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Ecuador: octubre 5, 2024

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Ecuador, octubre 05, 2024
Ecuador Continental: 14:44
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Ministra Palencia, molesta por permanente hostigamiento de la Asamblea con “pedidos de información”

La ministra del Interior, Mónica Palencia, expresó su solidaridad con la fiscal general, Diana Salazar, por el intento de “emboscada” que sufrió el pasado lunes, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Durante una comparecencia para responder sobre varios casos de importancia, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, intentó realizar un “careo” telemático entre Salazar y su coideario Ronny Aleaga, prófugo de la justicia por el “Caso Metástasis”, lo cual llevó a la funcionaria a abandonar la sala. Una acción que ha generado rechazo y críticas contra el correísmo. Consultada por “Punto de Orden”, Palencia precisó que, pese a las discrepancias que ha mantenido con la fiscal –siempre con altura-, respeta su labor, y sobre todo su lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la narcopolítica. La ministra lamentó que ciertos sectores de la Asamblea, usen este espacio para persecución política. Por ejemplo, en su caso particular, pese a que solo lleva 175 días en el gobierno, ha recibido 132 solicitudes de información, y cerca de 40 llamados a comparecencias, en su mayoría “indelegables”. Solo este día –miércoles- ya acumula 4 pedidos más. Palencia advirtió que estos pedidos, más que información, lo que pretenden es buscar cualquier argumento para armar un juicio político. Y el suyo, de hecho, está en la lista. Seguridad, la prioridad del gobierno En cuanto a su labor en la cartera del Interior, destacó los éxitos conseguidos en el combate a la inseguridad. Como prueba citó un decrecimiento del 29% en las muertes violentas. Asimismo, se han logrado avances en la lucha contra las extorsiones, gracias a la creación de una unidad especial de la Policía: la Fuerza Investigativa Contra la Extorsión (FICE). Uno de los trabajos de dicho grupo es con los bancos privados, a fin de identificar las cuentas que son utilizadas para depositar el dinero obtenido con los chantajes. Sin embargo, Palencia reconoció que la falta de recursos limita un poco el trabajo policial. Es por ello que se iniciará una campaña nacional, a fin de obtener donaciones que permitan equipar a la institución. Pese a los problemas económicos, dijo, se han realizado a nivel nacional 289.380 operativos.

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Ejecutivo elimina Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la eliminación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado (CONSEPE). En un comunicado difundido en medios y redes sociales, la Secretaría General de Comunicación reveló la disposición del Ejecutivo. El proceso deberá cumplirse dentro de los próximos 90 días. De acuerdo a la orden presidencial, los ministerios del Interior y de Defensa asumirán asuman las competencias, atribuciones, funciones, planes y proyectos de esta entidad. Esto incluye la coordinación entre los organismos que son parte del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, entre otras atribuciones, El Ministerio de Defensa Nacional se encargará de formular el Plan Nacional de Seguridad Integral, entre otras atribuciones. La eliminación de la Secretaría, según el anuncio, apunta a “salvaguardar la eficiencia en el uso de recursos públicos”, toda vez que no logró los resultados esperados.

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Ecuador descarta “éxodo” de venezolanos desde Perú y recula sobre “corredor humanitario”

Primicias .- El ministro del Interior, Juan Zapata, había comentado que Perú estimaba que serían expulsadas hasta 6.000 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana. El Gobierno de Ecuador dio marcha atrás en su propuesta de crear junto a Colombia un “corredor humanitario” para los venezolanos que sean expulsados de Perú, el 9 de noviembre de 2023. Lo hizo tras concluir que la probabilidad de que produzca un éxodo migratorio desde el vecino país “es baja”. Así lo señaló la viceministra de Seguridad Ciudadana, Sandra Molina. Lo hizo después de que el ministro del Interior, Juan Zapata, anunciase horas antes que propondría al ministro de Defensa Nacional de Colombia, Iván Velásquez, crear este “corredor humanitario” para llevar a los venezolanos expulsados de Perú hasta su país de origen. Esta preocupación ante la culminación este viernes del plazo planteado por el Gobierno de Perú para que se regularicen los extranjeros que se encuentran en ese país. A eso se suma la advertencia de las autoridades peruanas sobre la posibilidad de expulsar a quienes después de esa fecha no hubiesen realizado el trámite. Zapata había comentado que la Superintendencia de Migraciones de Perú estima que serán expulsadas entre 5.000 y 6.000 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana. Sin embargo, algunas horas después, Molina explicó en otro comunicado del Ministerio del Interior que, “una vez analizada la alerta se estableció que por el momento no es necesario activar dichos corredores”. La viceministra destacó que “esta alternativa, por hoy, no está entre las soluciones”, pero advirtió que el Gobierno ecuatoriano “se mantendrá vigilante”. Por eso, el país “realizará un seguimiento a las zonas fronterizas para que, en el caso de que llegue a pasar, se determinarán protocolos y acciones para enfrentar este tipo de fenómenos migratorios”, dijo. Esto después de mantener una reunión interinstitucional entre delegados de: Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Fuerzas Armadas. Policía Nacional. Organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La funcionaria informó que tanto las autoridades migratorias de Perú y Colombia tienen constante comunicación con la Subsecretaría de Migración ecuatoriana para la generación de alertas. Adicionalmente, comentó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador se comunicará con las embajadas de los países antes mencionados para la ejecución de actividades coordinadas. Asimismo, pronunció que se ha realizado intercambio de información y buenas prácticas para conocer la normativa que tiene cada uno de los países con el fin de homologar la ley para el mejor control de la movilidad humana. Migrantes en Ecuador Ecuador se encuentra actualmente inmerso también en un nuevo proceso de regularización de migrantes que llegaron al país hasta el 3 de junio de 2022, al que se espera que accedan más de 250.000 venezolanos. De los más de 7,7 millones de venezolanos que han migrado de su país en los últimos años, algo más de 4,9 millones se encuentran en Colombia, Ecuador y Perú. Lo dice el último reporte de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela ​ (R4V). En Colombia están albergados 2,89 millones de venezolanos, en Perú hay 1,54 millones y en Ecuador están 475.000, tras haber salido del país unos 25.000 en el transcurso de este año. La preocupación de Ecuador por la eventual expulsión de migrantes irregulares en Perú se dio pocos días después que en la sureña y fronteriza provincia de Loja fuese detenido Hernán David Landaeta “Satanás”. Se trata de un integrante del “Tren de Aragua”, la mayor banda criminal venezolana, quien era requerido por la Justicia colombiana. Dos meses atrás, el ministro Zapata negó cualquier señal de actividad en Ecuador del “Tren de Aragua” como aparentemente sucede en sus países vecinos.

