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Ecuador, julio 26, 2024
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Con correos falsos, delincuentes pretenden engañar a docentes para recibir un supuesto pago

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El Universo .- La cifra sobre ingresos no autorizados a clases virtuales difieren entre el Gobierno y la UNE, organización que presentó una denuncia en Fiscalía. Al ingreso de personas no autorizadas a clases virtuales se suma que algunos docentes han recibido correos electrónicos bajo la modalidad de phishing, es decir, un ciberataque que busca engañar a quien lo recibe haciéndose pasar por una institución o persona. Según la organización Usuarios Digitales, ambos casos están relacionados con accesos y datos que la autoridad custodia. En un correo se pedía usar un enlace para recibir una donación de un programa atribuido al Ministerio de Educación. Esa información fue negada por esa cartera de Estado que pidió a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales. El documento fue exhibido por la Unión Nacional de Educadores (UNE), cuyos dirigentes acudieron este miércoles a presentar una denuncia en la Fiscalía sobre el ingreso no autorizado de individuos con el rostro cubierto a clases virtuales. Su presidente Andrés Quishpe indicó que la denuncia se refiere a las amenazas que estudiantes, maestros han recibido durante el teletrabajo. El Gobierno señaló que se han presentado 36 alertas de ingresos de personas no autorizadas a clases virtuales mientras que la UNE, 68. Para el dirigente, las amenazas físicas de las que eran objeto en las aulas se han trasladado a la educación virtual. Esmeraldas, Quito, Guayaquil, Durán, Manta, Portoviejo son las ciudades en las que se han presentado estos hechos, acotó, que se refieren a vacunas en planteles, a evitar que las entidades sean territorio de microtráfico, o a que haya patrullajes. Dayana Basantes, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), señaló que hay personas infiltradas y armadas quienes ingresan a clases virtuales para infundir miedo en estudiantes, padres de familia y profesores. Basantes acotó que la inseguridad ha ido creciendo y 12 estudiantes fueron asesinados en los exteriores de unidades educativas. Estas amenazas se dan en medio del anuncio gubernamental de que las clases virtuales se mantendrán hasta el viernes, 19 de enero.

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Soledad Padilla denuncia a su exabogado por divulgar audios del conflicto personal con Jorge Glas

Nacionales /

El Universo .- Este 20 de noviembre asistió a la Fiscalía General para reconocer su firma y rúbrica en una denuncia por revelar información entre abogado y cliente. Por divulgar audios de conversaciones personales relacionadas con el exvicepresidente Jorge Glas, Soledad Padilla Morán denunció a Juan Francisco Ospina Loza, a quien había contratado como su abogado defensor. A la Fiscalía General en Quito, asistió Soledad Padilla, este 20 de noviembre de 2023, para reconocer su firma y rúbrica dentro de la denuncia por divulgación información y secreto no develado a favor de terceras personas sin autorización. Padilla, excolaboradora de Glas durante la administración de Rafael Correa, había confiado los audios de conversaciones personales que mantuvo con el exsegundo mandatario en el régimen de Rafael Correa, Jorge Glas, a su anterior abogado Juan Ospina para que los analice, pero él los habría divulgado sin autorización de su cliente. Esto había provocado que la denunciante se enfrente a procesos judiciales planteados por Glas lo que la ha obligado a hablar «públicamente de su vida privada», se informó. Padilla llegó este lunes, antes del mediodía, a una de las unidades de la Fiscalía al norte de la capital, para reconocer su identidad en este proceso. Para evitar las fotografías y preguntas, la rodearon sus conocidos y solamente habló su actual abogado, Oswaldo Trujillo. El jurista, defensor de Padilla, explicó que la denuncia se sustenta en la difusión no autorizada de audios de conversaciones personales en las redes sociales y medios de comunicación, pese a que se le entregaron para que sirvan como pruebas en el trámite de la denuncia por presunta intimidación que se planteó en contra de Glas. «Esos audios, que se le entregaron como abogado de Soledad Padilla, Ospina los difundió sin la autorización, lo que configura el delito de presunta revelación de secreto o información personal de terceros que no ha sido autorizada», puntualizó Trujillo. Añadió que desconocen si por difundir esas conversaciones hubo un «precio o no, pero los divulgó y no sabemos si para causarle un perjuicio a ella o a varias personas». Así también, aclaró que Ospina había sido la «única persona a la cual se entregaron los audios, no había un tercer o cuarto, era la única persona en la que confió Padilla y él se encargó de destruir la relación abogado cliente y la puso en vulnerabilidad». Con este reconocimiento de firma y rúbrica, Padilla formalizó la denuncia contra su exdefensor y espera que se inicie la indagación previa. En octubre pasado se revelaron audios de conversaciones personales entre Jorge Glas y Soledad Padilla, quien le reclamaba ser acosada. El exvicepresidente presentó una denuncia en la Fiscalía del Guayas contra Padilla por presunta extorsión, ya que, según dijo, la mujer le habría exigido el «el pago de $ 350.000 a cambio de una grabación que ella y (el asambleísta) Ferdinan Álvarez Zambrano ilegalmente habían realizado». De su lado, Padilla asegura que fue «víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte de Jorge Glas» y que el «punto de quiebre en su relación de amistad y de colaboración» con el exvicepresidente se dio en septiembre de 2023, cuando conoció de su relación con Álvarez. Según el artículo 179 del Código Orgánica Integral Penal (COIP), «la persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año».

