor funcionamiento de la Administración pública”. El sector público argentino cuenta en total con casi 3,5 millones de empleados asalariados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, de los que una décima parte pertenecen a la Administración nacional. El gasto en personal de estos últimos representa el 2,2% del PIB, de acuerdo a un informe de la consultora Ieral – Fundación Mediterránea, un porcentaje que se ha reducido desde 2015, cuando era del 3,3% del PIB. Según ese análisis, la participación del empleo público en el presupuesto “está cerca de los países escandinavos y en las antípodas de Japón y Alemania”. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha calificado el decreto de “agresión” contra estos trabajadores y ha considerado en un comunicado que los empleados públicos “en todos los casos desempeñan tareas que son indispensables”. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, ha avisado Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en un comunicado difundido por la organización, en el que se avisa que el sindicato pretende “profundizar” su “plan de lucha”. El reclamo se hará oír este miércoles en una convocatoria hecha por las centrales sindicales del país para exigir también que se frene el decreto firmado por Milei hace una semana con 300 reformas para desguazar el Estado argentino. El presidente presentó el pasado miércoles otro decreto de necesidad y urgencia que deroga leyes, elimina decenas de regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas como la petrolera YPF y abre la puerta a las operaciones en dólares. También da el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. Los reclamos de los trabajadores, que consideran que el ajuste de Milei recae en los sectores más vulnerables de la población, se harán en un clima de tensión marcado por un nuevo protocolo contra los cortes de calles. El plan fue anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, casi en simultáneo a las medidas económicas y entró en práctica por primera vez el pasado 20 de diciembre, cuando decenas de miles de personas salieron a protestar rodeados de fuertes medidas de seguridad. Presión sobre el Congreso Milei también ha oficializado este martes el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, que se extenderá hasta el 31 de enero. El decreto publicado en el Boletín Oficial enumera en un anexo las iniciativas a tratar, como el proyecto de ley para reformar el Estado o el proyecto de ley para establecer la boleta única de papel en las elecciones nacionales, temas que no entraron en el decreto de necesidad y urgencia impuesto por Milei hace una semana y que serán enviados al Congreso de forma “inminente”, según el Gobierno. Para lograr la transformación del país que pretende, Milei necesitará negociar con otras fuerzas políticas. Aunque obtuvo el 56% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, está en minoría en las dos cámaras del Congreso: en Diputados, la ultraderecha tiene solo 38 bancas propias de un total de 257; en el Senado, ocho de 72. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha lanzado este martes un mensaje a los legisladores que tratarán el temario y ha puesto presión sobre las Cámaras. “Diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio y esta Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda”, ha dicho Adorni tras la reunión de Gabinete. El portavoz ha indicado que apela a su “buena voluntad” y a que “estén a la altura de las circunstancias”.

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Sindicato de actores de Hollywood acepta reunirse con los estudios tras meses de huelga

El Univeros .- El sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA, acordó reunirse con los representantes de los estudios el próximo lunes para continuar con las negociaciones de un nuevo convenio colectivo, después de más de dos meses de huelga. En un mensaje publicado este miércoles en la red social X (antes Twitter), el sindicato anunció el retorno a la mesa de negociación con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que engloba a los principales estudios, a partir del próximo 2 de octubre. “Les animamos a seguir acudiendo a los piquetes cada día”, dijo el grupo en su mensaje. Desde que comenzaron los paros, en julio, las negociaciones habían estado totalmente congeladas. El anuncio se produce apenas unas horas después del fin de la huelga de los guionistas de Hollywood, que llevaban sin trabajar desde mayo para reclamar mejoras en su retribución por el streaming y protección frente al uso de la inteligencia artificial, entre otras cosas. La pugna se resolvió aparentemente el domingo, cuando la AMPTP y los líderes del sindicato de guionistas (WGA) anunciaron un principio de acuerdo que incluye muchas de las demandas del gremio, aunque todavía falta que las bases lo ratifiquen. El sindicato de actores comparte gran parte de las reivindicaciones de los guionistas, por lo que se espera que la resolución del conflicto con el WGA allane el camino para los intérpretes. El SAG-AFTRA comenzó su huelga el 14 de julio, lo que ha obligado a detener el rodaje de varias producciones y ha retrasado el estreno de esperadas películas como Dune: Part Two.

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