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El autoritarismo de Nayib Bukele contagia la política latinoamericana

El País .- El modelo del presidente de El Salvador ha logrado contener a las pandillas a costa de un profundo deterioro de las libertades y las garantías democráticas. La fascinación que despierta en algunos sectores abre una nueva confrontación política en la región Miedo y alivio. Mencionar a Nayib Bukele en El Salvador significa evocar un modelo de seguridad que ha acorralado a las maras, las principales organizaciones criminales del país centroamericano, y al mismo tiempo el terror que la guerra sin cuartel contra las pandillas ha despertado en parte de la sociedad. El éxito del llamado régimen de excepción se construye sobre las cenizas de derechos y libertades. Muchos lo justifican y lo aplauden, a tenor de la popularidad del presidente. El coste es un retroceso de las garantías y del Estado de derecho.   A salvadoreños como don Cabaña, sin embargo, parece no importarles. “Vaya a saber a cuántas familias mataron, a cuántas jóvenes violaron, ¿y ahora que están en la cárcel están pidiendo perdón, llorando?”. A este hombre de 60 años se le amarga el humor cuando se acuerda de cómo era antes vivir en Las Margaritas, su hogar, y lo a gusto que estaba viendo el partido en la cancha del barrio. “Aquí, desde temprano, no se podía salir de la casa. Aquí, donde estamos platicando, se juntaban y no se iban”. ¿Quiénes? “Los de las letras”, dice en un susurro. La MS, pues. La Mara Salvatrucha 13. Los jóvenes de esta colonia de San Salvador juegan a fútbol aprovechando los últimos momentos de luz de la tarde. Cuando oscurece, se encienden unas farolas y ahora son ellos los que no se van. Se quedan ahí mismo y se ponen a platicar, se ríen entre ellos.   Tras 25 años viviendo en este lugar, don Cabaña —el nombre es ficticio, por seguridad— nunca había visto una escena como la que tiene enfrente. Viste una playera con el nombre del popular presidente salvadoreño, Nayib Bukele. “Mi esposa y yo las mandamos a hacer”, cuenta. Habla con orgullo. “Lo que está haciendo el señor presidente está muy bien. El hombre tiene mucha mente y mucha fuerza para encaminar al país”, dice. Caída la noche, por las calles de la colonia aflora la vida. Si a un recién llegado le dijeran que en este país no existieron las maras, lo creería. En El Salvador, un país con menos de 6,5 millones de habitantes, el Gobierno ha detenido a 71.000 personas a las que acusa de haber cometido delitos como integrantes de la MS-13 o del grupo antagónico, Barrio 18. Las “manchas” (pintadas) de las pandillas han desaparecido de las calles. Los militares han instalado puntos de revisión en las carreteras con tanquetas, y la Policía Nacional recorre las calles exhibiendo armas. Las escenas de personas capturadas en las comisarías son frecuentes, lo mismo que las de familias haciendo guardia afuera de los centros de detención en busca de sus parientes.   La otra cara de la moneda de la llamada guerra contra las maras es un palpable deterioro de las garantías democráticas, según las denuncias de Naciones Unidas, así como de diversos organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch. La celebración de juicios masivos, la construcción de megacárceles, el hacinamiento, los abusos policiales y la exhibición de los detenidos a través de videos de propaganda gubernamental han hecho saltar las alarmas de buena parte de la comunidad internacional, pero también han incubado una suerte de efecto contagio en algunos países de Latinoamérica. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, impulsó en junio una ofensiva similar contra las pandillas. Ecuador, asfixiado por el crimen organizado, decretó el estado de excepción la semana pasada tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en plena campaña. Y en Colombia o Chile el modelo de Bukele impregna el debate político.   El régimen de excepción Ese es el sistema que ha modificado radicalmente la geografía cultural del país centroamericano a lo largo de los últimos 17 meses, tiempo en que el presidente ha impuesto el régimen de excepción como política contra las maras. Antes, por aquí no se podía caminar; antes, no se podía estar en la calle a esta hora; antes, no se podía entrar a la colonia de enfrente… Los salvadoreños hablan en pasado, como de una época remota. “Ahora, ya podemos descansar un poco de eso, ya se puede dormir en las noches”, afirma la señora Tere, de 67 años, mientras atiende su negocio de prendas en Cimas de San Bartolo, sede del cuartel general de “los del número” —la mara Barrio 18—. Los comerciantes de esta colonia eran extorsionados; el monto a pagar dependía del tamaño o la prosperidad del negocio. A algunos habitantes la pandilla les arrebató sus casas para ponerlas en renta, y a otros les cobraban una cuota por la tenencia de sus vehículos. En uno de los pasajes de esta colonia la pandilla había erigido un homenaje a su soberbia, una pared que rezaba: “Bienvenidos al corazón de Barrio 18″. La pintada ya ha sido cubierta con un grafiti alusivo a la Navidad. Los vehículos de combate del Ejército permanecen estacionados sobre la entrada del municipio de Sensuntepeque, El Salvador.VÍCTOR PEÑA El estado de excepción se impuso luego de que se rompiera la tregua secreta entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, en marzo de 2022. La política de mano dura ha desplomado la tasa de homicidios de 103 a 2 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales, y ha convertido al que hace unos años fuera el país más letal de América en uno de los más pacíficos, de acuerdo con las estadísticas. Este es el argumento por el que algunos políticos de la región se han visto tentados por el modelo de Bukele, y el mandatario, que usa las redes sociales para su campaña permanente y para burlarse de las críticas, quiere ser visto como ejemplo a seguir.   Esta semana, por ejemplo, tras la victoria de Javier Milei en las primarias de Argentina,

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El ultra Javier Milei capitaliza el voto protesta y gana las elecciones primarias en Argentina

El País .- El economista, que propone el fin del Estado y se opone al aborto, obtiene un 30% de los votos, según los resultados definitivos. La derecha tradicional queda segunda, apenas un puntos por delante del peronismo gobernante.   Argentina votó al candidato que mejor captó la bronca acumulada por años de deterioro socioeconómico: Javier Milei. El economista ultraliberal, que se declara “anarco-capitalista”, está en contra del aborto, considera al cambio climático “una farsa” de la izquierda, propone el fin del Estado y se identifica con la ultraderecha de Vox en España, fue la sorpresa de las elecciones primarias al convertirse en el postulante a presidente más votado. Con más del 96% escrutado, obtenía el 30,1% de los votos, seguido del peronista Sergio Massa, con 20,9% y Patricia Bullrich, con casi 17%. La coalición opositora Juntos por el Cambio no pudo cumplir con el objetivo de ser la fuerza política más votada. La suma de votos entre Bullrich y su rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, alcanzó el 28,3%, a más de dos puntos de distancia de Milei. El peronismo, en sus peores elecciones primarias desde 2011, quedó en tercer lugar, con el 27,2%.   Las primarias dibujaron este domingo un escenario de tercios, una novedad en un país dominado desde hace años por dos grandes coaliciones: una liderada por el peronismo y la otra por la derecha representada en el expresidente Mauricio Macri. La irrupción de Milei lo cambió todo. Desde la periferia y prometiendo el “fin de la casta” política, el economista obliga a la política tradicional a barajar de nuevo. El expresidente argentino Mauricio Macri, junto a la dirigente de centroderecha Patricia Bullrich, durante el mitin tras conocerse los primeros resultados tras las elecciones primarias, el domingo, en Buenos Aires.JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE)   A estas primarias estaban convocados más de 35 millones de argentinos, que están obligados a participar en esta elección conocida como PASO. Los vencedores se disputarán la presidencia el próximo 22 de octubre. De ser necesario, habrá una segunda vuelta el 19 de noviembre.   Los resultados son un terremoto de consecuencias impredecibles para el país sudamericano. A partir de ahora comienza una dura campaña electoral hacia las generales de octubre, en la recta final de un Gobierno peronista que no ha sido capaz de domar la inflación, que se ha más que duplicado en cuatro años, hasta el 115,6%. La mala elección del oficialismo debilita aún más al Ejecutivo de Alberto Fernández y complica el doble trabajo de Sergio Massa como ministro de Economía y candidato a la presidencia.   Las opciones están ahora abiertas con vistas al 22 de octubre, pero el ambiente de la noche electoral —tras una elección con una participación del 70%, una de las más bajas de la historia— lo decía todo: mientras cientos de simpatizantes de Milei festejaban al grito de “la casta tiene miedo”, los alrededores del búnker peronista eran un desierto y en el de Juntos por el Cambio el ambiente era de derrota.   Los seguidores del libertario celebraron el triunfo en las primarias como si fuese la elección definitiva. “¡Presidente!, ¡Milei presidente!”, estalló el búnker de La Libertad Avanza cuando se dieron a conocer los primeros resultados, pasadas las 22.30 horas. Milei se hizo esperar durante una hora con las primarias en el bolsillo. El ganador saltó al escenario calmo, con la sonrisa de un chiquillo. Un niño de no más de 10 años gritó un “¡Milei, te amo!”, y el histriónico economista tomó la palabra. “¡Viva la libertad, carajo!”, gritó tres veces. “Somos la verdadera oposición”, aseguró. “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los que vienen fracasando desde siempre”, disparó contra sus rivales. “Somos una alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino también a toda la casta política parasitaria que ha arruinado este país”.   Milei y los suyos se ilusionan con ganar en primera vuelta el 22 de octubre. Según las leyes electorales argentinas, para ello necesitan sumar el 45% de los votos o el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre su seguidor inmediato. En estas primarias, La Libertad Avanza obtuvo en torno al 30% de los votos.   La alegría de su partido se adivinaba desde la tarde. Esperaban los resultados el Hotel Libertador, un tradicional cuatro estrellas en el centro de Buenos Aires. Solo se permitía el ingreso de sus invitados, pero cientos de personas empezaron a congregarse contra las vallas desde las seis de la tarde. Adentro, entre música tecno y algún rocanrol, su gente adelantaba bocas de urna que ya le daban ese 30%. “Es un momento histórico para todos nosotros, impensable”, celebró su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, famosa por reivindicar la última dictadura. Faltaba media hora para conocer los resultados, y Villaruel se animó contra el Gobierno. “Tienen unos números sumamente elevados para La Libertad Avanza. Queremos reclamarle que informe estas cifras y cumpla con la palabra prometida”. Afuera cientos coreaban “la casta tiene miedo”, el canto de guerra de Milei contra los políticos.   Javier Milei, en la sede de su campaña tras el cierre de los colegios electorales en Buenos Aires.NATACHA PISARENKO (AP) Un giro brusco hacia la derecha Las candidaturas de Milei y Bullrich suponen un giro brusco de Argentina hacia la derecha. Significan también el fracaso de la estrategia de diálogo que impulsaba Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires y rival de Bullrich en la coalición opositora, frente a las políticas de mano dura y de recorte de gasto social que anticipan ellos dos. Milei quiere prohibir la legalización del aborto aprobada en 2020. Defiende también la libre portación de armas y cree que la venta de órganos puede ser “un mercado más”. Promueve el cierre de los ministerios de Educación y Desarrollo Social y “quemar” el banco central, paso previo a una dolarización de la economía para terminar con la inflación. Bullrich, exministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2017), promete endurecer las leyes contra la delincuencia y poner fin a los cortes