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Soledad Padilla asegura que es ‘hostigada, amedrentada y amenazada’ desde que existió un rompimiento en su relación de amistad y colaboración con Jorge Glas

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El Universo .- Una denuncia por acoso e intimidación colocó Soledad Padilla contra el exvicepresidente Jorge Glas. Él denunció a Padilla por extorisón. La excolaboradora del exvicepresidente Jorge Glas, Soledad Padilla, asegura en una carta pública en la que busca aclarar ciertos temas que el “punto de quiebre en su relación de amistad y de colaboración” con Glas se dio en septiembre pasado (2023), luego de que él conociera de su relación con Ferdinan Álvarez, asambleísta electo por el movimiento de la Revolución Ciudadana (RC). Padilla sostiene que ingresó a ser colaboradora de Glas cuando tenía 22 años, desde 2008, e hizo parte de sus equipos de trabajo en el desaparecido Fondo de Solidaridad, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Sectores Estratégicos y Vicepresidencia de la República. Recuerda que cuando Jorge Glas perdió su cargo como vicepresidente y fue apresado dentro del caso por asociación ilícita relacionado con Odebrecht , en 2017, ella también se quedó sin trabajo. “En ese período continué apoyándolo de forma solidaria y desinteresada. Lo visité en la cárcel, le llevé medicinas y me ocupé incluso de temas relacionados a sus hijos. Por esas tareas no recibí ninguna remuneración. Lo hice por gratitud a los nueve años en los que pude colaborar con él”, asegura la denunciante. El fin de semana último trascendieron una serie de audios en los que se escucharían conversaciones entre Soledad Padilla y Jorge Glas, en otros se escuchan las voces de Glas y Ferdinan Álvarez y en otro final al expresidente Rafael Correa y al asambleísta electo y pareja de Padilla. Inmediatamente se conoció que Padilla presentó una denuncia por acoso e intimidación contra el exvicepresidente y Glas, días después, planteó una denuncia contra Padilla por extorsión Según la excolaboradora de Glas, quien aclara que se han difundido audios obtenidos de forma ilegal, refirió que desde que existió el “punto de quiebre” en la relación con el exsegundo mandatario, ella dice que ha sido hostigada, amedrentada y amenazada. Piensa Padilla que el contexto ocurrido le ha permitido evidenciar que durante todos estos años ha sido “víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte de Jorge Glas”. “No lo había podido identificar hasta ahora, pues tenía normalizados los malos tratos, las amenazas, las alusiones inapropiadas a mi vida personal, mi apariencia física y mis relaciones de pareja. Además, he podido también identificar las acciones de control y sometimiento que Jorge Glas ejercía hacia mi y la constante amenaza de dejarme sin empleo”,  insistió quien reconoció haber laborado desde el 2019 al 2023 en la prefectura de Pichincha. Toda esta situación habría generado en Soledad Padilla afectaciones en su salud mental, así como también en la de su madre y su hijo menor de edad. Dejó claro en su carta que jamás tuvo una relación ni sentimental ni sexual con Glas, quien salió de la cárcel en noviembre pasado debido a una “libertad provisional” ordenada por un juez que acogió un pedido de medidas cautelares autónomas. Jorge Glas mantiene dos sentencias en firme por actos de corrupción realizados en la función pública: la primera de seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita y la segunda de ocho años por cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Actualmente goza de la unificación de penas y le restan poco más de dos años de los ocho definidos como pena única. “Lamentablemente, en una sociedad machista , las mujeres somos blanco de múltiples formas de violencia, aún más cuando los espacios de poder están dominados por hombres que perpetúan estas prácticas con impunidad. Esta no es una pugna de poderes ni un ataque político a la organización. Es violencia de género y no puede ser tolerada”, finalizó Padilla el comunicado que se hizo público la noche del lunes 23 de octubre último. Ferdinan Álvarez presentó formalmente su pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) para desafiliarse del movimiento de la Revilución Ciudadana. Dijo que lo hacía porque era fiel a sus principios, pues se estaban vulnerando los derechos de una mujer. “Mi salida corresponde única y exclusivamente porque cuandoi se trastocan los principios básicos que un movimiento político dice defender y cuando hay que actuar, hace todo lo contrario, ahí es cuando uno realmente traiciona sus principios. Mi salida se da porque no corresponde a los principios que pregona un movimiento político”. Álvarez negó que él o Padilla hayan sido quienes hicieron públicos los audios y ante ellos adelantó que plantearían una denuncia por ese hecho.

