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Ecuador: julio 17, 2024

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El ultraderechista Milei impulsa por ley hasta seis años de cárcel para los promotores de protestas sociales

El País .- La medida forma parte de un proyecto de más de 600 artículos que otorga atribuciones legislativas al presidente en cuestiones económicas, fiscales, tarifarias y hasta electorales. El ultraderechista Javier Milei ha enviado este miércoles al Congreso un proyecto de ley que declara al país en “emergencia pública” e incluye 664 artículos que cambian de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. La ley ómnibus, como se llama por su extensión y variedad de temas, supone la transferencia al poder ejecutivo de amplias facultades legislativas en cuestiones económicas, financieras, previsionales, fiscales, sanitarias y hasta electorales. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias por el Congreso, incluye además un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social. Milei pretende que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación punible con hasta seis años de cárcel si impidiese el libre tránsito o la provisión de servicios públicos. El texto enviado al Congreso, la iniciativa política más contundente de Milei desde que asumió el poder en Argentina, a principios de mes, advierte de que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación en caso de merecer sanciones penales. El proyecto da forma de ley al protocolo antiprotestas que firmó hace dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al proyecto de ley remitido el miércoles se suman otras acciones previas que han elevado el descontento social durante las primeras tres semanas en la Casa Rosada. Primero, fue el decálogo de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien devaluó la moneda un 50% y anunció la eliminación de subsidios al transporte y la energía a partir de enero, entre otras medidas. Esta semana, el Gobierno también anuló los contratos de al menos 5.000 empleados estatales, tras la firma de un decreto con cientos de reformas que, según la lectura del Ejecutivo, no necesitaban pasar por el Congreso. En la lista de reformas que propone el proyecto legislativo, llamado con pompa “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, está la facultad del Ejecutivo para privatizar medio centenar de empresas públicas, el fin de las elecciones primarias de los partidos y una reestructuración de la Cámara de Diputados que facilita sumar parlamentarios a segundas y terceras fuerzas electorales, como es en este momento el partido de gobierno, La Libertad Avanza. La ley, de aprobarse, interviene sobre todo tipo de cuestiones. Las universidades públicas gratuitas, por ejemplo, podrán cobrar a los estudiantes extranjeros su formación; se promueve además un blanqueo a las grandes fortunas que llevan años evadiendo impuestos. La propuesta de Milei declara al país en situación de “emergencia pública” hasta el 31 de diciembre de 2025. Este plazo tan amplio, además, podrá prorrogarse otros dos años, con lo que abarcaría todo el mandato del presidente. Es esa situación de supuesta emergencia pública la que habilita al Gobierno para asumir competencias que corresponden al poder legislativo. La Constitución argentina impide esa transferencia de poderes “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Protestas sindicales La Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las principales centrales sindicales del país, se reunirán este jueves para evaluar los próximos pasos contra las reformas del ultraderechista. Sobre la mesa está la posibilidad de ir a huelga. Pero los sindicatos están “midiendo el termómetro”, según señalaron fuentes de organizaciones a este periódico, y definiendo sus estrategias con prudencia. Los sindicalistas consideran que tienen tres caminos para enfrentar las medidas del Gobierno: la justicia, el Congreso y las calles. En las últimas semanas, se reunieron con diputados y senadores; presentaron una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada por la justicia y el miércoles, salieron a las calles antes de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley con casi 700 artículos. La concentración, que reunió a más de 20.000 personas, según los organizadores, transcurrió sin incidentes hasta el mediodía. La CGT había pedido permiso para manifestarse, según aseguró el Gobierno, que celebró que la central pidiera autorización. La protesta estuvo contenida en los límites de la plaza Lavalle, en el centro de Buenos Aires, por un fuerte operativo que desplegó la ministra Bullrich. Fue inevitable, sin embargo, que los asistentes pisaran el pavimento por el tamaño de la convocatoria. Durante la desconcentración de la protesta hubo tensión entre un grupo pequeño de manifestantes con la Policía, que detuvo a al menos seis personas; además, un agente fue herido por un bus. Manifestación el miércoles en el centro de Buenos Aires.AMANDA COTRIM “¡Poné la fecha! ¡Poné la fecha!”, se escuchó durante la concentración. La exigencia estaba dirigida a las centrales obreras, a quienes los manifestantes les reclamaban que llamen a un paro general. Rodolfo Aguiar, secretario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, que integra la CTA, cree que es “un dato positivo” haber visto “la plaza desbordada” el miércoles. “El nivel de conflictividad crece y las condiciones para una huelga general están configuradas”, aseguró a EL PAÍS el sindicalista. Aguiar, sin embargo, pidió a los trabajadores “tener paciencia” sobre el llamado de huelga general. “Los trabajadores esperan que sus representantes sean capaces de unir fuerzas y esperamos que los dirigentes centrales estén a la altura de las circunstancias”, instó Aguiar, quien señaló que “el tiempo corre a favor de Milei” porque el decreto de necesidad de urgencia impuesto por el ultraderechista entra en vigor el viernes. El paquete de reformas puede ser frenado en el Congreso o en los tribunales, pero mientras eso no ocurra, las medidas serán leyes. Además, la ley ómnibus empezará a ser tratada por el Congreso en sesiones extraordinarias. Manifestantes en la plaza frente al Palacio de Justicia en Buenos Aires, el miércoles.AGUSTIN MARCARIAN (REUTERS) Para partidos y

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Los sindicatos argentinos protestan en la calle por el desmantelamiento del Estado decretado por Milei

El País .- Las principales centrales obreras del país convocan una concentración que acaba con al menos seis detenidos. El ultraderechista afirma que hará un plebiscito si la medida es rechazada por el Congreso Miles de personas convocadas por sindicatos y diferentes organizaciones han protestado este miércoles en el centro de Buenos Aires contra un decreto de necesidad y urgencia impuesto por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei para desmantelar el Estado argentino. La marcha ha aunado a las principales centrales obreras del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), que calcula una asistencia de 20.000 personas, y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina. La concentración se ha realizado en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad y ha transcurrido sin incidentes hasta la desconcentración, al mediodía, cuando la tensión entre los manifestantes y la policía ha crecido. Los diferentes sectores concentrados durante la mañana han apelado a la “unidad de los trabajadores” para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial hace una semana. El texto impone de una sola vez más de 300 reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”. “El DNU destroza nuestros derechos y lo hace, además, de forma antidemocrática”, ha señalado Juan Vita, integrante de la CTA, durante la concentración este miércoles. “Si este Gobierno, que fue elegido democráticamente, piensa que es necesario [el decreto], que lo lleve al Congreso”, ha demandado. El sindicalista ha explicado que esta manifestación es parte de “un plan en crecimiento”: “Iremos viendo en cada momento cómo seguir. No descartamos otras medidas”. Alrededor se alzaban más consignas que criticaban la forma y el fondo del decreto. “Sin derechos no hay democracia”, se leía en los carteles que alzaban los sindicatos. Los partidos y movimientos de izquierda, en otro sector de la plaza, pedían el fin del “plan motosierra” y acabar con “la represión a los que luchan”. Un grupo se trasladaba, cuando aún era posible moverse entre la masa, con la imagen de una virgen de Luján, patrona de Argentina, en los hombros. El movimiento feminista criticaba en redes sociales que el decreto es “una clara muestra de autoritarismo” y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaba que el paquete de modificaciones “viola la división de poderes”. Los decretos de necesidad y urgencia son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. El Gobierno se ha amparado en que la situación del país –con altos niveles de inflación y pobreza– es “muy complicada” y amerita esa medida, que es inédita en el país por su magnitud. Sin embargo, muchos sectores consideran que el presidente se arroga facultades legislativas al imponer centenares de reformas sin un debate en el Congreso y cuestionan la “necesidad y urgencia” de algunos puntos del paquete. El paquete de modificaciones entrará en vigor este viernes y el Congreso podrá rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las Cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto será válido; si no es tratado por alguna también. Mientras esto ocurre, otra vía para frenarlo es la judicial: ya se han interpuesto más de una decena de amparos, según la agencia de noticias Télam, y la CGT también presentó una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada este miércoles por la Justicia, según informan medios nacionales. La CGT ha reclamado este miércoles a la Justicia “que cumpla con la función de controlador del Poder Ejecutivo” y ha interpelado a Milei en un comunicado: “No se confunda, señor presidente. No somos la casta, somos los trabajadores”. En paralelo a la estrategia judicial, los sindicatos también han mantenido reuniones con diputados y senadores de la oposición para ampliar las posiciones contra el decreto en las Cámaras. Las organizaciones están “midiendo el termómetro”, según han señalado, y definiendo sus estrategias con prudencia. Ni la CGT ni la CTA han anunciado aún un paro general, una medida que está sobre la mesa y que exigen las organizaciones de izquierda. Para Guillermo Kane, legislador y dirigente del Partido Obrero, es “una mala señal” que las centrales sindicales no hayan convocado a una huelga de 24 horas. “Esta marcha es casi simbólica. Sin masividad ni calles cortadas. Necesitamos una acción de fondo”, ha exigido Kane. “La CGT, que no ha hecho un paro en cuatro años, no viene jugando un rol de defensa activa de los trabajadores”, ha señalado el legislador y ha demandado un “plan de lucha” acorde a la “gravedad” del decreto. Tensión en las calles Las primeras reacciones contra el DNU sonaron desde los balcones tras la lectura que hizo Milei de algunas de las medidas en cadena nacional hace una semana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Tras el receso de Navidad, se reanudaron las manifestaciones de repudio. Este martes, solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo dos concentraciones frente al Congreso donde se oyeron consignas como “¡Arriba los derechos, abajo el decretazo!”. Desde el Ejecutivo, sugieren que el objetivo de las movilizaciones es “desestabilizar” el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estrenó la semana pasada un protocolo para prohibir que las manifestaciones bloqueen calles y rutas, una de las formas más comunes de protesta en Argentina, y este miércoles volvió a desplegar un fuerte operativo para controlar los alrededores de Plaza Lavalle. La concentración ha transcurrido sin incidentes

