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Ecuador: octubre 5, 2024

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Ecuador, octubre 05, 2024
Ecuador Continental: 13:02
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Venta de oro y crédito respaldado por crudo serían vías para financiamiento de corto plazo en enero

El Universo .- El ministro Juan Carlos Malo ha mencionado a Bloomberg parte de sus estrategias. También que ha pedido adelantar impuestos a empresas como La Favorita. El 2024 llega con enormes desafíos para el gobierno de Daniel Noboa que desde ya piensa en cómo salir de la difícil situación económica heredada. En una entrevista otorgada a Bloomberg en línea, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, ha dado varias claves sobre cómo buscará financiar el 2024. Aunque en un primer momento, el propio presidente Daniel Noboa había mencionado la intención del Gobierno de bajar el gasto en al menos $ 1.000 millones (1%), ahora el ministro ha hablado de que la reducción sería de 2% del producto interno bruto (PIB). Esto lo haría a través de reducir el número de contratistas públicos e eliminar ineficiencias, especialmente en las empresas estatales. Esto, también en búsqueda de un nuevo programa de financiamiento. Días atrás en una entrevista con Bloomberg, Noboa había dicho que buscará acercarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluso obtener el apoyo para que otros multilaterales apoyen con financiamiento. A corto plazo, el Gobierno está trabajando con bancos internacionales para conseguir liquidez urgente en enero. Esto se haría por dos vías. La primera será llevar a cabo la venta de oro de la Reserva del Banco Central. La segunda sería obtener un préstamo respaldado por petróleo entre $ 600 millones y $ 800 millones. El ministro Vega Malo había dicho también que frente a la baja caja fiscal debió recaudar unos $ 3.000 millones de manera temporal para pagar salarios y gobiernos locales a través de medidas temporales. El plan de emergencia incluyó venta de bonos Cetes, pagos anticipados del impuesto a la renta como por ejemplo a Corporación La Favorita y otras grandes empresas, así como el atraso de miles de millones en pagos a proveedores. Al 31 de diciembre del 2023, los gastos devengados del Gobierno que constaban en el Presupuesto General del Estado se ubicaron en $ 30.875 millones, pero los pagos fueron de apenas $ 27.252 millones. Esto sería $ 3.623 en atrasos. Uno de los rubros que se ha dejado de pagar ha sido el de la Seguridad Social del IESS. Así, siempre según la ejecución presupuestaria del Ministerio, al IESS el Gobierno debió haberle pagado $ 2.154 millones por el 40 % de la contribución a pensiones, hasta el 31 de diciembre del 2023, sin embargo, solo se pagó $ 832 millones. Es decir se pagó $ 1.322 millones menos solo en este rubro. También quedaron pendientes $ 4,7 millones del 40 % de riesgos del Trabajo, y $ 29 millones del Seguro Social Campesino. Entre tanto, a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) también se les quedó debiendo. Solo en los pagos correspondiente al Modelo de Equidad Territorial, hubo una diferencia de $ 188 millones. Esto porque se debió haber pagado $ 819 millones y se terminaron pagando $ 631 millones. El Gobierno no tiene muchas opciones de financiamiento en estos momentos. El país cerró con 2.062 puntos de riesgo país, el tercero peor de América Latina, luego de Venezuela (21.037 puntos) y Bolivia (2.228 puntos). En cambio, Argentina ha ido bajando su puntaje y cerró el año en 1.895 puntos. El riesgo país es un indicador que mide la percepción de los mercados sobre si un país logrará honrar sus obligaciones de deuda externa. De acuerdo al reporte de Bloomberg, Noboa asumió el cargo a fines de noviembre después de un año complicado que incluyó la disolución de la Asamblea Nacional por parte del expresidente Guillermo Lasso en medio de una crisis política, lo que provocó la elección de un nuevo presidente para el resto de su mandato hasta 2025. Uno de los candidatos en la carrera, el activista anticorrupción Fernando Villavicencio, fue asesinado días antes de la votación de primera vuelta. Las encuestas indican que el delito violento sigue siendo la principal preocupación de los ecuatorianos, seguida por el desempleo.

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Por prohibición legal, Banco Central solo puede vender oro y transferir la utilidad a Finanzas

