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Ecuador: julio 22, 2024

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Soledad Padilla denuncia a su exabogado por divulgar audios del conflicto personal con Jorge Glas

El Universo .- Este 20 de noviembre asistió a la Fiscalía General para reconocer su firma y rúbrica en una denuncia por revelar información entre abogado y cliente. Por divulgar audios de conversaciones personales relacionadas con el exvicepresidente Jorge Glas, Soledad Padilla Morán denunció a Juan Francisco Ospina Loza, a quien había contratado como su abogado defensor. A la Fiscalía General en Quito, asistió Soledad Padilla, este 20 de noviembre de 2023, para reconocer su firma y rúbrica dentro de la denuncia por divulgación información y secreto no develado a favor de terceras personas sin autorización. Padilla, excolaboradora de Glas durante la administración de Rafael Correa, había confiado los audios de conversaciones personales que mantuvo con el exsegundo mandatario en el régimen de Rafael Correa, Jorge Glas, a su anterior abogado Juan Ospina para que los analice, pero él los habría divulgado sin autorización de su cliente. Esto había provocado que la denunciante se enfrente a procesos judiciales planteados por Glas lo que la ha obligado a hablar «públicamente de su vida privada», se informó. Padilla llegó este lunes, antes del mediodía, a una de las unidades de la Fiscalía al norte de la capital, para reconocer su identidad en este proceso. Para evitar las fotografías y preguntas, la rodearon sus conocidos y solamente habló su actual abogado, Oswaldo Trujillo. El jurista, defensor de Padilla, explicó que la denuncia se sustenta en la difusión no autorizada de audios de conversaciones personales en las redes sociales y medios de comunicación, pese a que se le entregaron para que sirvan como pruebas en el trámite de la denuncia por presunta intimidación que se planteó en contra de Glas. «Esos audios, que se le entregaron como abogado de Soledad Padilla, Ospina los difundió sin la autorización, lo que configura el delito de presunta revelación de secreto o información personal de terceros que no ha sido autorizada», puntualizó Trujillo. Añadió que desconocen si por difundir esas conversaciones hubo un «precio o no, pero los divulgó y no sabemos si para causarle un perjuicio a ella o a varias personas». Así también, aclaró que Ospina había sido la «única persona a la cual se entregaron los audios, no había un tercer o cuarto, era la única persona en la que confió Padilla y él se encargó de destruir la relación abogado cliente y la puso en vulnerabilidad». Con este reconocimiento de firma y rúbrica, Padilla formalizó la denuncia contra su exdefensor y espera que se inicie la indagación previa. En octubre pasado se revelaron audios de conversaciones personales entre Jorge Glas y Soledad Padilla, quien le reclamaba ser acosada. El exvicepresidente presentó una denuncia en la Fiscalía del Guayas contra Padilla por presunta extorsión, ya que, según dijo, la mujer le habría exigido el «el pago de $ 350.000 a cambio de una grabación que ella y (el asambleísta) Ferdinan Álvarez Zambrano ilegalmente habían realizado». De su lado, Padilla asegura que fue «víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte de Jorge Glas» y que el «punto de quiebre en su relación de amistad y de colaboración» con el exvicepresidente se dio en septiembre de 2023, cuando conoció de su relación con Álvarez. Según el artículo 179 del Código Orgánica Integral Penal (COIP), «la persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año».

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Contraloría señala responsabilidades y emite una orden de reintegro por $ 23.000 por contrato para investigar el crimen de Jorge Gabela

