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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
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Walter Macías, a espera de que la Judicatura emita la acción de personal para retomar como juez casos como Sobornos 2012-2016 o Vocales

Nacionales /

El Universidad .- La jueza Martha Vimos aceptó la acción de protección presentada por Walter Macías y lo reintegró a sus funciones como magistrado en la Corte Nacional. La decisión de la jueza de Pichincha Martha Vimos de dejar sin efecto la resolución del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) con la que se destituyó del cargo como juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a Walter Macías, le permite al magistrado retomar todas las causas que se mantuvieron en su despacho, el cual se mantuvo por aproximadamente 26 días a cargo de la conjueza nacional Mercedes Caicedo. La resolución a la que llegó Vimos se dio a conocer al mediodía del jueves 14 de septiembre pasado, luego de dos jornadas de audiencia en las que intervino Macías y su abogado, al ser quienes plantearon una acción de protección; la defensa del CJ, entidad en cuyo pleno con solo dos votos se aprobó la destitución del juez nacional; la Procuraduría General del Estado y al menos siete amicus curiae. Pocas horas más tarde, Macías ingresó a la Corte Nacional a retomar su despacho. El presidente del órgano más alto de justicia ordinaria del país, Iván Saquicela, le dio la bienvenida al magistrado y le entregó un mallete o mazo, uno de los símbolos más importantes de la autoridad de los jueces. Destacó que es muy importante para la democracia y para la Función Judicial el que en este caso haya imperado el derecho. “Walter (Macías) bienvenido a tú casa. Nos complace que mediante una decisión de una jueza hayas podido regresar a la CNJ. Sencillamente ha imperado la razón, la justicia y el derecho”. Aunque no pudo retomar inmediatamente su cargo como juez en la CNJ e incluso hasta las 11:00 de este viernes 15 de septiembre no se cumplía desde el CJ con la orden de reintegración inmediata, Macías agradeció la bienvenida de Saquicela y el apoyo de sus compañeros magistrados. El magistrado no entiende por qué no se ha cumplido la disposición si ya los representantes del CJ conocieron de la resolución oral de la jueza y más bien piensa que el haberse delegado a las áreas técnicas respectivas el cumplimiento de este fallo no es más que una estrategia dilatoria en el que se inicia un trámite burocrático para eludir la orden inmediata.   “Se ha hecho justicia desde el ámbito constitucional. Este es un hito para la independencia judicial. Este solo es un camino para que se evidencie que no podemos dejar que el Consejo de la Judicatura en este ámbito esté actuando de esta forma y quiera vilipendiar los derechos de las juezas y los jueces”, indicó Macías a su ingreso a la Corte Nacional.   Vimos dejó sin efecto la destitución adoptada en sesión extraordinaria del pleno de la Judicatura, el 19 de agosto pasado, con solo los votos del presidente del CJ, Wilman Terán, y el vocal del organismo Xavier Muñoz. Para la jueza ha sido evidente que en este caso existió la vulneración de derechos, entre ellos, al principio de participación ciudadana, el debido proceso, a la seguridad jurídica y a la falta de motivación.   Una vez se formalice el retorno de Macías a su despacho, él asumirá nuevamente la competencia en casos de connotación como el denominado Vocales, en el que son procesados los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhaya. El lunes último, la jueza Caicedo difirió por tercera ocasión la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los tres investigados y aún no existe fecha para la instalación de la diligencia. En esta causa Macías como juez fue recusado y también denunciado administrativamente ante una supuesta manifiesta negligencia por la vocal Barreno. En el primer caso un juez de la Corte Nacional desestimó la recusación, mientras que con 17 votos a favor en el pleno de la CNJ no se aprobó el informe que recomendaba se declare la manifiesta negligencia de su compañero.   La investigación de este caso arrancó el 15 de junio de 2022, luego de conocerse el contenido de un audio filtrado en el que se escucharía la voz del vocal Morillo, quien en presencia de la vocal Barreno, pedía aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución.   Macías a su regreso se reincorporará al Tribunal de Apelación en el caso del asambleísta Peter Calo, quien es acusado por el delito de violación contra una joven de 19 años; al Tribunal de Apelación en el caso China CAMC, en el que por el delito de cohecho son investigados el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi, dos personas naturales y una jurídica; y a la Sala de Apelación conformada para analizar el recurso presentado por el exsecretario del Agua, Walter Solís, contra la sentencia de pirmer nivel en la que se le condenó a ocho años de cárcel por el delto de peculado.   El caso Sobornos 2012-2016 es otro de los casos en el que retomará la competencia Macías. El magistrado preside el Tribunal que ejecuta la sentencia por cohecho pasivo agravado contra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otras 18 personas, entre exfuncionarios públicos y empresarios. Correa y Glas fueron sentenciados a ocho años de cárcel en calidad de autores mediatos por instigación.   También volverá Macías a asumir funciones dentro del Tribunal de Casación en el caso de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia (Senain) durante el gobierno de Rafael Correa, quien recibió una sentencia de nueve años de cárcel por el plagio (secuestro) del activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en Bogotá (Colombia), en 2012. A inicios de agosto pasado se resolvió una recusación interpuesta por Romero contra el presidente de la Sala de Casación, Walter Macías. La defensa del líder de la Senain recusó al magistrado cuestionando la imparcialidad del juzgador. El recurso no prosperó, pues fue declarado sin lugar

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Caso Las Torres: fundamento para destituir al juez Walter Macías podría afectar sentencia por delincuencia organizada

