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Bukele dice que El Salvador dejó de ser “capital mundial del crimen”

Internacionales / streaming streaming / 20/09/2023

Primicias .- El Salvador ha pasado de ser la “capital mundial del crimen” a ser “referente de algo positivo” con su guerra contra las pandillas criminales, dijo el martes el mandatario Nayib Bukele en la tribuna de la asamblea general de la ONU. “Muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre” en El Salvador, sobre todo “en América Latina, pero también en Estados Unidos y en otras partes”, dijo eufórico, porque el país centroamericano pasó de ser “literalmente el país más peligroso del mundo, a ser el más seguro” del continente, solo por detrás de Canadá. Bukele, arropado por su esposa y su hija, no quiso dar ninguna fórmula. Dijo que los gobiernos “deben tomar sus propias decisiones y reafirmar sus derechos” y “utilizar el sentido común”. Tras 4 años de gobierno, dijo, es la primera vez que en 202 de historia, el país “más pequeño del continente americano ha dado grandes pasos para lograr su sueño de grandeza”. Y esos sueños pasan porque las personas puedan caminar por las calles sin miedo, los niños jugar en los parques, convertir al país en destino turístico y capital del surf y que muchos emigrantes deseen volver, según explicó. Aprobación de la gestión Las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la cruzada de Bukele contra las pandillas que controlaban barrios, se financiaban con extorsiones, sicariato y tráfico de droga, lanzada en marzo de 2022. En 17 meses, la medida, que permite detenciones sin orden judicial, cerca de 72.600 presuntos pandilleros han sido detenidos, para lo que hizo construir una megacárcel para más de 40.000 personas. Más de 7.000 inocentes han sido liberados, según las autoridades. Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos 1.600 menores. “Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerles su forma de hacer las cosas, menos cuando éstas ni siquiera funcionan en nuestros países”, advirtió Bukele.

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El Salvador convocó a elecciones generales pese a los señalamientos de inconstitucionalidad por la reelección de Bukele

Internacionales / streaming streaming / 07/09/2023

Infobae .- Estos comicios incluirán la elección del presidente, vicepresidente, diputados para la Asamblea Legislativa y representantes para el Parlamento Centroamericano, así como miembros de los consejos municipales El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador convocó oficialmente a más de 5,5 millones de ciudadanos a participar en las elecciones generales de 2024, en las queel actual presidente Nayib Bukele buscará la reelección, pese a los señalamientos de inconstitucionalidad. Estos comicios incluirán la elección del presidente, vicepresidente, diputados para la Asamblea Legislativa y representantes para el Parlamento Centroamericano, así como miembros de los consejos municipales, según el anuncio que hizo la presidenta del ente Dora Esmeralda Martínez de Barahona, en una cadena de radio y televisión citando el artículo 169 del Código Electoral. Martínez de Barahona aseguró que el organismo que preside “trabajará para garantizar el respeto absoluto a la libre y soberana decisión del pueblo a través del voto en estas elecciones”. “Afirmamos con certeza al pueblo salvadoreño que se disponen de los recursos para brindar al país elecciones transparentes, modernas y confiables”, indicó. Expresó, además, que “el proceso electoral avanza positivamente bajo condiciones que desde ya aseguran el desarrollo de elecciones auténticas, libres, soberanas y democráticas”. Nayib Bukele buscará la reelección, pese a los señalamientos de inconstitucionalidad. (REUTERS) De acuerdo con el anuncio del poder electoral, más de 685.000 salvadoreños en el extranjero también están convocados a participar en estos comicios. Las elecciones presidenciales y legislativas se llevarán a cabo el domingo 4 de febrero de 2024, mientras que las elecciones para el Parlamento Centroamericano y las alcaldías se llevarán a cabo el domingo 3 de marzo. Si es necesario, una segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realizará en esta última fecha. El año que viene, los salvadoreños elegirán a 44 alcaldes y consejos municipales en lugar de los 242 actuales, debido a una ley de reorganización territorial promovida por el presidente Bukele. Además, el número de diputados se reducirá de 84 a 60 debido a una normativa también impulsada por el mandatario salvadoreño. La Asamblea Legislativa, controlada en su totalidad por el oficialismo, asignó un presupuesto de 129,3 millones de dólares para estos comicios. En estas elecciones, el TSE implementará dos modalidades de voto en el extranjero: el voto remoto por internet y el voto electrónico presencial en los consulados u oficinas designadas por el organismo. La Asamblea Legislativa, controlada en su totalidad por el oficialismo, asignó un presupuesto de 129,3 millones de dólares para estos comicios. (EFE) La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el deterioro del Estado de Derecho y las violaciones a los derechos humanos en El Salvador y subrayó la importancia de garantizar elecciones libres, transparentes y justas. “Los salvadoreños acudirán a las elecciones para elegir presidente y autoridades legislativas y municipales “en un contexto de deterioro del Estado de Derecho” y “violaciones a derechos humanos donde es imperativo garantizar elecciones libres, transparentes y justa”, indica el texto. Proceso de inscripción Tras la convocatoria a las elecciones, los partidos políticos ya pueden realizar el proceso de inscripción ante el TSE de sus candidatos a presidente y vicepresidente. Según los plazos establecidos en el calendario electoral del ente colegiado, los partidos políticos tienen entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos. La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el deterioro del Estado de Derecho y las violaciones a los derechos humanos en El Salvador. (EUROPA PRESS) Se desconoce cuándo el partido oficialista, Nuevas Ideas (NI), presentará ante el Tribunal Electoral la documentación para inscribir a Bukele y al actual vicepresidente, Félix Ulloa, como sus candidatos. En septiembre de 2021, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron una sentencia en la que se plasma un cambio de criterio sobre la reelección inmediata. Hasta antes de la decisión de los jueces constitucionalistas, que fueron elegidos en un proceso señalado de irregular en la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista tras destituir a sus antecesores, un presidente debía esperar diez años para intentar buscar nuevamente la Presidencia. Bukele anunció su intención de buscar la reelección en septiembre de 2022, con lo que se convierte en el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata.

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Dos años de bitcoin en El Salvador de Bukele: un experimento opaco con una moneda poco utilizada

