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Ecuador: septiembre 18, 2024

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Ecuador, septiembre 18, 2024
Ecuador Continental: 16:56
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Asesinato Fernando Villavicencio: la jefa de USAID ratifica apoyo de EE.UU. para que el crimen no quede impune

Nacionales /

Ecuavisa .- Aún se desconoce el autor intelectual del asesinato de Villavicencio Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ratificó este 9 de noviembre el apoyo del Gobierno estadounidense a Ecuador para que se haga justicia y el asesinato de Fernando Villavicencio no quede impune.   Durante el último de sus dos días de visita a Ecuador, Power ratificó en un mensaje publicado en redes sociales que “Estados Unidos permanece junto a las instituciones democráticas de Ecuador en su búsqueda de justicia”. “El asesinato de Villavicencio fue una tragedia para sus colegas, sus seres queridos y todos los ecuatorianos que compartieron su compromiso para luchar contra la corrupción y el crimen organizado”, apuntó Power.   Desde el momento del mortal atentado perpetrado por sicarios contra Villavicencio a la salida de un mitin electoral a 11 días de la primera vuelta de las elecciones, el Gobierno de Estados Unidos ofreció ayuda urgente al Ejecutivo ecuatoriano, que aceptó la llegada de una misión del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para colaborar en la investigación. Todavía no se conoce al autor intelectual Hasta el momento se desconoce el autor intelectual del asesinato de Villavicencio, por lo que la administración del presidente Joe Biden ha ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de dólares a quien ofrezca información que permita su captura.   Mientras, la mayoría de los procesados como presuntos autores materiales están muertos, entre ellos los siete colombianos que presuntamente participaron en la ejecución del crimen, ya que el autor de los disparos fue abatido y los otros seis fueron asesinados dentro de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa de Ecuador.   Power lanzó este mensaje sobre el caso del asesinato de Villavicencio después de ofrecer una rueda de prensa en la que anunció que USAID incrementará su oficina en Ecuador y ampliará sus programas, entre ellos dos para incrementar ingresos de pequeños agricultores y otro para ofrecer asesoría a gobiernos locales en manejo de planes de seguridad.

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Construye descarta acuerdos con “chantajistas y extorsionadores de la política”

Nacionales, Política /

El movimiento Construye lo tiene claro: no negociará con los sectores políticos, acostumbrados a imponer sus intereses con chantajes y extorsiones. Consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”, el asambleísta electo de dicha organización, Patricio Carrillo, advirtió que el correísmo quiere condicionar su apoyo al futuro gobierno, a cambio de la destitución de la fiscal general, Diana Salazar, y con ello obtener la impunidad de sus líderes. Carrillo advirtió que su bloque no caminará en esa línea, bajo ninguna circunstancia, y tampoco buscará entendimientos cuestionables a cambio de cargos y dignidades. Tal como lo anticipó, Construye impulsará en la Asamblea Nacional la creación de una comisión multipartidista, para que investigue el asesinato del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio, y otros crímenes todavía sin condena. El objetivo de Construye, agregó, es establecer diálogos y acuerdos sobre los grandes problemas del país, comenzando por el crimen organizado, que ha extendido su poder a todos los estratos de la economía, con el apoyo y el beneficio de ciertos líderes políticos. Como ejemplo citó que cada semana se roban en el país entre 50 y 75 vehículos. Las mismas bandas, con la complicidad de ciertos funcionarios, matriculan de inmediato esos carros con papeles falsos, lo que demuestra la corrupción que existe. Defenderá su curul En otro ámbito, el futuro legislador se mostró confiado de superar las impugnaciones anunciadas por el correísmo, que lo considera inhabilitado para asumir su curul, debido a que fue censurado y destituido a principios de año, cuando ejercía el Ministerio del Interior. De acuerdo a la ley, la censura retira los derechos políticos del ciudadano por un periodo de 2 años. Patricio Carrillo puntualizó que el derecho internacional lo ampara, ya que solo se puede inhabilitar a una persona por sanciones penales, lo cual no es su caso. Finalmente, destacó la importancia que tiene la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, dentro del movimiento. La señaló como una de las líderes, y ponderó su gran aporte en la conformación política de las bases.