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El campo argentino advierte a los candidatos de que con diez tipos de cambio distintos “no hay inversión”

El País .- Empresarios agroindustriales reclaman previsibilidad, unificación cambiaria y reducción de impuestos al próximo gobierno   El campo argentino quiere pasar página a 2023. Viene de una de las peores sequías de su historia y se ve zarandeado por una tormenta cambiaria en plena campaña electoral que complica la toma de decisiones. Desde Rosario, la capital agroexportadora de Argentina, empresarios del sector reclaman a la política un volantazo que ponga fin a la inestabilidad permanente del país y garantice previsibilidad.   “Todas las veces que hay inestabilidad cambiaria no es buena. Esa es la realidad del mercado, de las empresas y es lo que tenemos que tratar de corregir”, señaló este lunes el presidente rosarino de la organización empresarial IDEA, Enrique Humanes. “Es muy difícil manejarse en una empresa con diez tipos de cambio diferentes”, advirtió durante el evento Experiencia IDEA Agroindustria, al que asistieron 350 participantes del sector. “Con brecha cambiaria no hay inversión. Sin inversión no hay empleo”, agregó el director ejecutivo de la organización, Daniel González.   Hasta hace diez días, las exportaciones agrícolas se liquidaban a unos 285 pesos por dólar, la cotización oficial. Por decisión del Gobierno pasaron a 340 pesos. Pero desde entonces el peso argentino se ha despeñado escaleras abajo, con nuevos récords en todas las demás cotizaciones. Este martes, el conocido como dólar bolsa o MEP, que es el que usan las empresas para hacerse de divisas, se cambió a 521 pesos, mientras que en las calles de Buenos Aires se ofrecían billetes verdes a 598 pesos. Los operadores dan por descontada alguna intervención oficial para evitar que el dólar blue o paralelo supere la barrera de los 600 antes del domingo, cuando Argentina celebra elecciones primarias para elegir a los candidatos a presidente de cada fuerza política.   La Sociedad Rural Argentina (SRA), que reúne a grandes productores agropecuarios del país, advierte que el Gobierno de Alberto Fernández no puede seguir poniendo parches a una economía que hace agua por todos lados. “El maíz a 340 puede haber solucionado algo y se ve porque ha habido mucha venta de maíz estos días, pero por otro lado ha roto la normal comercialización de quienes usan maíz como materia prima para su producción, como productores de cerdo, de pollo, feedlots, tamberos (propietarios de granjas de ordeñe)… todos vimos alterados nuestros números de producción”, señaló el titular de la SRA, Nicolás Pino.   Los resultados del domingo darán pistas sobre las posibilidades del peronismo de mantenerse en el poder o de perderlo a manos de la oposición en las elecciones generales del 22 de octubre. El campo argentino no oculta su preferencia por la coalición opositora Juntos por el Cambio, pero sus referentes están convencidos de que gane quien gane deberá cambiar de rumbo. “Esperamos que la política de una buena vez se dé cuenta que por este camino que estamos yendo en los últimos veintipico de años no va más”, dijo Pino a EL PAÍS.   Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural durante su participación en el evento de IDEA Agroindustria en Rosario, Argentina.NICOLAS SANZ Déficit comercial récord La sequía ha dejado al Estado argentino sin su principal fuente de ingreso de divisas. Las pérdidas ascienden a unos 20.000 millones de dólares. Las exportaciones primarias —lideradas por la soja— se hundieron un 40% en el primer semestre de 2023 respecto a un año antes; las de manufacturas de origen agropecuario, un 26%, según datos oficiales. La suma de ambas representó dos de cada tres ventas al exterior de Argentina en los primeros seis meses del año pasado, lo que ayuda a entender el déficit récord de la balanza comercial en este 2023, que fue de 1.727 millones de dólares en junio.   “Miro países como Uruguay, como Paraguay, como Brasil y ellos no agarraron el camino nuestro, que nos llevó a tener índices vergonzantes de pobreza y de inflación. Al contrario, han tenido la sequía que tuvimos nosotros y son países que van para adelante porque tienen reglas claras y justas”, opinó Pino. Según los empresarios del sector, los demás países agroexportadores han sacado rédito de las turbulencias políticas y económicas de Argentina. Mientras la agricultura brasileña avanza impulsada por políticas de Estado, los productores argentinos sienten que las autoridades nacionales obstaculizan su desarrollo con decenas de impuestos y restricciones cambiarias. “¿Cuántos países tienen impuestos a las exportaciones? Se pueden contar con los dedos de la mano”, criticó el presidente de la SRA. “El productor está harto de pagar”, advirtió.   Argentina tiene una carga impositiva superior a la de muchos otros países latinoamericanos, pero la evasión impositiva es también moneda corriente. Algunas empresas subfacturan exportaciones, una maniobra ilegal que les permite burlar los controles estatales y quedarse con divisas en el exterior. Otras contratan a mano de obra no declarada. Muchas se muestran reticentes a pagar por las semillas modificadas genéticamente.   Según Ignacio Bartolomé, director ejecutivo de GDM, el respeto a la propiedad intelectual de las semillas está por encima del 60% en la mayoría de países, mientras que en Argentina es inferior al 30%. “Es decir, siete de cada diez [productores argentinos] no pagan por la tecnología que desarrollan compañías como la nuestra”, remarcó Bartolomé. La presencia de un extendido mercado ilegal de semillas —conocido en Argentina como bolsa blanca— limita el acceso del mercado local a nuevas variedades mucho más productivas que se cultivan en otros países y espanta posibles inversiones de desarrolladores de biotecnología agrícola. Durante la gestión de Mauricio Macri se intentó aprobar una ley de Semillas que buscaba regular esta situación, pero en cuatro años esa norma “quedó vieja” por la aparición de nuevas tecnologías, según Bartolomé.   Mirada cortoplacista Los avances en biotecnología, la amenaza del cambio climático y las nuevas exigencias medioambientales obligan a los productores a modernizarse para reducir riesgos y mantener la competitividad. Los que apuestan por la innovación chocan con el escaso acceso a créditos y las dificultades para hacer planes a mediano y largo plazo en un contexto de enorme volatilidad.   Para el director de IDEA Rosario, la

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Javier Milei recibe un último baño de masas en Argentina: “La casta tiene miedo, ¿los quieren asustar un poco más?”

El País .– El candidato de la ultraderecha apela al hartazgo ante un estadio semilleno en el cierre de su campaña presidencial en Buenos Aires   Unas 10.000 personas se reunieron el  lunes en el estadio más moderno de Buenos Aires. El Movistar Arena está reservado durante casi toda la semana para Luis Miguel, pero esta no era noche de rancheras. Era la noche de la ultraderecha argentina. Javier Milei, el diputado libertario que pasó de despotricar en televisión a levantarse como tercera fuerza para las elecciones de octubre, ha sido el primer precandidato presidencial en cerrar su campaña para las primarias de este domingo. Cantó a los gritos su rocanrol de cada mitin, saltó y arengó por todo el escenario, le dedicó insultos al Gobierno peronista y a la derecha opositora. Hasta ahí llegó su espectáculo. Milei, que conquistó el desencanto de un país en crisis hablando de echar a patadas a “la casta política”, vender órganos, y ofreciendo libre portación de armas, se vistió este lunes de político. Se puso corbata, las gafas y pidió el voto. “A muchos no les gustan mis formas, pero esta elección no se trata de mí. Se trata de ustedes y del país que queremos”, dijo. “Si no cambiamos hoy, el único destino posible es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo”.   La quincena de encuestas publicadas en las últimas semanas le dan en promedio el 20% de los votos para las primarias del domingo. Milei juega solo mientras la gran coalición opositora de Juntos por el Cambio decide entre una derecha más radical u otra que dice mirar al centro, y el peronismo gobernante quema sus últimos cartuchos embanderados detrás del actual ministro de Economía. Ninguno supera el 25% de la intención de voto y los indecisos acarician el 10%. La campaña se ha atascado en el coro de la crisis económica: qué hacer con una población donde casi el 40% vive en la pobreza, con el 115% de inflación interanual, con el peso que vale cada día menos y con las reservas en rojo mientras el Fondo Monetario Internacional toca la puerta para cobrar. Y Milei, que se pasó el último año hablando de quemar el Banco Central, dolarizar la economía, o enfrascándose en largos sermones sobre cómo reducir el Estado al mínimo, ha dejado de lado las cuestiones duras en busca de la épica.   “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, cantó durante horas la militancia que le esperó este lunes en el Movistar Arena. En Argentina, donde se hace escuela durante cada elección con los jingles que se componen para la campaña, el primer éxito de 2023 es una reedición del 2001. “Que se vayan todos” se empezó a cantar durante la crisis del corralito, que ese año terminó con una moneda sin valor, 39 muertos en las protestas callejeras, cinco presidentes en 11 días y una desocupación que llegó al 21,5%. Este lunes, Milei no hizo promesas. Buscó culpables de un “desastre” que ve arrastrarse desde principios del siglo XX. “Han pasado peronistas, radicales, militares, y un montón de rejuntes con el único objetivo de tener el poder para enriquecerse a costa nuestra”, exclamó. “Los candidatos de los principales partidos son los mismos que estuvieron en la catástrofe de 2001. A pesar del ‘que se vayan todos’, no se fue ninguno, y se multiplicaron”.     En su discurso se salvaron solo dos expresidentes: Carlos Menem, que gobernó de 1989 a 1999 y paró la bomba de tiempo de la inflación con ultraliberalismo y la paridad del peso con el dólar; y Mauricio Macri (2015-2019), a quien calificó de outsider y como una “oportunidad de romper con el sistema empobrecedor”. En un guiño al gran padrino de la coalición con la que compite por los votos –y al expresidente que tomó un préstamo del FMI de 44.000 millones de dólares–, Milei afirmó que Macri fracasó porque “los propios integrantes de la coalición se opusieron a los cambios que el país necesita”. Se puso en las filas de ambos: “Hoy tenemos una nueva oportunidad, y no quiero ser trágico, pero puede que sea la última. Puede que la tercera sea la vencida”. Fue una de sus frases con menos aplausos.     Milei saltó al escenario sobre las nueve de la noche y habló durante menos de una hora. Sus militantes, sin embargo, empezaron a rodear el estadio desde las cuatro de la tarde. Había que inscribirse en una página oficial semanas antes y dejar todos los datos para conseguir una entrada, pero estas se terminaron ofreciendo en la puerta a cualquiera que pasaba. Villa Crespo, uno de los últimos barrios de moda de la ciudad con impronta bohemia y progresista en el corazón de la ciudad, se vistió de libertario. “¿Te parece discutir el aborto cuando no llegamos a fin de mes?”, preguntaba una chica de 22 años en la espera. “¿Viste como Bukele le pega a los políticos chorros? Acá se van a escapar antes de que los agarren, pero dejame soñar con que al menos los pelen antes”, decía otro chico de 20 años. “Es Milei o Ezeiza”, resumía una mujer ya mayor, en el bar de la esquina del estadio. “A mí se me fue el avión, pero estos chicos no van a tener nada mientras los políticos se la llevan toda”. Apelar a Ezeiza, el aeropuerto internacional de Buenos Aires, se ha convertido en otro eslogan de la militancia. La fila de seis cuadras tardó más de una hora en entrar organizada al recinto. “Tienen medio, la casta tiene miedo”, cantaron. Hasta que entró Milei, que entre el grito ensordecedor, arengó: “Tienen miedo, ¿los quieren asustar un poco más?”.

