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Ecuador: septiembre 16, 2024

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Ecuador, septiembre 16, 2024
Ecuador Continental: 14:32
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Jorge Glas solicita su prelibertad en medio del incumplimiento de la presentación semanal, parte de su “libertad provisional”

El Universo .- La defensa del exvicepresidente Jorge Glas asegura que para acceder al beneficio de prelibertad él cumplió el 40 % de la pena impuesta en diciembre de 2020. Haber ingresado el exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México, en Quito, el 17 de diciembre pasado, y estar en ese lugar más de una semana en calidad de “huésped”, le ha llevado a incumplir al líder de la Revolución Ciudadana la presentación semanal dispuesta en noviembre de 2022, como parte de una medida cautelar autónoma en la que el juez constitucional en Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo, decidió beneficiar a Glas con una “libertad provisional”. El juez Curipallo, hoy uno de los 31 procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis, acogió las medidas propuestas por la defensa de Glas y permitió que él, el 28 de noviembre pasado, salga de la denominada Cárcel 4, al norte de Quito, en la que se encontraba. Como parte de la “libertad provisional” se dispuso inicialmente que el exbinomio presidencial de Rafael Correa se presente en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y tenga prohibido salir del país. Esa presentación periódica semanal se reformó a mediados de abril pasado, no en el tiempo, pero sí en el lugar. Debido a la situación de violencia e inseguridad que existía en la Penitenciaría del Litoral, en lugar de hacerlo ahí se le dispuso a Glas se presente una vez por semana ante un juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. Ese cumplimiento se dio por un año y dos semanas, hasta antes de ingresar a la delegación diplomática mexicana en Ecuador, aduciendo que tenía temor por su seguridad y libertad personal. Dentro de la medida cautelar, Curipallo aseguró que la “libertad provisional” estará vigente hasta que un juez de garantías penitenciarias disponga lo contrario. Según la resolución, se acogió la pretensión para precautelar en libertad los derechos de Glas, pues supuestamente la demora que existía en el trámite realizado por la defensa de Glas ante otro juzgador para obtener beneficios penitenciarios podría lesionar sus derechos a la seguridad jurídica y el debido proceso. El constitucionalista Ismael Quintana resalta que constitucionalmente la medida es temporal y por esencia revocable, por lo que si el beneficiario no la está cumpliendo, el juez que conoce la causa la debe revocar, porque ya no se cumplen las definiciones dispuestas en el propio fallo. Curipallo al momento se encuentra cumpliendo la medida de prisión preventiva en el caso Metástasis, al ser uno de los colaboradores de una red que habría operado para brindar facilidades penitenciarias y fallos judiciales al narcotraficante Lenadro Norero y su familia. Procesalmente lo que correspondería, explica Quintana, es que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), al ser el órgano del poder público al que se le planteó la medida cautelar, pida la revocatoria de las medidas cautelares dadas a Glas dentro del recurso constitucional tramitado. “Debía presentarse ante autoridad competente en lugar de la prisión que tenía y resulta que no está cumpliendo con la decisión que a él mismo le beneficia. Eso es causal para revocar la medida cautelar”. Pero el constitucionalista va más allá y cree que en el caso de la medida cautelar otorgada a Glas lo que debería ocurrir es que la Corte Constitucional (CC) la seleccione, la revise y la deje sin efecto. Anota que la CC tiene la posibilidad de escoger casos que son importantes desde su trascendencia para desarrollar jurisprudencia, dice, así como lo hizo, aunque con demora, en los dos habeas corpus que beneficiaron a Jorge Glas. “Lo que se ha hecho con la medida cautelar (otorgada a Jorge Glas) es que se ha tratado de desnaturalizarla, se ha mal utilizado la medida cautelar constitucional para discutir ahí asuntos que se deben discutir en los procesos penales ordinarios o en el régimen de justicia penal ordinaria. Un juez indebidamente le otorgó la medida cautelar, cuando en el fondo lo que se ordenó fue una prelibertad. (…) Debería definirse eso para evitar empañar el proceso penal”, sostuvo el constitucionalista. Este incumplimiento de medida cautelar se da en momentos en que se definió para este miércoles 27 de diciembre, a partir de las 15:00, una audiencia en la que la jueza Melissa Muñoz tratará el beneficio penitenciario de prelibertad que exige Jorge Glas una vez habría cumplido las dos quintas partes de la pena o el 40 % de la sentencia de ocho años impuesta por dos casos de corrupción (Odebrecht y Sobornos 2012-2016) en los que tiene fallos en firme y en proceso de ejecución. Mañana en una diligencia una jueza de garantías penitenciarias deberá analizar los informes que entreguen las autoridades del SNAI del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi y la Cárcel 4, más allá del tiempo de la pena cumplido, sobre condiciones de rehabilitación, cursos realizados mientra estuvo interno, nivel de seguridad en que se mantuvo el interno condenado, entre otros elementos que puedan definir si la persona que requiere el beneficio está apta para completar su rehabilitación fuera de un CPL. Eduardo Franco Loor, parte de la defensa de Glas, cree que a su representado le corresponde acceder a la prelibertad, pues ya cumplió más alla del 40 % de la pena. Ya en lo referente al ingreso del exvicepresidente a la Embajada de México en Ecuador, según Franco Loor ya el 20 de diciembre pasado se habría presentado basta información que respalda la solicitud de asilo a favor del líder del correísmo. El penalista y catedrático universitario, Pablo Encalada, refiere que en principio Glas tendría todo el derecho de solicitar la prelibertad, pero aclara que las estas últimas circunstancias ocurridas en torno al exvicepresidente tendrían que ser valoradas por quien juzgue el pedido de prelibertad. “Que se hayan emitido los informes (del SNAI) previamente no quiere decir que estos no puedan variar y en esta última semana esto precisamente ha variado. El régimen semiabierto o libertad condicional o prelibertad es uno en el cual él (Jorge Glas) tenía que presentarse periódicamente. Así que ya está incumpliendo, entonces el juez debería valorar y negar. El Código Orgánico de la Función Judicial dice que los hechos públicos y notorios no requieren prueba. Entonces basta con la mención de quien vaya a esa audiencia y