Primicias .- En 2014 y 2017 los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno usaron el oro del Banco Central como colateral para créditos. Hoy eso está prohibido. Los gobiernos de turno “han echado mano” del oro que forma parte de las reservas internacionales y que custodia el Banco Central de Ecuador (BCE) para salir de apuros por falta de liquidez y cubrir un abultado gasto público. El Gobierno de Daniel Noboa también recurrirá a estos activos, pues anunció que está en marcha un proceso de venta de una parte del oro de las reservas del Banco Central. En 2014 en el gobierno de Rafael Correa y en 2027 en el de Lenín Moreno, el oro de las reservas del BCE se utilizó como colateral en tres operaciones con las que el Gobierno Central recibió préstamos del banco estadounidense Goldman Sachs. Estas operaciones se conocen como ‘swap‘ y consistieron en que Goldman Sachs aprobaba un crédito para Ecuador y, a cambio, el BCE entregaba como garantía o invertía una cantidad de oro de las reservas por un tiempo determinado y, al final del plazo, volvía al BCE. “Era como ir a empeñar el oro a cambio de dinero por un período determinado, pero el BCE nunca perdía la titularidad o propiedad del oro”, explica la exgerente del BCE, Verónica Artola. Sin embargo, el Gobierno de Noboa plantea, por primera vez, vender directamente una parte del oro de las reservas del Banco Central, que está guardado en bóvedas en Europa. Pero el dinero de la venta del oro no irá a Finanzas, sino solo la utilidad o ganancia producto de la operación, aclaró el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Esto porque el Código Monetario y Financiero prohibe que el BCE realice préstamos para inyectar liquidez al Ministerio de Finanzas. La venta de una parte del oro del Banco Central podría dejar una utilidad de USD 300 millones al Presupuesto estatal, según el Presidente Daniel Noboa. ¿Es necesario que el BCE tenga más efectivo? La decisión de vender el oro la tomó directamente el BCE y añadió que es para conveniencia de la misma entidad, según Vega. “Tener el 40% de reservas en oro es demasiado. Con las condiciones de riesgo de Ecuador, el BCE necesita tener reservas más líquidas“, dijo el ministro. Y añadió que mantener el oro demanda más gastos para el BCE, pues este metal se almacena en bóvedas fuera del país. En cambio, los recursos en efectivo podrían invertirse y dejar ganancias, por los intereses, explicó Vega. Sin embargo, esta operación no parece necesaria o urgente para las reservas internacionales, ya que el oro también es un activo líquido, dice el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Más bien, esta sería la única alternativa que encontró el Gobierno de Noboa para conseguir la ansiada liquidez, “con la ayuda” del oro del BCE, agrega De la Torre. Lo anterior se debe a que Ley de Defensa de la Dolarización, vigente desde 2021, prohíbe que el BCE haga operaciones para financiar al Gobierno, por lo que no se pueden hacer los ‘swap’ utilizados entre 2014 y 2017. En la actualidad, lo único que permite la ley es que el 70% de las utilidades que reporte el Banco Central al final del ejercicio fiscal, se destinen al Presupuesto del Estado, añade el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo. De ahí que esta venta es una medida que demuestra la desesperación del Gobierno por conseguir algo de efectivo para cubrir los millonarios gastos del Estado, dice Pozo. El anuncio de la venta del oro del Banco Central ocurre en un momento crítico de liquidez para Ecuador. La cuenta del tesoro, que es como la cuenta corriente del Estado, tiene apenas USD 162 millones hasta el 8 diciembre de 2023. ¿Cómo funcionará la venta de oro del Banco Central? Vega no dio detalles de cómo se conseguirá la utilidad en la operación. De la Torre explica que la ganancia podría darse si las reservas de oro están registradas en los balances del BCE a un valor menor al precio del mercado. De ahí que si se vende a precio del mercado más alto, el sobrante vendría a ser la ganancia. Esto se conoce como revalorización del oro. Pero Artola explica que el precio del oro en los reportes del BCE están actualizados al precio del mercado, por lo que hace falta que la entidad explique los detalles de la operación y qué ajustes contables se harían. Otra opción con la que el Presupuesto podría recibir recursos del BCE es si el oro que se convierta en efectivo se invierte y produce ganancias. ¿Qué pasará con el oro de las reservas internacionales? El oro es parte de las reservas internacionales del BCE, con las que se deben cubrir los pasivos de la entidad; es decir, los depósitos, por ejemplo, de la banca privada y pública, así como de los gobiernos locales y empresas públicas. En esencia, la venta del oro no implicará una reducción de las reservas internacionales, sin un cambio en la composición de esos activos que forman parte de las reservas, dice Artola. De los USD 5.072 millones de reservas internacionales que reporta el BCE, el 43,3% o USD 2.201,4 millones están en oro. Se trata del valor más alto, al menos desde 2017, debido a que los precios del metal han crecido a cifras récord en 2023, por la situación geopolítica y por la incertidumbre ante las nuevas medidas que podría tomar la Reserva Federal de Estados Unidos en torno a las tasas de interés. Además, desde ese año el BCE impulsó una fuerte campaña para comprar oro a los mineros artesanales, dice Artola. En cambio, unos USD 1.850 millones, o el 36% de las reservas, son inversiones y depósitos a corto plazo; es decir, es más rápido convertirlos en efectivo. Y apenas USD 494,7 millones o el 9,7% de las reservas internacionales corresponde a caja o dinero en efectivo. Sin embargo, el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz no considera que el porcentaje de 43% de reservas en oro sea demasiado alto en un año en el que el monto de las reservas ha caído. “Las reservas internacionales hoy están en USD 5.072 millones, pero deberían ser de más de USD 10.000 millones para cubrir los pasivos exigibles”, añadió. Durante 2023, las reservas internacionales han caído porque menos dólares han entrado a Ecuador. Hasta el 9 de diciembre de 2022, las reservas internacionales sumaban USD 7.482 millones, pero al 8 de diciembre de 2023 suman USD 5.072,5 millones. Si todos los depositantes demandaran su dinero al BCE en este momento, las reservas internacionales solo podrían responder con el 56% del dinero.