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Milei anula por decreto más de 5.000 contratos de trabajadores estatales en Argentina

El País .- La medida afecta a los empleados que ingresaron en el último año. El texto avisa de que se revisarán también las contrataciones previas a 2023 mientras los sindicatos se preparan para concentrarse este miércoles contra el desguace del Estado El presidente argentino, Javier Milei, ha retomado su agenda para reducir al mínimo el Estado tras el receso de Navidad. En su tercera semana de Gobierno, el mandatario ultra ha firmado un decreto que cesa los contratos de trabajadores estatales que ingresaron en el último año. El Gobierno calcula que son “más de 5.000″ los afectados, mientras que otras fuentes, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estiman que la cifra supera los 7.000. El número podría crecer, ya que el Gobierno también revisará en los próximos 90 días los contratos de trabajadores del sector público empleados antes del 1 de enero de 2023, y los sindicatos están en alerta. El decreto publicado este martes en el Boletín Oficial establece que no se renovarán los contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del 1 de enero de 2023. La medida contempla algunas excepciones: por ejemplo, están exceptuados los trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como las personas con discapacidad, o el personal que es considerado “indispensable” para una jurisdicción. El texto también anticipa que el resto de los contratos será sometido a “un relevamiento exhaustivo” en los próximos 90 días. En su primer discurso como presidente, Milei ya había anticipado que el ajuste que promete su Gobierno lo pagará el Estado y no el sector privado. El recorte empezó por el Gabinete de Ministros, cuado el ultraderechista limitó el número de carteras a nueve, la mitad de los que había en la gestión anterior. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció como parte de las primeras medidas económicas la reducción de la plantilla estatal. El decreto publicado este martes es un paso más en la hoja de ruta del Gobierno y apunta a “lograr un mejor funcionamiento de la Administración pública”. El sector público argentino cuenta en total con casi 3,5 millones de empleados asalariados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, de los que una décima parte pertenecen a la Administración nacional. El gasto en personal de estos últimos representa el 2,2% del PIB, de acuerdo a un informe de la consultora Ieral – Fundación Mediterránea, un porcentaje que se ha reducido desde 2015, cuando era del 3,3% del PIB. Según ese análisis, la participación del empleo público en el presupuesto “está cerca de los países escandinavos y en las antípodas de Japón y Alemania”. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha calificado el decreto de “agresión” contra estos trabajadores y ha considerado en un comunicado que los empleados públicos “en todos los casos desempeñan tareas que son indispensables”. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, ha avisado Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en un comunicado difundido por la organización, en el que se avisa que el sindicato pretende “profundizar” su “plan de lucha”. El reclamo se hará oír este miércoles en una convocatoria hecha por las centrales sindicales del país para exigir también que se frene el decreto firmado por Milei hace una semana con 300 reformas para desguazar el Estado argentino. El presidente presentó el pasado miércoles otro decreto de necesidad y urgencia que deroga leyes, elimina decenas de regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas como la petrolera YPF y abre la puerta a las operaciones en dólares. También da el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. Los reclamos de los trabajadores, que consideran que el ajuste de Milei recae en los sectores más vulnerables de la población, se harán en un clima de tensión marcado por un nuevo protocolo contra los cortes de calles. El plan fue anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, casi en simultáneo a las medidas económicas y entró en práctica por primera vez el pasado 20 de diciembre, cuando decenas de miles de personas salieron a protestar rodeados de fuertes medidas de seguridad. Presión sobre el Congreso Milei también ha oficializado este martes el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, que se extenderá hasta el 31 de enero. El decreto publicado en el Boletín Oficial enumera en un anexo las iniciativas a tratar, como el proyecto de ley para reformar el Estado o el proyecto de ley para establecer la boleta única de papel en las elecciones nacionales, temas que no entraron en el decreto de necesidad y urgencia impuesto por Milei hace una semana y que serán enviados al Congreso de forma “inminente”, según el Gobierno. Para lograr la transformación del país que pretende, Milei necesitará negociar con otras fuerzas políticas. Aunque obtuvo el 56% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, está en minoría en las dos cámaras del Congreso: en Diputados, la ultraderecha tiene solo 38 bancas propias de un total de 257; en el Senado, ocho de 72. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha lanzado este martes un mensaje a los legisladores que tratarán el temario y ha puesto presión sobre las Cámaras. “Diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio y esta Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda”, ha dicho Adorni tras la reunión de Gabinete. El portavoz ha indicado que apela a su “buena voluntad” y a que “estén a la altura de las circunstancias”.

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Milei inicia el desguace del Estado argentino imponiendo 300 reformas en un solo decreto

El País .- El presidente ultraderechista deroga leyes sin pasar por el Congreso, elimina decenas de controles estatales y habilita la privatización de empresas Javier Milei ha iniciado formalmente el desguace del Estado argentino. Rodeado de sus ministros, el Presidente de ultraderecha presentó este miércoles un decreto que deroga leyes, elimina decenas de regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas como la petrolera YPF y abre la puerta a las operaciones en dólares. También da el puntapié inicial para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. Las nuevas normativas estarán vigentes al menos hasta que el decreto sea revisado por el Congreso, donde el oficialismo está en minoría. Para rechazarlo es necesario el voto negativo de ambas Cámaras. En un discurso leído de 15 minutos, Milei enumeró 30 de las cerca de 300 reformas que contiene el texto que se publicará en el boletín oficial. Entre ellas está la derogación de las leyes que obligaban a las empresas a garantizar el abastecimiento interno de alimentos y a los supermercados a señalizar los precios más bajos de algunos productos básicos. También elimina las normativas de promoción industrial en zonas desfavorecidas, la ley de alquileres que fijaba aumentos semestrales para los inquilinos y la legislación que impide la privatización de empresas públicas. Desde hoy, los clubes de fútbol podrán ser sociedades anónimas, los extranjeros no tendrán límites para comprar tierras y se podrán hacer operaciones en dólares sin impedimento alguno. El sistema de salud sufrirá también cambios importantes. Los seguros privados podrán fijar libremente los precios a partir de ahora, mientras que los seguros vinculados a los sindicatos (conocidos como obras sociales) tendrán un marco regulatorio más flexible. Además, se establece la receta médica electrónica con el objetivo de agilizar trámites y reducir costos. El decreto abre el protegido mercado argentino al mundo al eliminar muchas de las reglas que ponían trabas a las importaciones y a las exportaciones. La industria argentina, que ha gozado durante años de escasa competencia interna, será uno de los sectores más perjudicados, como ya ocurrió durante la década neoliberal de Carlos Menem (1989-1999). Milei inició su discurso, retransmitido por cadena nacional de radio y televisión en horario de máxima audiencia, con una larga diatriba contra los políticos —a los que tildó de ser una “casta” endiosada— y la izquierda, a la que volvió a acusar de provocar millones de muertos en todo el mundo. El ultraderechista enviará además al Congreso una serie de leyes con cambios que no pueden hacerse por decreto presidencial. “Los diputados deberán elegir entre ser parte del cambio u obstruir el proceso de reformas más ambicioso de los últimos 40 años para que Argentina vuelva a ser una potencia mundial”, amenazó. No esperará a marzo, cuando comienza el año legislativo, sino que convocará a sesiones extraordinarias. Uno de los caballitos de batalla de Milei es la desregulación del mercado laboral argentino, que mantiene normas muy beneficiosas para los trabajadores en blanco, el 30% del total. Varios Gobiernos han intentado reformar la legislación laboral y han fracasado, pero el nuevo presidente quiere volver a probarlo. El decreto ataca aquellos flancos de la normativa que no necesitan pasar por el Congreso, como el aumento del período de prueba antes de las nuevas contrataciones y mecanismos de indemnización alternativos a los actuales. Cacerolazos Milei llegó a la presidencia con el voto récord del 56% de los argentinos y usa ese respaldo para pedir a los legisladores que aprueben el cambio de rumbo “que la gente votó”. Pero gobierna en una sociedad muy polarizada y con sindicatos y organizaciones poderosas que están dispuestos a plantar cara en las calles a cualquier recorte de derechos. La primera manifestación tuvo lugar en la tarde de miércoles, cuando más de diez mil personas tomaron el centro de Buenos Aires en medio de un enorme despliegue policial para protestar contra el gran recorte del gasto público anunciado, de unos 20.000 millones de dólares. Horas después, tras escuchar la lectura del decreto presidencial, la protesta se reavivó entre la clase media urbana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas desde los balcones de Buenos Aires y de otras grandes ciudades del país. De a poco, los manifestantes se reunieron en las avenidas principales de cada barrio y cientos de ellos decidieron marchar juntos hasta las puertas del Congreso, donde muchos conductores tocaban la bocina en señal de apoyo. Este tipo de manifestaciones se popularizaron en 2001, cuando estalló la peor crisis económica y social de la historia reciente de Argentina. La oposición condenó con dureza un decreto que busca transformar de la noche a la mañana a Argentina en un estado liberal. Desde el peronismo, una de las voces más críticas fue la del gobernador bonaerense Axel Kicillof: “[Milei] se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir “democracia: ¡afuera!”, señaló. La izquierda pidió a los sindicatos que convoquen a una huelga general. El Congreso puede rechazar el decreto de necesidad y urgencia de Milei con el voto mayoritario en cada una de las cámaras. Si sólo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, al igual que si no es tratado por alguna. Mientras esto ocurre, las nuevas normativas tienen vigencia.

