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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
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Correístas presionan para evitar posesión de Mauricio Torres Maldonado como contralor del Estado

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El Universo .- El presidente de la mesa de Transparencia, Patricio Chávez (RC), pidió a Henry Kronfle, presidente del Legislativo, primero fiscalizar el concurso. La bancada del movimiento correísta, Revolución Ciudadana (RC), articuló tres acciones para evitar la posesión del nuevo contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado, anunciada para el próximo martes, 28 de noviembre, ante el pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano, afirmó que la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado estuvo a cargo del CPCCS, que el proceso culminó y que el ganador ha sido notificado; por lo tanto, y por expreso mandato legal y constitucional, la Asamblea Nacional debe posesionarlo. De acuerdo a lo programado por la administración de Henry Kronfle, la ceremonia de posesión del nuevo contralor, Mauricio Torres, se realizará el martes 28 de noviembre en el salón Nela Martínez. La convocatoria a la sesión se publicará este domingo, 26 de noviembre. Pedidos de RC La bancada de RC, a través del asambleísta Patricio Chávez, quien preside la comisión legislativa de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, pidió al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, suspender la posesión de la máxima autoridad de la contraloría designada hasta que se realice un proceso de fiscalización del concurso. Chávez también convocó para el lunes 27 de noviembre, un día antes de la posesión, a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con el objeto de que expongan información referente al concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría. En las comparecencias también consta una lista de expostulantes del concurso, exintegrantes de la comisión de selección, consejeros del CPCCS y el expresidente del Consejo Alemberg Vera para que en su calidad de exconsejero exponga información referente a concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría. Chávez Zavala, que pertenece a la bancada de RC, también solicitó a la presidenta del CPCCS, Nicole Bonifaz, que remita la información y documentación relacionada y generada en el concurso de méritos y oposición para seleccionar y designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. En esa información se deberán incluir todas las denuncias recibidas sobre el concurso y las contestaciones dadas a ellas; además, las 2.000 preguntas con sus respectivas respuestas preparadas para los postulantes en relación con el concurso. El asambleísta Chávez, al dirigirse al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para pedir que se suspenda la posesión del contralor, asegura que hasta su despacho llegó información del expostulante José Ignacio Valdivieso denunciando que se ha cometido una serie de ilegalidades e irregularidades dentro del concurso que han sido denunciadas. Y advierte que, al no dar paso a la fiscalización del concurso, se estaría incumpliendo su deber de fiscalización e inobservando “los principios de transparencia y seguridad jurídica que tanto exige la ciudadanía en el actuar de la Asamblea Nacional”.

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Bancadas ADN y Construye no apoyarán amnistía para excanciller Ricardo Patiño

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El Universo .- La solicitud de amnistía se presentó en enero de 2023 y se tramita en la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por la legisladora Paola Cabezas. Las bancadas Acción Democrática Nacional (ADN) y Construye no respaldarán ninguna resolución que implique conceder la amnistía a Ricardo Patiño, excanciller en el gobierno de Rafael Correa. En enero de 2023, Patiño presentó una solicitud de amnistía ante la Asamblea Nacional porque afecta su derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y a la resistencia frente a las políticas del gobierno de Lenín Moreno. El excanciller fue procesado en Ecuador por el delito de instigación cometido en octubre de 2018, en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, con ocasión de una reunión del movimiento Alianza PAIS, al que se pertenecía, y en la reunión abría señalado que “la resistencia es combativa”. El pedido de amnistía se tramita en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad cuya presidenta, Paola Cabezas (RC), señaló que revisará todo lo que está pendiente en la mesa para definir las prioridades y, entre ellas, la solicitud de amnistía realizada por su coideario Ricardo Patiño. El legislador Ramiro Vela, que conforma la bancada de gobierno Acción Democrática Nacional (ADN), dijo que el pedido de amnistía planteado por Patiño no tiene ni pies ni cabeza, porque está equivocado; sin embargo, aclaró que se debe tramitar la solicitud, pero inmediatamente se debe tomar una decisión de que el proceso no debe continuar, aunque finalmente es el pleno quien toma la decisión. Señaló que la intención de la Asamblea Nacional de conceder amnistías no es el concepto que ADN había planeado para la nueva Asamblea. Además, se tendrá que revisar bien si el expediente cumple con las causales para una amnistía, anotó. El representante de la bancada Construye, Paúl Buestán, anunció que se opondrán a la amnistía a favor de Ricardo Patiño, sobre todo, por un tema de consecuencia con el pueblo ecuatoriano. Es impresionante, dijo, que cuando el país vive temas se inseguridad, impunidad y corrupción, ahora están preocupados por las amnistías. No es factible conceder la amnistía porque creemos que la justicia es la que debe operar frente a lo que hizo Patiño, que es instar a una rebelión y eso no es objeto de una amnistía, indicó Buestán. Para el legislador de Construye, hablar de la amnistía a favor del correísta Ricardo Patiño es parte del pacto político y solo será cuestión de tiempo.

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En el caso del exasambleísta Peter Calo: tribunal establece una reparación de $ 270.000 al Estado y un monto de $ 10.000 a la víctima de violación

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El Universo .- El abogado penalista Pablo Encalada cuestionó que el Estado sea 27 veces más víctima que quien sufrió la violación. El tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció el 23 de octubre pasado a 19 años de cárcel al exasambleísta Peter Calo (Pachakutik) por el delito de violación. También, como reparación, deberá indemnizar a la víctima de violación con un monto de 10.000 dólares, pero para el Estado fijó un valor de 270.000 dólares, es decir, 27 veces más. El analista jurídico Pablo Encalada calificó como un absurdo la diferencia de la reparación económica de esta sentencia: “Los absurdos de nuestra justicia. La condena de cárcel muy bien. Pero la reparación ridícula: 270.000 al Estado y 10.000 a la víctima, es decir, el Estado es 27 veces más víctima que quien sufrió la violación”, publicó en su cuenta de X. “La mayoría de los delitos son de acción pública, entonces significa que el Estado se hace cargo de la acusación y del juzgamiento. En este caso la Fiscalía tiene que activar y presentar las acusaciones, es decir, el Estado se apropia del conflicto, en este ejercicio la víctima es como invisibilizada, este es uno de los problemas de este sistema que tenemos”, asegura a EL UNIVERSO. De ahí el absurdo de que se haya establecido una reparación económica mayor al Estado que la asignada a la propia víctima. “No puede ser posible que se establezca esta disparidad, 27 veces más de reparación al Estado que a la víctima, quizás el tribunal no pensó en ella”. La Constitución del 2008 indica que se mantiene el sistema en el cual el Estado persigue, pero la víctima no puede quedar a un lado por lo que se reconoce el derecho de esta última. “El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dictado en 2014 dice que la víctima tiene un rol fundamental en el proceso penal y una de las finalidades más importantes es obtener la reparación. Normativamente está bien el asunto, pero en la práctica, cuando suceden estas cosas en la que quien sufre la víctima es la mujer, no puede ser posible que la reparación sea mayor al Estado, no hay una consecuencia con lo que establece la Constitución”, dice Encalada. Lo que pudo ocurrir, agrega, es que el tribunal se centró en establecer la culpabilidad y no se detuvo a pensar en la víctima. “Aquí se falta al derecho de reparación”. La víctima puede plantear una apelación y el tribunal superior podría cambiar esta diferencia, agrega. De forma unánime, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova (ponente), Rita Bravo y Luis Rivera decidieron imponer la pena de 19 años de reclusión mayor al exasambleísta Peter Calo, quien fue encontrado como autor directo del delito de violación. La decisión fue dada la mañana de este lunes 23 de octubre, a seis meses de abierto el proceso judicial contra quien en ese momento era legislador en funciones.