Nacionales /

El Universo .- Por el delito de obstrucción de la justicia la fiscal general, Diana Salazar, investiga al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y siete funcionarios más.   Dentro de la resolución para la destitución del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Walter Macías, decisión tomada con solo dos votos a favor dentro del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), se asegura que el magistrado incurrió en una infracción disciplinaria al “haber suscrito la providencia del 8 de febrero de 2023″ dentro del caso por delincuencia organizada conocido como Las Torres, “encontrándose suspendida la competencia (de Macías) para resolver”.   La infracción en la que se le atribuía responsabilidad a Macías está tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial. Esta norma señala que ante una infracción gravísima se le impondrá la sanción de destitución al servidor judicial que haya cometido la infracción disciplinaria de “vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia interna de los servidores de la Función Judicial”.   La destitución del cargo de juez nacional se resolvió, el 19 de agosto pasado, en una sesión extraordinaria en la que únicamente se pronunciaron con sus votos a favor de esa medida el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal del organismo Xavier Muñoz. Existe una inconsistencia respecto a los vocales que votaron en abstención. El CJ asegura que Maribel Barreno fue la única presente en la votación, mientras que Fausto Murillo dice que fueron tres los votos en abstención. Una denuncia de tipo administrativo interpuesta en marzo pasado por Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, sentenciado a siete años por delincuencia organizada e investigado por el delito de cohecho en el caso China CAMC, generó el expediente disciplinario que recomendó la destitución del magistrado que integraba la Sala Penal de la CNJ.   Macías fue el juez ponente en el Tribunal de Juzgamiento de una delincuencia organizada en la que la Fiscalía acusó como autores directos al excontralor subrogante Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. A Esteban Celi y otras ocho personas se las ubicó como colaboradoras de esta “organización criminal” que operó en instancias públicas, como la Contraloría General de Estado (CGE), la empresa pública Petroecuador y la secretaría de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno. Según la Fiscalía, el grupo estructurado se armó para cobrar sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos en instituciones públicas o desvanecer glosas en la CGE. En el caso Las Torres se buscaba obtener, a cambio de desvanecer una glosa y facilitar el pago de facturas, el 20 % de una factura de $ 20,3 millones que se debía pagar a la empresa privada Nolimit C. A. Por estos hechos ya existe un fallo de primera instancia. El excontralor Celi y Pablo Flores, al haber sido líderes de la agrupación, recibieron una pena de trece años y cuatro meses de cárcel; mientras que Esteban Celi y otras cinco personas fueron condenadas a siete años de cárcel cada una. Otros dos procesados, al haber sido funcionarios públicos, se les impuso la sentencia agravada de nueve años y cuatro meses, y a Martha Barrezueta, al ser cooperadora eficaz, se le definió la pena reducida de seis meses.   Más de dos meses les tomó al juez Macías y a los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa deliberar y dar a conocer la sentencia en el caso Las Torres. Esta audiencia de juicio se suspendió en diciembre de 2022 y se reinstaló para dar la resolución oral el 10 de febrero pasado.   En este punto las fechas empiezan a tener relevancia, en especial para las defensas de los procesados por delincuencia organizada, pues si en la resolución para destituir a Macías se habla de que él para el 8 de febrero pasado tenía suspendida su competencia en la causa, esa misma suspensión podría extrapolarse hasta el 10 de febrero siguiente, fecha en la que se reinstaló la audiencia y Walter Macías, como ponente del Tribunal, dio lectura al fallo unánime. Situaciones como estas que podrían usarse en una posible fase de apelación es lo que les hace pensar tanto a la Fiscalía General del Estado como al destituido juez Walter Macías que el objetivo de la sanción aupada por los votos a favor de Terán y Muñoz es finalmente lograr la impunidad dentro del caso Las Torres.   Al momento en este caso han presentado siete de los condenados los recursos horizontales de ampliación y aclaración a la sentencia notificada por escrito el 4 de julio pasado, luego que Macías recuperó la competencia al declararse violados sus derechos, vía acción de protección, y dejando sin efecto la suspensión de 90 días decidida por el CJ dentro del mismo expediente disciplinario. Aún no han sido respondidos los recursos de ampliación y aclaración.   Una vez que el Tribunal evalúe estos recursos, los sujetos procesales podrán en ese momento interponer el recurso vertical de apelación, el cual deberá ser conocido por un nuevo Tribunal, cuyos integrantes deberán ser sorteados.   Con los últimos hechos suscitados, varias defensas consultadas evalúan la posibilidad de usar esta resolución administrativa con la que se destituyó al juez Macías, para, en fase de apelación, pedir la nulidad de la sentencia de primer nivel.   Dentro del denominado caso Independencia Judicial, la fiscal general, Diana Salazar, estaría investigando una obstrucción de la justicia. Este delito, señaló la Fiscalía, se habría cometido en dos casos de connotación: Las Torres y Vocales, en el que el mismo Macías convocó a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de tráfico de influencias en el que son procesados los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno y el juez de Pichincha Vladimir Jhaya.   Salazar está a la espera de que se le defina una fecha en la que se dará una audiencia para formular cargos por obstrucción de la justicia contra Wilman Terán y otros siete funcionarios de la Judicatura. La causa

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Acción de protección definirá si avanza o se detiene la destitución como juez de Walter Macías