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Decenas de miles de argentinos protestan contra Milei rodeados de fuertes medidas de seguridad

El País .- Las calles del centro de Buenos Aires por donde discurría la marcha amanecieron blindadas, con especial énfasis en la Plaza de Mayo Decenas de miles de argentinos se manifestaron este miércoles por primera vez contra el Gobierno de Javier Milei y su duro recorte del gasto público en un clima de gran tensión. Buenos Aires amaneció con un enorme despliegue policial en los accesos a la ciudad y las estaciones de tren y este aumentó a medida que se acercaba el arranque previsto para la manifestación, las cuatro de la tarde. Los alrededores de Plaza de Mayo fueron blindados con antidisturbios con un objetivo claro: evitar el corte de calles y garantizar la libre circulación. Fracasaron en ese objetivo radical. La elevada participación hizo imposible que los manifestantes caminaran solo por la acera, como quería el Gobierno. Avanzaron con pancartas y bombos por todo lo ancho de las dos avenidas que desembocan en la plaza de Mayo, epicentro de la protesta, y el tránsito tuvo que ser desviado por las calles cercanas. “Unidad de los trabajadores”, cantaba la multitud, mientras algunos se acercaban al cordón policial para insultar a los antidisturbios y silbaban al paso de los furgones preparados por si había detenidos. La manifestación se celebró en un ambiente tenso, pero sin violencia. Hubo sólo dos detenidos en un enfrentamiento aislado, en medio de una gran marcha pacífica convocada por más de un centenar de organizaciones. La idea original era recordar, como todos los 20 de diciembre, a las víctimas de la violenta represión que marcó el final del Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Un total de 39 personas murieron y cerca de 500 resultaron heridas durante protestas multitudinarias. Sin embargo, la marcha se resignificó tras el recorte del gasto anunciado por Milei y se convirtió en la primera protesta contra su administración, a sólo diez días de haber asumido como presidente de Argentina. “Milei estafador. Prometiste ajustar a la casta política y ajustaste al pueblo”, podía leerse en una pancarta”. “Plata para educación, no para el FMI”, podía leerse en otra que levantaba Catalina, una maestra de la Matanza, la mayor ciudad de la periferia bonaerense. “La situación en las escuelas públicas es desesperada. Hay chicos que pasan hambre, a veces llegan al aula sin comer, y con Milei va a empeorar porque los precios de los alimentos se dispararon tras la devaluación”, augura esta docente. Alberto Fernández dejó el Gobierno con una inflación interanual del 160%, pero las estimaciones oficiales para 2024 son de cuatro cifras, récord mundial. El coto a los piquetes evidencia un giro de 180 grados en la respuesta estatal a una de las formas más comunes de protesta en Argentina, que consiste en bloquear calles y carreteras durante horas, a veces incluso días. En las últimas décadas, ha habido una gran tolerancia hacia estas manifestaciones y en algunas de ellas participaron incluso el propio Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los manifestantes ocuparon hoy algunas calles, pero no cortaron las principales arterias de circulación, un punto medio que dejó contentas a las dos partes. Tanto las organizaciones como el Gobierno consideraron un éxito la jornada. La actitud del Gobierno ultraderechista no ha sido una sorpresa. El control de la calle fue una de sus promesas de campaña y es la más popular, incluso entre aquellos que no están entre sus votantes. El 65% de la población está de acuerdo con que el Gobierno garantice la libre circulación, según una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires realizada la semana pasada. Por el contrario, más del 50% se opone a otras promesas como la dolarización, la privatización de la petrolera estatal YPF, la desregulación del precio de los alimentos y combustibles y la eliminación de los subsidios a la energía y el transporte público. Sin niños en la protesta En los últimos días, el Gobierno hizo todo lo posible por disuadir a los manifestantes. Pidió evitar la participación de niños “para no exponerlos al calor y la violencia” y amenazó con retirar las ayudas sociales a aquellos que cortasen la calle. La población más pobre quedó así atrapada entre dos extremos: las organizaciones sociales, que animaban a manifestarse, y el Gobierno, que advertía que no lo hiciesen y habilitó una línea telefónica para denunciar de forma anónima si los obligaban a asistir a la marcha. Según fuentes oficiales, más de 9.000 personas llamaron para denunciar amenazas de las organizaciones sociales. Muchos de los presentes este miércoles en la plaza se rebelaban contra el estereotipo de que son forzados a protestar. “Quería venir a la marcha porque no me alcanza para comer. Nos dicen vagos, planeros, pero yo trabajo más que nadie. Cobro un plan y trabajo en un comercio que me paga una miseria mientras la dueña vacaciona en Uruguay”, dice Fátima Flores, quien sostiene un bebé de un año en brazos, uno de los pocos niños presentes en una manifestación que muchos tenían miedo que terminase con graves enfrentamientos y represión policial. “El problema de este país no son las movilizaciones, el problema de este país es que Milei, de un día para el otro, nos sacó el 50% de nuestro poder adquisitivo con una devaluación”, señalaba horas antes Betina Sanchís, una jubilada septuagenaria en la estación de Once, muy controlada por policías durante todo el día. Esta mujer asegura que sufre insomnio por no saber si el año que viene tendrá techo o no. A día de hoy paga 40.000 pesos (50 dólares) por una habitación, un tercio de su jubilación, pero la decisión de Milei de recortar las pensiones le hace temer que tenga que abandonarla en cuestión de meses. Sanchís asegura que los argentinos están acostumbrados a las crisis y a salir de ellas, pero lamenta la creciente división que ve en la sociedad. “No me gusta nada todo esto. Es el pobre contra el pobre, en vez de unirnos. Va a terminar muy mal”, advierte.

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Milei amenaza con quitar las ayudas sociales a quienes corten la calle para protestar

El País .- La ministra de Capital Humano pide a las madres que no asistan con sus hijos a las protestas porque es “innecesario exponerlos al calor y a la violencia”. La izquierda denuncia al Gobierno ante la justicia La tensión va en aumento en Argentina en vísperas de la primera protesta convocada contra el Gobierno de Javier Milei. El plan de mano dura del presidente contra las manifestaciones se pondrá a prueba este miércoles, cuando organizaciones de izquierda marchen a la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires contra el recorte de 20.000 millones de dólares de gasto público y lo que consideran una “criminalización de la protesta”. Tras anunciar que las fuerzas de seguridad actuarán ante cualquier corte de calle “hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, el Gobierno ultraderechista redobló este lunes las amenazas: retirará toda ayuda social a quien corte una calle. Diputados opositores manifestaron que se trata de una medida inconstitucional y la denunciaron ante la Justicia. “El que corta no cobra”, advirtió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un breve mensaje difundido a través de las redes sociales del Ejecutivo. Sus palabras buscan amedrentar a la población más vulnerable, que depende de los planes sociales para sobrevivir, e inauguran una nueva diferencia según la clase social: cortar una calle en la Argentina presidida por Milei tendrá un riesgo más alto para los pobres que para los ricos. Los argentinos de bien a los que se dirige siempre Milei no cortan calles, parece decir entre líneas un mensaje que tiene memoria selectiva: durante la pandemia, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó y alentó protestas contra el largo confinamiento decretado por el Gobierno peronista y el escándalo del vacunatorio VIP que funcionó en el Ministerio de Salud. En su breve mensaje, Pettovello señaló que “si bien es un derecho manifestarse, también lo es el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”. La movilización está convocada por la tarde, cuando la mayoría de los argentinos regresa a sus hogares, pero, al margen del horario, la idea es mantener una política de tolerancia cero hacia los que incumplan el nuevo protocolo. Este obliga a manifestarse en la vereda en vez de marchar por la calle, como es habitual en Argentina. El Gobierno espera un aumento de la conflictividad social por el deterioro económico que provocará su plan de ajuste del 5% del PIB para 2024, equivalente a unos 20.000 millones de dólares. Se prevé más inflación, más hambre y más pobreza. Pero ya desde antes, las protestas en Buenos Aires eran casi cotidianas. Cualquiera que haya paseado por los alrededores del Obelisco, la Plaza de Mayo o frente a los ministerios (ahora secretarías) de Trabajo y Desarrollo es posible que encontrase alguna manifestación que obligaba a desviar el tránsito. Milei quiere que deje de ser así, al igual que muchos de los que lo votaron, y exige que los que protestan respeten el paso de los automóviles y las señales de tránsito. Sin embargo, las nuevas reglas serán todavía más difíciles de cumplir en el caso de movilizaciones multitudinarias, como la del 8 de marzo por el Día internacional de la mujer o la del 24 de ese mismo mes, cuando miles de personas se manifiestan contra la dictadura en el aniversario del último golpe de Estado. Organizaciones de derechos humanos advierten que el nuevo protocolo de seguridad ataca el derecho a la protesta y persigue la organización social y política. “Más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”, denuncia el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS). Más del 40% de pobres Desde que asumió la Presidencia, el 10 de diciembre, Milei ha reiterado que se mantendrá firme en su plan para transformar Argentina. “Se van a encontrar un presidente de convicciones inamovibles que utilizará todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita”, señaló en su discurso de investidura. La cabeza visible de la represión de las protestas será Bullrich, quien ya encabezó la cartera de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019. Su trabajo será más fácil cuanta menos gente participe en las marchas, por lo que el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en amenazas como la de este lunes. El 40,1% de la población argentina es pobre y uno de cada dos habitantes del país recibe algún tipo de asistencia estatal, ya sea de forma directa o a través de una organización, según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. El Gobierno de Milei eliminará esa intermediación para restar poder a las organizaciones. Hasta entonces, refuerza uno de los estereotipos más extendidos sobre los beneficiarios de ayudas: que son acarreados a la fuerza a las manifestaciones. De lo contrario, creen, no protestarían. “Nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan”, señaló la ministra. Para asegurarse de que es así, suspenderán el control de los certificados de presencialidad que presentan las organizaciones sociales, una decisión contraria a la exigencia de presencialidad plena para todos los empleados públicos. La ministra de Capital Humano usó el miedo para desalentar la participación de niños en las protestas. “Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar”, advirtió. Para el CELS, el Gobierno de Milei “criminaliza a madres y padres que demandan mejores condiciones para sus familias y excluye a quienes están a cargo de su cuidado”. Denuncias anónimas El mensaje de Pettovello se reprodujo en canales y redes sociales del Gobierno y, de forma abreviada, también en la aplicación oficial de Mi Argentina. “Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley vamos a cuidarte”, comienza la comunicación gubernamental en la app. Desde allí, el Ejecutivo anima a denunciar de forma anónima al 134 a cualquier persona a la que amenacen con retirarle la ayuda si