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Daniel Noboa definió agenda de seguridad y economía con los asambleístas de ADN

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El Universo .- El presidente electo se reunió con los asambleístas elegidos, para trazar las prioridades del plan de gobierno y la gestión en la Asamblea Nacional. Delinear la hoja de ruta para la ejecución del plan de Gobierno y el trabajo en la nueva Asamblea Nacional, teniendo como prioridad los temas de seguridad y reactivación económica, fue el eje central de la reunión que mantuvo el presidente electo Daniel Noboa con los 14 asambleístas electos de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN). El encuentro se desarrolló la tarde del jueves 18 de octubre, en el hotel River Garden, en el centro de Guayaquil, un día antes del viaje a España e Italia, a donde partió el jueves 19. El mandatario electo estuvo acompañado de Iván Carmigniani, estrega de la campaña presidencial y futuro secretario de Comunicación de la Presidencia, y también Katherine Gatfer, parte del equipo de comunicación. Una de las disposiciones que dio Noboa a su bancada legislativa fue que continuar el trabajo “en la calle, en los territorios”. “El presidente sí pidió que nadie baje los brazos, que tenemos que seguir llevando el mensaje. Y, sobre todo, armar nuestra agenda sobre lo prioritario, que las líneas ya están trazadas. Por eso fue la reunión, para que cada uno defina el tema de las prioridades de los proyectos”, explicó Jonathan Parra, asambleísta electo por Guayas. En materia de seguridad se trató el Plan Fénix, que abarca la implementación de una política de paz y bajar la criminalidad. Parra adelantó que se plantearán reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para endurecer las penas en ciertos delitos. Prefirió no mencionar todavía para qué delitos se propondrá esto. Así mismo, indicó que el trabajo en la nueva Asamblea se enfocará en el tratamiento del rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas en la seguridad del país; y fiscalizar a funcionarios judiciales. Dentro del tema de empleo, Parra anunció que se impulsará el proyecto de Ley María, dirigido a apoyar a los emprendimientos, especialmente de mujeres y jóvenes. En salud, la iniciativa se denominará Ley Adán, que contempla atención para enfermedades catastróficas. Sobre los acercamientos con otras organizaciones políticas, de cara a buscar consensos, Jonathan Parra dijo a este Diario que los integrantes de ADN van a “seguir escuchando a todos los sectores”. “Nuestra línea no es el apoyo de facto, de la regalada gana o de repartos. Eso no. Pero sí acuerdos con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, para ejecutar un proyecto que no tiene violación de derechos, no tiene regresión de los mismos”, dijo Parra y anticipó que la alianza ADN apoyará a los proyectos de otras bancadas que contengan “cosas positivas para el pueblo”, en seguridad, generación de empleo y jóvenes. Añadió que por disposición del presidente electo los acercamientos serán “con las bancadas de quieran sumarse a la propuesta de seguridad y generación de empleo”. Aclaró que en la búsqueda de acuerdos no se ha condicionado a ninguna organización política. “Nuestras líneas rojas serán con los que quieren el odio, la división, la corrupción, el pasado, porque nadie en el Ecuador quiere eso”, precisó. El asambleísta electo indicó que la próxima semana habrá una nueva reunión técnica con Daniel Noboa, una vez que el nuevo mandatario regrese de su viaje por Europa. Se mostrarán los avances en los proyectos que se piensan impulsar.

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El correísmo pide al ministro Juan Zapata que le dé información sobre el crimen de Fernando Villavicencio

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El Universo .- Roberto Cuero, asambleísta electo por el distrito 1 de Guayas, presentó una acción constitucional de acceso a la información pública con la que pide a Juan Zapata, ministro del Interior, que entregue información sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que ocurrió el pasado 9 de agosto. Cuero, quien es adherente del movimiento Revolución Ciudadana (RC), lista 5, señaló en una rueda de prensa, este 26 de septiembre, que el motivo de la acción es que “no hay transparencia” sobre la investigación del crimen de Villavicencio, del cual se acusó al movimiento y los “perjudicó”. Según él, si Villavicencio no hubiese muerto, su bancada y su aspirante a la Presidencia, Luisa González, habrían ganado en primera vuelta. “Si fueron capaces de asesinar a un candidato presidencial para perjudicarnos en la primera vuelta, son capaces de inventar cualquier cosa para perjudicarnos en la segunda vuelta. Por eso, hoy he presentando una acción constitucional de acceso a la información pública para que se esclarezca este hecho execrable y me entreguen como ciudadano y asambleísta electo de la provincia de Guayas la información pertinente para estas investigaciones“, subraya. Asimismo, denunció que en la mañana de este 26 de septiembre recibió una citación para que rinda su versión por un supuesto acto de intimidación en Latacunga, provincia de Cotopaxi, y que esas acciones “están perjudicando al movimiento con distracciones”. “Es increíble. Yo tengo años que no voy a Latacunga y me llega a mi casa una citación si ningún tipo de fuero de un fiscal regular, de acciones rápidas para que rinda mi versión en Latacunga. Cuidado con los fuegos pirotécnicos, cuidado con los chats de falsos positivos, cuidado con que se inventen cosas para tratar de incidir en la voluntad popular. Ya lo vivimos en la primera vuelta y están tratando, con actos como este, con falsos positivos y chats inventados, torcer la voluntad del pueblo. Si no hubiera sido por la muerte del señor Villavicencio, nuestra bancada, nuestra Revolución Ciudadana y nuestra candidata hubiera ganado en la primera vuelta. Están creando la distracción, están generando este tipo de situaciones porque ya se acerca la segunda vuelta y saben que les vamos a ganar. Por eso, están buscando hacer lo mismo que en la primera vuelta”, asevera. Ronny Aleaga, exasambleísta por la RC, quien intervino en el evento de forma virtual, indicó que respalda las acciones que están realizando como movimiento para que “la verdad brille”, y agregó que presentará una demanda contra los “malos funcionarios que se han vendido al poder de turno”. “De mi parte, respaldar las acciones que estamos realizando para que la verdad brille al final de la oscuridad, porque tenemos la responsabilidad histórica de exigir a la justicia acciones claras y, sobre todo, responsabilidad dentro de las investigaciones. Nosotros tenemos que denunciar estos falsos positivos que está tratando de armar el Gobierno que ya está saliendo, el de Guillermo Lasso. En el tema de los falsos positivos están los funcionarios policiales y quienes les han dado las órdenes; por eso, el día de hoy presentaré una denuncia contra aquellos malos funcionarios que se han vendido y han vendido su alma al poder del turno, con las pruebas contundentes que demuestran que este es un nuevo mamotreto para tratar de salvar su responsabilidad y desviar la atención”, manifestó. Tanto Cuero como Aleaga dijeron que responsabilizan de su seguridad e integridad de su familia al Gobierno. “Desde ya, como siempre lo he hecho, con frontalidad responsabilizo de mi seguridad, de mi vida y de mi familia al Gobierno nacional, a los altos mandos policiales y a los funcionarios policiales que supuestamente están a cargo de las investigaciones. Las pruebas serán contundentes y no van a doblegar la voluntad popular”, expresó Aleaga. Cuero dijo también: “Hago responsable al Gobierno y al ministro del Interior de cualquier cosa que me pase a mí a mi integridad y a la de mi familia. No jueguen con fuego, no jueguen con la voluntad del pueblo. Aquí estaremos y aquí estamos dando la cara”.