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Abogados denuncian al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y al vocal Xavier Muñoz por falsificación y uso de documento falso

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El Universo .- Únicamente con los votos a favor de Wilmán Terán y Xavier Muñoz se decidió en el pleno de la Judicatura la destitución del juez nacional Walter Macías. El panorama jurídico se complica para el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y para el vocal de ese organismo, Xavier Muñoz. La mañana de este jueves 31 de agosto los abogados en libre ejercicio Ramiro García y Ángel Orna presentaron en la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra Terán y Muñoz por falsificación y uso de documento falso.   Según García, la resolución de destitución del juez Walter Macías contiene hechos evidentemente falsos. Explica, se haría constar en dicha resolución que se ha tomado una votación de dos votos por la destitución y una abstención, es decir, que había tres asistentes, cuando de los videos recabados por Fiscalía y que se han hecho públicos, evidentemente estaban todos en la sesión: cinco asistentes, de los cuales dos votaron por la destitución y tres en abstención.   Para uno de los denunciantes esto quiere decir que se hace constar en la resolución hechos falsos para sustentar fácticamente una decisión ilegal.   Esta denuncia penal llega a pocos días de que la fiscal general, Diana Salazar, solicitó día y hora para formular cargos por el delito de obstrucción de la justicia contra Terán, Muñoz, los también vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, además de otros cuatro funcionarios del CJ.   La presunta obstrucción de la justicia investigada por la Fiscalía desde el 11 de mayo pasado estaría relacionada con los casos Las Torres, en el que fueron sentenciados por delincuencia organizada once personas, entre ellas, el excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban; y en el que por el tráfico de influencias son procesados los vocales Barreno y Juan José Morillo, además del juez Vladimir Jhaya. El pedido fue realizado formalmente a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el martes 29 de agosto último, una vez se habrían encontrado los suficientes elementos de convicción para que estas ocho personas sean procesadas por su posible participación en el delito de obstrucción a la justicia cometido aparentemente en estos dos casos de connotación nacional. El caso por sorteo habría recaído en manos del juez nacional Luis Rivera. “Consideramos que se ha incurrido en el delito de falsedad de documento público, porque se hacen constar hechos falsos en un documento público, en la resolución emitida por el pleno del CJ. Esta resolución debió haber sido suscrita por al menos tres vocales, de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) que obliga a que una decisión de destitución debe contar con la mayoría de los integrantes. En este caso, insisto, se hace constar como que solo asistieron tres, cuando asistieron cinco, dos de los cuales votaron por la destitución y tres en abstención”, insistió García.   La denuncia recibida personalmente por la fiscal Diana Salazar iría directamente en contra de los vocales que suscribieron la resolución de destitución, en específico, Wilman Terán y Xavier Muñoz, y Katherine L., subdirectora de Gestión de Procesos del CJ. La figura penal por la que se denuncia está definida en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la cual prevé penas de cárcel de cinco a siete años.   García reconoce que los integrantes del CJ siguen en funciones hasta que renuncien o hasta que sean destituidos por el órgano competente, en este caso, la Asamblea Nacional. Independientemente de aquello, él sostiene que la intención de la denuncia y de los denunciantes no es resolver un tema político a través de la vía penal, sino alertar del cometimiento de un delito.   “La vía penal no es la idónea para resolver problemas administrativos, ni políticos. Nosotros estamos totalmente fuera de esa lógica, lo que venimos es a denunciar un delito que se ha cometido y que desde nuestro punto de vista es evidente. Es inadmisible que se lo realice por parte de quienes se supone están dirigiendo la administración de justicia”, apuntó García, quien cree que lo que correspondía es que la Fiscalía haga una sola imputación por dos delitos en concurso, pues existe un concurso ideal de infracciones, es decir, los mismos hechos se pueden subsumir dentro de dos delitos diferentes.   El presidente Terán ha defendido en diferentes foros la decisión tomada y afirma que la destitución del juez Walter Macías, aplicando la mayoría calificada de tres miembros -con dos votos de tres-, no es la primera que se ha adoptado en este organismo. “Al instalar dicha sesión (el 19 de agosto pasado) se encontraban los cinco miembros del pleno (del CJ). Hubo un pedido de votación, existieron tres abstenciones y dos votos a favor. Hasta allí debía sentarse la razón, pero hubo una solicitud de reconsideración. Al hacerse la solicitud de reconsideración, esta tuvo apoyo de otro de los miembros. Se receptó votación y al momento de receptarla, dicen las reglas de las sesiones del CJ que en caso de ausentarse, siendo una sesión telemática, uno de sus miembros, tiene que esperarse 15 minutos y recurrir a mecanismos alternativos para consignar su voto. En ese momento no se conectaron, no estuvieron activos telemáticamente dos de los miembros. La norma que regula las sesiones establece que eso se registra como una ausencia”, explicó el titular de la Judicatura. El también vocal de la Judicatura Fausto Murillo refiere que en la destitución de Walter Macías no se observó el artículo 264, numeral 14, del COFJ, que dice que debe existir al menos tres votos conformes para proceder a la destitución de un servidor. “En mi concepto (la destitución) es ilegal, no se cumplió lo que dice esta norma. Además, se destituyó con dos votos positivos y tres abstenciones. Si reformaron el reglamento para darle validez al voto de abstención, quiere decir que fue mayoría la abstención y minoría los votos positivos”. 