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Zapata: “La poca experiencia que hemos vivido queremos pasarle a la nueva administración”

Primicias .- El ministro del Interior Juan Zapata asegura que tiene lista la información sobre seguridad para iniciar el proceso de transición con el nuevo Gobierno y espera conocer pronto el nombre de su sucesor. La transición en el Ministerio del Interior aún no empieza. Su titular, Juan Zapata, aseguró que están listos para entregar toda la información sobre los temas de seguridad al equipo del presidente electo Daniel Noboa, pero que aún no conoce quién se hará cargo de la Cartera de Estado Zapata aseguró que el presidente Guillermo Lasso les entregó hace semanas un formato para trabajar en el cambio de Gobierno. “Nosotros lo tenemos, estamos absolutamente listos“, aseguró este miércoles 1 de noviembre en una entrevista de Ecuavisa. Pero dijo que esa información aún no se entrega al equipo de transición del presidente electo, porque desconoce quién se hará cargo del Ministerio del Interior. “Sería importante que ya se lo conozca, porque esta es una área sensible“, añadió. La información que ha preparado el Ministerio del Interior se divide en tres ejes: operativo, logístico y administrativo. Además, aseguró que desde el gobierno actual están predispuestos no solo a entregar información, sino a transmitir su experiencia en el área de seguridad. “La poca experiencia que hemos vivido en 13 meses, queremos pasarle a la nueva administración“, expresó Zapata, y añadió que “el compromiso de todos” es que al nuevo gobierno le vaya bien. Ecuador vive una grave crisis de inseguridad, con el aumento significativo de muertes violentas en las calles, los problemas en las cárceles y el aumento del narcotráfico en el país.

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Caso Villavicencio: plan de recompensas genera información que podría servir para esclarecer el asesinato en el que se usaron sicarios

El Universo .- El candidato presidencial de la alianza Construye-Gente Buena Fernando Villavicencio fue asesinado al final de un mitin político en Quito. Pese a que la instrucción fiscal por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ya cerró y se está a la espera que se fije una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra seis procesados que serían parte de los autores materiales, las investigaciones para dar con los autores intelectuales avanzan y se nutren de varias fuentes, una de ellas, información que estaría llegando desde el plan de recompensas que dirige la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La semana pasada, días después de que el Gobierno presentó un plan de recompensas, el cual contaría con el apoyo financiero del Comando Sur de Estados Unidos, para combatir delitos relacionados con el crimen transnacional, el terrorismo y delitos contra la administración pública en Ecuador, el minstro del Interior, Juan Zapata, informaba que de las 32 llamadas ciudadana recibidas en el call centrer, a través de la línea telefónica 131, del sistema de recompensas, al menos 25 proporcionaron datos sobre el asesinato al estilo sicariato ocurrido el 9 de agosto pasado contra Villavicencio. Casi una semana después, la cifra se ubica en 31 llamadas y además se incorporan 31 correos electrónicos que contendrían aparentemente información relacionada con el caso Villavicencio. El call center opera de forma ininterrumpida y está a cargo de analistas de la Policía y las Fuerzas Armadas, quienes recibieron una capacitación de un año para calificar la autenticidad de la información que se entrega. La línea 131 es gratuita. Más allá de que las pistas que entrega la ciudadanía se hacen dentro de un proceso bajo reserva, que incluso cuenta con el registro de un código para quien llama y no de datos personales del denunciante, la información debe pasar rigurosos estándares de verificación antes de ser integrada a la investigación en curso. El 8 de octubre pasado, un día después del cierre de los 60 días de instrucción fiscal abierta para investigar el asesinato del periodista de 59 años, hecho ocurrido en Quito al final de un mitin político, la Fiscalía informaba de la recepción del testimonio anticipado de una persona que, bajo juramento, narró, entre otras cosas, detalles de los preparativos y montos ofrecidos por los supuestos autores intelectuales y señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen ocurrido dos semanas antes de la votación presidencial de primera vuelta. Con esa información, además de otros elementos obtenidos durante la instrucción fiscal que cerró, la Fiscalía informó que iniciará una investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. Es decir, la información que estaría ingresando mediante el call center del sistema de recompensas, luego de ser verificada su idoneidad, ingresaría a esta segunda parte de la investigación del crimen de quien además de candidato a la presidencia fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la cesada Asamblea Nacional. Un agente de inteligencia policial consultado explica que es vital que la información que ingresa por la vía del plan de recompensas o cualquier otra vía sea verificada a fondo para que así tenga la menor posibilidad de que no sea eficaz para la investigación, no haga perder el tiempo a los analistas y tampoco pueda ser una pista falsa que enrede la indagación El ministro Juan Zapata ha referido que cuando la información no es calificada, la llamada y lo que han dicho se desecha. Lo que ocurriría desde lo práctico dentro del sistema es calificar la fuente, la información y pasa a un segundo filtro, en el que se determinaría el monto a cancelar por la información. No se han detallado el valor de las recompensas, pero se ha aclarado que quien cuantificará el valor a entregar serán funcionarios del Comando Sur de Estados Unidos. Dentro del proceso penal por asesinato continúa ingresando información respecto a pericias dispuestas dentro de los 60 días de instrucción fiscal. Luego del fallecimiento de siete de los sospechosos en dos cárceles en que se encontraban, la causa continúa únicamente contra Laura C., Carlos A., Erick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch. y Óscar F. Por seguridad, los seis fueron trasladados a centros de privación de la libertad (CPL) ubicados en Quito y mantienen fuertes operativos de vigilancia dentro y fuera de estos centros. El miércoles último, Carlos A. desistió de su pedido de apelar la orden de prisión preventiva que se le dispuso el 8 de septiembre pasado, día en que fue vinculado al proceso por asesinato. Al ecuatoriano que estaría relacionado con el grupo delictivo Los Lobos, la Fiscalía lo involucra con la orden para ejecutar el asesinato del presidenciable, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono que mantenía cuando estaba en el CPL de Cotopaxi. Hace pocos días, a Carlos A. se le negó un habeas corpus que solicitaba para ser cambiado, por seguridad, a un CPL de Cotopaxi o Azuay, donde en mayoría están personas que integran la banda delictiva de la que supuestamente es parte.

