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Víctimas de Daniel Ortega instan a la cumbre entre la UE y la Celac a unirse para elevar la presión sobre el régimen

Internacionales / streaming streaming / 14/07/2023

El País .– Más de 150 perseguidos políticos y organismos en defensa de los derechos humanos piden al cónclave la creación de un grupo de apoyo a Nicaragua para alentar una transición a la democracia. La cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocada para el lunes y el martes en Bruselas, será una cita crucial no solo para mejorar la coordinación entre las dos orillas del Atlántico o concretar planes de inversiones, sino también para alentar debates políticos y encauzar demandas democráticas. Más de 150 víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo instan a los Ejecutivos de América Latina, a la UE y a sus Estados miembros, “a establecer un ‘Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense’, integrado por Gobiernos de todo el espectro político, para contribuir a una transición democrática” en el país centroamericano. La petición, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que se divulgará este viernes, está suscrita por cerca de 30 organismos nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos y detalla las funciones del grupo. Por ejemplo, “debería celebrar reuniones de alto nivel para diseñar, en consulta con organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y otros actores locales, una estrategia de acciones pacíficas, públicas y privadas, que sean concertadas para buscar la liberación de los presos políticos, la justicia y la reparación para las víctimas de la represión y la realización de elecciones libres y justas, tan pronto como sea posible”. Encabezada por el escritor y premio Cervantes Sergio Ramírez, la escritora Gioconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamorro, los opositores Félix Maradiaga o Juan Sebastián Chamorro, o Dora María Téllez, la antigua Comandante Dos de la revolución sandinista, la iniciativa está dirigida concretamente al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren. El Gobierno de Gabriel Boric se ha mostrado como uno de los más sensibles de la región ante la grave deriva del régimen de Ortega y Murillo y uno de los más contundentes en la defensa de los derechos humanos. Ese es precisamente el propósito central de la solicitud, que busca “una respuesta multilateral, coordinada y de alto nivel ante la grave crisis de derechos humanos y humanitaria que vive el país”. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), uno de los organismos que promueve petición, recuerda que “la crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una respuesta firme y sostenida de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa”. “Los gobiernos latinoamericanos y europeos deben unirse para establecer una estrategia conjunta ante la crisis de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua no tiene más tiempo que perder”, enfatiza. En medio de un aislamiento internacional cada vez más profundo, el aparato sandinista ha acelerado la represión política de toda voz disidente. La carta menciona algunos de los episodios más graves. El más reciente es la embestida contra la Iglesia católica, sacerdotes y prelados, entre ellos el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado por la justicia de Ortega a más de 26 de cárcel y que la semana pasada rechazó por segunda ocasión un exilio forzoso. “En los últimos años, pocos países de la región han registrado un deterioro en la situación de los derechos humanos tan grave como el observado en Nicaragua, incluyendo ataques sistemáticos a los medios de comunicación independientes, el desmantelamiento de la sociedad civil y la consolidación de un régimen autoritario”, indica el documento, suscrito también por Carlos S. Maldonado y Wilfredo Miranda, redactor y colaborador de EL PAÍS. Mientras el Gobierno de Ortega rehúsa cualquier intento de mediación diplomática, la población no tiene ante sí ningún horizonte de cambio. Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GEDHN) concluyó el pasado mes de marzo “que existen motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones y persecución por motivos políticos”. Además, recuerdan los firmantes, “no se ha permitido ingreso de observadores internacionales al país desde que el Gobierno expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a finales de 2018″. Como consecuencia, los últimos procesos electorales han sido una farsa. Y según cálculos de organismos nicaragüenses hay todavía 64 presos políticos a pesar del destierro, consumado el pasado mes de febrero, de 222 opositores encarcelados de forma arbitraria. A ese intento del régimen de librarse de voces incómodas y rebajar la presión internacional siguió otro golpe: 317 críticos fueron despojados de su nacionalidad. En este contexto, las víctimas de Ortega confían en que la cumbre UE-Celac “sea una oportunidad para discutir desafíos apremiantes en materia de derechos humanos en países de Europa y América Latina y el Caribe, como el retroceso democrático, la violencia e inseguridad y los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo”. Los firmantes celebran los pronunciamientos de Gobiernos como chileno o de instancias internacionales como el Servicio Europeo de Asuntos Exteriores, pero lamentan que la respuesta internacional haya carecido “de la coordinación y el alineamiento necesarios para contribuir de manera efectiva a que se adopten pasos para la transición hacia una democracia fundada en la libertad y los derechos humanos”. Por esta razón, el cónclave de Bruselas se perfila también como una oportunidad para alentar una transición hacia la democracia en Nicaragua.

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Las mafias de contrabandistas de autos robados en Chile sobrepasan al Estado boliviano

Internacionales / streaming streaming / 13/07/2023

El País .- El caso del camionero chileno Mario Bello, que fue baleado cuando intentaba recuperar su vehículo, conmovió a sus compatriotas, pero no fue sorpresa al otro lado de la frontera. El caso del camionero chileno Mario Bello volvió a mostrar que las mafias de contrabandistas de automóviles indocumentados y robados han sobrepasado las capacidades del Estado boliviano. Bello fue baleado el 8 de julio cerca del pueblo de Challapata, capital de la provincia Abaroa, considerada una “zona roja” en la que operan estos contrabandistas, mientras buscaba el camión que le habían robado en Chile y que sabía que estaba cerca. Su historia conmovió a sus compatriotas, que la siguieron a través de los medios de comunicación. En Bolivia, la situación no sorprendió: los coches robados en Chile y comerciados libremente en el mercado boliviano han avergonzado una y otra vez al país. Tras la odisea de Bello, que recibió una bala en la espalda y probablemente ya no pueda caminar, el cónsul general de Chile en Bolivia, Fernando Velasco, anunció que habrá una reunión bilateral de alto nivel para tratar el problema. Un gran tractocamión amarillo y azul era el único patrimonio con que contaba el camionero para mantener a su familia y pagar sus deudas. El 26 de junio se lo robaron en la ciudad chilena de Calama. Sabía, porque eso es lo que ocurre usualmente, que los ladrones lo venderían a los contrabandistas bolivianos de autos indocumentados o, como se llaman en Bolivia, autos “chutos”. Dada su mediterraneidad, Bolivia importa a través de Chile la mayor parte de la mercadería que compra. Junto al comercio legal, opera el contrabando, que es muy diverso. Uno de los artículos más codiciados son los automóviles, que entran a Bolivia por los más de 70 pasos clandestinos que existen en la frontera entre ambos países. Antes solo se trataba de autos “chutos”; desde hace algunos años, se han sumado los vehículos robados, lo que ha elevado el nivel de peligrosidad de los grupos de comerciantes informales. Hace más de un año, la cadena de televisión Meganoticias de Chile siguió hasta Bolivia a un grupo chileno de rescatistas de vehículos robados y probó la vinculación de miembros de alto rango de la policía boliviana con el comercio de autos robados. Uno de estos coches, que pudo ser ubicado por el sistema GPS, apareció en manos de un jefe policial. Pese a todos los riesgos, cuando supo que el 1 de julio su camión había pasado a Bolivia, Mario Bello, en compañía de sus dos hijas y su yerno Luis Alfredo Anza, cruzó la frontera en su busca. Según contaría después una de sus hijas, pidieron la ayuda de la policía boliviana en las ciudades de Oruro y Uyuni, sin obtenerla. Entonces, unos individuos que se hacían pasar por policías, uno de los cuales ya fue detenido, los contactaron y les dieron la ubicación del camión. Bello, Anza y uno de estos “guías” fueron hasta el lugar, donde los contrabandistas los recibieron a balazos. Lograron escapar, pero el camionero salió malherido. Por un tiempo se creyó que el yerno estaba secuestrado, algo que puede ocurrirle a quienes se internan en las “zonas rojas”, pero la policía boliviana lo encontró mientras trataba de cruzar la frontera para volver a su casa. El Gobierno movilizó a 250 policías para detener a los autores de los disparos, que, sin embargo, siguen prófugos hasta ahora. Se presume que son dos contrabandistas, muy ricos y con antecedentes, de la provincia Abaroa. El contrabando y comercio de autos “chutos” ha sido una importante vía de ascenso social en las últimas décadas. El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) ha sido acusado de no sancionar esta práctica, que ha permitido que los campesinos, que en el siglo pasado se movían en bicicletas y dependían de los intermediarios para transportar sus productos, se equipen con camiones y automóviles propios; eso sí, sin papeles. Hace meses, el diputado suplente del MAS José Rengel Terrazas fue acusado por la fiscalía de realizar giros por 51 millones de dólares a cuatro países y causó asombro cuando justificó este patrimonio informando que se dedicaba a la compra y venta de autos “chutos” y “transformers” (autos de segunda mano a los que se les hace cambios para adaptarlos a las necesidades bolivianas). Junto con los vehículos indocumentados se cuelan los robados, que se venden, como si solo fueran “chutos”, en ferias informales en todo el país. Y también son decomisados por la Aduana junto con los otros. Esta institución pasó calores cuando, meses atrás, se descubrió que entre los autos expropiados por el Estado a los contrabandistas, que el presidente Luis Arce había regalado a algunas instituciones sindicales, se encontraban unidades robadas en Chile. Según la policía, el control mejoraría si Chile pusiera en línea más rápido la información sobre los vehículos que se buscan en ese país. “Un llamado a ambos países para que esto que le sucedió a mi padre, no le pase a nadie más. Que sea un llamado para que actuemos como hermanos”, declaró Carla, la hija de Mario Bello, en el acto en el que la policía boliviana le entregó el camión, que fue recuperado. Contó que su padre estaba contento de tenerlo de vuelta: “Lo logramos, mamita”, le había dicho por teléfono. Y agradeció a los policías que sí la ayudaron. “También hay policías buenos”, declaró entre lágrimas.

