El País .- El Gobierno de Nicolás Maduro ha intentado disuadir a la CPI con varios recursos judiciales y asegura que el proceso en su contra está impulsado por Estados Unidos
Los defensores de derechos humanos esperaban desde hace semanas la respuesta de la Corte Penal Internacional (CPI). Después de varios vaivenes con el Gobierno de Venezuela y de que el fiscal Karim Khan visitara el país para instalar una oficina de cooperación en Caracas, la CPI ha ordenado avanzar en la investigación. La decisión es un revés para Nicolás Maduro, que ha intentado con varios recursos disuadir el proceso que se le sigue en La Haya por denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió en un comunicado las conclusiones del análisis de las reiteradas solicitudes de la Fiscalía de Venezuela de suspender el proceso bajo el argumento de que la justicia venezolana estaría haciéndose cargo. “Venezuela no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”. Además, señalan que hay periodos de inactividad de investigación que consideran inexplicables y que las pesquisas solo se han centrado en oficiales de bajo rango y no en toda la cadena de mando, que es el objeto de esta instancia internacional de justicia.
“Nosotros tenemos clara intención de hacer justicia en nuestro país, sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros y lo estamos demostrando”, dijo hace menos de un mes el fiscal venezolano Tarek William Saab, durante la tercera visita de Khan al país, en la que se acordó la instalación de una oficina de cooperación técnica. En respuesta al nuevo paso dado, la Cancillería venezolana ha respondido expresando su desacuerdo. Bajo el argumento del Gobierno, desde el inicio del proceso en 2018, la Corte alienta y contribuye a una estrategia con fines políticos “de cambio de régimen” en Venezuela, supuestamente impulsada por Estados Unidos, considerado el enemigo número para una parte del chavismo y con el que, sin embargo, ha retomado contactos en el último año.
Los magistrados de la Sala, Péter Kovács, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, examinaron las observaciones de las autoridades venezolanas, así como 1.875 formularios recogidos por la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas que reúnen los testimonios de más de 8.000 víctimas de torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2014 en el marco de manifestaciones antigubernamentales y como parte de una política de persecución por motivos políticos.
A finales de 2021, la CPI anunció la finalización del examen preliminar, una fase previa para determinar la apertura de una investigación. El Gobierno de Maduro, a través de varias maniobras jurídicas, intentó poner freno al proceso pero solo logró ponerlo en pausa unos meses. Las estrategias del chavismo parecen haber tocado un techo, aunque han anunciado que nuevamente apelarán esta decisión, con pocas posibilidades de que esta vez sea considerada, según algunos analistas.
Maduro se enfrenta otra vez a este escrutinio, luego de haber retomado relaciones diplomáticas con gran parte del mundo y en la antesala de las elecciones presidenciales de 2024 para las que el líder chavista intenta mejorar su imagen. Si bien este camino en la CPI que iniciaron expresidentes de varios países de la región críticos con el chavismo, como el colombiano Iván Duque, el argentino Mauricio Macri, el chileno Sebastián Piñera o el paraguayo Mario Abdo Benítez, las ONG han sido fundamentales para documentar el expediente.
El espectro político latinoamericano ha vuelto a virar y los señalamientos contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno han pasado a un segundo plano, al menos en las relaciones diplomáticas, mientras los defensores de derechos humanos en Venezuela han empujado la búsqueda de justicia en instancias internacionales. Es por ello que el Parlamento afín a Maduro se ha enfilado en contra de estas organizaciones y hace unos meses aprobó en primera discusión en una ley que restringe su funcionamiento y el acceso a financiamiento internacional.
ONGs como Defiende Venezuela y Acceso a la Justicia han expresado que la decisión de la Sala es una victoria para las víctimas. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000. Este es la primera vez que se inicia una investigación contra un Gobierno en ejercicio y también la primera vez que se da apertura a una investigación en un país latinoamericano en esta instancia. En este caso también ha sido inédito que Estados parte -Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Canadá- invocaran el Estatuto de Roma contra otro miembro, como ocurrió en 2018 con la solicitud que dio inicio a este expediente. Con la decisión de este martes se da un paso más en el largo camino para la comprobación de la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad y la posible sanción de figuras del alto Gobierno como responsables.