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CIDH ratificó medidas cautelares para Christian Zurita y amplió la protección a Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio

Nacionales /

El Universo .- Las medidas otorgadas también cubren a los hijos de Sarauz. La CIDH planteó cuatro solicitudes al Estado ecuatoriano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este miércoles 1 de noviembre que resolvió ratificar las medidas cautelares a favor del excandidato presidencial y periodista Christian Zurita, así como para la excandidata vicepresidencial Andrea González Nader, al exjefe de campaña Antonio López y para Carlos Figueroa, médico y amigo de Fernando Villavicencio (+). De igual manera, la CIDH anunció que amplió las medidas cautelares a favor de Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, y sus hijos. El pasado 27 de septiembre, el vehículo en el que se movilizada Sarauz sufrió un presunto intento de ataque, en Quito. En un comunicado, la Comisión informó que adoptó la decisión tras analizar información proporcionada por las partes. También valoró las medidas de protección implementadas por el Estado ecuatoriano a favor de los beneficiados; revisó información sobre la situación de riesgo que enfrentan, que estaría relacionada con los avances de la investigación del crimen de Villavicencio. Con base en lo anterior, la Comisión solicitudes al Estado: Continuar implementando las medidas de protección adoptadas para la protección para Zurita, González, López y Figueroa; Reforzar las medidas adoptadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Verónica Sarauz y sus hijos; Concertar las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y su representación; e Informar sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición Las medidas cautelares en cuestión fueron concedidas por la CIDH a Christian Zurita el 20 de agosto, once días después del asesinato de Fernando Villavicencio. El organismo le otorgó la protección luego que Zurita reemplazó a Villavicencio en la carrera presidencial, al evidenciar el peligro que enfrentaba y las amenazas que recibió él y su equipo de campaña. La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apareció a pocas semanas de que se lleve a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los presuntos asesinos de Fernando Villavicencio. La audiencia fue fijada para el miércoles 29 de noviembre, a las 09:30, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.De las trece personas que fueron detenidas dentro de las investigaciones, al momento solo seis están con vida, ya que entre el 6 y 7 de octubre fueron asesinados siete de los sospechosos, en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) y en la cárcel de El Inca (Quito).

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Audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de Villavicencio será el 29 de noviembre

Nacionales /

Primicias .- La audiencia por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio se llevará a cabo en Quito, a las 09:30. Hay 13 procesados. El caso por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio avanza en el sistema judicial. La audiencia preparatoria de juicio fue convocada por el juez para el miércoles 29 de noviembre, a las 09:30. La audiencia se celebrará de forma presencial en las instalaciones de la Unidad Judicial Penal. Sin embargo, siete de los 13 procesados por el crimen fueron asesinados en el centro penitenciario. Para lo cual, el juez pidió al Servicio de Atención Integral (SNAI) que “tomen las medidas necesarias que permitan garantizar la integridad física y psicológica de los procesados privados de libertad”. El 9 de agosto de 2023, Villavicencio fue acribillado al salir de un mitin electoral en Quito, y dos meses después la instrucción fiscal se cerró con una declaración de un testigo del caso que parece clave al revelar ante la Fiscalía quién fue el autor intelectual, después de que aparecieran muertos casi todos los autores materiales.

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“Construye” lo confirma: tendrá 27 legisladores en próximo periodo

Nacionales /

El Movimiento Construye contará con 27 legisladores en el próximo periodo legislativo. Así lo confirmó la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, una de las líderes de dicha agrupación, al ser consultada por Carlos Vera en nuestro programa “Del Día a la Noche”. Romo aclaró que no existe la supuesta “fuga” de futuros asambleístas, como señalan ciertos medios. Al recapitular la situación, explicó que el 20 de agosto, día de las elecciones generales de primera vuelta, Construye alcanzó 31 curules. Sin embargo, Adriana García, una de las electas, se había separado anticipadamente del movimiento, argumentando el asesinato de Fernando Villavicencio. En una polémica decisión, el CNE repitió los comicios para los ecuatorianos que residen en el exterior. Esta acción, a la que calificó de ilegal, significó que en la segunda vuelta Construye solo alcanzara un asambleísta. Es decir, perdió a otros 2. Finalmente, uno de los parlamentarios electos, perteneciente a la provincia de Esmeraldas, también se separó de la agrupación. María Paula Romo reconoció que el crimen de Villavicencio generó alarma y terror en muchos de sus compañeros, y además desató pretensiones individuales, pues varias personas ansiaban reemplazar al malogrado candidato presidencial. Impugnación sin respaldo La ex premier también restó respaldo a la impugnación, que planteó uno de sus candidatos a asambleístas del exterior, Alejandro Tillería, contra los comicios del 15 de octubre. Romo recordó que solo la directiva de Construye puede presentar recursos ante el CNE. Y al no ser Tillería parte de la misma, le corresponde al organismo del sufragio descartar la impugnación.