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Un juez guatemalteco suspende el Movimiento Semilla, el partido de Bernardo Arévalo

Internacionales / streaming streaming / 13/07/2023

El País .– La formación, que debe disputar la segunda vuelta el próximo 20 de agosto, afronta una causa penal promovida por Rafael Curruchiche, un funcionario sancionado por Estados Unidos por corrupción Un juzgado ha ordenado la tarde de este miércoles la suspensión del partido Movimiento Semilla, la opción elegida por un 12% de los votantes de Guatemala el pasado 25 de junio como salida al sistema autoritario que vive el país centroamericano. Fue la fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos por obstruir investigaciones en casos de corrupción, el organismo que emprendió una causa penal contra el partido que se conformó al calor de las protestas de 2015 contra la descomposición del sistema democrático. El anuncio de la cancelación de la formación liderada por Bernardo Arévalo ocurrió mientras los guatemaltecos esperaban a que el Tribunal Supremo Electoral anunciara la oficialización de los resultados de las elecciones, que pese a ser cuestionados por varios partidos fueron confirmados por un segundo escrutinio. La segunda vuelta presidencial se disputará el próximo 20 de agosto. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de Curruchiche, ha informado de que un juzgado ordenó la cancelación a partir de una denuncia recibida en mayo de 2022 por parte de un ciudadano que protestó por haber sido afiliado al partido sin su consentimiento. Después de estudios grafológicos se concluyó que “la firma y letra fueron falsificados”, dijo Curruchiche en una grabación que se difundió mientras se esperaba la oficialización de resultados en el tribunal electoral. A las puertas del tribunal se estaba celebrando una protesta que demandaba la convocatoria formal de la segunda vuelta, pero que se fue nutriendo de voces en rechazo de la acción judicial contra Semilla. Antes de que la fiscalía anunciara las acciones contra el partido, los dirigentes del movimiento ofrecieron una conferencia de prensa en la que repudiaron cualquier acción que pudiera poner en riesgo las candidaturas o al partido. “Los señalamientos no han llegado a instancias judiciales. Las denuncias se han desestimado porque no tienen validez y esta vez será igual. No se afectará ni el partido ni las candidaturas de Bernardo y Karin” explicó el diputado Samuel Pérez, secretario del movimiento. El candidato a la presidencia por Semilla, Bernardo Arévalo, es un sociólogo de 64 años y Karin Herrera es la química-bióloga de 55 años que se postula para la vicepresidencia. Minutos antes del anuncio, el exconstituyente Roberto Alejos, dijo a ELPAÍS que toda acción contra un partido que va a segunda vuelta es “claramente malintencionada”. Y esta acción de la fiscalía se enmarca además en un proceso electoral especialmente viciado. Tres candidatos a la presidencia con potencial de llegar a segunda vuelta, han sido excluidos de la actual contienda electoral. El Movimiento Semilla escaló desde los últimos lugares de las encuestas y se colocó como la segunda opción más votada. El 26 de junio fue un día de alegría para el partido que se conformó por un grupo de académicos que se plantea reformas profundas de un país en el que más de la mitad de la población vive en pobreza. Ganar la elección puso a Semilla en la mira de un sistema que, de forma legal, fue excluyendo a candidatos que no fueran afines al partido en el Gobierno y sus aliados. Días después de la primera vuelta, Arévalo señaló en una entrevista con ELPAÍS que la persecución penal “es un recurso que tienen a la mano y que no han dudado en usar en veces anteriores”. Entonces, el aspirante se refirió precisamente a este caso. “Se trata de un caso espurio que sabemos que están montando. Nosotros lo salimos denunciando públicamente alrededor de un tema de problema de firmas en la fundación del partido hace seis años y que se han dedicado a tratar de buscar algún tipo de cuestión”. El partido se enteró de los problemas en la afiliación de militantes e inició una investigación interna. Al detectar las inconsistencias presentó “una denuncia ante el Ministerio Público de la persona que había estado involucrada en ese caso”. “El sistema no se va a quedar tranquilo y va a aceptar mansamente que venga un partido al que sencillamente no habían visto venir este y que ahora estén a punto de perder el control del Ejecutivo, que es clave central para poder viabilizar toda la economía de la corrupción alrededor de la cual se tejen esas lealtades espurias. Sabemos que van a intentar todo y estamos listos para resolverlo”, manifestó Arévalo anticipándose a las acciones que anuncia hoy un Ministerio Público bajo la jefatura de Consuelo Porras, la fiscal general nombrada por el presidente Alejandro Giammattei.

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El Tribunal Electoral y los dos ganadores de la primera vuelta piden desatascar el proceso electoral en Guatemala

Internacionales / streaming streaming / 10/07/2023

El País .- La oficialización del escrutinio sigue detenida por las acciones del partido en el Gobierno y un exconvicto aliado. A dos semanas de las votaciones, Guatemala sigue sin oficializar los resultados y convocar a la segunda vuelta presidencial que, como se confirmó en la revisión de escrutinios, se disputará entre el socialdemócrata Bernardo Arévalo y Sandra Torres, la exprimera dama que se ha lanzado por el voto conservador. El 25 de junio, 5.5 millones de ciudadanos acudieron a votar, después de que las cortes de justicia dejaron fuera de la contienda a tres de sus presidenciables favoritos. En una elección que tuvo al voto nulo como la opción más votada, un 17%, Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, logró el 15% de los votos válidos y Arévalo, del Movimiento Semilla, escaló desde los últimos lugares de las encuestas para quedar segundo, con el 12%. Una nueva intervención de las cortes detiene la oficialización de los resultados electorales, que se paralizó el 1 de julio, cuando la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a nueve agrupaciones políticas, entre estos el partido Vamos, al que pertenece Alejandro Giammattei, y Cambio, del exdiputado Manuel Baldizón, que cumplió condena en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero, y ordenó repetir las audiencias de revisión de los escrutinios a nivel nacional. Salvada la etapa y sin que se hayan detectado cambios significativos en los resultados, tres de las nueve agrupaciones políticas bajo la dirección del partido Cambio, presentaron una nueva acción legal con la que persiguen que se cuente voto por voto y han encontrado eco en la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que de forma unilateral, ha pedido a la autoridad electoral los informes para resolver la procedencia del recuento. Desde el Tribunal Supremo Electoral “hay voluntad” de oficializar los resultados lo antes posible, en “respeto al calendario electoral y al voto de los ciudadanos”, ha dicho a ELPAÍS la presidenta de ese organismo, Irma Palencia. Además, en el informe enviado a la Corte Suprema la madrugada del sábado, la autoridad electoral pide “que se deniegue el conteo físico de cada uno de los votos, por ser una actividad que no se encuentra regulada en la ley”. Así, el tribunal planta posición en el pulso que se mantiene con el bloque de partidos que piden el recuento de votos y que tienen como operadores más visibles a los Baldizón y al partido en el gobierno. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia. “Estamos detenidos por el amparo” que los nueve partidos bajo la dirección de Cambio presentaron ante la sala constitucional y que ésta “resolvió sin competencia”, señaló Palencia. La magistrada se refiere a que, por tratarse de un cuestionamiento hacia las autoridades electorales, el amparo se debió analizar en la Corte Suprema, donde sigue su curso. Palencia sostiene que el Tribunal y las juntas cumplieron con lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad. Durante tres días las Juntas Electorales revisaron nuevamente los las impugnaciones sobre los escrutinios y cotejaron las actas manuscritas con el sistema informático, sin encontrar inconsistencias relevantes que modifiquen los resultados de la elección presidencial que se divulgaron conforme avanzaba el procesamiento de las papeletas en cada una de las 24.585 mesas receptoras de votos. Las juntas electorales preparaban los datos consolidados que servirán para oficializar los resultados, pero debieron interrumpir esa tarea para trabajar en los informes que pidió la magistrada Valdés, detalló Palencia. La Corte Suprema no ha explicado porqué Valdés actuó en solitario y el tribunal electoral no responde a la pregunta de porqué atendieron la solicitud. El Movimiento Semilla ha presentado ante la la sala constitucional una queja por la acción unilateral de la magistrada Valdés. “Confiamos en que el máximo tribunal Constitucional resolverá a la brevedad para poder reanudar de inmediato la campaña y el proceso electoral en su conjunto, al tiempo de permitir la adjudicación de los cargos que correspondan a lo conquistado por todas las organizaciones políticas durante la primera ronda de elecciones”. cita un pronunciamiento del partido. Que se convoque a segunda vuelta Tanto Torres como Arévalo han pedido que se oficialicen los resultados para avanzar hacia la segunda vuelta, prevista para el 20 de agosto. “Se están judicializando los resultados y eso nos preocupa, hoy cumplimos dos semanas después de la primera vuelta y no se toma una decisión”, señaló Torres durante una reunión con sus correligionarios. En las pasadas elecciones de 2019, los resultados se hicieron oficiales dos semanas después de las votaciones. Arévalo confía en que el pueblo no se dejará robar el voto pero teme un escenario en el que no se defina la elección presidencial, como ha pasado con la Corte Suprema. Los magistrados de esa corte se han mantenido cuatro años en el cargo porque el Congreso no elige a los relevos. El otro frente del Movimiento Semilla son las denuncias penales, también dirigidas por los Baldizón y el partido Cambio, que promovió la acción judicial que dejó fuera de la contienda a Carlos Pineda, que iba puntero en las encuestas presidenciales. El partido de Baldizón, que cumplió condena en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero, y Vamos, la agrupación que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei, insistieron en abrir las urnas y contar voto por voto, pero las juntas no accedieron porque lo consideran ilegal y porque violentar las bolsas con las papeletas puede reclamarse como una causa para anular las elecciones Por el papel que los Baldizón han jugado durante el proceso electoral, analistas como Edgar Gutiérrez los ubican como operadores de Alejandro Giammattei, el partido Vamos y la alianza oficialista. Sin embargo, “más allá de haber firmado el amparo, no hay ninguna comunicación con Giammatei ni el partido Vamos”, dice Jorge Baldizón. Baldizón trata de explicar la necesidad del recuento a partir de su inferencia en torno a la sorpresa electoral de Semilla. “No es posible que si Semilla ganó una sola alcaldía haya tenido esa cantidad

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Sergio Massa, ministro de día y candidato de noche en Argentina

