Primicias .– Yaku Pérez, candidato de la alianza Claro que se puede, dice que debería crearse una corte penal latinoamericana para juzgar al crimen organizado. Y plantea una reforma a la Constitución. Yaku Pérez busca por segunda vez la Presidencia de la República. Para las elecciones extraordinarias 2023 llega bajo el auspicio de Democracia Sí, Centro Democrático y Unidad Popular, en la alianza Claro que se puede. Tras abandonar Pachakutik, intentó fundar su movimiento Somos Agua, pero no alcanzó a registrarlo ante el Consejo Nacional Electoral. Por eso, para las elecciones de 2023 se dejó cobijar por la andadura política de Gustavo Larrea, uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadana. Yaku Pérez dice que la suya es la “tercera vía” que necesita el país y que lo que queda del período presidencial alcanza para “sentar las bases” de los cambios que propone. Entre ellos, una reforma constitucional. Pérez no revela cuánto le cuesta esta campaña electoral y asegura que los recursos salen de compañeros que “están pasando el sombrero”. Días antes de la muerte cruzada, usted ya tenía un video que parecía el inicio de la campaña electoral. ¿Estaba preparándose para elecciones extraordinarias? La muerte cruzada estuvo siempre en el paquete de la discusión, pero a mí también me tomó por sorpresa. Era una posibilidad, pero lejana. Sin embargo, con Democracia Sí habíamos llegado a un acuerdo, firmamos el pacto ético, social, ecológico hace unos seis o siete meses. No pensando en la muerte cruzada, sino en las elecciones 2025. Era necesario tener, con tiempo, equipos de trabajo, preparar un plan de gobierno coherente y viable. Esas fueron las circunstancias por las que empezamos a trabajar. ¿Cómo adaptaron ese plan a las circunstancias actuales donde la situación económica, la violencia y el fenómeno de El Niño serán grandes desafíos? Tuvimos que adaptarnos a las circunstancias. En esas condiciones, asumir una candidatura no es juego de niños, es una responsabilidad gigante con el país, pero no nos podemos quedar en una posición cómoda, mirando desde el ruedo. Es asumir un reto, quizá el más grande de mi vida, en lo personal y como colectivo también. Hay que poner al servicio del país nuestro modesto contingente, por lo menos para sentar las bases de un país que sea distinto al que tenemos. ¿Cuáles son los ejes principales de su propuesta? Tenemos tres ejes principales: un plan integral de seguridad ciudadana, cero tolerancia a la corrupción y la generación de empleo. ¿Qué solución plantea a los graves problemas de seguridad y violencia que vive Ecuador? En seguridad primero hay que conocer el diagnóstico, la etiología del delito, las causas. No hay que eliminar al criminal, sino eliminar la máquina que fabrica criminales. Y esto se lo hace de dos maneras y en diferentes fases: de forma preventiva y de forma correctiva. Se hace con inclusión social: hay que dar educación, trabajo a los que no tienen; articular con artes, oficios, cultura, deportes a estos niños que se les ha negado el derecho a vivir dignamente y luego son enrolados al crimen organizado. En las acciones preventivas hay que hacer una reforma constitucional y legal para depurar la contaminación de la corrupción a nivel de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía, Justicia y también en los estamentos del Estado. Además de esto, hay que repotenciar el ECU-911 o, si es necesario, sustituir la infraestructura tecnológica, aplicando big data e inteligencia artificial. Y contar con un barrio bien organizado, una familia blindada y un patrullaje permanente. ¿Y cuáles serán las acciones correctivas? Tenemos un plan integral de política criminal que hemos elaborado con expertos, exmilitares, expolicías, gente de la academia con mucha experticia en el tema. Erradicar la inseguridad no lo han logrado ni México, ni Brasil, ni Colombia, ni El Salvador, nadie. Pero se puede hacer un control fuerte para recuperar la paz social. Lo que ocurre en Ecuador va más allá de la delincuencia. ¿Cómo enfrentará al crimen organizado? El crimen organizado es un tema mayor. Rebasa las fronteras y hay que hacer un gran acuerdo regional o internacional. Ahí juegan un papel importante los países vecinos, incluso los de Norteamérica. Hay que crear una corte penal latinoamericana que juzgue los casos grandes, como el ecocidio, el crimen organizado transnacional. Es un tema integral, no hay que mirarlo solo como armar a la Policía y atacar los efectos. Usted dice que es necesario ir por una nueva economía que no dependa de la explotación de recursos naturales ¿Cuál es su propuesta para suplir los ingresos que genera el ITT, por ejemplo? Si levantamos las exoneraciones fiscales al 10% de la población más rica del país, tenemos cerca de USD 600 millones anuales. Exoneración, ojo, no estoy queriendo cobrar más impuestos. Los ecuatorianos estamos subsidiando a la banca, a las petroleras, a las telefónicas, al exonerarlos de algunos impuestos. Eso no está bien, eso hay que enderezarlo. Yo le estoy pidiendo al Presidente que suspenda las negociaciones de telefonía celular que terminan en agosto y noviembre. Ahí se puede obtener para los próximos 15 años cerca de USD 9.000 millones. ¿De dónde más va a salir el dinero? En compras públicas se va mínimo USD 1.500 millones. Vamos a reformar la Ley Orgánica de Contratación Pública, vamos a digitalizar todo para que las coimas no pasen por varias personas, sino que se detecte dónde surgen los problemas. No hay plata porque se va en corrupción, porque la UAFE no controla, porque los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso condonan los intereses y las multas a las grandes empresas. ¿En qué o quiénes se enfocará su lucha contra la corrupción? Hay que trabajar con la UAFE. Hay que crear una comisión de alto nivel, con apoyo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), para investigar los casos de corrupción. Que no queden en la impunidad