Internacionales / Radio Centro 101.3 FM / 02/09/2023

ElPaís .- Las reservas en esta criptomoneda del país han perdido el 37% de su valor. El Gobierno ha otorgado una licencia para emitir bonos denominados en bitcoin a una empresa multada en EE UU. Hace dos años, El Salvador asombró al mundo convirtiéndose en el primer país en hacer del bitcoin una divisa oficial. Periodistas de todo el mundo viajaron a la nación centroamericana de 6,3 millones de habitantes, conocida por sus playas y su diáspora en Estados Unidos, para documentar una nueva realidad monetaria. El 7 de septiembre de 2021, cuando entró en efecto la nueva ley relativa a la criptomoneda, se sintió como un momento atípico en el que un pequeño país sostuvo por unos instantes la atención del mundo entero. El interés ha bajado, pero el experimento sigue. Es tentador clasificar la Ley Bitcoin, como se llamó al proyecto legislativo que permitió hacer del activo digital moneda de curso legal, como un éxito o un fracaso. Nada es tan sencillo en El Salvador del presidente Nayib Bukele. La bitcoinización del país es difícil de analizar porque es opaca y tiene varios objetivos distintos: la inclusión financiera, las ganancias para las finanzas públicas y la reputación del protagónico presidente. El experimento empezó con varias compras por parte del Gobierno de Bukele. El monto exacto de bitcoin que tiene El Salvador como parte de sus reservas internacionales no se sabe, ya que el Gobierno no lleva un registro público y lo más cercano que existe a un anuncio de compra han sido escuetas publicaciones del presidente en sus redes sociales. Hay un portal de internet que lleva su propia cuenta y estima que El Salvador ha perdido 37% del valor de sus inversiones en bitcoin, equivalente a 45 millones de dólares, con la caída del precio del activo digital desde 2021. Se estima que El Salvador tiene actualmente 76,5 millones de dólares en bitcoin. Como suele suceder en el “mundo cripto”, como se le conoce a la industria, el portal nayibtracker.com no incluye información sobre sus dueños o quién lo maneja. Nayib Bukele en la «Semana Bitcoin», en Teotepeque (El Salvador), en noviembre de 2021.JOSE CABEZAS (REUTERS) Para introducir la moneda a la población, y con la idea de que se utilice en todo tipo transacciones (desde la compra de una pupusa en la calle hasta un inmueble), el Gobierno abrió una billetera digital llamada Chivo con el equivalente a 30 dólares en bitcoin para cada ciudadano. Cientos de ellos fueron hackeados y el dinero fue robado junto con su identidad. Quizás esto espantó a muchos. Uno de los beneficios de las criptomonedas es la rapidez con la que se pueden enviar remesas del extranjero y así lo promovió el Gobierno. Pero solo el 1,3% de las remesas se transfirieron usando billeteras digitales que utilizan criptomonedas en lo que va del año, de acuerdo con los datos más recientes del banco central. En comparación, el 4% de las remesas enviadas a México se hace a través de criptomonedas, según la firma especializada Chainalysis. Esta semana, una firma de investigación para la inversión conocida por los aficionados de las criptomonedas Ark Invest encendió las redes sociales cuando publicó un reporte en el que asegura que la adopción de bitcoin en Argentina sobrepasa la de El Salvador. “Es comprensible que los ciudadanos de El Salvador prefieran realizar transacciones en dólares, la cual se convirtió en moneda de curso legal en El Salvador en 2001 y ha protegido el poder adquisitivo de la inflación y las devaluaciones que han devastado a otros países de la región”, dice el reporte firmado por el analista David Puell. “Por el contrario, el precio de bitcoin ha sido bastante volátil frente a los crecientes problemas mientras se esfuerza por evolucionar hacia un sistema monetario con mayor liquidez y adopción global”, escribió Puell. “Esta noticia tiene mucho sentido”, dice Mónica Taher, vicepresidenta en RocketFuel, empresa global procesadora de pagos en criptomonedas. Taher fue la directora de tecnología e innovación para la agencia de promoción de negocios del Gobierno de Bukele, InvestSV, hasta octubre. Además de la diferencia en el tamaño de ambos países, en Argentina creció, de manera orgánica, un racimo de empresas de tecnología desde hace por lo menos dos décadas que hoy son referencia en la industria, explica Taher. Durante su tiempo en el Gobierno, fue la encargada de atraer y orientar empresas interesadas en operar en el país. “Se vino una avalancha de empresas que no sabíamos ni qué hacer”, recuerda la exfuncionaria. “Todos estaban emocionados, especialmente el primer año y fue muy lindo ver una especie de migración en reversa: no eran los salvadoreños que estaban migrando a Estados Unidos, ahora eran estos extranjeros de todos los países habidos y por haber que decidieron mudarse”. Una protesta frente al Monumento a la Constitución, el 1 de junio de este año.ALEX PEÑA (GETTY IMAGES) Al ver el interés de empresas en el país centroamericano, la República Centroafricana anunció en abril de 2022 que haría a bitcoin y otras criptomonedas como monedas legales. Pero su experimento fracasó y menos de un año después el Congreso revirtió la legislación. “El objetivo, para mí, del uso de bitcoin en El Salvador es incrementar la libertad económica de las personas de manera que no haya intermediarios y, dentro de eso, empoderar a la mujer para que controle sus propias finanzas”, dice Taher. Pero “si no hay un proceso educativo coherente, la adopción masiva va a tardar muchísimo en el país”, advierte la especialista. Hace unos meses, el Gobierno de Bukele otorgó la primera licencia para emitir instrumentos denominados en bitcoin, como bonos y/o acciones, a la empresa Bitfinex, fundada en Hong Kong en 2012. Junto con su empresa hermana, Thether, Bitfinex tuvo que dejar de operar en Nueva York cuando, en febrero de 2021, la procuradora general de ese Estado declaró que “encubrieron imprudente e ilegalmente” pérdidas de 850 millones de dólares. Unos meses después, el Gobierno federal en ese país les puso una multa

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Bukele supera el 68% de intención de voto para reelección en El Salvador, según encuesta

Internacionales / Radio Centro 101.3 FM / 29/08/2023

Primicias .- Apenas el 9,9 % de los entrevistados en El Salvador dijo que «se abstendrá de votar en las presidenciales»; el 9,2 %, que anulará su voto. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene el 68,4 % de intención de voto para las elecciones de 2024, en las que buscará su reelección a pesar de los señalamientos de que es inconstitucional, de acuerdo con una encuesta dada a conocer este lunes. Según el estudio del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC), de la privada Universidad Francisco Gavidia (UFG), los resultados indican que la fórmula de Bukele y su vicepresidente, Félix Ulloa, “iría por un segundo mandato”. Bukele, a pesar de que él mismo sostuvo en el pasado que la reelección inmediata está prohibida en la Constitución, anunció en septiembre de 2022 que buscará en 2024 mantenerse en el poder. Esto se dio después de que la Sala de lo Constitucional, elegida por el Congreso de mayoría oficialista en un proceso cuestionado tras la destitución de sus antecesores, cambiara un criterio de 2004 en el que se señalaba que un presidente debía esperar 10 años para buscar nuevamente la Presidencia. Los rezagados La encuesta del CEC señala que “muy detrás” de Bukele se encuentran los candidatos de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Joel Sánchez (4,3%); Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores (2,8 %); Nuestro Tiempo, Luis Parada (2 %) y Fuerza Solidaria, José Renderos (1,5 %). El 9,9 % de los entrevistados dijo que “se abstendrá de votar en las presidenciales”, el 9,2 % que anulará su voto y el 1,9 % no respondió. También, la encuesta revela que el partido Nueva Ideas (NI) obtendrá casi la totalidad de los diputados en la Asamblea Legislativa, tras la reducción de su número y el cambio de fórmula para contabilizar los votos para parlamentarios. Los resultados señalan que NI ganaría 58 de 60 escaños, mientras que los opositores Arena y FMLN se quedarían con un diputado cada uno. “Con el método o regla de Hundt, la proyección electoral beneficia al oficialismo y castiga a los partidos pequeños. Sin lugar a dudas”, indicó el CEC. El sondeo de CEC se llevó a cabo entre el 15 y 21 de agosto de 2023, con una muestra nacional de 1.920 entrevistas, y con un error de muestreo de más o menos el 2,8 % y un 95 % de confianza. El Salvador debe realizar en 2024 las elecciones a la Presidencia, Asamblea Legislativa, Alcaldías y Parlamento Centroamericano (Parlacen). El domingo 4 de febrero de 2024 se realizarán las elecciones presidenciales y legislativas, mientras que el domingo 3 de marzo serán los comicios de Paralacen y alcaldías. En caso de ser necesario, en esta última fecha se realizaría la segunda vuelta o balotaje de las elecciones presidenciales.

