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FF.AA. y SGR serán las piezas clave en la respuesta ante la amenaza del ‘Súper’ Niño

Nacionales / /

La Hora .- La Secretaria de Gestión de Riesgos desarrolla jornadas de capacitación para la respuesta de las nuevas autoridades. Está previsto un millonario gasto en el sistema nacional de agua.    Las alertas por la llegada del fenómeno de El Niño siguen multiplicándose y el Gobierno del presidente Guillermo Lasso y el COE Nacional avanzan en la implementación de un plan nacional para dar respuesta oportuna y eficaz a los embates que este evento natural puede causar en las costas ecuatorianas.   Luego de reunirse con sectores económicos, medios de comunicación e incluso con el cuerpo diplomático acreditado en el país, las acciones del COE Nacional avanzan en la preparación de los ciudadanos y disminuir en lo posible el impacto de El Niño en el PIB.   Tanto la Fuerzas Armadas como la Secretaría de Gestión de Riesgos serán piezas fundamentales en la organización, previsión y ejecución de los planes de respuestas ante esta amenaza natural que se prevé para los próximos meses.   El rol de las FF.AA. Las Fuerzas Armadas tendrán uno de los roles principales, no solo en la organización para la prevención, sino en la respuesta inmediata a las comunidades en el momento que las autoridades locales sean superadas, explicó a LA HORA el Secretario de Gestión de Riesgos, Cristian Torres.   Fuentes cercanas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas explicaron que trabajan en el desarrollo del plan de contingencia y en la adecuación de sus operaciones a las disposiciones que genere la SGR para enfrentar el fenómeno de El Niño, al que ya algunos expertos catalogan como ‘Súper’ Niño.   Destacan las fuentes militares que este plan tiene entre otras características la de planificación con las instituciones del Estado. Además, se trabaja en la realización de un ejercicio que podría llevarse a cabo a mediados de julio de 2023 y cuyo objetivo sería comprobar la eficacia del plan y determinar las capacidades de las instituciones para enfrentar una situación que podría poner en riesgo a la población.   Torres destacó que la SGR y las FF.AA. han trabajado en conjunto para la elaboración del plan de contingencia.   Las fuentes castrenses agregaron que la planificación militar está siendo desarrollada y adaptada en coordinación con la SGR, con la intención de aclarar los riesgos que el país enfrentará y contar con los recursos y el apoyo internacional en caso de ser requerido.   Plan coordinado El Secretario de Gestión de Riesgos explicó que el plan de contingencia que estructura su despacho no es una imposición, sino un trabajo coordinado con todas las instituciones del Estado para brindar una respuesta efectiva.   “Este plan fue elaborado de forma institucional, de ninguna manera es una imposición de la SGR, sino que más bien es una coordinación para que cada uno de los ministerios, con base a la información y a la amenaza, realicen su planificación para prepararse, prevenir y responder”, apuntó Cristian Torres.   Precisó que con el liderazgo del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, tanto el COE Nacional como su despacho llevarán adelante una labor de seguimiento en la implementación de las acciones para prevenir y responder de forma coordinada.   “Las Fuerza Armadas tienen un rol preponderante, el plan fue elaborado en conjunto con ellos, con una metodología específica y las FF.AA serán fundamentales al momento de la respuesta”, remarcó Torres.   Además de las FF.AA, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y otros organismos de seguridad deberán cumplir papeles importantes para brindar una respuesta efectiva, al momento que sean rebasados los mecanismos de los gobiernos locales y provinciales.   Torres aclaró que, si bien la respuesta en primera instancia corresponderá a las autoridades locales y provinciales, “obviamente tenemos que prepararnos para cuando las capacidades de los municipios sean rebasadas y allí es donde entran las FF.AA., a responder de manera articulada”, dijo.   Capacitación a los municipios Una de las dificultades que puede generar la llegada del fenómeno de El Niño este 2023 se encuentra en la articulación con los nuevos gobiernos regionales, debido a que muchas de las autoridades apenas están conociendo las realidades de sus territorios.   Ante esta realidad, la SGR realizará jornadas de capacitación para los gobiernos regionales.   “El fin es brindar herramientas prácticas para la respuesta a todos los municipios y prefecturas que están en la zona de influencia del fenómeno de El Niño”, puntualizó Torres.   Agregó que este proceso de capacitación comenzó el día martes 27 de junio con los gobiernos de las provincias de Guayas y Santa Elena y se extenderá a todos los municipios, provincias y cantones en la zona de influencia.   Torres alertó que ya existen algunos municipios en los que se espera la actuación inmediata de las FF.AA., “como por ejemplo Esmeraldas, porque ya conocemos lo que sucedió hace poco. Debido a la magnitud del evento, las FF.AA. actuaron de forma inmediata”.   Millonario mantenimiento del Sistema de Agua Al ser consultado sobre el presupuesto que manejará la SGR para la atención de la emergencia, Torres detalló que de los $75’503.257 que serán asignados a su despacho, 68 millones serán dirigidos a la Empresa Pública de Agua.   “68 millones van a ser transferidos a la Empresa Pública del Agua para que pueda hacer el mantenimiento de todas las presas y que puedan operar de manera óptima en caso de que tengamos precipitaciones altas y prolongadas”, remarcó.   Torres añadió que el resto de los recursos, algo más de siete millones, serán destinados para la adquisición de los kits de alimentación, higiene y limpieza para la población que resulte afectada.

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Reducir gasto público debe ser prioridad de futuro presidente

Nacionales, Política / /

El próximo presidente de la República deberá realizar drásticos ajustes en la administración del Estado, para equilibrar la economía del país. Así lo señaló el analista económico, Miguel Rossignoli, al ser consultado por “Punto de Orden”. Rossignoli explicó que el gasto corriente, que corresponde en su gran mayoría a salarios de burócratas, se cubre por lo general con el flujo corriente, es decir, con la recaudación de impuestos. Pero en vista de que cada vez crece más, algunos gobiernos recurren a tomarse fondos del Seguro Social o a crear impuestos, para poder cubrir el faltante. En ese sentido, opinó que el actual gobierno ha querido tomar precauciones, reduciendo ese gasto. Lamentablemente, esos esfuerzos no alcanzan, debido a que hay un Estado obeso y muchas veces ineficiente. En el otro extremo está la inversión pública, que se realiza casi siempre con recursos petroleros. Sin embargo, ante la caída de los precios internacionales del crudo, y la reducción en la producción, Ecuador carece de los recursos necesarios para nuevas obras. Según Rossignoli, la situación se agravaría si triunfa el “Sí” en la consulta popular del 20 de agosto, y el gobierno debe suspender la explotación petrolera en el Yasuní. Significaría para el país dejar de recibir 600 millones de dólares al año, pues no coincide con los montos que calculan otros analistas -1.200 millones- ya que el crudo del ITT es de baja calidad. El experto recordó que no solo hay que considerar el cese de explotación en Yasuní, sino lo que costaría desmontar la infraestructura.