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Construye promoverá en la Asamblea la creación de una comisión para investigar el crimen de Fernando Villavicencio

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El Universo .– El movimiento político anunció las primeras acciones que emprenderá en el nuevo Parlamento y dio a conocer los nombres de quienes conformarán su bancada. Tras ubicarse como la segunda fuerza política, de acuerdo con los resultados de las elecciones legislativas anticipadas, el movimiento Construye, lista 25, anunció las cuatro primeras acciones que emprenderá en la Asamblea Nacional, para el periodo 2023-2025. La agrupación política tendrá 29 escaños en el Parlamento. La principal será proponer la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones del asesinato de Fernando Villavicencio, quien fue candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Construye, en alianza con el movimiento Gente Buena. Luego de su muerte, Christian Zurita lo reemplazó en la contienda presidencial, alcanzando el tercer puesto en las elecciones, con el 16,6 %.   Villavicencio fue abatido por sicarios la tarde del 9 de agosto, luego de participar en evento de su campaña electoral, en una institución educativa de Quito.   “Fieles al mandato de sus electores, nos aseguraremos de que su muerte no quede en la impunidad”, prometió la organización política, a través de un comunicado publicado la tarde de este martes 22 de agosto.   La siguiente acción estará enfocada en aprobar los proyectos de ley de extinción de dominio, inteligencia y contrainteligencia, y las reformas necesarias para la depuración de la fuerza pública y la administración de justicia, y la eliminación de rebajas penitenciarias para delincuentes peligrosos. Como tercer punto promoverán medidas para impulsar la creación de empleo. Y, por último, se mantendrán acercamientos y conversaciones con todas las fuerzas democráticas.   “Nunca negociaremos con las mafias y sus aliados”, dice el comunicado, aunque no se precisa a qué agrupaciones políticas se refiere.   El movimiento Construye publicó la lista de legisladores que conformarán su bancada en la Asamblea, entre los cuales están Patricio Carrillo y Jaime Moreno (nacionales), Francisco Cevallos (Guayas), Viviana Zambrano (Manabí), Sofía Sánchez (Azuay), Jorge Peñafiel (Pichincha), Ana Galarza (Tungurahua).

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Arranca la campaña electoral para los candidatos a asambleístas provinciales calificados para los comicios del 20 de agosto

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El Universo .– La campaña que inicia este 8 de agosto concluirá el próximo 17 de agosto y posterior a ello será el silencio electoral hasta el día de los comicios. Este 8 de agosto inicia oficialmente la campaña electoral de las candidaturas de asambleístas provinciales que participarán en las elecciones anticipadas 2023 que se desarrollarán el 20 de agosto próximo.   La campaña electoral se extenderá hasta el jueves 17 de agosto y al siguiente día inicia el silencio electoral hasta el día de los comicios.   El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), certificó al Consejo Nacional Electoral (CNE), que no existen recursos pendientes por resolver y que las listas de asambleístas provinciales se encuentran en firme.   El último recurso que se tramitaba en el TCE, sobre las candidaturas a asambleístas de la circunscripción 1 Norte de Manabí, fue archivado y por lo tanto, se negó la inscripción de las candidaturas que reclamaba la alianza ADN, listas 4-35.   Los jueces, en el expediente, verificaron que la resolución tomada por el Consejo Nacional Electoral el 26 de julio de 2023, no vulneró los derechos de participación de la organización política, sino que por el contrario, habiendo sido notificados, en legal y debida forma, y habiéndoseles otorgado el plazo legal para subsanar la falta de requisitos, éstos no fueron cumplidos de manera íntegra, sin que pueda evidenciarse omisiones que limiten el derecho de participación. Según el Calendario Electoral, la campaña de binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior se extenderá hasta el jueves 17 de agosto de 2023. La campaña electoral de los ocho candidatos presidenciales inició el 13 de julio pasado una vez que las listas quedaron en firme.     En tanto que la campaña electoral de los candidatos a asambleístas nacionales inició el 3 de agosto pasado luego de que el TCE concluyó la etapa de evacuación de recursos en contra de la candidatura de Patricio Carrillo, del movimiento Construye Lista 25.