Internacionales / streaming streaming / 10/07/2023

El País .– El titular de Economía y precandidato presidencial del peronismo transforma la inauguración de un gasoducto en un acto electoral arropado por la plana mayor del peronismo Desde que debutó en política en la adolescencia, Sergio Tomás Massa ha querido ser presidente de Argentina. Amigos y enemigos le reconocen una cualidad: la persistencia. Ambicioso y temerario como pocos, intentó conquistar la presidencia por su cuenta en 2015 y fracasó. A los 51, el hijo pródigo del peronismo pelea de nuevo por el puesto, esta vez con el respaldo de toda la maquinaria partidaria. Este domingo, por primera vez desde que asumió como ministro de Economía hace 11 meses, Massa estuvo arropado en un acto público por el presidente, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Fernández de Kirchner. El motivo fue la inauguración de la mayor obra de infraestructura energética de este Gobierno, el gasoducto Néstor Kirchner. “Frente a aquellos que plantean que Argentina es un país de frustración, de fracaso, sin destino, sin futuro, en el que está todo mal, hoy es uno de esos días en los que aparece en el alma y el corazón de cada argentino el orgullo de ser argentinos”, dijo Massa entre aplausos. El peronismo eligió el 9 de julio, día de conmemoración de la independencia de Argentina, para celebrar lo que considera un paso “histórico” hacia la recuperación de la soberanía energética. El primer tramo del gasoducto recorre 750 kilómetros a lo largo de cuatro provincias desde la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Neuquén, hasta Salliqueló, en el corazón de Buenos Aires. Permitirá ahorrar más de 4.000 millones de dólares al año en importaciones de gas. El tono épico que envolvió la puesta en escena es acorde al desafío que enfrenta el peronismo: ganar las elecciones presidenciales del 22 de octubre con una economía en terapia intensiva y una ciudadanía recelosa de la clase política. Massa forma parte de ella desde los 17 años. Nació en 1972 en un hogar de clase media del conurbano bonaerense, el extenso cinturón de municipios que rodea la capital argentina y donde viven unos once millones de personas, casi el 25% de la población del país. Hijo de Alfonso, un empresario de la construcción, y de Lucía, ama de casa, Massa se inició en la política al filo de los noventa en la Unión de Centro Democrático (Ucedé). Este partido de derecha se alineó con el peronismo durante la presidencia de Carlos Menem y el joven político dio un paso más: saltó la valla para cruzarse a sus filas. La decisión tuvo una rápida recompensa: en 1999 fue elegido diputado provincial por el peronismo y menos de tres años después alcanzó su primer cargo con gran visibilidad mediática y poder: la dirección de la seguridad social, la ANSES. Asumió en medio de la grave crisis social del corralito, con el país en llamas, y logró un éxito inesperado: el aumento de las jubilaciones mínimas, al que se oponía el ministro de Economía de entonces, Roberto Lavagna, tras haber estado nueve años congeladas. Sacar ventaja El gesto le granjeó la simpatía de un sector clave en su crecimiento político y significó también su primera victoria en una interna del Gobierno. Desde entonces, se ha convertido en un axioma de Massa “potenciar al máximo los recursos propios y sacar ventaja de las limitaciones ajenas”, en palabras de Diego Genoud, autor de la biografía El arribista del poder. Nadie ha sacado tanta ventaja como Massa de la pelea entre Fernández y Kirchner y de su falta de diálogo en los dos últimos años de Gobierno. Tras su experiencia como intendente del municipio de Tigre y los seis años en solitario al frente de su propio partido, el Frente Renovador, Massa fue invitado como tercer socio a la fórmula orquestrada por Kirchner para derrotar a Mauricio Macri en 2019. La victoria legislativa con la que Massa sorprendió al kirchnerismo en 2013 quedó opacada por su tercer puesto en las presidenciales de 2015 y la severa derrota electoral de 2017, que lo dejó fuera del Congreso. Un año antes de sellar su regreso al peronismo, quien fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner entre 2008 y 2009 dijo que la expresidenta “debería estar presa” y se mostró partidario de eliminar los fueros parlamentarios con ese fin. A las bases kirchneristas les costó asimilar la reintegración del traidor. Cuatro años después, desconfían todavía de quien ven como un político capaz de pactar con el diablo para salirse con la suya. No olvidan su acercamiento efímero a Mauricio Macri, la amistad de larga data —y cercanía ideológica— que lo une al candidato opositor Horacio Rodríguez Larreta y sus vínculos con Estados Unidos. Sin embargo, la figura e importancia de Massa en el Gobierno ha crecido a medida que la de Alberto Fernández se empequeñecía. “Sergio es capaz de anunciar por lo bajo que a un tipo o una mujer no lo quiere, pero al día siguiente lo ves abrazado y sacándose una foto y charlando de todo”, lo describió su suegro, el dirigente peronista Fernando Galmarini, en una reciente declaración radial. Galmarini cree que la capacidad de su yerno de hablar con todos, hasta con el que parece su enemigo más feroz, lo asemeja a Carlos Menem. Otros lo han comparado con Néstor Kirchner, por la habilidad para construir poder propio. “Yo trato de aprender de todos y en ese sentido no tengo pruritos. Diría que soy una esponja”, se ha autodefinido él. Massa lleva 22 años casado con Malena Galmarini, hoy al frente de la empresa pública de agua y saneamiento (Aysa). Viven en Tigre, en la periferia norte de Buenos Aires, y tienen dos hijos. El momento justo Calculador y astuto, Massa creció entre las grietas internas del Gobierno y supo esperar el momento justo para jugar las cartas que lo han llevado a ser designado precandidato presidencial del peronismo. La primera partida ganada fue la asunción del Ministerio de Economía el pasado agosto, cuando el peso rodaba barranco abajo y la inflación

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La economía venezolana busca espacios para crecer entre el ‘efecto Chevron’ y el techo de la crisis política

Internacionales / streaming streaming / 09/07/2023

El País .– La ampliación de licencias de multinacionales devuelve vitaminas al fisco venezolano, pero persisten graves cuellos de botella ante el colapso del crédito y las sanciones Los venezolanos vieron el pasado mes de junio cómo los precios aumentaban un 8,5%, según el cálculo del Observatorio Venezolano de Finanzas. La inflación acumulada en el país, hasta la mitad del año, es, de acuerdo con el mismo organismo, del 100,75%. Y hay cierto consenso entre los analistas económicos en que pueda alcanzar un 200% a fines de año. El promedio de tres dígitos, si bien tiene proporciones aterradoras, es muy inferior al que sufrió el país en su historia reciente, por ejemplo en 2018, el momento cumbre de la hiperinflación y del éxodo masivo de ciudadanos. Luego del histórico derrumbe de la economía registrado entre 2014 y 2020, que se llevó consigo el 80% de su Producto Interno Bruto como consecuencia de una caída drástica de la producción petrolera, Venezuela busca desesperadamente espacios para expandirse. Y esa expectativa, de momento, parece condenada a tener un techo: su propia crisis política. La economía venezolana crece, apuntalada en una mejora de su PIB petrolero, pero a un ritmo claramente insuficiente. A finales del año pasado se registró una depreciación cambiaria que casi congela de nuevo la actividad productiva, agravada por nuevos hechos de corrupción en el Gobierno. El país necesita tener varios años con tasas de crecimiento de dos dígitos para poder recobrar su vieja fisonomía. Hoy, el inventario acumulado ha hecho posible que muchas cadenas comerciales –Farmatodo, Central Madeirense, Excelsior Gamma, Beco– enfrenten las adversidades haciendo ofertas, tocados por la necesidad de mover su mercancía. Las importaciones, tradicionalmente muy altas, han tenido un descenso. La contracción del consumo ha puesto contra la pared a muchos usuarios, que deben escoger cuál necesidad atender, y que por eso con frecuencia abandonan la lealtad a las marcas. Los productos nacionales, menos abundantes, son también más caros. El salario mínimo mensual equivale a apenas 5 dólares. Las escalas salariales del sector privado son mucho más razonables, y a menudo complementadas con bonos en dólares, pero se quedan cortas. Nicolás Maduro ha decretado aumentos de bonos complementarios que entrega el Gobierno, junto a bolsas de comida. Son muchas las personas que tienen dos y tres trabajos, cada uno de ellos muy mal pagado. Comienza a ser frecuente encontrar gente que vive del dinero enviado por sus parientes en el exterior. En los agentes económicos hay alguna expectativa ante el impacto del llamado “efecto Chevron”, ahora que esta multinacional ha obtenido licencia para ampliar sus operaciones en el país y ha aliviado las arcas venezolanas. La alicaída producción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) parece recobrar algún vigor con las gestiones de Pedro Tellechea. Las compañías mixtas Sinovensa y Petromonagas han recuperado terreno. Es claro el interés de otras operadoras internacionales de crudo por obtener licencias de producción en el marco de las sanciones internacionales. El país se acerca a los 800.000 barriles diarios de producción, lejos de sus tradicionales 3 millones de barriles del pasado. Las licencias a Eni y Repsol a la producción de gas nacional tendrán un impacto positivo en el fisco. El Gobierno de Maduro ha mejorado su recaudación en impuestos y aplica una dura voracidad fiscal a algunas actividades económicas. “Al entrar 2023, vino un frenazo en las ventas y eso tumbó las ilusiones de mucha gente. Veníamos de un excelente año. Se han venido recuperando, pero por debajo de lo esperado, y mucho menos que en tiempos anteriores”, afirma Rafael Montaña, empresario dedicado a la comercialización de alimentos, especialmente café a nivel nacional. “El empresario de este momento lucha es por mantenerse en el marcado, así sea en las mismas condiciones”. El mercado de la que fue la cuarta economía latinoamericana se ha reducido dramáticamente desde 2014. César Petit, economista exjefe del Departamento de Análisis Económico del Banco Central de Venezuela, hoy analista financiero de la firma BancTrust and Co, afirma que, en un nuevo contexto de incertidumbre política, muchos planes de inversión privada pueden postergarse. Tamara Herrera, economista y directora de la firma Síntesis Financiera, opina que la puesta en vigor del Impuesto a las Transacciones Financieras, a finales del de 2022, tuvo un grave efecto en el desempeño económico. “El mayor de los problemas del país es que necesitamos incentivos para invertir, y financiamiento interno y externo. Nada de eso existe”, afirma. “Sin crédito bancario no hay producción ni consumo. Las necesidades de fondo de la economía requieren cambios profundos”. En medio del filtro informativo promovido por el Banco Central de Venezuela y las autoridades del país, los actores económicos trabajan para crear sus propios monitores de análisis e incorporar técnicos que les permitan elaborar una data confiable en torno a donde están parados. “Este equipo de asesores ecuatorianos que asiste al gobierno mantiene desde 2018 los mismos cuatro elementos de política económica, alternando la intensidad de uno y otro”, afirma Herrera. “El enfoque es restringir la cantidad de bolívares en la circulación para que la gente no compre dólares y bajar la presión del tipo de cambio. La hiperinflación pasó, pero esta política tiene efectos recesivos, y las tasas inflacionarias siguen muy altas”. Las diferencias entre el nivel de vida de Caracas y el interior del país son muy notorias. En la capital se sienten mucho menos los problemas con los servicios públicos. “Para llegar a lo que antes vendía en una semana, debo trabajar un mes”, afirma Euclides Do Nascimiento, hijo de emigrantes portugueses que administra una bodega en Boleíta, zona industrial al este de Caracas. “Viene mucha gente al negocio a pedir comida, ayuda. No puedo complacer a todo el mundo, les tengo que decir que se vayan.” “No parece muy probable que venga una nueva flexibilización de las sanciones internacionales”, observa Petit. “Si María Corina Machado sigue subiendo en las encuestas y Maduro se ve perdido en unas elecciones, pueden venir una radicalización que cree una crisis y afecte