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Caso Villavicencio: plan de recompensas genera información que podría servir para esclarecer el asesinato en el que se usaron sicarios

Nacionales /

El Universo .- El candidato presidencial de la alianza Construye-Gente Buena Fernando Villavicencio fue asesinado al final de un mitin político en Quito. Pese a que la instrucción fiscal por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ya cerró y se está a la espera que se fije una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra seis procesados que serían parte de los autores materiales, las investigaciones para dar con los autores intelectuales avanzan y se nutren de varias fuentes, una de ellas, información que estaría llegando desde el plan de recompensas que dirige la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La semana pasada, días después de que el Gobierno presentó un plan de recompensas, el cual contaría con el apoyo financiero del Comando Sur de Estados Unidos, para combatir delitos relacionados con el crimen transnacional, el terrorismo y delitos contra la administración pública en Ecuador, el minstro del Interior, Juan Zapata, informaba que de las 32 llamadas ciudadana recibidas en el call centrer, a través de la línea telefónica 131, del sistema de recompensas, al menos 25 proporcionaron datos sobre el asesinato al estilo sicariato ocurrido el 9 de agosto pasado contra Villavicencio. Casi una semana después, la cifra se ubica en 31 llamadas y además se incorporan 31 correos electrónicos que contendrían aparentemente información relacionada con el caso Villavicencio. El call center opera de forma ininterrumpida y está a cargo de analistas de la Policía y las Fuerzas Armadas, quienes recibieron una capacitación de un año para calificar la autenticidad de la información que se entrega. La línea 131 es gratuita. Más allá de que las pistas que entrega la ciudadanía se hacen dentro de un proceso bajo reserva, que incluso cuenta con el registro de un código para quien llama y no de datos personales del denunciante, la información debe pasar rigurosos estándares de verificación antes de ser integrada a la investigación en curso. El 8 de octubre pasado, un día después del cierre de los 60 días de instrucción fiscal abierta para investigar el asesinato del periodista de 59 años, hecho ocurrido en Quito al final de un mitin político, la Fiscalía informaba de la recepción del testimonio anticipado de una persona que, bajo juramento, narró, entre otras cosas, detalles de los preparativos y montos ofrecidos por los supuestos autores intelectuales y señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen ocurrido dos semanas antes de la votación presidencial de primera vuelta. Con esa información, además de otros elementos obtenidos durante la instrucción fiscal que cerró, la Fiscalía informó que iniciará una investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. Es decir, la información que estaría ingresando mediante el call center del sistema de recompensas, luego de ser verificada su idoneidad, ingresaría a esta segunda parte de la investigación del crimen de quien además de candidato a la presidencia fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la cesada Asamblea Nacional. Un agente de inteligencia policial consultado explica que es vital que la información que ingresa por la vía del plan de recompensas o cualquier otra vía sea verificada a fondo para que así tenga la menor posibilidad de que no sea eficaz para la investigación, no haga perder el tiempo a los analistas y tampoco pueda ser una pista falsa que enrede la indagación El ministro Juan Zapata ha referido que cuando la información no es calificada, la llamada y lo que han dicho se desecha. Lo que ocurriría desde lo práctico dentro del sistema es calificar la fuente, la información y pasa a un segundo filtro, en el que se determinaría el monto a cancelar por la información. No se han detallado el valor de las recompensas, pero se ha aclarado que quien cuantificará el valor a entregar serán funcionarios del Comando Sur de Estados Unidos. Dentro del proceso penal por asesinato continúa ingresando información respecto a pericias dispuestas dentro de los 60 días de instrucción fiscal. Luego del fallecimiento de siete de los sospechosos en dos cárceles en que se encontraban, la causa continúa únicamente contra Laura C., Carlos A., Erick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch. y Óscar F. Por seguridad, los seis fueron trasladados a centros de privación de la libertad (CPL) ubicados en Quito y mantienen fuertes operativos de vigilancia dentro y fuera de estos centros. El miércoles último, Carlos A. desistió de su pedido de apelar la orden de prisión preventiva que se le dispuso el 8 de septiembre pasado, día en que fue vinculado al proceso por asesinato. Al ecuatoriano que estaría relacionado con el grupo delictivo Los Lobos, la Fiscalía lo involucra con la orden para ejecutar el asesinato del presidenciable, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono que mantenía cuando estaba en el CPL de Cotopaxi. Hace pocos días, a Carlos A. se le negó un habeas corpus que solicitaba para ser cambiado, por seguridad, a un CPL de Cotopaxi o Azuay, donde en mayoría están personas que integran la banda delictiva de la que supuestamente es parte.

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Difieren audiencia de procesado por asesinato de Fernando Villavicencio