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“Arrestos domiciliarios”, un dolor de cabeza para la Policía Nacional

El Ministerio del Interior y la Policía solicitaron a la Corte Nacional de Justicia que regule, de una vez por todas, el tema de los arrestos domiciliarios. Esta medida cautelar, alternativa a la prisión preventiva, obliga a movilizar a 1.304 agentes, lo cual tiene un enorme gasto para la institución, además de que resta efectividad a los operativos. De acuerdo a cifras oficiales, a nivel nacional están dictados 326 arrestos domiciliarios. De dicha cifra, 124 son por delitos sexuales, 63 por narcotráfico, 47 por delitos contra la vida, 31 por delitos contra la propiedad, y otros menores por delincuencia organizada, porte y tenencia de armas, accidentes de tránsito y falsedad. Para evitar que los “detenidos” abandonen sus domicilios, se requiere vigilancia policial las 24 horas del día, con el consiguiente problema logístico. Cabe destacar que la cantidad de oficiales designados a esta tarea, supera toda la dotación de comandos como el de Chimborazo, que tiene 1.260 elementos. El objetivo es reducir el movimiento de los gendarmes, y permitir que aumente la cantidad de efectivos en las calles, que son el lugar donde más se los necesita.

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Sin matrículas ni seguros, vehículos entregados a la Policía aún no podrían patrullar zonas conflictivas

El Universo .- A finales de noviembre, el Gobierno haría una nueva entregada de automotores. Si bien este martes, 17 de octubre, el Gobierno, en un acto desarrollado en el norte de Quito, entregó 232 camionetas para la Policía Nacional, los vehículos aún no podrían ser usados pues no están matriculados ni tampoco cuentan con seguros. Los automotores, que serán destinados a los ejes preventivo e investigativo, tuvieron un costo de $ 6 ‘657.320. Parte del nuevo equipamiento para la Policía Nacional. Al fondo, vehículos sin matrícula. Cortesía del Ministerio del Interior / EL UNIVERSO Foto: Cortesía En fotos difundidas por el Ministerio del Interior sobre el acto de entrega se ve que los carros no cuentan con balizas aunque están pintados de color blanco y celeste y destaca la palabra Policía. Tampoco contarían con sistemas de comunicación. “El proceso de compra de balizas también ya se encuentra dentro de las fichas técnicas que está realizando la Policía Nacional”, dijo Marco Terán, director de Logística de la Policía, a Ecuavisa, sobre nuevos procesos de adquisición. El ministro del Interior, Juan Zapata, sostuvo que los carros al ser nuevos no pasan revisión vehicular por lo que, a su criterio, será un proceso rápido. “Matriculo y mandamos a los territorios, no sé cual es la complicación”, señaló. No descartó inclusive que el trámite se pueda realizar en los mismos territorios a los cuales serán distribuidos. Zapata acotó que va a dialogar con los municipios para que les ayuden con turnos rápidos. Añadió que no es lo mismo matricular 232 carros que 20 o 10 para que el trámite sea más rápido. “(Los carros) tienen que salir con seguro, con matrícula y con todo”, acotó, aunque puntualizó que el tema del seguro es un aspecto administrativo. Para él, lo importante es que los carros están listos. Irán a las zonas de mayor conflicto y para ejes viales, especialmente a la región Costa. Anunció que a finales de noviembre habrá 339 nuevos vehículos.

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Caso Villavicencio: ministro Juan Zapata habla en su versión de lo realizado desde su cargo en la causa que investiga el asesinato del presidenciable

El Universoo .- Luego de la muerte de siete investigados, en el proceso penal que investiga el asesinato del candidato Fernando Villavicencio quedan seis personas procesadas. Menos de una hora duró la versión rendida en la Fiscalía de Pichincha por el ministro del Interior, Juan Zapata, dentro del proceso penal que busca definir las responsabilidades de seis personas que siguen siendo investigadas por el asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Entre el 6 y el 7 de octubre pasados, en el cierre de la instrucción fiscal en esta causa, siete sospechosos detenidos fueron asesinados en los centros de privación de la libertad de Guayaquil y Quito en los que se encontraban. Para este jueves, 12 de octubre, fueron convocados a rendir versión no solo Zapata, sino también el excomandante de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, así como el coronel Santiago Martínez, director nacional de Seguridad y Protección de la Policía. Estas diligencias, al igual que otras, fueron notificadas dentro de los 60 días de instrucción fiscal. Salinas llegó pasadas las 10:00, mientras que Martínez deberá acercarse a la Fiscalía a las 14:00. El ministro a su salida de la Fiscalía, en el norte de Quito, no profundizó sobre lo expuesto en su versión y se limitó a decir que ha presentado documentos que revelan lo que ha realizado en este caso dentro de sus competencias como ministro. Lo que sí descartó es que esta convocatoria haya tenido que ver con el testigo protegido que rindió un testimonio anticipado entre la mañana y tarde del domingo 8 de octubre pasado. Zapata contó con un importante resguardo policial y estuvo acompañado en la diligencia de varios funcionarios de la cartera del Interior. Respecto a este testigo protegido, quien habló bajo juramento de los preparativos, montos ofrecidos, nombres y alias de quienes supuestamente participaron en el asesinato de Villavicencio el 9 de agosto último, el martes pasado, él recibió un cambio de medidas cautelares dispuestas en un proceso por delincuencia organizada del que es parte desde el 2 de septiembre pasado. Por pedido de la Fiscalía, el procesado por un caso y testigo protegido en otro dejó de usar grillete electrónico, presentarse periódicamente y tener prohibición de salida del país. Un juez de la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado revocó esas medidas debido al riesgo de que pueda ser vigilado y atenten contra su vida, luego del testimonio rendido en el caso Villavicencio. Además ordenó que se mantenga vigilancia policial las 24 horas del día, pues además es parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, institución a la cual encargó el juez del caso por delincuencia organizada la responsabilidad de cuidarlo y de no permitir que huya para que haga parte del proceso judicial. Hasta la publicación de esta nota, el general Salinas continuaba rindiendo su versión. El oficial fue retirado del cargo el fin de semana pasado por disposición del presidente Guillermo Lasso, luego de producidos los asesinatos de los siete procesados del caso Villavicencio. El general César Zapata es el nuevo comandante de la Policía Nacional. César Gonzaga, escolta y amigo del asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio, deberá presentarse a la Fiscalía para ampliar su versión este viernes, 13 de octubre, a las 09:00.

