El ex presidente de la República, Rafael Correa, defendió la gestión de sus vocales en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral porque realizaron campaña política, cuando la ley lo prohíbe.
Sócrates Verduga y Yadira Saltos, titulares del CPCCS, así como Vielka Párraga y Eduardo Franco, suplentes, fueron sancionados con la pérdida de sus funciones, por cometer “infracción electoral grave”. Además, pierden sus derechos políticos durante 4 años, y cada uno deberá pagar una multa de 70 salarios básicos unificados (32.200 dólares).
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La causa fue que durante su campaña electoral, se presentaron como miembros de “La Liga Azul”, promocionada por Correa. La ley prohíbe cualquier relación política, a los aspirantes a integrar el organismo.
Reacción en red social “X”
Sin embargo, el exmandatario no lo ve de ese modo. A través de su cuenta en la red social “X”, Correa afirmó que el vínculo político es suyo exclusivamente. “Puedo pedir el voto por quien me dé la gana. Es mi derecho y, por último, la responsabilidad es solo mía”, dijo en tono desafiante.
Además, advirtió que no fue el único en promocionar nombres de candidatos al CPCCS, en los comicios del 2023. Como ejemplo citó a los consejeros, que en su momento promocionó el líder social cristiano, Jaime Nebot, sin que nadie le reclame.
Durante el análisis del caso, el TCE recibió material audiovisual de los mítines de la Revolución Ciudadana, en los cuales participan los entonces candidatos de la “Liga Azul”.
Alembert Vera, también integrante del grupo, fue destituido como presidente del CPCCS en octubre del año pasado por la Corte Constitucional. Pretendía implementar una veeduría a la actuación del periodo transitorio, presidido por Julio César Trujillo, pese a que la ley expresamente no se lo permitía.
