El exasambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero fue también llamado a juicio por el delito de delincuencia organizada, pero se mantiene prófugo de la justicia. Este viernes 20 de enero, el exasambleísta Daniel Mendoza y el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo, ambos sentenciados por el delito de delincuencia organizada ocurrido en el proyecto de construcción del hospital de Pedernales, en Manabí, conocerán si un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) acoge o no su pedido de casación al fallo en lo que respecta a la reparación económica impuesta de $ 8 millones. Tanto Mendoza como Tamayo fueron parte de la lista de 8 personas sentenciadas en abril de 2021. En este caso la Fiscalía investigó a una estructura criminal armada para beneficiarse de recursos del Estado destinados a la construcción del hospital de 30 camas para Pedernales, localidad ubicada en el norte de la provincia de Manabí. En junio de 2021, de forma unánime, los jueces de la Corte Nacional Adrián Rojas (ponente), Hipatia Ortiz y Daniella Camacho rechazaron por improcedentes los recursos de apelación planteados contra la sentencia de primera instancia. En esta ocasión a cargo de la casación están los jueces nacionales Byron Guillén (ponente), Mercedes Caicedo y Javier De la Cadena. En su momento el juez Rojas explicó que rechazaban de forma unánime por improcedentes los recursos planteados no solo contra el tiempo de pena dispuesto para los entonces ocho apelantes, sino también contra la reparación integral. En lo que tiene que ver con Mendoza, a quien se le dio una pena reducida de 50 meses de prisión, y Tamayo, sentenciado a 34 meses de cárcel, el Tribunal de Apelación resaltó que las mismas nacieron del consentimiento y aceptación de los procesados, luego de acogerse a figuras como la cooperación eficaz y el procedimiento abreviado. A más de un año de esta negativa en segunda instancia, las defensas de Mendoza, Gabriela Moreira, y de Tamayo, José Terán, asistieron el martes último a una audiencia de casación solicitada por ambos en la CNJ. El argumento de las defensas es que existía una contravención expresa de la norma en lo que tiene que ver con la garantía de la motivación en cuanto a la reparación integral definida en $ 8 millones. Terán aclaraba que a diferencia de la defensa de Mendoza que alegaba una insuficiente motivación, él creía que lo que hay es una inexistencia de motivación. El exasambleísta por Sucumbíos, Eliseo Azuero, es una de las siete personas contra la que se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada relacionado al hospital de Pedernales. (CORTESÍA) El 12 de noviembre de 2020 un Tribunal de Juzgamiento ordenó en este caso el pago de una reparación integral de $ 8 millones, valor que se debería dividir entre todos los sentenciados. Este pago, explicó el juez ponente Marco Rodríguez, se tenía que dar de conformidad con los grados de participación, lo cual se deberá ventilar en fase de ejecución. Para las defensas de Mendoza y Terán no existe una línea argumentativa que justifique por qué se definió la cantidad de $ 8 millones como reparación integral y tampoco se define el valor que debe cancelar cada procesado. Moreira señaló que la cifra de $ 8 millones no tiene coherencia con ninguna de las cifras expuestas en audiencia, es decir, en el juzgamiento se habló de un monto de contrato de $ 16,4 millones, un anticipo de $ 8,2 millones y un supuesto cobro de cheques por ventanilla por el monto de $ 7,3 millones. Fuertemente resguardado llegó la tarde de este viernes a la Fiscalía el asambleísta Daniel Mendoza, para ampliar su versión dentro de la instrucción fiscal por delincuencia organizada. El abogado Terán pidió al Tribunal que case la sentencia y emita la que en derecho corresponda, mientras que Moreira dijo que la consecuencia de la violación expresa de la norma debería ser el que se case el fallo y que se modifique la sentencia. Los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría que asistieron a la audiencia rechazaron los argumentos expuestos por los abogados de Mendoza y Tamayo. Ambos señalaron que no procede el cargo casacional esgrimido y lo que corresponde es que el Tribunal de Casación declare improcedentes los pedidos y los rechace. De los 19 procesados que existían en esta causa, ocho ya tienen sentencia, seis han sido sobreseídos y cinco, entre los que están el exasambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero y el exsubdirector técnico del Secob, Jorge Jalil, fueron llamados a juicio. De estos cinco, dos fueron sentenciados como coautores y uno fue sobreseído, mientras que Azuero y Jalil aún se mantienen como prófugos. Luego de escuchar los argumentos y las réplicas de cada uno de los sujetos parte de la casación, Guillén explicó a la Sala que el Tribunal necesitaba tiempo para analizar lo expuesto y tomar una decisión. Informó que en ese punto, la tarde del lunes pasado, se suspendió la diligencia y se reinstalaría para hacer conocer su decisión a las 08:00 del viernes próximo. Además de la casación de Mendoza y Tamayo, los jueces Guillén, Caicedo y De la Cadena también deberán emitir una resolución sobre el pedido de suspensión condicional de la pena solicitado por Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob que fue condenada a la pena de privación de libertad de 40 meses, pues solo se acogió al procedimiento abreviado y no a la cooperación eficaz. Según su defensa, Cobeña ya ha cumplido en el Centro de Privación de la Libertad de Manabí más de 31 meses de los 40 impuestos y además mantendría problemas de salud. Solicito se libere la boleta de excarcelación para que así la exfuncionaria pública se reúna con su familia. Fuente: El Universo
