El ministro Vega Malo había dicho también que frente a la baja caja fiscal debió recaudar unos $ 3.000 millones de manera temporal para pagar salarios y gobiernos locales a través de medidas temporales. El plan de emergencia incluyó venta de bonos Cetes, pagos anticipados del impuesto a la renta como por ejemplo a Corporación La Favorita y otras grandes empresas, así como el atraso de miles de millones en pagos a proveedores.
Al 31 de diciembre del 2023, los gastos devengados del Gobierno que constaban en el Presupuesto General del Estado se ubicaron en $ 30.875 millones, pero los pagos fueron de apenas $ 27.252 millones. Esto sería $ 3.623 en atrasos. Uno de los rubros que se ha dejado de pagar ha sido el de la Seguridad Social del IESS.
Así, siempre según la ejecución presupuestaria del Ministerio, al IESS el Gobierno debió haberle pagado $ 2.154 millones por el 40 % de la contribución a pensiones, hasta el 31 de diciembre del 2023, sin embargo, solo se pagó $ 832 millones. Es decir se pagó $ 1.322 millones menos solo en este rubro. También quedaron pendientes $ 4,7 millones del 40 % de riesgos del Trabajo, y $ 29 millones del Seguro Social Campesino.
Entre tanto, a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) también se les quedó debiendo. Solo en los pagos correspondiente al Modelo de Equidad Territorial, hubo una diferencia de $ 188 millones. Esto porque se debió haber pagado $ 819 millones y se terminaron pagando $ 631 millones.
El Gobierno no tiene muchas opciones de financiamiento en estos momentos. El país cerró con 2.062 puntos de riesgo país, el tercero peor de América Latina, luego de Venezuela (21.037 puntos) y Bolivia (2.228 puntos). En cambio, Argentina ha ido bajando su puntaje y cerró el año en 1.895 puntos. El riesgo país es un indicador que mide la percepción de los mercados sobre si un país logrará honrar sus obligaciones de deuda externa.
De acuerdo al reporte de Bloomberg, Noboa asumió el cargo a fines de noviembre después de un año complicado que incluyó la disolución de la Asamblea Nacional por parte del expresidente Guillermo Lasso en medio de una crisis política, lo que provocó la elección de un nuevo presidente para el resto de su mandato hasta 2025. Uno de los candidatos en la carrera, el activista anticorrupción Fernando Villavicencio, fue asesinado días antes de la votación de primera vuelta. Las encuestas indican que el delito violento sigue siendo la principal preocupación de los ecuatorianos, seguida por el desempleo.