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Ecuador venderá parte de su oro para cubrir gasto público y analiza focalizar subsidios

Primicias .- A USD 5.017 millones ascienden atrasos. Ministro Vega habla de vender el oro y emitir bonos internos, y analiza focalizar subsidios a combustibles. Por la escasez de recursos públicos, el Gobierno prevé cerrar el año 2023 con atrasos récord en pagos por USD 5.017 millones en el Presupuesto General del Estado. Los atrasos incluyen pagos pendientes a proveedores del Estado, a los gobiernos locales y a la seguridad social, y salarios a los funcionarios públicos. Lo dijo el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, en una rueda de prensa ofrecida el 18 de diciembre de 2023. Vega dijo que la cuenta del tesoro, que es como la cuenta corriente o el dinero de caja del Estado, comenzó diciembre de 2023 con apenas USD 95 millones. Oro a la venta Ante las necesidades de recursos, el Gobierno ya está preparado un nuevo plan económico, además del proyecto de reforma tributaria que solo dejaría ingresos para 2024. Entre las medidas que se están analizando están que el Banco Central de Ecuador (BCE) venda una parte del oro de sus reservas. Según Vega, en la actualidad el 40% de las reservas del BCE están en oro y el resto en otros activos, como dinero en efectivo y papeles de inversión. Para el ministro, es demasiado alto el porcentaje de reservas en oro, pues considera que el BCE debería tener más activos líquidos. La intención es que una parte ese oro se venda y así, al menos un 10% de ese metal se convierta en dinero en efectivo. Ahora mismo, el BCE tiene USD 2.201 millones en oro al 8 de diciembre de 2023. Sin embargo, el ministro aclaró que el Gobierno no tocará el dinero que resulte de la venta del oro del BCE. Explicó que, por ley, el 70% de la utilidad de esa venta que hará el BCE se entregaría al Ministerio de Finanzas. “Con las condiciones de riesgo de Ecuador, el BCE necesita reservas más líquidas. Tener esa liquidez le rendiría al BCE un interés importante porque las tasas internacionales están altas, además, más bien le cuesta tener ese oro en Suiza”, dijo. Ante las urgentes necesidades de liquidez, además, el Ministerio de Finanzas espera reperfilar la deuda que mantiene con el BCE, lo que implicaría aplazar los pagos hasta por 20 años, a una tasa de interés de 1,3% anual. Se trata de una propuesta incluida en el proyecto de reforma tributaria, que está previsto vaya a segundo y último debate el 19 de diciembre de 2023 en la Asamblea. Según el Ministerio de Finanzas, la deuda con el BCE que entraría en este reperfilamiento sería de USD 4.000 millones. “Grandes esfuerzos para pagar salarios” Vega explicó, además, que están haciendo grandes esfuerzos para pagar los salarios de los funcionarios públicos de diciembre y una parte de las asignaciones que le corresponden a los gobiernos locales. Para cubrir esa brecha, Finanzas prevé emitir más deuda interna, por alrededor de USD 844 millones. De ese monto, unos USD 350 millones serían deuda a corto plazo, esto es, Certificados de Tesorería (Cetes). Y el restante, serían bonos del Estado a más largo plazo. Otra medida que analiza el ministro Vega es la focalización de subsidios, agregó. Debe haber un debate claro sobre los subsidios y a quiénes están llegando. Juan Carlos Vega / Ministro de Finanzas “Estamos analizando (los subsidios, ndr) a muchísimo detalle, para no afectar a los más necesitados. Es una de las alternativas que estamos estudiando”, dijo Vega.

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Pese a no estar posicionado ministro de economía inicia reuniones con otros ministros

Juan Carlos Vega, quien aún no se posesiona como ministro de Economía, se reúne con las ministras de Energía, Andrea Arrobo, y de Ambiente, Sade Fritschi. Pese a que el nombramiento de Vega no ha sido oficializado por el Gobierno de Daniel Noboa, asistió a la ceremonia de posesión del nuevo Gabinete el 13 de noviembre del 2023, Noboa no firmó el decreto para posicionarlo.  Por medio de un tweet en su cuenta de X, la ministra Andrea menciona haber estado presente en la reunión.  📌[AGENDA MINISTERIAL]🗓️ ✅AHORA| Mantuve mi primera reunión de trabajo con los titulares de @Ambiente_Ec, Sade Fritschi; y @FinanzasEc, Juan Carlos Vega, para tratar la emergencia energética nacional, que involucran a las tres Carteras de Estado. 🧵#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/wuVSizpBzx — Andrea Arrobo Peña (@andrearrobo) November 24, 2023 La ministra explicó que en el Comité de Crisis, se trataron temas sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional, el otorgamiento de licencias ambientales, análisis de convenios de liquidez y la importación de energía desde Colombia.  Por su parte, el Ministerio de Economía informó que no se conoce si Vega ha sido designado oficialmente. 