Nacionales /

Primicias .- La audiencia sobre la prisión preventiva de uno de los presuntos implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio se difirió para el 25 de octubre. Para el 25 de octubre de 2023 se difirió la audiencia por la apelación a la prisión preventiva que fue presentada por la defensa de Carlos A., presunto implicado en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Aunque la diligencia estaba prevista para este lunes 23 de octubre, la Fiscalía atribuyó el aplazamiento a un pedido de la defensa del procesado. Según la Fiscalía, Carlos A. habría ordenado el asesinato de la víctima, a través de una llamada telefónica –realizada de un celular con chip internacional–, desde la cárcel de Cotopaxi. #ATENCIÓN | #Pichincha: por pedido de la defensa de Carlos A. –procesado dentro del caso por #asesinato del excandidato presidencial, Fernando V.–, se difirió para el 25 de octubre de 2023, la audiencia de apelación a la prisión preventiva que fue convocada para hoy. pic.twitter.com/drMoMCZ46z — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 23, 2023 En principio, el procesado, que actualmente se encuentra en la cárcel 4 de Quito, buscaba que una jueza conceda su traslado a otra cárcel, pero el recurso le fue negado. El pasado 6 de octubre, seis colombianos investigados como los presuntos autores materiales del asesinato de Villavicencio fueron hallados muertos en el interior de la Penitenciaría del Litoral, donde guardaban prisión. A día seguido fue encontrado muerto otro acusado de nacionalidad ecuatoriana que se encontraba encarcelado en una cárcel de Quito. La muerte de los siete implicados en cárceles bajo custodia del Estado levantó una oleada de críticas contra las autoridades del Gobierno.

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“Construye” aceptará diálogos en la Asamblea, pero no con el correísmo

Nacionales, Política /

El Movimiento “Construye” no aceptará un entendimiento parlamentario, que incluya al correísmo. Así lo anticipó María Paula Romo, ex ministra de Gobierno y una de las líderes de dicha agrupación. En diálogo con “Punto de Orden”, Romo advirtió que en la futura Asamblea Nacional, “Construye” impulsará una agenda de progreso para el país. Por tanto, no puede existir un acuerdo con quienes defienden al autoritarismo y las mafias, refiriéndose a la Revolución Ciudadana, si bien reconoce que, por su número de legisladores, constituye la fuerza más grande. Además, dijo, la RC pretende entendimientos que incluyan la impunidad de sus líderes, enjuiciados por actos de corrupción, lo cual no puede ser aceptado. La ex ministra teme que el correísmo pretenda repetir en la Asamblea, el clima que ya implementó en la anterior. Es decir, obstrucción. Romo advirtió que el país necesita grandes acuerdos sobre temas puntuales, como seguridad, empleo e inversión. En cambio, la RC tiene intereses en conflicto, pues quiere apoderarse de la justicia. A su criterio, el régimen correísta dejó “boquetes gigantescos” en el sistema judicial. Huecos que ahora son aprovechados por criminales, para evadir la prisión. Cabe recordar, dijo, que el ex vicepresidente Jorge Glas, compartió abogado con el famoso delincuente alias “Rasquiña”. País polarizado Romo reconoció que la reciente campaña electoral, acentuó la polarización política de la gente, entre “correísmo” y “anticorreísmo”. Felizmente, agregó, los jóvenes se dieron cuenta de la realidad y apoyaron el triunfo de Noboa, impidiendo así el regreso de quienes carecen de convicciones democráticas. La ex premier subrayó que no hay que subestimar a la RC, pues de seguro se volverá una fuerza obstruccionista, para tratar de no dejar moverse al gobierno. De ahí la necesidad de que Daniel Noboa, cuando asuma el poder, busque mayorías dentro y fuera de la Asamblea, que le permitan realizar sus proyectos. Finalmente, ratificó que, apenas sea posesionado, el bloque de “Construye” impulsará la creación de una comisión especial, que investigue el asesinato de Fernando Villavicencio.

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Sospechoso de haber coordinado el crimen de Fernando Villavicencio interpuso un ‘habeas corpus’ para cambiar de prisión

Nacionales /

El Universo .- Para el SNAI se trata de un nuevo abuso de los instrumentos constitucionales. Es la segunda vez que el procesado busca ser trasladado por esa vía. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) alertó que el detenido Carlos A., procesado por el crimen del excandidato presidencialFernando Villavicencio, interpuso por segunda ocasión un recurso de habeas corpus con el que intenta ser trasladado a otra prisión. Según un comunicado del SNAI, el procesado “es uno de los principales implicados en el caso” que investiga el asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto, en Quito. La entidad comentó, sin brindar mayores detalles, que el procesado quiere cambiar de cárcel por intereses personales. El pasado 13 de septiembre Carlos A. presentó por primera vez un habeas corpus, pero fue rechazado una semana después, el 22 de septiembre, por la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito. No obstante, insistió y presentó un nuevo recurso el viernes 13 de octubre “aduciendo hechos y pretensiones similares” al primer habeas corpus. La audiencia está prevista para el miércoles 17 de octubre. Para el SNAI, se trata de “un nuevo abuso y desnaturalización de la acción constitucional de habeas corpus”. “A través de estas acciones, la persona privada de la libertad busca ser trasladado a un Centro de Privación de Libertad conforme a sus intereses personales, hecho que, bajo ningún concepto tiene cabida a través de garantías constitucionales”, señaló la institución e hizo un exhorto a la Función Judicial a actuar en derecho y “precautelar la seguridad nacional”.   De acuerdo con las investigaciones del caso, Carlos A. se encontraba en la cárcel de El Inca, en norte de Quito, cuando ocurrió el homicidio. El habría coordinado el crimen desde aquella prisión, mediante llamadas y mensajes desde su teléfono celular. El procesado sería integrante del grupo delictivo Los Lobos, que domina la cárcel. En ese centro de rehabilitación fue detenido, como parte de las indagaciones del magnicidio, durante un operativo efectuado entre la noche del jueves 7 de septiembre y la mañana del viernes 8 de septiembre. En aquella intervención de la Fiscalía y Policía también fueron aprehendidos Laura C., Erick R. y Víctor F. El pasado 6 y 7 de octubre fueron asesinados siete de los catorce detenidos por el crimen de Villavicencio (6 en la Penitenciaría del Litoral y 1 en El Inca). Los fallecidos respondían a los nombres de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. (murieron en la Penitenciaría del Litoral) y José M., (en El Inca).