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El autoritarismo de Nayib Bukele contagia la política latinoamericana

Internacionales / Radio Centro 101.3 FM / 20/08/2023

El País .- El modelo del presidente de El Salvador ha logrado contener a las pandillas a costa de un profundo deterioro de las libertades y las garantías democráticas. La fascinación que despierta en algunos sectores abre una nueva confrontación política en la región Miedo y alivio. Mencionar a Nayib Bukele en El Salvador significa evocar un modelo de seguridad que ha acorralado a las maras, las principales organizaciones criminales del país centroamericano, y al mismo tiempo el terror que la guerra sin cuartel contra las pandillas ha despertado en parte de la sociedad. El éxito del llamado régimen de excepción se construye sobre las cenizas de derechos y libertades. Muchos lo justifican y lo aplauden, a tenor de la popularidad del presidente. El coste es un retroceso de las garantías y del Estado de derecho. A salvadoreños como don Cabaña, sin embargo, parece no importarles. “Vaya a saber a cuántas familias mataron, a cuántas jóvenes violaron, ¿y ahora que están en la cárcel están pidiendo perdón, llorando?”. A este hombre de 60 años se le amarga el humor cuando se acuerda de cómo era antes vivir en Las Margaritas, su hogar, y lo a gusto que estaba viendo el partido en la cancha del barrio. “Aquí, desde temprano, no se podía salir de la casa. Aquí, donde estamos platicando, se juntaban y no se iban”. ¿Quiénes? “Los de las letras”, dice en un susurro. La MS, pues. La Mara Salvatrucha 13. Los jóvenes de esta colonia de San Salvador juegan a fútbol aprovechando los últimos momentos de luz de la tarde. Cuando oscurece, se encienden unas farolas y ahora son ellos los que no se van. Se quedan ahí mismo y se ponen a platicar, se ríen entre ellos. Tras 25 años viviendo en este lugar, don Cabaña —el nombre es ficticio, por seguridad— nunca había visto una escena como la que tiene enfrente. Viste una playera con el nombre del popular presidente salvadoreño, Nayib Bukele. “Mi esposa y yo las mandamos a hacer”, cuenta. Habla con orgullo. “Lo que está haciendo el señor presidente está muy bien. El hombre tiene mucha mente y mucha fuerza para encaminar al país”, dice. Caída la noche, por las calles de la colonia aflora la vida. Si a un recién llegado le dijeran que en este país no existieron las maras, lo creería. En El Salvador, un país con menos de 6,5 millones de habitantes, el Gobierno ha detenido a 71.000 personas a las que acusa de haber cometido delitos como integrantes de la MS-13 o del grupo antagónico, Barrio 18. Las “manchas” (pintadas) de las pandillas han desaparecido de las calles. Los militares han instalado puntos de revisión en las carreteras con tanquetas, y la Policía Nacional recorre las calles exhibiendo armas. Las escenas de personas capturadas en las comisarías son frecuentes, lo mismo que las de familias haciendo guardia afuera de los centros de detención en busca de sus parientes. La otra cara de la moneda de la llamada guerra contra las maras es un palpable deterioro de las garantías democráticas, según las denuncias de Naciones Unidas, así como de diversos organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch. La celebración de juicios masivos, la construcción de megacárceles, el hacinamiento, los abusos policiales y la exhibición de los detenidos a través de videos de propaganda gubernamental han hecho saltar las alarmas de buena parte de la comunidad internacional, pero también han incubado una suerte de efecto contagio en algunos países de Latinoamérica. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, impulsó en junio una ofensiva similar contra las pandillas. Ecuador, asfixiado por el crimen organizado, decretó el estado de excepción la semana pasada tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en plena campaña. Y en Colombia o Chile el modelo de Bukele impregna el debate político. El régimen de excepción Ese es el sistema que ha modificado radicalmente la geografía cultural del país centroamericano a lo largo de los últimos 17 meses, tiempo en que el presidente ha impuesto el régimen de excepción como política contra las maras. Antes, por aquí no se podía caminar; antes, no se podía estar en la calle a esta hora; antes, no se podía entrar a la colonia de enfrente… Los salvadoreños hablan en pasado, como de una época remota. “Ahora, ya podemos descansar un poco de eso, ya se puede dormir en las noches”, afirma la señora Tere, de 67 años, mientras atiende su negocio de prendas en Cimas de San Bartolo, sede del cuartel general de “los del número” —la mara Barrio 18—. Los comerciantes de esta colonia eran extorsionados; el monto a pagar dependía del tamaño o la prosperidad del negocio. A algunos habitantes la pandilla les arrebató sus casas para ponerlas en renta, y a otros les cobraban una cuota por la tenencia de sus vehículos. En uno de los pasajes de esta colonia la pandilla había erigido un homenaje a su soberbia, una pared que rezaba: “Bienvenidos al corazón de Barrio 18″. La pintada ya ha sido cubierta con un grafiti alusivo a la Navidad. Los vehículos de combate del Ejército permanecen estacionados sobre la entrada del municipio de Sensuntepeque, El Salvador.VÍCTOR PEÑA El estado de excepción se impuso luego de que se rompiera la tregua secreta entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, en marzo de 2022. La política de mano dura ha desplomado la tasa de homicidios de 103 a 2 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales, y ha convertido al que hace unos años fuera el país más letal de América en uno de los más pacíficos, de acuerdo con las estadísticas. Este es el argumento por el que algunos políticos de la región se han visto tentados por el modelo de Bukele, y el mandatario, que usa las redes sociales para su campaña permanente y para burlarse de las críticas, quiere ser visto como ejemplo a seguir. Esta semana, por ejemplo, tras la victoria de Javier Milei en las primarias de Argentina,

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El Salvador extendió por otros 30 días la suspensión de garantías bajo el régimen de excepción instaurado por Bukele

Internacionales / Radio Centro 101.3 FM / 10/08/2023

Infobae .- La nueva prórroga entrará en vigencia el 15 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre próximo. La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por Nayib Bukele, aprobó la noche de este miércoles extender por 30 días más la suspensión de varias garantías constitucionales bajo la implementación de un régimen de excepción, “por la reactivación de miembros de pandillas aún en libertad”. La iniciativa, que fue presentada horas antes de su votación por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados en el órgano Legislativo al sumar 67 votos de los 84 diputados, sin debate previo. Esta es la decimoséptima ocasión que el Congreso amplia dicha medida, que se ha convertido en la principal acción de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. “Existe una amenaza de reagrupación de miembros de pandillas, persiste la amenaza de la criminalidad de dichos grupos, aún persisten miembros de pandilla y sus liderazgos, y se han registrado ataques contra agentes de la Seguridad”, indica el decreto legislativo leído y aprobado en el Parlamento. La nueva extensión entrará en vigencia el 15 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre próximo. Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días. Esta es la decimoséptima ocasión que el Congreso amplia dicha medida, que se ha convertido en la principal acción de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. (AP) De acuerdo con cifras divulgadas por fuente oficiales, esta medida ha dejado a más de 72.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. La extensión de la medida se aprueba el mismo día en que representantes de unas 15 familias de personas detenidas durante el régimen de excepción protestaron contra unas reformas penales, que aún no están vigentes, que permiten juicios grupales y que podrían dilatar audiencias hasta el 2028. Esta protesta es la primera contra el régimen de excepción que se da en la ciudad de Santa Ana, la más importante del occidente del país y ubicada a más de 68 kilómetros de la capital. La diputada del opositor y partido Vamos, Claudia Ortiz, lamentó que “los inocentes detenidos no tienen derecho a la defensa porque es una de las garantías suspendidas”. La extensión de la medida se aprueba el mismo día en que representantes de unas 15 familias de personas detenidas durante el régimen de excepción protestaron contra unas reformas penales, que aún no están vigentes, que permiten juicios grupales y que podrían dilatar audiencias hasta el 2028. (AFP) “Todos sabemos que cualquier persona inocente que no tiene vínculos con estructuras de crimen organizado puede caer en el mal llamado margen de error”, que se produce en las detenciones, destacó Ortiz. Iglesia católica La Iglesia católica pidió el pasado fin de semana al gobierno de El Salvador que evite encarcelar a inocentes en el marco de la “guerra” contra las pandillas. “Si queremos revertir la historia desde los pobres, es necesario en primer lugar seguir trabajando en el mejoramiento de los procedimientos legales para evitar el encarcelamiento de inocentes, y para la pronta liberación de los inocentes encarcelados”, dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, en una homilía en la Catedral de San Salvador. Escobar abogó por “la administración de la pronta y cumplida justicia”, mientras organismos de derechos humanos critican los métodos de Bukele para acabar con las pandillas, que ejercían control territorial en buena parte del país y se financiaban con cobro de extorsiones, sicariato y venta de drogas. Bukele lanzó en marzo de 2022 su guerra contra las pandillas, al amparo de un régimen de excepción aprobado por el Congreso dominado por el oficialismo, en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