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Recusación de Patricio Carrillo contra juez electoral fue aceptada por el TCE

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El Universo .- El juez Richard González publicó un tuit en contra de Carrillo en marzo de 2022. Un mensaje publicado en Twitter en contra de la designación de Patricio Carrillo como ministro del Interior, fue la razón por la que el juez electoral suplente Richard González fue removido como sustanciador de la causa que impulsa Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, para impedir que Carrillo sea candidato a la Asamblea Nacional en las elecciones anticipadas por el movimiento Construye, lista 25. La separación de González de la causa fue decidida la noche del miércoles 19 de julio por el pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con tres votos a favor y dos votos salvados, con lo cual se aceptó la recusación planteada por Patricio Carrillo en contra de Richard González.   Según la resolución aprobada por el TCE, González incurrió en “enemistad manifiesta”, al haber publicado un mensaje en su cuenta personal de Twitter, el 29 de marzo de 2022, en el cual expuso: “Montaje judicial. Aquí está la razón por la que montaron un fraude judicial al exdefensor del Pueblo Freddy Carrión. Una afrenta para las víctimas sería nombrar a Patricio Carrillo como ministro. Es hora de reclamar a la Fiscal General Diana Salazar por qué no ha investigado”.   El texto fue parte de las pruebas que presentó Carrillo para evidenciar que el juez electoral tendría un conflicto de intereses y podría no ser imparcial al momento de sustanciar la causa que promueve la titular de la Revolución Ciudadana.   Otra prueba fueron trinos que compartió González que fueron emitidos por el Colectivo Acción Jurídica Popular -organización a la que pertenecería el juez, según Carrillo-, en los que también se expresaron críticas hacia el exministro del Interior. Sin embargo, esto último fue descartado por el TCE debido a que no se puede atribuir la autoría de esos mensajes al juez recusado. González se dio por notificado con la recusación el 15 de julio, “sin embargo, no ha dado contestación a los cargos dentro de los tres días determinados”, precisó el juez Fernando Muñoz, presidente del TCE y quien atendió la recusación.   Los votos salvados de la resolución provinieron de los jueces electorales Ivonne Coloma y Roosevelt Cedeño.   Coloma argumentó que el tuit de González, de marzo de 2022, es ajeno al actual contexto de las elecciones anticipadas; en ese sentido, dijo que el recusante no ha podido demostrar un supuesto conflicto de intereses.   Por su parte, Cedeño aseguró que no hay faltas evidentes ni manifiestas. Además comentó que “al parecer hay algo oscuro” de parte de Patricio Carrillo para apartar a González de la causa en su contra.   Con la decisión de la mayoría del pleno del TCE el expediente de la causa volverá la Secretaría del organismo para sortear y elegir a un nuevo juez sustanciador.   El proceso en cuestión tiene que ver con un recurso subjetivo que interpuso Marcela Aguiñaga, con el argumento de que Patricio Carrillo está impedido de participar en los comicios del 20 de agosto, debido a que en febrero de este año la Asamblea Nacional, a través de un juicio político, lo censuró por incumplir funciones cuando fue ministro del Interior. Con ello, quedó impedido de ejercer cargos en el sector público por dos años.

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Dispersión de movimientos resultará en una Asamblea Nacional sin mayorías

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La Hora .– De 18 países, Ecuador y Argentina son los que más número de organizaciones políticas registran. Las elecciones anticipadas presidenciales y legislativas que organiza el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 20 de agosto de 2023, dejan en evidencia la crisis de los partidos políticos en Ecuador.   De acuerdo con un reporte del CNE, al menos 33 movimientos inscribieron aspirantes para asambleístas entre nacionales y provinciales y hay nueve alianzas. Así, el Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Sociedad Patriótica (PSP), la Izquierda Democrática, la Revolución Ciudadana, Pachakutik, Centro Democrático y otros, buscan mantenerse a flote, en medio de una oleada de movimientos que buscan espacios en el próximo periodo legislativo.   Esta dispersión resultará en una Asamblea sin mayorías, y el Presidente de la República que resulte electo tendrá que enfrentar un Parlamento altamente dividido.   Fuentes del CNE alertan que los movimientos pequeños han proliferado en estas elecciones. Esto era lo que se buscaba evitar con la pregunta 5 de la consulta popular que planteó, en febrero de 2023, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso, pero que no tuvo el apoyo de la población en las urnas.   El Gobierno buscaba un mayor control de los movimientos políticos.   ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?, decía la pregunta que no tuvo el respaldo ciudadano.   La interrogante planteaba reducir el negocio electoral con una enmienda que establecía requisitos más estrictos para la conformación de movimientos, sin importar su alcance territorial, y evitar que el Estado siga destinando altos presupuestos para la promoción y financiamiento de las organizaciones políticas.   El sistema actual El sistema de partidos permite que en 205 de los 221 cantones se requiera menos de 100 adherentes para existir; en 80 cantones menos de 100; en 125 menos de 100; mientras que en 14 cantones menos de 500, y en 2 cantones menos de 1.500.   Esto ocasiona un riesgo de dispersión del voto, pero una vez inscrito, el Estado debe entregarles un fondo público a sus candidatos, señala el texto con las argumentaciones que, en su momento, planteó el Gobierno para defender su propuesta de consulta popular.   Entre 2013 y 2021, el Estado desembolsó $122’519.359 como “fondo de promoción electoral” para fomentar las propuestas de los candidatos de partidos y movimientos en tiempos de campaña.   Existe una disparidad en los requisitos de inscripción entre los partidos y movimientos políticos. Aunque ambos deben presentar mínimo un 1,5% de respaldos del padrón electoral, para los partidos eso implica 201.751 afiliados. Pero los movimientos pueden presentar solo 20.175 adherentes permanentes y 181.576 adherentes o simpatizantes. (SC)   La representación ciudadana no se garantiza Actualmente existen 272 movimientos políticos en Ecuador, pero eso no garantiza la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros. Por el contrario, son agrupaciones que le cuestan al Estado millones de dólares en inversión,   Otro rubro que la Ley Electoral ordena cancelar a las agrupaciones políticas es el Fondo Partidario Permanente (FPP) que consta en el Presupuesto General del Estado.   El artículo 356 del Código de la Democracia dice que las agrupaciones políticas recibirán los recursos del Fondo Partidario si obtuvieron el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a escala nacional o, al menos, tres representantes en la Asamblea Nacional, o el 8% de alcaldías, o mínimo una concejalía en el 10% de los cantones del país. Solo para el pago del FPP de las tres últimas elecciones, el estado asignó cerca de $9 millones a las organizaciones políticas.   Alianzas inscritas Somos Alianza 18-33 Alianza Napo sin miedo Alianza de la Renovación Alianza el progreso no se detiene Alianza Unidos Seguridad y Progreso Alianza RC-Sumac Yuyay 62 PSC-Madera de Guerrero Alianza Seguros Haciendo Historia RC-MAR Alianza Unidos Somos Más Algunos movimientos inscritos Movimiento Cívico por Ambato Movimiento Peninsular Creyendo en nuestra gente de Santa Elena. Movimiento Provincial únete de Santa Elena Movimiento Social del Carchi. Movimiento Amauta Yuyay de Loja Azuay sin Miedo Unidos por el Azuay Movimiento Político Semilla de Pastaza Movimiento Somos Bolivarenses Por la Unidad Provincial de Bolívar Movimiento Intercultural Gente Activa Movimiento Tsáchila Movimiento Sucumbíos Tierra de Valientes Futuro y Esperanza de Azuay