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Corte Provincial aceptó apelación de Wilman Terán en contra del Gobierno

El Universo .- El presidente del Consejo de la Judicatura reclama recursos para la Función Judicial. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó parcialmente la apelación que interpuso Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en calidad de ciudadano para exigir al Gobierno que transfiera recursos para la Función Judicial.   El proceso inició en abril, cuando Terán presentó una acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Economía, Pablo Arosemena, con la finalidad de que el Ejecutivo pague a $ 265,6 millones como medida de reparación integral para funcionarios, exservidores judiciales, abogados y usuarios que se han visto afectados por la falta de recursos en la Función Judicial. El monto era equivalente equivalentes al déficit presupuestario del sistema. La demanda se resolvió el 21 de abril. La jueza que atendió la causa decidió que se vulneró parcialmente el derecho de acceso a la justicia, pero no falló a favor de que el Ejecutivo transfiera el dinero. En su lugar, la magistrada dispuso que el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) instalen mesas técnicas para establecer qué proyectos serán priorizados.   Ahora, casi cinco meses después, el 7 de septiembre la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia que aceptó parcialmente la apelación de Wilman Terán, también rechazó apelaciones que impulsaron el Ministerio de Economía y la Defensoría del Pueblo. Además, la Sala Penal dispuso como medida de reparación integral que la Presidencia de la República, por intermedio del MEF, en un plazo de 15 días consigne a la Judicatura el monto correspondiente al déficit del gasto corriente y de inversión para 2023. El Consejo de la Judicatura presentará informas técnicos sobre el presupuesto de la Función Judicial para 2024, los cuales serán considerados por la Presidencia y la Secretaría Nacional de Planificación.   El propósito es que se coordinen acciones para que el presupuesto cumpla con los requerimientos de la Función Judicial. Para ello, se tomará en cuenta los egresos permanentes que sean prioritario para la administración de la justicia, con el fin de garantizar el acceso a la justicia, al debido proceso y la independencia judicial.   Uno de los argumentos del reclamo de Terán ha sido que en los últimos diez años la Función Judicial ha sufrido una reducción presupuestaria de más de $ 200 millones, perjudicando el acceso gratuito a la justicia a la ciudadanía. Que esto ha provocado que existan 7.498 procesos judiciales en los cuales las partes no pueden tutelar sus derechos por falta de gestión de la diligencia de citación.

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Resolver si el Ejecutivo debe o no entregar $ 265 millones para ‘mejorar’ el servicio de justicia, decisión que está en manos de una jueza de Pichincha