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“Construye” alista agenda legislativa con legado de Villavicencio

Nacionales, Política /

El futuro bloque legislativo del movimiento “Construye” ya tiene lista su agenda, para trabajar en las propuestas presentadas al país. En diálogo con “Punto de Orden”, Andrea González, ex candidata a la Vicepresidencia de la República por esa organización, explicó que muchos de los planteamientos fueron trazados por Fernando Villavicencio, ex aspirante presidencial y asesinado el 9 de agosto pasado, a pocos días de la primera vuelta. Uno de los proyectos, dijo, además de impulsar la creación de una comisión que investigue el crimen, será retomar la Ley de Extinción de Dominio, destinada a detectar y combatir los actos de corrupción, mediante el rastreo del dinero mal habido. González expresó su satisfacción de que la Fiscalía y la UAFE apoyen esta iniciativa. También anticipó que el bloque de “Construye” respaldará toda propuesta, destinada a mejorar la seguridad de los ecuatorianos, y así terminar con el terror que reina actualmente. Alternativas al extractivismo Como activista ecológica, la ex postulante subrayó que su labor, en particular, será guiar a los miles de jóvenes, que reclaman poner fin a las “políticas extractivistas”. Es decir, a que el Estado dependa económicamente del petróleo casi por completo. En ese marco, lamentó que la candidata Luisa González, del correísmo, plantee como una gran idea aumentar la explotación petrolera, sin recordar que nuestras reservas son limitadas, y ni siquiera proponga otras alternativas productivas. A nivel político, no descartó a futuro una nueva candidatura, sea a la Presidencia de la República o a la Asamblea Nacional, siguiendo el sueño de Fernando Villavicencio. González afirmó que el entorno del malogrado político ha recogido su legado, y cada uno, aunque sea “un pedacito”, trata de seguirlo.

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Caso Villavicencio: ministro Juan Zapata habla en su versión de lo realizado desde su cargo en la causa que investiga el asesinato del presidenciable

Nacionales /

El Universoo .- Luego de la muerte de siete investigados, en el proceso penal que investiga el asesinato del candidato Fernando Villavicencio quedan seis personas procesadas. Menos de una hora duró la versión rendida en la Fiscalía de Pichincha por el ministro del Interior, Juan Zapata, dentro del proceso penal que busca definir las responsabilidades de seis personas que siguen siendo investigadas por el asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Entre el 6 y el 7 de octubre pasados, en el cierre de la instrucción fiscal en esta causa, siete sospechosos detenidos fueron asesinados en los centros de privación de la libertad de Guayaquil y Quito en los que se encontraban. Para este jueves, 12 de octubre, fueron convocados a rendir versión no solo Zapata, sino también el excomandante de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, así como el coronel Santiago Martínez, director nacional de Seguridad y Protección de la Policía. Estas diligencias, al igual que otras, fueron notificadas dentro de los 60 días de instrucción fiscal. Salinas llegó pasadas las 10:00, mientras que Martínez deberá acercarse a la Fiscalía a las 14:00. El ministro a su salida de la Fiscalía, en el norte de Quito, no profundizó sobre lo expuesto en su versión y se limitó a decir que ha presentado documentos que revelan lo que ha realizado en este caso dentro de sus competencias como ministro. Lo que sí descartó es que esta convocatoria haya tenido que ver con el testigo protegido que rindió un testimonio anticipado entre la mañana y tarde del domingo 8 de octubre pasado. Zapata contó con un importante resguardo policial y estuvo acompañado en la diligencia de varios funcionarios de la cartera del Interior. Respecto a este testigo protegido, quien habló bajo juramento de los preparativos, montos ofrecidos, nombres y alias de quienes supuestamente participaron en el asesinato de Villavicencio el 9 de agosto último, el martes pasado, él recibió un cambio de medidas cautelares dispuestas en un proceso por delincuencia organizada del que es parte desde el 2 de septiembre pasado. Por pedido de la Fiscalía, el procesado por un caso y testigo protegido en otro dejó de usar grillete electrónico, presentarse periódicamente y tener prohibición de salida del país. Un juez de la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado revocó esas medidas debido al riesgo de que pueda ser vigilado y atenten contra su vida, luego del testimonio rendido en el caso Villavicencio. Además ordenó que se mantenga vigilancia policial las 24 horas del día, pues además es parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, institución a la cual encargó el juez del caso por delincuencia organizada la responsabilidad de cuidarlo y de no permitir que huya para que haga parte del proceso judicial. Hasta la publicación de esta nota, el general Salinas continuaba rindiendo su versión. El oficial fue retirado del cargo el fin de semana pasado por disposición del presidente Guillermo Lasso, luego de producidos los asesinatos de los siete procesados del caso Villavicencio. El general César Zapata es el nuevo comandante de la Policía Nacional. César Gonzaga, escolta y amigo del asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio, deberá presentarse a la Fiscalía para ampliar su versión este viernes, 13 de octubre, a las 09:00.