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Corte Constitucional se cree “aristocracia jurídica”, según viceministro de Gobernabilidad

Nacionales, Política / /

La Corte Constitucional tomó una decisión equivocada, al negar la admisibilidad del decreto-ley sobre la creación de zonas francas. Así se pronunció el viceministro de Gobernabilidad, Mario Cuvi, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden. Cuvi dijo sentir un “mal sabor de boca” con los fallos de la Corte, que además van en contra del “hiperpresidencialismo” que señala la Constitución. El funcionario recordó que, de acuerdo a la Carta Magna, solo el presidente de la República tiene la atribución de calificar una iniciativa como “de urgencia económica”. En las circunstancias actuales, en que no hay Asamblea Nacional, la única tarea de la Corte Constitucional es establecer si un decreto-ley cumple con la normativa. Es decir, que esté dentro del marco legal, y no cuestionar su importancia o su urgencia. Ni siquiera el Parlamento, cuando está en funcionamiento, puede cuestionar el carácter de “urgente”, anotó. Su función se limita a aprobarlo, modificarlo o negarlo, pues en caso de transcurrir un mes sin respuesta, entra en vigor por el ministerio de la ley. Cuvi precisó que, ante las circunstancias políticas del país, el gobierno de Guillermo Lasso alista nuevos decretos-leyes que permitan mejorar la situación económica. El principal tiene que ver con los preparativos para enfrentar el Fenómeno de El Niño, que según los expertos, llegaría al Ecuador a mediados del mes de octubre. A criterio del viceministro, la Corte Constitucional ha trazado una cancha, totalmente equivocada, pero tomando en cuenta que el gobierno no quiere controversia, sino soluciones, evitará conflictos con esta “aristocracia jurídica”, como la llamó, que ha creado extraños conceptos de “urgencia económica ordinaria” y “urgencia económica extraordinaria”. Cuvi insistió los decretos presidenciales responden a necesidades sociales, pero parecería que la Corte Constitucional no lo entiende así. Ya fuimos víctimas, agregó, de una Asamblea “dedicada a cualquier porquería menos al bien del país”. Como prueba citó los 1.400 pedidos de información, las 300 comparecencias, los 14 juicios políticos a ministros de Estado, y los 4 intentos de sacar al presidente Lasso del cargo. De ahí su esperanza de que el próximo Parlamento, electo el 20 de agosto, tenga más responsabilidad y seriedad en el debate.

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Críticas a Corte Constitucional por trato a decretos-leyes del Ejecutivo

Nacionales, Política / /

La Corte Constitucional no actuó de forma correcta en torno a los decretos-leyes, enviados por el presidente Guillermo Lasso con el carácter de urgencia económica. Así se pronunció el constitucionalista Salim Zaidán, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”. Para Zaidán, en el primero de los decretos, que establecía rebajas en los impuestos, la Corte Constitucional desvió su análisis al campo político, en lugar de tratar el tema de forma rápida y oportuna. Y si bien finalmente lo aprobó, se perdió demasiado tiempo. En el segundo, que pretendía la creación de zonas francas, y que fue negado, el organismo desbordó un poco su competencia, pues solo al Ejecutivo le corresponde establecer lo que es una urgencia económica. En su opinión, fue un error convocar audiencias y llamar a “amicus curiae”, toda vez que la única tarea de la Corte, de acuerdo a la ley, era establecer si las propuestas del presidente Lasso cumplían los parámetros constitucionales. Al no ser actora política o colegisladora, debía limitarse a aceptar o rechazar sus requisitos legales. El analista reconoció que las actuales leyes, en el caso de “Muerte Cruzada”, son vagas e imprecisas sobre la tarea de la Corte Constitucional en caso de no existir Asamblea. A su criterio, la institución no puede ni debe evaluar las políticas económicas del gobierno, como es el caso de las zonas francas, porque estaría cruzando la delgada línea que la separa de las atribuciones del Ejecutivo. Basta de prevaricatos y habeas corpus injustificados Por otra parte, el jurista aplaudió la sentencia de la Corte Constitucional, respecto a los controles que aplicará ante casos de prevaricato. Sin embargo, advirtió que las eventuales sanciones por estos delitos, no deben limitarse a los jueces comunes, sino a la propia institución. También destacó la decisión de parar el abuso de los recursos de habeas corpus, especialmente en actores políticos implicados en actos de corrupción, pues resulta evidente que ciertos grupos, abusando de su poder, pretenden conseguir la impunidad de sus líderes.

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Transportistas livianos exigen pago de deuda de CNT

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La Federación de Transporte Liviano Mixto y Mediano del Ecuador (Fenacotrali), lanzó un urgente llamado al gobierno nacional, para que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, pague lo que le adeuda por servicios de movilización. Consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”, Antonio Armendáriz, presidente del gremio, explicó que la deuda corresponde a varios meses de servicio de transporte, para personal y equipo de la institución. La acreencia corresponde a la contratación de 900 camionetas doble cabina, afiliadas a la Fenacotrali, y que han prestado su contingente para toda clase de trabajos de CNT, en prácticamente todo el país. Armendáriz precisó que es la única institución del Estado con la cual tienen este problema, pues a otras han servido de la misma forma, y han recibido los pagos respectivos de forma normal. Como ejemplos citó 2: al Ministerio de Salud, con quien el gremio firmó un contrato para la movilización de las brigadas de vacunación; y con el INEC, que requirió los servicios de las camionetas para efectuar el censo. De acuerdo a la ley, en estos casos debe mediar la Procuradoría General del Estado. Pero dicha dependencia ya no quiere intervenir. Armendáriz señaló que hay cerca de 1.000 familias perjudicadas, pues no reciben el dinero ganado lícitamente con su trabajo. La Fenacotrali aglutina a 26.000 socios y 3.000 camionetas. La ventaja para el Estado es que no debe gastar en choferes ni en seguros.