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El Universo .- El conflicto surge luego que el Consejo de la Judicatura destituyó al funcionario judicial con dos votos a favor y una abstención en una sesión del 19 de agosto.   Para este miércoles está prevista la instalación de una audiencia pública de acción de protección relacionada con la destitución como juez nacional de Walter Macías Fernández, resuelta con dos votos de los cinco vocales que componen el Consejo de la Judicatura (CJ). Walter Macías Fernández interpuso una acción de protección el 23 de agosto, en contra de una resolución de destitución en su contra, dispuesta por el Consejo de la Judicatura que recayó en el despacho de la jueza, Martha Vimos Vimos, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, quien convocó a la audiencia para el miércoles, 30 de agosto de 2023, a las 08:30.   En la diligencia, en la que las partes expondrán sus alegatos, la magistrada resolverá si acepta o rechaza el recurso constitucional, con la que Walter Macías espera impedir los efectos de la destitución del cargo.   Este proceso se originó debido a que el 19 de agosto de 2023, en una sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura, que se había declarado reservada, se aprobó la destitución de Walter Macías como juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), con dos votos afirmativos: el del presidente Wilman Terán y del vocal, Xavier Muñoz. La consejera, Maribel Barreno había votado en abstención.   El expediente sancionatorio se sustentó en una denuncia de tipo administrativo planteada por Esteban Celi, sentenciado a siete años por el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres e investigado por el delito de cohecho en el caso China CAMC. A Macías se lo responsabilizó de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber suscrito la providencia del 8 de febrero de 2023, al encontrarse suspendida la competencia para resolver.   La sanción impuesta fue la destitución de sus funciones.   La Judicatura no ha difundido el video de la sesión en la que se determinó la destitución, ni tampoco ha sido expuesto ante los medios de comunicación, pese a las solicitudes.   Sin embargo, en un comunicado divulgado el 24 de agosto, se justificó que «al momento de la votación definitiva para resolver el aludido expediente disciplinario que se desarrollaba virtualmente el 19 de agosto, estuvieron presentes tres vocales. En tanto, que los doctores Fausto Murillo y Juan José Morillo se ausentaron al momento que la Secretaría tomó votación del proyecto de resolución de la Subdirección de Control Disciplinario, que recomendaba la destitución del mentado exjuez de la Corte Nacional de Justicia, ausencia que permaneció por más de quince minutos posteriores, dispuestos en virtud del inciso cuarto del artículo 8.1 del reglamento de sesiones del Consejo de la Judicatura». Con ello, la destitución se había resuelto con dos votos: de Wilman Terán y Xavier Muñoz. Mientras, la vocal Maribel Barreno se abstuvo. El organismo justificó que la acción se tomó con base en el artículo 11, en concordancia con el 15 y 16 del reglamento de sesiones en la que participaron la «mayoría de los presentes, tal como lo hacen los cuerpos colegiados, desde las juntas parroquiales hasta la Asamblea Nacional». Además, que la forma de votación se realizó en respeto a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución y al desarrollo jurisprudencial de dos sentencias de la Corte Constitucional y, una internacional en el caso, Leopoldo López vs Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) párrafos 199 y 202.   Para ahondar en la explicación, el CJ difundió un video en la red social Tik Tok en la que se explica que el pleno del Consejo está compuesto por cinco vocales y que «no todo lo que sale en las redes sociales es cierto. El Consejo de la Judicatura tiene cinco vocales, de los cuales, ese día para la votación estuvieron tres dos votaron a favor, una se abstuvo y ahí hay la mayoría. No hay por dónde perderse», dice una persona que explica a otra la forma de votación.   El 19 de agosto, luego de la plenaria, el consejero Fausto Murillo cuestionó la resolución y, en su cuenta de X, escribió: «La destitución del Juez de Corte Nacional, doctor Walter Macías, se produjo con 2 votos a favor y 3 abstenciones, incluida la mía. Sin la mayoría requerida para el efecto conforme lo determina el art. 264.14 del COFJ». Añadió que la sesión se convocó con «apenas dos horas de anticipación, sin acceso al expediente y sin que se encuentre próximo a prescribir. El CJ, como un acto de transparencia, debe publicar el audio de la sesión a fin de que se ejercite un verdadero acto de veeduría ciudadana y gremial».   Macías, en declaraciones públicas, calificó de «ilegal e inconstitucional» el procedimiento, que a su criterio, es una «persecución administrativa» que habría iniciado desde que tomó conocimiento del denominado caso Vocales, en el que la Fiscalía General del Estado investiga a los consejeros Maribel Barreno y Juan José Morillo, por delito de presunto tráfico de influencias.   Por este caso, la Fiscalía abrió una investigación previa que estaría relacionada con las sospechas de un posible delito de obstrucción a la justicia, tras las sanciones aplicadas a Macías Fernández.   El jueves, 24 de agosto, se había producido un allanamiento a las oficinas del Consejo de la Judicatura en Quito para recoger evidencias, en el marco de la investigación.   La diligencia se dio atendiendo un pedido de acto urgente solicitado por el abogado Emiliano Donoso. El Consejo de la Judicatura no se pronunció sobre este allanamiento y, la Fiscalía tampoco informó del hecho. 

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Juez denuncia graves irregularidades en sesión del Consejo de la Judicatura que lo destituyó

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Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia, y destituido durante la controversial sesión del pasado martes del Consejo de la Judicatura, tendrá el miércoles próximo una audiencia, dentro de la acción de protección que planteó para recobrar su cargo. Entrevistado por Carlos Vera en “Vera a su manera”, Macías afirmó que es víctima de una persecución administrativa. Ya en primera instancia, el 11 de mayo, fue suspendido, pero otra acción de protección dejó sin efecto la sanción. El magistrado anotó que el Consejo, de una forma muy conveniente, convocó una sesión telemática el martes, para el mismo día, y durante la misma acomodó todo para destituirlo, pero tuvo que recurrir a escandalosas violaciones legales. Por ejemplo, a pesar que la ley ordena expresamente que exista una mayoría absoluta para la destitución -3 de los 5 vocales- el presidente de la entidad, Wilman Terán, hizo válida una “mayoría” de 2 votos, con el argumento de que solo había 3 personas presentes, lo cual no consta en la normativa. Tanto así, que cuando la secretaria expuso la votación real, fue reprendida por Terán para que “corrija”. Semejante decisión no tiene asidero, agregó Macías, ya que los otros 3 vocales se abstuvieron. El propio Fausto Murillo, uno de ellos, reconoció no haber escuchado el pedido de reconsideración, e insiste que nunca votó favor de la destitución. Lo peor es que otro vocal, Xavier Muñoz, quien estaba de vacaciones y debía asignar a su suplente, se conectó en evidente estado de embriaguez, y para disfrazarlo no activó la cámara. El escándalo fue tal que la propia Fiscalía irrumpió en el Consejo de la Judicatura, y decomisó computadoras y demás dispositivos electrónicos, a fin de investigar lo que sucedió durante la polémica sesión telemática, que han tratado de mantener en reserva. Macías, como juez del Caso Las Torres, y encargado de enjuiciar a dos de los consejeros por tráfico de influencias, considera evidente señalar a dónde apunta el “interés” de Terán y Muñoz.