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Gustavo Petro otorga poder a conjuez para que lo represente ante presuntas irregularidades en campaña colombiana

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El Universo .- El hijo de Petro confesó que dinero irregular ingresó a la campaña presidencial. Tras la confesión a la Fiscalía por parte de Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario colombiano Gustavo Petro, sobre el financiamiento irregular en la campaña presidencial, varias voces políticas se han unido para plantear la destitución del presidente.   El fiscal Mario Burgos indicó en la audiencia judicial de este jueves que Nicolás dijo que “recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Marlboro” y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, “una parte de estos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos (…) y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022″.   También recibieron dinero del hijo del Turco Hilsaca. “Una parte fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Petro y de su compañera sentimental, Daysuris Vásquez para su beneficio personal e incrementar su patrimonio y así, entre los dos, blanquear los bienes”.   Ante estas declaraciones, el mandatario colombiano afirmó que continuará con su mandato hasta 2026.   “Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca (…) para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia”, dijo el mandatario en un acto con campesinos en Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre. Petro, que el próximo lunes cumplirá el primero de sus cuatro años en el poder, subrayó que su elección se la debe “al pueblo y a nadie más” y por eso “es al pueblo al que debo responder”. Durante la mañana de este viernes, en cambio emitió un comunicado a través de la Presidencia de la República en la que señala que recibe con dolor la información sobre las presuntas irregularidades en la campaña.   “Nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales”, se añadió en un comunicado Petro indicó que otorgó un poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Luga, para que lo represente.   “Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción y el gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor”, finalizó.

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Asambleísta Mireya Pazmiño es investigada en la Fiscalía por caso Flopec y se prepara una queja a nivel de la legislatura