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Juan Fernando Flores, excoordinador de la Bancada Ecuador, se convierte en consejero político de Guillermo Lasso

Nacionales / /

El Universo .- El presidente lo designó en el cargo dos días después de disolver la Asamblea Nacional.   A dos días de haber disuelto la Asamblea Nacional, con el Decreto Ejecutivo 741, el presidente Guillermo Lasso designó al exlegislador Juan Fernando Flores (CREO) al frente de la Consejería de Gobierno, que estará encargada de asesorar políticamente al primer mandatario.   Su designación en las nuevas funciones que asumirá ocurrió el viernes 19 de mayo, dos días después de que Lasso aplicó la muerte cruzada. Para oficializar el nombramiento de Flores, el presidente suscribió el Decreto Ejecutivo 744, con el cual creó la nueva Consejería de Gobierno.   En la Asamblea, Flores fue presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y fue coordinador del grupo parlamentario Bancada Ecuador.   El exasambleísta era una de las caras más visibles del oficialismo en el Parlamento. Ha defendido la postura y decisiones del Gobierno frente a la oposición, así como ha reiterado la inocencia del presidente Guillermo Lasso dentro del juicio político que se siguió en su contra.

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De madrugada, Lasso cesó a la Asamblea y se jugó la última carta

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Primicias .– Luego de su comparecencia ante la Asamblea, donde se defendió en el juicio político en su contra, el presidente Guillermo Lasso se reunió con sus ministros en Carondelet, para preparar el decreto de muerte cruzada. El decreto de muerte cruzada, con el que presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional, tomó por sorpresa a los legisladores e incluso los colaboradores cercanos del Gobierno, que confiaban en que Lasso lograra salir victorioso del juicio político. Tras presentar sus alegatos ante la Asamblea por el caso de un presunto peculado en la empresa pública Flopec, Lasso salió escoltado por su seguridad y algunos secretarios de Estado, para regresar a Carondelet. Eran cerca de las 14:20 del 16 de mayo. Una vez en su despacho, Lasso se reunió a puerta cerrada con los ministros de Gobierno, Henry Cucalón; del Interior, Juan Zapata; de Defensa, Luis Lara; y de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique. También convocó al secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral. Analizaron el debate en la Asamblea, que había iniciado a las 10:55 del martes con las intervenciones de los legisladores interpelantes, la correísta Viviana Veloz y el socialcristiano Esteban Torres. Ambos defendieron con beligerancia sus posturas sobre el juicio político y calificaron a la muerte cruzada de ser solo amenazas presidenciales que Lasso no podría cumplir. Cerca de las 16:30, el Pleno de la Asamblea se instaló de nuevo para escuchar a los 39 asambleístas que habían pedido la palabra. El fuego cruzado continuó en la Asamblea y el presidente Lasso perdía la esperanza de conseguir votos suficientes para impedir que lo destituyeran. Mientras tanto, los asambleístas terminaron la sesión del pleno a las 22:00, confiados en continuar el miércoles 17 con las réplicas de 30 legisladores más. Al finalizar la noche del 16 de mayo, Lasso se les adelantó y puso sobre su escritorio el Decreto Ejecutivo 741, cuya firma disolvía la Asamblea Nacional por primera vez en la historia de Ecuador. El mandatario estaba seguro de que la confrontación política con el Legislativo estaba lejos de terminar, aún si el juicio político no prosperaba, lo que iba a impedir la aprobación de leyes como la reforma tributaria, que había llegado a la Asamblea el 11 de mayo. De inmediato, Lasso convocó a su equipo de comunicación al Salón Amarillo de la Presidencia para grabar una cadena nacional para anunciar la muerte cruzada. El reloj marcaba las 01:30 del 17 de mayo y el decreto se puso en marcha para que la Policía bloqueara el ingreso de funcionarios a la Asamblea a primera hora del día, con el fin de evitar que los legisladores se atrincheraran en sus oficinas. A las 05:30, los primeros empleados de limpieza que llegaron al Parlamento lo encontraron cerrado y militarizado: La orden era que nadie podía ingresar. Una hora y media después, la cadena nacional salió al aire y el país amanecía sin Asamblea Nacional. En el Legislativo La muerte cruzada era la última carta presidencial en el pulso con la Asamblea. Hasta el martes 16, el equipo de Lasso sostenía un proceso de negociación para conseguir el respaldo de varios legisladores en contra de la destitución. De hecho, Lasso insinuó en su discurso que tenía los votos necesarios para evitar el colapso. Pero 11 votos de Pachakutik a favor de Lasso no fueron suficientes. Además, el Gobierno desconfió de legisladores que aparentemente comprometían su respaldo, pero podían votar finalmente por la destitución del Presidente. La oposición necesitaba 92 votos. El entonces presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, había conseguido 96 al ser reelegido el fin de semana en las elecciones internas de nuevas autoridades del Legislativo. El exasambleísta independiente, Fernando Villavicencio, aseguró que se enteró a las 23:00 del cambio de decisión de Lasso. El Gobierno carecía de un bloque parlamentario fuerte y se encontraba en medio de un clima de “conspiración constante”, dijo Villavicencio. “Once legisladores de Pachakutik firmaron contra la destitución, además de la posición de legisladores de la Izquierda Democrática”, señaló Villavicencio. “Hasta ayer (16 de mayo), a las 22:00, había más de 50 votos en contra de la destitución”. Fernando Villavicencio. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, fue lacónico en la rueda de prensa del miércoles respecto a cómo se decidió decretar la muerte cruzada. “Los votos siempre se cuentan al final”, repitió y agregó que “la decisión obedece a una razón de Estado y la base es el sentido de oportunidad y conveniencia”. Cucalón coincidió en que una “oposición irracional e intereses inconfesables” ganaron peso al momento de valorar la aplicación de la muerte cruzada como un “acto de gobierno”, amparado por la Constitución. Así, la pugna de poderes se zanjó con un inesperado desenlace, que obligará a los ecuatorianos a volver a las urnas en 90 días para elegir al nuevo Presidente de la República y a 137 nuevos asambleístas. Quienes resulten electos en estos comicios anticipados se quedarán en el cargo solo hasta mayo de 2025, luego tendrán que asumir las nuevas autoridades que resulten escogidas en las elecciones generales.