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Milei lanza un plan para reprimir las protestas: “Si se toman las calles, habrá consecuencias”

El País .- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta un nuevo protocolo contra los cortes de calles mientras aumenta la tensión por los recortes económicos anunciados esta semana Después de encender la motosierra en la economía, el Gobierno de Javier Milei ha anunciado su plan de mano dura contra las protestas en Argentina. La nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha anunciado este jueves un nuevo protocolo contra las manifestaciones callejeras. “Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz. Las calles no se toman. Que sepan que si se toman las calles, habrá consecuencias”, ha dicho Bullrich en conferencia de prensa. El anuncio ha sido un baldazo de agua fría en el país, que atraviesa una disparada de precios y una devaluación del 50% de la moneda en la primera semana de Gobierno del ultraderechista. El nuevo protocolo contra las manifestaciones tiene previsto convocar a las cuatro fuerzas de Seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad –la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria– para disolver protestas callejeras que bloqueen calles y rutas. “Se va a actuar hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, ha amenazado Bullrich. “Las fuerzas emplearán la fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”. La ministra y excandidata presidencial de la derecha tradicional que se alió a Milei tras su derrota, ha apelado a una de las quejas de sus votantes: la idea de que los cortes de calles generan un desorden que no deja que “la gente pueda vivir con normalidad y en paz”. “Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto”, ha dicho Bullrich. “Es hora de terminar con esta metodología, con la extorsión que sufren los ciudadanos”. Las fuerzas federales tendrán la potestad de arrestar a quienes “cometan delitos” durante las protestas, podrán actuar en el transporte público para incautar “material” de protestas “como palos” e indagar a “encapuchados” o a personas que se dirijan a protestas “intentando no ser reconocidas”. Bullrich ha afirmado que se creará un registro de organizaciones sociales –gremios, sindicatos y asociaciones– que “instiguen” las protestas y que “enviará la factura” de “los gastos” de la represión a los responsables. “El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones con personería o los individuos”, ha dicho la ministra, que también ha anunciado que se denunciará ante la agencia de Migraciones a los extranjeros radicados en el país con un permiso temporal que participen de las protestas. “Se pueden manifestar en la vereda. No queremos cortes de calles ni de rutas”, ha dicho la ministra. “Este no es un problema de ideologías, es un problema de entender de una vez por todas que el país debe vivir en paz y en orden”. El anuncio ha llegado mientras la temperatura sube en Buenos Aires por el plan de ajuste económico que presentó el ministerio de Economía este martes. El Gobierno subió el valor del dólar de 400 a 800 pesos, prometió no renovar los contratos de los empleados públicos que lleven menos de un año en sus puestos, y ha anunciado aumentos en las tarifas de servicios básicos y del transporte público. Los aumentos impulsados por el Gobierno no se conocerán hasta febrero, según dijo el ministro de Economía Luis Caputo, pero Argentina está acostumbrada a remarcar precios en la calle ante los sismos políticos. Esta semana los precios en los supermercados han subido hasta un 40% tras el fin del congelamiento de la canasta básica impulsado por el peronismo y el precio de los combustibles ha aumentado al menos un 30%. “Hemos encontrado a un paciente en terapia intensiva a punto de morirse. No estamos dispuestos a que se muera”, había defendido el miércoles el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, y los sindicatos y gremios respondieron con convocatorias urgentes para buscar respuestas. Los ojos están puestos en el próximo miércoles, en un nuevo aniversario de la crisis del corralito de 2001, cuando se espera que haya manifestaciones conmemorativas en Buenos Aires en recuerdo de la represión policial que dejó 38 muertos en las calles en medio de la peor crisis económica de la historia reciente del país. El fin de un paradigma “Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré”, afirmó Bullrich al final de la conferencia de prensa de este miércoles. Se refería a las reglas de actuación de la policía ante las protestas que fue impulsado en durante el Gobierno de Cristina Kirchner en 2011. El protocolo de Nilda Garré, entonces ministra de Seguridad, establecía algunas reglas básicas de actuación durante las manifestaciones, como que la intervención policial se desarrolle de manera “progresiva”, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta. El protocolo Garré estableció también la prohibición de portar armas de fuego a los agentes que pudieran entrar en contacto directo con los manifestantes, que las pistolas que disparan balas de goma solo podrían usarse “para fines defensivos”, que todos los agentes y sus vehículos deberían estar visiblemente identificados y que la policía debería garantizar la libre cobertura informativa de las protestas, sin impedir que los periodistas tomen testimonios y fotografías. Lo que implique la derogación de este protocolo todavía no está claro.

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La fiscalía boliviana pide 30 años de prisión para la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de 2019

El País .- La exmandataria, que ya cumple otra condena por el derrocamiento de Evo Morales, será juzgada como ciudadana ordinaria La fiscalía boliviana ha acusado formalmente a la expresidenta Jeanine Áñez, a tres de sus ministros y a decenas de jefes militares, entre ellos los excomandantes de las tres Fuerzas Armadas, por las masacres de Sacaba y Senkata, y pidió la máxima pena de 30 años de prisión para ella y todos los demás acusados. Estas masacres, en las que murieron 20 personas, ocurrieron en las regiones de Cochabamba y La Paz en noviembre de 2019, durante el Gobierno interino que Áñez dirigió tras el derrocamiento de Evo Morales. El fiscal general, Juan Lanchipa, afirmó en una rueda de prensa que Áñez ordenó la represión militar y policial de las protestas en contra de su Gobierno incumpliendo “los principios de necesidad, proporcionalidad, discriminación, racionalidad” que deben seguir las actuación del Estado ante una amenaza a la paz social. La acusación señala que se usó “armas y municiones de guerra, vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones en contra de manifestantes civiles desarmados”. Lanchipa explicó que la fiscalía tiene pruebas de que Áñez estuvo en contacto con el mando militar y policial en el mismo momento de las operaciones, por lo que presume que estuvo en control de las mismas. También han sido acusados, por el mismo cargo, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; Defensa, Luis Fernando López e Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y los militares con mando en la represión. En la nomenclatura judicial boliviana, este cargo es el de “genocidio”, que equivale a “masacre sangrienta” y se castiga con la máxima pena que admite el ordenamiento legal del país. Áñez, que se encuentra en prisión por otro caso, mandó a publicar en una red social que la acusan de genocidio como si fuera “Hitler, Hamás o las dictaduras que aplauden. Genocida es matar al pueblo de hambre y droga, intoxicación con mercurio o incendios, cercar ciudades, prohibir paso de oxígeno y alimentos”. También señaló que “no hay ni habrá justicia sin un juicio de responsabilidades ni sin Evo Morales ante el tribunal que corresponda y que determine la verdad. La venganza del MAS [Movimiento al Socialismo, el partido oficialista] es dictadura pura”. La acusación en contra de Áñez se tramita en dos tribunales ordinarios, es decir, no respeta su derecho a un juicio de responsabilidades en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y con autorización del Parlamento. Por esta razón, la expresidenta decidió no declarar ante la comisión de fiscales que preparó esta imputación y presentará su caso ante los organismos judiciales internacionales. Según el fiscal general Lanchipa, la elección de la vía ordinaria se justifica porque Áñez no siguió el “hilo de la sucesión constitucional”. Otro exministro de Áñez, Jerjes Justiniano, que se halla asilado en Estados Unidos, recordó que, en su momento, el fiscal reconoció a Áñez como presidenta del país. Jeanine Añez y su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en noviembre de 2019.JUAN KARITA (AP) La política, que entonces era la segunda vicepresidente del Senado, asumió de una manera controversial tras la renuncia del presidente Evo Morales y de sus sucesores naturales, en noviembre de 2019, y gobernó hasta las elecciones de noviembre de 2020, que fueron ganadas por el actual presidente de Bolivia, Luis Arce. De acuerdo a la Constitución, el enjuiciamiento de los ex primeros mandatarios por delitos cometidos durante el cumplimiento de sus funciones debe realizarse según un protocolo especial, ante el máximo tribunal y tiene que ser autorizado por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa. Como la parte acusadora, el MAS, carece de tal mayoría, ha eludido este obstáculo de dos maneras: primero, acusó a Áñez de delitos cometidos previamente a su asunción como presidenta, en el caso llamado “Golpe de Estado II”, que terminó con la condena de la expresidenta a 10 años de prisión, que ya está cumpliendo. Y, segundo, se valió de la autorización que, a principios de este año, el TSJ dio para procesar a Áñez de forma ordinaria incluso por hechos sucedidos en su gestión, después de que un juez fuera observado por aceptar una demanda de las víctimas de las masacres. Este juez basó su decisión en que la acusada no tenía “credencial de presidenta” y, por tanto, según él, no podía ser legalmente considerada tal. La defensa considera que estos procedimientos son ilegales y recuerda que incluso Luis García Meza, un dictador militar condenado en Bolivia, mereció un juicio de responsabilidades. También confía en que, en algún momento, las instancias internacionales exigirán al Estado boliviano la anulación de todos los procesos que se realicen en contra de su cliente. En abril, el ministro de Justicia, Iván Lima, justificó la autorización del TSJ al enjuiciamiento ordinario. “Ante la impostura y la actitud hipócrita de [los líderes de la oposición parlamentaria] Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, diciendo a los medios que se iba a dar dos tercios para una autorización congresal [del juicio], cosa que no han hecho en todo este tiempo y que han ido bloqueando sistemáticamente, no nos quedaba otra que buscar justicia para las víctimas [en la vía ordinaria]”, declaró entonces. El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, una población cercana a Cochabamba, una columna de cocaleros que intentaba llegar a esta última ciudad fue detenida por fuerzas combinadas de la policía y el ejército. Murieron diez campesinos y decenas fueron heridos de bala. El Gobierno aseguró que estaban armados y que se dispararon entre ellos. El 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron temporalmente el bloqueo vecinal de la planta de acopio de gas y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar camiones cisterna con gasolina a la ciudad colindante, La Paz, que carecía de combustible. En respuesta, los manifestantes derribaron el muro exterior de la planta. Diez vecinos murieron por disparos de armas de fuego. El Gobierno de entonces los acusó de intentar destruir y volar las instalaciones. Áñez declaró poco después que “se puso en