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La muerte de siete procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio generará la extinción de la acción penal en tres causas

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El Universo .- Por el asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio están aún siendo procesadas seis personas. Con la muerte de los colombianos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon R. y el ecuatoriano José M. en los procesos penales en los que eran investigados por delitos como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tráfico de drogas a gran escala y delincuencia organizada, se deberá declarar la extinción del ejercicio de la acción penal. Los siete fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil (seis extranjeros), y en el Centro de Privación de la Libertad de El Inca, en Quito (un ecuatoriano), entre el viernes 6 y el sábado siete de octubre pasados. Los asesinados eran parte de la instrucción fiscal que cerró el 7 de este mes, luego de cumplirse los 60 días de esta etapa abierta el 10 de agosto pasado, un día después de que fue asesinado al estilo sicariato el presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye. Villavicencio fue atacado pasadas las 18:30 del 9 de agosto último, en momentos que salía de un mitin político realizado en un coliseo ubicado en el norte de Quito. Los seis colombianos fueron parte del primer grupo de detenidos en este caso, mientras que José M. fue una de las siete detenciones producidas un mes después de iniciado el proceso que investiga a quienes participaron directa e indirectamente en el asesinato de Villavicencio. Concretado el fallecimiento de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon R. y José M., por el delito de asesinato, lo que resta es que los certificados de defunción sean ingresados en el proceso para que formalmente se concrete lo que en el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se define como extinción del ejercicio de la acción penal. Dentro de las cinco circunstancias que prevé el COIP para que se dé la extinción de la acción penal, en la número cuatro se especifica que el ejercicio de la acción penal se extinguirá por la muerte de la persona procesada. Entre otras de las circunstancias establecidas están la amnistía, la remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima, desistimiento o transacción, en los delitos que procede el ejercicio privado de la acción, una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos al proceso penal y la prescripción. La causa por asesinato continuará únicamente contra quienes siguen con vida, es decir, Laura C., Carlos A., Érick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch. y Óscar F., todos detenidos el 8 de septiembre pasado y vinculados horas después. Luego del asesinato, por seguridad, los seis restantes sospechosos fueron trasladados a CPL en Quito y mantienen fuertes operativos de vigilancia dentro y fuera de estos centros. El proceso penal que será afectado enteramente es el que se les abrió a Andrés M., Neider L., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. por el delito de tráfico de drogas a gran escala. Esta causa se abrió en paralelo al caso por el asesinato de Villavicencio, pues en los allanamientos realizados para detenerlos en Monjas, La Argelia, San Bartolo, La Ecuatoriana y Guamaní, ubicados en el sur de la capital, se encontró en su poder cierta cantidad de droga que ameritaba ser procesada bajo el artículo 220 numeral 1, literal d, del COIP: tráfico a gran escala. Una vez que se cerraron los 30 días de instrucción fiscal, el juez de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, tres días antes de que se conozca el asesinato de los seis extranjeros procesados, definió que el 8 de noviembre próximo debía instalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La diligencia ya no se dará y el proceso deberá archivarse al no existir persona alguna a la que haya que imputar un hecho delictivo. La causa que se quedará sin los procesados Camilo R., Adey G. y Jules C. es en la que se les iba a acusar, junto con Byron G. y Luis P., del delito de delincuencia organizada. La carátula de la causa penal se abrió el 19 de septiembre pasado, cuando los colombianos estaban cumpliendo la orden de prisión preventiva y eran procesados por asesinar a Villavicencio. Por pedido de la Fiscalía, la audiencia para la formulación de cargos en este último caso fue definida para el 23 de octubre próximo, a las 09:00. Tras la muerte de los tres colombianos, el procesamiento solo irá en contra de Byron G. y Luis P.