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Asamblea notifica al presidente Guillermo Lasso con el juicio político

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El Universo .– La notificación se oficializó dos días después de la sesión en la que el pleno resolvió enjuiciar al mandatario por presunto peculado. Dos días después de que la mayoría del pleno aprobó dar paso al juicio político al presidente Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional notificó al primer mandatario y a los 137 legisladores con la resolución aprobada el martes 9 de mayo. La notificación se oficializó la noche del jueves 11, a través de un oficio suscrito por el secretario general de la Asamblea, Álvaro Salazar. En el documento consta un enlace con la resolución, así como el expediente íntegro de sustanciación del juicio. El llamado a juicio político se aprobó con los votos de 88 asambleístas pertenecientes a UNES, PSC, independientes, rebeldes de ID y PK. Hubo 23 en contra y 5 abstenciones. Guillermo Lasso es acusado del presunto delito de peculado, con base en el artículo 129 de la Constitución. La resolución fue impulsada por la legisladora Viviana Veloz (UNES), que también es ponente del juicio. El texto señala que “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo. Precisamente, por ello, la Asamblea Nacional acusa al presidente de la República, pues junto a Hernán Luque Lecaro (expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO) definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. Consecuentemente, el presidente de la República conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec EP”. En este caso son 92 los votos que se necesitan; es decir, cuatro más de los conseguidos para aprobar la resolución del 9 de mayo. Corren los plazos para que el Parlamento difunda el informe del proceso y luego incorpore el tema al orden del día para conocimiento del pleno, para llevar a cabo la sesión sobre la censura y destitución. Para la cesura y destitución del presidente de la República se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. Desde Carondelet se rechaza la actuación de la Asamblea y se asegura que no existen pruebas ni argumentos que justifiquen las acusaciones contra Lasso.

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Guillermo Lasso está obligado a mejorar temas de seguridad y comunicación para superar crisis por juicio político

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La Hora .– Mejor comunicación y más seguridad es la fórmula para que el Gobierno supere la crisis, dicen analistas. Paco Moncayo puede ser clave para revivir la relación con Quito. La decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de avanzar en el juicio político, nuevamente pone en la palestra el escenario para la activación de la muerte cruzada como la opción del presidente Guillermo Lasso para mantenerse en el poder. El escenario de que el Gobierno de Lasso superé el juicio político en la Asamblea parece cada vez más remoto y para los analistas ya implica un alto costo en términos de gobernabilidad y espacios de poder. Tanto Pedro Donoso como Lolo Echeverría consideran que la seguridad y comunicación deben ser puntos claves en la nueva estrategia del Gobierno, sí espera sobrevivir con gobernabilidad los siguientes dos años de gestión. Temas claves La asambleísta de CREO, Ana Belén Cordero, dijo a LA HORA que el Gobierno debe “enfocarse en los problemas” de los ecuatorianos. “En el tema de la seguridad hay cambios importantes dentro del gabinete, pero deben darse otros giros de timón”, sentenció. Cordero considera que la presencia de los militares en las calles y la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, “es un tema clave”. Considera además que el Gobierno también debe abrir y dar un giro en cuanto a la política social para ayudar a las clases más desfavorecidas. Agregó que la reforma tributaria, con la que se busca elevar los gastos deducibles, “permitirá que exista más dinero disponible para los ecuatorianos y esto llega una vez que se ha puesto la casa en orden, justamente en este orden fiscal con enfoque social que lidera el presidente Lasso”, apuntó. Tiempo de enmendar El analista político, Lolo Echeverría, manifestó a LA HORA que el Gobierno, en caso de permitir que el juicio político avance, debería esperar los resultados de la votación, pues desde su punto de vista “en este momento de la muerte cruzada ya no es conveniente y los resultados serían peores para el país”. Y, en el caso de no prosperar el juicio político, el Presidente Lasso está obligado a “corregir los errores” que ha cometido a lo largo de los últimos dos años. Echeverría destacó que el Gobierno debe proponer un proyecto de país que dé esperanza y visión de futuro a los ciudadanos. Dentro de los errores a corregir, el analista puntualizó la comunicación como el principal problema en la gestión. “El Gobierno no ha tenido un relato, no ha tenido una propuesta y lo que es peor, ha dejado que relatos contrarios se comuniquen con mayor efectividad”, cuestionó Echeverría. Para el analista, hasta el momento, quienes han asumido la Secretaría de Comunicación no han engranado una estrategia de comunicación correcta. Por otro lado, considera como una “excelente decisión” el nombramiento de Paco Moncayo como Consejero de Seguridad Nacional. “El Presidente debe darle (a Paco Moncayo) mayor poder de decisión, recursos y la capacidad para generar un equipo de inteligencia que contrarreste a los grupos criminales”, puntualizó. Gobernabilidad Por su parte, el analista Pedro Donoso, consideró que si se supera el escenario del juicio político, el Gobierno debe apostar por la gobernabilidad y no por la sobrevivencia. Donoso destacó que dentro de los escenarios que se manejan de fracasar el juicio político, el primer escollo que el régimen deberá enfrentar es el “calentamiento de las calles”. Recomendó realizar una radiografía de los actores que fueron claves en las movilizaciones de 2022, para “neutralizarlos políticamente hablando”. El analista asegurá que el Presidente debe tratar de quitar el capital social a quienes traten de avanzar en un estallido social y de esta forma lograr “gobernabilidad”. Agrega que las consecuencias de un fracaso del juicio político podría provocar una implosión dentro del Poder Legislativo, que generará la existencia de nuevos ‘mini bloques’ parlamentarios, lo que obligará a una relación con cada uno de ellos. “El Gobierno debe pensar en la gobernabilidad, tener una estrategia política mucho más clara y replantear la relación con los gobiernos autónomos y descentralizados”, apuntó. Quito y una relación pragmática Sobre la relación del Gobierno con la capital, los analistas consideran que la inclusión de Paco Moncayo puede aportar. Aunque advierten que deberá buscar una relación cercana y “pragmática” con el alcalde Pabel Muñoz. Pedro Donoso asegura que tanto el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, como el consejero de Seguridad, Paco Moncayo, pueden jugar un papel importante en la relación con el nuevo Alcalde de Quito. Cucalón y Muñoz “pueden tener un diálogo bastante fluido”, recordando que ambos formaron parte del parlamento como asambleístas en el mismo momento histórico. “Es altamente probable que la Alcaldía de Muñoz, por lo menos los seis primeros meses, sea más pragmática para sentarse y poder gobernar a la ciudad”, apuntó que el pragmatismo debería permitir una buena relación inicial entre el Gobierno y la Alcaldía. Por su parte, Echeverría recalcó que “el Gobierno debe cambiar el enfoque de cómo concibe a Quito”. Desde su óptica, Paco Moncayo será un factor importante en la nueva relación con la ciudad porque como exalcalde conoce los problemas de la ciudad, “en los cuales el Gobierno debe ayudar”.