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Ministro Zapata desmiente a jefe antinarcóticos de EE.UU. sobre fentanilo

Primicias .- El Ministro del Interior aseguró el 20 de septiembre de 2023 que en Ecuador no se han identificado rutas sobre la producción de fentanilo.   El ministro del Interior, Juan Zapata, desmintió a Todd Robinson, jefe antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien aseguró que Ecuador y Colombia participan en la producción de fentanilo. “Estas declaraciones nos han tomado por sorpresa (…). No tenemos evidencia que Ecuador tenga rutas, específicamente, de este tipo de droga sintética”, dijo el funcionario, en declaraciones difundidas por esta cartera de Estado el 20 de septiembre de 2023. Zapata aseguró que con equipos de Inteligencia se tienen analizadas rutas en el territorio nacional, lo que ha permitido la incautación de 511 toneladas de drogas en lo que va del Gobierno de Guillermo Lasso, pero no por fentanilo. Con esos resultados, anotó el Ministro del Interior, “mal podríamos no tener reportes de incautaciones de fentanilo, si estuviéramos nosotros, quizá, pasando por el mismo problema” de esta droga. “He confirmado esta información con los equipos investigativos de Inteligencia, con el Director Antinarcóticos, de que la información hecha en Nueva York compatibilice con la información que tenemos nosotros”, insistió. Zapata mencionó que se registró solamente un caso de 107 ampollas de esta sustancia, en una “entrega controlada que tenía la ruta Colombia-Chile”, lo que arrojó seis detenidos. “Lo único que tenemos son dos casos de 21 ampollas, pero de citrato de fentanilo, que eso es un tema medicinal, inclusive, para enfermedades terminales y de cáncer”, remarcó.

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Zapata: Todo el peso de la crisis en seguridad lo cargan a la Policía y eso es injusto