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Fijada audiencia de prelibertad del ex vicepresidente Jorge Glas

Para este martes 27 fue fijada la audiencia de prelibertad, del ex vicepresidente de la República, Jorge Glas. El ex segundo mandatario se presentará de forma telemática. Según los abogados de Glas, ya ha cumplido el 60% de la pena impuesta por los casos Sobornos y de Odebrecht, en los cuales fue hallado culpable. Por ende, señalan que tiene derecho a la prelibertad, pues por ahora solo disfruta de un recurso de habeas corpus, que fue concedido por el juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo. De acuerdo a investigaciones de la Fiscalía, este magistrado habría recibido 250.000 dólares por ese fallo, gracias a un pago del fallecido narcotraficante Leandro Norero. Por tal motivo fue arrestado durante el operativo “Metástasis”. Si se acepta el pedido, el ex vicepresidente quedaría en libertad de forma definitiva. Sin embargo, podría ser negado, y se le exigiría que regrese a prisión de forma inmediata. Glas se ocultó en la Embajada para no acudir a diligencias convocadas por la Fiscalía, que lo sindica de actos de corrupción durante la reconstrucción de Manabí. El ex segundo mandatario es requerido para investigaciones.

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Ex legislador Ramiro Rivera exhorta a procesar penalmente a Rafael Correa