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Defensa del presidente Guillermo Lasso advierte de violación constitucional en convocatoria a la Asamblea Nacional para resolver juicio político

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El Universo .- El informe motivado que no recomienda el enjuiciamiento político al primer mandatario fue notificado el sábado al Presidente del Parlamento La decisión tomada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, de convocar al pleno del Parlamento para resolver el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, viola el principio de legalidad establecido en el artículo 226 de la Constitución, advirtió Edgar Neira, abogado del primer mandatario en este proceso político. El Presidente de la Asamblea Nacional convocó para el martes 9 de mayo, a las 10:45, al pleno a la sesión 868 para resolver sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso, en vista de que la Comisión de Fiscalización no aprobó un informe respecto a la solicitud de interpelación. Para la defensa del primer mandatario, Saquicela va más allá de lo que determina la ley, y hace una aplicación analógica del artículo 142 inciso final de la ley orgánica de la Función Legislativa, que regula el procedimiento de enjuiciamiento político para autoridades distintas del Presidente de la República, y “toma lo que le parece mejor de otro procedimiento y lo adapta al proceso de enjuiciamiento político al primer mandatario, eso es hacer una interpretación analógica que no tiene ninguna cabida en derecho público”. Neira lamentó que los temas jurídicos en el país tengan dos formas de ser mirados, pues existe una redacción insuficiente de los artículos 90 y 91 de la ley orgánica de la Función Legislativa que generan el problema; pues lo que se ha pensado en la ley es que haya un informe que autorice o no el enjuiciamiento y que éste sea sometido a conocimiento del pleno. Pero, en realidad en este proceso no hay informe. Lo que debía hacer el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, es archivar el juicio en vista de que no hay informe, por lo tanto, no se puede dar el siguiente paso en el procedimiento, porque no se cumple un requisito de procedibilidad, que es el informe aprobado, insistió. Pero, añadió, como en el Ecuador se vive al margen de la ley, cada quien hala en función de su interés político, lo que dirá el pleno de la Asamblea es que con o sin aprobación de un informe “nosotros decidiremos si llamamos o no a juicio político”. El abogado del primer mandatario, sostuvo que seguramente la Asamblea Nacional pretende dar una solución política; es decir, “ya no importa la ley, llamemos a juicio político, y con ese tipo de interpretaciones se pone en riesgo el sistema democrático presidencialista, se genera inestabilidad política, los actores políticos se salen con la suya y la ley es meramente referencial; no hay una cultura de respeto a la legalidad”. En todo caso, el Presidente de la República irá a defenderse de la acusación política, porque seguramente tomarán una resolución para que el primer mandatario acuda al pleno de la Asamblea a defenderse del peculado, con o sin informe”, afirmó. El constitucionalista, José Chalco Salgado, manifestó que ante la falta de un informe aprobado en la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político al primer mandatario, a la Asamblea Nacional le queda aplicar el artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa; pero que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, comete un error al pretender aprobar una resolución con mayoría simple, cuando el mismo artículo señala que el pleno tomará una resolución correspondiente. “Ellos están entendiendo que es cualquier resolución, cuando se habla de resolución correspondiente, significa vinculado a; es decir, la resolución tiene que estar vinculada al trámite del juicio, esto es, debe observarse las mayorías que están especificadas para el trámite de un juicio al Presidente de la República”. “Esto es una zoquetada más, es decir, más de la ignorancia de los analfabetos constitucionales, lo cual estaría viciando el procedimiento de forma del juicio político, que podría dar lugar que la Corte Constitucional nuevamente intervenga”, subrayó Chalco, quien incluso advirtió que podría ser objeto de acciones internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría observar después, porque la Comisión Interamericana se ha pronunciado diciendo que los juicios políticos de destitución a los presidentes tienen que ser respetuosos del procedimiento jurídico. Procedimiento El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, la noche del sábado 6 de mayo, notificó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, con el informe motivado de la solicitud de juicio político en contra del presidente, Guillermo Lasso. Villavicencio comentó que jurídicamente el juicio al primer mandatario está muerto, por lo tanto, “cualquier inventiva que haga el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, puede ser objeto de una demanda internacional, porque el único informe válido según la Corte Constitucional y la ley de la Función Legislativa y el informe vinculante de la Procuraduría es el informe motivado de la Comisión de Fiscalización”. La Procuraduría del Estado señala que dentro del plazo correspondiente la Comisión de Fiscalización deberá remitir al Presidente de la Asamblea Nacional “el informe motivado en el que deberá dejar constancia de la resolución y el detalle de la respectiva votación especificándose las razones por las cuales se recomienda o no el enjuiciamiento político del Presidente de la República…” Informe de UNES Momentos en que los legisladores de UNES, PSC y Bruno Segovia (ex PK), dialogan sobre la moción respecto a las observaciones al informe sobre el juicio político al presidente, Guillermo Lasso. En la gráfica también constan los dos asesores del bloque correísta. Foto: Vicente Ordóñez En la sesión de la Comisión de Fiscalización realizada el sábado 6 de mayo, los delegados de la bancada correísta: Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova, en dos ocasiones intentaron incluir su informe respecto a la solicitud de juicio político. El primer intento fallido fue cuando presentaron una moción de cambio del orden del día para “aprobar el informe motivado que recomiende o no el enjuiciamiento político en contra del señor Presidente de la República”, este pedido no pudo ser tratado porque ya habían tres mociones presentadas antes

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Sector automotriz exhorta a bajar aranceles de importación