Primicias .- En medio de la crisis de seguridad, el Ministro del Interior dice que las inversiones no bastarán si los jueces sabotean el trabajo de la Policía. En medio de la peor crisis de seguridad de Ecuador, el ministro del Interior, Juan Zapata, dice que la baja inversión del Ministerio y de la Policía Nacional hasta agosto de 2023 se debe a que los procesos de contratación pública son demasiado engorrosos. El Ministerio del Interior ha ejecutado hasta agosto solo el 13% de su presupuesto anual de USD 96,3 millones. A Flourish chart Zapata también culpa a los contratistas incumplidos y añade que ha habido otros procesos que se han declarado desiertos. Para Zapata, la inversión en implementos en seguridad nunca será suficiente si no se reforman leyes que permitan a la Policía implementar con más rapidez estrategias de inteligencia, como escuchas telefónicas. Además, Zapata asegura que es injusto cargar a la Policía con las quejas por la crisis de seguridad, cuando hay jueces que dejan libres a los delincuentes poco tiempo después de su captura y estos reinciden. Juan Zapata, ministro del Interior. Ecuador vive su peor crisis por inseguridad, ¿por qué no ha sido mayor la inversión del presupuesto del Ministerio y de la Policía? Los procesos toman tiempo. Para las pólizas se requieren 15 días, para las firmas de contratos, otros 15 días; eso es lo que prevé la ley, solo ahí se pierde un mes. Puede pasar también que un proveedor no cumpla el contrato, como sucedió con la compra de chalecos que lanzamos en julio de 2023, que tuvimos que declararlo proveedor fallido. Por ejemplo, estamos comprando para la Policía 7.361 pistolas glock, el contrato se firma en septiembre y el 25 de noviembre se entregarían las armas. Estos equipos no se fabrican en Ecuador, se tienen que importar y se requieren autorizaciones de los senados de esos países, en este caso de la Comunidad Europea. Estos equipos no se fabrican en Ecuador, se tienen que importar y se requieren autorizaciones. Pero la crisis lleva más de un año. ¿Por qué no se ha acelerado las compras por estas emergencias? No, no se puede, yo tengo que cumplir lo que establece la ley de contratación pública. Y son procesos extensos por la especificidad de nuestras adquisiciones. Además, siempre hay condiciones externas que no dependen de nosotros. Hay trabas, intereses o denuncias cuando el contratista que pierde se siente perjudicado. Hay trabas, intereses o denuncias cuando el contratista que pierde se siente perjudicado. Pero, a final de diciembre, estaremos por encima del 90% de la ejecución en el presupuesto del Ministerio del Interior. ¿Qué hace falta para esto cambie? Solo los que hemos vivido el servicio público sabemos lo engorrosos que son estos procedimientos. Mientras no reformemos para la Policía y las Fuerzas Armadas los procesos para acelerar la contratación pública, vamos a seguir esperando esta cantidad de meses para las compras. Si tuviésemos unos procesos más abreviados, sería otra la realidad. Si tuviésemos unos procesos de contratación más abreviados, sería otra la realidad. Ese es el gran reto que le espera a la nueva Asamblea. Ellos tienen que reformar y plantear leyes que acompañen y fortalezcan el trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las principales inversiones en seguridad que dejará su administración? En lo que respecta a Ministerio del Interior, por ejemplo, estamos comprando 232 camionetas para inteligencia y el eje preventivo. De esas, unas 168 nos entregan en los primeros días de septiembre. Nuestro presupuesto también contempla la compra de drones, antidrones, buses; todo eso está en marcha y se entregará hasta diciembre. Ahí se verá cómo avanza la ejecución del presupuesto. Y en el presupuesto de la Policía doy algunos ejemplos: ya están firmados los contratos para comprar 3.000 chalecos para los 2.300 policías que por ahora están en formación. Esa compra se entregaría en octubre. Otra compra importante son los uniformes. Hace seis años que no se entregaba a los policías nuevos uniformes y ya adjudicamos el contrato a la empresa Fame. Es un contrato de USD 32 millones, esperamos que la empresa entregue las prendas en enero de 2024. Ha mencionado inversiones en implementos, pero ¿están capacitados los miles de nuevos policías graduados en tiempo récord? Los preparamos para lo que necesitamos. Por la urgencia, necesitamos más policías en las calles y la formación va orientada a eso. No creo que deba estar en duda la capacitación de los agentes. Ha habido 54 delincuentes abatidos y una sola víctima colateral. Han sido enfrentamientos en ciudades, con peatones, y esto demuestra el profesionalismo de nuestros policías. Como en toda profesión, así como el médico, el policía se fortalece en la práctica. La mejor universidad, lo digo yo como policía, es la calle. La mejor universidad, lo digo yo como policía, es la calle. Pero las calles no son como antes, ahora hay violencia ligada al narcotráfico. Claro, antes era la delincuencia común, hoy es crimen organizado. Pero en los 54 enfrentamientos no hemos tenido policías abatidos, nuestros agentes están bien preparados. Yo no programé los cursos de capacitación, pero sí comparto la idea de que Ecuador necesita más policías y no podemos esperar. Todo el peso de la crisis lo cargan a la Policía Nacional y eso es injusto; los policías se juegan la vida contra el crimen organizado, pero nadie dice nada de las decisiones de los jueces. Ya basta, ya estamos cansados de que dejen libres a los delincuentes que detenemos. Basta, ya estamos cansados de que dejen libres a los delincuentes que detenemos. Ecuador tiene la Constitución y el control de movilidad más débil de la región, no se puede pedir el pasado judicial y vaya a ver cuántos delincuentes son extranjeros. ¿Qué se ha hecho y qué hace falta para mejorar el trabajo de inteligencia? Se cuestiona que no ha dado resultados para prevenir coches bomba y el asesinato de un candidato presidencial. Ni siquiera tenemos una ley de inteligencia y, además, estamos enfrentando una situación nunca antes vista para la que nadie estaba preparado. Nuestra inteligencia está acomodándose a las modalidades actuales. Las 504 toneladas de

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Gobierno busca apoyo para combatir secuestros y trata de personas

En conmemoración al Día Mundial contra la Trata de Personas, el ministro del Interior, Juan Zapata, participó de una ceremonia de reconocimiento a la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de la Policía Nacional. La trata de personas es una economía criminal despiadada, que genera millones de dólares para las redes de la delincuencia organizada. La mayoría de víctimas son mujeres y niños vulnerables, quienes son explotados sexualmente, y obligados a trabajar en condiciones similares a la esclavitud. La perseverancia y compromiso de la Policía, han permitido desarticular redes de traficantes, liberar a víctimas inocentes y llevar a muchos culpables ante la justicia. En el marco de este reconocimiento, el ministro Zapata firmó un Memorando de Cooperación Interinstitucional con “Operation Underground Railroad”, cuyo fin es establecer mecanismos de colaboración, para el desarrollo conjunto de acciones, que permitan desarrollar estrategias de trabajo para enfrentar la trata de personas, en especial de niños y adolescentes en todo el país, así como brindar asistencia efectiva a las víctimas y la posibilidad de reinserción o reintegración. En lo que va del 2023, la Unidad Antisecuestros de la Policía ha resuelto seis casos, y ha recuperado a las víctimas con éxito.

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Ministro Zapata confirma que un policía aparece en el video de alias ‘Fito’

Primicias .- El ministro del Interior, Juan Zapata, reconoció que un agente policial aparece junto al líder de Los Choneros, alias ‘Fito’ en un video difundido desde la cárcel de Guayaquil. El hombre con rostro cubierto y un uniforme negro, que aparece junto a alias ‘Fito’ en un video grabado desde la cárcel regional en Guayaquil, es un agente de la Policía Nacional.   La confirmación llegó este 27 de julio desde el propio ministro del Interior, Juan Zapata, quien reconoció en Teleamazonas que están ‘investigando el hecho’.   “Tenemos que ser claros, nadie está autorizado a sentarse a conversar en una mesa”, dijo Zapata, en referencia a la posibilidad de que el agente policial haya servido como intermediario con el líder de Los Choneros, José Adolfo Macías, alias ‘Fito’.   Zapata se negó a dar más detalles, alegando que el Comandante general de la Policía, Fausto Salinas, maneja el caso y entregará información a los medios en otro momento. Pero el Ministro sí indicó que el agente está fuera de Guayaquil “por temas de seguridad”.   El video surgió en redes sociales horas después de la masacre carcelaria en la Penitenciaría del Litoral, que dejó 31 muertos.   Durante el clip, el líder de Los Choneros propone una presunta tregua con las otras bandas responsables de las matanzas, los Lobos y los Tiguerones.   Alias ‘Fito’ habló además de una supuesta ‘obligación moral’ de llegar a un acuerdo de paz, para terminar con las extorsiones, secuestros y muertes violentas en el país.   Tras el pedido del cabecilla, llegó la respuesta de Los Tiguerones, quienes en otro video desde la cárcel de Esmeraldas, aceptaron sumarse al pacto.