El ex presidente Rafael Correa debe ser procesado penalmente, por su papel de “campanero” en el Caso Metástasis. Así se pronunció el analista y ex legislador Ramiro Rivera, en diálogo con “Punto de Orden”. Rivera recordó que el Código Penal sanciona a los “soplones”, pues los considera parte de la estructura criminal del bajo mundo. El analista afirmó que Correa cometió obstrucción a la justicia, al avisar del operativo de la semana pasada, y advirtió que “está obsesionado por el poder y enloquecido por la impunidad”, con su alma “envenenada de rencor y de odio”. Además, tiene como antecedente que, durante su gestión presidencial, debilitó a las Fuerzas Armadas, recibió financiamiento del grupo terrorista de las FARC, ofreció la Amazonía “como hotel a los guerrilleros” y, por si fuera poco, facilitó la Casa de la Cultura para que los grupos insurgentes más peligrosos de América Latina, realicen un congreso en Ecuador En su opinión, el Estado ecuatoriano debería, a través de instancias internacionales, presentar una queja ante Bélgica, por las permanentes intromisiones de Correa en la vida política. Para Rivera, la grave corrupción que reina en la función judicial, es el resultado de la basura que dejó el correísmo desde el 2011. Por ello es necesario, dijo, que el presidente Noboa use su credibilidad, que ronda el 70%, para convocar una consulta popular, que fortalezca la capacidad de control del Estado, y elimine para siempre un sistema político podrido y un sistema electoral injusto y desproporcionado. No hay persecución Asimismo, el analista aclaró que el ex vicepresidente Jorge Glas no es un perseguido político, como quiere mostrarse, ya que tiene una sentencia pendiente por corrupción. Glas, precisó Rivera, fue convocado por la Fiscalía a rendir su testimonio por un posible caso de peculado durante la reconstrucción de Manabí, y en lugar de acudir se escondió en la Embajada de México. Con el riesgo de hacer lo mismo que la ex ministra María de los Ángeles Duarte, también sindicada y condenada por corrupción, quien se ocultó en la Embajada de Argentina, y de forma tramposa escapó del país. El ex parlamentario estimó que el gobierno de Daniel Noboa, debe presentar una queja formal ante su similar mexicano, pues el caso contra Glas no es político, sino judicial, producto de una actuación de la Fiscalía que tomó varios meses. En ese aspecto, elogió el trabajo de la fiscal general, Diana Salazar, a quien consideró una persona valiente y ética, que pone la integridad por encima de su propia seguridad, y que ha devuelto la fe de los ecuatorianos en la institucionalidad del país. Lamentablemente, acotó, Ecuador se ha vuelto una “narcodemocracia”, producto de una sociedad putrefacta, donde el mérito ya no es la capacidad y honestidad de una persona, sino la forma en que toma callejones para un enriquecimiento ilícito. Como prueba mencionó la detención del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien en lugar de ser un referente de la justicia, encabeza un “antro de corrupción pestilente”. Y qué decir de la política, señaló, cuando basta ver a una organización metida en el fango de la corrupción, con vínculos con el narcotráfico. Para Rivera, esto es el resultado de un populismo que fermenta en la pobreza, en el regalo, en el discurso emocional y en la ideología de “crear enemigos”, para fomentar el odio. Y en ese aspecto sumó a despreciables medios de comunicación digitales, que “nadan en el dinero gracias a la desvergüenza y los antivalores”. Entrevista completa:

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Se presenta pedido de ‘habeas corpus’ a favor de un juez procesado por el caso Metástasis

El Universo .- El juez en cuestión aparece mencionado en los chats de Leandro Norero. El abogado Danilo Caicedo presentó una acción de habeas corpus a favor de Emerson C., juez de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien es uno de los 16 detenidos que guardan prisión preventiva dentro del caso Metástasis, por el presunto delito de delincuencia organizada. Caicedo interpuso el recurso la tarde del lunes 18 de diciembre en contra de Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quien dirigió la audiencia de formulación de cargos del caso Metástasis, según consta en el portal de consulta de procesos judiciales E-Satje. El Tribunal que conocerá y resolverá el pedido de habeas corpus está conformado por los magistrados María Consuelo Heredia (ponente), Enma Tapia y Alejando Magno, de la Sala Especializada de lo Laboral de la CNJ. Emerson C. es uno de los nombres mencionados en los chats de los teléfonos celulares de Leandro Norero, alias el Patrón, de donde la Fiscalía extrajo conversaciones que comprometen a funcionarios judiciales con supuestas acciones ilegales para favorecer a Norero y sus familiares con decisiones judiciales y administrativas. El juez de Santo Domingo de los Tsáchilas ha atendido varios casos polémicos. En noviembre de 2022 emitió la boleta de excarcelación que permitió la liberación del exvicepresidente de la República Jorge Glas, que estaba recluido en la Cárcel 4 de Quito. Además, en septiembre de ese mismo año, el magistrado en cuestión fue quien ordenó la liberación de alias Madrid y alias Cuyuyuy, quienes serían integrantes de bandas criminales y protegían a Norero en la cárcel. El recurso planteado a favor de Emerson C. se suma al habeas corpus presentado por Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), también procesado por el caso Metástasis.

