El juicio político a la fiscal general, Diana Salazar, quedó definitivamente archivado. Sin embargo, el caso aún genera controversia en la Asamblea Nacional.
Consultado por “Punto de Orden”, el legislador social cristiano, Otto Vera, explicó que la Comisión de Fiscalización cometió varios errores de bulto al sustanciar la interpelación, más allá de que su partido había anticipado que no apoyaría una eventual moción de censura y destitución.
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Vera recordó que, de acuerdo a la ley, desde que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso al juicio, la comisión tenía 5 días para emitir el informe a favor o en contra. Y dicho plazo vencía el lunes, precisamente cuando se realizó la sesión.
La cita comenzó tarde en la noche y concluyó la madrugada del martes. Es decir, cualquier resolución ya era extemporánea.
Sanción para Lenín Rogel
Otro punto en discordia es la situación del legislador Lenín Rogel, miembro del PSC e integrante de la Comisión de Fiscalización.
Pese a que el partido tomó la decisión de rechazar la decisión del juez de Quito, de reanudar los juicios políticos contra 3 ex funcionarios de Guillermo Lasso, Rogel no hizo caso, por lo cual fue separado del bloque.
La resolución social cristiana, anotó Vera, no fue impuesta por algún líder, sino que se trató de un consenso.
Para el parlamentario, ninguna función del Estado puede interferir en el derecho a la fiscalización de la Asamblea. Por tanto, el fallo del juez, que aceptó una acción de protección de Inés Alarcón, representante de ADN, fue ilegal.
Más allá de lo sucedido con su coideario, y de los graves errores en la sustanciación, Vera puntualizó que su partido había dado la palabra, de no respaldar el proceso contra la fiscal, algo que cumplió al votar en el pleno a favor del archivo.
La Asamblea pedirá el pronunciamiento de la Corte Constitucional, en torno a la decisión del juez de primera instancia. Hasta tanto, procederá con las interpelaciones de los 3 ex funcionarios de Lasso.