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Todo el bloque correísta que actuaba en la Asamblea Nacional disuelta quiere volver al Parlamento

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El Universo .- Hay 46 exlegisladores inscritos en el CNE, de los cuales dos van como suplentes en El Oro y Guayas; no participará Ronny Aleaga.   Son 46 exasambleístas del correísmo, que conformaban la bancada Unión por la Esperanza (UNES) en la Asamblea Nacional disuelta el 17 de mayo de 2023 por el presidente Guillermo Lasso, los que pretenden regresar al Parlamento tras los comicios del 20 de agosto próximo. De ellos, dos se inscribieron como suplentes.   Las candidaturas de los 44 aspirantes a legisladores principales esta vez estará cobijada por el casillero 5 del movimiento Revolución Ciudadana (RC), y su propuesta busca anclarse al plan de gobierno que presentó la candidata presidencial de esa organización política, Luisa González, quien también fue asambleísta en el periodo 2021-2023.   El único exasambleísta del correísmo que no se inscribió como candidato fue Ronny Aleaga, cuya actuación en el Parlamento fue polémica y motivó algunas acciones judiciales en su contra.   Gisella Garzón, exlegisladora y aspirante a primera asambleísta en Pichincha por la circunscripción 4, explica que para tomar la decisión de volver a participar fueron sometidos a un proceso de evaluación. Para ello, el buró nacional de la organización política estableció parámetros que incluían producción legislativa, pedidos de información, presencia de vocería en medios y presencia territorial.   Luego de analizarse estos parámetros se establecieron los ajustes en las listas. Por ejemplo, en la provincia de El Oro, Carlos Zambrano renunció al cargo de asambleísta para ser candidato a prefecto y asumió su alterna, Noemí Cabrera. Esta vez, la primera candidatura será para un hombre (Cristhian Vega Quezada) y se mantuvo a Cabrera como la primera alterna, y la segunda candidatura principal será para la exlegisladora María Fernanda Astudillo. Algo similar ocurrió en la provincia del Guayas, donde Walter Gómez será alterno de Alexandra Arce, que también había renunciado para ser aspirante a la Alcaldía de Durán. La asambleísta Garzón reveló que el expresidente Rafael Correa consideró que la decisión de la muerte cruzada tomada por el Gobierno era un triunfo de la bancada de los 47 exasambleístas y que, por la firmeza demostrada en el último año, volverían a estar en las listas de candidatos.   La agenda que identificará a este grupo de legisladores tiene anclaje directo con el plan de trabajo del binomio presidencial de la lista 5, que entre otras cosas tiene pendiente en seguridad el trámite de la enmienda al artículo 158 de la Constitución de la República.   También tratará temas relacionados con la banca, reformas laborales y educación. Pero la misión que tienen es evaluar los decretos leyes que emitirá Lasso una vez que se posesionen.   Lo que busca RC en las elecciones del 20 de agosto es ampliar el número de legisladores para el resto del periodo legislativo.   Pierina Correa, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales, señala que tienen algunas propuestas para la Asamblea y que primero está recuperar el Código Orgánico de la Salud; también aplicar reformas al Código de Trabajo, aprobar el Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Copinna), que en dos años no avanzó a presentarse el informe para segundo debate, y leyes a favor del campo y de la economía popular.   Respecto a seguridad, sostuvo que la prensa no ha reflejado el trabajo de la Asamblea: “Hemos aprobado once leyes vinculadas a la seguridad. El problema no es que no hay leyes: no hay Gobierno y voluntad del presidente para implementar las once leyes sobre seguridad”.   Pierina Correa propone recuperar el Consejo de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia, porque gracias a la investigación y al seguimiento continuo se podían identificar con tiempo posibles focos de problemas y se podían tapar. Lista de exasambleístas inscritos por RC N.° Nombres Representación 1 Fernanda Méndez Rojas Azuay 2 Blasco Luna Arévalo Cañar 3 José Luis Vallejo Carchi 4 Patricia Núñez Ramos Chimborazo 5 Ana Cecilia Herrera Cotopaxi 6 María Fernanda Astudillo El Oro 7 Noemí Cabrera Chacón El Oro – suplente 8 Lenin Lara Rivadeneira Esmeraldas 9 Patricia Mendoza Jiménez Esmeraldas 10 Sofía Espín Reyes Guayas 11 Roberto Cuero Guayas 12 Victoria Desintonio Guayas 13 Ferdinan Álvarez Zambrano Guayas 14 Alexandra Arce Guayas 15 Walter Gómez Guayas – suplente 16 Ana María Raffo Guayas 17 Xavier Jurado Guayas 18 Pamela Aguirre Zambonino Imbabura 19 Johanna Ortiz Villavicencio Loja 20 Ronal González Valero Los Ríos 21 Mónica Salazar Los Ríos 22 Raisa Corral Álava Manabí 23 Lenin Barreto Zambrano Manabí 24 Vanessa Álava Moreira Manabí 25 Lyne Miranda Giler Manabí 26 Fernando Cedeño Rivadeneira Manabí 27 María Gabriela Molina Manabí 28 Joao Acuña Figueroa Manabí 29 Mariuxi Sánchez Sarango Orellana 30 Marcela Holguín Naranjo Pichincha 31 Jhajaira Urresta Guzmán Pichincha 32 Gisella Garzón Pichincha 33 Jahiren Noriega Pichincha 34 Lenin Merca Cedeño Santa Elena 35 Viviana Veloz Ramírez Santo Domingo 36 José Chávez Valencia Santo Domingo 37 Comps Córdova Sucumbíos 38 Rosa Mayorga Tapia Tungurahua 39 Pierina Correa Delgado Nacional 40 José Agualsaca Guamán Nacional 41 Paola Cabezas Castillo Nacional 42 Ricardo Ulcuango Farinango Nacional 43 Mauricio Zambrano Valle Exterior 44 Gustavo Mateus Acosta Exterior 45 Esther Cuesta Santana Exterior 46 Mónica Palacios Zambrano Exterior

Todo el bloque correísta que actuaba en la Asamblea Nacional disuelta quiere volver al Parlamento Leer más »