EL UNIVERSO .- La acción de protección que exige, entre otras cosas, un “presupuesto suficiente” para el trabajo de la Función Judicial lo planteó como ciudadano Wilman Terán. El próximo miércoles 19 de abril, la jueza de Pichincha Cecilia Pareja dará a conocer si acepta o no la acción de protección presentada como ciudadano por Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), contra el primer mandatario, Guillermo Lasso, y el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, con el fin de exigir el “presupuesto suficiente” para el trabajo de la Función Judicial.   La resolución resumirá los argumentos dados por las partes en más de doce horas de una audiencia que se suspendió el pasado 10 de abril.   En la diligencia participaron más de 20 víctimas que recordaron sus casos médicos, administrativos, para fundamentar la teoría de Terán de que se está afectando la dignidad humana de los funcionarios del sistema de justicia y de sus usuarios al tener desde el Ejecutivo un “goteo muy limitado” de recursos durante los últimos diez años. Terán señaló que no solo está solicitando $ 265 millones como reparación integral, sino que pide “que sea declarado vulnerador de los derechos el Poder Ejecutivo, representado por Guillermo Lasso y su ministro de Finanzas”.   En vereda contraria estuvieron abogados de la Presidencia de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Secretaría de Planificación y de la Procuraduría General del Estado. Desde el Gobierno se aseguró que el CJ devuelve fondos -por ejemplo, en los últimos diez años habrían devuelto $ 500 millones de $ 4.500 entregados-, que la demanda no tiene sustento y que ha existido un cumplimiento efectivo por parte de la Función Ejecutiva respecto de los presupuestos que se envían a la Función Judicial.   Según Terán, quien asumió su propia defensa, a la jueza Pareja le fueron entregados informes que revelan que en el sistema de justicia existen al momento 651.485 causas represadas. El accionante sostenía que por el problema estructural que atraviesa la Función Judicial se estima que las causas en materias civiles, contencioso administrativas y tributarias, inquilinato, laboral, contravenciones, penal, tránsito,… demoran en promedio entre cinco, seis y hasta ocho años. También recordó que hoy hay 267 jueces provinciales a nivel nacional, pero se requieren 364 y que todavía no es lo que se ajusta al estándar internacional. Que hay 101 tribunales distritales, cuando lo óptimo es tener 123; que para tribunales penales existen 186 juzgadores y lo que se necesitan son 243; que existen a nivel nacional 1.362 unidades judiciales, cuando lo que se requiere son 1.888.   Dijo además que de los informes entregados en la acción de protección se desprende que hacen falta diez conjueces en la Corte Nacional de Justicia; que del total de las unidades propias con las que cuenta la Función Judicial, el 93 % de la infraestructura está en malas condiciones y apenas el 7 % presenta condiciones adecuadas; que el 99 % de la flota de vehículos del CJ cumplió su vida útil; que para el concurso de Méritos y Oposición del Banco de Elegibles, carreras fiscales y fiscales provinciales se requiere un monto aproximado de $ 1,7 millones.   Para Wilman Terán, todo lo relatado, a partir de una merma constante en el presupuesto de la Función Judicial, ha impactado directamente en la eficiencia del servicio. “Debe haber un acceso material, real, que permita que la maquinaria judicial se movilice; si este acceso material no permite movilizar la maquinaria judicial, sucederá la violación del derecho al acceso a la justicia, la violación en la demora injustificada de los usuarios del servicio de justicia”.   El ex defensor público general Ernesto Pazmiño reconoce que la falta de recursos económicos puede generar complicaciones en el servicio de justicia, pero el problema de esta sector no es económico, sino que lo que falla es el modelo de gestión, su autonomía e independencia y la falta de liderazgo y conocimientos técnicos para conducirla.   “La generalidad de los jueces y fiscales no están capacitados. Lo que debe funcionar adecuadamente es la Escuela de la Función Judicial, convertida en una universidad de posgrado para capacitar por cuatro años a quienes han ganado un concurso para ingresar como jueces, fiscales o defensores públicos. Si desean plata, que sea para ello y para fortalecer el sistema de justicia y no para ‘negociar’ algún contrato millonario”, anotó Pazmiño, quien cree que si el MEF no ha transferido los recursos necesarios, lo que procedía en este caso era una acción de incumplimiento.   Terán planteó insistentemente que existe una incoherencia entre lo orgánico funcional y la partida presupuestaria, es decir, el orgánico funcional es mayor y la partida presupuestaria es menor. No cree que el Gobierno o los encargados de las arcas fiscales deberían asustarse por entregar $ 265 millones, ya que es fácil resolver ese tema si se toca algo de los $ 8.200 millones existentes en las reservas internacionales y activos externos, refirió.   El penalista Miguel Revelo sostuvo que habría sido más fácil que Wilman Terán, como presidente de la Judicatura, presente un plan con las necesidades reales que tiene la Función Judicial y de esa forma, conforme determina la norma, exigirle al Ejecutivo, sin la necesidad de una acción de protección como ciudadano, que desembolse los valores que se requieren. Él ve muy difícil que un juez dé paso al recurso planteado.   Para el jurista, es indiscutible que la Función Judicial está en crisis y el hecho mismo de que no se tengan los materiales necesarios para trabajar evidencia esa crisis. Pese a ello, indicó, el problema no está únicamente en que no se dé dinero; para él, el problema está en que el CJ no planifica, en que se necesita personal competente y conocedor del manejo del sector público para que puedan planificar y con el dinero que se les entregue ejecutar esos procesos.   La jueza Pareja convocó para las 09:00 la reinstalación de la audiencia en el piso 11 del Complejo Judicial Norte, en

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Ministro de Economía viaja a EE.UU. para ‘fortalecer la cooperación económica’

EL COMERCIO .- Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, viajará este martes 11 de abril de 2023, a Washington, Estados Unidos para participar de las reuniones anuales que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Según informó la cartera de estado, la reunión busca “fortalecer la cooperación económica y la inversión en el Ecuador”.   El Ministerio detalló que las intenciones de los próximos encuentros están enfocados en atraer un mayor capital al país y en acceder a facilidades financieras para enfrentar las emergencias actuales como el terremoto, deslaves e inundaciones.   “El encuentro será una oportunidad para mostrarle al mundo las opciones de negocio y asegurar financiamiento para grandes inversiones en el país”, añadió el comunicado.   Entre las actividades que desarrollará el ministro en su visita internacional, están previstas las reuniones con la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janeth Yellen; el presidente del BID, Ilan Goldfajn y con el vicepresidente regional del BM, Carlos Felipe Jaramillo.   Representantes de organismos multilaterales, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los ministros de economía de los países de Latinoamérica estarán presentes en este encuentro.  