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El cese al fuego más esperado de la Paz Total entra en vigor

El País .– Después de 8 meses de conversaciones entre la guerrilla del ELN y el Gobierno de Gustavo Petro, finalmente inicia un inédito cese bilateral al fuego.   En los últimos 30 años, siete mandatarios han intentado dialogar con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Apenas por segunda vez, tras un intento de 101 días en 2017, ese grupo implementa un cese al fuego, que será bilateral e irá, por ahora, hasta el 29 de enero de 2024. Para sellar el momento, este jueves se realizará una ceremonia con la presencia del presidente Gustavo Petro y de delegados de ELN como Aureliano Carbonell, Pablo Beltrán y Bernardo Téllez. Con ello también darán inicio al denominado Acuerdo de Participación, firmado por las partes en la mesa de negociaciones.   La instalación pública del Comité nacional de participación (CNP) es un paso notable en términos de organizar la participación de la sociedad civil, un tradicional reclamo que se adjudica el ELN, que se ve a sí mismo no como un ejército, sino más como un brazo armado del pueblo. Al evento de instalación que se realizará en Bogotá, en el centro de eventos Corferias, se espera que asistan más de 80 delegados de 30 sectores sociales diferentes, quienes entrarán a integrar esa instancia, junto a una parte de los equipos negociadores de la guerrilla y del Gobierno. Esa decisión es resultado de la nueva agenda de diálogos que emanaron del “Acuerdo de México”, como se conoció el ciclo de diálogos realizados en ese país en marzo de este año. En su mayoría son integrantes de organizaciones étnicas, gremiales, empresariales y sindicales. Por el ELN fueron nombrados Consuelo Tapias, Mauricio Iguarán, Claudia Rodríguez y Juan Carlos Cuéllar.   La idea es que el comité recoja en todo el país las propuestas de las comunidades sobre los cambios que crean necesarios para la paz, una suerte de insumos sociales para la negociación. Para lograrlo, el CNP inicialmente diseñará los instrumentos para lograr la inclusión de los ciudadanos mediante nueve encuentros regionales y 15 locales, en un término de entre cuatro y seis meses. Luego vendría una fase en la que todos los integrantes del Comité dialoguen alrededor de las propuestas recogidas para, posteriormente y con base en ellas, formular políticas y proyectos concretos que se lleven a discusión con los equipos negociadores en la mesa, con miras a construir de manera conjunta una paz territorial.   Además del CNP, este jueves entra en funcionamiento el Mecanismo de Verificación y Monitoreo (MMV), encargado de vigilar el cumplimiento del cese y que debe emitir informes mensuales que ayuden a que las partes decidan si prolongan o suspenden la tregua. El mecanismo estará integrado por el general Gerardo Benavides, cabeza del Comando Conjunto de Transición, y la coronel Lurangeli Franco; delegados de Oficina del Alto Comisionado para la Paz; y cabecillas del ELN, entre los que están Bernardo Téllez y Gustavo Martínez; así como miembros de la Conferencia Episcopal y funcionarios la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).   Para dar cuenta de una realidad compleja en la que además del ELN y la Fuerza Pública hay otros actores en disputa, el mecanismo tendrá no sola la instancia nacional, sino nueve regionales (en las ciudades de Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pasto, Quibdó, Soacha y Valledupar) y 22 locales en Aguachica, Barrancabermeja, Becerril, Bojayá, Buenaventura, Caucasia, Ipiales, Istmina, Soatá, Ocaña, Pereira, Popayán, Puerto Carreño, Puerto Inírida, San Juan del Cesar, Santa Rosa de Osos, Santa Rosa del Sur, Socorro, Tame, Tibú, Tumaco y Yopal. Cada instancia tendrá al menos dos representantes de la guerrilla, para tener comunicación constante y directa con las estructuras armadas de los territorios.   La tarea de proteger a quienes integren los MMV estará principalmente en manos de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), que nació en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC en 2016 y que durante la administración de Iván Duque no tuvo mayor protagonismo ni financiamiento, pero que tendrá un papel crucial para sostener el esfuerzo de paz. La UNIPEP se ha estado preparando las últimas semanas con formaciones a cargo del United States Institute of Peace.   Una esperanza frágil Para algunos líderes sociales de zonas fuertemente azotadas por la violencia, como el departamento del Chocó, en el que opera el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, este cese abre una puerta de ilusión. Sin embargo, la desconfianza sigue latente en esa región, sobre todo después de la crisis humanitaria que dejó el paro armado que impuso el ELN durante quince días a inicios del mes de julio. A ello se suma el temor entre las comunidades por los constantes enfrentamientos entre esa guerrilla y otros grupos armados ilegales como el Clan del Golfo o las disidencias de las extintas FARC conocidas como Estado Mayor Central, lo que sucede frecuentemente en Arauca.   “No nos esperanzamos tanto con lo que se promete porque la historia nos ha enseñado otra cosa”, señala con recelo un líder integrante de la Red de Derechos Humanos del Pacífico que pide la reserva de su identidad para evitar poner en riesgo su vida. Para ese líder, el cese no tendrá un impacto significativo en el Chocó si no se hace en paralelo con otros actores armados, como el Clan del Golfo. “Aquí vemos los diálogos con el ELN como la negociación de un solo grupo, cuando lo que necesitamos es que todos los actores armados que operan en nuestro territorio entren en un consenso”, agrega. En ello coincide Francisco Daza, coordinador de la línea de investigación de Paz, posconflicto y DDHH de la Fundación Paz & Reconciliación (PARES): “Se ha identificado que el grueso de acciones armadas no se da entre grupos ilegales contra la fuerza pública, sino entre ellos mismos. Entonces el reto es ese: que el Gobierno logre un desescalamiento de acciones violentas entre los actores armados ilegales. El cese es una solución parcial, pero que en el fondo no es la receta para garantizar alivios humanitarios

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La expulsión de nicaragüenses y sus remesas familiares: el negocio redondo del régimen de Ortega