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El infierno de Bukele en El Salvador: un país sumergido en un Estado policial, sin derechos ciudadanos y bajo censura

Internacionales / streaming streaming / 30/07/2023

El País .- El presidente ha impuesto un Estado de excepción que le permite un control sin precedentes y consolidar un sistema autoritario bajo el argumento de poner fin a la violencia El Gobierno de El Salvador movió a inicios de julio su maquinaria diplomática para prohibir la presentación de una obra en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, la más grande de Centroamérica. El régimen del populista Nayib Bukele exigió que se suspendiera del programa la colección de cuentos Sustancia de hígado, de la escritora salvadoreña Michelle Recinos, que denuncia las arbitrariedades cometidas por las autoridades durante más de un año de un estado de excepción impuesto por el mandatario para hacer frente a la violencia de las pandillas que desangraba al país. Los ojos de la censura se posaron principalmente en el cuento Barberos en huelga, una dramática y terrible historia que narra cómo los hombres —vendedores ambulantes, dependientes de tiendas, ayudantes de barberos, chóferes de transporte público— desaparecen al ser detenidos por vincularlos sin pruebas con las llamadas maras. Un recuento de una realidad infernal en un país donde han sido detenidas más de 77.000 personas, se han suspendido las garantías ciudadanas, se ha militarizado la seguridad, han sido denunciadas torturas y desapariciones y la censura se impone como política de Estado. Un mural sobre del presidente Bukele en las calles de San Salvador.SALVADOR MELENDEZ (AP) Bukele, que mantiene niveles altos de popularidad que son la envidia de otros líderes latinoamericanos, impuso desde marzo del año pasado un régimen de excepción que le ha dado luz verde para restringir los derechos constitucionaless en un país que no ha logrado cerrar aún las heridas de una guerra civil que, en la década de los ochenta, causó más de 70.000 muertos y dejó un nefasto recuerdo de abusos militares. A través del estado de excepción, las autoridades salvadoreñas han desatado una cacería que recuerda los abusos de aquella época. Miles de personas son sometidas a diario a revisiones y cateos en retenes militares establecidos en todo el país y se ha desatado una cacería contra hombres jóvenes, por vivir en zonas controladas por pandillas o llevar tatuajes. Hay denuncias de torturas y condiciones inhumanas en las cárceles, además de un centenar de muertos bajo custodia por maltratos de las autoridades carcelarias. La censura es ya una norma y la persecución contra voces críticas, periodistas y sindicalistas ha impuesto un estado de terror en la sociedad. “Cualquier persona puede ser capturada arbitrariamente”, afirma Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal, una organización que vela por el respeto a los derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras. “Hemos encontrado en las denuncias recibidas que han sido detenidos jornaleros, sindicalistas, pescadores, agricultores, personas que han cuestionado a la policía. Hay sindicalistas capturados por protestar porque no les han pagado sus sueldos y más de 3.000 vendedores informales han sido desalojados de San Salvador, la capital, y amenazados con capturarlos bajo el régimen de excepción si protestan”, explica el activista. Este organismo hizo público a finales de mayo un informe demoledor, en el que denunciaba que al menos 153 reos murieron por torturas, golpes, estrangulación o por falta de atención médica. El organismo documenta que 75 cadáveres presentaban laceraciones y hematomas, heridas con objetos cortopunzantes o señales de ahorcamiento. “Las violaciones masivas y sistemáticas ya son una política del Estado”, advirtió en esa ocasión Cristosal. Para reforzar su política de seguridad, Bukele ordenó la construcción de la que ha llamado la prisión más grande de América, un inmenso complejo de alta seguridad donde han sido trasladados miles de reos y que es denunciado como centro de torturas. A ese infierno carcelario se une la angustia que genera en la ciudadanía la presencia constante de militares en las calles del país. Pandilleros esperan ser llevados a sus celdas en el Centro de Confinamiento de Terroristas.SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI (VIA REUTERS) Los militares tienen luz verde para detener autobuses y bajar a quienes consideren sospechosos, allanar casas sin órdenes judiciales, basados en denuncias anónimas, o imponer estados de sitio en zonas del país donde la población se encierra por temor a ser capturada. “De las denuncias que hemos recibido, más de 3.400, en el 98% de los casos no hay pruebas de que las personas detenidas tengan vínculos con las pandillas. El procedimiento usado para estas capturas muestra que no hay una investigación previa, ni orden de captura dictada por un juez, sino por operativos policiales y detenciones a criterio. Este nivel de arbitrariedad hace que buena parte de estas capturas no tenga sustento”, explica Abrego. El mandatario, que controla el Congreso y las cortes, ha logrado una reforma que le permite desarrollar juicios masivos, con audiencias de hasta 900 presos. “Estos juicios colectivos limitan el ejercicio de la defensa, porque hacen que los abogados tengan menos oportunidad de demostrar que su defendido es inocente”, advierte el activista. Lo que desconcierta a los analistas es que a pesar del infierno desatado por Bukele en su guerra contra las pandillas, sus niveles de popularidad siguen siendo altos, hasta de un 90% según algunos sondeos. Esa popularidad se debe al hecho de que muchos salvadoreños se sienten seguros ahora, dado que las maras habían impuesto su ley en amplias zonas del país, donde cobraban impuesto incluso a las vendedoras callejeras de comida, el pago de una cuota para entrar o salir de un barrio o redadas violentas que dejaban decenas de muertos. El Salvador tenía una de las tasas de homicidio más altas del continente. “Hay prácticas de violaciones a derechos humanos que no veíamos desde el conflicto armado. Se está utilizando el régimen de excepción para la represión, para limitar la libertad de expresión. El Gobierno cuenta con un aparato de comunicación muy fuerte y una estrategia publicitaria muy exitosa, que genera un mensaje importante, con el que cala la idea de que la seguridad está encima de los derechos. La baja criminalidad hace que la gente se sienta aliviada”, explica Abrego. Un alivio que, sin embargo, mantiene a los salvadoreños en una

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El Salvador: la cifra de detenidos bajo el régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele ya supera los 71.770