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Consejo de la Judicatura ha devuelto $ 500 millones de presupuesto que no ha ejecutado, aclara el Gobierno

EL UNIVERSO.-En la audiencia por la acción de protección presentada por Wilman Terán, el Ministerio de Finanzas señaló que en 10 años asignó más de $ 4.000 millones al CJ. Durante la audiencia por la acción de protección que impulsa a título personal Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en contra del primer mandatario, Guillermo Lasso; el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, el Gobierno replicó que en los últimos diez años el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha asignado a la Función Judicial $ 4.497 millones, de los cuales la Judicatura ha ejecutado el 85 % y que “$ 500 millones han sido devueltos a las arcas fiscales”.   La diligencia se desarrolló desde las 09:00 del lunes en el Complejo Judicial Norte, en Quito. La causa está a cargo de la jueza de Pichincha Cecilia Pareja, de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. En este caso, Terán demanda que el Gobierno en 48 horas transfiera a la Judicatura $ 265,7 millones como medida de reparación, por la reducción que ha sufrido el presupuesto de la entidad, lo que ha afectado el servicio que se brinda a la ciudadanía.   Por la mañana intervino Wilman Terán, así como abogados en libre ejercicio, funcionarios y exfuncionarios judiciales, en calidad de víctimas, que respaldaron la acción de protección.   En horas de la tarde el turno fue de los representantes del Ministerio de Finanzas, Presidencia de la República y Procuraduría, quienes señalaron que no es procedente que Terán pretenda actuar a título personal buscando beneficiar a la entidad que preside.   Además enfatizaron en que Finanzas asigna los presupuestos de acuerdo a lo que cada institución informa que requiere. Mariné Dávila, directora nacional de patrocinio del MEF, reprochó que “$ 500 millones no han ejecutado para cubrir todas las necesidades de las personas que se han referido en esta audiencia (…). No podemos darles ejecutando”, dijo con base en un informe elaborado por la Subsecretaría de Presupuesto del MEF.   Criticó que el dinero que no ha sido ejecutado por la Judicatura supera los $ 265 millones que ahora Terán exige.   Dávila argumentó que en la última década los recursos del fisco se han mermado debido a “crisis exógenas” a las que se ha enfrentado el país, como el terremoto de 2016, la caída de los precios del petróleo y la actual reducción de la producción nacional, la crisis sanitaria por el COVID-19, entre otros factores.   Es difícil administrar el Estado en esas condiciones, señaló y explicó que los recursos públicos se asignan bajo los principios de equilibrio y flexibilidad, dependiendo de la cantidad de ingresos que se obtengan y las prioridades del gasto.   La directora nacional de patrocinio del Ministerio de Finanzas comentó que “se está desnaturalizando la acción de protección”, ya que estas garantías jurisdiccionales no pueden regular las finanzas públicas, sino que su objeto es determinar si han existido o no vulneraciones de derechos constitucionales. Añadió que la cartera de Estado “cumple con sus competencias constitucionales y legales”.   Después tomó la palabra el abogado Luis Felipe Riofrío, funcionario de Finanzas, insistió en que la acción de protección es improcedente. Aseguró que el ministerio todos los años asigna fondos a todas las instituciones.   Riofrío agregó que en las medidas de reparación no se aclara cómo se va a compensar a los supuestos perjudicados, sino que las disposiciones están establecidas para que el Consejo de la Judicatura recabe más recursos. “En ninguna parte de la demanda se dice cómo va a solucionar el problema de citaciones”.   Mencionó que la competencia para establecer valores por reparación económica es el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, según sentencia de la Corte Constitucional (CC).   Tampoco habría sustento técnico o norma jurídica que haya presentado el abogado de la contraparte para justificar que hubo una errónea asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas. “Es un monto determinado discrecionalmente”, apuntó Riofrío.   Por otro lado, comentó que en caso de que la jueza falle a favor de Wilman Terán, se afectará a las finanzas públicas porque el Ministerio de Finanzas no tiene $ 265 millones para asignarlos “de un día para el otro”.   Advirtió que si la jueza acepta la acción de protección se sentará un “precedente de gran relevancia” porque más adelante otras instituciones públicas van a pedir a Finanzas, a través de acción de protección, que se les entreguen recursos. “No va a haber presupuesto general del Estado que aguante”, subrayó.   En representación del presidente Guillermo Lasso intervino Jorge Benavides Ordóñez, subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República.   Benavides señaló que el primer mandatario “no es una autoridad administrativa”, ya que no dirige ninguna unidad administrativa dentro de la Función Ejecutiva, así que no hay fundamentación jurídica para que se haya demandado al jefe de Estado.   En tanto, desde la dirección general del Consejo de la Judicatura se apoyó la acción de protección y se aclaró que no es cierto aquello de que Finanzas entrega la cantidad de dinero que solicita la entidad o que la Judicatura no ejecuta lo suficiente.   Se expusieron cifras de los montos requeridos versus los realmente asignados y lo devengado, para evidenciar que anualmente se ha recortado el presupuesto desde Finanzas.   Para el año 2019 se pidió al MEF un presupuesto de $ 383 millones, pero la cartera de Estado fijó $ 366 millones y de esa cantidad se ejecutó el 99,63 %. Para el 2020 se pidieron $ 382 millones, pero el MEF otorgó $ 350 millones, se ejecutó el 99,64 %.   Al año 2021 la Judicatura resolvió que necesitaba $ 350 millones, pero el MEF dio $ 342 millones y también se ejecutó el 99 %. Para el año 2022 se solicitaron $ 368 millones, sin embargo se recibieron $ 331 millones. Para el 2023 la Judicatura calculó que requiere de $ 432 millones, pero Finanzas asignó $ 345 millones.   Al cabo de casi doce horas de audiencia, con dos recesos y luego