El País .- Los ingresos por remesas familiares en 2022 rozaron los 2.500 millones de dólares   Humberto llegó hace menos de trece meses a Miami, luego de partir de Nicaragua en una “excursión” hacia Guatemala, cruzar México y entregarse a la Patrulla Fronteriza en la orilla norte del Río Bravo. Estuvo recluido unas semanas en un centro de detención hasta que su tía respondió por él; le pagó un boleto de avión a la Florida y lo puso a trabajar en un restaurante familiar en esa ciudad húmeda y calurosa, donde el universitario está a la espera de su asilo. Enviar dólares a su madre y su hermano menor, quienes se quedaron en Managua, fue una de sus prioridades al recibir sus primeros pagos en dólares.   “Me vine antes de que aprobaran el tema del Parole humanitario, me crucé mojado, porque en Nicaragua no miraba futuro. Ganaba unos 350 dólares mensuales en una tienda de ropa, pero no me alcanzaba para pagar mi universidad, ayudar a mi hermano y a mi mamá con la casa”, relata Humberto a EL PAÍS. “Ahora les envío más o menos esa cifra como remesa, pero espero poder aumentar ese dinero cuando me salga el asilo, logre seguir estudiando y tener un mejor trabajo en este país”.   Humberto, quien dejó una carrera de ingeniería, es parte del éxodo de 725.000 nicaragüenses que han dejado Nicaragua desde el año 2018, cuando estallaron las protestas sociales y el país quedó sumido en una crisis sociopolítica, mezclada con desempleo y maneras totalitarias. Casi el 7% de la población total de una nación está en fuga. Entre 2021 y 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) calcula más de 200.000 registros de nicaragüenses atravesando las fronteras estadounidenses. La mayoría de ellos, como Humberto, comparten la misma prioridad: enviar remesas a sus familiares.   De hecho, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), hasta el mes de mayo pasado, las remesas provenientes de Estados Unidos estaban creciendo a un ritmo superior al 80%. Tres de cuatro dólares que ingresaron por remesas familiares en 2022 tuvieron su origen en Estados Unidos, seguido de Costa Rica y España. Un negocio redondo: en suma, durante el año 2022, los ingresos por remesas familiares alcanzaron un total de 2.469,7 millones de dólares. Paradójicamente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han encontrado en estos giros desde el exterior uno de sus principales sostenes económicos.   “Una política expulsión y exclusión” “Es una política de expulsión y exclusión”, revela en ese sentido una reciente publicación de Diálogo Interamericano, titulada “Indicadores sobre la situación económica nicaragüense en 2023: factores de dependencia y opciones de presión”.   “El crecimiento está impulsado en gran medida por las remesas familiares, que proyectan aumentar a 5.000 millones de dólares en 2023″, detalla el estudio realizado por el politólogo Manuel Orozco. “Esto quiere decir que la dependencia económica de las remesas será superior al 30% del PIB y un millón de hogares recibirán dinero”.   Por otra parte, estos movimientos reflejan la importancia que tiene Estados Unidos como el principal socio comercial de Nicaragua, pese a que el régimen de Ortega y Murillo mantiene un discurso antiimperialista y las relaciones diplomáticas experimentan serios encontronazos, al punto que Washington se ha quedado sin embajador en Managua y, en su defecto, nombraron a un encargado de negocios. “Las exportaciones a Estados Unidos representan el 35% del PIB, la mitad proviene de la zona franca, de 130 empresas, 34 estadounidenses y más de 40 nicaragüenses”, agrega Orozco en su análisis.   Enrique Sáenz, economista y opositor exiliado en Costa Rica, explica a EL PAÍS que las remesas familiares representan “dólares líquidos o euros, ya que si vienen de España, también se transforman en dólares”. “Los que provienen de Costa Rica también son divisas a las que se le llama divisas líquidas, porque entran directamente a alimentar las reservas del Banco Central y ahí vemos a los sirvientes de la dictadura presumiendo con la magnitud de las reservas que se acumulan en el BCN”, sostiene.   “Mientras el tirano se llena la boca hablando en contra del imperialismo, los nicaragüenses hacia dónde se dirigen es hacia el imperio y es desde el imperio desde donde envían estos dólares con su sudor, con su desvelo para poder ayudar a sus familias que padecen desempleo, que padecen subempleo y además sufren las consecuencias de la carestía de la vida”, insiste Sáenz. Y, para ejemplificar la situación en Nicaragua, el economista recurre a la última encuesta de la firma CID Gallup. Publicado en marzo pasado, el sondeo revela que las proyecciones económicas de los nicaragüenses para 2023 son negativas en un 47%, frente a un 42% que mantienen el optimismo que será mejor. Para la encuestadora, un factor que genera pensamientos de estabilidad económica es que los emigrantes envían remesas a sus familias.   La migración masiva, coinciden los economistas y expertos, ha dirigido a Nicaragua un bajo crecimiento económico del 3% en 2022. Aunque las cifras macroeconómicas todavía mantienen a la economía fuera de aprietos –aunque sin generar riqueza–, los nicaragüenses todavía no consiguen llegar a final de mes, en un contexto de constante alza de la canasta básica y los servicios.   “Los nicaragüenses siguen viviendo con los niveles de ingresos de 2017 de 2 mil 200 dólares anuales per cápita (el ingreso familiar en Nicaragua es de 250 dólares mensuales, con 1,5 personas ganándose algo), mientras que la canasta básica de alimentos es de 6 mil anuales”, compara Orozco. “Tampoco se percibe un aumento de la fuerza laboral en la economía formal. Todo lo contrario: la informalidad va en crecimiento. Los que están bien son los nicaragüenses que trabajan en el comercio o reciben remesas”, detalla el informe del Diálogo Interamericano.

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Las reservas de Argentina se desploman a su valor más bajo desde 2006 tras un nuevo pago al FMI

El País.-  El país sudamericano usa yuanes y un préstamo del CAF para hacer frente a vencimientos por 2.700 millones de dólares   Argentina se endeuda cada vez más para hacer frente a los vencimientos de deudas previas. El Gobierno argentino informó que pagaría este lunes el equivalente a 2.700 millones de dólares a su principal acreedor, el Fondo Monetario Internacional. Lo hizo con un préstamo concedido por el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y con yuanes procedentes de la ampliación del intercambio de monedas con China. Como resultado del pago, sus reservas brutas sufrieron una nueva caída, hasta los 24.032 millones de dólares, el valor más bajo desde 2006.   El ministro de Economía, Sergio Massa, quien es también precandidato a presidente del peronismo, anticipó en un mensaje grabado esta mañana que el Estado no usaría “ni un solo dólar de sus reservas” para pagar al FMI este lunes. La mayor parte del desembolso —1.700 millones de dólares— fue en yuanes, tras haber activado el segundo tramo del swap de monedas de libre disposición. Es un monto ligeramente superior a la reducción de reservas informada este lunes por el Banco Central de la República Argentina.   Se trata de la segunda vez que el Gobierno recurre a la financiación ofrecida por China, cuyo destino inicial era pagar las importaciones procedentes del gigante asiático en reemplazo del dólar. Para los otros mil millones se usó el crédito concedido por el CAF.   El pago al FMI tiene lugar tres días después de que el Gobierno argentino alcanzase un nuevo acuerdo con el organismo internacional —que debe ser aprobado por el directorio del Fondo a finales de agosto— para recibir otra inyección de 7.500 millones de dólares. El FMI admitió que la pérdida de más de 20.000 millones de dólares en exportaciones debido a una de las peores sequías de la historia de Argentina hacía inviable el cumplimiento de las metas pactadas para este 2023, como la acumulación de reservas y la reducción del déficit fiscal.   Según las nuevas condiciones, Argentina deberá cerrar el año con un déficit fiscal del 1,9% (las previsiones más optimistas hablan del 2,4%) y aumentar sus reservas internacionales en 1.000 millones de dólares, frente a los 8.000 pactados inicialmente. Ambos objetivos parecen difíciles de alcanzar sin un importante reducción del gasto público. Cualquier medida en ese sentido se tomará tras las elecciones primarias del próximo 13 de agosto, en las que Massa espera superar con comodidad a su rival en la interna del peronismo, Juan Grabois, y quedar como candidato firme de cara a las presidenciales de octubre. Hacerlo antes equivaldría a dispararse en el pie.   La deuda, sin embargo, no entiende de plazos electorales y no da tregua. Mañana, martes, Argentina debe afrontar nuevos vencimientos por 630 millones de dólares. El Gobierno no ha anticipado cómo los pagará, aunque puede retrasarlos hasta final de agosto, cuando confía en haber recibido ya los 7.500 millones de dólares pactados con el FMI.   Hasta entonces, Massa hace malabares para intentar mantener la economía bajo control. La semana pasada anunció más impuestos a las importaciones, más restricciones a la compra de dólares y nuevas devaluaciones del peso por sectores. La cotización oficial, por la que un dólar se vende a 286 pesos, es casi una ficción. Para el sector agroexportador, la principal fuente de ingreso de divisas de Argentina, se ha fijado un tipo de cambio de 340 pesos. Las empresas y actores financieros pueden conseguir los codiciados billetes verdes a un valor que oscila entre 511 y 528 pesos en los conocidos como dólar MEP y contado con liqui, mientras que los argentinos de a pie que quieren ahorrar en dólares tienen que desembolsar 550 pesos por cada moneda estadounidense.   El mercado local reaccionó este lunes sin sobresaltos al acuerdo firmado con el FMI. Tanto en Argentina como en Estados Unidos, todos los ojos están puestos en el resultado de las primarias. Los economistas advierten que la escasez de reservas internacionales deja al país con pocas herramientas para enfrentar una corrida cambiaria tras las elecciones. En su último informe, el banco de inversión J. P. Morgan advierte del riesgo de que en el segundo semestre empeoren los desequilibrios monetarios y cambiarios, crezca la brecha entre el dólar oficial y el paralelo y la inflación, que es ya del 115,6% interanual, se acelere aún más.

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Petro enfrenta con frialdad el gran reto político tras la detención de su hijo Nicolás

El País .- El presidente reacciona evitando un choque con el fiscal Francisco Barbosa, a pesar de los enfrentamientos pasados entre los dos funcionarios “Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter este sábado a las 7.17 de la mañana. Una hora antes, la Fiscalía General de la Nación había detenido al hijo mayor del presidente, el diputado departamental Nicolás Petro, en un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Hasta ahí llegó el presidente: mantuvo su agenda del día, con un viaje a la ciudad de Neiva para el cierre de la Asamblea nacional de economía solidaria, popular y comunitaria, un evento importante para la apuesta política de su Gobierno, pero no fundamental. No dijo nada más de una noticia que usualmente es demoledora para una familia, y que puede dinamitar la popularidad de un mandatario; tampoco se lanzó contra el fiscal general Francisco Barbosa, acérrimo crítico e incluso rival político del Gobierno en los últimos meses.   El silencio del presidente es particularmente llamativo por el nivel de su choque con Barbosa. Hace menos de dos meses, Petro dijo en una ceremonia del Ejército: “A través de medios de comunicación algún alto funcionario del Estado, que no tiene esa función, les ha dicho a ustedes que desobedezcan al Presidente de la República. Eso se llama sedición”. Se refería a Barbosa, quien días antes se refirió a otro escándalo, el que llevó a la salida de la jefe de gabinete de Petro del Gobierno. “Quiero decirle un mensaje al director de la Policía, al director de la DIJIN, a los directores de la SIJIN: que no porque les dan una orden o les dicen algo, hay que hacerlo”, había dicho Barbosa en una entrevista con Blu Radio. Congresistas aliados del presidente lo han señalado de ser “un vocero de la oposición” y lo han denunciado formalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.   Además esos antecedentes, en otros casos el presidente ha reaccionado de forma muy agresiva en asuntos relacionados con sus hijos. Cuando La Silla Vacía publicó una fotografía en la que aparecía junto con su hija Sofía, en un acto público que había sido difundido incluso por medios oficiales, escribió públicamente que se trataba de una “canallada” (curiosamente, cuando un ciudadano entuteló a ese medio, la Presidencia aclaró que la publicación no había afectado los derechos de la menor de edad, y la justicia no le dio razón a la tutela).   La actitud de Petro también es diferente a la de otros políticos colombianos en situaciones similares. El fallido candidato presidencial Rodolfo Hernández ha defendido a capa y espada a su hijo Luis Carlos, enredado en un caso de contratación ilegal que tiene al mismo excandidato en un proceso penal. El también excandidato presidencial de derecha Óscar Iván Zuluaga ha defendido reiteradamente la inocencia de su hijo, David, en el proceso por la financiación irregular de su campaña, por la que la Fiscalía le imputó cargos el pasado 10 de julio. Y finalmente está el encono del expresidente Álvaro Uribe contra el periodista Daniel Coronell por las revelaciones de éste último sobre los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente; y su pelea con la Corte Suprema de Justicia cuando la Sala Penal del tribunal empezó a investigar a su primero, el entonces congresista Mario Uribe, eventualmente condenado por haberse aliado con los paramilitares para conseguir votos.   A pesar de todos esos antecedentes, Petro ha mantenido esa línea mesurada (o distante) frente al caso de su hijo Nicolás, así como también frente a su hermano Juan Fernando—señalado de pedir dinero a criminales extraditables para que se aseguren un espacio en la política de ‘Paz Total’. En marzo, el presidente le pidió públicamente a la Fiscalía investigar a sus dos familiares: en un comunicado, pidió que lo hiciera por “la información que se rumorea en la opinión pública”. Horas después, la revista Semana publicó una entrevista con Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en la que lo acusó de haber pedido plata debajo de la mesa para la campaña presidencial y habérsela apropiado. Aclaró que todo fue a espaldas el hoy presidente, y que se había reunido pocos días antes con él para contarle esos hechos. Es por ese proceso que la Fiscalía detuvo este jueves a Vásquez y Petro hijo.   El padre, el presidente, sigue eligiendo a la justicia antes que a su hijo. No ha señalado a la Fiscalía de persecución política ni de buscar afectarlo. No ha dicho nada sobre el cambio de fiscal general del próximo mes de febrero, cuando Barbosa termine su período y la sala penal de la Corte Suprema de Justicia deba elegir un reemplazo de una terna que debe elaborar Petro.   Nicolás ha hecho política al lado de su padre y la investigación judicial en su contra golpea también al partido petrista que se dispone a competir para las elecciones locales de octubre con un familiar del presidente detenido por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pero al no meter la mano al fuego por el mismo hijo de quien marcó distancia desde inicios de año, cuando afirmó “no lo crié” ante una pregunta sobre el escándalo, ese efecto se atenúa. El Gobierno del cambio seguirá, como siguió este sábado, con el hijo del presidente procesado, absuelto o condenado.