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El Universo .– Actualmente, el informe motivado sobre el juicio político está en proceso de redacción que deberá concluirse hasta el 6 de mayo, según el cronograma La asambleísta por la provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño (separada del bloque Pachakutik), enfrenta dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado por fraude procesal y falsedad ideológica, y se prepara una queja en su contra a nivel de la Asamblea Nacional. Pazmiño, junto a otros cuatro legisladores, impulsó la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por supuesto delito de concusión y peculado, derivados de una investigación que realizó una comisión ocasional donde ella también fue integrante y se denominó “El Gran Padrino”, que tomaba como base audios filtrados de supuestos hechos de corrupción en las empresas públicas que supuestamente las lideraba Hernán Luque Lecaro, presidente del directorio de EMCO, y el cuñado del presidente, Danilo Carrera Druet. Una vez presentado el juicio político, la solicitud pasó a conocimiento de la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad. El fallo de los jueces delimitó la razón por la cual el primer mandatario podría ser enjuiciado, pues rechazó la causal de un supuesto delito de concusión, y centró su decisión en un posible delito de peculado en el contrato para el transporte de hidrocarburos suscrito por la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker. En la etapa de la práctica de la prueba del juicio político al presidente Lasso, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, Pazmiño, fue activa en el interrogatorio a los testigos que se presentaron. Pero, cuando ella pasó a ser testigo la situación de Pazmiño, se complicó. Pasó a ser fiscalizada por la defensa del primer mandatario por un informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico que preside respecto a la investigación al contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Ella, como presidenta de la mesa de Régimen Económico, inició un proceso de fiscalización a Flopec que concluyó con la presentación de un informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa pública con fecha 31 de octubre de 2022, que fue suscrito por cuatro asambleístas más: Johnny Terán (PSC), Ana Herrera, Blasco Luna y Jahiren Noriega (UNES). El informe aborda el tema central del juicio político que ella mismo formuló al primer mandatario. En el informe legislativo resalta la asociación entre Flopec y Amazonas Tanker, e inclusive habla de un crecimiento en las utilidades de la empresa pública por un buen manejo de la entidad. En cambio, en el juicio político admitido a trámite tras el dictamen de la Corte Constitucional habla de pérdidas y perjuicios al Estado de $ 6,1 millones por mantener el contrato con Amazonas Tanker, y que esa situación financiera de Flopec conocía el primer mandatario y no actuó. Denuncias en la Fiscalía Fraude procesal en el ámbito penal y falsedad ideológica en la falsificación de documentos relacionados al informe sobre el caso Flopec y Amazonas Tanker, son las causales que llevaron al legislador Fernando Villavicencio (IND) y a cuatro asambleístas del correísmo, a presentar denuncias ante la Fiscal del Estado, Diana Salazar. La petición de investigación fue calificada y empezaron las comparecencias. El legislador Villavicencio precisó que la indagación se realiza por haberse descubierto que el informe elaborado en la Comisión de Régimen Económico que preside Mireya Pazmiño, fue hecho por personas vinculadas a Amazonas Tanker. Y ese informe forma parte del proceso de juicio político al presidente de la República. La segunda denuncia fue presentada ante la Fiscalía por los asambleístas de UNES: Ana Herrera, Jahiren Noriega y Blasco Luna, frente al posible cometimiento de delitos en la elaboración del informe no vinculante sobre la situación de Flopec. En el escrito presentado alertan que llegó a su conocimiento una noticia criminis sobre el hecho de que el informe respecto a Flopec y Amazonas Tanker, fue elaborado por ciertos funcionarios públicos que posiblemente utilizaron su influencia y la de sus familiares para perpetrar una serie de presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción para beneficio propio o de terceros; “por lo que solicitamos se investigue las responsabilidades en torno a dicho documento, en especial al exasesor parlamentario Mario Naranjo y a su hermano Wilson Naranjo, supuesto lobbysta de empresas petroleras. Denuncia en la Asamblea En tanto, la legisladora nacional por Pachakutik, Patricia Sánchez, prepara el texto para presentar un pedido de investigación y sanción ante el Comité de Ética de la Asamblea contra su colega Pazmiño, por las irregularidades denunciadas en la Fiscalía General del Estado respecto al informe sobre la situación actual de empresa pública Flopec, y el desenvolvimiento de los últimos años. La denuncia en proceso recogerá la denuncia sobre la forma en que se elaboró el informe sobre el caso Flopec EP y Amazonas Tanker, pues se señala que el documento fue realizado por personas externas a la mesa de Régimen Económico, porque la presidenta no socializó el documento previo a su votación. Apoyaron el documento el voto de los asambleístas de las bancadas: UNES, PSC y Mireya Pazmiño. Sánchez espera que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), califique su pedido de investigación y remita el expediente al Comité de Ética para que se indague y se sancione.