Internacionales / streaming streaming / 25/07/2023

Infobae .- De acuerdo con cifras de organizaciones civiles, las “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos llegó al menos a 5.490. Las privaciones de libertad arbitrarias representan el 95,32% de las denuncias. La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto del régimen de excepción, implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para acabar con la pandillas, asciende a más 71.770, según informó este lunes el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro. “Tenemos a la fecha, y luego de un año de implementación, 71.776 capturas”, comentó el funcionario durante una entrevista matutina en un canal local. Villatoro señaló que las autoridades de Seguridad salvadoreñas “tienen comunicación” con las de México, Belice, Guatemala e “incluso con las Estados Unidos” para que se capturen a miembros de dichas estructuras que “han huido a esos países”. Apuntó que, “gracias a esta colaboración”, se han localizado y detenido a aproximadamente 30 personas en Guatemala, “arriba de 15″ en Belice, “entre 4 o 5″ en Honduras y aproximadamente 3 en Costa Rica. Además, apuntó que a la fecha se han capturado a “1.100 cabecillas (líderes) de pandillas” y que en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel con capacidad para al menos 40.000 pandilleros, hay 12.500 detenidos, todos miembros de pandillas, según el ministro. La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el pasado 11 de julio la decimosexta ampliación por 30 días de la medida de excepción que suspende varias garantías constitucionales, como el derecho a la defensa. El gobierno de Bukele es criticado por sus medidas para combatir a las pandillas en El Salvador (EFE/Rodrigo Sura) Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días. De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490. Las cifras compartidas por las organizaciones sociales indican que son unos 13.581 “hechos violatorios”, de los que el más denunciado es la detención arbitraria en el 95,32%, entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio pasado. El pasado 14 de julio, el Estado de El Salvador negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acusaciones de las organizaciones humanitarias sobre atropellos, acoso a la prensa y torturas. La organización que vela por los derechos humanos había llamado al gobierno de Bukele el pasado mes de abril a “restablecer” los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción “instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana”. “La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, indicó el organismo en un comunicado. Organizaciones sociales sostiene que el “hecho violatorio” más denunciado en El Salvador es la detención arbitraria (REUTERS/Jose Cabezas) Agregó que “la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común” y destacó que se habrían registrado “188 días sin homicidios en los últimos 12 meses”. La CIDH indicó también que “ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas”. “También ha urgido al Estado asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal”, acotó. “El Estado debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia – tanto el control así como la prevención como objetivo de toda política de seguridad ciudadana – se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho”, concluyó la CIDH.

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EE.UU. analiza lista de 39 funcionarios de corruptos en Centoramérica

Nacionales / Victor Gonzalez / 20/07/2023

DW.- Estados Unidos actualizó el miércoles (19.07.2023) su lista de «corruptos» con 39 funcionarios o exaltos cargos de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, entre los que destacan dos expresidentes salvadoreños y el juez que inhabilitó el partido de un actual candidato presidencial guatemalteco. Desde 2021 Washington elabora anualmente y presenta al Congreso la «Lista Engel» con personajes de Centroamérica acusados de «actos corruptos y antidemocráticos», a quienes prohíbe entrar en el país. Son «individuos que han participado con conocimiento de causa en actos que socavan los procesos o instituciones democráticos, en corrupción significativa o en obstrucción de investigaciones», informa este miércoles el Departamento de Estado en un comunicado. Este año ha agregado 39 nombres, 21 menos que en 2022. Se trata de 13 nicaragüenses, diez guatemaltecos, otros tantos hondureños y seis salvadoreños. En cuanto a Nicaragua, un país bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas antigubernamentales de 2018, Washington ha añadido a 13 altos cargos del gobierno de Daniel Ortega. Se trata de cuatro diputados (Arling Patricia Alonso, Gladis Báez, Loria Raquel Dixon y Alejandro Mejía Ferreti), dos juezas (Rosa Solís Dávila y Ángela Dávila Navarrete) y otros funcionarios de alto perfil. Por parte de Guatemala, Estados Unidos añadió este año al juez Fredy Raúl Orellana, que hace unos días inhabilitó a pedido de la fiscalía al partido Semilla del candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien finalmente participará en el balotaje de agosto. También figuran otro juez, un exmagistrado, la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso, el líder del sindicato STEG, Joviel Acevedo Ayala, acusado de aceptar sobornos, el exministro Gendri Rocael Reyes Mazariegos y el presidente del Instituto Nacional de Electrificación, Melvin Quijivix Vega. El gobierno de Guatemala condenó en un comunicado «la subjetividad» de esta lista que considera «una clara violación a los derechos fundamentales de él En tanto, la lista de El Salvador incluye a tres ex directivos del Banco Hipotecario y dos expresidentes, Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes Cartagena, ambos del izquierdista FMLN. Destaca asimismo una persona de confianza de Funes: José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como «Mecafé». Por parte de Honduras figuran exfuncionarios y dos exministros que participaron en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Entre los altos cargos hondureños en ejercicio se nombra al alcalde de El Progreso, Alexander López Orellana, al diputado Samuel García Salgado y al presidente del Partido Liberal y excandidato presidencial Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo. El Departamento de Estado advierte que seguirá usando «todas las herramientas disponibles» para que «los actores corruptos y aquellos que socavan la gobernabilidad democrática» del istmo «rindan cuentas». La Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como Lista Engel, fue promovida en 2019 por el excongresista demócrata Eliot Engel y aprobada al año siguiente. Es una de las muchas listas elaboradas por el gobierno estadounidense por conductas ilícitas en el mundo. Fuente: DW

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Dos expresidentes de El Salvador y altos funcionarios de Guatemala, Honduras y Nicaragua fueron incluidos en lista Engel

Nacionales / streaming streaming / 19/07/2023

El Universo .- En total se incluyeron a 39 personas. Los expresidentes Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Ceren (2014-2019) fueron incluidos este miércoles en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos. En total son 39 nuevas personas que forman parte de la lista Engel. Destacados políticos y altos funcionarios de Guatemala, Honduras y Nicaragua también integran el listado. Entre los señalados por EE.UU. está la fiscal guatemalteca Cinthia Monterroso, que acusó al periodista José Rubén Zamora Marroquín de chantaje, asociación ilícita y lavado de dinero, por lo que solicitó una pena de 40 años de prisión. También se encuentran los jueces guatemaltecos Fredy Raul Orellana Letona y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez y a los dirigentes del Partido Liberal de Honduras Alexander López Orellana, Samuel García Salgado y Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo. Además, en Nicaragua, el Departamento de Estado incluyó en la lista a la actual procuradora general, Wendy Carolina Morales Urbina; a las vicepresidentas de la Asamblea Nacional Arling Patricia Alonso Gómez y Gladis de los Ángeles Báez y a las juezas Rosa Argentina Solís Dávila y Ángela Dávila Navarrete. A las personas nombradas en la lista se les negará la entrada a EE.UU. y no podrán obtener visados para viajar a este país.