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La inteligencia artificial imagina cómo se verían hoy los bebés robados por la dictadura argentina

El País .- El diseñador Santiago Barros crea sus retratos a partir de las fotografías de los padres desaparecidos que guarda el archivo de Abuelas de Plaza de Mayo   Un hombre se hizo un análisis genético el pasado abril en Buenos Aires. Su nombre no se ha hecho público, pero este viernes se ha enterado toda Argentina: era el hijo de Cristina Navajas, una mujer que fue secuestrada en 1976 por la dictadura de ese país cuando tenía 27 años y apenas unas semanas de embarazo. El bebé nació en cautiverio, fue entregado a una familia de usurpadores y su identidad le fue negada durante décadas. Este viernes se convirtió en el nieto número 133 que han recuperado las Abuelas de Plaza de Mayo: tiene 46 años y acaba de conocer a con su familia.   Hijo/a de Olga Cristina González y Maurice Jeger. Niño/a nacido en septiembre/diciembre de 1975.IABUELAS Las Abuelas tienen un método infalible para recuperar a los nietos desaparecidos desde principios de los años ochenta: los datos genéticos de las familias que buscan están almacenados en un archivo público y se contrastan con quienes tocan a la puerta con dudas sobre su identidad. Pero la única manera de hallar un nieto es que esas personas decidan acudir a hacerse el análisis de ADN, algo que las Abuelas impulsan con campañas en las que ha participado hasta Lionel Messi. Esta semana, mientras las Abuelas preparaban el anuncio de la recuperación de un nuevo nieto, el proyecto artístico de un director de arte publicitario se ha convertido en una de las campañas más masivas de los últimos tiempos.   Santiago Barros, de 46 años, ha recreado cómo se verían hoy alrededor de 50 personas nacidas en los setenta en centros de detención clandestinos o secuestradas por la dictadura militar cuando apenas tenían unos meses de vida. Su proyecto, que difunde en una cuenta privada de Instagram llamada IAbuelas, ha aparecido en prácticamente todos los medios nacionales y ha creado una comunidad de más de 10.000 seguidores. “La inteligencia artificial no puede generar los retratos con parámetros científicos. Esto no es una herramienta de búsqueda de Abuelas, es solo un ejercicio de memoria y de denuncia”, advierte Barros en conversación con EL PAÍS. “Es un recordatorio del horror, de que esos crímenes pasaron y siguen pasando: una persona con una identidad expropiada es un delito que continúa, que se sigue cometiendo hoy”.   IABUELAS El proceso, describe, es simple: un par de indicaciones a la aplicación Midjourney, que crea la imagen a partir de los retratos de los padres. En la mayoría de casos, Barros se apoyó en el archivo de fotografías de las Abuelas de Plaza de Mayo, pero cuenta que muchas familias le han enviado más fotografías para su trabajo. “Vuelco las fotografías en la aplicación y pido que las mezclen en una persona de 45 años, un varón y una mujer, e intervengo cuando veo que esas personas tienen un rasgo saliente”, cuenta. “Me interesaba ir más allá de una idea muy establecida: cuando nos referimos a los nietos desaparecidos, quedó esa idea de que son bebés porque se los apropiaron al nacer, pero ahora son personas de mi edad”.   Con @IAbuelas, Barros ha podido recrear cómo se verían esos niños robados hoy. En la mayoría de los casos, publica retratos de varones y mujeres, sin certezas sobre fechas o géneros. En otros, tiene más datos. Barros ha podido imaginar cómo se verían personas como Clara Anahí Mariani, que el próximo 12 de agosto cumpliría 47 años, gracias a los retratos disponibles de sus padres. Clara Anahí fue secuestrada cuando tenía poco más de tres meses. Hija de Diana Teruggi Daniel Mariani, nació el 12 de agosto de 1976, y fue la única sobreviviente del ataque en su casa que mató a su madre y a otros cuatro militantes de Montoneros, el brazo armado del peronismo. La fotografía que le tomaron cuando era una bebé es una de las grandes postales de esa época trágica.   Hijo/a de Beatriz Haydée Neuhaus y Juan Francisco Martinis. Niño/a nacido en agosto de 1976.IABUELA Desde Abuelas de Plaza de Mayo han agradecido el “acompañamiento permanente” de esta clase de iniciativas que apoyan su búsqueda, pero han advertido de que “esta iniciativa no es científica, sino artística-lúdica”. “Hasta el momento, el único método infalible para vincular a un nieto o nieta con su familia de origen es a través del entrecruzamiento genético en el Banco Nacional de Datos Genéticos”, han publicado en un comunicado. “Por lo tanto, insistimos con que esta cuenta de IG resulta impactante por los rostros que arroja, pero que, no obstante, carece de exactitud en sus resultados. Es por eso que si no te ves parecido a ninguno de esos rostros, de igual modo podrías ser uno de los nietos que estamos buscando”.

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El director de la NASA anuncia una comisión para estudiar “tantas sospechas sobre alienígenas”

El País .– Bill Nelson asegura, durante una visita diplomática en Argentina, que un comité de científicos prepara un informe que estará listo “el mes que viene”.   El director de la NASA, Bill Nelson, ha anunciado durante una visita oficial en Buenos Aires que un comité de científicos prepara un informe que pondrá negro sobre blanco sobre “tantas sospechas sobre alienígenas”. El resultado, dijo, estará listo en agosto. “Esperen hasta el mes que viene para tener su respuesta”, ha dicho en la Casa Rosada, tras reunirse con el presidente argentino, Alberto Fernández.   Nelson, excongresista demócrata que tiene a su cargo la agencia espacial de Estados Unidos desde mediados de 2021, ha querido calmar las aguas tras las preguntas de la prensa. El miércoles, durante una sesión del Congreso estadounidense, un exoficial de inteligencia acusó al Pentágono de ocultar naves de origen extraterrestre y “restos no humanos”. “Los avistamientos no son raros ni aislados”, dijo David Grusch, antiguo miembro de la Fuerza Aérea, y consiguió una poco frecuente armonía entre republicanos y demócratas en la cámara: legisladores de los dos partidos pidieron que el Gobierno acabe con el secretismo sobre los avistamientos de objetos no identificados.     Bill Nelson, antiguo congresista por Florida y reservista del Ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, estuvo estos días en Buenos Aires durante una gira sudamericana que lo llevó a Brasil y que terminará en Colombia la semana que viene. “Verán un brillo en mis ojos”, bromeó ante las preguntas de un periodista de la televisión pública argentina que le consultó sobre sus conversaciones con Fernández y sobre la polémica en el Congreso de su país.     Alberto Fernández saluda a Bill Nelson, el 27 de junio en Buenos Aires.MARIA EUGENIA CERUTTI (PRESIDENCIA) Nelson contó que el presidente le había preguntado sobre su viaje al espacio –en 1986, Nelson fue el segundo congresista en la historia de Estados Unidos en volar en una misión de la NASA– y dio detalles sobre un informe que había encargado a especialistas para zanjar “tantas sospechas sobre alienígenas”. “Designé un comité de científicos distinguidos”, dijom “y hasta que lo escuchen puedo decirles que están considerando usar nuestros sensores espaciales para intentar determinar qué pasa con este fenómeno”.   La conversación sobre los objetos voladores sin identificar empezó a encenderse entre algunos legisladores de Washington en 2020, cuando el Pentágono difundió una serie de videos previamente clasificados de pilotos implicados en tres incidentes separados de 2004 y 2015, en los que parecían observarse encuentros con ovnis. La inteligencia estadounidense dijo entonces que si bien no existían pruebas de actividad extraterrestre asociada con esos objetos, tampoco la descartaron categóricamente. A principios de este año, se disparó con las noticias de que el Pentágono recopiló 247 informes sobre ovnis en 17 meses, casi tantos como en los 17 años previos. En abril la cifra escaló hasta 650.     La noticia ha despertado el humor político en Argentina, que atraviesa un año electoral en el que el presidente ha desistido de perseguir la reelección entre la crisis económica y las peleas en su Gabinete. El martes, en un repaso de su gestión en un congreso agropecuario, el presidente lamentó las constantes dificultades que atravesó su periodo presidencial, que termina en diciembre. “En mi Gobierno ha pasado de todo, solo falta que lleguen los marcianos”, dijo. Este jueves, las redes sociales no se lo perdonaron.     Nelson viajó a Buenos Aires para hacer oficial la adhesión de Argentina los esfuerzos internacionales con los que Estados Unidos propone volver a llevar astronautas a la luna en 2025. Argentina es el vigésimo octavo país que firma los acuerdos Artemis, un plan de “exploración pacífica” de la vía láctea.