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Diana Salazar revela que Jorge Glas logró la libertad por soborno del narcotráfico

Vistazo .- La fiscal general del Estado, Diana Salazar, reveló este lunes 18 de diciembre del 2023 que el narco Leonardo Norero habría pagado 250.000 dólares por la libertad del exvicepresidente Jorge Glas. Esta retribución también habría beneficiado a Daniel Salcedo. El caso Metástasis, en el que se investiga a 31 personas por presunta delincuencia organizada, ha salpicado a varios personajes de la política ecuatoriana. Entre ellos, el número dos del correísmo, quien ya ha sido condenado por el caso Odebrecht y Sobornos 2012-2016. Ahora la fiscal Salazar comentó en entrevista con Teleamazonas que a Norero (alias ‘El Patrón’) le costó 250.000 dólares la liberación del exvicepresidente. Agregó que el narco pretendía cobrar este ‘favorcito’ cuando Glas se convierta en presidente. “Porque parte de la estrategia de la delincuencia organizada es tener el control político, el control de las autoridades. ¿Cómo tienen el control de las autoridades? Entregando favores para luego cobrárselos”, señaló Salazar. Este pago de alias ‘El Patrón’ también habría beneficiado a Daniel Salcedo, quien se encuentra prófugo de la justicia y ha sido sentenciado por la venta ilegal de insumos médicos durante la pandemia del covid-19. Salazar continuó narrando que en otra parte de los chats, extraídos del celular de Leonardo Norero, “dicen que necesitan que regresen los expresidentes porque están perdiendo dinero”. Los periodistas de Teleamazonas cuestionarion: ¿A quién se refiere al decir expresidentes? Salazar contestó: “El expresidente refiriéndose al compañero de fórmula del señor Jorge Glas. Decía RC”. A raíz del asesinato de Leandro Norero en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, la Fiscalía inició una investigación que reveló los tentáculos del narcotráfico en varias instituciones del Estado. En los celulares de Norero se habría evidenciado una estrategia delincuencial para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI. También están implicados abogados en libre ejercicio y otros. “Ese es el nivel de putrefacción que hemos podido revelar en esta trama del caso Metástasis”, aseguró la fiscal Diana Salazar. GLAS EN LA EMBAJADA DE MÉXICO Desde el pasado domingo, Jorge Glas permanece en la Embajada de México en Quito como huésped. Autoridades ecuatorianas han pedido a los funcionarios extranjeros que lo inviten a abandonar dicha representación diplomática. Por su parte, la fiscal Salazar detalló que el exvicepresidente es requerido para que rinda versión en el caso Reconstrucción de Manabí, pero no existe orden de detención. Explicó que “simplemente el ciudadano tiene que concurrir a la Fiscalía General del Estado, no tiene una orden de detención, entonces no se puede hablar de que se está persiguiendo, simplemente estamos realizando actos de investigación”, insistió.

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Álvaro Román asume la presidencia del Consejo de la Judicatura

Ecuavisa .- La convocatoria para sesión del pleno del Consejo de Judicatura es este martes, 19 de diciembre. Luego de que Wilman Terán pidiera oficialmente vacaciones, Ávaro Román asume la presidencia del Consejo de la Judicatura y convoca a sesión del Pleno, de manera presencial a las 08:45, de este martes 19 de diciembre de 2023. En la agenda consta el conocimiento y resolución de expedientes disciplinarios que prescriben entre el martes y miércoles próximos. Hay expectativa por la decisión que tome la Judicatura sobre el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que está interrumpido debido a la crisis en la función judicial, a propósito del caso Metástasis. Las denuncias alrededor de ese concurso han provocado reacciones desde todos los sectores. Por ejemplo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia ha pedido que se suspenda el concurso. ¿Quién es Álvaro Román?   Román es Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, por la Universidad Central, en la que obtuvo su título profesional en 1991. Abogado en libre ejercicio, en materia Penal y Constitucional, también es Magíster en Derecho con mención en Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Otro título académico que ostenta es el de Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, por la Universidad Central del Ecuador. Entre su experiencia en la academia, se ha desempeñado como docente de Grado de la Universidad Central del Ecuador; docente de Posgrado en las Maestrías de Derecho Penal de las Universidades: Central del Ecuador, Andina Simón Bolívar y San Gregoria de Portoviejo.