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Un escándalo de venta de candidaturas hunde al ultraderechista Javier Milei en Argentina

Internacionales / streaming streaming / 08/07/2023

El País .- La Justicia investiga si el entorno del candidato pidió miles de dólares a cambio de puestos en las listas para las elecciones de octubre. Por una candidatura, al menos 10.000 dólares. Por las más codiciadas, hasta 100.000. La Justicia investiga si el candidato de ultraderecha a la presidencia de Argentina, Javier Milei, ha vendido lugares en las listas electorales de su espacio político, La Libertad Avanza (LLA). Empresarios, abogados y políticos han denunciado que el entorno del economista ultraliberal solicita grandes sumas en moneda estadounidense a cambio de ceder su nombre para las papeletas y han sido citados a declarar en la investigación abierta contra él. Milei niega todas las acusaciones, pero el escándalo le ha asestado un nuevo golpe que lo deja aún más rezagado frente a los candidatos de la coalición conservadora Juntos por el Cambio (JxC) y de la peronista Unión por la Patria (UP) en la carrera electoral de octubre. “Milei ha establecido un sistema de franquiciado donde entrega el nombre, la imagen y bendice una fórmula, pero hay que pagarle a él. Los números son de los más diversos según el cargo. Una candidatura a gobernador anda cerca de los 100.000 dólares”, aseguró días atrás el economista y abogado liberal Carlos Maslatón, exaliado político de Milei. Maslatón ratificó este viernes su acusación ante el fiscal. Durante casi una hora afirmó que dentro del partido LLA existe una selección de candidatos según el dinero que pueden aportar. Sus declaraciones coinciden con las del empresario Juan Carlos Blumberg, quien ha acusado a integrantes del partido ultraderechista de vender candidaturas a cambio de 50.000 dólares. “Hay gente que pagó y que la usaron. Lo más grave de todo esto es que esta gente ha hecho un negocio con la política”, detalló Blumberg en una entrevista radial. El empresario es otro de los cuatro testigos que han sido citados a declarar. Al margen de los reproches éticos a la supuesta venta de candidaturas, la justicia investiga si el entorno de Milei ha incurrido en algún delito, como la violación de la Ley de financiamiento de partidos políticos. Esta norma obliga a que todo aporte a la campaña política se realice a través de una cuenta bancaria. La financiación en efectivo es ilegal. Milei ha dejado claro que contraatacará. En un primer momento justificó los pagos solicitados a quienes se acercaban a su espacio: “Los políticos tradicionales se financian con la plata del Estado. En Argentina la política se financia con la de los impuestos, se desvía la plata del pagador de impuestos a la campaña, así es como hacen política”. Como mecanismo de defensa, marcó distancia con los que considera “la casta política”, aunque él ocupa un escaño de diputado desde hace casi dos años. “Nosotros, a diferencia de ellos, nos autofinanciamos la campaña. Yo no me llevo un mango [un peso] de esto”, aseguró. Este viernes cambió su discurso. Anticipó que emprenderá acciones legales contra Blumberg y contra quienes están replicando lo que él tilda de “mentiras descaradas”. Blumberg “pretendía ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla mía de la feria del libro. El hombre no hace un mapeo entre lo desatinado de su exigencia y lo que puede hacer, entonces empieza a decir todo tipo de mentiras”, señaló Milei. El nuevo tropiezo del actual diputado llega tras los rotundos fracasos electorales de sus candidatos en las elecciones provinciales celebradas hasta el momento y las duras críticas de políticos que se han alejado de su espacio. Figuras mediáticas conservadoras que hasta semanas atrás lo elogiaban, han comenzado a soltarle la mano. Al mismo tiempo, sus provocadoras propuestas, que van desde la dolarización de la economía argentina hasta la derogación de la ley del aborto, un sistema de salud público de pago o un mayor despliegue del ejército, han dejado de marcar la agenda política. A tres meses y medio de las elecciones presidenciales, las encuestas muestran una caída significativa de La Libertad Avanza en intención de voto. Su respaldo oscila entre el 16% y el 19%, casi diez puntos porcentuales menos que en su momento de máxima popularidad. Su desplome hace soñar a la coalición opositora Juntos por el Cambio con una victoria en primera vuelta frente al peronismo, pero por ahora chocan contra los sondeos. Estos le otorgan poco más del 30% al sumar a sus dos candidatos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, seguidos de cerca por el peronismo, con Sergio Massa a la cabeza. Los numerosos indecisos decantarán la balanza. Mientras tanto, Milei sale de gira por los países vecinos, donde le va mejor que en casa. Este viernes, celebró una conferencia en el teatro municipal de Las Condes junto a Axel Kaiser, de la Fundación para el Progreso, que tituló El renacimiento liberal, informa Rocío Montes. El argentino, recibido entre aplausos, cargó contra el presiente chileno, Gabriel Boric. “Entre izquierdosos se juntan, o sea entre empobrecedores se juntan, y así como esperamos sacar la plaga kirchnerista [en Argentina], espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric. Acá han tenido a [Ricardo] Lagos, a [Michelle] Bachelet. Bueno, ahora tienen a este”. Los ataques de Milei merecieron una respuesta del canciller, Alberto Van Klaveren. “Le pedimos que restrinja su campaña a Argentina y no la extienda a Chile”, le dijo el diplomático desde La Moneda.

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Los impuestos en Brasil: un sistema barroco que castiga a los pobres y premia a ricos y accionistas

Internacionales / streaming streaming / 07/07/2023

El País .- La Cámara de Diputados aprueba un proyecto de reforma tributaria que crea un IVA para empezar a simplificar un esquema que grava más el consumo que la renta o el patrimonio Para los contribuyentes de todo el mundo pagar impuestos suele ser una tarea ingrata, un fastidio, pero para los trabajadores brasileños es un auténtico infierno. El sistema tributario de este país es barroco. Complejísimo y plagado de excepciones y exenciones. La más increíble, la que desde los noventa exime de pagar impuestos a los dividendos que las empresas reparten a sus accionistas. Y, además, es profundamente injusto. La carga tributaria se apoya mucho más en el consumo (alimentos o servicios que usan indistintamente ricos y pobres) que en la renta o el patrimonio. Conclusión, los impuestos castigan a los más miserables y, en vez de paliar la brutal desigualdad, la perpetúan y aumentan. El Congreso brasileño empezó el jueves, por enésima vez, el trámite para aprobar una reforma tributaria. Después de tres décadas de debate, la norma quedó aprobada con holgura ya entrada la noche: 382 diputados a favor, 118 en contra y tres abstenciones. Ahora debe ir al Senado. La ambición del proyecto es escasa. Busca unificar los cinco impuestos al consumo y adoptar un IVA, en realidad dos IVAs. Sí, Brasil suele tener aversión a lo simple, aunque tiene su lógica porque es un país continental. Todas las magnitudes son gigantescas en este país de 203 millones de habitantes, según el último censo, 27 Estados (tantos como países tiene la UE) y 5.000 municipios. En consonancia, las cifras de cualquier asunto fiscal son de mareo. Por ejemplo, en ningún país del mundo una empresa necesita dedicar tantas horas a la burocracia tributaria: 2.960 horas requiere una compañía que facture unos 8 millones de euros, o sea, 123 días, según un estudio de Deloitte. Entre los asalariados, no es raro encargar la declaración de la renta a contables que prometen aprovechar hasta la más nimia de las novedades. Jefferson Nascimento, coordinador de justicia social y económica de la ONG Oxfam, advierte de que “esa complejidad del sistema enmascara la desigualdad” que genera. Espectacular es el acelerón que han vivido en los últimos días las negociaciones sobre la reforma tributaria, un asunto al que sus señorías han dedicado en los últimos años eternos debates que han quedado nada una y otra vez por la fuerza de los lobbies. Los abogados lograron neutralizar el anterior intento, en tiempos del ahora inhabilitado Jair Bolsonaro. Esta semana, la Cámara de Diputados suspendió toda la agenda parlamentaria que no tuviera que ver con los impuestos para asegurarse de que el proyecto se votara cuanto antes en primera lectura. Mientras parlamentarios, gobernadores y alcaldes discuten calculadora en mano, los medios intentan explicar con ejemplos sencillos los vericuetos y novedades de un sistema tributario que, según el editorialista de O Globo, es “el más opaco, complejo y caro del mundo”. Y además, es regresivo. Nascimento, de Oxfam, una de las ONG que batalla para que los impuestos sean un instrumento de redistribución de la riqueza, explicaba al inicio de la legislatura que, “en Brasil, más de la mitad de la carga tributaria viene de los impuestos sobre el consumo, un porcentaje muy superior al de la OCDE [el club de los países más desarrollados], de manera que los pobres acaban pagando más que los ricos porque, en el otro extremo, se gravan poco la renta y el patrimonio”. El impuesto de la renta brasileño es progresivo con un máximo del 27,5% que paga cualquier empleado que cobre un salario a partir de los 950 dólares (3,5 salarios mínimos) hasta el banquero mejor pagado del país. Pero no siempre fue así. A finales de los ochenta, el tope era del 45%. Por eso, Brasil también tiene su versión del magnate Warren Buffet cuando se queja de que paga más impuestos que su secretaria. Es el fundador y director ejecutivo de un negocio boyante, Petz, una cadena de tiendas con todo lo que cualquier amante de las mascotas puede soñar. “Yo, como CEO de mi empresa, pago menos impuestos que una de nuestras cajeras. Es una vergüenza”, protestaba Sérgio Zimerman hace unos meses en una entrevista. Añadía: “Si la gente supiera lo que paga [de impuestos] cada producto habría una revuelta”. Pero no es nada fácil saberlo porque entender los entresijos prácticamente requiere un master en fiscalidad. Para el empresario brasileño, cuya compañía cotiza en Bolsa, “es absurdo que alguien defienda que los dividendos no se deben gravar”. Esa exención, implantada en Brasil en 1995, es casi única en el mundo. Solo dos países europeos, pequeños y sin la brutal desigualdad del país más rico de América Latina, no cobran impuestos a los beneficios que reparten las empresas, según Tax Fundation. Esa es, precisamente, explica el experto de Oxfam, la principal fuente de ingresos de los hipermegarricos: “El 0,2% de los brasileños con más renta recibe el 70% de ella a través de beneficios y dividendos”. Las excepciones son el pan nuestro de cada día en Brasil. La presión de los lobbys es enorme, los congresistas, fáciles de convencer y cada año se incorporan toda suerte de dispensas. Entre las divertidas, aunque corrosiva para un bolsillo pobre, uno de los postres más populares del planeta, el helado. Resulta que, en su versión clásica, paga un 5% de impuestos sobre el precio de venta. Pero con un leve cambio de composición y bautizado como bebida láctea se produce la magia fiscal: cero impuestos, como bien sabe McDonalds, donde triunfa la Casquinha Baunilha, “un cucurucho supercrujiente con bebida láctea de vainilla”. Las desgravaciones son incontables. Y el menú de exenciones tributarias, rico y variado. Conforman una larga lista que elabora la Asociación Nacional de Inspectores Fiscales de la Hacienda brasileña y no tiene desperdicio. Ellos lo presentan como el dinero que el Estado renuncia a recaudar. Solo en el capitulo de beneficios empresariales y dividendos sumó en 2022 la friolera de 15.000 millones de dólares. El Estado brasileño recaudaría otro tanto si