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Crean una fundación en homenaje a Fernando Villavicencio

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Primicias .- Uno de los objetivos de la Fundación Fernando Villavicencio será generar estrategias de prevención y disminución del Crimen Organizado en Ecuador y el mundo. A poco más de dos meses del asesinato de Fernando Villavicencio, familiares y amigos del excandidato presidencial anunciaron el 11 de octubre de 2023 la creación de una fundación que llevará su nombre. Sus hijas Amanda y Tamia indicaron que este será “un espacio para compartir el arte, educación, y acompañar a las víctimas del crimen organizado” en Ecuador. En sus discursos resaltaron que Fernando Villavicencio, quien ocupó la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea entre 2021 y 2023, “luchó contra la corrupción de ayer y ahora”. “Presentó al país, al menos, 10 informes de fiscalización y persiguió 16 juicios políticos. Además, dio cátedra de lo que es un verdadero parlamentario”, señaló Amanda. Martha Roldós, amiga de Villavicencio, fustigó “el ruido de los miserables” en torno al asesinato. “Ni siquiera se puede hacer el luto en paz cuando la gente trata de encubrir las verdaderas pistas e involucrar a la gente que Fernando amaba y que lo amábamos”, dijo. Uno de los objetivos de la Fundación Fernando Villavicencio será generar estrategias de prevención y disminución del Crimen Organizado en Ecuador y el mundo.

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Esposa de Fernando Villavicencio sospecha que el correísmo está detrás del asesinato

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A Verónica Sarauz, esposa del fallecido candidato presidencial, Fernando Villavicencio, no le sorprende que el correísmo esté involucrado en el asesinato, de acuerdo al testimonio de un presunto testigo. En diálogo con “Punto de Orden”, Sarauz recordó que años atrás, cuando Rafael Correa era presidente de la República, persiguió y enjuició a Villavicencio, en represalia a las graves denuncias que hizo en su contra. Producto de esa venganza, dijo, su esposo tuvo que pasar largo tiempo en la clandestinidad, y la familia debió pagar 47.000 dólares a Correa, por supuesto “daño moral”. Si bien la investigación de la Fiscalía todavía no da nombres, ya se conoce un aparente vínculo con el correísmo, como lo señala el citado testigo protegido. Esta persona, con un largo historial delictivo y que gozaba de medidas sustitutivas, incluyendo grillete electrónico, conocía el plan para asesinar a Villavicencio y se había comprometido a participar, pero por problemas logísticos no pudo unirse a los demás. Sin embargo, anotó Sarauz, ya dio su testimonio anticipado. Sobre su declaración, se sabe por lo pronto que gente de la Revolución Ciudadana estaría involucrada en la planificación del crimen, por el cual habrían pagado 200.000 dólares. Sarauz confirmó además que, inicialmente, idearon cometer el asesinato el 1 de julio en Santo Domingo, pero debido a la gran participación de simpatizantes, no pudieron lograrlo. Por eso lo pospusieron para el 9 de agosto en Quito, tal como finalmente ocurrió. La viuda de Villavicencio exhortó a la Fiscalía a avanzar en las investigaciones y, cuando llegue el momento, a revelar los nombres de quienes concibieron el asesinato, a fin de ser llevados ante la justicia y que el hecho no quede en la impunidad.

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A dos meses del crimen de Villavicencio, la mitad de los imputados están muertos