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El gobierno debe implementar una dinámica económica, para compensar los altos aranceles que se pagan por los vehículos importados. Fue la opinión de Daniel Weiner, gerente general de Induwagen, al analizar la actual situación del sector automotriz ecuatoriano. Weiner explicó que, en el subsidio a los combustibles, el gobierno gasta anualmente más de 2 mil millones de dólares. Esto es, gasolina ECO y Diesel, los más consumidos. Apenas el 3% de la demanda corresponde a gasolina Súper, que no es subsidiada. Obviamente, las autoridades tratan de recuperar algo, mediante la aplicación de altos impuestos para los carros importados. De ahí que sugiere facilitar la llegada de carros con motores más pequeños y eficientes, más baratos y de menor consumo, pero con la condición que solo utilicen gasolina Súper. El resultado, dijo, es que lo que ya no ingresaría por aranceles, tendría un equilibrio con mayor demanda de ese combustible más caro, que del 3% pasaría a ocupar el 15% del mercado. Un mejor vehículo contamina menos y rinde más. De los actuales 30 kilómetros por galón, a 50 o 60 kilómetros. Aunque ello depende si es en ciudad o carretera. También está la opción de masificar los carros eléctricos, que si bien tienen un costo superior, representan un gasto mucho menor en mantenimiento. No se recalientan, no hay que cambiar sistemas de gasolina, y sus chequeos son únicamente cada 15.000 kilómetros. Weiner agregó un elemento fundamental: no contaminan. El empresario precisó que los actuales vehículos eléctricos cuestan más de 30.000 dólares. Pero es cuestión de tiempo para que bajen de precio, y atraigan al público debido a sus numerosas ventajas.

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Unos 53 testigos serán llamados a rendir su versión dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso acusado de supuesto peculado

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EL UNIVERSO .– Las comparecencias empiezan este 18 de abril a partir de las 15:30 y todas serán presenciales según anticipó el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio.   La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llamará a 53 testigos entre funcionarios públicos, ex funcionarios, asambleístas, constitucionalistas, penalistas y periodistas para que rindan su versión dentro del juicio político planteado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, acusado de supuesto peculado en el contrato de transporte de hidrocarburos entre Flopec y Amazonas Tanker Pool.   La comparecencias arrancarán este martes 18 de abril a partir de las 15:30, con el ex secretario Nacional Anticorrupción, Luis Verdesoto, el ex gerente de Petroecuador EP, Hugo Aguiar; Anderson Boscán, del medio digital La Posta y Fabián Pozo Neira, ex secretario jurídico de la Presidencia de la República; todos requeridos por los cuatro asambleístas solicitantes del juicio político.   Un calendario borrador, preparado por el presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y la tarde de este lunes 17 de abril lo conocerán los asambleístas integrantes de la comisión, da cuenta que en la lista existen 53 personas invitadas para este proceso de práctica de prueba que durará diez días, y se aplicarán al menos 60 pedidos de pruebas.   Las comparecencias serán presenciales, afirmó Villavicencio, quien reveló que casi a la media noche del domingo llegó un último pedido de prueba de descargo de parte del presidente, Guillermo Lasso, que incluye la presencia de algunos constitucionalistas y abogados.   Adelantó que en las comparecencias hará cumplir lo que señala el dictamen de la Corte Constitucional, pues todos los comparecientes que acudan ala fase de práctica de la prueba podrán, exclusivamente, a las presuntas irregularidades, perjuicios y peculado en los contratos suscritos entre Amazonas Tanker y Flopec. “Ninguna otra prueba será incorporada”, advirtió.   Los asambleístas, integrantes de la Comisión de Fiscalización, fueron convocados para este martes 18 de abril, para el inicio de la fase de exhibición o práctica de prueba de cargo y de descargo, y las pruebas de oficio.   El último en comparecer en este juicio será el presidente de la República, Guillermo Lasso, el día 26 de abril; aunque todavía no se determina la hora y si vendrá personalmente o lo hará a través de su abogado, Edgar Neira Orellana.   El asambleísta Villavicencio señaló que el calendario de comparecencias está organizado de acuerdo a las prioridades del juicio político y por ello, los primeros en ser llamados son los testigos requeridos por los cuatro acusadores. Tras los diez días de comparecencias, el presidente de la Comisión, tendrá diez días para redactar el informe motivado y poner a consideración de la mesa de fiscalización.   Insistió que pidió nuevamente a los legisladores proponentes del juicio político y al presidente, Guillermo Lasso, en su calidad de acusado, que remitan los motivos por los que se convocará a un compareciente. Por ejemplo, a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, se debe señalar la razón y el motivo de su comparecencia, de lo contrario, ella llegará a la Asamblea y si pregunta algo para lo cual no estuvo preparada, simplemente dirá que no puede responder.   Los proponentes del juicio, afirmó Villavicencio, remitieron un documento donde se resisten y se niegan a remitir los motivos, no así el primer mandatario que sí ha remitido los motivos para las comparecencias solicitadas.   Si los cuatro solicitantes del juicio se niegan a precisar los motivos de la comparencia, explicó Villavicencio, se está explicando que acudan a la Comisión de Fiscalización, exclusivamente, a referirse de las pruebas de cargo en el presunto delito de peculado de los contratos de Amazonas Tanker con Flopec, singularizados por la Corte Constitucional.

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La visión política de Diego Ordóñez y su inexperiencia en seguridad pasaron factura a su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública, según analistas