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Luis Alejandro Ratti, el supuesto antichavista que quiere dinamitar las primarias de la oposición

Internacionales / streaming streaming / 07/07/2023

El País .- Empresario, conferencista y desconocido de la política local, este nuevo aspirante acude a los tribunales para impugnar la consulta opositora. Luis Alejandro Ratti, un desconocido de la política local venezolana, ha declarado que la elección primaria de las fuerzas antichavistas para escoger a un candidato presidencial, prevista para el próximo 22 de octubre, “no se va a dar”. En una entrevista difundida en las redes sociales, Ratti argumentó que este es un proceso “que está pasando por encima de las leyes” y que los desafía “los poderes del Estado venezolano”. En un tuit publicado en su cuenta, afirmó además que extendería una solicitud para que la dirigencia opositora, y Machado en particular, sean investigados ante la Corte Penal Internacional, que tiene en marcha un procedimiento contra el Gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de este lenguaje, tan simétrico al que emplea la jerarquía chavista, Luis Alejandro Ratti se presenta como un dirigente político “de la verdadera oposición”. Quiere mostrarse como alternativa ante “un mal Gobierno”, el de Maduro, pero al mismo tiempo toma distancia inequívoca de “los radicales”: aquellos que en su opinión promovieron hechos violentos y expusieron a la nación a una intervención extranjera, a los que acusa además de corrupción. A pesar de las gestiones y amenazas de Ratti, fue finalmente José Brito, del partido Primero Venezuela, el encargado de ahorrarle el trabajo y pedir ante la Contraloría General de la República la inhabilitación política de Machado, –opositora radical cuya popularidad sube aceleradamente en las encuestas–, que fue llevada a efecto inmediatamente, bajo acusaciones de promover una agresión internacional al país, y de “estimular” el éxodo venezolano, del cual ha sido tantas veces señalados como responsable tanto Maduro como Diosdado Cabello por la oposición. Brito es un antiguo militante del partido Primero Justicia que, junto a otros diputados, fue acusado en 2019 de usar su cargo para hacer gestiones en Europa procurando aligerar el expediente judicial de Alex Saab, empresario colombiano cercano al gobierno de Maduro acusado de lavado de dinero, y preso en Estados Unidos. La polémica produjo la ruptura de estos diputados –llamados, a partir de entonces, “alacranes”– con los partidos opositores de la Plataforma Unitaria, del cual fueron expulsados, y un duro enfrentamiento personal. Además de Brito, a este grupo pertenecen Luis Parra, Bernabé Gutiérrez, Goyo Noriega y Oscar Ronderos. Brito niega de forma tajante estas acusaciones, así como sus colegas, se bate furiosamente por su nombre en cualquier programa de televisión y afirma que la corrupción campea del lado del llamado G-4 (los principales partidos opositores) y de Machado. La guinda de la torta es lo que acaba de declarar sobre Alejandro Ratti: en una acalorada entrevista con el periodista Vladimir Villegas que se ha viralizado en las redes sociales, Brito dijo que a Ratti “le paga María Corina Machado por hacer lo que hace. Una figura que nadie conoce, de la noche a la mañana, declara solo para favorecer al Gobierno y pide inhabilitaciones. No permito a nadie que me comparen con esa rata. Yo soy un político y estoy ejerciendo un derecho”. Ratti, cuya exposición pública ha sido prácticamente inexistente hasta ahora, ha estado ajeno a este apasionado debate. A pesar de su interés en comportarse como un político en el lenguaje y los modales, toda su vida parece dedicada al ejercicio privado. Ha sido empresario y administró una librería-papelería en su ciudad natal, Maracay. Se postuló como diputado en la década anterior, pero obtuvo un minúsculo margen de votos. En su cuenta de Twitter se presenta además como “motivador, predicador y conferencista.” De hecho, Ratti ya es candidato presidencial para las elecciones de 2024, postulado por el Partido Acción Nacional, también desconocido. Con la consigna “Por amor a Venezuela” ha hecho el anuncio en las redes sociales. En su cuenta de Twitter, de poco más de mil seguidores, es confrontado e insultado con alguna frecuencia por antichavistas iracundos que lo acusan de marioneta. “Para quienes dicen que nadie me conoce: fui candidato presidencial y luchamos por desenmascarar a la falsa oposición. Nos respetan en la calle, nos odian en el Twitter. Nunca estaremos con el G-4 y sus maricorinos. [voz coloquial y despectiva para aludir a los antichavistas más intransigentes]. No vamos a caminar en la ambigüedad”, afirma en su cuenta personal. Ratti se presentó como candidato presidencial a los discutidos comicios de mayo de 2018, que abrieron las compuestas internacionales de la crisis venezolana, en medio del veto a casi todos dirigentes opositores conocidos, y en los cuales Nicolás Maduro fue reelecto entre varias denuncias de fraude de la oposición y de parte importante de la comunidad internacional. Poco antes del día de la elección, Ratti declinó en favor de Henri Falcón, el único candidato opositor que pudo competir. Su papel en este momento consiste en enviar a las instituciones del chavismo los mensajes que necesita para procesar jurídicamente la decisión política de dejar sin efecto los esfuerzos organizativos político-electorales de la oposición venezolana, sus elecciones primarias y la elección de su liderazgo. Poco antes, Ratti, que asegura ser opositor, solicitó un recurso de interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia, controlado en su totalidad por el chavismo, para solicitar la anulación de la elección primaria, además de pedir la inhabilitación política de María Corina Machado y otros candidatos de la oposición, presuntamente por alterar en el pasado la paz pública, “promover el bloqueo internacional contra el país y solicitar la invasión de fuerzas extranjeras”.

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El Gobierno de Boric intenta sacar adelante su reforma de pensiones en un adverso clima político