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Wilman Terán presenta habeas corpus en la Corte Nacional y a la Judicatura pide vacaciones

El Universo .- El presidente del Consejo de la Judidiatrura, Wilmán Terán, es una de los 16 procesados por delincuencia organizada que tiene orden de prisión preventiva. El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, busca defenderse en libertad en el caso Matástasis. Cerca de las 13:00 de este lunes 18 de diciembre, sus abogados llegaron a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para interponer un recurso de habeas corpus que permita que salga de la cárcel a la que ingresó la madrugada del sábado último. Por el delito de delincuencia organizada, el juez de la CNJ, Felipe Córdova, abrió una etapa de instrucción fiscal contra 31 personas, entre ellas, Terán; los abogados Helive Paúl A. y Alexander N., el juez Santiago Z., Lenín M., César A., Emerson C., Gabriel G., Sofía G., María A., Mayra S., José S., Héctor P., Álex P., Gabriel S. y Armando R. La mayoría de ellos ingresaron a la denominada Cárcel 4, ubicada al norte de Quito. A otras 14 personas, dentro de este mismo caso, se les definió presentación periódica y prohibición de salida del país y al exjuez del Guayas, Ronald G., se le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario. Jorge Haz, parte de la defensa de Terán, espera que el sorteo se dé al interior de la Corte Nacional lo más pronto posible, pues se está hablando de la libertad de una persona que tiene un alto cargo en la CJ. Solicitó a los juzgadores que serían “enemigos manifiestos declarados” de Terán se excusen inmediatamente de conocer la causa. “Es importante que la justicia mediante su imparcialidad pueda resolver en derecho este habeas corpus. (…) La medida privativa de libertad es de última ratio, porque no podría defenderse en libertad. Va a existir una diferencia abismal en el tema probatorio, porque no es lo mismo que se defienda desde la cárcel a que se defienda en libertad. ¿Qué proceso él va a perjudicar? Ninguno. Si ya esto viene hace ya un año de investigaciones. Las investigaciones, los elementos ya están en la Policía. Qué injerencia puede causar el presidente del CJ ante la Policía Judicial. (…) No puede haber riesgo procesal”, señaló Haz. A lo jurisdiccional en la Corte Nacional, cerca del mediodía de este lunes, Terán, desde la cárcel, presentó en lo administrativo un pedido a la Judicatura para que se le de un permiso de 16 días, con cargo a vacaciones. En su documento ingresado, el presidente de la Judicatura pide que sea comunicado el vocal Álvaro Román para que lo supla en el cargo. Román de su parte envió al director general del CJ, David Guzmán, un oficio solicitando que certifique de forma urgente si el presidente de la entidad se encuentra ausente y se le informe a la brevedad posible para asumir el cargo. Una carta similar la remitió a los tres vocales restantes de la Judicatura: Fausto Murillo, Xavier Muñoz y Yolanda Yupangui. El habeas corpus planteado por Wilman Terán deberá entrar a un sorteo entre todos los magistrados que hacen parte de la Corte Nacional. Quien asuma la causa deberá inmediatamente definir fecha para la audiencia, pues en este caso lo que está en juego es la libertad de una persona. En este caso la Fiscalía investiga una delincuencia organizada que habría operado para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para Leandro Norero, procesado por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, dos de sus hermanos y su esposa. La operación simultánea para allanar y detener en el caso Metástasis se dio entre el 13 y 14 de diciembre pasados en siete provincias de Ecuador. El asesianto de Norero al interior del CPL de Cotopaxi, en Latacunga, el 3 de octubre d e2022, y las investigaciones emprendidas respecto a ese crimen generaron la obtención de evidencias, entre las cuales se encontraban dispositivos celulares con los que Norero habría montado un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar la impunidad.