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La reactivación económica de Venezuela se estrella con la fragilidad del crédito

El País .- Las cifras comienzan a recuperarse luego de la quiebra de la economía en 2018, pero siguen muy lejos de los niveles deseables, atascadas por las altas tasas de inflación y la crónica incertidumbre.   Venezuela es, en este momento, el país que tiene la tasa crediticia más baja de América Latina, y esta circunstancia deja el funcionamiento de su economía con uno de sus motores naturales averiados. La debilidad del crédito bancario en el país sigue representando –junto al levantamiento de las sanciones, el regreso al financiamiento internacional y la recuperación de su industria petrolera- uno de los obstáculos más notorios para que el país retome las tasas de crecimiento previas a su profunda crisis social y política.   Hay consenso entre los actores económicos -incluyendo al Gobierno chavista- en torno a la necesidad de recuperar la tasa de financiamiento de proyectos productivos, pero las altas tasas de inflación y la debilidad de la economía luego del derrumbe del ciclo 2014-2020 le colocan claros límites a este objetivo. La banca venezolana, la quinta en tamaño de América Latina hasta el año 2012, tras haber sido azotada por cuatro años de hiperinflación, sobrerregulaciones y amenazas, es hoy una de las más pequeñas de toda la región.   En 2022, los préstamos y financiamientos para consumo y desarrollo de proyectos de la banca nacional mostraron una clara recuperación – promediando, de acuerdo con cálculos de la consultora Ecoanalítica, unos 1.000 millones de dólares-, pero su nivel sigue siendo diminuto, muy lejos de su ritmo histórico, que llegó a ubicarse en 15.000 millones. En 2016, en plena crisis de hiperinflación, las cifras de financiamiento de la banca privada tocaron la ridícula cifra de 400 millones de dólares.   “La hiperinflación, la depreciación de la moneda, y el consecuente debilitamiento de la banca, además de importantes problemas de sobrerregulación por parte de las autoridades, han ocasionado este derrumbe”, señala Asdrúbal Oliveros, economista y socio directivo de la firma Ecoanalítica.   El portal informativo Hispanopost señalaba que, hace poco, algunos banqueros se reunieron con las autoridades venezolanas con el objeto de explorar la posibilidad de autorizar el volumen de créditos a través de la reducción del encaje legal. Todo indica que, de momento, el Banco Central de Venezuela no podrá hacer mucho más para complacer estas demandas.   Un alto ejecutivo bancario que prefirió mantener su nombre en la reserva confirmó la existencia de ésta y otras conversaciones con las autoridades. “Se les ha dicho que hay que bajar el encaje. En el Banco Central de Venezuela entienden que el crédito no se está alimentando de los depósitos, sino del patrimonio de los bancos. El BCV está haciendo grandes intervenciones para mantener el tipo de cambio. Con la dolarización vinieron los créditos indexados, dolarizados, en 8 por ciento, y préstamos al 16 por ciento de interés. Eso hace que mientras los depósitos bajen, el crédito comience a subir”. “Para frenar el precio del dólar, el Gobierno aplica una política monetaria restrictiva con un elevado encaje que impide a los bancos prestar más del 70% de los depósitos que reciben del público”, observa el economista y exministro de minería Víctor Alvarez. “El elevado encaje deja sin liquidez a los bancos para financiar la producción y el consumo. Por eso en Venezuela no hay créditos hipotecarios, tampoco para comprar automóviles, y ni siquiera para comprar artefactos electrodomésticos. Y el límite de la mayoría de las tarjetas de crédito gira en torno a los 20 dólares. Los bancos están descapitalizados y patrimonialmente no pueden afianzar un elevado volumen de créditos”.   La consecuencia inevitable es que esta restricción, afirma Alvarez, es el freno al consumo privado, “componente clave de la demanda agregada que mueve la producción y reactiva la economía”. “Las tasas de crédito tuvieron un repunte importante, de casi el 90% en 2022, pero lo curioso es que eso sigue siendo insignificante”, dice José Manuel Puente, economista y académico del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA.   Puente afirma que la reducción de las tasas inflacionarias es una condición necesaria, pero no suficiente, para apuntalar la recuperación de los préstamos, y afirma que, para que el crecimiento en el país sea sostenido, será necesario “un programa adecuado de estabilización macroeconómica con ayuda financiera internacional. Es imposible que los préstamos de la banca a los sectores productivos aumenten mucho con tasas reales negativas como las que existen en Venezuela: un promedio de 40% en un país que tiene una inflación superior al 200%”.   Venezuela necesita conjurar el grave problema inflacionario que todavía padece para emprender una recuperación económica que le regrese protagonismo a la banca nacional y dinamice su economía. Las políticas restrictivas de la liquidez que adelanta el Ejecutivo tienen un sesgo recesivo, que ata a los bancos de pies y manos.   “El crédito bancario seguirá aumentando, quizás de forma inercial”, pronostica la fuente vinculada a la banca. “Falta mucho. Para que el aumento sea vigoroso, se necesitan más depósitos y generar ganancias por la vía de la devaluación: te presto 100, me tienes que pagar eso, más 16%, más la depreciación. Eso obliga a pagar 232. De esos, 116 son lo pactado, y el resto mi ganancia. Si no hay depreciación, las ganancias de la banca se reducen”.

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Las protestas se reactivan en Perú para exigir la renuncia de Dina Boluarte y un adelanto electoral

El País .- La Defensoría del Pueblo calcula que se produjeron marchas en 58 provincias. La movilización de Lima llega por primera vez hasta el Congreso, pero sin el apoyo mayoritario de los capitalinos.   Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte se reactivaron este miércoles en Perú con epicentro en Lima y ecos en buena parte del país. Según la Defensoría del Pueblo, hubo marchas en 59 provincias y bloqueos de carreteras en 64, lo que representa el 32.7% de los territorios a escala nacional. Sin embargo, el Ministerio del Interior reportó hasta las primeras horas de la tarde 21.000 personas movilizadas en todo el Perú y no más de 1.500 en la capital. Las cifras oficiales contrastaban con el enorme despliegue de seguridad y con las movilizaciones que se vieron en las calles de la capital, demandando la dimisión de la presidenta y un adelanto electoral. Cuatro meses después de una larga oleada de protestas que convulsionó Perú entre diciembre y marzo los manifestantes aprovecharon, en esta ocasión, para transmitir el descontento también con ingenio.   En Plaza San Martín, uno de los lugares de concentración de la denominada tercera toma de Lima, resaltaba este miércoles una Barbie de carne y hueso que jamás se le hubiese ocurrido a la firma estadounidense Mattel: en la víspera del estreno mundial de la película sobre la icónica muñeca, una cosplayer personificó a una “Barbie dictadora”, en una alusión a la represión de las protestas por parte del Ejecutivo de Dina Boluarte, que en diciembre relevó a Pedro Castillo tras su intento fallido de golpe. Alumnos de la Escuela de Bellas Artes diseñaron una caja de dos metros de cartulina rosada con tres anotaciones: “Certificado de impunidad”, marca “Maten” e “incluye balas dum-dum y lacrimógenas”. Esta última anotación hacía referencia a una afirmación de Boluarte sobre los dieciocho civiles muertos en la ciudad de Juliaca en enero pasado. Según aseguró la mandataria, fallecieron tras recibir disparos de “un arma artesanal denominada dum-dum” cuyo uso fue atribuido por las autoridades a fuerzas paramilitares bolivianas. Esta tesis nunca fue demostrada. El empaque gigante se hizo con la intención de que cada ciudadano ingresara en el transcurso de la marcha. Pero en algún momento, una mujer, de gafas en forma de corazón y una cinta presidencial sostuvo dentro una pistola de juguete y la foto inundó las redes sociales.Un manifestante posa adentro de una versión enorme y satírica de una caja de la muñeca Barbie, este miércoles en Lima.MUSUK NOLTE   La concentración arrancó a las cuatro de la tarde en la Plaza Dos de Mayo. El grueso de la manifestación estuvo conformado por peruanos de las regiones -principalmente las de la sierra sur- que padecieron una odisea para llegar el miércoles al Centro Histórico. La delegación aymara de Puno, por ejemplo, enfrentó cuatro intervenciones policiales hasta su llegada a Lima. El Ejecutivo dispuso un control exhaustivo de todos los vehículos que tenían como destino la capital. También hubo presencia de estudiantes universitarios, sindicatos de trabajadores, colectivos feministas y LGTBI, hermandades religiosas e incluso asociaciones de jubilados y adultos mayores.   Las banderas de lucha, como en otras ocasiones, no eran las mismas, aunque todas coincidían en la salida de Dina Boluarte del poder y el adelanto de elecciones generales, un escenario que la presidenta descartó de plano el pasado mes de junio. La demanda que más divisiones y entredichos genera es la que exige la liberación del expresidente Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo con dos sentencias de prisión preventiva. Una por ser el presunto líder de una organización criminal y la otra por rebelión tras su intento de autogolpe en diciembre pasado. “El pueblo dejó solo a Castillo, un cholo como nosotros”, dijo varias veces un dirigente con un parlante que se escuchó en la Plaza Dos de Mayo. En ese espacio donde se colocaron dos ataúdes de cartón con los nombres de los 49 civiles fallecidos a causa de la represión de las fuerzas del orden.   Una mujer confronta a los policías desplegados para contener la manifestación, el 19 de julio en el centro de Lima.MUSUK NOLTE Incluso un colectivo de la región de Tacna, en el sur, exigía la libertad de Betssy Chávez, presidenta del último Consejo de Ministros de Castillo, que también se encuentra tras las rejas tras dictársele 18 meses de prisión preventiva el mes pasado por ser considerada coautora del autogolpe del maestro rural. Lo cierto es que hubo quienes salieron a las calles a sabiendas de que marcharían al lado de consignas que no son las suyas. Pero no fueron la mayoría esperada.   A diferencia de las movilizaciones del primer trimestre de Boluarte, esta vez los efectivos policiales permitieron que los civiles llegaran hasta el Congreso de la República, en la avenida Abancay, poco después de las seis de la tarde. No obstante, después de ello reforzaron el cordón policial y comenzaron a lanzar una andanada de bombas lacrimógenas hasta hacer retroceder a la multitud. Se registraron ocho heridos, seis civiles y dos policías, entre ellos una fotógrafa independiente, según la Defensoría del Pueblo.   En el interior del país lo más destacado de la jornada fue el enfrentamiento entre los agentes y los civiles en la Plaza de Armas de Huancavelica, en el centro del país, así como la quema de un ataúd de cartón delante de la Prefectura de dicha región de la sierra peruana y la toma de la Universidad Nacional de Cajamarca por parte del alumnado. Así concluye el primer día de un nuevo capítulo de convulsión social en el Perú. Miles de manifestantes marchan hacia el Congreso y el Palacio de Gobierno, en el centro de Lima.MUSUK NOLTE