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Las megacárceles de Bukele como promesa electoral en Colombia

Internacionales / streaming streaming / 14/07/2023

El País .– Diego Molano y Jaime Arizabaleta, precandidatos a las Alcaldías de Bogotá y Cali, proponen construir prisiones inspiradas en las que usa el presidente salvadoreño para combatir la delincuencia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha encontrado ya una pista de aterrizaje en Colombia para su política de Gobierno más controvertida: las megacárceles para combatir la delincuencia. Los artífices de esa pista son Diego Molano y Jaime Arizabaleta, precandidatos del Centro Democrático a las Alcaldías de Bogotá y Cali, respectivamente. Como Bukele, ambos son defensores de la autoridad y la mano dura como solución no solo de la delincuencia, sino en este caso también de la corrupción. Inspirados en él, han propuesto construir megacárceles si ganan en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. El primero en dar a conocer la idea fue Arizabaleta, quien desde su cuenta de Twitter anunció el miércoles por la noche la propuesta conjunta: “Habrá dos megacárceles al estilo Bukele en Colombia, una en Bogotá y otra en Cali que construiré para delincuentes y corruptos”. Molano, exministro de Defensa durante el Gobierno de Iván Duque, desarrolló la idea el jueves en Blu Radio: “Nos hace falta una cárcel en Bogotá, una megacárcel para llevar por lo menos a 3.000 de los delincuentes que son capturados”. Ni Arizabaleta ni Molano se han referido a los costes de las megacárceles que proponen, ni al tiempo que duraría su construcción. Sin embargo, es un primer elemento palpable de la admiración que un amplio sector de la derecha en Colombia ha declarado por el mandatario salvadoreño. El apellido de Bukele cada vez se escucha más en las calles, en la boca de personas que creen que una cruzada vertical como la que él emprendió se debe replicar en Colombia. Pero también se ha colado en sondeos como el de mayo pasado, hecho por Datexco, en el que el 55% de las personas encuestadas a las que se les preguntó si el país necesita un presidente como el salvadoreño respondió que sí. Fernando Tamayo, director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, explica que el mayor problema de ese tipo de cárceles tiene que ver con lo difícil que es gestionarlas: facilitar las visitas con todos los controles que implican, garantizar la seguridad entre los reclusos, saber qué hacen, etc. Para todo ello, se necesitan guardias. Y en las cárceles colombianas, apunta, no hay suficientes. “Lo que nos ha mostrado la única experiencia latinoamericana de megacárceles, que es El Salvador, es que directamente los derechos de la población privada de la libertad no importan”, asegura en una llamada telefónica. La idea de traer el modelo de Bukele es también un síntoma evidente de la ausencia de un liderazgo claro en la derecha colombiana: al no haber una cabeza visible dentro del país, la inspiración para la solución de los problemas viene de fuera. Ni siquiera quien podría considerarse como la líder conservadora más conspicua en el país, María Fernanda Cabal, ha aportado alguna idea novedosa: también ella ha recurrido a la figura de Bukele, con quien no ha escatimado adjetivos elogiosos. Diego Molano en el congreso, en mayo de 2021.LEONARDO VARGAS / HANDOUT (EFE) La propuesta tiene calado en buena medida debido a la situación de inseguridad que se vive en varias partes del país. En Buenaventura (Valle del Cauca), que fue denominada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro como “laboratorio” de la paz total urbana y donde alcanzó a haber entendimientos con las pandillas que delinquen allí, el terror ha regresado en las últimas semanas. Además, el escepticismo hacia las negociaciones con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central ―una disidencia de las FARC―, avivado por acciones como el asesinato de cuatro menores de edad indígenas en mayo, favorece a la idea de la mano dura. No obstante, la receta de la autoridad tiene una mancha enorme en la historia de Colombia: las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos, durante la administración de Álvaro Uribe (2002-2010). En ellas, los militares, estimulados a mostrar bajas en combate, asesinaban a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Pero no hace falta ir tan atrás en el tiempo: en 2021, el propio Diego Molano, en su condición de ministro de Defensa del Gobierno uribista de Iván Duque, fue sometido a una moción de censura en el Congreso, acusado por la oposición de dar un “tratamiento de guerra” a la represión de las manifestaciones ciudadanas contra el Ejecutivo. En El Salvador las costuras también han quedado a la vista. Durante el régimen de excepción declarado hace más de un año por el presidente Bukele, las autoridades han capturado a más de 60.000 pandilleros, en un país asediado durante décadas por la delincuencia de las bandas criminales. Sin embargo, un informe de Human Rights Watch de enero pasado reveló que se han cometido “abusos a gran escala”, entre los que se cuentan las violaciones del debido proceso, las detenciones masivas, las muertes bajo custodia y el hacinamiento. Jaime Arizabaleta posa con un retrato de Nayib Bukele en una imagen publicada en sus redes sociales el 12 de mayo. Ese, el hacinamiento, es otro asunto que se desprende de la idea de construir megacárceles. El profesor Tamayo recuerda que, en 1998, cuando se declaró un estado de cosas inconstitucional ―una herramienta que la Corte Constitucional usa cuando se cumplen algunos requisitos para enfrentar cualquier situación grave― por el hacinamiento carcelario, en el país había 33.009 presos y un sobrecupo del 31%. Desde entonces, lo que se ha hecho es crear más cupos, pero no ha habido solución: hoy en día, en Colombia la cifra de sobrecupo en las prisiones es del 24%, con épocas en las que ha llegado al 50%. “Esa idea de dar más cupos como una forma de controlar el hacinamiento ha mostrado ser un fracaso, porque los cupos se van creando y se van llenando”. Por otro lado, tampoco es clara la efectividad del

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El Parlamento de El Salvador aprobó la decimosexta prórroga del régimen de excepción que suspende las libertades y garantías

Internacionales / streaming streaming / 12/07/2023

Infobae .- El Parlamento de El Salvador aprobó este martes la decimosexta prórroga del estado de excepción decretado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas. La extensión con 67 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones, se da en medio de discusiones entre el partido oficialista, Nuevas Ideas, que defiende el aumento de la seguridad en el país, y la oposición, que ha criticado las violaciones de Derechos Humanos, según el diario salvadoreño El Mundo. Además, la oposición ha reclamado la creación de una comisión de torturas en las cárceles, así como investigar las muertes de pandilleros y las detenciones arbitrarias de personas inocentes. Por su parte, el Gobierno ha argumentado que es “imperante continuar la guerra contra las pandillas” por la “reiteración de hechos delictivos y la reacción violenta de remanentes de las estructuras criminales”. Durante el período del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios. En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones. La oposición ha reclamado la creación de una comisión de torturas en las cárceles, así como investigar las muertes de pandilleros y las detenciones arbitrarias de personas inocentes. (AP) Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por las “evidencias graves” de abusos a los Derechos Humanos desde que se adoptó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022. Reelección de Bukele El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, renunciará a su cargo seis meses antes de concluir su mandato, el 1 de diciembre para ser candidato a las elecciones presidenciales de 2024. El jefe de la bancada parlamentaria del partido oficialista Nuevas Ideas, Christian Guevara, reveló las intenciones del mandatario, quien designará a un presidente en funciones hasta el momento de los comicios, según declaró en una entrevista a la emisora peruana RPP. “Va a renunciar en diciembre, va a designar a un designado presidencial, valga la redundancia, y esta persona va a terminar sus seis meses de mandato que le restan de los cinco que establece el período electoral y, como repito, si los salvadoreños lo escogen, va a seguir, y si no, hasta aquí llegó su mandato”, explicó Guevara. Nuevas Ideas oficializó el pasado domingo la candidatura de Bukele para los comicios presidenciales, a pesar de la prohibición constitucional a una reelección inmediata. Guevara sostuvo que la decisión del mandatario de renunciar a final de año se debe a que el Tribunal Constitucional determinó en 2021 que el presidente puede “optar a la reelección toda vez no ejerciera el cargo seis meses antes de concluir su mandato”. Sin embargo, este fallo fue impuesto por su partido el día en que tomaron posesión del cargo los diputados con mayoría absoluta, informó el portal El Salvador. Nuevas Ideas oficializó el pasado domingo la candidatura de Bukele para los comicios presidenciales, a pesar de la prohibición constitucional a una reelección inmediata. (REUTERS) El artículo 152 de la Constitución recoge, entre otros, que “no podrán ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la Presidencia por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial”. El siguiente artículo, el 156, recoge que “los cargos de presidente y de vicepresidente y los de designados solamente son renunciables por causa grave debidamente comprobada, que calificará la Asamblea”, sin que se mencione que sea para presentarse a la carrera por la reelección inmediata. Según indicó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) de El Salvador, la resolución de la Sala Constitucional “carece de legitimidad constitucional”, ya que se produjo “a pesar de que la reelección presidencial está expresamente prohibida por la Constitución, según indica el citado medio. Bukele impulsó en los últimos meses una “guerra contra las pandillas” en la que ha encarcelado a más de 60.000 presuntos pandilleros y ha tratado de erradicar cualquier rastro que hayan dejado en la sociedad salvadoreña, incluidos mausoleos y tumbas. A pesar de la draconiana medida, las encuestas respaldan al mandatario y su estrategia de seguridad, e incluso abogan por recrudecer aún más las medidas. Voto por rostro La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó este martes sin debate parlamentario el voto por rostro en las elecciones presidenciales de 2024 entre críticas de la oposición, con lo que se incluiría la foto del presidente Nayib Bukele y otros contendientes en la papeleta. La medida fue aprobada con “dispensa de trámite” por 67 de los 84 diputados del Órgano Legislativo a menos de 7 meses para los comicios y tras anular una norma que prohibía las reformas un año antes de cualquier elección. La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó este martes sin debate parlamentario el voto por rostro en las elecciones presidenciales de 2024 entre críticas de la oposición, con lo que se incluiría la foto del presidente Nayib Bukele y otros contendientes en la papeleta. (REUTERS) “Se vuelve necesario brindar otra opción a fin de que el cuerpo electoral pueda manifestar libremente su voto para elegir a sus representantes, identificándolos, ya sea por la bandera del partido político que los propone o por medio de la fotografía de su rostro”, reza el decreto legislativo. Con este enmienda al Código Electoral salvadoreño, de acuerdo con el decreto de la reforma, se estaría homologando con la forma de votación para diputados, en la que se puede votar por rostro y bandera. La diputada Anabel Belloso, del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), criticó que dicha reforma es “a conveniencia” del oficialismo. “Están modificando las reglas electorales a conveniencia de su partido. No vengan acá con el discurso que es para ampliar los derechos de la gente en materia democrática, no les queda, si ustedes están promoviendo una reelección que es ilegal e inconstitucional”, sostuvo la legisladora.