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Ecuador, “salpicado” por el narcotráfico y el crimen organizado, denuncia fiscal Diana Salazar

Prácticamente todos los estamentos de la justicia están salpicados por el narcotráfico. Así lo advirtió la fiscal general, Diana Salazar, en diálogo exclusivo con “Punto de Orden”. Salazar reconoció que el mal se ha enquistado en la Corte Nacional, la Fiscalía, la Policía y el SNAI. Además, advirtió que a raíz del operativo “Metástasis”, se viene una escalada de violencia, porque eso es parte de la acción de la delincuencia organizada, que busca la forma de lograr la impunidad. El origen Esta investigación, explicó, nace a raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero. En su celda, y con el respectivo respaldo judicial, se decomisaron varios equipos celulares, que revelaron muchos nexos con jueces, fiscales, políticos y policías. El operativo como tal contempló la participación de 900 personas, entre funcionarios judiciales y policiales, y abarcó 7 provincias, con el resultado de 31 personas detenidas. Salazar anotó que, tal como se esperaba, los abogados de los detenidos intentan deslegitimizar las evidencias. Sin embargo, la cadena de custodia fue respetada a rajatabla. En cuanto a las advertencias que lanzó antes del operativo, el ex presidente Rafael Correa en redes sociales, estimó que lo único que denota, es el nexo que existe entre cierta clase política y las organizaciones criminales, y en el afán de ambas partes de conseguir la impunidad. El operativo también permitió detectar nueva evidencia, en torno al asesinato del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Por ahora esa información se mantiene en reserva, señaló. La fiscal también lamentó el afán de gestionar habeas corpus para los detenidos en este caso. Felizmente, la Corte Constitucional emitió un fallo, que advierte a los jueces sobre el mal uso de este recurso. Lo más importante, apuntó, es que los ciudadanos comunes, los medios de comunicación y otros sectores independientes, se conviertan en garantes de esta investigación, que busca la depuración de los operadores de justicia. Caso Glas En cuanto a la situación del ex vicepresidente Jorge Glas, quien se asiló en la Embajada de México, Salazar explicó que no había una orden de prisión en su contra. Lo que se hizo fue emitir una disposición a la Policía, para que garantice su presencia en las audiencias del Caso Reconstrucción de Manabí. En dicho proceso, Glas es investigado por peculado, y ahora busca la impunidad. Salazar recordó que desde hace 119 días, la Fiscalía ha pedido al juez Luis Rivera, de la Corte Nacional, que señale día y hora para la audiencia. Pero dicho magistrado se comporta de forma complaciente, y retrasa la diligencia una y otra vez. Parecida situación se vive en otros casos. El de Ina Papers, por ejemplo, que se ha retrasado numerosas ocasiones. Finalmente, la fiscal Salazar anticipó que el juicio político planteado en su contra por el correísmo, no tendrá el éxito que quieren. Ya es la tercera vez que pretenden destituirla, indicó. Salazar lanzó un mensaje de esperanza a los ciudadanos, y precisó que su objetivo es dejar un país mejor, sin impunidad.   Entrevista completa:

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Daniel Salcedo está prófugo de la justicia

Entre las más de 30 órdenes de detención contra los involucrados en el caso Metástasis, se encuentra el nombre de Daniel Salcedo. Con una lista de sentencias por lavado de activos, está prófugo de la justicia. El abogado del procesado, José Moreno Arévalo, dijo que su cliente no ha salido del país y que se presentará a la justicia, pero que necesitan primero tener acceso al expediente ya que nunca se les notificó. Algunos chats del narcotraficante Leandro Norero, exponen que Salcedo pide comprar armas y Norero le envía fotos de 23 armas de fuego y también 26 armas largas. El esquema de delincuencia organizada de Metástasis señala que Salcedo tiene el alias de ‘Bellito’.

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La alerta de Rafael Correa sobre el operativo del caso Metástasis configura un delito penal

Primicias .- El Código Penal, en el artículo 180, tipifica el delito de difusión de información de circulación restringida y establece una pena de prisión de uno a tres años. El expresidente Rafael Correa alertó en redes sociales, con unas 14 horas de anticipación, sobre el operativo que preparaba la Fiscalía General, para detener a los investigados por el caso Metástasis. Esa publicación configura un delito penal. Al tratarse de una investigación previa del Ministerio Público, la acción del exmandatario se configura en una “difusión de información de circulación restringida“, tipificada en el numeral 3 del artículo 180 del Código Integral Penal (COIP). Este delito se sanciona con una pena de prisión de uno a tres años. Esto, según la fiscal general, Diana Salazar, permitió que varias personas vinculadas a este caso de narcotráfico y presunta delincuencia organizada pudieran ponerse a buen recaudo. De las 38 personas investigadas, 31 fueron detenidas en la madrugada del 14 de diciembre, durante el operativo. Las otras siete son, de momento, prófugas de la justicia. Aunque, por ejemplo, el abogado de Christian Romero y de Daniel Salcedo dijo que sus clientes se entregarían a las autoridades. Sin embargo, hay juristas que hablan también de un posible delito de obstrucción de justicia, tipificado en el artículo 270.1 del COIP, que señala: Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, la persona que, mediante el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio, en todo tipo de procesos judiciales, ejecuta una o varias de las siguientes conductas: Impida la prestación de testimonio o la aportación de prueba; Induzca a una persona a prestar falso testimonio; y/o, Interfiera ilegítimamente en la libertad de actuación de jueces y fiscales.

