El monto asignado por la Conferencia Episcopal sumaba alrededor de 55.000 dólares al mes, y el Estado se hacía cargo de los salarios de algunos obispos y arzobispos.
Sin embargo, ya se había decidido que los sueldos dejaran de ser responsabilidad del Estado al finalizar el mandato de Alberto Fernández. Es una decisión que se venía considerando desde el 2018, en el contexto de la legalización del aborto en Argentina y la lucha por separar el poder de la Iglesia y el Estado.
“Esto coincide con los lineamientos de este Gobierno: la austeridad de gasto y la defensa de la libertad de culto. Entendemos que el Estado no tiene por que dar un tratamiento desigual a una religión a una religión o culto sobre otra”, comentó el portavoz presidencial.
La ayuda se aplicaba en virtud de lo establecido en el artículo 2º de la Constitución de la Nación Argentina, por la cual “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, menciona la agencia EFE.