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Titular de la Judicatura exige ‘presupuesto suficiente’ para la Función Judicial y presenta acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso

EL UNIVERSO .– La Judicatura sostiene que la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia eficiente y oportuno.   Con el fin de exigir el presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda cumplir con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia, la mañana de este lunes 3 de abril, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), WilmanTerán, presentó una acción de protección contra Guillermo Lasso, como presidente de la República.   La garantía jurisdiccional fue ingresada en el Complejo Judicial Norte, en Quito, luego de que concluyó un foro nacional denominado Transformación a la Justicia. En ese evento participaron directores provinciales del CJ, representantes de la Corte Nacional de Justicia y presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia.   Según la Judicatura, la Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de $ 265.6 millones. De este total, $ 92.9 millones corresponderían a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.   El presidente Terán cree que las cifras en la institución revelan que existe un ataque sistemático a la Función Judicial y con ello una violación a los derechos ciudadanos. Para él con estas acciones se ha afectado el acceso a la justicia, al derecho a la defensa, a la seguridad jurídica a los usuarios, al trabajo digno de abogados, al derecho de los niños a recibir de forma oportuna sus pensiones alimenticias, etc.   “Esto es una falta de voluntad del Poder Ejecutivo”, indicó Terán al tiempo de referir que presentó la demanda contra el Gobierno como ciudadano y como un hombre de derecho que cree en la ley y tiene fe en la justicia. El recién posesionado presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, reconoce que la falta de presupuesto incide en el trabajo de la Judicatura, en la eficiencia y eficacia, pero aclara que no es todo. Por ejemplo, manifestó, se deben pensar en proyectos de ley que reformen el Código Orgánico de la Función Judicial y con eso buscar también mejorar la calidad del servicio que se le está dando al país.   El vocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, acompañó a Terán en la presentación de la acción constitucional e indicó que ya es hora de que los Gonbiernos dejen de ver a la Judicatura como cualquier ministerio. Aseguró que son la columna vertebral del Estado de Derecho en el país.   Para David Guzmán, director General de la Judicatura, la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia, eficiente y oportuno. Desde su perspectiva los continuos recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, han afectado a la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial, generando, por ejemplo, explicó, un déficit de 692 jueces a escala nacional en todas las instancias jurisdiccionales.   Además del presidente Lasso, la acción de protección fue presentada contra el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y, el procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea. Cifras del Consejo de la Judicatura revelan que actualmente en el país existen 1978 jueces, lo que determina que la tasa, por cada 100 mil habitantes, sea de 11 jueces. Esta cifra estaría por debajo de lo que se alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12.8.   En un comunicado del CJ se sostiene que la reducción sistemática de recursos económicos perjudica también a procesos como la gestión de citaciones, pues no existiría el suficiente personal y vehículos para que la Función Judicial pueda cumplir con esta tarea. Solo en Quito existirían 17.777 citaciones pendientes.   Desde esa institución también se señala que hay un déficit de $ 77.3 millones, recursos necesarios para que el Consejo de la Judicatura pueda cubrir las vacantes de jueces, conjueces, secretarios, ayudantes judiciales, gestores de archivo, citadores, etcétera.   De igual forma, por la falta de recursos, se afirma desde la Judicatura, no se ha podido ejecutar nuevos concursos para nombrar jueces y fiscales, ni tampoco los procesos de evaluación de los servidores judiciales a escala nacional. Para cumplir con estas tareas, la Función Judicial requiere más de 31 millones de dólares.   El déficit por costos de operatividad relacionados con insumos de oficina, bienes, arriendos, mantenimiento, repuestos, accesorios, seguros, servicios generales, combustibles,vehículos, …, a decir del CJ, alcanzaría los $ 46,8 millones. Pedidos que hacen parte de la acción de protección .- Que se ordene a la Presidencia de la República que coloque una placa visible en cada dependencia como reparación judicial. La placa debería decir que en “el sistema democrático del Ecuador se garantiza la seguridad jurídica y la independencia de poderes por medio de la adecuada asignación y dotación de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial”.   .- Que se ordene a la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas que devuelva el dinero ausente de la Función Judicial consistente en $ 265 millones.   .- Que se fijen intereses por los presupuestos faltantes de los últimos diez años.   .- En el caso de demorar la devolución, porque se está pidiendo que se lo haga dentro de un tiempo determinado, que exista un recargo del 10 % por cada día de retraso. 