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EE UU se centra en derribar el imperio financiero de los carteles mexicanos

El País .-  Las autoridades estadounidenses incluyen a un aliado de la Familia Michoacana en la lista negra del Departamento del Tesoro, una semana después de lanzarse contra cómplices de Los Chapitos   La Nueva Familia Michoacana es el último protagonista en la llamada “lista negra” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han anunciado este miércoles nuevas sanciones financieras contra Franco Tabárez Martínez, señalado como un narcotraficante que opera en el Estado de Guerrero a nombre del grupo criminal, de acuerdo con un comunicado. Una semana antes, la Casa Blanca dio a conocer otra ola de castigos contra aliados y cómplices de Los Chapitos, incluidos un tío y dos primos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros. Se trata de un esfuerzo sostenido para atacar el imperio económico del crimen organizado y romper las cadenas de suministro de droga de los carteles mexicanos.   Tabárez Martínez fue acusado este mismo mes por una corte de Georgia por narcotráfico, aunque no se dieron mayores detalles después de que se desclasificara la causa judicial. Es señalado como proveedor de drogas de la Nueva Familia Michoacana, una organización sucesora del cartel homónimo que tuvo una presencia preponderante en los primeros años de la guerra contra el narco y que está detrás de cada vez más envíos del “fentanilo arcoíris”. Esa presentación de la droga ha llamado la atención por sus pastillas y formas coloridas, y porque está supuestamente diseñada para enganchar a niños y jóvenes, según las autoridades estadounidenses. “Distribuye cocaína, fentanilo y aproximadamente una tonelada de metanfetaminas cada dos meses”, señaló la Embajada de Estados Unidos en México sobre Tabárez Martínez en un comunicado.   El operador de la Nueva Familia Michoacana, de 39 años, es acusado también de controlar dos narcolaboratorios en México para la producción de cristal (metanfetamina) y de haber traficado con fentanilo en polvo proveniente de China. Sus rutas de tráfico se extienden por el sur de Estados Unidos, en algunas de las principales áreas metropolitanas del país, como Atlanta y Houston. Tabárez Martínez ya había estado un año encarcelado en EE UU por tráfico de metanfetaminas. Su designación en la “lista negra” de la OFAC [Oficina de Control de Bienes Extranjeros] se dio por haber participado en actividades criminales que entrañan “un riesgo material significativo para contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o a sus medios de producción” e implica que sus activos en el sistema bancario internacional, así como sus empresas, sean “congelados”. Una pinta con las iniciales de La Nueva Familia Michoacana, en el municipio de Aguililla.JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN (CUARTOSCURO) En noviembre del año pasado, la OFAC incluyó en su lista negra a quienes son señalados como los dos líderes de la Nueva Familia Michoacana: Johnny y José Hurtado. Los intentos de Estados Unidos por minar el poder económico de esa organización, al menos su brazo “original”, se remontan a 2009. Las autoridades estadounidenses aseguraron que el grupo tiene presencia en 35 municipios del sur de México, en los Estados de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México.   “El cartel se está expandiendo a otras regiones de México y genera ganancias del tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión”, apuntó el Departamento del Tesoro. También dijo que estaba detrás de plantaciones de marihuana y amapola, así como del tráfico de otros narcóticos producidos en Centroamérica y que tienen por destino final Estados Unidos. “La Nueva Familia Michoacana ha demostrado también su intención de atacar a funcionarios y oficinas del Gobierno en México, además de emplear y entrenar a múltiples asesinos”, afirmó. Johnny y José Hurtado son “dos de los criminales más buscados en México” y la Fiscalía General de la República ofrecía a finales del año pasado hasta medio millón de pesos, unos 30.000 dólares, por información que lleve a su captura. Johnny Hurtado lleva más de dos décadas como fugitivo de la justicia estadounidense.   La DEA ha enfatizado en los últimos meses la necesidad de desmantelar las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones criminales. “El Cartel de Sinaloa nunca ha sido más poderoso, nunca ha hecho más dinero”, declaró Anne Milgram, la directora de la agencia antinarcóticos, en mayo pasado. “A los carteles les cuesta entre 10 y 20 centavos hacer una de estas pastillas falsas en México, que se venden entre cinco y 30 dólares en Estados Unidos”, dijo sobre cómo el fentanilo, más fácil y barato de producir, ha ampliado el margen de ganancias de los grupos del narcotráfico.   La semana pasada, las sanciones fueron dirigidas a diez facilitadores de Los Chapitos. La lista estuvo encabezada por Noel López, hermano de Griselda López, la segunda esposa de El Chapo. También estaban incluidos Ricardo y Saúl Páez López, primos de los hijos del capo por el lado materno. Son señalados por negociar el trasiego de fentanilo desde Asia y lidiar con los proveedores, así como por utilizar empresas fachada para camuflar las operaciones.   Hace menos de dos meses, las autoridades estadounidenses también pusieron en la mira a otros aliados del entramado mundial de Los Chapitos. El Tesoro designó a 17 empresas e individuos chinos que han facilitado materiales para terminar las dosis de fentanilo, como sustancias para fabricar el opioide, imitaciones de otras drogas y prensas para fabricar pastillas. Pekín reclamó a Washington la decisión de sancionar a miembros de la industria farmacéutica china, donde las agencias de EEUU aseguran que está el epicentro de la cadena mundial de suministro de fentanilo. La epidemia de sobredosis por esta droga sintética se cobra más 70.000 vidas en Estados Unidos al año, según datos oficiales.

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Las megacárceles de Bukele como promesa electoral en Colombia

El País .– Diego Molano y Jaime Arizabaleta, precandidatos a las Alcaldías de Bogotá y Cali, proponen construir prisiones inspiradas en las que usa el presidente salvadoreño para combatir la delincuencia.   El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha encontrado ya una pista de aterrizaje en Colombia para su política de Gobierno más controvertida: las megacárceles para combatir la delincuencia. Los artífices de esa pista son Diego Molano y Jaime Arizabaleta, precandidatos del Centro Democrático a las Alcaldías de Bogotá y Cali, respectivamente. Como Bukele, ambos son defensores de la autoridad y la mano dura como solución no solo de la delincuencia, sino en este caso también de la corrupción. Inspirados en él, han propuesto construir megacárceles si ganan en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.   El primero en dar a conocer la idea fue Arizabaleta, quien desde su cuenta de Twitter anunció el miércoles por la noche la propuesta conjunta: “Habrá dos megacárceles al estilo Bukele en Colombia, una en Bogotá y otra en Cali que construiré para delincuentes y corruptos”. Molano, exministro de Defensa durante el Gobierno de Iván Duque, desarrolló la idea el jueves en Blu Radio: “Nos hace falta una cárcel en Bogotá, una megacárcel para llevar por lo menos a 3.000 de los delincuentes que son capturados”. Ni Arizabaleta ni Molano se han referido a los costes de las megacárceles que proponen, ni al tiempo que duraría su construcción. Sin embargo, es un primer elemento palpable de la admiración que un amplio sector de la derecha en Colombia ha declarado por el mandatario salvadoreño. El apellido de Bukele cada vez se escucha más en las calles, en la boca de personas que creen que una cruzada vertical como la que él emprendió se debe replicar en Colombia. Pero también se ha colado en sondeos como el de mayo pasado, hecho por Datexco, en el que el 55% de las personas encuestadas a las que se les preguntó si el país necesita un presidente como el salvadoreño respondió que sí.   Fernando Tamayo, director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, explica que el mayor problema de ese tipo de cárceles tiene que ver con lo difícil que es gestionarlas: facilitar las visitas con todos los controles que implican, garantizar la seguridad entre los reclusos, saber qué hacen, etc. Para todo ello, se necesitan guardias. Y en las cárceles colombianas, apunta, no hay suficientes. “Lo que nos ha mostrado la única experiencia latinoamericana de megacárceles, que es El Salvador, es que directamente los derechos de la población privada de la libertad no importan”, asegura en una llamada telefónica.   La idea de traer el modelo de Bukele es también un síntoma evidente de la ausencia de un liderazgo claro en la derecha colombiana: al no haber una cabeza visible dentro del país, la inspiración para la solución de los problemas viene de fuera. Ni siquiera quien podría considerarse como la líder conservadora más conspicua en el país, María Fernanda Cabal, ha aportado alguna idea novedosa: también ella ha recurrido a la figura de Bukele, con quien no ha escatimado adjetivos elogiosos. Diego Molano en el congreso, en mayo de 2021.LEONARDO VARGAS / HANDOUT (EFE) La propuesta tiene calado en buena medida debido a la situación de inseguridad que se vive en varias partes del país. En Buenaventura (Valle del Cauca), que fue denominada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro como “laboratorio” de la paz total urbana y donde alcanzó a haber entendimientos con las pandillas que delinquen allí, el terror ha regresado en las últimas semanas. Además, el escepticismo hacia las negociaciones con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central ―una disidencia de las FARC―, avivado por acciones como el asesinato de cuatro menores de edad indígenas en mayo, favorece a la idea de la mano dura.   No obstante, la receta de la autoridad tiene una mancha enorme en la historia de Colombia: las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos, durante la administración de Álvaro Uribe (2002-2010). En ellas, los militares, estimulados a mostrar bajas en combate, asesinaban a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Pero no hace falta ir tan atrás en el tiempo: en 2021, el propio Diego Molano, en su condición de ministro de Defensa del Gobierno uribista de Iván Duque, fue sometido a una moción de censura en el Congreso, acusado por la oposición de dar un “tratamiento de guerra” a la represión de las manifestaciones ciudadanas contra el Ejecutivo.   En El Salvador las costuras también han quedado a la vista. Durante el régimen de excepción declarado hace más de un año por el presidente Bukele, las autoridades han capturado a más de 60.000 pandilleros, en un país asediado durante décadas por la delincuencia de las bandas criminales. Sin embargo, un informe de Human Rights Watch de enero pasado reveló que se han cometido “abusos a gran escala”, entre los que se cuentan las violaciones del debido proceso, las detenciones masivas, las muertes bajo custodia y el hacinamiento. Jaime Arizabaleta posa con un retrato de Nayib Bukele en una imagen publicada en sus redes sociales el 12 de mayo. Ese, el hacinamiento, es otro asunto que se desprende de la idea de construir megacárceles. El profesor Tamayo recuerda que, en 1998, cuando se declaró un estado de cosas inconstitucional ―una herramienta que la Corte Constitucional usa cuando se cumplen algunos requisitos para enfrentar cualquier situación grave― por el hacinamiento carcelario, en el país había 33.009 presos y un sobrecupo del 31%. Desde entonces, lo que se ha hecho es crear más cupos, pero no ha habido solución: hoy en día, en Colombia la cifra de sobrecupo en las prisiones es del 24%, con épocas en las que ha llegado al 50%. “Esa idea de dar más cupos como una forma de controlar el hacinamiento ha mostrado ser un fracaso, porque los cupos se van creando y se van llenando”.   Por otro lado, tampoco es clara la efectividad del