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Zapata anuncia 7,3 millones de municiones más para la Policía

Primicias .- El ministro del Interior, Juan Zapata, anunció en redes sociales la llegada de más municiones para el trabajo de la Policía Nacional. En total, afirma que ahora cuentan con 18 millones de municiones.   En medio de los cuestionamientos por la dificultad que ha tenido el Gobierno para demostrar una estrategia de seguridad efectiva, el ministro del Interior, Juan Zapata, anunció la llegada de nuevas municiones para la Policía Nacional.   Esta vez se trata de 7,3 millones de municiones, que suman un total de 18 millones en manos de los uniformados. Según Zapata, estas servirán para el plan de re-entrenamiento de los policías y para reforzar la seguridad ciudadana. El potenciamiento de la Policía, en talento humano y equipamiento, anunciado por el Ejecutivo también ha sido duramente criticado.   Por ejemplo, aunque recientemente se graduaron más de 8.000 agentes, sumando así 60.000 policías en el país, no se ha logrado concretar la compra de las ofrecidas armas, municiones y equipos, que llegan a cuentagotas.

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Caso Gabela: cinco exministros del gobierno de Rafael Correa investigados por la Fiscalía por presunto peculado en el tratamiento que se dio al tercer producto

El Universo .– La Fiscalía informó a la Corte Constitucional las acciones emprendidas alrededor de la contratación de una consultoría que hizo un Comité Interinstitucional. Cinco exministros que integraron el gabinete del expresidente Rafael Correa están siendo investigados por presunto peculado, por el tratamiento que se dio al denominado tercer producto, en la investigación del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, en el 2010. La Fiscalía General del Estado comunicó este 17 de julio de 2023 a la Corte Constitucional (CC) el cumplimiento que dio a una sentencia en la que ordenó la reconstrucción de este tercer informe, en el trámite de una acción extraordinaria de protección que presentaron Patricia Ochoa, viuda de Gabela, en conjunto con la Defensoría del Pueblo en el 2018. Ello, porque pese a una acción de acceso a la información pública que tramitaron años atrás, no pudieron acceder a la documentación completa de esa investigación.   Los jueces de la Corte, en un fallo de febrero pasado, concluyeron que se vulneró el derecho a la verdad de la familia de Gabela y decretó que se reconstruya este tercer producto y que la Fiscalía y la Contraloría General del Estado informen sobre las «medidas y sanciones» emprendidas hasta este 18 de julio.   Alegaron que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina «sanciones civiles, administrativas, penales para aquellos funcionarios estatales que oculten, alteren, pierdan o afecten a la información pública».   Según la Corte debe investigarse a aquellos exservidores que en su momento “estaban obligados al manejo de elaboración, recepción del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y a los funcionarios responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe”. De esta manera, la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar, remitió a la Corte Constitucional los resultados de esas medidas y acciones que tomaron por lo que sería la desaparición de este documento de los archivos del Estado.   Salazar informó que el 13 de marzo de 2023 abrió un expediente por el delito de peculado y que se encuentra en investigación en la Fiscalía de Fuero de Corte Nacional.   El expediente aglutina, por el momento, 2.968 fojas en 30 cuerpos y, como parte de la indagación previa, se han dispuesto 164 diligencias, entre ellas: 26 versiones receptadas, cuatro autorizaciones judiciales obtenidas, cuatro cadenas de custodia relacionadas con evidencia documental, digital y de audio y video, doce pericias dispuestas que incluyen las del sistema informático, 162 requerimientos a instituciones públicas, dos requerimientos a instituciones privadas y diez versiones por receptar. De acuerdo con este procedimiento, la Fiscalía reporta como presuntos involucrados a cinco personas que integraron el equipo de ministros de la gestión de Rafael Correa en el periodo del 2015. Entre ellos: Ledy Andrea Zúñiga Rocha, exministra de Justicia (actual candidata a asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana). César Navas Vera, exministro de Coordinación de Seguridad. Fernando Cordero Cueva, exministro de Coordinación de Seguridad y exministro de Defensa (expresidente de la Asamblea Nacional). José Ricardo Serrano Salgado, exministro del Interior (exasambleísta y expresidente de la Asamblea Nacional). Pedro Solines Chacón, exsecretario de Transparencia de Gestión (actual alcalde de Milagro). También se menciona a «funcionarios públicos que participaron de la contratación», aunque no se detalla sus identidades. Fernando Cordero (i) también fue exministro de Defensa y César Navas, exministro de Coordinación de Seguridad. (Foto: Cortesía. Tomada del Ministerio de Defensa) La investigación a estos exministros de Estado se da en un contexto en el que, en el 2012, el expresidente Correa constituyó un denominado Comité Interinstitucional que tenía como objetivo «conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de la señora Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte del señor Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana». Jorge Gabela, general y excomandante de la FAE, denunció en el 2008 la existencia de presuntos actos irregulares en la compra de siete helicópteros Dhruv que concretó el Ministerio de Defensa por $ 45 millones, a la empresa transnacional Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de los que cuatro se accidentaron y tres quedaron inoperativos.   Gabela fue asesinado en diciembre del 2010, luego que su hija fue víctima de una persecución en la que los delincuentes ingresaron a su casa en Guayaquil y en un aparente robo dispararon al general, que murió diez días después en el hospital Luis Vernaza.   La justicia procesó a cinco personas y concluyó que el asesinato de Gabela se debió a un delito común, pero Patricia Ochoa insistió al Gobierno de ese entonces que investigue, pues presume que el asesinato fue a causa de sus denuncias alrededor de la compra de los siete helicópteros.   Fue así que Correa integró este Comité en el que participaron un representante o delegados de las máximas autoridades del extinto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, quien lo presidía; el Ministerio de Coordinación de Seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, y, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.   Entre sus atribuciones, ese cuerpo colegiado podía recopilar información de cualquier naturaleza, entrevistar personas que pudieron tener conocimiento de los hechos denunciados; también acceder archivos y documentos, incluso aquellos que se encuentraban protegidos con el carácter de secreto, confidencial o reservados; y, también, practicar visitas, inspecciones, sesiones de trabajo, o cualquier otra actividad.   Para sus tareas podía contar «con peritos y expertos que les ayuden en el análisis técnico». Bajo esas atribuciones, el Ministerio de Justicia contrató, a través de la modalidad de consultoría, al perito argentino Roberto Meza Niella para que investigue los hechos que rodearon el crimen de Gabela.   La contratación se adjudicó por $ 78.000 y de ella se desprendieron tres productos. El primero contenía un cronograma de trabajo; en el segundo producto se había arribado a la hipótesis que el crimen se relacionaba con el crimen organizado por las denuncias de Gabela.   En ese segundo momento se había observado que el acto criminal se debía a un «acto ajeno a la delincuencia común» y se encontraron méritos en hechos relacionados con la actividad laboral de Gabela, por lo que se debía emitir un tercer informe sustentado con «recaudos probatorios que permitan determinar a