El Universo .- El organismo notificó al perito Roberto Meza, quien analiza acciones para impugnar esta sanción. También se notificó a Jéssica Jaramillo. La Contraloría General del Estado confirmó una responsabilidad civil culposa y determinó una orden de reintegro por más de $ 23.000 por el contrato para investigar el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, que se suscribió en el 2013 en la administración del expresidente Rafael Correa. El 26 de octubre de 2023, la Contraloría notificó a Roberto Meza Niella, Jéssica Jaramillo y Jorge Pazmiño, los dos últimos como responsables subsidiarios, con una orden de reintegro por $ 23.400 que se destinaron para la contratación de una consultoría para investigar el crimen del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela en diciembre del 2011. En esencia, se emitió un título de crédito por $ 23.400 en contra de Meza, Jaramillo y Pazmiño, quienes aún pueden impugnar la resolución ante los tribunales contencioso administrativos. Este proceso surgió a raíz de que en el 2012, el exmandatario Rafael Correa creó, mediante decreto ejecutivo, un Comité Interinstitucional para investigar el asesinato de Gabela, que estaba presidido por el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con ese fin, esa cartera de Estado contrató, bajo la modalidad de consultoría por $ 78.000, al perito argentino Roberto Meza, para que elabore un informe pericial no judicial sobre la muerte de Gabela, quien denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv que hizo el Ministerio de Defensa en el 2008. Una madrugada de diciembre del 2011, sujetos ingresaron a su hogar y le dispararon, provocando su muerte. La viuda de Gabela, Patricia Ochoa, insistió a Correa para que investigue el crimen, porque advertía que el hecho estaba relacionado con las denuncias de posibles actos de corrupción en la compra de los Dhruv, de los que cuatro se accidentaron y tres permanecen en un hangar de la FAE. La justicia ordinaria determinó que se trató de un crimen por robo. Fue así que se contrató esta investigación que contemplaba la elaboración de tres productos: el primero, el cronograma de trabajo; el segundo pretendía establecer el móvil del crimen; y, si la hipótesis señalaba que se relacionaba con el crimen organizado, se avanzaría al tercer producto, para establecer los autores intelectuales. Sin embargo, en el 2015, la exministra de Justicia Leidy Zúñiga informó los resultados de la pericia hecha por Meza que apuntaban a un delito común y descartó la delincuencia organizada. Meza negó que ese informe haya sido de su auditoría. La Contraloría examinó este contrato desde el 2016 y según sus conclusiones, el tercer producto que presentó el perito habría desaparecido de los archivos públicos, pues «no se evidencia la documentación que sustenta la presentación del tercer producto». Según el organismo, el informe final (o tercer producto) en la parte de conclusiones no contiene la firma de responsabilidad del perito y ocasionó un perjuicio a la institución. Al conocer de esta resolución, Roberto Meza insistió en que en el 2018 este tema había sido cerrado, pues presentó los descargos pertinentes en su defensa en este examen especial. El perito vive en Brasil, por lo que encargó a su abogado en Ecuador para que responda a la Contraloría. «Todo se cumplió en tiempo y forma. Lo que hicieron con el informe (pericial) en el 2013, una vez que se entregó, no es nuestra responsabilidad, nuestra consultoría se realizó y cumplimos», expresó Meza. El experto ha señalado que lo que se informó en el gobierno de Rafael Correa no correspondía a su investigación y que al documento se le hicieron cambios. Por su parte, Jéssica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia y que administró el contrato, aseguró en junio pasado: El 30 de abril de 2019, la Contraloría notificó la «no confirmación de responsabilidad administrativa en el marco de los exámenes realizados por dicha entidad de control, en consecuencia, no tengo ninguna sanción en mi contra». Como parte de la investigación del crimen de Gabela, Meza reconstruyó el denominado tercer producto por disposición de la Corte Constitucional (CC) al tramitar una acción extraordinaria de protección que impulsó Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo. El informe se entregó en julio pasado y se ordenó su reconstrucción porque los mismos jueces observaron que el documento «constaba de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto en la que se encuentran las conclusiones no contiene la firma del perito Roberto Meza, ni tampoco el sello». También notaron inconsistencias como que, pese a que el «segundo producto concluyó que el crimen se trató de delincuencia organizada y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común». (sic) Ordenó a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría que inicien con las acciones legales e investiguen a los exservidores por un posible mal manejo de la información pública de este Comité. La Contraloría informó a la Corte que en el 2016 se hizo un examen especial a la contratación y ejecución del contrato que hizo el Ministerio de Justicia para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge Gabela Bueno. Un segundo examen se había hecho en el 2019 a la gestión documental del Ministerio con relación al manejo de la documentación del Comité Interinstitucional integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa en torno a la muerte de Gabela y de los productos del contrato entre Roberto Meza y esa cartera de Estado. De ello, identificó siete ‘sujetos de responsabilidad’. Entre ellos, el exministro de Justicia del gobierno de Correa Lenin Lara Rivadeneira. 