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FMI: Los préstamos del Banco Central al Gobierno de Correa pudieron provocar una escasez de billetes en el país

Un estudio del organismo multilateral señala que hubo un mayor riesgo de una crisis financiera o dificultades para realizar pagos en el exterior. Un balance sobre los préstamos entre el Banco Central del Ecuador (BCE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 2 de diciembre de 2022 un estudio sobre el impacto del dinero que le prestaba el BCE al MEF durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. El Banco Central financió al sector público a mediados de la década de 2010. Entre 2009 y 2014, se adoptaron algunas prácticas contables y posteriores cambios en la legislación que, en última instancia, tenían como objetivo permitir que el BCE financiara el déficit del gobierno central. En términos generales, el Banco Central le daba dinero en efectivo al Gobierno y este a cambio recibía bonos o papeles. Este proceso es denominado expansión del balance del BCE. En su apogeo, dice el FMI, el financiamiento del sector público del Banco Central representó hasta el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB), unos $ 10 mil millones.  Con los préstamos, el BCE debilitó su capacidad para completar los pagos externos y también ejerció una presión significativa sobre la posición de efectivo del gobierno central. Utilizando datos sobre los componentes de las reservas internacionales, el FMI señaló que documentó cómo una expansión del balance de un banco central en una economía dolarizada, es decir, los préstamos, generó una necesidad de recursos en efectivo debido el aumento de los pasivos o deudas que podrían exigirse por pagos externos o necesidades de efectivo. Para solucionar los problemas de liquidez, el gobierno ecuatoriano requirió deuda externa a través de la emisión de bonos soberanos y grandes préstamos bilaterales. De no haber contado con ese dinero proveniente de deuda, el Banco Central habría perdido la capacidad de atender la demanda de efectivo, es decir, billetes, o el pago de transacciones con el exterior. De haberse materializado este escenario, Ecuador podría haber enfrentado un mayor riesgo de crisis financiera, poniendo en riesgo los cimientos mismos de la dolarización, concluyó el Fondo Monetario. En Ecuador, tales políticas pusieron en gran riesgo al sector financiero, es decir, a bancos y cooperativas, dado que el Banco Central fue despojado de sus activos líquidos. En última instancia, esto también dejó al Ministerio de Economía y Finanzas con grandes obligaciones pendientes con el Banco Central en una coyuntura muy compleja de crisis fiscal, exacerbada por el impacto económico y fiscal de la pandemia de COVID-19. Debido a esa situación, en 2021 el programa con el FMI llevó al gobierno a aprobar la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, la cual prohíbe los préstamos al Gobierno por parte del BCE. Fuente: Expreso  

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Cynthia Viteri reclama que el Gobierno adeuda $ 106 millones a Guayaquil

La alcaldesa increpó al Ministerio de Finanzas por recursos que le corresponderían a la urbe por aumento del precio del petróleo, impuestos y deudas represadas. Las diferencias entre el Gobierno y el Municipio de Guayaquil, por los recursos que le corresponden a la ciudad, siguen generando disputas entre la alcaldesa Cynthia Viteri y el Ministerio de Economía y Finanzas. Después de que la Cartera de Estado aseguró que no adeuda al Puerto Principal y que la “alcaldesa de Guayaquil desconoce el cálculo en Modelo de Equidad Territorial”, con una carta Viteri increpó al titular de Finanzas, Pablo Arosemena. La alcaldesa sostiene que el Gobierno central le debe a la ciudad $ 106,3 millones por concepto del incremento del precio internacional del petróleo en 2022, ingresos tributarios y por el peso poblacional de la urbe, así como por la deuda por rentas e IVA. “Estos son recursos que no le pertenecen a ustedes, sino a los ciudadanos, que el ministro de Finanzas utiliza y escamotea. No se los pueden coger”, reclamó Viteri en el texto. Viteri reiteró que a las arcas fiscales han ingresado más divisas debido a que el precio del crudo fue mayor al presupuestado para este año y que, además, hubo una recaudación tributaria adicional por la reforma impulsada por Carondelet. “Lo obvio es que a mayores ingresos estatales en petróleo y tributos las asignaciones a los gobiernos autónomos locales deben aumentar, porque así lo manda la ley y la Constitución”, puntualizó la alcaldesa del Puerto Principal. Más temprano, mediante un comunicado, el Ministerio de Finanzas reiteró que está al día con las asignaciones del Modelo de Equidad Territorial (MET). Según la entidad, por este rubro se han entregado a Guayaquil $ 266,17 millones y están en proceso otros $ 28,97 millones. Fuente: El Universo

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