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Ecuatoriano debe cambiar su mentalidad y condenar la corrupción

Nacionales, Política /

La sentencia del caso conocido como “Las Torres”, liderado por el ex contralor, Pablo Celi, es importante y significa un buen golpe contra la corrupción, pero no significa el fin de las estructuras mafiosas del país. Así lo señaló el reconocido penalista Julio César Cueva, en diálogo con “Punto de Orden”. El dictamen condenó a Celi y a Pablo Flores, ex gerente de Petroecuador, a 13 años y cuatro meses de prisión, por el delito de delincuencia organizada. Los otros 9 implicados recibieron sentencias menores, y en conjunto todos deberán pagar indemnizaciones al Estado, y ofrecer disculpas públicas. Cueva opinó que, lamentablemente, estas sanciones no detienen a la corrupción. Y así como unos caen, otros aparecen para reemplazarlos, tal como ocurre en las bandas criminales. Ni siquiera las placas instaladas en ciertos puntos del país, recordando los delitos cometidos, tienen efectividad. Con ironía señaló que, si así fuera, las calles deberán llenarse de placas, debido a la enorme cantidad de actos irregulares detectados en la administración pública. De ahí que considera imprescindible cambiar la mentalidad del ciudadano, para que asuma que cometer actos ilícitos no es lo correcto. Es decir, el cambio debe partir de cada persona. El jurista también advirtió que ciertos grupos políticos, quieren a toda cosa tomarse la Fiscalía y las instituciones judiciales, a fin de “bajarse” las sentencias que recibieron sus líderes por corrupción. Y con tal de conseguir su objetivo, son capaces de inventar denuncias absurdas, y hasta de lanzar amenazas. Como prueba citó el supuesto plagio del que acusan a la fiscal Diana Salazar, en su tesis de grado, algo que quedó totalmente descartado por las propias autoridades universitarias. Resulta, dijo, que cuando estaban a su favor, los jueces eran una maravilla. Pero ahora los señalan por supuesta “falta de independencia”. En el caso de Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y a su vez acusado de estar vinculado a un movimiento político, pese a la prohibición expresa, el jurista precisó que la ley es clara: podría perder su cargo. Cueva advirtió que la única forma de mejorar la situación jurídica del país, es sentar precedentes claros, aunque signifiquen sanciones drásticas.

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Tribunal notificó la sentencia escrita en el caso Las Torres, cinco meses después que se resolvió la condena

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El Universo/ Primicias .- En este caso fue sentenciado Pablo Celi, excontralor subrogante, en calidad de autor directo del delito de delincuencia organizada.   La noche del martes 4 de julio, la Fiscalía General del Estado informó que fue notificada con la sentencia escrita del caso Las Torres, en el que fueron sentenciados el excontralor subrogante Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores como autores directos del delito de delincuencia organizada; a cada uno se le impuso una condena de 13 años y 4 meses de cárcel.   El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) cumplió con el trámite a pocos días de cumplirse cinco meses desde que se emitió la sentencia de manera oral, el 10 de febrero.   La delincuencia organizada perseguida por la Fiscalía habría ocurrido entre el 2017 y el 2020, a través de instancias públicas como la Contraloría General del Estado (CGE), la empresa pública Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno. Según la Fiscalía, en estas tres instancias habría operado un grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas. Los procesados buscaban obtener el 20 % de una factura de $ 20,3 millones, que debía pagar a la empresa Nolimit C. A. La Fiscalía informó el martes que el Tribunal señala que los hechos probados demuestran que once personas, incluido Pablo Celi, formaron parte de una estructura delictiva para cometer actos de corrupción y lavado de activos. “Por lo expuesto, las circunstancias nos permiten considerar que es legal y proporcional –al grado de vulneración de los bienes jurídicos– imponer a los procesados el máximo de la pena prevista para el delito”, señala la sentencia.   A los exfuncionarios de Petroecuador, Natalia C. y Daniel O. se les dictó una pena privativa de libertad de 9 años, ya que fueron hallados culpables en calidad de colaboradores en la comisión del delito.   También fueron sentenciados como colaboradores del delito de delincuencia organizada Andrés L., Luis A., Álvaro de G., Giomara L., Ángelo R. y José Esteban C., quienes tienen una condena de siete años de prisión. En tanto, a Martha B. se le impusieron seis años de encarcelamiento, por su colaboración eficaz.   Adicionalmente, Pablo Celi y Pablo Flores deberán pagar una indemnización de $ 250.000, cada uno, como reparación al Estado. Los sentenciados Andrés L., Luis A., Álvaro de G., Silvia L., Ángelo R., José Esteban C. y Martha B., tienen que cancelar $ 100.000, cada uno y ofrecer disculpas públicas al pueblo ecuatoriano, informó la Fiscalía. (I) Sentenciados por el caso Las Torres Fallo de primera instancia del 10 de febrero de 2023 Tabla con 4 columnas y 11 filas. En este momento se muestran las filas desde la 1 a la 11. Procesado Relación con el caso Grado Sentencia 1 Pablo Celi Excontralor General subrogante – Desvanecimiento de glodas Autor 13 años y cuatro meses 2 Pablo Flores Exgerente de Petroecuador – Pago de facturas a Nolimit Autor 13 años y cuatro meses 3 Adolfo Agusto Hermano del exsecretario de la Presidencia – Gestión y cobro de sobornos Colaborador Siete años 4 Natalia Cárdenas Exasesora de Flores en Petroecuador – Pago de facturas a Nolimit Colaboradora Nueve años y cuatro meses 5 Esteban Celi Hermano del excontralor – Gestión y cobro de sobornos Colaborador Siete años 6 Álvaro de Guzmán Experto en bolsa y movimientos financieros – Asesoría para esconder montos cobrados Colaborador Siete años 7 Andrés Luque Empresario – Presto cuenta para cobro de sobornos Colaborador Siete años 8 Daniel Orellana Exgerente de Comercio de Petroecuador – Pago de facturas a Nolimit Colaborador Nueve años y cuatro meses 9 Ángelo López Empresario – Gestión y cobro de sobornos Colaborador Siete años 10 Silvana Rodríguez Empresario – Gestión y cobro de sobornos Colaboradora Siete años 11 Martha Barrezueta Esposa de Roberto Barrera (sentenciado en Estados Unidos – Gestión y cobro de sobornos Colaboradora (cooperadora eficaz) Seis meses

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Pablo Celi conoce este 10 de febrero si es condenado o no por delincuencia organizada

