Como una “barbaridad jurídica” calificó el constitucionalista Gonzalo Muñoz, el fallo del juez de Yaguachi, John Rodríguez, que restituyó los derechos políticos del ex vicepresidente de la República, Jorge Glas.
En diálogo con “Punto de Orden”, Muñoz precisó que Glas, sentenciado en el “Caso Sobornos”, está inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo público, o incluso para ser candidato.
La Consulta Popular del año 2018, que recibió el visto bueno, estableció que todos los sentenciados por corrupción pierden para siempre sus derechos políticos. Algo que aplica para Glas, y también para el ex presidente Rafael Correa.
Muñoz anotó que el dictamen del juez Rodríguez, no solo es un fraude y una violación constitucional, sino que además es un delito. A tal punto que la Fiscalía ya inició acciones penales en su contra, incluyendo el allanamiento de su domicilio.
El jurista hizo notar que hasta los abogados de Glas, mencionan el fallo de Rodríguez como “una medida de justicia, aunque no de derecho”, pues reconocen que viola toda norma.
Muñoz advirtió que no hay argumentos que justifiquen el fallo, que deja como mensaje que se puede obrar con fines politiqueros, haciendo tabla rasa con la Constitución, pues va en contra de una sentencia ejecutoriada.
A su criterio, resulta extraño que el Consejo Nacional de la Judicatura, aún no se pronuncie o actúe en torno a este caso, más allá de un comunicado tibio. En cambio, para combatir a una fiscal incómoda, el organismo no tuvo empacho en iniciar “un proceso disciplinario”, para el cual no tiene atribución.
Según Muñoz, hay un silencio cómplice del CNJ frente al juez Rodríguez.
Mano de Correa
El constitucionalista lamentó que el ex presidente Correa, con tal de tratar de resolver sus impedimentos jurídicos, llegue a estos extremos.
Muñoz afirmó que Correa no piensa en los problemas del país, sino solo en su impunidad. Ya lo dejó en claro en una reciente entrevista para un medio español, donde dijo que planea convocar una Asamblea Constituyente, con el único fin de anular sus sentencias judiciales por actos de corrupción.