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Nayib Bukele ironiza sobre la condena del Foro de Sao Paulo a El Salvador por ‘el desmantelamiento de los espacios democráticos y violaciones a DD.HH.’

Internacionales / streaming streaming / 11/07/2023

El Universo .- El Foro de Sao Paulo es una agrupación de partidos y grupos políticos de izquierda. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ironizó este lunes sobre la condena del Foro de Sao Paulo a El Salvador por “el desmantelamiento de los espacios democráticos”, “cambiar de un modelo democrático al de un partido hegemónico” y por “violaciones de Derechos Humanos”. “El Foro de São Paulo acaba de emitir una condena a El Salvador por ‘el desmantelamiento de los espacios democráticos’, ‘cambiar de un modelo democrático al de un partido hegemónico’ y por ‘violaciones a Derechos Humanos’. Sí, el Foro de São Paulo”, publicó Bukele en su cuenta de Twitter. La Cumbre del Foro de Sao Paulo, celebrada entre el 29 de junio a 2 de julio de 2023 en Brasilia (Brasil), mostró su “solidaridad” con el partido opositor salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y con “las luchas del pueblo salvadoreño ante la grave crisis económica, social y política”. El foro _una agrupación de partidos y grupos políticos de izquierda de América_, ha rechazado la implementación del estado de excepción en el país, que se prolonga ya por un año y medio, y bajo el que se ha detenido a más de 66.000 personas “muchas veces (de forma) arbitraria”, y ha denunciado la muerte de más de 140 personas bajo custodia policial y ha cifrado en más de 5.000 las violaciones de “derechos fundamentales”, detalla EP. Además, ha calificado de “fraudulento” e “inconstitucional” el anuncio de la postulación de Bukele a las elecciones presidenciales del país, después de que este domingo el partido oficialista salvadoreño Nuevas Ideas oficializara su candidatura, a pesar de la prohibición constitucional a una reelección inmediata. La organización también expresó su preocupación por el “desmantelamiento de los espacios políticos y democráticos” y que está acabando con los Acuerdos de Paz de 1992, y ha asegurado que Bukele está cambiando el modelo democrático del país hacia uno de “partido hegemónico”. Así, el foro ha rechazado las políticas que “buscan consolidar el quiebre de la imparcialidad del sistema político y electoral”, la “militarización del territorio salvadoreño” y “la persecución política”, y ha pedido a la comunidad internacional a exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos en el país.

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Nayib Bukele busca perpetuarse en el poder

Internacionales / streaming streaming / 09/07/2023

El País .- El mandatario salvadoreño oficializa este domingo su candidatura a la reelección, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe y en medio de críticas por su modelo autoritario. “No soy un dictador”, se ha defendido No hay prohibición constitucional que cuente para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El controvertido mandatario ha anunciado que este domingo oficializará su candidatura a la reelección, a pesar de que hay candados legales establecidos en la Constitución de su país que le impiden repetir mandato. Desde el partido del presidente, Nuevas Ideas, han justificado la necesidad de que Bukele continúe en el cargo para mantener un modelo político que ha logrado reducir los niveles de inseguridad en el país centroamericano, pero voces críticas advierten de que se trata de un movimiento para perpetuarse en el poder y critican la deriva autoritaria del político. “No soy un dictador”, se ha defendido Bukele, en el cargo desde 2019. La proclamación de este domingo junto a su vicepresidente, Félix Ulloa, es el fin de un proceso que inició en septiembre de 2021, cuando los magistrados de la Sala Constitucional, impuestos por Bukele y leales al mandatario, hicieron una “interpretación” de la Ley Fundamental en la que establecían que la reelección en períodos continuos es viable, con lo que despejaron el camino del popular presidente para repetir mandato. Ese mismo año, el Tribunal Electoral informó de que admitía la resolución de los jueces y dará luz verde a la inscripción de una candidatura de Bukele y Ulloa. La Constitución salvadoreña, en vigor desde 1983, establece en su artículo 152 que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”. Es decir, no permite de ninguna manera dos mandatos sucesivos, aunque la redacción deja la puerta abierta a los mandatos alternos. Bukele cuenta con una enorme popularidad entre la población de su país, que se debe principalmente a una brutal ofensiva lanzada hace más de un año contra las pandillas y grupos criminales que sembraban el terror en las ciudades salvadoreñas. Hasta la fecha han sido apresadas al menos 68.000 personas y las estadísticas oficiales muestran una reducción muy importante en cuanto a homicidios y otros crímenes. Organismos de derechos humanos, sin embargo, han denunciado un uso extremo de la fuerza y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que incluyen muertos por torturas, golpes, estrangulación, hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. Además de su controvertida guerra contra las maras, Bukele ha avanzado en el control del aparato del Estado. El presidente ya había consolidado su poder en 2021 con una victoria sin precedentes en las elecciones legislativas, tras lograr un número de diputados inédito que le ha dado mano libre para impulsar su agenda política. El presidente ya había enfrentado las críticas a mediados de junio, cuando inauguró en San Salvador los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bukele, arropado por miles de seguidores que gritaban su nombre, se mostró sonriente durante la ceremonia de apertura de los Juegos y retó a los periodistas que lo critican a que visiten las ciudades del país y constaten la seguridad que él ha logrado. “No soy un dictador”, dijo Bukele en medio de los aplausos y vítores de una audiencia que exigía “reelección”. Los Juegos han sido una costosísima puesta en escena valorada en 100 millones de dólares (unos 91,5 millones de euros) para vender al mundo un país seguro y bueno para los negocios, una Singapur centroamericana, como el mismo Bukele lo ha definido. Bukele ha criticado a la agencia estadounidense de noticias Associated Press por una crónica sobre su aparición en los Juegos. AP citó a Alan McDougall, un historiador del deporte de la Universidad canadiense de Guelph, quien hizo una comparación del uso de grandes eventos deportivos por gobiernos autoritarios para lavar su imagen. “Organizar con éxito un evento internacional puede dar confianza a un régimen para actuar con impunidad. El deporte es un atajo para ganarte a ti mismo, ni siquiera popularidad, solo aceptación”, explicó McDougall. El analista, según AP, hizo referencia “al uso del atletismo como herramienta política en la década de 1930, cuando la Italia dirigida por Mussolini fue sede de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos se celebraron en la Alemania nazi”. Bukele reacciono con mofa en Twitter, su red favorita para comunicar sus decisiones. “AP literalmente me está comparando con Hitler y Mussolini. Reductio ad Hitlerum: ganamos el debate”, escribió. Aunque los salvadoreños celebran los bajos índices de criminalidad y muestran adoración hacia su presidente, hay acciones de Bukele que levantan las alertas sobre un giro autoritario en su Gobierno. Recientemente, las autoridades pidieron a la Feria del Libro de Guatemala, la más grande de Centroamérica, que retirara del programa la colección de cuentos Sustancia de hígado, de la escritora salvadoreña Michelle Recinos, que reúne relatos que critican el régimen de excepción impuesto por Bukele, las violaciones a los derechos humanos y las desapariciones forzosas. Al Gobierno salvadoreño le molesta especialmente el cuento titulado Barberos en huelga, una conmovedora y alarmante narración que explica cómo el Ejército tomó las calles e hizo desaparecer a miles de hombres jóvenes en su guerra contra las maras. “El Gobierno de mi país prohibió la presentación de mi libro. ¿Bajonea? Sí, un vergo. ¿Vamos a callar? No. No nos van a callar”, escribió en Twitter Recinos, quien anunció que presentará su libro este sábado. Acciones como esta ponen en alerta a escritores, periodistas e intelectuales de El Salvador, que temen que la censura se convierta en algo común en su país, mientras Nayib Bukele busca perpetuarse en el poder.