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Gobierno presenta ante la Fiscalía una denuncia para que se investigue el comportamiento de seis jueces que habrían decidido a favor de ‘delincuentes’

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El Universo .- En cadena nacional el presidente Guillermo Lasso presentó nombres y rostros de cinco jueces que habrían cometido irregularidades para liberar a ‘delincuentes’. Como lo ofreció en cadena nacional la noche del martes último el presidente Guillermo Lasso, su gobierno, mediante el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, presentó, la mañana de este 8 de febrero, una denuncia formal en la Fiscalía contra seis jueces que supuestamente han beneficiado con sus decisiones a ‘delincuentes’. Ordóñez explicó que a los cinco nombres expuestos por el primer mandatario en cadena nacional se agregó uno más, el cual no lo dio a conocer. Más tarde esta misma lista de nombres se presentaría en el Consejo de la Judicatura (CJ) para que esta instancia analice los casos y adopte las decisiones que considere apropiadas. Para el funcionario gubernamental es necesario que se investigue penal y administrativamente la conducta de jueces que “aparecen vinculados a decisiones judiciales que benefician a delincuentes y perjudican a ciudadanos en la seguridad”. Según Ordóñez, la decisión de presentar una denuncia llegó luego que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional entregaron al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) una investigación en la que se señalan nombres de jueces que se repetirían en una serie de casos en los que se dejó en libertad a delincuentes, asesinos, violadores, personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes, tráfico de armas. El secretario de Seguridad asegura que no se quiere criminalizar a nadie, pues es la Fiscalía la que debe investigar y llevar a las cortes cuando existan elementos suficientes para un hecho penal y el CJ sancionar administrativamente. Diego Ordóñez asegura que el Gobierno lo que ha hecho es simplemente colocar a conocimiento de la ciudadanía hechos que han ocurrido y han sido públicos. “Los jueces tienen que servir a la justicia, los jueces tienen que servir a la causa de la seguridad. Los jueces que están poniendo la administración de justicia al servicio de la delincuencia están atentando contra un bien que es fundamental en la convivencia de los ciudadanos: la seguridad”, refirió Ordóñez. La denuncia estuvo acompañada del informe presentado al Cosepe por el Ministerio del Interior y la Policía, en el que se hace relación a la investigación de los jueces y los casos en los que están involucrados. Este documento habría sido aprobado por el Cosepe, a partir de lo cual se dispuso la denuncia. El primero caso en ser mencionado por el presidente Lasso fue el de Ángel Lindao Vera, juez multicompetente de La Concordia destituido por el CJ por manifiesta negligencia. Luego se señaló el nombre de Juan Carlos Terán Moreno, de Guayaquil, quien firmó más de quince boletas de excarcelación a delincuentes. Lasso incluyó en la lista de jueces expuestos a los magistrados de Manabí Alexandra Quintero Prado y Luis Alarcón Bowen, quienes ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico. Y finalmente nombró a Émerson Curipallo, juez de Santo Domingo de los Tsáchilas que, resaltó el primer mandatario, firmó más de quince boletas de excarcelación, “abusando de la acción de protección”. Del sexto nombre Ordóñez no se refirió, pero apuntó que más adelante se tendrá la evidencia respecto a cada uno de los casos denunciados. De todas formas, el secretario de Seguridad reiteró lo dicho por el presidente Lasso respecto de que harán exactamente lo mismo con todos aquellos jueces que siguen camino de los ya denunciados. “Lo que corresponde a un Gobierno que tiene una convicción respecto a la seguridad es pedir que la Función Judicial y los jueces sirvan a esa causa y es responsabilidad moral exponer frente al país y a las autoridades de investigación el nombre de aquellos jueces que entendemos no están obrando en esa línea. No hay estrategia de seguridad que funcione sin que los jueces operen en consecuencia a esa estrategia”, concluyó.  

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Frente Parlamentario Anticorrupción presentará a la Fiscalía nombres de candidatos a alcaldes, prefectos y concejales vinculados al narcotráfico