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Caso Metástasis conecta a los actores de los casos Glas, Salcedo y Norero

Primicias .- La investigación de la Fiscalía logró llegar, por primera vez, a funcionarios de alto nivel en la Justicia y el Ejecutivo. El caso logra impulsar la figura de Diana Salazar, que enfrentará un juicio político en la Asamblea. Los operativos e investigaciones del caso Metástasis consiguieron, por primera vez, relacionar al crimen organizado con funcionarios de alto nivel del Estado. Las indagaciones del caso han llegado a jueces, policías, fiscales y funcionarios del Ejecutivo. La revelación de este esquema, que conecta con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, llegó a funcionarios como Wilman Terán, exjuez de la Corte Nacional y actual presidente del Consejo de la Judicatura, y Pablo Ramírez, general de la Policía, exdirector de Antinarcóticos y exdirector nacional del Servicio de Atención a Privados de la Libertad. El caso explotó en un momento político complejo, pues la fiscal general, Diana Salazar, enfrentará un juicio político en la Asamblea, impulsado por el correísmo. Justamente horas antes de los operativos, la Comisión de Fiscalización logró archivar tres juicios políticos y apurar en algo el proceso contra Salazar. El juicio político se centra en una supuesta “selectividad” de Salazar al momento de actuar. Y justamente en esa misma línea, el correísmo cuestionó el caso Metástasis. De hecho, el expresidente Rafael Correa ya había adelantado que el operativo se ejecutaría, y dijo que este buscaba “obstruir” el concurso de renovación parcial de la Corte Nacional. Este concurso, organizado por la Judicatura, también ha sido muy polémico, y ha generado múltiples denuncias de irregularidades, que apuntan hacia Terán. Sentencias a la medida El caso Metástasis comprueba, sobre todo, la relación entre el narcotráfico, jueces, fiscales y el SNAI. Por lo tanto, comprueba la existencia de sentencias a la medida, en coordinación entre la justicia y el crimen organizado. Nueve jueces y exjueces están siendo procesados dentro de la causa. Ellos se han encargado de manejar casos o acciones de protección que ya recibían cuestionamientos desde hace meses. Los nueve han tramitado alguno de los casos de Norero en distintas instancias, pero también aparecen en los casos de Daniel Salcedo y del ex vicepresidente Jorge Glas. Norero y Glas además compartían el mismo abogado: Cristian Romero, que también está investigado en el caso Metástasis. Ronald Guerrero Cruz Ronald Guerrero trabajó como juez de Garantías Penales de Guayas, en la Unidad Judicial Norte número 2. Desde ese espacio, estuvo a cargo de dos casos relacionados con los detenidos en el caso Metástasis. Por ejemplo, Guerrero estuvo a cargo de uno de los casos en contra de Daniel Salcedo por la corrupción hospitalaria. El exjuez es quien decidió dictar sobreseimiento a favor de Abdalá Bucaram Pulley; su esposa, Gabriela Pazmiño, y su hermano Michell Bucaram Pulley. Guerrero además fue el juez del caso por lavado de activos contra Leandro Norero, y la Fiscalía lo denunció por haber cambiado la participación de autores a cómplices de la viuda y los hermanos. Además aprobó la devolución de los bienes de su cuñado, y lo declaró inocente, al igual que a su madre, Betty T. Adolfo Gaibor Gaibor Adolfo Richard Gaibor Gaibor fue juez de la Corte Provincial del Guayas hasta enero de 2023, cuando fue destituido por el Consejo de la Judicatura por error inexcusable, en un caso relacionado con la Corporación Financiera Nacional. Además, en manos de Gaibor recayó uno de los hábeas corpus presentados por Norero en julio de 2022. Aunque él, junto a otros dos jueces, inadmitieron la acción con el argumento de que no era de su competencia. El caso pasó a Cotopaxi, donde Norero estaba detenido. Gaibor también tuvo en sus manos la apelación a la prisión preventiva en contra de Norero y su hermano, la cual (junto con otros dos jueces) negó. Johan Marferán Medina Johan Marfetán es todavía juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Como