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EL COMERCIO.- El futuro judicial del excontralor Pablo Celi, del exgerente de Petroecuador Pablo Flores y nueve procesados más por presunta delincuencia organizada, se definirá el 10 de febrero del 2023. Un Tribunal de la Corte Nacional tiene previsto reinstalar, a las 15:00, la audiencia de juicio del caso Las Torres, para dar a conocer su resolución. Es decir, mañana (10 de febrero del 2023), se sabrá si los jueces nacionales condenan con años de cárcel al excontralor Pablo Celi, al exgerente de Petroecuador Pablo Flores y nueve procesados más. Detalles sobre el juicio  La etapa de juzgamiento en el caso Las Torres duró 45 días. Durante esa fase, la fiscal general, Diana Salazar, pidió a los magistrados Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa que sentencien con penas diferenciadas a los 11 procesados, de acuerdo al grado de participación en esta presunta trama ilegal.    Por ejemplo, para Celi y Flores solicitó una condena de 13 años y cuatro meses de cárcel. La entidad investigadora los ubica como los líderes de una estructura delictiva, que exigía sobornos a una empresa a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría y gestionar pagos pendientes. La acusación fiscal   La Fiscalía dijo que rastreó la ruta del dinero, que fue solicitado en beneficio de los integrantes de esta presunta estructura delictiva. Las investigaciones muestran que los miembros de esta supuesta organización habrían pretendido beneficiarse con el 20% del pago de una factura de USD 20,3 millones que Petroecuador adeudaba a Nolimit, una empresa de servicios petroleros. Es decir, USD 4 millones.   Además de esa acusación, La Fiscalía señaló que Pablo Celi y su hermano habrían recibido USD 500 000 adicionales por el desvanecimiento de seis glosas en la Contraloría, que pesaban sobre Nolimit. Esto habría ocurrido entre el 2017 y 2018. Estas acciones de los hermanos Celi permitieron que Pablo Flores recibiera USD 40 000 por el pago del 5% de planillas menores a Nolimit. “Los integrantes de esta estructura usaron el sistema financiero internacional para realizar sus transacciones económicas ilícitas”, indicó la Fiscalía. La defensa de los procesados  Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, considera que la Fiscalía acusó a su cliente de un delito que no ha podido probar durante el juicio.    “No se ha presentado a lo largo de la etapa de juzgamiento, ningún chat, conversación, llamada, correo electrónico, grabación en los cuales aparezca Pablo Celi”, indicó Ron. El abogado también señaló que el contrato entre Nolimit y Petroecuador, que da origen a la factura de los USD 20,3 millones, “no tiene ni ha tenido glosas, con lo cual se desbarata la teoría de Fiscalía”. Además, señaló que la existencia de glosas no era un impedimento para que Petroecuador pague las facturas a Nolimit”. Por su parte, Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, asegura que “no existe una organización criminal”, como señala Fiscalía. Además, dijo que Raúl de la Torre, sobrino del excontralor, y su socio Roberto Barrera se tomaron el nombre de Flores, sin su autorización, para exigir sobornos a Nolimit y beneficiarse ellos. Joan Paul Egred, defensor de dos de los procesados, también rechazó las acusaciones de Fiscalía y negó la participación de sus dos clientes en el delito de delincuencia organizada.   

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Acusados en el caso Las Torres aguardan la decisión de los jueces

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Tras ocho meses, el juicio del caso Las Torres llegó a su fin. Ahora, el excontralor Pablo Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y nueve procesados más por presunta delincuencia organizada aguardan la resolución de un Tribunal de la Corte Nacional, sobre su inocencia o su culpabilidad. La fiscal general, Diana Salazar, pidió a los magistrados Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa que sentenciaran con penas diferenciadas a los 11 procesados, de acuerdo con el grado de participación en una presunta trama ilegal. Por ejemplo, para Celi y Flores solicitó una condena de 13 años y cuatro meses de cárcel, pues la entidad investigadora los ubica como los líderes de una estructura delictiva que exigía sobornos a una empresa, a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría y gestionar pagos pendientes. Ahora, los jueces comenzaron la fase de deliberación para analizar las pruebas y argumentos y decidir si los condenan o no. La acusación Las investigaciones muestran que los miembros de esta supuesta organización habrían pretendido beneficiarse con el 20% del pago de una factura de USD 20,3 millones que Petroecuador adeudaba a Nolimit, una empresa de servicios petroleros. Es decir, USD 4 millones. Además de esa acusación, la Fiscalía señaló que Pablo Celi y su hermano habrían recibido USD 500 000 adicionales por el desvanecimiento de seis glosas en la Contraloría, que pesaban sobre Nolimit. Esto habría ocurrido entre 2017 y 2018. Estas acciones de los hermanos Celi permitieron que Pablo Flores recibiera USD 40 000 por el pago del 5% de planillas menores a esa empresa, según la Fiscalía. Nivel de participación Con base en testimonios y documentos, la Fiscalía estableció los roles de los procesados. Por ejemplo, Pablo Celi es señalado por disponer el desvanecimiento de glosas a favor de Nolimit, bajo la figura de subrogación de funciones en la Contraloría General. El desvanecimiento de glosas permitió que Pablo Flores gestionara, a través de sus colaboradores, pagos pendientes a esa compañía a cambio de beneficios económicos. Entre sus colaboradores estaban Raúl De la Torre, sobrino del excontralor; una exasesora de Petroecuador y un exgerente de Refinación. Estos dos últimos son parte de los 11 procesados. El hermano del excontralor Celi también es señalado en esta causa. Según las investigaciones, él ejercía presión sobre los representantes de Nolimit para que entregaran el dinero concertado. Por su parte, el hermano de José Agusto, exsecretario de la Presidencia, proporcionó un número de cuenta internacional para que la contratista de Petroecuador depositara el dinero. José Agusto también estaba procesado, pero falleció en mayo de 2021, lo que motivó que la causa en su contra se extinguiera. Los otros cinco procesados cumplieron diferentes funciones. Según la Fiscalía, gestionaron los pagos ilegales, proporcionaron cuentas bancarias para que les acreditaran el dinero y uno de ellos brindó asesoramiento sobre inversiones financieras. Los abogados Marcelo Ron, abogado del excontralor Pablo Celi, considera que la Fiscalía acusó a su cliente de un delito que no ha podido probar durante el juicio. “No se ha presentado a lo largo de la etapa de juzgamiento ningún chat, conversación, llamada, correo electrónico, grabación en los cuales aparezca Pablo Celi”, indicó Ron, por lo que considera que lo único que compete es la absolución. El abogado también señaló que lo que conoce es que el contrato entre Nolimit y Petroecuador que da origen a la factura de los USD 20,3 millones “no tiene ni ha tenido glosas, con lo cual se desbarata la teoría de Fiscalía”. Por su parte, Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, aseguró que en este caso “no existe una organización criminal”. Además, dijo que el sobrino del excontralor y su socio Roberto Barrera, quienes fueron sentenciados en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero, se tomaron el nombre de su cliente, sin su autorización, para exigir sobornos a Nolimit y beneficiarse ellos. Entre tanto, Joan Paul Egred, defensor de otros dos procesados, negó la participación de sus clientes en el delito de delincuencia organizada. Lo mismo dijeron los abogados de los otros acusados. Fuente: El Comercio