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Las protestas se reactivan en Perú para exigir la renuncia de Dina Boluarte y un adelanto electoral

El País .- La Defensoría del Pueblo calcula que se produjeron marchas en 58 provincias. La movilización de Lima llega por primera vez hasta el Congreso, pero sin el apoyo mayoritario de los capitalinos.   Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte se reactivaron este miércoles en Perú con epicentro en Lima y ecos en buena parte del país. Según la Defensoría del Pueblo, hubo marchas en 59 provincias y bloqueos de carreteras en 64, lo que representa el 32.7% de los territorios a escala nacional. Sin embargo, el Ministerio del Interior reportó hasta las primeras horas de la tarde 21.000 personas movilizadas en todo el Perú y no más de 1.500 en la capital. Las cifras oficiales contrastaban con el enorme despliegue de seguridad y con las movilizaciones que se vieron en las calles de la capital, demandando la dimisión de la presidenta y un adelanto electoral. Cuatro meses después de una larga oleada de protestas que convulsionó Perú entre diciembre y marzo los manifestantes aprovecharon, en esta ocasión, para transmitir el descontento también con ingenio.   En Plaza San Martín, uno de los lugares de concentración de la denominada tercera toma de Lima, resaltaba este miércoles una Barbie de carne y hueso que jamás se le hubiese ocurrido a la firma estadounidense Mattel: en la víspera del estreno mundial de la película sobre la icónica muñeca, una cosplayer personificó a una “Barbie dictadora”, en una alusión a la represión de las protestas por parte del Ejecutivo de Dina Boluarte, que en diciembre relevó a Pedro Castillo tras su intento fallido de golpe. Alumnos de la Escuela de Bellas Artes diseñaron una caja de dos metros de cartulina rosada con tres anotaciones: “Certificado de impunidad”, marca “Maten” e “incluye balas dum-dum y lacrimógenas”. Esta última anotación hacía referencia a una afirmación de Boluarte sobre los dieciocho civiles muertos en la ciudad de Juliaca en enero pasado. Según aseguró la mandataria, fallecieron tras recibir disparos de “un arma artesanal denominada dum-dum” cuyo uso fue atribuido por las autoridades a fuerzas paramilitares bolivianas. Esta tesis nunca fue demostrada. El empaque gigante se hizo con la intención de que cada ciudadano ingresara en el transcurso de la marcha. Pero en algún momento, una mujer, de gafas en forma de corazón y una cinta presidencial sostuvo dentro una pistola de juguete y la foto inundó las redes sociales.Un manifestante posa adentro de una versión enorme y satírica de una caja de la muñeca Barbie, este miércoles en Lima.MUSUK NOLTE   La concentración arrancó a las cuatro de la tarde en la Plaza Dos de Mayo. El grueso de la manifestación estuvo conformado por peruanos de las regiones -principalmente las de la sierra sur- que padecieron una odisea para llegar el miércoles al Centro Histórico. La delegación aymara de Puno, por ejemplo, enfrentó cuatro intervenciones policiales hasta su llegada a Lima. El Ejecutivo dispuso un control exhaustivo de todos los vehículos que tenían como destino la capital. También hubo presencia de estudiantes universitarios, sindicatos de trabajadores, colectivos feministas y LGTBI, hermandades religiosas e incluso asociaciones de jubilados y adultos mayores.   Las banderas de lucha, como en otras ocasiones, no eran las mismas, aunque todas coincidían en la salida de Dina Boluarte del poder y el adelanto de elecciones generales, un escenario que la presidenta descartó de plano el pasado mes de junio. La demanda que más divisiones y entredichos genera es la que exige la liberación del expresidente Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo con dos sentencias de prisión preventiva. Una por ser el presunto líder de una organización criminal y la otra por rebelión tras su intento de autogolpe en diciembre pasado. “El pueblo dejó solo a Castillo, un cholo como nosotros”, dijo varias veces un dirigente con un parlante que se escuchó en la Plaza Dos de Mayo. En ese espacio donde se colocaron dos ataúdes de cartón con los nombres de los 49 civiles fallecidos a causa de la represión de las fuerzas del orden.   Una mujer confronta a los policías desplegados para contener la manifestación, el 19 de julio en el centro de Lima.MUSUK NOLTE Incluso un colectivo de la región de Tacna, en el sur, exigía la libertad de Betssy Chávez, presidenta del último Consejo de Ministros de Castillo, que también se encuentra tras las rejas tras dictársele 18 meses de prisión preventiva el mes pasado por ser considerada coautora del autogolpe del maestro rural. Lo cierto es que hubo quienes salieron a las calles a sabiendas de que marcharían al lado de consignas que no son las suyas. Pero no fueron la mayoría esperada.   A diferencia de las movilizaciones del primer trimestre de Boluarte, esta vez los efectivos policiales permitieron que los civiles llegaran hasta el Congreso de la República, en la avenida Abancay, poco después de las seis de la tarde. No obstante, después de ello reforzaron el cordón policial y comenzaron a lanzar una andanada de bombas lacrimógenas hasta hacer retroceder a la multitud. Se registraron ocho heridos, seis civiles y dos policías, entre ellos una fotógrafa independiente, según la Defensoría del Pueblo.   En el interior del país lo más destacado de la jornada fue el enfrentamiento entre los agentes y los civiles en la Plaza de Armas de Huancavelica, en el centro del país, así como la quema de un ataúd de cartón delante de la Prefectura de dicha región de la sierra peruana y la toma de la Universidad Nacional de Cajamarca por parte del alumnado. Así concluye el primer día de un nuevo capítulo de convulsión social en el Perú. Miles de manifestantes marchan hacia el Congreso y el Palacio de Gobierno, en el centro de Lima.MUSUK NOLTE

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Las protestas mantienen el pulso al Gobierno de Perú en las calles de Lima