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El Salvador captura a tres narcotraficantes de Ecuador en alta mar

Internacionales / streaming streaming / 03/07/2023

Primicias .- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que se capturó una tonelada de cocaína y seis traficantes. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que la Fuerza Naval de su país confiscó una tonelada de cocaína y detuvo a tres ecuatorianos y tres mexicanos, en una operación realizada en el océano Pacífico. “Nuestra Marina Nacional acaba de incautar una lancha a 525 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque”, indicó Bukele en su cuenta de Twitter. La cocaína incautada tiene un valor de USD 25 millones, consideró el presidente salvadoreño, que utiliza esa red social para sus actividades de gobierno. Según Bukele, se trata de “la operación naval contra el narcotráfico más lejana de la costas salvadoreñas” realizada por El Salvador en su historia. Los países de Centroamérica son utilizados básicamente como zona de tránsito por los narcotraficantes, para trasladar droga desde Colombia y Ecuador hasta Estados Unidos. Luego, el presidente de El Salvador etiquetó a su colega de Colombia, Gustavo Petro, con quien ha tenido diferencias en los últimos meses.

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La presidenta Xiomara Castro ordena en Honduras una ofensiva contra las pandillas similar a la de Bukele

Internacionales / streaming streaming / 27/06/2023

El Pais .- La mandataria cumple con su promesa de tomar “medidas drásticas” tras la ola de violencia que desangra al país centroamericano. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha cumplido con su promesa de tomar “medidas drásticas” para luchar contra la violencia que desangra a su país. Las autoridades de seguridad hondureña han anunciado este lunes los resultados de una ofensiva policial y militar contra las pandillas que controlan amplios territorios en Honduras y siembran el terror entre la población. La Policía Militar ha hecho públicas imágenes que muestran a centenares de hombres arrestados y obligados a permanecer en ropa interior mientras son custodiados por decenas de oficiales, en una medida que pretende recuperar el control de las cárceles. “Iniciamos actividades para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y romper el ciclo con el crimen organizado”, ha dicho José Manuel Zelaya, secretario de Estado de Defensa Nacional. Las imágenes reproducidas por las autoridades recuerdan a las duras medidas tomadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su guerra contra las pandillas y que han generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos. La ofensiva de las autoridades hondureñas se da tras el sangriento fin de semana registrado en el país, que dejó al menos 21 muertos. Una nueva masacre registrada el sábado en el interior de un billar en el sector de Choloma, en el norte de Honduras, dejó 13 muertos. Otras ocho personas han sido asesinadas en otros crímenes en el resto del país, que cada mañana despierta con noticias terribles de asesinatos y violencia. Estos hechos se registran apenas cinco días después de que 46 reclusas murieran en una reyerta entre integrantes de pandillas rivales, registrada en una cárcel de mujeres. Debido a estos hechos, Castro ha decretado un toque de queda que afecta a Choloma y en San Pedro Sula, la ciudad más importante del país, y ha anunciado una operación policial que incluye allanamientos, capturas de posibles criminales y retenes. “He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del Narcotráfico que opera impunemente”, escribió la presidenta en una cadena de mensajes publicados este domingo en su perfil de Twitter. Un operativo en la carcel Francisco Morazán, en Tamara (Honduras), el 26 de junio.FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (AFP) Castro y su Gobierno se han visto superados por la violencia de las pandillas y el crimen organizado, que controlan amplios territorios en el país. La Administración intenta enviar a la población un mensaje de fuerza y este lunes Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de la presidenta, ha afirmado que las medidas tomadas por Castro y las autoridades de seguridad son “decisiones contundentes para poner fin a los remanentes de la narcodictadura. Estos esfuerzos son base sólida para vencer el terrorismo y la criminalidad”. Las imágenes distribuidas por la Policía Militar muestran un despliegue enorme en las cárceles, además del avance de oficiales en zonas controladas por las pandillas, la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, que se disputan de forma sangrienta los territorios. Los oficiales presumen en las imágenes en control de las cárceles, con centenares de reos en los patios, sentados o de rodillas y ropa interior. Los videos muestra, además, la captura de centenares de armas de alto calibre, teléfono celulares y satelitales, explosivos de fabricación casera y toda una munición que los reos mantenían abiertamente en las prisiones, con el visto bueno de autoridades corruptas. “La vida y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes la garantiza la Constitución. Nuestra misión es derrotar el crimen organizado que está en las cárceles y vamos sobre los autores intelectuales que operan desde afuera”, ha justificado José Manuel Zelaya la ofensiva. Tras hacer públicas las imágenes este lunes, las autoridades hondureñas han recibido críticas de organismos de derechos humanos. En total despliegue bukelista de populismo punitivo, el Gobierno de Xiomara Castro replica políticas fallidas de seguridad que solo profundizan un contexto de crisis de derechos humanos”, ha criticado Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacioanl “El falso dilema entre la seguridad y los derechos, nos ha pasado alta factura en la región”, ha agregado. Este organismo ha sido muy crítico de la política de seguridad de Bukele, que ha detenido al menos a 68.000 personas en El Salvador, obviando en muchos casos el debido proceso y violentado los derechos de los detenidos, según las denuncias de organizaciones civiles. El Salvador ha cumplido ya más de un año en estado de excepción y con restricciones a las garantías constitucionales.

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