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Caso Sinohydro: dos amigos del expresidente Lenín Moreno y un exembajador de China, entre los cinco procesados que incumplieron su medida cautelar

El Universo .- Por el delito de cohecho fueron investigadas 40 personas, pero la Fiscalía informó que solo emitirá un dictamen acusatorio contra 25 de ellas. Xavier Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño, el exembajador de China Cai Runguo y los también ciudadanos chinos Song Dongsheng y Liu Aiseheng son los cinco procesados dentro del caso Sinohydro, en el que se investiga el delito de cohecho, que finalmente incumplieron la medida cautelar de presentación periódica. Un total de 25 personas siguen en la causa, pues solo contra ellas la fiscal general, Diana Salazar, anunció que emitirá un dictamen acusatorio. Así consta en la razón incluida en el expediente del caso que analiza un cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, obra emblemática del correísmo. En relación con el expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, quienes solicitaron para que por esta única ocasión, por cuestiones de salud, les permitan cumplir su presentación periódica por vía telemática y no de forma presencial en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la conjueza nacional Liz Barrera, luego de analizar certificaciones médicas, determinó que el documento sí justifica el hecho de que ambos no pudieron presentarse en la sede en Quito de la CNJ, cumpliéndose los elementos que configuran un “caso fortuito”. David Meza, abogado de Moreno y su esposa, Rocío González, presentó documentación médica que confirmaba que el expresidente se encuentra convaleciente y en reposo de 20 días, desde el 29 de septiembre pasado, por un diagnóstico de “prostatitis aguda, hiperplasia prostática, infección urinaria y hematuria de origen a determinar”. Se explicó, además, que González es la única persona que cuida la salud de Moreno, quien tiene más de 65 años y el 80 % de discapacidad. El 5 de junio pasado, en audiencia de revisión de medidas cautelares no se acogió el pedido de prisión preventiva solicitado contra Moreno y González propuesto por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y en su lugar decidió que ambos se presenten los últimos diez días de cada mes en la delegación diplomática de Ecuador en Asunción, Paraguay, y cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito. Con esta decisión desaparece la sombra de que pueda pedirse la orden de prisión preventiva por incumplimiento de la medida dispuesta inicialmente. El exmandatario ecuatoriano y su pareja, quienes viven en Paraguay, deberán seguir cumpliendo con las medidas dispuestas por el conjuez Bayardo Espinosa en junio pasado. Irina Moreno, hija del excompañero de fórmula de Rafael Correa, también cumplió con su presentación periódica en Ecuador cada cuatro meses el miércoles último. Previamente y por tres meses, ella se presentó en la delegación consular de Ecuador en Miami, Estados Unidos, donde actualmente vive con su familia. Macías Carmigniani y Patiño, amigos cercanos de Lenín Moreno, debían cumplir una medida similar de presentación periódica: por tres meses en el país de residencia y al cuarto en la CNJ en Ecuador. La pareja debía hacer su presentación ante la Embajada de Ecuador en Panamá y al cuarto mes debía hacerlo en Quito. Esta última parte no se cumplió y así consta en el informe de presentaciones del caso. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó el 18 de octubre pasado un escrito en el que solicita que se certifique si todas las personas procesadas en el caso Sinohydro han o no cumplido con las medidas cautelares dispuestas en esta causa. El documento ya es parte del expediente y ante ello se generaría un pedido para que se revisen las medidas cautelares de quienes las han incumplido. Aunque fueron investigadas 40 personas durante los 120 días de instrucción fiscal, la cual se cerró el 14 de julio pasado, Salazar anunció que presentará un dictamen acusatorio solo contra 25 procesados. Para la fiscal general, los acusados habrían formado parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohydro con la adjudicación del contrato para construir Coca Codo Sinclair y por lo que a cambio habrían recibido $ 76 millones en coimas. Quienes están en la lista de acusados son el exmandatario Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y una cuñada. También el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatriz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia, Manuel Patiño Herdoíza), Priscila Burneo y Xavier Macías Carmigniani, nieta y yerno de Conto Patiño, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal Sinohydro, entre quienes está el exembajador Cai Runguo. Después del último diferimiento dado el 14 de septiembre pasado, aún no existe una nueva fecha para que pueda instalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se discutan posibles nulidades procesales y también se escuche el dictamen acusatorio de la Fiscalía