Continúa por segundo día consecutivo la movilización en la capital. En la región de Puno se vivieron de nuevo escenas de represión con un fallecido y heridos por armas de fuego   Por segundo día consecutivo, Lima fue el epicentro de las protestas en Perú. Una multitud de manifestantes permaneció este viernes en las calles de la capital, tratando de mantener el pulso tras haber llegado desde tan lejos. Ciudadanos de las distintas regiones del país, principalmente de la sierra sur, se han congregado en la ciudad en su intento más extremo por hacerse escuchar. Los discursos de la presidenta, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, tras el primer día de la gran movilización enervaron nuevamente a los convocantes, pues los acusaron de no tener ninguna agenda social y de solo incitar el caos para tomar el poder.   La plaza de San Martín, habitual lugar de concentración de las marchas, en el centro histórico de Lima, amaneció cercada e inundada. Durante 16 horas, 50 unidades y 250 bomberos lucharon para apagar las llamas que consumieron una vieja casona aledaña. Quedaron solo escombros del edificio Marcionelli, sede del Consulado General de Suiza en los años cuarenta. El desastre, que finalmente dispersó a la marcha, generó una polémica encarnizada: ¿quién provocó el incendio? ¿Los manifestantes o la Policía? Los hechos son materia de investigación, aunque existen varios testimonios de vecinos que aseguran que se trató de una bomba lacrimógena. El ministro del Interior, Vicente Romero, desestimó esta versión: “Es totalmente falso. No produce quemaduras ni incendios. Solo emana gases”.   En el punto más álgido del conflicto, que se originó el pasado 7 de diciembre tras el intento fallido de autogolpe de Pedro Castillo, no hay visos de las autoridades ni de los medios de comunicación por desescalar la violencia. A diferencia del primer día, este viernes la mayoría de los protestantes se dirigió hacia el centro de Lima en lugar de esparcirse por otros distritos. Se concentró en la plaza Bolognesi y en el Parque Universitario. A sabiendas de que el objetivo de la ciudadanía era dirigirse hacia el Congreso, la Policía redobló su despliegue y formó un cordón inexpugnable en la avenida Abancay, que quedó sumida en el humo tóxico de las bombas lacrimógenas durante varios pasajes de la tarde y la noche. Otra vez, la protesta no logró su meta. Según la Defensoría del Pueblo, se registraron una treintena de heridos.   En las regiones, el distrito de Ilave, en Puno, fue el más afectado. Un hombre de 62 años, Isidro Arcata Mamani, falleció tras ser alcanzado por una bala que le destrozó el fémur izquierdo, y cinco ciudadanos resultaron gravemente heridos durante un enfrentamiento con los agentes de las fuerzas de seguridad, dos de ellos por armas de fuego. Se trata de José Hernani Lima, de 46 años, y Edgar Mamani Maron, de 39. Ambos fueron alcanzados en la zona abdominal. Su pronóstico es reservado. Se han viralizado escenas de los disparos de parte de los agentes a quemarropa. En Puno, además, fue incendiada una comisaría rural en el distrito de Zepita. Y, en Espinar, en la provincia del Cusco, la compañía minera Antapaccay fue saqueada.   Al cerrar la jornada, siete ministros de Estado ofrecieron una conferencia de prensa. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, sostuvo que le produce “dolor contar pacientes lesionados todos los días” e hizo un llamamiento a “cuidar a nuestros hijos y darle paz a nuestro país”. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, informó de que este viernes se detuvo a siete manifestantes y que el número de arrestos asciende a 378 desde que el inicio del conflicto. El panorama para los próximos días es, por el momento, el mismo: una multitud que no piensa claudicar en sus exigencias y un Gobierno que ha optado por atrincherarse en el poder frente a las protestas.   Fuente: El País

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La crisis en Perú: las protestas se intensifican, el Gobierno se atrinchera

La manifestación en Lima acaba con numerosos enfrentamientos y un espectacular incendio. La mayor represión sigue en las provincias del interior, donde murió otro joven, el número 55 desde que empezó la crisis Al día siguiente de su aniversario, Lima amaneció con tanques y un contingente de 11.800 policías desplazándose por su centro histórico. Las fuerzas del orden tenían la misión de aminorar el impacto de la denominada Gran Marcha de los Cuatro Suyos que reunió a diversas organizaciones civiles de la sierra sur del país. Por primera vez desde que en diciembre estalló la convulsión social, se iba a producir una movilización multitudinaria desde las regiones hacia la capital. Y el Gobierno estaba preparado para ello. La presidenta Dina Boluarte, en un discurso a la nación por la noche, aseguró que el Gobierno se mantenía “firme” y criticó a los manifestantes: “Quieren generar caos para tomar el poder”.   Existía la gran incógnita de si los limeños se sumarían en masa, y ello sucedió hasta cierto punto. En la antesala, los estudiantes de las principales universidades públicas de la capital, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), le habían tendido la mano a los manifestantes, con refugio y donaciones. Algunos, con la venia de sus autoridades, como la UNI; y otros, en contra de ellas, como en el caso de San Marcos, donde tomaron su campus por la fuerza. Ambas entidades fueron cercadas por los agentes policiales por la mañana, pero no se produjo ningún enfrentamiento.   Enfrentamiento entre manifestantes con las fuerzas de seguridad frente al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, en Arequipa.EUROPA PRESS La esperada marcha se convocó para las cuatro de la tarde en diversos puntos de la capital, ocasionando una desorganización que se extendió a lo largo de la jornada y que acabaría por pasarles la factura. La protesta no alcanzó su objetivo: no llegó al palacio de Gobierno ni tampoco al Congreso. Por la tarde se produjo una gran represión en Abancay, una avenida estratégica que conduce hasta la sede del Poder Legislativo. No hubo víctimas, pero sí algunos heridos. Hasta donde se sabe, ninguno por arma de fuego. A diferencia de las regiones de la sierra sur, en la capital la policía no empleó armas letales. Claramente, el tratamiento para “controlar” las movilizaciones no fue el mismo de anteriores ocasiones.   Poco antes de las ocho, la plaza San Martín del centro de Lima parecía un marco favorable para la protesta. La gente continuaba llegando en gran número. Y por fin se había envalentonado para dirigirse hacia el Congreso. Fue en ese preciso instante cuando una vieja casona de una de las esquinas de la plaza comenzó a arder. En medio de la confusión, la policía recuperó terreno, cercando otra vez la plaza. A medida que el fuego consumía el inmueble, se consumió la marcha. Y los manifestantes acabaron por dispersarse. Se necesitaron más de cinco autobombas y tres cisternas de agua para controlar el incendio. Un grupo de vecinas, que no se identificaron, señalaron que el siniestro fue provocado por una bomba lacrimógena que cayó en la azotea, aunque el Gobierno lo negó más tarde.   Mientras las llamas del edificio teñían de rojo el cielo de la capital peruana, la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación, donde lejos de empatizar con un gran grupo de la ciudadanía que marchó en las calles, satanizó la protesta al remarcar que se trata de “unos malos ciudadanos que buscan quebrar el Estado de derecho, generar caos, desorden y tomar el poder”. Aseguró que “el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”. Incendio en un edificio de Lima durante las protestas del jueves.MARTIN MEJIA (AP) Mientras eso sucedía en Lima, en Juliaca fallecía un ciudadano que había quedado gravemente herido la noche anterior por el impacto de un arma de fuego. Se trataba de la segunda víctima de Macusani, provincia de Carabaya, donde un grupo de pobladores incendió una comisaría y la sede del Poder Judicial en la noche del miércoles. Pero no fue el único incidente en la región que colinda con Bolivia. Nuevamente, los juliaqueños intentaron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac y fueron repelidos por la policía. El resultado: siete civiles y dos agentes heridos.   En Arequipa, la convulsión sumó la víctima 55 del conflicto. Jhancarlo Condori Arcana, un hombre de 30 años que recibió una herida letal en el abdomen. En la Ciudad Blanca los manifestantes también trataron de ingresar por la fuerza al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, pero no lo consiguieron. El Ejecutivo declaró a las regiones de Amazonas, La Libertad y Tacna en estado de emergencia durante 30 días. Después de esta primera gran marcha en la capital, los manifestantes se mantendrán en las calles.   Un manifestante antigubernamental era detenido en Lima el jueves.MARTÍN MEJÍA (AP) Fuente: El País

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Las protestas contra la presidenta de Perú llegan a Lima con la convocatoria de una gran marcha