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EL UNIVERSO .- Expertos coinciden en que fue un desacierto del presidente Guillermo Lasso haber nombrado en el cargo a Ordóñez. El exsecretario defendió su actuación. El paso de Diego Ordóñez por el Gobierno de Guillermo Lasso dejó una estela de críticas entorno a su gestión de ocho meses al mando de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, en momentos en que Ecuador atraviesa la peor crisis de seguridad, con un promedio de 16 asesinatos por día hasta marzo de 2023, según cifras de la Policía, sin contar los casos de extorsiones (vacunas), secuestros y hasta atentados con explosivos, a causa de las actividades ilícitas del crimen organizado.   Ordóñez, quiteño y abogado de profesión, se ha caracterizado por ser un personaje con un estilo polémico y confrontador. Ha estado presente en la esfera política del país desde más de 20 años. En el pasado fue secretario de la Asamblea Constituyente de 1997 y diputado por la Unión Demócrata Cristiana.   La estrecha relación de confianza que por años ha mantenido con Guillermo Lasso lo convirtió en una figura preponderante en el Ejecutivo.   Ingresó a Carondelet como consejo presidencial en temas de gobierno y política, después de renunciar a su curul en la Asamblea Nacional el 4 de febrero de 2022. Fue legislador por el movimiento oficialista Creando Oportunidades (Creo) desde mayo de 2021. En el Parlamento protagonizó una controversia cuando profirió una diatriba contra la asambleísta Mónica Palacios (UNES), a través de redes sociales, por lo cual fue sancionado económicamente por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Se disculpó más adelante.   Ejerció como consejero de Guillermo Lasso durante seis meses y el 2 de agosto de 2022 el presidente puso a Ordoñez a cargo de la recién creada Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, con rango de ministro, mediante del Decreto Ejecutivo 514. Su oficina en Carondelet estaba cerca al despacho del jefe de Estado. Entre las atribuciones que recayeron sobre Diego Ordóñez, según el decreto, fueron elaborar políticas de seguridad pública y del Estado, preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral, ejercer una coordinación efectiva con el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) -entidad dirigida por Fausto Cobo-, entre otros aspectos.   Desde su designación fue blanco de cuestionamientos desde distintos sectores sobre su aparente falta de capacidad, formación y experiencia para manejar la seguridad del país. Aunque las críticas fueron constantes, el presidente Guillermo Lasso siempre le manifestó su respaldo.   El 8 de septiembre -un mes después de ser nombrado al mando de la Secretaría de Seguridad- en una entrevista con EL UNIVERSO Ordóñez replicó a sus detractores.   “Esto no es una secretaría técnica, esto es una secretaría estratégica. La seguridad tiene muchísimas dimensiones: una política, una sociológica, una de prevención, de control y de represión (…). La parte técnica, puramente técnica, la conocen los técnicos. Lo que yo tengo que saber es cómo funciona esa técnica; ver, además, la posibilidad de una incorporación de una solución tecnológica, coordinar y empujar lo estratégico (…). Lo primero y fundamental es cuál es la definición política que un gobierno toma respecto a la seguridad y cómo quiere que su estructura de seguridad funcione. Para eso es fundamental tener las capacidades para entender ese fenómeno de la dimensión política”, respondió aquel momento. QUITO (08-09-2022).- Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, durante una entrevista con El Unvierso, en su despacho, en el Palacio de Carondelet. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas. La incorporación de Ordoñez a la Secretaría de cierta manera no sorprendió, porque una de las características notorias de la administración de Guillermo Lasso es que ha preferido ubicar en posiciones influyentes a personas que han formado parte del entorno que históricamente lo ha acompañado, aunque no cuenten con la experticia necesaria, analizó Juan Manuel Fuertes, exsecretario de Gobernabilidad del actual régimen y también exmilitante demócratacristiano.   A criterio de Fuertes, la designación como titular de la entidad “fue una improvisación” que surgió tras la supresión de las consejerías ad honorem. El exsecretario de Gobernabilidad mencionó que en la práctica, ante la inexperiencia de Ordóñez y su rol político, quien realmente ha manejado la Secretaría de Seguridad es el general en servicio pasivo Hugo Guerrón y que sus errores indirectamente “fueron endosados para que responda Diego Ordóñez por su condición de secretario”.   De ahí que Fuertes advirtió dos errores en la gestión a través de la Secretaría. Lo primero es la falta de una estructuración orgánico administrativa óptima de la entidad. Y el segundo aspecto es “la sobre carga de una visión militar”, reduciendo el protagonismo de la Policía Nacional. Otro escollo fue que el secretario de Seguridad manejó una línea comunicacional apegada a lo político, con su tono característico, marginando su rol de vocero de los temas de seguridad. “No es solo problema de fata de experiencia (en el área de seguridad), sino del rol que efectivamente ha designado el presidente de la República, porque es evidente que lo continuó manteniendo como parte de la consejería política”, opinó Fuertes; no obstante, reconoció que la ola de violencia que vive el país no tiene precedentes y enfrentarse a ella no traerá resultados inmediatos. El 12 de abril de 2023, tras ocho meses en funciones, Ordoñez presentó oficialmente su renuncia en una carta dirigida al primer mandatario, en la que expresó su “amistad y afecto” al presidente, dejando ver que la relación con Lasso, al parecer, no se ha visto trastocada. Dimitió luego de la masacre ocurrida un día antes en el puerto pesquero de Esmeraldas, donde nueve personas fueron asesinadas a manos de unos 30 sujetos armados. En su carta de despedida que dejó el exfuncionario destacó que “el país vive un fenómeno inédito de violencia criminal de delincuencia organizada y recrudecimiento del delito común”. Recalcó que el gobierno “se encuentra asediado por intereses mafiosos”. E indicó que encarar la inseguridad “lleva tiempo y convicción, luego de 14 años de complicidad en un caso e indiferencia en otro”, escribió sin mencionar a los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno.   Ordóñez no expuso cifras sobre su gestión, pero exaltó como un importante logro que el Gobierno haya declarado al crimen organizado (narcotráfico y microtráfico) y minería ilegal como amenazas a la seguridad del Estado, permitiendo que las Fuerzas Armadas se

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Delincuencia aumenta por errores de planificación y comunicación, según ex comandante del Ejército

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El ex comandante del Ejército, general Luis Altamirano, reconoció la grave situación que vive el país, a consecuencia de la escalada de violencia, y la atribuyó en gran medida a errores de planificación. Para el oficial, hay una “depredación” entre grupos delictivos, que cada vez quieren más territorio y autonomía. Y como resultado, se desata una ola criminal. En su opinión, debería regresar el Ministerio Coordinador de Seguridad, que realizaba un buen trabajo de planificación para combatir los delitos. Altamirano precisó las enormes fallas tácticas que existen actualmente. Una de las principales tiene que ver con el manejo carcelario, con miras a que los reclusos sentenciados por delitos graves, sean segregados de los implicados en delitos menores. Además, hizo notar que las carencias de la Policía Nacional no se limitan al número de elementos. También hace falta material, armas, municiones, infraestructura, doctrina y organización. Es decir, una visión integral de sus funciones. También mencionó como deficiencias las fallas en la comunicación estratégica. Prueba de ello, dijo, es que la Embajada de Estados Unidos sabía mucho antes, de los atentados perpetrados en Guayaquil la madrugada de este viernes. El oficial teme que estos errores, si se mantienen, debiliten progresivamente la capacidad de reacción de la fuerza pública, hasta llegar a un punto de no retorno.