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El legislador Fernando Villavicencio, como ejemplo de las supuestas vinculaciones habló del actual alcalde de Manta, Agustín Intriago, candidato a la reelección   El Frente Parlamentario Anticorrupción, este 6 de enero, oficializará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de legisladores y candidatos a alcaldes, prefectos y concejales del país que estarían vinculados al narcotráfico.   El anuncio lo realizó el legislador nacional, Fernando Villavicencio, quien dijo que este jueves el país conocerá los primeros nombres de candidatos supuestamente vinculados al narcotráfico y que el Frente Parlamentario pedirá a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a todos los organismos encargados de la lucha contra el crimen organizado investiguen los nombres de quienes están vinculados a la narcopolítica. La denuncia también la presentarán al presidente de la República, Guillermo Lasso. Villavicencio adelantó que la primera denuncia, de una serie de documentos que entregarán a la Fiscalía General del Estado, incluye varios nombres de candidatos a gobiernos locales y también incluye operaciones de al menos un asambleísta, que en otros momentos ya se ha presentado información.   “Entregaremos indicios y relaciones de varios candidatos y partidos políticos relacionados con operaciones ilegales, delincuencia organizada y crimen organizado en el país”, reiteró Villavicencio.   En la lista hay nombres de candidatos a alcaldes, prefectos, concejales y asesores, y como un ejemplo reveló que posee todos los documentos entregados por la Notaría del cantón 24 de mayo en la provincia de Manabí, que confirman que al menos dos empresas de Leandro Norero (quien tenía procesos penales por lavado de activos y tráfico ilícito), maquilladas a través de Daniel Mistele, representante del consorcio Mantavía, firmaron contratos y auspiciaron varias candidaturas en la provincia de Manabí, en particular la del actual alcalde de Manta, Agustín Intriago. Hay dos contratos firmados, reiteró Villavicencio, quien dijo que la Fiscalía tiene la obligación de investigar a esas dos empresas, cuyos representantes están vinculados a una empresa del actual alcalde de Manta y candidato a la reelección.   Aclaró que no es un problema contra un partido, porque no solamente es de un partido sino de varios movimientos políticos que inscribieron candidatos a las alcaldías, y que existen otros candidatos de provincias fronterizas como Esmeraldas, donde existen aportes y financiamientos a varios partidos políticos y candidatos. Fuente: El Universo

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‘En la Policía no hay narcogenerales, y eso que quede muy claro’: comandante policial defiende trabajo institucional

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Según el ministro del Interior, Juan Zapata, el mando institucional está más firme.   El ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de la Policía, Fausto Salinas, negaron que en las filas policiales existan narcogenerales.   Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, señaló que se han retirado visas a narcogenerales ecuatorianos y que existe mucha preocupación respecto a la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden. El diplomático nunca dio nombres.   Sus declaraciones causaron un remezón en la cúpula policial y derivaron en investigaciones en la Asamblea Nacional y otras instituciones, como la Contraloría General del Estado.   “Con la dignidad de las personas no se juega”, dijo este jueves Zapata en una rueda de prensa, en la que se refirió a los operativos por el feriado de Fin de Año, pero en el que también abordó ese tema.   Según el funcionario, hay un informe de Contraloría del patrimonio de los generales policiales: todos los que están en servicio activo se encuentran sin ningún problema jurídico ni legal, incluyendo uno de los altos oficiales que supuestamente tenía un inconveniente en el monto económico de sus bienes. Aseguró que el alto mando institucional de la Policía está “más firme” y ha dado extraordinarios resultados estos últimos tres meses.   “Eso de ‘narcogenerales’ no le hace bien a una institución que está poniendo el pecho a las balas…”, respondió a la pregunta de un periodista acerca de una depuración interna en relación con los llamados narcogenerales.   En el mismo orden de defensa estuvo el comandante de la Policía, Fausto Salinas.   “En la Policía no hay narcogenerales, y eso que quede muy claro. Hay oficiales comprometidos con su trabajo, con su esfuerzo”, acotó el jefe policial.   Afirmó que se extremarán más las medidas de confianza con algunos aspectos adicionales en 2023, para que se investigue a los policías que podrían estar involucrados en algún delito.   Pidió a la Asamblea que revise las disposiciones con respecto al régimen disciplinario. Mencionó que Zapata está trabajando en reformas al reglamento de disciplina de la Policía.   Salinas indicó que cualquier policía que viole la ley o que tenga un mal comportamiento tendrá que atenerse a las consecuencias.   Resaltó la labor de sus compañeros, pues mencionó que se han capturado 195 toneladas de droga y 8.853 armas de fuego han sido retiradas a la delincuencia, con 150.000 municiones. Fuente: El Universo

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Policía activa dos líneas telefónicas para denunciar casos de extorsión