11 exasambleístas, sin respaldo de Pachakutik para elecciones anticipadas

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El Comercio .- Al menos 13 resoluciones se tomaron en el Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Entre ellas destaca que 11 exasambleístas ya no contarán con el respaldo de Pachakutik. No podrán volver a ocupar una dignidad en la Asamblea Nacional ni en ninguna otra dignidad de elección popular del movimiento indígena Pachakutik (PK).   Se trata de los exlegisladores cesados: Gissela Molina, Mario Ruiz, Édgar Quezada, Ricardo Vanegas, Guadalupe Llori, Rafael Lucero. En la lista también están Jessica Castillo, Cristian Yucailla, Rosa Cerda, Efrén Calapucha y Solfía Sánchez.   La principal razón de haberles quitado la representación es por el supuesto apoyo que dieron al gobierno del presidente Guillermo Lasso.   Candidatos nuevos para elecciones anticipadas Los candidatos a la Legislatura, según lo acordado en el Consejo Ampliado, deben ser cuadros nuevos que permitan retomar el proyecto político colectivo.   Las organizaciones que lucharon en los levantamientos del 2019 y 2022 deben integrar las listas de candidatos nacionales y provinciales para la Asamblea Nacional.   Estos organismos son: FEINE, Fenocin, Conaie, Yasunidos, sindicatos, feministas, ecologistas, víctimas de los paros nacionales y otras estructuras.   Apoyo a exasambleístas afines En la reunión de la Conaie también se resolvió apoyar la reelección para las elecciones anticipadas del 20 de agosto del 2023 de los exlegisladores que “respetaron las resoluciones colectivas de las estructuras de base”.   Nueve de los 23 exasambleístas de este bloque apoyaron la destitución del presidente Guillermo Lasso. Entre ellos estaban: Darwin Pereira, Dina Farinango, Salvador Quishpe, Fernando Cabascango.   También estuvo Pilar Llano, asambleísta alterna de Peter Calo, quien enfrenta un proceso por el presunto delito de violación a una joven de 19 años.   Hasta ayer, 27 de mayo del 2023, al Consejo Nacional Electoral (CNE) llegó una solicitud de PK de Esmeraldas para primarias.

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Ronny Aleaga declina candidatura para asambleísta en las próximas elecciones legislativas anticipadas

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El Universo .- El exlegislador fue uno de los más polémicos en la última gestión de la Asamblea Nacional, disuelta por el presidente Guillermo Lasso por el Decreto 741. El exlegislador Ronny Aleaga, del bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES), mediante un comunicado declinó su participación como candidato a asambleísta en las elecciones anticipadas de agosto.   Aleaga fue uno de los legisladores polémicos en su gestión. En junio de 2022, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador le notificó el retiro de la visa tras una denuncia por una fotografía en la que aparecía en una piscina junto con Xavier Jordán, implicado en un caso de delincuencia organizada en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil y prófugo desde el 2020. Entre la docena de acusados figuran también Daniel Salcedo, Jacobo Bucaram y Paúl Granda, expresidente del directorio del seguro social. Jordán ha sido relacionado además con Leandro Norero, alias el Patrón, quien fue asesinado en octubre de 2023 mientras permanecía detenido en la cárcel de Latacunga.   Aleaga mantuvo algunos enfrentamientos verbales con los asambleístas afines al Gobierno, como Fernando Villavicencio, con quien mutuamente se denunciaron en la Fiscalía General del Estado y ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), del que el exlegislador correísta era integrante.   En su carta hecha pública la noche del 24 de mayo, Aleaga señala que el ejercicio de la política desde su curul, en representación de la provincia del Guayas, lo hizo con gran responsabilidad, fiscalizando y generando leyes que favorecen a la gente.   Que en el servicio público todos los cargos siempre están a disposición de los mandantes; por ese motivo, toma la decisión de declinar su participación como candidato a asambleísta en las elecciones anticipadas que se llevarán a cabo en el mes de agosto. “Es el momento de que otros compañeros, con igual convicción de amor por la patria, puedan aportar mucho en la Asamblea Nacional”, indica en la misiva. Aclara que sigue siendo militante de la Revolución Ciudadana y compromete su apoyo al binomio presidencial de esa tienda política.

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Virgilio Saquicela reconoce que no son legisladores, pero exige un pronunciamiento inmediato a la Corte Constitucional sobre la muerte cruzada

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El Universo .- Saquicela reaccionó en la tarde de este 17 de mayo, junto a diez exlegisladores, frente a la aplicación de la muerte cruzada. En una rueda de prensa y acompañado de diez exasambleístas de las bancadas Partido Social Cristiano, Pachakutik-Conaie e Independientes, el expresidente de la Asamblea Virgilio Saquicela reconoció que ya no son legisladores por efectos del Decreto Ejecutivo 741, aunque se haya aplicado indebidamente.   Pero exigió a la Corte Constitucional (CC) que se pronuncie de inmediato ante los pedidos de medidas cautelares presentadas en tres acciones de inconstitucionalidad al Decreto 741 que disolvió la Asamblea Nacional, este 17 de mayo.   Saquicela cuestionó la decisión del primer mandatario por las razones que dicta la disolución de la Asamblea, pues afirmó que el Parlamento no obstaculizó el plan de desarrollo nacional ni tampoco se han devuelto leyes, y otras leyes no pasaron por el contrapeso de poderes.   Señaló que los antecedentes o la motivación, expuestos en el Decreto, no se compadecen con la resolución que llevó a disolver la Asamblea Nacional; por ello, dijo que la Corte Constitucional debe pronunciarse con medidas cautelares. “Exigimos que se pronuncie de inmediato porque es un tema de interés nacional, no para que vuelvan los legisladores a la Asamblea Nacional, sino para respetar el Estado de derecho y la institucionalidad, se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución”.   Saquicela anticipó que serán respetuosos de lo que diga la Corte Constitucional, pero que “debe pronunciarse ya, sobre la marcha, entre mañana o pasado y hacer respetar el Estado de derecho y el sistema constitucional”. En representación de los once legisladores presentes en la rueda de prensa, Saquicela indicó que son respetuosos del marco constitucional, que “la figura de la muerte cruzada o disolución del Parlamento está en la Constitución, y si se aplica así sea indebidamente e inconstitucionalmente está vigente; por lo tanto, este rato no son legisladores”.   Sostuvo que llevar a juicio al jefe de Estado tras un dictamen de la Corte Constitucional responde a una tarea de fiscalización y no es ir contra la institucionalidad, que el jefe de Estado debía ir hacia la votación. “Cuando se asustó al oír las intervenciones de los legisladores, en el transcurso de la noche, cuando vio que la voluntad soberana delegada a los legisladores era de que se vaya a la casa por el tema de peculado y obviamente porque se mueren los ecuatorianos por falta de salud y porque viabilidad está destrozada en el país, toma la salida más fácil de irse tres meses a la casa, si es que el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones en los próximos días y si la Corte Constitucional no aplica la Constitución”.   Aclaró que no se aferran a un puesto, pero que si las circunstancias disponen pondrán a disposición sus nombres para que el pueblo ecuatoriano los elija o no. “De lo que sí estoy consciente es de que el actual mandatario por más que lo pongan no será electo”.   Virgilio Saquicela reiteró que este es un caso de interés nacional, por ello la Corte Constitucional tiene que tramitar de manera inmediata los recursos de inconstitucional presentados con medidas cautelares.   Si la Corte Constitucional deja sin efecto el Decreto 741, lo lógico será que el Parlamento se reinstale de manera inmediata y con ello continuará con el juicio político al presidente Guillermo Lasso, que se suspendió en la etapa de debate y luego procede la votación, anotó.   Saquicela dijo que él presentó una acción de inconstitucionalidad con medidas cautelares al igual que Pachakutik-Conaie y los legisladores Esteban Torres (PSC) y Yeseña Guamaní (separada de la ID).   El expresidente del Parlamento señaló que las decisiones administrativas de la Asamblea Nacional quedan a cargo del administrador general, Miguel Pesántez, quien con un equipo mínimo tendrá que dar funcionamiento administrativo para resolver algunos asuntos pendientes.