Internacionales / streaming streaming / 06/07/2023

El País .- El Ejecutivo chileno pone suma urgencia a uno de los grandes pilares de su programa en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayorías. El Gobierno de Gabriel Boric le ha puesto esta semana suma urgencia al proyecto de reforma al sistema de pensiones en Chile, uno de los grandes pilares del programa de la Administración de izquierda. El país sudamericano lleva una década discutiendo el tema sobre el que no hay consenso en el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayorías. La propuesta busca crear un nuevo seguro social, financiado a través de una cotización adicional del 6% a cargo de los empleadores. Los parlamentarios de derecha no han presentado una contrapropuesta en los ocho meses desde que se presentó el proyecto de ley, pero el destino de la cotización extra es una de las principales piedras de tope en las negociaciones. La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, ha anunciado que el proyecto se discutirá por partes, con el objetivo de abordar primero los aspectos que generan más consenso. El Ejecutivo quiere, por ejemplo, derogar el Decreto de Ley 3.500, el que supondría el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP, los organismos privados que se han constituido desde 1981 en el pilar del sistema chileno, basado en la capitalización individual y pionero en el mundo. “Lo primero que se va a discutir son las normas espejo, es decir, aquellas que persisten en el DL. 3.500 en la reforma previsional”, sostuvo este miércoles la ministra Jara. “Nuestra propuesta original consideraba la derogación del DL 3.500, pero estamos disponibles para conversar. Nosotros no estamos aquí para darnos gustitos”, añadió. El proyecto de ley apunta a solucionar uno de los problemas estructurales de mayor impacto en la calidad de vida de los chilenos: las bajas pensiones respecto del nivel de vida que tienen en su etapa activa. Para esto, el Gobierno de Boric propone un nuevo Sistema Mixto de Pensiones, que tiene entre sus principales objetivos mejorar el monto y cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), elevándola a 250.000 pesos (313 dólares). La modificación de la PGU implica un aumento del gasto fiscal y pretende financiarse con lo que parte de lo que recaude con la reforma tributaria, otro de los pilares del Gobierno de Boric que está estancado en el Congreso tras el rechazo a la idea de legislarla el pasado marzo. Otro aspecto clave de la reforma es el nuevo Seguro Social. Inicialmente, el Ejecutivo quería que el 6% extra a cargo de los empleadores se destinara íntegro al Fondo Solidario, pero la falta de apoyos los ha obligado a abrirse a la idea de discutir que un 4% vaya al Seguro Social y un 2% a la capitalización individual. La oposición, por su parte, plantea que sea a la inversa: 2% al Seguro Social y 4% a la capitalización individual. Los más críticos defienden que el 6% se destine a las cuentas del trabajador. La postura de la derecha se ha endurecido desde 2020, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera propuso 3% y 3%. La comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas fijó un cronograma para la votación en particular de cada punto que contiene la reforma. La suma urgencia que le puso el Ejecutivo obliga a que el Senado reciba la iniciativa en un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15. La propuesta de dividir el proyecto en varios puntos, que se votarán semana a semana, complejizan que la comisión logre despacharlo en el plazo establecido. Especialmente en clima de falta de acuerdos. “El único artículo que podríamos aprobar es el aumento de la Pensión Garantizada Universal a 250.000 pesos”, adelantó el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), partido de la derecha tradicional. Los parlamentarios de RN tienen previsto entregar al Gobierno una propuesta de reforma con el foco en la solidaridad intergeneracional de género y en incrementar la PGU según años cotizados, para fomentar la formalización del empleo. Según el borrador dado a conocer la noche del martes, también plantean elevar el 10% de la actual tasa de cotización a un 16%. La ministra Jara celebró la disposición de RN a negociar con propuestas concretas y dijo que espera que otros partidos hagan lo propio. Los parlamentarios de la formación de derecha tradicional Unión Demócrata Independiente (UDI) no están dispuestos a votar a favor mientras el Ejecutivo no garantice en el proyecto de ley la propiedad de los ahorros de los trabajadores, su heredabilidad y que la cotización adicional vaya a sus cuentas individuales y tengan la libertad de elegir quién les administre sus fondos. El debate se produce en un momento complejo para el Gobierno de Boric, donde la popularidad del mandatario ha bajado del 30% y el oficialismo enfrenta un escándalo que azota el Frente Amplio, el Caso Convenios.

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17 explosiones en dos días y más de 170 sismos: Perú declara la emergencia por la actividad del volcán de Ubinas

Internacionales / streaming streaming / 06/07/2023

El país .- La medida afecta a siete distritos próximos al cráter, ubicado en la región de Moquegua, en el sur de país, donde no presentaban episodios de riesgo desde el 2019. Desde la madrugada del martes, una lluvia de ceniza ha puesto en peligro a por lo menos 2.000 personas en el sur del Perú. El Ubinas, el volcán más activo entre las 400 estructuras volcánicas del país andino, se ha reactivado, desatando la preocupación de los pueblos cercanos y de las autoridades. Desde su primer estallido, que formó una columna de cenizas de hasta cinco kilómetros y se dispersó en un radio de 10 kilómetros, ya son 17 las detonaciones que han ocurrido en los últimos dos días. Los afectados coinciden en la dificultad para respirar por las cenizas y el polvo que ha cubierto sus casas, además del olor a combustible quemado. La última vez que el Ubinas, ubicado en la región de Moquegua, presentó actividad volcánica fue en julio de 2019. Sus explosiones, que duraron tres meses, alcanzaron los ocho kilómetros sobre el cráter y se dispersaron a un radio de 250 kilómetros. Si bien el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha pronosticado que esta erupción no será más que moderada, no se puede precisar su espacio de tiempo ni su real magnitud. Este miércoles, el Consejo de Ministros aprobó declarar el Estado de Emergencia en siete distritos de la provincia General Sánchez Cerro, en Moquegua por 60 días. Se trata de Coalaque, Chojata, Ichuña, Lloque, Matalaque, Ubinas, y Yunga. “Se ha identificado que la población, áreas de cultivo, entre otros, se encuentran expuestos a un muy alto riesgo ante el proceso eruptivo del volcán Ubinas, identificándose la condición de peligro inminente”, dice el decreto supremo. En el documento también se justifica la decisión, aduciendo que “la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Moquegua ha sido sobrepasada, por lo que resulta necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno”. Por la tarde, el primer ministro, Alberto Otárola, explicó que la medida les permitirá ejecutar acciones inmediatas y de excepción para reducir el riesgo, además de intervenciones de respuesta y rehabilitación. “La tarea central del Gobierno es proteger a la población”, subrayó. Por lo pronto, este jueves viajará hasta la zona la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. Debido a la emergencia, se han suspendido las clases en trece centros educativos de grado inicial, primaria y secundaria, y dos institutos. Una de las carencias para afrontar las explosiones del volcán Ubinas es dónde acoger a los ciudadanos que serán evacuados. El albergue de Sirahuaya, ubicado a 12 kilómetros del cráter, no se encuentra operativo desde su creación en el 2019. Las autoridades locales trabajan contrarreloj en su habilitación. “Estamos complementando lo que nos dejaron las gestiones pasadas. Vamos a necesitar 14 millones de soles [casi 4 millones de dólares]. Estamos esperando la declaratoria de emergencia para iniciar los trabajos, pero sí puede recibir a las familias”, ha declarado, con optimismo, el subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Moquegua, Juan Paredes Urbiola. Sin embargo, algunos ciudadanos piensan lo contrario. “El albergue de Sirahuaya son módulos pequeños donde entra una cama, pero no hay agua, desagüe ni luz. Entre morir allá o morir acá, la verdad uno prefiere morir en casa”, le dijo Rocío Ramos, una vecina del distrito de Ubinas, al diario El Comercio. Aunque el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha informado que este miércoles las emisiones continuas de ceniza alcanzaron una altura máxima de 1.000 metros sobre la cima del cráter -una magnitud menor al primer día-, la amenaza es latente pues el IGP ha detectado 173 sismos, asociados a procesos de ruptura de rocas que han sucedido en el interior del volcán. Por otro lado, diversos vulcanólogos han alertado que la ceniza volcánica, por ser altamente tóxica, impactará gravemente en la agricultura, el ganado y, desde luego, el medio ambiente. Podrían desencadenarse cuadros de intoxicación. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido de que entre este jueves 6 de julio y el sábado 8 los vientos hacia el este y el noroeste promoverán la dispersión de las cenizas, afectando también a la región de Arequipa. El Ubinas, por ahora, se encuentra en alerta naranja.

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La violencia expulsa a cientos de familias de exguerrilleros de las FARC de sus hogares en áreas de protección

Internacionales / streaming streaming / 04/07/2023

El País .- 99 mujeres, 214 hombres y 51 menores tuvieron que huir este fin de semana del espacio territorial de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, por amenazas contra su vida Las amenazas contra los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC no se detienen. Este fin de semana, más de 170 familias de firmantes del acuerdo de paz tuvieron que abandonar sus hogares y sus emprendimientos productivos para proteger su vida. Así lo confirmó la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) en la que participan miembros del Gobierno y del partido político Comunes: “Tras amenazas, hoy 2 de julio comienza el desplazamiento forzoso de más 300 firmantes de paz y sus núcleos familiares”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter. El domingo en la mañana, 99 mujeres, 214 hombres y 51 niños, niñas y adolescentes salieron huyendo del espacio territorial de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, donde estaban desde diciembre de 2016, cuando entregaron las armas, se desmovilizaron y comenzaron una nueva vida en la legalidad. En las imágenes del traslado se ven camiones llenos de costales con ropa, colchones y almohadas, muebles viejos, cajas con herramientas, utensilios de cocina, juguetes y comida no perecedera. “Dejan atrás sus sueños, su tejido social, sus proyectos productivos como la panela, el turismo ecológico, la ganadería y cultivos de diversa índole. Dolor y desarraigo”, lamentaron miembros del Csivi. Los habitantes suben sus pertenencias a camiones, el 2 de julio.ARN COLOMBIA La caravana compuesta por 57 camionetas llegó en la noche del domingo hasta el polideportivo del municipio de Granada, a varias horas de distancia de Vista Hermosa. Los excombatientes estuvieron acompañados por vehículos con esquemas de seguridad de la policía y el ejército, y con delegaciones especiales de las Naciones Unidas, de la Defensoría del Pueblo, de la OEA y una ambulancia. La misión de la ONU en Colombia confirmó su compromiso con la seguridad y la vida de los desmovilizados: “Acompañamos a firmantes de paz de Vista Hermosa que junto a sus familiares se reubicaron en un lugar provisional por motivos de seguridad. La reincorporación integral con seguridad y sostenibilidad es esencial para consolidar la paz en el territorio”. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) explicó por medio de un comunicado de prensa cómo dispusieron de su capacidad logística y de personal en terreno para acompañar la reubicación temporal de la población en reincorporación. “Desde la ARN en coordinación y acompañamiento con otras entidades del orden nacional y municipal, se logró disponer de 170 carpas, 20 baños portátiles, 2 baterías de baño, 14 duchas, 13 sanitarios, una cocina y un comedor comunitario, lo cual garantiza de manera temporal, una estancia apta para las familias”. Los exguerrilleros de las Farc de esta región, que siguen firmes en su compromiso de construir la paz pese a la violencia y a la persecución que han sufrido en los últimos años, tendrán que pasar varios días en carpas mientras el Gobierno les entrega una tierra donde vivir tranquilos. La ARN espera que esa reubicación definitiva sea pronto, como ocurrió esta semana en la Guajira, cuando el Gobierno por primera vez les entregó 188 hectáreas de tierra fértil a un grupo de firmantes de paz en el municipio de Fonseca: “Siguiendo la orientación del presidente, Gustavo Petro, la ARN trabaja día y noche para dar garantías de cumplimiento a los derechos de las y los firmantes y de todo lo pactado en el Acuerdo Final de Paz”. De acuerdo con la entidad, el compromiso es entregar la titularidad de la tierra fértil y segura que les dará tranquilidad, paz y posibilidades de continuar con su reincorporación a la vida civil. “La ubicación del terreno con las condiciones de seguridad, vocación agrícola y en propiedad, es una segunda fase de esta estrategia de reubicación en la que se han establecido jornadas de trabajo con la Sociedad de Activos Especiales y la Agencia Nacional de Tierras”. La decisión de los excombatientes de irse de Vista Hermosa se da después de sufrir varias amenazas y, sobre todo, después del asesinato en mayo de dos de los firmantes de paz que vivían en la zona. En una rueda de prensa de entonces, en la que anunciaron que iban a buscar otro lugar para poder vivir tranquilos, una de las voceras afirmó: “Nuestra salida es inminente. Nos vamos porque nos están amenazando y nos están matando. A la fecha van dos asesinatos, nueve amenazas directas, el desplazamiento de muchas familias”. Excombatientes de las FARC y sus familiares se preparan para dejar el espacio territorial de Vista Hermosa.ARN COLOMBIA Los asesinatos a los que se refirió la líder del espacio territorial fueron los de Henry Buitrago y Alfonso Correa Zapata, dos antiguos guerrilleros que se estaban reincorporando en la zona. “Los hijos e hijas de Georgina Ortiz (nombre del espacio territorial) están en riesgo, están amenazados y los están asesinando. Les quitaron dos hijos, dos hermanos y dos compañeros a dos familias que tuvieron la posibilidad de recuperarlos gracias a la paz”, dice un comunicado de prensa emitido días después de los homicidios. Y agrega: “La furia de los violentos ha puesto en la mira a los firmantes de paz”. Según la ONG Indepaz, que ha hecho seguimiento al asesinato de los firmantes del acuerdo de paz desde 2016, Henry Buitrago, conocido como Miguelito, era un excombatiente que realizaba proyectos productivos en la zona en la que hoy en día operan las autodefensas Gaitanistas de Colombia y el frente 7 del Estado mayor de las FARC, una de las disidencias más poderosas de la antigua guerrilla. Buitrago y Correa son dos de los 19 firmantes de la paz asesinados en lo que va corrido de 2023 y dos de los 375 asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. El último de estos crímenes ocurrió en Dabeiba, Antioquia, el 30 de junio, cuando hombres armados asesinaron a Luis Aníbal Martínez Higuita, líder comunal y exguerrillero. El desplazamiento de los 300