tal, fue parte del tribunal en el que recayó la apelación presentada por Norero y sus hermanos. En este caso, una audiencia fue fijada para el 19 de julio de 2022. Pero esta no se pudo realizar justamente por la ausencia de Marfetán. Por esto, se nombró a otro juez en su reemplazo. Como parte del tribunal de apelación, también ratificó el sobreseimiento de Betty T., madre de Leandro Norero. Mafetán de hecho fue recusado de ese caso hace poco (octubre de 2023) y separado de la causa. Glenda Ortega Marcial La actual juez de la Unidad Multicompetente de Samborondón, Glenda Ortega, fue quien, en julio de 2022, cambió la prisión preventiva de Norero por una orden de prohibición de salida del país. Esto lo hizo dentro de un proceso por tráfico de armas, distinto al proceso por lavado de activos. Además, llevó el caso en contra de funcionarios de Inmobiliar que pretendían sacar de la casa de Norero algunos bienes. Santiago Zumba Santiago Zumba Santamaría es juez de la sala de lo Civil de la Corte Provincial de Cotopaxi. El magistrado se encargó de tramitar uno de los hábeas corpus interpuestos por la familia de Norero. Zumba aceptó parcialmente un hábeas corpus a favor de la hermana de Norero, Johanna Zambrano. Con su decisión, dispuso al SNAI que coordine controles médicos semanales con el argumento de que la mujer sufría hipertensión arterial, trastorno de glándula tiroides y un proceso inflamatorio a nivel del útero, y gastritis. Además, tramitó otro hábeas corpus junto con otros dos jueces, en el que la hermana de Norero argumentaba que tenía cáncer. José Luis Segovia José Luis Segovia también es juez de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, y junto a Zumba estuvo a cargo de otro hábeas corpus de la hermana de Norero, en el que argumentaba tener cáncer. En este caso, los magistrados dieron paso a que la valoración médica de Zambrano se realice de forma discrecional por un médico. Al final, se le retiró la orden de prisión preventiva. Emerson Curipallo Ulloa El juez Emerson Curipallo es juez de Garantías Penales de Santo Domingo. Él se ha encargado de una decena de casos relacionados con el narcotráfico, y fue también quien emitió la boleta de libertad a favor del ex vicepresidente Jorge Glas, en noviembre de 2022. Curipallo además ordenó la libertad de alias “Madrid” y de alias “Cuyuyuy”, un mes antes de otorgar una medida cautelar a Glas. Estos dos hombres se encargaban de la seguridad

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Gobierno ‘aplaude’ trabajo de la Fiscalía y la Policía en el caso Metástasis

El Universo .- En el operativo fueron detenidas alrededor de 30 personas, incluyendo al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. A través de su cuenta en la red social X, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, se pronunció sobre el operativo Metástasis, derivado de investigaciones de presunta delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico que alcanza a altas autoridades, servidores y exservidores de la Función Judicial. “Aplaudo el trabajo de investigación de la Policía, la articulación con FGE (Fiscalía General del Estado), de la Policía y el trabajo de FGE”, escribió la ministra este jueves 14 de diciembre. En el operativo fueron detenidas alrededor de 30 personas, incluyendo al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. También hay jueces y exjueces, un exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y hasta integrantes de bandas criminales. En un video difundido esa madrugada, la fiscal general, Diana Salazar, dijo: “El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado el Estado para, a través del dinero mal habido, operar en instancias políticas y judiciales y lograr impunidad en unos casos”. La funcionaria señaló que este operativo es el más grande de la historia del Ecuador contra la corrupción y el narcotráfico. Mencionó que en las próximas horas se formularán cargos contra los aprehendidos la madrugada de este jueves 14.

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