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Testigo ratifica las denuncias de diezmos en el Ministerio del Interior

Primicias.- En abril de 2023, Eufemia M. ratificó ante la Fiscalía que los empleados del Ministerio del Interior entregaban el 10% de sus salarios cuando José Serrano fue ministro. Confirmando así otra denuncia de Oswaldo Peralta.   La investigación por el supuesto cobro de diezmos en el Ministerio del Interior, entre 2011 y 2016, dio un giro inesperado en abril de 2023.   Una exfuncionaria que ocupó un importante cargo en ese ministerio, en Guayaquil, rindió su versión ante la Fiscalía, luego de varios años de silencio por miedo.   Eufemia M. confirmó ante la Fiscalía, en Quito, la denuncia que presentó en 2019 Oswaldo Rivadeneira, el exasesor jurídico del entonces ministro José Serrano.   El denunciante acusó al exministro de ser la cabeza de una red que exigía pagos del 10% de los salarios a los 500 empleados que entonces trabajaban en ese ministerio.   Según Rivadeneira, Serrano habría ordenado el cobro de contribuciones a sus subalternos, so pena de sufrir represalias, como despidos o amonestaciones.   La encargada de hacer cumplir la supuesta disposición y de recaudar los supuestos pagos habría sido María Fernanda Iglesias Morales, jefa del despacho del entonces ministro, a partir de 2014, según la denuncia.   En entrevista con PRIMICIAS, Eufemia M. dijo que Iglesias llegó al cargo con la consigna de pedir contribuciones económicas a los empleados. Los aportes eran depositados en la cuenta de ahorros de Iglesias: 12052054077, del Produbanco.   “Casi todos los meses, hasta 2017, yo entregaba USD 300 a Joel Villavicencio, chofer y hombre de extrema confianza de Serrano e Iglesias”. Eufemia M. Eufemia M. testificó que ella y el resto de sus colaboradores también fueron obligados a hacer otras contribuciones para marchas, contramarchas y mítines del movimiento político Alianza PAIS.   También hubo contribuciones, según la testigo, para pagos de traslado de policías, cumpleaños o despedidas de algunos jefes.   “Hubo meses en que no podía pagar y me acosaban con amenazas de destituirme o sancionarme. En una ocasión, Iglesias nos pidió a cada uno dar cuotas de USD 70 para comprarle una chaqueta de regalo de cumpleaños a Serrano”.   Serrano niega diezmos Al ser consultado por PRIMICIAS, el exministro José Serrano respondió que todo esto se trata de una “nueva cortina de humo”, con la que intentarán distraer al país en tiempo de elecciones.   “El proceso está en indagación previa, la Justicia y, en ella, la Fiscalía tienen toda la potestad para investigar lo que consideren pertinente. La denuncia fue presentada en 2018 (hace cinco años), como parte del tinglado para demonizar mi imagen y la del gobierno con el que servimos a nuestro país”, argumenta Serrano, quien actualmente vive en Estados Unidos.   PRIMICIAS buscó la versión de Iglesias, pero no pudimos ubicar su paradero.   En los registros públicos, Iglesias consta como funcionaria del Estado desde 2011 hasta 2016, en ese lapso fue asistente administrativa en la Asamblea Nacional, estuvo en el Ministerio de Turismo y en el de Justicia, para luego pasar al Ministerio del Interior. Siempre fue cercana a Revolución Ciudadana.   El testigo Por su parte, Oswaldo Rivadeneira estimó que, mientras estuvo en el Ministerio del Interior, entre 2013 y 2015, entregó más de USD 2.000 bajo el mecanismo de extorsión conocido como diezmos. Hizo los pagos en cuotas de entre USD 200 y USD 300.   Rivadeneira dejó el Gobierno en 2016. “Vi que empezaban a hacer operaciones de falsos positivos, que buscaban inculpar a inocentes, forjando y sembrando evidencias contra opositores o funcionarios incómodos”, dijo.   Según Rivadeneira, a él también quisieron involucrarlo en delitos, especialmente, después de que dejó el ministerio.   “Decidí distanciarme y me volví un problema. Luego me persiguieron y presentaron denuncias para que no pudiera conseguir trabajo; me amenazaban, las universidades donde daba clases me cerraron las puertas. Cuando llegué al Gobierno, en 2013, yo creía en un proyecto político”.   Años más tarde, Rivadeneira corroboró las denuncias del exoficial del Ejército, Diego Vallejo, hoy asilado en Estados Unidos.   Papeletas y chats Cuando formalizó su denuncia en Fiscalía, en 2019, Rivadeneira adjuntó varias papeletas de los depósitos realizados a la misma cuenta de Iglesias, así como chats.   Además, entregó la nómina de los funcionarios del Ministerio del Interior, para que las autoridades los llamaran de declarar y corroboraran sus denuncias y rindió su versión. Pasaron tres años sin que hubiera mayores avances en la investigación.   Pero en 2023, Rivadeneira dice que empezó a “recibir notificaciones de algunas diligencias que comenzaron a realizarse”. Una de las más importantes fue la versión de la exasesora Eufemia M.   Rivadeneira recibió una notificación, el 13 de junio de 2023, enviada por Jefferson Aquieta Tamayo, fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional 1   En esa comunicación le pidieron que compareciera el jueves 15 de junio, a las 09:00, a la Fiscalía para que entregara “el o los dispositivos electrónicos de su propiedad, que contengan información referente a los hechos que se investigan”.   Ese mismo día, Rivadeneira respondió por escrito al fiscal explicándole que, por el paso del tiempo (más de tres años), la información ya no estaba en su teléfono, sino archivada y protegida en su correo electrónico.   Y pidió que se explotara su correo para acceder a toda la información de respaldo y que la diligencia se realizara en Guayaquil, donde reside y ejerce como abogado.   El denunciante tiene previsto entregar chats y correos electrónicos que sostuvo con Iglesias mientras estaba en el Gobierno, que constituirían pruebas de un posible delito de concusión.   La evidencia deberá entrar luego en una cadena de custodia y ser sometida a un peritaje.   Como parte de la investigación, entre otras diligencias, la Fiscalía pidió los movimientos financieros de las cuentas de Rivadeneira, Eufemia M., Iglesias y Serrano.   Cuando se formalizó la denuncia, el exministro aseguró que en su cuenta de la Cooperativa de Ahorros de la Policía no aparecía ningún depósito ni pago de sus subalternos.   Y afirmó que no ha recibido un solo dólar de diezmos y que nunca se aprovechó de recursos o sueldos de sus excompañeros de trabajo.   En 2018, José Serrano fue destituido como presidente de la Asamblea, en un juicio político a raíz de una