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Venezuela anuncia que no aceptará la observación europea en las elecciones presidenciales de 2024

El País .- La medida llega después de que el Parlamento Europeo condenara por abrumadora mayoría la inhabilitación de María Corina Machado, puntera en las encuestas   El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que el Gobierno de Nicolás Maduro no permitirá la presencia de una Misión de Observación de la Unión Europea en el país para las elecciones presidenciales de 2024. En una encendida arenga en plena sesión legislativa, Rodríguez, uno de los portavoces normalmente moderados de la plana revolucionaria, manifestó: “No tenemos tiempo para considerar la solicitud que nos hacen para venir. Te lo digo directamente, Josep Borrell, mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano, ustedes no van a venir. Aquí no va a venir ninguna misión de Europa. Han violado el acuerdo que firmamos con ellos”.   Rodríguez, que se ha cuidado de cultivar relaciones políticas con la diplomacia europea en estos años, daba de esta forma respuesta al pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la situación venezolana. Este miércoles, con una votación muy amplia, la Eurocámara condenó la inhabilitación política a María Corina Machado, la dirigente opositora que encabeza todos los sondeos de opinión para las primarias de la oposición, mostró de nuevo su “preocupación” ante la evolución del régimen venezolano y pidió la libertad para los 280 presos políticos.   Con el paso de los meses, la actitud más conciliadora y dispuesta a dialogar de Maduro y Rodríguez ha ido mutando para endurecerse en el regateo de demandas con sus adversarios. La delegación chavista que se abrió a negociar con la oposición ha redoblado sus exigencias, negándose a volver a una mesa de diálogo con los dirigentes antichavistas que se exploró inicialmente en México. El mandatario venezolano ha condicionado cualquier acercamiento o cesión a la liberación del empresario Alex Saab, cercano al Gobierno y preso por lavado de dinero en Estados Unidos. Exige también el desmantelamiento total de las sanciones adoptadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.   En los últimos días han aumentado en las filas opositoras los temores en torno a la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia del país, colonizado completamente por el chavismo, emita una sentencia en la cual admita la organización de las primarias, pero obligue a la oposición a entenderse con la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, que aún no ha sido nombrada. Esta decisión pondría en apuros a la oposición, que ya se había decidido a organizar la elección por cuenta propia después de la renuncia de la anterior directiva del CNE. Un relevo dictado por el chavismo generaría, con toda probabilidad, nuevas discrepancias en la dirigencia opositora.   La directiva anterior del CNE, relativamente equilibrada y fruto de un acuerdo político con la oposición en 2021, renunció de manera unilateral a sus cargos ante la Asamblea Nacional hace unas semanas, sin dar ninguna explicación pública –y forzando también la dimisión de los rectores opositores que no querían renunciar-, poco después de que la Comisión Electoral de la oposición les solicitara asistencia para la organización de sus elecciones primarias.   El miércoles, en la Universidad Católica Andrés Bello, -con la notable ausencia de Henrique Capriles, que declinó a última hora-, se celebró el debate de los 10 candidatos a la elección primaria que organiza la Plataforma Unitaria a través de su Comisión Electoral con la ciudadanía, incluso con los venezolanos que se fueron en busca de oportunidades. En el saludo final para la prensa, Machado, quien asegura que busca liderar un proyecto común y superar los sinsabores con otros aspirantes, se negó a tomar la mano a sus compañeros para hacer la señal de victoria.   unque los altos dirigentes del chavismo en general evaden nombrarla, parece claro que hay alguna mortificación ante el rápido crecimiento en la popularidad de la más intransigente y anticomunista de todos los opositores venezolanos. Una popularidad que, de acuerdo con analistas calificados, como Félix Seijas, de la firma Delphos, “se ha duplicado en poco más un mes, doblando a sus seguidores más cercanos, con una intención de voto muy comprometida”.   El crecimiento de Machado ha abocado a un Gobierno débil en las encuestas, que aún debe lidiar con las complicaciones de la economía, a jugar rudo con la legalidad para eliminar sus oponentes. Machado ha declarado que su candidatura continuará “hasta el final” y ha asegurado que jamás acatará cualquier medida forjada de las instituciones del chavismo.

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El combate contra la inflación monopoliza la campaña electoral en Argentina

El País .- El IPC interanual alcanza el 115,6%, nuevo récord de las últimas tres décadas, pese a la ralentización mensual en junio La inflación de Argentina aumentó un 6% y el alza del IPC interanual escaló hasta el 115,6%, nuevo récord en tres décadas. El dato oficial difundido este jueves sería catastrófico en casi cualquier país del mundo, pero para el Gobierno argentino supone una noticia esperanzadora. El motivo: se trata del tercer mes consecutivo con una inflación mensual a la baja. En abril fue del 8,4%; en mayo, del 7,8%. El 6% registrado en junio es el mejor dato desde enero y permite al ministro de Economía, Sergio Massa, mostrar una victoria, aunque sea pírrica, en la batalla electoral en curso, en la que aspira a ser elegido presidente como candidato del peronismo. La oposición, por el contrario, hace hincapié en el fracaso de la política económica gubernamental, que vacía los bolsillos de la población. “La inflación es mucho más que números y porcentajes, es la angustia que te da ver que la plata no te alcanza y no podés a llegar a fin de mes”, denunció Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente por la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), tras difundirse el IPC. “Mientras que en el resto de Latinoamérica la inflación es menor del 15% anual, este gobierno ya nos llevó a un 115,6% en el último año. Esto no da para más”, agregó en las redes.   Su rival en la interna de JxC, Patricia Bullrich, pidió a Massa escuchar a la gente “en lugar de querer tapar la realidad”. Al igual que Rodríguez Larreta, la exministra de Seguridad macrista destacó la cifra interanual.   En la primera mitad de 2023, el IPC aumentó un 50,7%. En junio, los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron el valor que menos aumentó, un 4,1%, casi dos puntos por debajo del promedio general. Representan casi un cuarto del total del IPC, lo que ayuda a explicar el descenso de junio respecto a los meses anteriores. En el otro extremo, el alza del 9% en el rubro de comunicaciones tuvo un impacto pequeño en la cuenta general.   Una incipiente ralentización del consumo, sumada a la caída de frutas y verduras estacionales y los acuerdos de precios entre el Gobierno y las empresas alimenticias, contribuyeron al aumento moderado de la canasta alimentaria. Sin embargo, no hubiese sido posible tampoco sin la relativa paz cambiaria de los últimos dos meses. Gráfica de la inflación en Argentina de julio de 2022 a junio de 2023.INDEC La fuerte intervención del Banco Central en el mercado cambiario ha propiciado una devaluación sostenida del peso, sin sobresaltos bruscos, a costa de una significativa pérdida de reservas internacionales del organismo. Las múltiples restricciones a las importaciones y a la compra de dólares y la subida de las tasas de interés han evitado también a una escalada aún mayor. “Es un alivio efímero”, advierte el economista Juan Manuel Telechea, autor del libro Inflación, ¿por qué Argentina no se la puede sacar de encima? Telechea cree que la tensión cambiaria irá en aumento y el peso acelerará su depreciación si se mantiene el ritmo actual de pérdida de reservas y no hay un acuerdo rápido con el FMI para el desembolso de fondos. Ya ha comenzado a suceder esta semana. Por primera vez, el dólar ha derrotado al yaguareté, el billete de 500 pesos argentinos. En el centro de Buenos Aires se ofrecían este jueves 506 pesos por cada dólar. Los argentinos que quieren comprar divisas para ahorrar o para adquirir bienes dolarizados como inmuebles o automóviles tienen que recurrir al mercado informal o blue. El volumen que mueve este mercado es pequeño, pero tiene un gran impacto psicológico porque se considera un termómetro de la salud de la economía. Si sube de golpe, es visto como una señal de peligro. Entre los economistas se impone el pesimismo, aunque en distintos grados. Para Joaquín Waldman, integrante del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), una mirada del último año muestra que el IPC argentino refleja vaivenes de dos puntos porcentuales arriba o abajo, lo que hace pensar que “no era tan grave la aceleración de abril ni es tan positiva la desaceleración de junio”. La consultora Ecolatina, por su parte, prevé que el alza del IPC volverá a superar el 7% mensual a partir de julio y cerrará el año con un mínimo de 130%. La cifra de inflación de junio es la última que se conoce antes de las elecciones primarias simultáneas y obligatorias (Paso) del próximo 13 de agosto. En ellas se definirán los candidatos a presidente, pero serán también una encuesta nacional de cara a las generales del 22 de octubre. Por el peronismo, se da por descontado que el candidato será Massa. Enfrente tendrá a Bullrich o Larreta por JxC y al economista ultraliberal Javier Milei. Con esos candidatos en liza, la economía es el gran caballo de batalla electoral. Cualquier cimbronazo económico será usado por la oposición contra el máximo responsable de la política económica del país; el oficialismo intentará sacar rédito de cualquier mejora. La tensión irá en alza en las próximas semanas, pero el próximo dato de IPC, que se presume peor, se conocerá justo después de las primarias.

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