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Eliminación del subsidio a las gasolinas es necesario, advierte dirigente empresarial

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Por: Fernando Castilla Fassio

Ultima actualización: 2024-06-13 11:01:21

La clase empresarial ecuatoriana ve con buenos ojos el anuncio del gobierno de Daniel Noboa, de eliminar a corto plazo el subsidio a las gasolinas Extra y Eco.

Para Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía, la decisión era inevitable, ya que el país, literalmente, está quebrado.

De acuerdo a sus cálculos, estos subsidios le cuestan al Estado entre 3.100 y 3.500 millones de dólares por año, y ya no existen las condiciones para ello.

A su criterio, el siguiente paso será eliminar otro subsidio: el del diésel, también de forma progresiva.

Aspiazu precisó que el país utiliza el 39% del Producto Interno Bruto en subsidios, y no registra un crecimiento capaz de absorber ese golpe. Como resultado, todos los gobiernos aplican reformas tributarias y suben impuestos, para tratar de cubrir un gasto tan grande.

Adicionalmente, Ecuador debe mejorar su capacidad de refinamiento de combustibles, para lo cual solo cabe construir una nueva refinería. La última, la de Esmeraldas, data de hace 25 años atrás, cuando la demanda era mucho menor.

El dirigente empresarial explicó que el impacto del subsidio a las gasolinas es relativo. Los estudios señalan que el 84% de los beneficiarios no necesita de esta ayuda, pues pertenece a estratos económicos medio o altos, mientras en el caso del diésel, la cifra llega al 74%.

Por tanto, eliminar tal beneficio no significará un excesivo impacto económico, aunque sí político, pues en el caso del diésel, los transportistas conforman un gremio poderoso.

Energía renovable

En otro ámbito, Aspiazu informó que ya existe el visto bueno para que las empresas generadoras del Estado, asuman los fideicomisos que regularán los costos de la energía renovable.

Esta electricidad será el resultado de inversión privada, que llegaría a 1.000 millones de dólares. Por lo pronto hay proyectos, tanto solares como eólicos, que llegarían a 310 megavatios, y que empezarían a operar en el segundo semestre del año 2026.

Para hacerlos realidad, el Estado debe aceptar una fórmula de pago a través de fideicomisos, que ya fueron aprobados.

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