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La Corte Penal Internacional reanuda la investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela

Internacionales / streaming streaming / 28/06/2023

El País .- El Gobierno de Nicolás Maduro ha intentado disuadir a la CPI con varios recursos judiciales y asegura que el proceso en su contra está impulsado por Estados Unidos Los defensores de derechos humanos esperaban desde hace semanas la respuesta de la Corte Penal Internacional (CPI). Después de varios vaivenes con el Gobierno de Venezuela y de que el fiscal Karim Khan visitara el país para instalar una oficina de cooperación en Caracas, la CPI ha ordenado avanzar en la investigación. La decisión es un revés para Nicolás Maduro, que ha intentado con varios recursos disuadir el proceso que se le sigue en La Haya por denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió en un comunicado las conclusiones del análisis de las reiteradas solicitudes de la Fiscalía de Venezuela de suspender el proceso bajo el argumento de que la justicia venezolana estaría haciéndose cargo. “Venezuela no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”. Además, señalan que hay periodos de inactividad de investigación que consideran inexplicables y que las pesquisas solo se han centrado en oficiales de bajo rango y no en toda la cadena de mando, que es el objeto de esta instancia internacional de justicia. “Nosotros tenemos clara intención de hacer justicia en nuestro país, sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros y lo estamos demostrando”, dijo hace menos de un mes el fiscal venezolano Tarek William Saab, durante la tercera visita de Khan al país, en la que se acordó la instalación de una oficina de cooperación técnica. En respuesta al nuevo paso dado, la Cancillería venezolana ha respondido expresando su desacuerdo. Bajo el argumento del Gobierno, desde el inicio del proceso en 2018, la Corte alienta y contribuye a una estrategia con fines políticos “de cambio de régimen” en Venezuela, supuestamente impulsada por Estados Unidos, considerado el enemigo número para una parte del chavismo y con el que, sin embargo, ha retomado contactos en el último año. Los magistrados de la Sala, Péter Kovács, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, examinaron las observaciones de las autoridades venezolanas, así como 1.875 formularios recogidos por la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas que reúnen los testimonios de más de 8.000 víctimas de torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2014 en el marco de manifestaciones antigubernamentales y como parte de una política de persecución por motivos políticos. A finales de 2021, la CPI anunció la finalización del examen preliminar, una fase previa para determinar la apertura de una investigación. El Gobierno de Maduro, a través de varias maniobras jurídicas, intentó poner freno al proceso pero solo logró ponerlo en pausa unos meses. Las estrategias del chavismo parecen haber tocado un techo, aunque han anunciado que nuevamente apelarán esta decisión, con pocas posibilidades de que esta vez sea considerada, según algunos analistas. Maduro se enfrenta otra vez a este escrutinio, luego de haber retomado relaciones diplomáticas con gran parte del mundo y en la antesala de las elecciones presidenciales de 2024 para las que el líder chavista intenta mejorar su imagen. Si bien este camino en la CPI que iniciaron expresidentes de varios países de la región críticos con el chavismo, como el colombiano Iván Duque, el argentino Mauricio Macri, el chileno Sebastián Piñera o el paraguayo Mario Abdo Benítez, las ONG han sido fundamentales para documentar el expediente. El espectro político latinoamericano ha vuelto a virar y los señalamientos contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno han pasado a un segundo plano, al menos en las relaciones diplomáticas, mientras los defensores de derechos humanos en Venezuela han empujado la búsqueda de justicia en instancias internacionales. Es por ello que el Parlamento afín a Maduro se ha enfilado en contra de estas organizaciones y hace unos meses aprobó en primera discusión en una ley que restringe su funcionamiento y el acceso a financiamiento internacional. ONGs como Defiende Venezuela y Acceso a la Justicia han expresado que la decisión de la Sala es una victoria para las víctimas. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000. Este es la primera vez que se inicia una investigación contra un Gobierno en ejercicio y también la primera vez que se da apertura a una investigación en un país latinoamericano en esta instancia. En este caso también ha sido inédito que Estados parte -Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Canadá- invocaran el Estatuto de Roma contra otro miembro, como ocurrió en 2018 con la solicitud que dio inicio a este expediente. Con la decisión de este martes se da un paso más en el largo camino para la comprobación de la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad y la posible sanción de figuras del alto Gobierno como responsables.

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El juez instructor vota a favor de inhabilitar a Bolsonaro y excluirlo de las próximas elecciones

Internacionales / streaming streaming / 28/06/2023

El País .- El expresidente de Brasil está acusado de abuso de poder y difundir noticias falsas en un juicio que se retomará el jueves para que voten los seis magistrados restantes El expresidente de Brasil está más cerca de ser apartado de las próximas contiendas electorales después de que el juez instructor del caso más maduro contra él votara este martes por la noche, en el Tribunal Superior Electoral, a favor de que sea inhabilitado durante ocho años, hasta 2030. El magistrado Benedito Gonçalves considera probado que el político de extrema derecha usó su cargo como jefe del Estado para, en una reunión con los embajadores extranjeros acreditados ante las autoridades brasileñas “degradar el ambiente electoral” a tres meses de las elecciones, “incitar un estado de paranoia colectiva” y fabricar “teorías de la conspiración” con “informaciones falsas y mentiras atroces”. El juez ha llegado a acusar al anterior mandatario de “flirteo nada discreto con el golpismo”. Esta es la más avanzada de las 16 investigaciones abiertas contra Bolsonaro, que también está en la mira de la justicia por el asalto golpista de Brasilia, las joyas regaladas por Arabia Saudí que intentó quedarse, la pandemia o su trato a los indígenas. Tras el voto del juez instructor, la segunda sesión del juicio contra Bolsonaro ha concluido. Será retomada este jueves, pues todavía deben votar otros seis magistrados del TSE. El voto del ponente señala un camino que podrían seguir el resto de los miembros del tribunal. Incluso Bolsonaro reconoce que las probabilidades de ser condenado son altas. Él, de todos modos, confía en que alguno de los jueces pida una pausa para estudiar el caso con más detalle —algo frecuente— y de esa manera ganar tiempo. Benedito Gonçalves, ministro de la corte electoral de Brasil, durante el juicio de este martes en Brasilia.ADRIANO MACHADO (REUTERS) El juez instructor ha recalcado, al leer un resumen de unos argumentos que ocupan casi 400 páginas, que “no es posible cerrar los ojos ante los efectos antidemocráticos de los discursos violentos y las mentiras que ponen en jaque la credibilidad de la justicia electoral”. El pasado julio quedaban tres meses para los comicios presidenciales cuando Bolsonaro, en su calidad de presidente de la República, convocó al cuerpo diplomático acreditado en Brasilia. Les dio un discurso, retransmitido en directo por la televisión pública, plagado de ataques al proceso electoral en general y al Tribunal Superior Electoral en particular. Era un episodio de su campaña sistemática para sembrar dudas sobre la seguridad y legitimidad del sistema de votación. Consumada la derrota electoral, los partidarios de Bolsonaro acamparon ante cuarteles por todo Brasil para reclamar a los militares que dieran un paso al frente e impidieran la toma de posesión del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Una semana después de que este asumiera el poder el día de Año Nuevo, miles de bolsonaristas protagonizaron un asalto violento a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Bolsonaro está siendo investigado por alentar aquella intentona golpista. Si Bolsonaro es declarado culpable en este caso e inhabilitado hasta 2030 puede presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, que de todos modos preside un juez que también es miembro del Tribunal Electoral que le juzga ahora y que ha emprendido una cruzada en defensa de la democracia para neutralizar los tics autoritarios del ultraderechista. Si Bolsonaro quedara definitivamente apartado de las elecciones, el nombre que asoma con más fuerza como posible sucesor al frente de la derecha brasileña es el del gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, un militar retirado que ha hecho carrera en la administración. También suena el de la ex primera dama Michele Bolsonaro, una mujer con buena oratoria y evangélica, o podría ser alguno de los tres hijos políticos del patriarca Bolsonaro aunque nunca han sido tan atractivos para el electorado como su padre.

