El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) finalmente admitió la denuncia, que planteó la asesora presidencial, Diana Jácome, contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por el cargo de “violencia política de género”.
El caso fue presentado el pasado 15 de agosto.
Jácome solicita que el TCE le retire los derechos políticos a la segunda mandataria, y que además le imponga una multa.
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Previamente, la vicepresidenta había demandado, ante la misma institución, al presidente Daniel Noboa, a Jácome, al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y a la canciller, Gabriela Sommerfeld, por los mismos motivos. Con la diferencia que ella pide la destitución de todos ellos, con lo cual asumiría el poder.
De acuerdo a la ley, Abad tiene 5 días para responder la demanda, y presentar sus argumentos de descargo.
El TCE dispuso que el 30 de septiembre próximo, se realice la audiencia oral única de pruebas y alegatos, en su auditorio de Quito. La vicepresidenta debe acudir de forma presencial o telemática, y presentar a su respectivo abogado.
El presidente Noboa ordenó que Abad se traslade a Turquía, para efectuar gestiones diplomáticas. Sin embargo, ella se niega a obedecer y continúa en Israel.
La Constitución establece que la vicepresidenta, debe cumplir exclusivamente las tareas que le asigne el jefe de Estado.