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Diego Ordóñez saldrá de la Secretaría de Seguridad Pública

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EL UNIVERSO  .- El funcionario estuvo en el cargo desde el 2 de agosto de 2022. Al cabo de ocho meses en funciones, y rodeado de críticas por la violencia que vive el país, Diego Ordóñez dejará de estar a cargo de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. El funcionario fue designado por el presidente Guillermo Lasso el 2 de agosto de 2022, mediante el Decreto Ejecutivo 514, con el cual se creó la Secretaría de Seguridad.   La noticia fue confirmada a este Diario por una fuente del Ministerio de Gobierno, la noche del martes 11 de abril.   Según los datos preliminares, la salida se oficializará este jueves y ese mismo día se conocerá a la nueva autoridad que lo reemplazará, cuyo nombre no fue revelado.   Previamente, este Diario se comunicó con el todavía secretario en funciones para consultarle sobre el tema. En un breve mensaje de texto Ordóñez no negó que dejará el cargo, respondió: “No aún”. Y en un segundo mensaje indicó que este miércoles asistirá a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional.   De acuerdo con la agenda legislativa, la sesión de la Comisión de Seguridad está convocada para las 14:45. El secretario fue citado para informar acerca de las acciones de coordinación y articulación en el Sistema de Seguridad Pública y del Estado durante el último trimestre del 2022 y el primero de 2023; políticas de seguridad pública y del Estado desde la creación de la Secretaría; entre otros aspectos.   La salida de Ordóñez, quien antes fue consejero de Gobierno, trascendió horas después de la masacre ocurrida la mañana del martes en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, donde nueve personas fueron asesinadas a manos de unos 30 sujetos armados.

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UNES y PSC bloquean pedidos de prueba solicitadas sobre el histórico de la suscripción de contratos entre Flopec y Amazonas Tanker para el transporte de crudo

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EL UNIVERSO .- El plazo para presentar las pruebas de cargo y de descargo vencen el 16 de abril próximo según certificó el secretario de la Comisión de Fiscalización Los correístas y socialcristianos más el voto del asambleista Bruno Segovia (ex Pachakutik), bloquearon 19 pedidos de prueba solicitados por Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero, presidente y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización que procesa el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, acusado de presunto peculado.   La sesión que se instaló a las 16:05, estuvo crispada por continuas insinuaciones e ironías entre los legisladores miembros de la mesa que pugnaban en el proceso de calificación de las pruebas y comparecencias que se mostrarán en el proceso de juicio.   Al momento el juicio se encuentra en la etapa de presentación y solicitudes de pruebas cuyo plazo vence el próximo 16 de abril. La acusación contra del primer mandatario, según el dictamen de la Corte Constitucional, se centra “en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros quienes incidían en la contratación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República”.   A la sesión de la Comisión de Fiscalización convocada para el lunes 10 de abril, únicamente asistió el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, de manera presencial; los demás se conectaron de manera virtual que provocó varios desfases en el momento de argumentar mociones y defender posturas.   También estuvo presente Edgar Neira Orellana, el abogado del presidente de la República en esta etapa de presentación de pruebas de descargo y contestación a las acusaciones planteadas en contra del primer mandatario. Lo primero que trató la comisión fue una moción que presentó el socialcristiano, Pablo Muentes, para dejar sin efecto las providencias 057 y 058 emitidas por el presidente de la Comisión de Fiscalización respecto a la notificación del juicio y la solicitud a los proponentes del juicio para que singularicen las pruebas. El voto del asambleís Villavicencio y Bruno Segovia, fueron clave para impedir que el pedido del PSC pase.   Posterior a ello, el legislador Roberto Cuero, mocionó que no se acoja la petición del abogado Edgar Neira, que observó al menos 40 pedidos de pruebas presentadas por los legisladores: Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdova, relacionadas al caso de peculado.   Neira, que estuvo conectado a la sesión, afirmó que todos los pedidos se fundamentan en el derecho constitucional de defensa de quien es el.   Explicó que el escrito presentado no tiene el ánimo de obstaculizar el trabajo investigativo de los asambleístas que han pedido la práctica de pruebas. Dijo que las observaciones realizadas a los pedidos de los legisladores son para que en el momento de la ejecución de los pedidos de prueba no haya confusión y mejor se precise las solicitudes de pruebas y que la mesa tenga todos los elementos de juicio que le permita convencer del informe que será presentado al pleno de la Asamblea.   El asambleísta, Bruno Segovia, señaló que no puede condicionar los pedidos de prueba solicitados por los asambleístas y que el presidente a través de su abogado puede también solicitar pruebas o presentarse, pero que no se puede aceptar el planteado del acusado que calificó que están incompletos las solicitudes de información.   Roberto Cuero (UNES), dijo que más allá de los pedidos de la defensa, los juicios políticos están normados en la ley, que se respetará el debido proceso y el derecho a la defensa, pero que no puede el abogado del Presidente incidir en lo que deben o no solicitar los asammbleístas.   Tampoco se dio paso al pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que se singularice las pruebas. Los delegados de UNES, PSC y el asambleísta, Bruno Segovia, votaron en contra del pedido de la defensa del acusado.   El asambleísta, Fernando Villavicencio, advirtió que habrá complicaciones en el proceso de juicio político, porque habrá un calendario de comparecencias de 36 personas que constan en el registro de la petición del juicio político, pero no se tiene los motivos con los que se debe solicitar la presencia de los funcionarios y ex funcionarios, y tampoco se sabe cuántos los 36 comparecientes corresponden a la causa de peculado.   Negación de pruebas Una tercera moción la presentó el asambleísta Roberto Cuero para calificar las pruebas presentadas por los legisladores Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero. En la propuesta se dejó fueron 12 de las 19 peticiones de pruebas, y se negó tres comparecencias solicitadas por Villavicencio. En cambio, se negó todo lo solicitado por Cordero. Cuero dijo que las pruebas solicitadas por Cordero y Villavicencio son impertinentes y además se refieren a años anteriores, cuando el peculado se cometió durante el periodo presidencial de Guillermo Lasso.   El presidente de la mesa de Fiscalización advirtió que la moción de Cuero vulnera el derecho de los legisladores de fiscalizar y conocer quién y quiénes estarán detrás de los contratos de transporte de crudo.   Además rechazó que se haya bloqueado el pedido de comparecencia del Procurador General del Estado que constituye una pieza clave para determinar si hubo o no el delito de peculado.

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