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En lo que va del año se han registrado 4.523 denuncias, según datos del Ministerio del Interior. A diario circulan en redes sociales casos de antisociales que extorsionan a personas y negocios, exigiendo bajo amenazas el pago de las conocidas vacunas (dinero), a cambio de supuestamente brindarles protección, cuando en la práctica, si no se ejecuta el pago, los atacan.   En lo que va del año se han registrado 4.523 denuncias relacionadas con el delito de extorsión y 1.105 casos han sido resueltos, indicó el ministro del Interior, Juan Zapata.   Sin embargo, el funcionario reconoció que “hay una gran cantidad de personas que no denuncian porque tienen miedo de revelar su identidad”.   Como medida para combatir a la delincuencia, este jueves 22 de diciembre se presentó la iniciativa “Di alto a la extorsión” generada por la Policía Nacional, a través de la Unidad Anti Secuestros y Extorsión (UNASE), en coordinación con la Cámara de Industrias y Producción (CIP), la Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas del Ecuador (AIBE) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB).   En ese sentido, el comandante de la Policía, Fausto Salinas, dio a conocer que las personas afectadas pueden denunciar los casos a través de dos líneas telefónicas: 1800-DELITO (335486) opción 1 y al 1800-EXTORSIÓN. Se mantendrá el anonimato de los denunciantes, precisó el comandante. Salinas indicó que la UNASE se encargará de gestionar las llamadas que se reciban. Adicionalmente, explicó que los efectivos de la Unidad Anti Secuestros y Extorsión también tendrá a cargo asesorar a los ciudadanos que se sienten extorsionados y cómo actuar ante las amenazas.   Por su parte, María de la Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, manifestó que las extorsiones “no pueden pasar más” porque generan caos y pánico en la ciudadanía.   “Los ecuatorianos merecemos vivir en paz, trabajar en paz”, resaltó Jervis e indicó que el gremio entregará folletos informativos a locales comerciales.   El ministro del Interior destacó que la información que se obtenga por las denuncias a través de las líneas telefónicas permitirá obtener datos de georreferenciación para romper con los esquemas de las vacunas y detener a los grupos delincuenciales.  Fuente: El Universo

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Presidente Lasso señaló que denunciará a los candidatos vinculados con el narcotráfico cuando se tengan todos los elementos

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Se refirió a la condecoración que hizo el asambleísta Ronny Aleaga, de UNES, a un marino que fue detenido con alias ‘JR’, líder de Los Choneros. Tras haber dicho el miércoles, en una entrevista, que existen asambleístas y candidatos a las elecciones de 2023 que tienen vínculos con el narcotráfico, el presidente Guillermo Lasso explicó que denunciará estos casos cuando posea toda la información pertinente. “Lo haremos, pero cuando tengamos todos los elementos, a través de los cuales sea imposible negar tal vinculación”, precisó Lasso la noche del jueves, en una entrevista con el periodista Carlos Vera, en el canal TC Televisión. En este espacio, el mandatario se refirió a las declaraciones que dio a la cadena NTN24, en Washington, el 21 de diciembre, donde aseveró que hay políticos correístas relacionados con el narcotráfico y que tiene pruebas. El jefe de Estado mencionó el jueves que la información está en proceso. “No son hechos que pueden desaparecer de la noche a la mañana”, agregó. Señaló que junto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se llegó a la conclusión de que se requiere un equipo de inteligencia que se encargue de recolectar y cruzar la información para poder presentarla ante las autoridades. Cuestionó que la norma electoral impide que avance un proceso judicial cuando una candidatura está en firme. “Absurdo de la ley”, exclamó el mandatario. Comentó sobre la condecoración que hizo el asambleísta de UNES, Ronny Aleaga, a un marino, en octubre de 2021, quien en diciembre 2022 fue detenido junto con Júnior Roldán, alias JR, líder de la banda Los Choneros. “Dentro de los detenidos por actos delincuenciales está un marino en servicio activo, lo cual es grave, que ha sido condecorado por un asambleísta y que, además, trabaja en la seguridad de ese asambleísta. ¿Qué más pruebas quiere usted? Hay que presentarlo frente a la justicia y lo vamos ha hacer. No tenga duda. No me va a temblar la mano para hacerlo y para ordenar a los servicios de inteligencia del Ecuador que presenten la información”, manifestó el presidente. Añadió que la conexión entre políticos y el crimen organizado no es reciente, y aprovechó el tema para instar a los ciudadanos a reflexionar su voto en las próximas elecciones seccionales. “Es la basura debajo de la alfombra. Lo que estamos haciendo es levantar la alfombra para que se vea la basura y todos los ecuatorianos tengan claro por quién deben votar y por quién no deben de votar si están preocupados por su seguridad”, dijo el presidente y mencionó que “no se puede votar por quien dice ‘no’ a la extradición”. Fuente: El Universo

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