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Policías recién graduados aún no tienen pistolas ni chalecos nuevos

Primicias .- Apenas el día que se graduaron los nuevos 8.500 agentes, la Policía Nacional lanzó los procesos para comprar armas, chalecos y cascos.   Una de las grandes promesas del gobierno de Guillermo Lasso, en el área de seguridad, es que para 2025 Ecuador tenga 80.000 policías. Al inicio de su período, en mayo de 2021, había 51.000 policías.   Para cumplir con su promesa, el Ejecutivo propició la formación acelerada de nuevos policías en cursos de seis meses de duración, en lugar de los dos años habituales.   El 6 y 9 de junio de 2023, en Rumiñahui y Guayaquil, se graduaron 8.500 nuevos agentes. Con este nuevo contingente, la entidad cuenta con más de 60.000 policías. Además, ya inició el reclutamiento de otros 5.000 agentes que se graduarán a finales de 2023.   Según la planificación del Gobierno, el objetivo es que la mayoría de estos nuevos uniformados refuercen las filas policiales en las zonas de mayor conflicto.   Por ejemplo, a Guayaquil se destinarán 1.290 nuevos policías. De ellos, 500 ya llegaron el 15 de junio de 2023.   Pero esa llegada dejó en evidencia un nuevo problema: que la Policía está creciendo en número, pero no infraestructura.   Los agentes dormirán en aulas de la Universidad Católica de Guayaquil, que se improvisarán como dormitorios con colchones inflables.   Sin equipo para nuevos policías Pero no solo la infraestructura para albergar a los nuevos 8.500 policías genera dudas.   El equipamiento para que puedan cumplir con su labor tampoco está disponible. Según el portal de Compras Públicas, la Policía todavía no ha concretado la compra del equipamiento para los nuevos uniformados.   Recién los días 8 y 9 de junio de 2023, justo cuando se graduaban los nuevos agentes, la Comandancia General lanzó tres procesos de contratación dirigidos a equipar a los recién graduados.     La formación de estos agentes empezó en octubre de 2022, pero recién el 17 de febrero de 2023 se iniciaron los trámites para comprar pistolas, cascos y chalecos antibalas.   Ese día, a través de una comunicación interna de la Policía, se dispuso la conformación de la comisión que elaboró los documentos preparatorios de los procesos.   Según la planificación establecida, las compras deben estar adjudicadas hasta el 19 y 20 de junio de 2023.   Hasta la tarde del 15 de junio, los procesos para cascos y armas estaban en la etapa de calificación de participantes, mientras que la compra de chalecos estaba en la apertura de ofertas.   La respuesta oficial PRIMICIAS consultó a Juan Zapata, ministro del Interior, y a Fausto Salinas, comandante General de la Policía Nacional, sobre los equipos con los que están trabajando estos policías mientras se concretan las compras.   Salinas no respondió.Mientras que Zapata, explicó que este desfase está cubierto, ya que actualmente la Policía posee “reservas en los rastrillos“.   Sin embargo, esa versión contradice la información que consta en los documentos oficiales que forman parte de los procesos contractuales.   En el caso de los cascos balísticos, el Departamento de Almacenamiento indicó -el 23 de mayo de 2023- que no existen estos elementos disponibles en las bodegas de la institución. Y el 19 de mayo de 2023 certificó que “no existen chalecos de protección balística ne las bodegas”.   Así mismo, el Armero de la institución certificó, sobre las armas cortas tipo pistola que se están comprando, que “no poseen en dotación en las diferentes zonas, subzonas y distritos a nivel nacional”.   Además, Zapata aclaró que los nuevos uniformados todavía no están en las calles. Esto porque, debido a que serán asignados a las zonas de conflicto, los agentes cumplen una capacitación intensiva sobre uso de armas cortas y largas que dura tres semanas.   La Policía compró 24 millones de municiones. De las cuales, cinco millones llegaron el 15 de junio de 2023 a Ecuador.   Zapata aseguró que la Policía ya ejecutó todo el presupuesto asignado para este año. Por lo que las compras para los nuevos policías salen de asignaciones adicionales. Incluso la institución solicitó que se aumente el techo presupuestario.

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