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Primicias .- El caso ha dado un nuevo giro con el presunto asesinato múltiple dentro de la cárcel de siete de los 13 procesados por el atentado, justo antes de que se dé la instrucción fiscal. El lunes 9 de octubre de 2023 inició última semana electoral antes la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador entre la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa. En esta fecha también se cumplen dos meses del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. El caso ha dado un nuevo giro con el asesinato múltiple dentro de la cárcel de siete de los 13 procesados por el atentado como autores materiales, justo antes de que se dicte la instrucción fiscal. El 9 de agosto de 2023 Villavicencio fue acribillado al salir de un mitin electoral en Quito, y dos meses después la instrucción fiscal se cerró con una declaración de un testigo del caso que parece clave al revelar ante la Fiscalía quién fue el autor intelectual, después de que aparecieran muertos casi todos los autores materiales. El viernes 6 de octubre, cuando se iba a cumplir el periodo dispuesto para la instrucción fiscal, se conoció la muerte dentro de prisión de siete imputados, entre ellos los seis colombianos a los que se les consideraba presuntos ejecutores del atentado, junto a un séptimo hombre de la misma nacionalidad que fue abatido en el lugar del crimen. Los seis colombianos aparecieron aparentemente ahorcados en el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y violenta de Ecuador, con una docena de pabellones controlados por distintas bandas criminales, y de la que en principio iban a ser trasladados, pero este cambio de cárcel no se produjo y está bajo investigación de la Fiscalía. Al día siguiente, el sábado, se conoció que en la cárcel de El Inca, de Quito, otro preso imputado en el mismo caso también había corrido la misma suerte. Estas muertes de testimonios claves en la investigación se dieron pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos ofreciese una recompensa de USD 5 millones a quien diese información sobre el autor intelectual del crimen contra Villavicencio. Desde un inicio, la administración del presidente Joe Biden se ha volcado de lleno con la investigación al enviar a Quito un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que da asesoría a la Fiscalía, encargada de llevar adelante la investigación. Sicarios colombianos Y es que podía parecer que el caso se esclarecería rápido cuando a las pocas horas del crimen fueron detenidos los seis colombianos, pero el asesinato simultáneo de todos ellos dentro de la Penitenciaría del Litoral añade más complejidad. En un inicio las sospechas se concentraron en Adolfo Macías, alias ‘Fito’, el jefe de Los Choneros, una de las bandas criminales más grandes y violentas de Ecuador, a quien Villavicencio señaló como el presunto remitente de las amenazas de muerte que había denunciado pocos días antes de su asesinato. Sin embargo, el registro de los teléfonos móviles de los colombianos investigados por el crimen revelaron que algunas de sus últimas comunicaciones procedían de la cárcel de Latacunga, una prisión controlada por Los Lobos, enemigos de Los Choneros. Así, cuando se cumplía un mes del asesinato, fueron detenidas otras siete personas, entre ellas cuatro que ya estaban presas en la cárcel de El Inca, y en la prisión de Latacunga, situada en Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de Quito. El resto de presos imputados en la investigación, que siguen vivos, fueron sacados de la cárcel de Cotopaxi y trasladados a otro centro no revelado por las autoridades por motivos de seguridad. Denuncia contra enemigos políticos Mientras, Christian Zurita, el colega de investigaciones periodísticas de Villavicencio que asumió su candidatura presidencial, rescató una denuncia presentada en abril por Villavicencio contra cinco exasambleístas a los que acusaba de presuntamente planear un atentado en su contra, en el marco del juicio político que en esas fechas se desarrollaba contra Lasso. Los denunciados, un integrante del Partido Social Cristiano (PSC) y cuatro del correísmo, han rechazado enfáticamente esa acusación que consideran difamatoria. Y tras la declaración el domingo del testigo que presuntamente reveló al autor intelectual, Zurita afirmó que este testimonio responsabilizó del crimen al “gobierno de Correa”, una aseveración que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) cree que malintencionada al salir a una semana de la segunda vuelta de las elecciones. Si bien Villavicencio se había configurado como un acérrimo enemigo de Correa con sus denuncias sobre corrupción, el exmandatario ha rechazado desde un inicio cualquier vinculación por el crimen y lo atribuyó a un supuesto “complot de la derecha” para impedirles el triunfo en primera vuelta. Para Correa, el asesinato de Villavicencio impidió que su candidata, Luisa González, fuese presidenta en primera vuelta. González deberá medirse en segunda vuelta a Noboa, en un balotaje donde los dos finalistas han manifestado su intención de esclarecer el crimen de Villavicencio. #asesinato #crimen #crimen organizado #Fernando Villavicencio #magnic

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Villavicencio: Fiscalía conoce quienes serían los autores intelectuales del crimen

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Primicias .- La Fiscalía dio por terminada la instrucción fiscal en la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La Fiscalía General del Estado anunció este 8 de octubre, en sus redes sociales, que dio por terminada la correspondiente instrucción fiscal en la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En un comunicado, la Fiscalía aseguró que, este mismo domingo, se recibió el testimonio anticipado de un testigo del crimen, ocurrido el 9 de agosto. Según la misiva de Fiscalía, el testigo reveló los montos ofrecidos a los sicarios contratados para asesinar a Villavicencio, candidato presidencial de Construye y muerto a tiros a la salida de un mitin, en el norte de Quito. Además, ese testigo dio los nombres de quienes contrataron a los sicarios. El primero en reaccionar ante esta revelación fue el excandidato presidencial Christian Zurita, quien reemplazó a su amigo y colega Villaviencio como candidato. Zurita dijo en su cuenta de X (antes Twitter) que el monto pactado para matar al presidenciable fue de USD 2.000. Además, el testigo habría señalado que el responsable es “el gobierno de Correa”, en alusión al expresidente Rafael Correa Delgado. El expresidente Correa también reaccionó al anuncio de la Fiscalía. También en X, restó veracidad a estas afirmaciones, que salen a cinco días de la segunda vuelta. “Cualquier cosa con tal de impedir nuestra victoria”, escribió Correa. Todo esto ocurre al final de una semana en que siete implicados como sicarios del crimen de Villavicencio murieron asesinados. Los siete, de nacionalidad colombiana, fallecieron mientras estaban presos, seis en Guayaquil y uno en Quito. Esos crímenes obligaron al gobierno de Guillermo Lasso a ordenar una reorganización de la fuerza policial, que incluyó cambios en la cúpula de la Policía Nacional y de la administración de las cárceles.

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