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Caso Las Torres: Fiscalía pide que el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, sean condenados a 13 años y 4 meses de cárcel

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La Fiscalía pidió la pena máxima del delito de delincuencia organizada para Pablo Celi y Pablo Flores, más la agravante por haber sido funcionarios públicos. Luego de sustentar los alegatos de cierre por más de 1 hora y 45 minutos, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó al Tribunal de Juzgamiento del caso Las Torres, la tarde de este miércoles 7 de diciembre, que al excontralor subrogante Pablo Celi y al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, se los condene a 13 años y 4 meses de cárcel por ser autores del delito de delincuencia organizada. Salazar explicó en la parte final de su exposición que al haberse demostrado la materialidad de la infracción y la responsabilidad de Pablo Celi y Pablo Flores, la institución solicita que se declare la culpabilidad y se les imponga el máximo de la pena determinada en el primer inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su modalidad agravada conforme el artículo 47, numeral 19, del mismo COIP, pues mediante la prueba documental se comprobó la calidad de funcionario público de ambos procesados. Mientras que para Esteban Celi, hermano del excontralor, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones, la fiscal Salazar solicitó la pena máxima determinada en el segundo inciso del artículo 369 del COIP, esto es siete años de cárcel al haber cometido acciones de colaboración en el delito de delincuencia organizada. También pidió la Fiscalía que se tome en cuenta la agravante determinada en el numeral 19, del artículo 47 del COIP a los procesados Natalia Cárdenas y Mauricio Orellana, pues debido a las pruebas documentales se demostró que tenían la calidad de servidores públicos. Ante ello, para ambos se solicitó la pena de nueve años de prisión. Finalmente, para la acusada Martha Barrezueta, al haberse acogido a la figura de cooperación eficaz, Salazar solicitó que se le imponga una pena reducida en el 90 %, es decir, una pena de seis meses de privación de la libertad. En lo que tiene que ver con la multa, la Fiscalía pidió para los líderes de la organización que se defina el pago de 40 salarios básicos unificados (SBU), mientras que para los colaboradores 20 SBU. Para Barrezueta se pidió la cancelación de 2 SBU como multa. Respecto a la reparación integral, la fiscal Salazar solicitó se pague a favor de la Procuraduría General Estado, por concepto de indemnización material, la cantidad de $ 4 millones, los cuales serán cancelados de manera proporcional por todos los partícipes de la infracción, a excepción, dijo, de Martha Barrezueta, por su calidad de colaboradora eficaz. A más de los valores establecidos, la fiscal general pidió que a Pablo y Esteban Celi se les imponga el pago de $ 500.000, valor que habría sido entregado a los hermanos por la empresa Nolimit C.A. por concepto de desvanecimiento de glosas. QUITO (07-12-2022).- El excontralor Pablo Celi en el inicio de los alegatos de cierre en el caso Las Torres. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda En cambio, en lo que tiene que ver con el exgerente Flores, Diana Salazar en nombre de la Fiscalía pidió al Tribunal que imponga, a más de los valores ya establecidos, pague la cantidad de $ 336.000 por la entrega de dineros de la empres Nolimit por concepto del pago de planillas menores. La fiscal explicó que esta cantidad incluye los $ 40.000 entregados a través de la procesada Martha Barrezueta. En lo referente a la reparación integral inmaterial, con la finalidad de reparar la reputación y credibilidad de las instituciones y empresas del Estado ecuatoriano solicitó que el Tribunal disponga a las máximas autoridades de la Secretaría de la Presidencia de la República, de la Contraloría General del Estado (CGE) y de Petroecuador se promueva a través de todos los canales de comunicación la existencia y el uso de buzones de transparencia que debe poner cada institución a disposición de la ciudadanía en general. Como medida de satisfacción orientada a la disculpa y al reconocimiento de los hechos y la responsabilidad, la Fiscalía solicitó se imponga a todos los sentenciados la colocación de una placa en la Secretaría de la Presidencia, en la CGE y en Petroecuador. El texto de las placas deberá ser establecido por los integrantes del Tribunal de Juzgamiento. Adicionalmente se solicitó se imponga a todos los sentenciados la obligación de publicar la sentencia en las páginas web de la Secretaría de la Presidencia, de la CGE y de Petroecuador, así como la publicación de la parte resolutiva de las sentencias en tres medios de comunicación escrita de amplia difusión durante siete días a escala nacional y las disculpas públicas en la fecha y hora que serán convocadas por el juez de ejecución. “La sociedad confía en que ustedes (jueces del Tribunal de Juicio) hagan justicia”, concluyó la fisca general, Diana Salazar. Al momento la diligencia continúa con la exposición de los alegatos de cierre que plantea Tannia Silva, en representación de la Procuraduría General, una de las dos instituciones públicas que acuden al juicio como acusadoras particulares. Luego vendrán los abogados de la empresa pública Petroecuador y finalmente las once defensas de los procesados. Fuente: El Universo

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Caso Las Torres: exgerente Pablo Flores buscará demostrar en audiencia que jamás ejerció presiones para que se realicen pagos desde Petroecuador