Grupos de estudiantes acogen en los campus a los manifestantes llegados de las regiones mientras el Gobierno blinda la capital ante la movilización de este jueves. El estallido social ha dejado más de 50 muertos En el día de su aniversario, Lima, la capital que a menudo vive al margen de lo que sucede en el resto del país, recibió a miles de peruanos que reclaman ser escuchados. La llegada, a lo largo del miércoles, no fue sencilla: en los últimos días, la Policía reforzó sus controles en las carreteras, impidiendo el paso a los manifestantes que procedían de diversas regiones, principalmente de la sierra. El propósito: debilitar la protesta que se ha fijado para este jueves bautizada como Gran Marcha de los Cuatro Suyos, en alusión a la movilización social que acabó con el régimen de Alberto Fujimori a inicios de la década de los 2000. Las fuerzas del orden intentaron cercar la capital, fundada como Ciudad de los Reyes en enero de 1535. “Sabemos que quieren tomar Lima. Yo los llamo a tomar Lima, pero en paz y en calma”, dijo en la víspera la presidenta, Dina Boluarte, en esta ocasión con un tono conciliador después de su último mensaje a la nación, en el que tildó de “azuzadores” y “violentistas” a los ciudadanos del sur del país que desde hace más de cuarenta días piden su salida de Palacio. La crisis se originó el pasado 7 de diciembre cuando el exmandatario Pedro Castillo intentó dar un autogolpe con la disolución del Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas de Perú. Personas cuelgan pancartas afuera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), este miércoles en Lima.PAOLO AGUILAR (EFE) Desde la madrugada del miércoles, un grupo numeroso de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupó el campus universitario con una finalidad: albergar a las delegaciones de manifestantes, provenientes del interior del país. “Ya van más de 50 muertos. Esta es una campaña de amedrentamiento contra el pueblo. Nosotros no podemos permanecer indiferentes y tenemos que solidarizarnos con nuestros compañeros de lucha”, afirma un estudiante de la facultad de Derecho. La casa de estudios se ha convertido, pese a las advertencias de la rectora, Jeri Ramón Ruffner, en el refugio transitorio de ayacuchanos, cusqueños, apurimeños y puneños, precisamente los más golpeados por la represión policial. En la otra orilla se encuentra el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Pablo Alfonso López-Chau, quien les dio la bienvenida a los protestantes, cediéndoles el campus para tener dónde pasar la noche antes de la marcha. “Les pido que se organicen y cuiden la seguridad. Esta es su casa, cuiden su casa. Eviten infiltrados”, señaló. También se han sumado grupos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por la mañana, la presidenta Dina Boluarte, acompañada del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participaron de la misa y el Te Deum por el aniversario 488 de la capital. Por la tarde, el Perú se volvió a teñir de sangre: en Macusani, capital de la provincia de Carabaya, en Puno, falleció una mujer de 35 años por un proyectil de arma de fuego. Y un hombre de 30 años resultó gravemente herido, también por arma de fuego, y se encuentra con pronóstico reservado. Este hecho desató la ira de la población y por la noche unos manifestantes le prendieron fuego a la comisaría y a la sede local del Poder Judicial. Además, se sumaron dos víctimas por los bloqueos de carreteras, en la región La Libertad: un bebé prematuro de 28 semanas y una mujer de 51 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio y no tuvo atención médica. Un hombre camina entre personas dormidas. Son manifestantes que vinieron a Lima desde distintas partes de Perú para manifestarse.ERNESTO BENAVIDES (AFP) Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión ordinaria para evaluar la situación del Perú desde Washington. Luz Elena Baños, representante de México, expresó su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza pública” mientras que Alejandra Solano, su par de Costa Rica, instó “al respeto de los derechos humanos”. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, opinó: “El derecho a la protesta pacífica debe respetarse; el derecho a que el Estado proteja el orden también”. En tanto, Paul Duclos, director general para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería de Perú, alcanzó a decir que “se ha establecido una Comisión Multisectorial para atender a los deudos de las personas fallecidas”. Hasta la fecha, han fallecido 53 personas por el conflicto que inició el 7 de diciembre luego del autogolpe de Pedro Castillo: 42 de ellos por enfrentamientos contra las fuerzas del orden, diez a causa del bloqueo de carreteras y un policía. Además, según la Defensoría del Pueblo, se registran 722 manifestantes heridos y 442 agentes policiales lesionados. Para este jueves se espera la movilización más grande de los últimos tiempos en Lima. Fuente: El País

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Maduro se enfrenta a un nuevo pico de protestas por los bajos sueldos en Venezuela

Miles de trabajadores toman las calles de varias ciudades del país y convocan nuevas movilizaciones por la pérdida de poder adquisitivo. Algunas corrientes aliadas del chavismo participan en las marchas   2023 no comenzó para Nicolás Maduro con las buenas expectativas de 2022. Hace un año se vislumbraba el fin de la hiperinflación y un repunte de la producción petrolera. Hoy la sombra hiperinflacionaria ha vuelto a aparecer y la meta de llegar a un millón de barriles diarios, muy por debajo incluso de lo que alguna vez produjo Venezuela, se quedó entre los asuntos pendientes. En la conversación cotidiana el aumento de precios genera preocupación entre los venezolanos y asombro entre los que volvieron para pasar las fiestas con sus familias después de haber emigrado del que ahora es uno de los países más caros de la región. Enero comenzó con una oleada de manifestaciones de sectores de la administración estatal por los sueldos y la crisis económica.   Venezuela cerró el año 2022, de acuerdo a cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, con una inflación anualizada de 305,7%, la más alta de la región y del mundo, mientras el bolívar se devaluó un 73% frente al dólar que ya domina casi toda la economía, aunque de manera informal. El salario mínimo fue fijado en marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales (que equivalen hoy a unos siete dólares), por lo que se necesitan más de 50 sueldos mínimos para cubrir la canasta alimentaria que está cerca de los 400 dólares. Esto es lo que perciben gran parte de los trabajadores públicos y más 5,3 millones de pensionistas y jubilados.   “Nos han dado un golpe en el bolsillo y en el estómago. Tiene que haber un salario mínimo, una pensión y un sueldo que rescate el poder adquisitivo de la masa laboral. Solo así entendemos que puede haber una recuperación económica”, dice con preocupación Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, que a los 76 años, después de dedicar su vida a la administración pública, no tiene cómo costear los exámenes para operarse una catarata que ha aparecido en uno de sus ojos.   Desde el pasado lunes, miles de trabajadores, profesionales, obreros y técnicos, vinculados al magisterio, al sector salud, a los sectores siderúrgicos y metalmecánico, a la administración pública, a las universidades autónomas y también los pensionistas y jubilados se han manifestado simultáneamente en todo el país para demandar la dolarización de sus ingresos y el adecentamiento de sus condiciones de trabajo. La respuesta de los agremiados a las convocatorias ha sorprendido a sus propios organizadores, en un momento político particularmente indiferente luego del debilitamiento de la presión opositora. Para este lunes está convocada una nueva jornada nacional de movilización, y otra una más ambiciosa para el 23 de enero, una fecha de enorme valor simbólico en la política venezolana, en la cual quedó derrocada la última dictadura militar en Venezuela en 1958 para ser instaurado un régimen democrático y consultivo en el país. Fecha que el chavismo también celebra y reivindica como propia.   “En manifestaciones de protesta donde antes acudían unas 50 personas como mucho, ahora se están presentando hasta 900″, afirma Víctor Márquez, dirigente gremial y miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. “El magisterio se ha incorporado a las protestas, así como el sector de la salud, que antes solo convocaban las universidades. Ha carburado un malestar que existe y se ha generalizado”.   El ingreso mensual de los maestros está entre los 20 y 24 dólares. El regreso a clases este enero ha estado marcado por las protestas e inasistencia de los docentes. Hace unos días un enfurecido grupo de manifestantes salió de la Universidad Central de Venezuela y bloqueó la principal autopista de Caracas exigiendo salarios dignos. Algunos sectores de la izquierda, tradicionales aliados del chavismo, como el Partido Comunista de Venezuela, están convocando y participando en las protestas, que hasta el momento han sido pacíficas.   El economista José Guerra destaca que durante 2022, incluso con las sanciones, el Gobierno duplicó sus ingresos por el aumento del precio del petróleo tras la guerra de Rusia en Ucrania y un leve aumento de la producción petrolera hasta unos 700.000 barriles diarios, luego de llegar a sus mínimos históricos en 2021. Aun así, Maduro maniobra con una economía que no termina de despuntar y que ha experimentado una recuperación artificial, especialmente en el sector comercial, apalancado de las importaciones, que tiene poca tracción hacia el resto.   La recuperación petrolera tiene una ventana de oportunidad con las licencias otorgadas por Estados Unidos a Chevron y una posible apertura de licencias a otras compañías, pero que tendrán que revertir años de desinversión, corrupción y malos manejos de la industria. “Está claro que el país no se ha curado de la hiperinflación. Tener una inflación por encima del 25% durante tres meses seguidos te pone en ese camino de nuevo. Y eso que no ha habido un aumento salarial todavía. Lo que está haciendo el Gobierno es un ajuste fiscal muy sesgado en contra del trabajador”.   La molestia en los sectores laborales del país por sus ínfimos ingresos llevaron a una serie de desencuentros en los últimos meses. El chavismo ha sustituido el salario por pequeñas bonificaciones unilaterales que asigna a través del carnet de la patria, como la que este domingo recibieron los docentes por el Día del Maestro en la víspera de la gran protesta convocada para este lunes. Los desacuerdos con el denominado “instructivo Onapre”, que colocaba límites a los aumentos salariales, en julio del año pasado, irritaron más a la dirigencia sindical del sector público, que argumenta que el Ejecutivo viola convenciones colectivas. Seis dirigentes sindicales permanecen detenidos luego de las protestas de entonces, acusados de conspiración y asociación para delinquir.   El propio Nicolás Maduro se ha disculpado con los trabajadores y ha declarado que la masa laboral del país debe comprender “los efectos del bloqueo y la guerra económica

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La polémica por los indultos en Chile fuerza la dimisión de la ministra de Justicia y del jefe de Gabinete de Boric

