EL UNIVERSO .- El 28 de noviembre pasado el exvicepresidente Jorge Glas dejó la cárcel bajo una “libertad provisional”, parte de medidas cautelares autónomas acogidas. Exactamente un mes después de que el exvicepresidente Jorge Glas consiguió que una jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha le dé paso a la unificación de penas, la defensa del líder correísta pide a un juez de Garantías Penitenciarias del Guayas que se le realice el proceso de cómputo de la pena, establecido en el artículo 667 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).   El proceso desde el 24 de febrero pasado está actualmente en manos del juez de Guayaquil Jorge Enrique Aldas Macías, quien reemplaza a Francisco Javier González Andrade.   A finales de enero pasado, la jueza de Pichincha Melissa Muñoz decidió aceptar el pedido que hizo Glas y dejar como pena única a cumplir la de ocho años de cárcel. La resolución confirmó que la pena de ocho años de cárcel por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016 absorbe a la pena de seis años de prisión por el delito de asociación ilícita relacionado con la trama de corrupción implantada en Ecuador por la empresa brasileña Odebrecht.   El artículo 667 del COIP, que habla del cómputo de la pena, explica que el juez de garantías penitenciarias realizará el cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena y, de acuerdo con el caso, la fecha a partir de la cual la autoridad competente del centro o la persona sentenciada podrá solicitar el cambio de régimen de rehabilitación social.   Para tal cómputo, anota la norma, se tomará en cuenta el tiempo que la persona sentenciada está efectivamente privada de su libertad. La resolución se enviará al centro de privación de libertad en el que se encuentra la persona privada de libertad, se notificará a la Fiscalía, a la persona sentenciada o a su defensor, quienes podrán objetar el cómputo dentro del plazo de cinco días a partir de la notificación. El cómputo se reformará solamente cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias lo ameriten. El pedido de cómputo de la pena es el paso previo para solicitar el beneficio penitenciario de prelibertad para Jorge Glas. Esa fue la misma vía que usó el ex secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, también sentenciado en el caso Sobornos como coautor, para salir, el 27 de enero último, del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Tungurahua, en Ambato, y empezar a cumplir fuera de la cárcel el resto de los ocho años de prisión definidos.   El efecto práctico de que la jueza Muñoz haya definido una pena única para Glas es que cualquier análisis de beneficio penitenciario que se haga a futuro debe darse solo tomando en cuenta una pena de cárcel de ocho años. Esta unificación solo toma en cuenta lo que tiene que ver al tiempo de privación de libertad, mas no modifica la pena económica que para el caso Odebrecht es de cerca de $ 7,5 millones y para el caso Sobornos son $ 778.000.   Hasta el 28 de noviembre pasado el exvicepresidente Jorge Glas estuvo internado en la Cárcel 4. De ese CPL salió bajo “libertad provisional”, debido a medidas cautelares autónomas acogidas por el juez constitucional de Santo Domingo de los Tsáchilas Émerson Curipallo.   Desde que salió de la cárcel quien fue el hombre fuerte de los sectores estratégicos en el gobierno de Rafael Correa se ha presentado catorce veces en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, como parte de las medidas cautelares aceptadas por Curipallo, que incluye también la prohibición de salida del país. Se resaltó que la libertad provisional estará vigente hasta que un juez de garantías penitenciarias disponga lo contrario.