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Once de los trece llamados a juicio en el caso Las Torres asisten a la audiencia que se da en la Corte Nacional por el delito de delincuencia organizada. Con el testimonio del exministro de Hidrocarburos Carlos Pérez García se inició, la mañana de este miércoles, la audiencia de juzgamiento de los once procesados por el delito de delincuencia organizada, parte del caso Las Torres. La diligencia se realiza por 39 días ya en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Pérez García es uno de los 20 testigos y peritos que la defensa del exgerente de Petroecuador Pablo Flores presentará en audiencia para probar que el exfuncionario público no tenía ninguna participación en el pago de las facturas a la empresa Nolimit C. A. y que él jamás ejerció presiones para que se realicen los pagos desde la estatal petrolera. Según la Fiscalía, en este caso existe un “grupo organizado y estructurado” que operó a través de la Contraloría General del Estado (CGE), la Secretaría de la Presidencia y la empresa pública Petroecuador para, a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas, obtener el 2 0% de una factura de $ 20′345.609 que la estatal petrolera ecuatoriana debía pagar a Nolimit. Pablo Flores y el excontralor Pablo Celi son a quienes la Fiscalía los identifica como los líderes de esta organización que habría operado entre el 2017 y el 2020. Para la Fiscalía, Flores recibió en efectivo, como parte del ilícito cometido, cerca de $ 40.000. El testimonio del exministro Pérez García era necesario para el abogado de Flores, Pablo Encalada, pues la Fiscalía ha presentado como parte de su acusación chats, negociaciones y conversaciones en las que el exfuncionario de Petroecuador Raúl De la Torre y el empresario inmobiliario Roberto Barrera, ambos sentenciados en Estados Unidos al confesar ser parte de una trama de corrupción en Petroecuador, se toman el nombre de una serie de autoridades con las que ambos dicen mantener una relación. Encalada asegura que no se ha probado desde la Fiscalía que De la Torres o Barrera eran delegados de su defendido Pablo Flores, de Pablo Celi o de alguna de las otras autoridades que ellos nombran en sus conversaciones periciadas dentro del caso Las Torres. Solo la mañana de este miércoles Encalada presentó cinco testigos y peritos, los cuales son parte de tres grupos integrados por funcionarios de Petroecuador que acreditarían que Pablo Flores orgánicamente no tenía ninguna atribución en el proceso de pago y que nunca ejerció influencia en los procesos de pago; por personas particulares que hablarán cómo el exfuncionario de Petroecuador Raúl De la Torre se tomó el nombre de Flores para pedir dinero; y por peritos que demostrarán el fraude procesal en el que habría incurrido el empresario Roberto Barrera al entregar a la Fiscalía información celular que se cree que es falsa. La defensa de Flores es la segunda en presentar su prueba pericial, testimonial y documental dentro de la etapa de juzgamiento. El primero en intervenir fue Marcelo Ron, abogado del excontralor Celi, quien que en la parte final rindió su testimonio como medio de defensa, asegurando que es inocente y que jamás conoció o participó de hecho ilícito alguno. Celi declaró ser una víctima de una confabulación penal fraudulenta impulsada por la fiscal general, Diana Salazar, y que su procesamiento penal fue un “fraude premeditado, políticamente conducido”, orientado a su proscripción como autoridad de control, a la intervención sobre la CGE y a echar abajo las decisiones que tomó como autoridad de control. Aparte de Flores y Celi, por delincuencia organizada la Fiscalía procesa como colaboradores de la organización a Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque, Adolfo Agusto Briones y Esteban Celi, hermano del excontralor. Para Encalada, la Fiscalía, en sus 28 días de intervención, en ningún momento entregó un informe probatorio sobre la existencia de una “organización criminal”, sino solo ha presentado hechos aislados de una tentativa de soborno que nunca se consumó. Para él es importante demostrar al tribunal de juicio que las cosas se dieron en Petroecuador siguiendo los canales adecuados. La jornada de este miércoles concluyó pasadas las 14:00. El presidente de la Sala de Juzgamiento, Walter Macías, dispuso que la diligencia se retome el próximo viernes 25 de noviembre a partir de las 15:00. La defensa de Flores deberá continuar con su exposición de pruebas. Fuente: El Universo

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Caso Las Torres: este lunes la defensa del excontralor Pablo Celi completará la presentación de su prueba