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Asamblea notifica al presidente Guillermo Lasso con el juicio político

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El Universo .– La notificación se oficializó dos días después de la sesión en la que el pleno resolvió enjuiciar al mandatario por presunto peculado. Dos días después de que la mayoría del pleno aprobó dar paso al juicio político al presidente Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional notificó al primer mandatario y a los 137 legisladores con la resolución aprobada el martes 9 de mayo. La notificación se oficializó la noche del jueves 11, a través de un oficio suscrito por el secretario general de la Asamblea, Álvaro Salazar. En el documento consta un enlace con la resolución, así como el expediente íntegro de sustanciación del juicio. El llamado a juicio político se aprobó con los votos de 88 asambleístas pertenecientes a UNES, PSC, independientes, rebeldes de ID y PK. Hubo 23 en contra y 5 abstenciones. Guillermo Lasso es acusado del presunto delito de peculado, con base en el artículo 129 de la Constitución. La resolución fue impulsada por la legisladora Viviana Veloz (UNES), que también es ponente del juicio. El texto señala que “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo. Precisamente, por ello, la Asamblea Nacional acusa al presidente de la República, pues junto a Hernán Luque Lecaro (expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO) definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. Consecuentemente, el presidente de la República conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec EP”. En este caso son 92 los votos que se necesitan; es decir, cuatro más de los conseguidos para aprobar la resolución del 9 de mayo. Corren los plazos para que el Parlamento difunda el informe del proceso y luego incorpore el tema al orden del día para conocimiento del pleno, para llevar a cabo la sesión sobre la censura y destitución. Para la cesura y destitución del presidente de la República se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. Desde Carondelet se rechaza la actuación de la Asamblea y se asegura que no existen pruebas ni argumentos que justifiquen las acusaciones contra Lasso.

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Pleno de la Asamblea Nacional definirá si llama o no a juicio político al presidente Guillermo Lasso

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El Universo .– No hubo los votos para aprobar el informe motivado que presentó el grupo asesor de la Comisión de Fiscalización que recomendaba no enjuiciar al mandatario La Comisión de Fiscalización no pudo aprobar el informe motivado que recomendaba no enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y será el pleno de la Asamblea Nacional quien defina si llama o no a juicio al primer mandatario. Para ello, se necesita 70 votos. Tras seis horas de sesión, los legisladores Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova (UNES), Pablo Muentes (PSC) y Bruno Segovia (ex Pachakutik), se pronunciaron en contra del informe propuesto y que se dio lectura en la sesión este sábado 6 de mayo. A favor del informe se pronunciaron los legisladores: Ana Belén Cordero, Pedro Velasco, Marco Troya (BAN) y Fernando Villavicencio (IND). El secretario certificó que solo se registró cuatro votos a favor y cinco en contra, por lo tanto, el informe no fue aprobado e inmediatamente el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, clausuró la sesión en medio de la protesta de los asambleístas del correísmo que reclamaban que se de paso a una moción planteada por el asambleísta Comps Córdova. En cambio, la legisladora Viviana Veloz (UNES), proponente del juicio político, señaló que el informe donde no se recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, no puede pasar al pleno, porque no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización, no tuvo los votos de respaldo. Por lo tanto, dijo que se tiene que aplicar el artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa, que se refiere al hecho de que cuando no se alcanza la votación requerida en el trámite de procedimientos de fiscalización, el proceso pasa a conocimiento del pleno de la Asamblea para su correspondiente resolución. Cuestionó que el presidente de la mesa de Fiscalización haya clausurado la sesión para evitar que la moción de su coideario, Comps Córdova, sea tramitada y aprobada en la sesión, donde se recomendaba que el pleno debe conocer el juicio político y pronunciarse por la destitución y censura del primer mandatario. Ana Belén Cordero (BAN), aclaró que el informe motivado, que no necesariamente tenía que aprobarse en la Comisión de Fiscalización, pasará al pleno y lo único que cabe es que el Presidente de la Asamblea Nacional ponga a conocimiento de los 137 asambleísta el informe que no recomienda el juicio político al primer mandatario. El pleno siempre tendrá la última decisión respecto a este juicio político, sentenció. La oficialista advirtió que si el presidente Virgilio Saquicela comparte la visión de los correístas de que se debe aplicar el artículo 142, estaría incumpliendo la ley y tendría que enfrentarse también ante el incumplimiento de un dictamen de la Procuraduría General del Estado. Debate A las 15:30, concluyó la lectura del informe motivado y la legisladora, Ana Belén Cordero (BAN), presentó una moción para que se apruebe el informe motivado elaborado por el equipo asesor de la comisión que no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso. En el documento se señala que una vez analizadas las pruebas de cargo y descargo, así como la contestación a las acusaciones políticas presentadas, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, sobre la base de los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas, así como las pruebas documentales recibidas, concluye que el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, no ha incurrido en el presunto delito de peculado establecid o en el artículo 129.2 de la Constitución de la República del Ecuador. El siguiente en intervenir fue el asambleísta, Pedro Velasco (BAN), para apoyar el informe con sus conclusiones y recomendaciones, y manifestó que en este proceso de enjuiciamiento debió probarse que el primer mandatario cometió peculado, algo que no sucedió durante toda la etapa que duró 30 días. Roberto Cuero, delegado de UNES ante la mesa de Fiscalización, manifestó que los asambleístas no pueden hacer un asunto probatorio sobre peculado, porque no se trata de un juicio penal, y afirmó que no está conforme con el informe borrador y que tienen observaciones al documento y que espera que sean considerados. Su coidearia Gabriela Molina reforzó la postura de Cuero y señaló que el juicio político no tiene relación con la responsabilidad penal con el delito de peculado, pues esa facultad de determinar delitos le corresponde a la Fiscalía, que a la Asamblea Nacional le corresponde determinar responsabilidad política del Presidente de la República, y que esa fue demostrada cuando su coidearia, Viviana Veloz, pudo comprobar que el primer mandatario conocía de la firma de este contrato entre Flopec EP y Amazonas Tankers, que representaba perjuicios económicos para el Estado, pero que dejó pasar y no lo detuvo. Su coideario, Comps Córdova, intervino y presentó una moción “a fin de que se sustituyan integralmente los numerales 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11 y 12 del informe borrador que ha sido puesto en conocimiento de los miembros de la comisión y en su lugar mociono se incorpore el texto adjunto”. Pero éste planteamiento no fue tomado en cuenta. También intervino, Bruno Segovia (ex PK), el informe tiene su sesgo, pues primero en el informe dice que se cumplió las 13 recomendaciones del examen practicado en el 2020. Que primero se señala que el primer mandatario no conocía del informe de la Contraloría sobre el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, y luego en la página 279 del informe, se señala que sí conocía del hecho, tanto es así que “el 22 de marzo de 2022 el Presidente Lasso dirigió comunicación a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen contratos de transporte de petróleo y adjuntó centenares de documentos para que a partir de esta noticia criminis se haga una investigación.” Muchas cosas que no se recogen y el informe termina siendo sesgado, sentenció. El delegado del PSC, ante la Comisión de Fiscalización, Pablo Muentes, no participó en el debate, guardó silencio, solo se expresó con el voto en contra del informe motivado.