Desde el 28 de noviembre pasado el exvicepresidente Jorge Glas se encuentra fuera de la cárcel, debido a medidas cautelares que se le concedieron.   Una vez que la defensa de Jorge Glas cumplió con los requerimientos de la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha Melissa Muñoz, la magistrada convoca para el próximo 12 de enero, a las 10:30, que se instale la audiencia de pena única solicitada a favor del exvicepresidente que se encuentra en “libertad provisional” desde el 28 de noviembre pasado.   La primera diligencia estuvo dispuesta para el 12 de diciembre pasado, pero debido a un cambio de última hora de abogado defensor del líder correísta, la jueza Muñoz decidió diferir la audiencia en la que se iba a tratar el pedido para que se unifiquen las dos penas en firme que mantiene el líder correísta por hechos de corrupción ocurridos en su paso por la función pública.   Ese día Muñoz le dio 48 horas a la defensa de Glas para que presente documentos originales o copias debidamente certificadas del tema de salud que argumentó el vicepresidente como una de sus dos razones para pedir que se difiera la diligencia. Luego, y por dos ocasiones, la jueza le dio cinco días al exvicepresidente para que presente debidamente avalado por el Ministerio de Salud Pública el certificado médico emitido por un neurocirujano.   Las partes procesales convocadas deberán comparecer de manera presencial a una de las salas de audiencias de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, en el cuarto piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.   La jueza Muñoz señaló que a la diligencia deberá comparecer el responsable del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Varones número 2 o Cárcel 4 para que sustente las condiciones subjetivas del privado de la libertad Jorge Glas, conforme lo dispone el artículo 35, inciso tercero, del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Esta autoridad deberá comparecer con su respectivo abogado patrocinador, quien fundamentará en legal y debida forma su posición respecto a la petición de unificación de penas.   Édison Loaiza, parte de la defensa de Glas, cree que no existe argumento legal alguno para que se niegue la pena única. Según él, el expediente que debía presentar quien hace el pedido de pena única, Diego Flores, director de la Cárcel 4, está completo, pues contaría con las sentencias en firme de los casos Odebrecht y Sobornos, informes de buena conducta, de que estaba en un área de mínima seguridad, certificados de estudios realizados mientras ha estado en la cárcel y demás documentos subjetivos que deben agregarse a la petición.   Justamente esos son los documentos que deberá analizar la jueza en audiencia, luego de escuchar la fundamentación de la petición que hará el director de la Cárcel 4 o su representante legal. Si Muñoz cree que existe la documentación que respalda el pedido accedería a lo solicitado, pero de encontrar algún faltante podría suspender la diligencia hasta que se complete la documentación o si existe alguna incompatibilidad legal la negativa sería la respuesta.   La jueza de Garantías Penitenciarias también dispuso la comparecencia a la audiencia del 12 de enero próximo de un representante de la Fiscalía General del Estado y de la Defensoría Pública.   La noche del 28 de noviembre pasado Glas obtuvo una boleta de excarcelación que le permitió salir de la cárcel y pasar a cumplir fuera de ella lo que le resta de sus penas por asociación ilícita y cohecho. La decisión de que él cumpla su pena en libertad provisional –la cual estará vigente hasta que un juez de Garantías Penitenciarias la revoque– la adoptó el juez constitucional de Santo Domingo de los Tsáchilas Émerson Curipallo, al aceptar medidas cautelares autónomas solicitadas por quien es ahora su abogado en el tema de la pena única: Christian Estalin Palacios Zambrano.   El hombre fuerte de los sectores estratégicos en el periodo correísta dejó la Cárcel 4, en Quito, hace 37 días para cumplir las medidas cautelares de presentación periódica todas las semanas en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y la prohibición de salida del país. Según Curipallo, su decisión buscó precautelar los derechos del sentenciado, pues, desde su análisis, existía una demora que persiste en el trámite para dar cumplimiento a los beneficios penitenciarios (pena única y prelibertad) que habría solicitado desde hace algún tiempo la defensa del ex segundo mandatario.   El análisis de la pena única que pide Glas debe darse respecto a una condena en firme de seis años de cárcel como autor del delito de asociación ilícita (caso Odebrecht), en la que debe pagar una reparación económica al Estado de $ 7,5 millones; y la sanción de ocho años de prisión por ser autor mediato por instigación de un cohecho (caso Sobornos) en el que debe cancelar $ 778.224.   La audiencia para analizar la pena única fue solicitada por el abogado Loaiza casi de inmediato de que se conoció, el 10 de noviembre pasado, que un Tribunal de la Corte Nacional, por unanimidad, resolvió la nulidad procesal de todo lo actuado dentro del caso Singue, es decir, anuló el fallo de primer nivel de ocho años de cárcel contra Glas, quien fue sentenciado junto con seis personas más por el delito de peculado.   Basados en el principio de concentración, adelantó Loaiza, pedirán que cuando se dé la audiencia de pena única, también se resuelva el pedido de prelibertad. De no darse paso a este segundo pedido, se aseguró que con la resolución de la unificación de penas solicitarán una nueva audiencia para que se defina la prelibertad a la que tiene derecho el excompañero presidencial de Rafael Correa, según Loaiza, al haber sido condenado con el Código Penal derogado y haber cumplido más del 40 % de la pena impuesta. Fuente: El Universo