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Solo once de las trece personas llamadas a juicio por el delito de delincuencia organizada asisten a la audiencia de juzgamiento en el caso Las Torres. Este lunes 21 de noviembre, tres semanas después de estar suspendida la audiencia de juzgamiento en el caso Las Torres, la defensa del excontralor Pablo Celi continuará la presentación de la prueba con la que cuenta para señalar que su cliente es inocente y que su procesamiento penal por el delito de delincuencia organizada responde más a temas políticos que a cuestiones jurídicas. La diligencia que entrará en su trigésimo séptimo día de audiencia fue convocada para las 09:45 y estará en manos de un tribunal de juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por el juez Walter Macías, presidente de la Sala, y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa. La etapa de juicio en este caso se instaló el 4 de abril pasado. Marcelo Ron, abogado del excontralor, la mañana del lunes 24 de octubre pasado inició con la exposición de la prueba testimonial y pericial, quedando pendiente dar a conocer la prueba documental. Se espera que la intervención de esta defensa concluya con el testimonio del propio excontralor, sobre quien pesa la medida cautelar de arresto domiciliario y ha asistido de forma presencial durante toda la diligencia. Ron anticipó que su defendido hablaría de que no existe ningún vínculo entre el desvanecimiento de glosas y procesos en Petroecuador, que en la Contraloría General del Estado (CGE) existen procesos específicos que cumplir y que el contralor por sí y ante sí no puede solicitar o desvanecer glosas o que en el caso de las glosas desvanecidas a la empresa Nolimit C. A. Pablo Celi no dio ninguna instrucción. La idea que existe es que Celi le explique al Tribunal de Juicio aspectos relacionados con su labor como contralor subrogante, cómo se realiza internamente en la CGE el procesamiento de una glosa para confirmarla o desvanecerla, entre otros aspectos que estarían en su esfera de conocimiento. En el caso Las Torres, la Fiscalía acusa al excontralor Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores como los líderes de un “grupo organizado” que operó desde la CGE, la secretaría de la Presidencia y de la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20 % de una factura de $ 20,3 millones que se debía pagar a la empresa Nolimit. QUITO (06-09-2022).- En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se realiza la audiencia de juzgamiento en el caso Las Torres. La acusación está a cargo de la fiscal general, Diana Salazar. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda Es curioso para Ron que la Fiscalía base su caso en personas que tienen una sentencia, que la han cumplido y que sin embargo, sostiene, debían estar procesadas por el delito que cometieron. “No lo están y más bien se encuentran siendo testigos protegidos”, aclaró el abogado de Celi al referirse al exasesor de Petroecuador Raúl De la Torre, el empresario inmobiliario Roberto Barrera y el accionista de la empresa Nolimit José Luis De la Paz, todos condenados en Estados Unidos por ser parte de una trama de corrupción en Petroecuador. Por delincuencia organizada, aparte de Celi y Flores, la Fiscalía procesa como colaboradores de la organización a Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque, Adolfo Agusto Briones y Esteban Celi, hermano del excontralor. De esta lista solo Roy Calero y Pedro Saona no son parte de esta lista de juzgados, debido a que a ellos se les suspendió la etapa de juicio por estar prófugos de la justicia. Saona fue extraditado a Ecuador meses después de haber iniciado la diligencia en la CNJ. Pablo Encalada, abogado del exgerente de Petroecuador, será la segunda defensa, de once que asisten al juzgamiento, que intervenga en la audiencia. Para rechazar las aseveraciones hechas por la fiscal general, Diana Salazar, Encalada presentará 20 peritos y testigos, además de prueba documental que sustenta su defensa. Según el abogado, el primer grupo de testigos tendría que ver con funcionarios de Petroecuador que van a acreditar que Pablo Flores orgánicamente no tenía ninguna atribución en el proceso de pago, que nunca ejerció influencia en los procesos de pago pese a que los pagos no están cuestionados por la Fiscalía. También, adelantó Encalada, presentará otro grupo de testigos que estará integrado por personas particulares que van a decir cómo el exfuncionario de Petroecuador Raúl De la Torre se tomaba su nombre para pedir dinero. Finalmente se habría convocado a peritos que demostrarán el fraude procesal en el que, presume la defensa de Flores, ha incurrido el empresario Roberto Barrera al entregar información celular que se cree que es falsa. Probar que el exgerente Pablo Flores no tenía ninguna participación en el pago de las facturas a la empresa Nolimit y que él jamás ejerció presiones para que se realicen los pagos desde la estatal petrolera están entre los objetivos que pretende probar Pablo Encalada dentro de la etapa de juzgamiento del caso Las Torres. Fuente: El Universo

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Casi dos meses lleva el caso China CAMC sin tener una resolución sobre la existencia o no de vicios de nulidad; Fiscalía pide se recepte testimonio anticipado

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Por el delito de cohecho en el caso China CAMC están siendo procesados el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, el empresario Pedro Saona, entre otros. Para evitar cualquier posible error respecto del debido proceso en un tema relacionado con la Fiscalía General, el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera por tercera ocasión no reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso China CAMC, en el cual se investiga el delito de cohecho. Un escrito de la fiscal general, Diana Salazar, ingresado en esta causa la mañana de este jueves, generó el reclamo de la defensa del procesado y excontralor Pablo Celi, Marcelo Ron, sobre si es la fiscal Salazar o el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien acudió de forma presencial a la reinstalación, quien está compareciendo como el fiscal encargado de la audiencia en el proceso China CAMC. Inicialmente, Ron alegó que la audiencia no podía reinstalarse debido a que Toainga no tenía formalmente una delegación para estar en la diligencia. El argumento no tuvo peso para el juez Rivera, pues desde su perspectiva no veía impedimento para que el fiscal subrogante participe en la reinstalación. Inmediatamente llegó la lectura de peticiones ingresadas al proceso y ahí el secretario leyó el documento que había presentado a las 08:00 de este jueves la fiscal Diana Salazar. En su oficio la titular de la Fiscalía General pedía al juez Rivera que se recepte el testimonio anticipado de un testigo protegido. Pese a que en el tema administrativo el juez determinó en un principio que no veía inconveniente para que participe el fiscal general subrogante y se pueda reinstalar la audiencia, el escrito presentado este jueves por la fiscal general dejaba ciertas dudas en el panorama, por lo que Rivera creía necesario que debía aclararse la situación. Ante ello, nuevamente no se reinstaló la audiencia y el juez Rivera adelantó que tratará de convocar lo más pronto posible para continuar con el proceso en el que son acusados el excontralor Celi, su hermano Esteban, el empresario Pedro Saona, la empresa China CAMC Engineering Co. Ltda. y Liang Yang, exrepresentante en Ecuador de esta última. El 21 de octubre pasado, el juez Rivera ingresó a deliberar los argumentos planteados por las partes sobre la posible existencia de nulidades que afecten lo actuado dentro de la investigación previa y la instrucción fiscal por cohecho que ocurrió, a decir de la Fiscalía, al desvanecer en la Contraloría General una glosa por $ 22,6 millones que mantenía China CAMC a cambio del pago de $ 1,3 millones. Básicamente lo que resta es conocer si Rivera acepta o desecha los vicios de nulidad planteados. En el primer escenario el caso volvería hasta el punto en el que se detectó que existe una vulneración de derechos; mientras que de declararse la validez procesal, sería el turno de Fiscalía para emitir su dictamen acusatorio y anticipar las pruebas que presentará en una posible audiencia de juzgamiento. Según la acusación oficial, el cohecho de China CAMC se dio en la Contraloría General del Estado (CGE), entre los años 2018 y 2020, cuando Pablo Celi, al ser contralor subrogante, supuestamente desvaneció una glosa por $ 22′645.008,32 a favor de la empresa china mediante una resolución del 26 de abril de 2019. Para la Fiscalía, el desvanecimiento se habría realizado como contrapartida al pago de $ 1′335.935 efectuado por China CAMC, contando con la facilitación de Esteban Celi y Pedro Saona. Fuente: El Universo

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