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Soledad Padilla asegura que es ‘hostigada, amedrentada y amenazada’ desde que existió un rompimiento en su relación de amistad y colaboración con Jorge Glas

El Universo .- Una denuncia por acoso e intimidación colocó Soledad Padilla contra el exvicepresidente Jorge Glas. Él denunció a Padilla por extorisón. La excolaboradora del exvicepresidente Jorge Glas, Soledad Padilla, asegura en una carta pública en la que busca aclarar ciertos temas que el “punto de quiebre en su relación de amistad y de colaboración” con Glas se dio en septiembre pasado (2023), luego de que él conociera de su relación con Ferdinan Álvarez, asambleísta electo por el movimiento de la Revolución Ciudadana (RC). Padilla sostiene que ingresó a ser colaboradora de Glas cuando tenía 22 años, desde 2008, e hizo parte de sus equipos de trabajo en el desaparecido Fondo de Solidaridad, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Sectores Estratégicos y Vicepresidencia de la República. Recuerda que cuando Jorge Glas perdió su cargo como vicepresidente y fue apresado dentro del caso por asociación ilícita relacionado con Odebrecht , en 2017, ella también se quedó sin trabajo. “En ese período continué apoyándolo de forma solidaria y desinteresada. Lo visité en la cárcel, le llevé medicinas y me ocupé incluso de temas relacionados a sus hijos. Por esas tareas no recibí ninguna remuneración. Lo hice por gratitud a los nueve años en los que pude colaborar con él”, asegura la denunciante. El fin de semana último trascendieron una serie de audios en los que se escucharían conversaciones entre Soledad Padilla y Jorge Glas, en otros se escuchan las voces de Glas y Ferdinan Álvarez y en otro final al expresidente Rafael Correa y al asambleísta electo y pareja de Padilla. Inmediatamente se conoció que Padilla presentó una denuncia por acoso e intimidación contra el exvicepresidente y Glas, días después, planteó una denuncia contra Padilla por extorsión Según la excolaboradora de Glas, quien aclara que se han difundido audios obtenidos de forma ilegal, refirió que desde que existió el “punto de quiebre” en la relación con el exsegundo mandatario, ella dice que ha sido hostigada, amedrentada y amenazada. Piensa Padilla que el contexto ocurrido le ha permitido evidenciar que durante todos estos años ha sido “víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte de Jorge Glas”. “No lo había podido identificar hasta ahora, pues tenía normalizados los malos tratos, las amenazas, las alusiones inapropiadas a mi vida personal, mi apariencia física y mis relaciones de pareja. Además, he podido también identificar las acciones de control y sometimiento que Jorge Glas ejercía hacia mi y la constante amenaza de dejarme sin empleo”,  insistió quien reconoció haber laborado desde el 2019 al 2023 en la prefectura de Pichincha. Toda esta situación habría generado en Soledad Padilla afectaciones en su salud mental, así como también en la de su madre y su hijo menor de edad. Dejó claro en su carta que jamás tuvo una relación ni sentimental ni sexual con Glas, quien salió de la cárcel en noviembre pasado debido a una “libertad provisional” ordenada por un juez que acogió un pedido de medidas cautelares autónomas. Jorge Glas mantiene dos sentencias en firme por actos de corrupción realizados en la función pública: la primera de seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita y la segunda de ocho años por cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Actualmente goza de la unificación de penas y le restan poco más de dos años de los ocho definidos como pena única. “Lamentablemente, en una sociedad machista , las mujeres somos blanco de múltiples formas de violencia, aún más cuando los espacios de poder están dominados por hombres que perpetúan estas prácticas con impunidad. Esta no es una pugna de poderes ni un ataque político a la organización. Es violencia de género y no puede ser tolerada”, finalizó Padilla el comunicado que se hizo público la noche del lunes 23 de octubre último. Ferdinan Álvarez presentó formalmente su pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) para desafiliarse del movimiento de la Revilución Ciudadana. Dijo que lo hacía porque era fiel a sus principios, pues se estaban vulnerando los derechos de una mujer. “Mi salida corresponde única y exclusivamente porque cuandoi se trastocan los principios básicos que un movimiento político dice defender y cuando hay que actuar, hace todo lo contrario, ahí es cuando uno realmente traiciona sus principios. Mi salida se da porque no corresponde a los principios que pregona un movimiento político”. Álvarez negó que él o Padilla hayan sido quienes hicieron públicos los audios y ante ellos adelantó que plantearían una denuncia por ese hecho.