La oposición exigía la renuncia de Marcela Ríos, quien llevaba solo 10 meses en el cargo, después de que el presidente Boric concediera en diciembre el perdón a 13 personas   Marcela Ríos, la ministra de Justicia de Chile, ha abandonado el Gabinete de Gabriel Boric la tarde de este sábado. La politóloga estaba por cumplir 10 meses en el cargo, pero su salida llega en un momento complejo para La Moneda. El mandatario anunció el 30 de diciembre los indultos de 13 personas condenadas por los estallidos sociales de 2019. La decisión fue cuestionado por distintos sectores por el momento, las justificaciones del mandatario y la falta de prolijidad en el proceso. La oposición iba a presentar el lunes en el Congreso una acusación constitucional que buscaba la dimisión de Ríos, lo que empujó a Boric a pedirle la renuncia antes de que la iniciativa se concretara.   El abogado Luis Cordero tomará desde el lunes el testigo dejado por Ríos. La salida de la ministra no ha sido la única consecuencia del proceso de indultos. La Moneda ha informado este sábado de la renuncia del jefe de Gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, uno de los principales hombres de confianza del mandatario de izquierdas, y quien habría jugado un papel importante en las libertades concedidas. El propio presidente explicó la salida de Ríos “debido a que hubo desprolijidades” en la ejecución del proceso. “Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades”, agregó el presidente ante la prensa.   Este no ha sido el único problema enfrentado por Ríos, quien milita en el mismo partido del presidente Boric, Convergencia Social. Hace tres meses que Chile no tiene fiscal nacional por los problemas del Gobierno para que sus candidatos sean ratificados por el Senado. Esta negociación es usualmente protagonizada por el Ministerio de Justicia y otras carteras. Este es un nuevo ajuste del equipo de La Moncloa. En septiembre, luego del plebiscito, Boric cambió piezas centrales de su Gabinete. El 25 de agosto también se produjo la salida de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, por los contactos no autorizados con uno de los líderes radicales mapuche, Héctor Llaitul.   El mandatario de izquierdas liberó en diciembre a 12 detenidos en el marco de las protestas sociales. Esta fue una de sus promesas de la campaña presidencial, que después se vio obligado a matizar en la segunda vuelta que lo enfrentó al ultraderechista José Antonio Kast. Boric indultó, además, a un hombre condenado a 16 años de prisión por el asalto a un banco Santander en 2013. El sujeto, Jorge Mateluna, había formado parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización que tomó las armas en la dictadura. Aunque el perdón es una facultad permitida al presidente, por razones humanitarias y para garantizar la paz social, la decisión le ha generado problemas a su Administración y ha marcado el arranque político de 2023. El opositor Renovación Nacional ha denunciado los hechos por prevaricación.   “Espero que sea un tema que demos por zanjado y que pasemos la página”, pidió Boric el jueves desde el sur de Chile. Pero nuevos antecedentes sobre los indultados, dados a conocer en las últimas horas, han mantenido el tema en la primera línea de la agenda. La cadena televisiva Canal 13 emitió un reportaje que informó el largo prontuario de uno de los indultados, Luis Castillo Opazo, quien cumplirá el domingo los 35 años en libertad. De acuerdo con la investigación, fue detenido el 11 de mayo de 2020 en Illapel, una ciudad del norte del país, después de que la Fiscalía de Atacama acumulara 250 horas de grabaciones obtenidas en el marco de las protestas que lo involucraban en diversos delitos: desórdenes, daños, maltrato de obra a Carabineros, robo. Las imágenes muestran a manifestantes pacíficos enfrentarse con Castillo, quien participó en un asalto al Registro Civil de Copiapó, la oficina donde se emiten los DNI, pasaportes y otros documentos. También saqueó una automotora. De acuerdo a los fiscales, Castillo no solo confesó su participación en los hechos, sino que colaboró con los investigadores. La Justicia lo condenó a cuatro años de cárcel por siete delitos.   Mientras cumplía su condena, Castillo fue sancionado varias veces por almacenar armas blancas en su celda y por tener móviles y acceso a Internet. Enviaba mensajes al exterior: “Todavía no hemos ganado nada, compañeros. No suelten las calles, sean valientes, compañeros míos. Ganemos las batallas que estamos llevando, compañeros”, decía Castillo en sus videos. Se definía a sí mismo como preso político y rodriguista (del FPMR). Tenía en sus antecedentes una larga lista de delitos comunes, anteriores al estallido social de 2019. Sumaba 26 causas judiciales abiertas antes de ser detenido por las protestas. De acuerdo al reportaje, entre 2005 y 2017 había sido condenado cinco veces por hurto simple, hurto simple frustrado, lesiones menos graves, robo con violencia y robo por sorpresa. La mayor de sus condenas fue de 10 años de cárcel y Gendarmería incluso registró un intento de fuga.   “Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Tenemos que sanar estas heridas. Vivimos un proceso tremendamente complejo. Estos son jóvenes que no son delincuentes”, dijo Boric antes, cuando justificó su decisión ante la opinión pública. Al salir de la cárcel, Castillo grabó un mensaje en video: “Donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber rebelión. Porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos”.   La afirmación de Boric de que se trataba de jóvenes que no eran delincuentes se cayó como un castillo de naipes. La Gendarmería advirtió a mediados de diciembre que Castillo tenía “un alto compromiso delictual”, aunque se le concedió el beneficio. Lo mismo sucedió con un segundo liberado. Los decretos de liberación demuestran que el Gobierno conocía de la reincidencia en al menos cinco casos. Ambos asuntos dependen del ministerio de Justicia que lideraba Ríos.   El día que se hicieron públicos los indultos, La Moneda informó primero de 10 presos beneficiados, entre los

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En Perú se reactivaron las protestas con bloqueos de carreteras

En Puno, pobladores quemaron una caseta de peaje. Las protestas en Perú contra la presidenta Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo, se reactivaron el miércoles, tras una interrupción por las fiestas de fin de año, con bloqueos de carreteras y manifestaciones en varias regiones. El gobierno anticipó la semana pasada el reinicio desde el 4 de enero de las movilizaciones que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones. Las manifestaciones se registran en regiones donde el destituido Castillo, un maestro rural de izquierda, tiene amplio respaldo. “Existen diez puntos de bloqueo, especialmente en Puno”, (sureste), dijo temprano a periodistas el jefe del gabinete de ministros, Alberto Otárola, tras la instalación en Lima de un centro de monitoreo y control de crisis. Más tarde, la Defensoría del Pueblo reportó movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 30 de las 195 provincias del país. En Puno, pobladores quemaron una caseta de peaje. En Arequipa (sur), la policía desbloqueó una ruta utilizando gases lacrimógenos para dispersar a decenas de personas. Se registró un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden en inmediaciones del aeropuerto de la ciudad, precisó la Defensoría. En el Centro de Lima, la policía dispersó con gases lacrimógenos a decenas de ciudadanos que intentaban llegar al Congreso tras realizar una movilización de la Plaza 2 de Mayo. Los manifestantes también cerraron rutas con piedras y neumáticos en llamas en las regiones de Junín (centro), Cusco y Apurímac (sureste). En Puerto Maldonado, región amazónica de Madre de Dios (sureste), manifestantes bloquearon un tramo de la vía Interoceánica, que une Perú y Brasil. “Los aeropuertos están funcionando normalmente”, precisó Otárola. Fuente: El Universo

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Crisis política en Perú: Ministerio de Defensa declara en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán puntos estratégicos

Al menos 7 personas han muerto producto de las violentas manifestaciones antigubernamentales que se realizan desde el paado miércoles tras la salida de Castillo La noche del martes continuaron las protestas en distintas ciudades del interior, así como en la capital Lima, por lo que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró que su Gobierno se encuentra evaluando establecer un estado de emergencia en todo el país.   Asimismo, declaró en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán los puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas, en respuesta a las violentas manifestaciones antigubernamentales en las que han muerto siete personas, informó el ministro de Defensa, Alberto Otárola.   “Comunicar que se va a declarar en emergencia la red vial nacional, vamos a asumir el control de la red vial nacional en todo el país para conseguir el libre tránsito de todos los peruanos y para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la constitución garantiza”, dijo Otárola en una declaración a la prensa.   Las Fuerzas Armadas controlarán puntos estratégicos como aeropuertos y centrales hidroeléctricas, blanco de ataques de los manifestantes que han tomado los aeródromos de Cuzco y Arequipa, la segunda ciudad del Perú, además de una planta compresora de gas natural en el sur del país.   Otárola ha calificado las protestas de “asonada atizada por profesionales que han trabajado” para conseguirlo “desde hace mucho tiempo”. Protesta ante presidentes Por otro lado, Boluarte anunció que llamará a los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México, quienes emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que aún consideran como mandatario a Pedro Castillo, detenido desde el miércoles tras un autogolpe de Estado fallido.   “La canciller tiene ya la indicación para más tarde, yo personalmente, comunicaré por vía telefónica con el presidente de México, de Colombia, de Argentina, aún cuando el presidente de Argentina el mismo día miércoles me llamó para felicitarme por la asunción al cargo como presidenta de la República, no entiendo por qué ahora su cambio de parecer, pero me volveré a comunicar con él, y me comunicaré con el presidente de Bolivia”, señaló Boluarte. En el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional situado en el distrito limeño de Chorrillos, la presidenta respondió al comunicado emitido este lunes por sus homólogos argentino, Alberto Fernández, colombiano, Gustavo Petro, boliviano, Luis Arce, y mexicano, Andrés Manuel López Obrador.   Publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron en el mensaje que Castillo está siendo “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.   También expresaron su “profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente de Perú.   “El mismo expresidente Pedro Castillo fue quien dio el golpe de Estado, ha querido cerrar el Congreso e inmediatamente tomar los poderes del Estado como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial”, dijo Boluarte al respecto.   Mutuas acusaciones La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y su antecesor Pedro Castillo se enfrascaron este martes en acusaciones mutuas sobre quién tiene la responsabilidad en la grave crisis social que ha generado el fallido autogolpe de Estado del exmandatario y la posterior asunción de la nueva gobernante.   Boluarte restó credibilidad a los calificativos de “usurpadora”, que Castillo le ha atribuido en unos mensajes publicados en su cuenta de Twitter, al afirmar que “lo están utilizando” y que “lo siguen manipulando”.   “Lo conozco al presidente, hemos conversado varias veces, muchas veces nos hemos abrazado y a veces llorado (…) No creo que estas palabras que están saliendo en el Twitter (de Castillo) sean palabras de él”, afirmó la presidenta en declaraciones a los periodistas.   Asimismo, culpó a la ex primera ministra Betssy Chávez de haber “generado” la situación que vive Perú actualmente, antes de agregar que le “duele y consterna” que esté detenido Castillo por su fallido autogolpe. Fuente: El Universo

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