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La carrera de Hollywood por contar la historia de los niños perdidos en la selva

Internacionales / streaming streaming / 27/06/2023

El País .-Productoras de Los Ángeles y de todo el mundo negocian con los abogados de la familia grandes contratos para llevar a la pantalla el relato de los hermanos extraviados en la Amazonia. La historia de los niños perdidos en la selva colombiana va camino de convertirse en una superproducción de Hollywood. Productores y agentes llegados desde todas partes del mundo están estos días en Bogotá tratando de cerrar un acuerdo con la familia que les permita llevar al cine la forma en la que sobrevivieron los cuatro hermanos que durante 40 días estuvieron extraviados en la Amazonia, solos. “Se ha convertido en una puja al mejor postor. Todo el mundo tiene prisa por quedarse con los derechos y poder venderle la historia en exclusiva a las plataformas”, dice una fuente al tanto de las negociaciones. Las productoras buscan, sobre todo, el testimonio de Lesly, la hermana mayor, de 13 años, quien se las ingenió para mantener con vida a sus tres hermanos de 1, 5 y 9 años en un lugar repleto de animales salvajes y plantas venenosas. El relato tiene todos los ingredientes de una gran historia. Los grandes estudios quieren llevarla a la gran pantalla y por eso hacen todo lo posible por conseguir los derechos. Los abuelos han llegado a tener entre las manos un contrato con fuertes cantidades de dinero de una empresa de Estados Unidos, pero lo rechazaron al ver que incluía una cláusula que le otorgaba a la empresa los derechos a perpetuidad. En total, 13 compañías audiovisuales, entre ellas Warner Bros, han hecho llegar sus propuestas por escrito. Los abogados de los abuelos de los niños les han pedido a las productoras que hagan ofertas compatibles con la jurisdicción indígena, que incluyan beneficios para la comunidad de donde son los menores, Araracuara, un pueblo de la Amazonia, y que de ser posible la dirección la lleve alguien de nacionalidad colombiana. Conseguir los derechos, según ha sabido este periódico, incluirá una visita al territorio con los protagonistas de esta historia y una inmersión en la cultura uitoto, la etnia indígena a la que pertenecen. Los hay que ya se han lanzado a contar lo sucedido en tiempo récord. Un equipo de investigación de TMZ ha empezado a emitir en Hulu y Fox News la primera temporada de una serie titulada The miracle children of the Amazon. El documental está elaborado en base a testimonios de la familia y los militares e indígenas que participaron en el rescate. De acuerdo con fuentes del sector, Netflix y NatGeo ya tienen equipos de producción sobre el terreno. Eso ha echado para atrás a pequeñas y medianas productoras que estaban preparando un pitch para las plataformas de streaming. Cunde la sensación de que el que golpee primero golpeará dos veces. El presidente Gustavo Petro se ha visto involucrado en esta carrera alocada. El 22 de junio anunció en Twitter que el documentalista Simon Chinn, dos veces ganador del Oscar, llevará a cabo la producción del documental Operación Esperanza, en referencia al nombre con el que fue bautizada la misión. Petro subió una foto acompañado por Chinn y por el subgerente de la televisión pública, Hollman Morris, quien coproducirá el documental. A la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, la Opiac, no le gustó nada la premura de Petro. “Expresamos nuestro rechazo al anuncio de esta producción documental, pues la decisión sobre su realización es tomada de una manera unilateral por el Gobierno nacional, desconociendo que la labor de búsqueda fue desarrollada por los equipos de los pueblos indígenas de la zona y familiares en un principio, y posteriormente por las fuerzas militares”, escribió la organización en un comunicado que hizo público. A su forma de ver, el Estado no puede tomar decisiones sobre la realización de un documental a espaldas de los familiares, la guardia indígena y las distintas organizaciones y comunidades que participaron en la búsqueda, “pasando por encima de la autonomía, sistema de conocimiento y gobierno propio de nuestros territorios, la región amazónica y todas las personas que allí habitamos”. La Opiac pide que no se adelante ninguna producción hasta que no se lleve a cabo un espacio en el que todas las organizaciones y personas involucradas puedan participar de la decisión. La decisión parece firme y deja de manifiesto que cualquier estudio que pretenda contar lo ocurrido en la selva deberá llegar a un acuerdo con todas estas organizaciones, lo que seguramente no será nada sencillo. Esto ocurre a pesar de que la custodia de los niños todavía está en el aire. Mientras se recuperan en un hospital militar, los niños están bajo el resguardo de Bienestar Familiar, el instituto del menor. Las autoridades deben decidir si se quedan a cargo de los abuelos maternos, los padres de la madre que murió en el accidente de avioneta que desencadenó toda la odisea, o en manos del padre, Manuel Ranoque, sobre el que pesan denuncias de malos tratos hacia sus hijos y su esposa. Una tercera opción es que los niños queden bajo la tutela del Estado y sean institucionalizados. En ese caso el desarrollo de todas estas superproducciones quedaría en el aire. Aún así, las productoras y las plataformas le apuestan todo a ser las primeras. La aventura de los niños de la Amazonia se ha convertido en un fenómeno como en su día fue ¡Viven!, la historia del equipo de rugby perdido en los Andes tras un accidente de avión y que tuvo que recurrir a la antropofagia para sobrevivir; o, más recientemente, el rescate de unos niños en Tailandia que estuvieron dos semanas atrapados en una cueva. Mientras, los niños ven la vida a través de las ventanas del hospital, sin saber lo que el mundo les tiene preparado.

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Argentina repatría el avión Skyvan que se usó para los vuelos de la muerte de la dictadura

Internacionales / streaming streaming / 27/06/2023

EL País .- De la aeronave fueron arrojadas al mar en 1977 tres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas La noche del 14 de diciembre de 1977, las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco fueron arrojadas vivas al mar desde el avión militar Skyvan PA-51. La feroz dictadura argentina que primero desapareció a sus hijos, después secuestró a esas madres que los buscaban, las torturó e intentó deshacerse de sus cuerpos en un vuelo de la muerte. Junto a ellas, esa noche también fueron asesinadas las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y otras siete víctimas. El Skyvan, localizado en Estados Unidos gracias a una investigación periodística, acaba de ser repatriado a Argentina después de casi tres décadas fuera del país. Será trasladado a la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del régimen militar, como símbolo del horror de la dictadura argentina. “Tenemos emociones encontradas”, cuenta Cecilia de Vincenti, hija de Villaflor, frente al Skyvan, estacionado en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. “Por un lado se concretó algo que hace muchos años queríamos que sucediera, pero por otro lado produce una sensación de tristeza, de dolor y de desesperación, porque si uno pudiera cambiar la historia la cambiaría y lamentablemente no lo podemos hacer”, subraya. Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor, en Buenos Aires el 15 de marzo.JUAN MABROMATA (AFP) De Vincenti posa para las cámaras junto a Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino. De a ratos se abrazan. Ambas le dan la espalda a ese avión siniestro, el último lugar donde sus madres estuvieron con vida tras haber pasado casi una semana secuestradas en la ESMA. “Cuando supimos lo que les había pasado no lo podíamos creer, no podíamos creer que existiera tanta maldad”, asegura Careaga. Las 12 víctimas del núcleo fundacional de Madres de Plaza de Mayo juntaban fondos a las puertas de la Iglesia de Santa Cruz para pagar un anuncio en el diario La Nación con los nombres de 804 desaparecidos. Fueron señaladas por el capitán de la Armada Alfredo Astiz, quien se había hecho pasar por hermano de un desaparecido y se había ganado su confianza. Astiz marcó a los militares las que tenían ser secuestradas. La aeronave fue localizada por la periodista de investigación Miriam Lewin junto al fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo hace quince años en Fort Lauderdale, en Florida. En ese momento formaba parte de la flota de una empresa postal estadounidense. Ceraudo recorrió su interior y fotografió la funesta placa que conservaba en la compuerta trasera: “Operación de puerta trasera. No debe ser abierta durante el vuelo excepto órdenes del capitán”. El mecanismo para activarla estaba en el lado del copiloto, una de las evidencias presentadas ante la Justicia, que en 2017 condenó a cadena perpetua a los dos pilotos de ese vuelo, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino. Lewin, superviviente de la ESMA, estuvo con Ceraudo en Fort Lauderdale pero se mantuvo todo lo alejada que pudo del Skyvan. Al ver aterrizar el avión en Buenos Aires lloró a mares, al igual que muchos de quienes contribuyeron a su recuperación. Cree que su importancia será clave para las nuevas generaciones, quienes no vivieron en primera persona el régimen militar, y como prueba física frente a los discursos negacionistas. “En esta época de auge de los negacionismos es muy importante tener un manifiesto material de la perversión y del refinamiento de los métodos de eliminación de los cuerpos de los desaparecidos. No solamente querían desaparecer a la gente, sino que querían garantizarse, sin ningún lugar a error o duda, que sus cuerpos no pudieran ser encontrados”, dice Lewin. Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino, el 15 de marzo.JUAN MABROMATA (AFP) El mar no se tragó los cuerpos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo sino que los arrastró hasta la costa de Santa Teresita, casi 350 kilómetros al sur de Buenos Aires. Un informe forense señaló que tenían fracturas compatibles con caída de altura, pero no se abrió una investigación. Fueron enterradas como NN (cadáveres sin identificar) en un cementerio local y así permanecieron hasta 2005, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense, exhumó los restos y les devolvió su identidad. Sus familiares, que en ese momento pudieron completar el duelo, son quienes impulsaron la compra del Skyvan, realizada por el Ministerio de Economía argentino. “Este avión tiene que estar en la ESMA, como parte de la historia, para que nunca más suceda algo igual”, subraya De Vicenti. Las hijas de Villaflor y Ballestrini participaron este lunes del acto oficial de recuperación del Skyvan, encabezado por la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. “Resulta increíble que haya quien niegue lo que ha pasado”, dijo Kirchner durante su discurso, en el que se mostró a favor de impulsar una ley contra el negacionismo similar a la que rige en Alemania respecto a los crímenes del nazismo. Según las planillas de vuelo de Prefectura, los vuelos de la muerte tenían lugar de noche y duraban entre dos horas y media y tres. Los Skyvan realizaron cerca de 200 vuelos nocturnos entre 1976 y 1978. El del 14 de diciembre de 1977 despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, situado frente al Río de la Plata. El avión aterrizó el sábado en el mismo lugar. Su recuperación cierra el círculo de una de las páginas más oscuras de la historia argentina.

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