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Asambleísta Mireya Pazmiño es investigada en la Fiscalía por caso Flopec y se prepara una queja a nivel de la legislatura

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El Universo .– Actualmente, el informe motivado sobre el juicio político está en proceso de redacción que deberá concluirse hasta el 6 de mayo, según el cronograma La asambleísta por la provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño (separada del bloque Pachakutik), enfrenta dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado por fraude procesal y falsedad ideológica, y se prepara una queja en su contra a nivel de la Asamblea Nacional. Pazmiño, junto a otros cuatro legisladores, impulsó la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por supuesto delito de concusión y peculado, derivados de una investigación que realizó una comisión ocasional donde ella también fue integrante y se denominó “El Gran Padrino”, que tomaba como base audios filtrados de supuestos hechos de corrupción en las empresas públicas que supuestamente las lideraba Hernán Luque Lecaro, presidente del directorio de EMCO, y el cuñado del presidente, Danilo Carrera Druet. Una vez presentado el juicio político, la solicitud pasó a conocimiento de la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad. El fallo de los jueces delimitó la razón por la cual el primer mandatario podría ser enjuiciado, pues rechazó la causal de un supuesto delito de concusión, y centró su decisión en un posible delito de peculado en el contrato para el transporte de hidrocarburos suscrito por la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker. En la etapa de la práctica de la prueba del juicio político al presidente Lasso, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, Pazmiño, fue activa en el interrogatorio a los testigos que se presentaron. Pero, cuando ella pasó a ser testigo la situación de Pazmiño, se complicó. Pasó a ser fiscalizada por la defensa del primer mandatario por un informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico que preside respecto a la investigación al contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Ella, como presidenta de la mesa de Régimen Económico, inició un proceso de fiscalización a Flopec que concluyó con la presentación de un informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa pública con fecha 31 de octubre de 2022, que fue suscrito por cuatro asambleístas más: Johnny Terán (PSC), Ana Herrera, Blasco Luna y Jahiren Noriega (UNES). El informe aborda el tema central del juicio político que ella mismo formuló al primer mandatario. En el informe legislativo resalta la asociación entre Flopec y Amazonas Tanker, e inclusive habla de un crecimiento en las utilidades de la empresa pública por un buen manejo de la entidad. En cambio, en el juicio político admitido a trámite tras el dictamen de la Corte Constitucional habla de pérdidas y perjuicios al Estado de $ 6,1 millones por mantener el contrato con Amazonas Tanker, y que esa situación financiera de Flopec conocía el primer mandatario y no actuó. Denuncias en la Fiscalía Fraude procesal en el ámbito penal y falsedad ideológica en la falsificación de documentos relacionados al informe sobre el caso Flopec y Amazonas Tanker, son las causales que llevaron al legislador Fernando Villavicencio (IND) y a cuatro asambleístas del correísmo, a presentar denuncias ante la Fiscal del Estado, Diana Salazar. La petición de investigación fue calificada y empezaron las comparecencias. El legislador Villavicencio precisó que la indagación se realiza por haberse descubierto que el informe elaborado en la Comisión de Régimen Económico que preside Mireya Pazmiño, fue hecho por personas vinculadas a Amazonas Tanker. Y ese informe forma parte del proceso de juicio político al presidente de la República. La segunda denuncia fue presentada ante la Fiscalía por los asambleístas de UNES: Ana Herrera, Jahiren Noriega y Blasco Luna, frente al posible cometimiento de delitos en la elaboración del informe no vinculante sobre la situación de Flopec. En el escrito presentado alertan que llegó a su conocimiento una noticia criminis sobre el hecho de que el informe respecto a Flopec y Amazonas Tanker, fue elaborado por ciertos funcionarios públicos que posiblemente utilizaron su influencia y la de sus familiares para perpetrar una serie de presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción para beneficio propio o de terceros; “por lo que solicitamos se investigue las responsabilidades en torno a dicho documento, en especial al exasesor parlamentario Mario Naranjo y a su hermano Wilson Naranjo, supuesto lobbysta de empresas petroleras. Denuncia en la Asamblea En tanto, la legisladora nacional por Pachakutik, Patricia Sánchez, prepara el texto para presentar un pedido de investigación y sanción ante el Comité de Ética de la Asamblea contra su colega Pazmiño, por las irregularidades denunciadas en la Fiscalía General del Estado respecto al informe sobre la situación actual de empresa pública Flopec, y el desenvolvimiento de los últimos años. La denuncia en proceso recogerá la denuncia sobre la forma en que se elaboró el informe sobre el caso Flopec EP y Amazonas Tanker, pues se señala que el documento fue realizado por personas externas a la mesa de Régimen Económico, porque la presidenta no socializó el documento previo a su votación. Apoyaron el documento el voto de los asambleístas de las bancadas: UNES, PSC y Mireya Pazmiño. Sánchez espera que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), califique su pedido de investigación y remita el expediente al Comité de Ética para que se indague y se sancione.

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