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Jueza penitenciaria declara ‘no ha lugar’ solicitud de prelibertad de Jorge Glas, mientras aún se mantiene pendiente formulación de cargos por peculado

El Universo .-  Jorge Glas mantiene en firme una pena de seis años de prisión por asociación ilícita y otra de ocho años de cárcel por un cohecho atado al caso Sobornos. La jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha Soledad Manosalvas declaró “no ha lugar” por “improcedente” el pedido hecho por el exvicepresidente Jorga Glas para que se analice una solicitud de prelibertad a su favor. El planteamiento fue hecho el 1 de septiembre pasado y descartado cuatro días después. “No ha lugar lo requerido por ser improcedente al estado procesal de la presente causa. Una vez que el centro carcelario consigne a este despacho la documentación correspondiente conforme a las disposiciones establecidas (…) se atenderá lo que en derecho corresponda, por cuanto el peticionario y su defensa técnica ajuste sus actuaciones procesales de conformidad a las disposiciones emitidas en la presente causa y la normativa legal vigente, a fin de velar por la seguridad jurídica y el debido proceso”, señala la providencia emitida por Manosalvas. Desde el 28 de noviembre pasado Jorge Glas está fuera de la conocida como Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. De ese Centro de Privación de la Libertad (CPL) salió bajo “libertad provisional”, debido a medidas cautelares autónomas acogidas por el juez constitucional de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo. Glas mantenía dos penas en firme: seis años de prisión por una asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht y ocho años de cárcel por un cohecho atado al caso Sobornos 2012-2016. Como parte de la “libertad provisional” el ingeniero de profesión debía presentarse en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y tenía prohibido salir del país. La presentación periódica se reformó a mediados de abril pasado, debido a la situación de violencia e inseguridad que existe en la Penitenciaría del Litoral. En su lugar se le dispuso que Glas deje de presentarse una vez por semana en ese CPL y en su lugar lo haga ante un juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. A Jorge Glas ya se le ha determinado la pena única de las dos que tenía en firme en los casos Sobornos 2012-2016 y Odebrecht. Lo que le restaría por cumplir de los ocho años de pena única al binomio de Rafael Correa son poco más de dos años. La defensa de Glas ha estado a la espera de que se tramite su pedido de prelibertad, beneficio penitenciario al que podría acceder por el tiempo cumplido de la condena, pero también ha aprovechado para plantear un recurso de “rebaja de pena por ley más benigna”. En esa causa el juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil (Guayas), Manuel Lima, decidió inhibirse de conocer el recurso propuesto por Glas, el 5 de julio pasado. “Se logra determinar que la competencia para vigilar y controlar el cumplimiento de las penas de Jorge Glas se ha asegurado y ratificado en la causa radicada en Quito. En virtud de las consideraciones expuestas, (…) me inhibo de conocer la presente causa debiéndose remitir las constancias procesales a su juez natural de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Quito, dentro de la causa 17U01-2023-00020G”, refirió en su decisión el juez Lima. De otra parte, aún no se concreta la solicitud hecha por la fiscal general, Diana Salazar, a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que exista una audiencia en la que se formulará cargos por el delito de peculado contra Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, y los exfuncionarios públicos del correísmo Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. La fiscal general hizo el pedido formalmente el 1 de junio pasado, es decir, hace ya casi cinco meses, pero por dos ocasiones no se ha podido instalar la diligencia. El caso está en manos de Luis Rivera, juez de la CNJ que fue parte del Tribunal de Apelación que, en noviembre de 2022, declaró la nulidad en el denominado caso Singue, en el cual uno de los procesados por peculado era Glas, y quien, el 19 de junio pasado, sobreseyó a los 18 procesados por peculado en el conocido caso helicópteros Dhruv. Salazar hizo la solicitud, pues se habrían determinado hechos que configuraría un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016. “En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón la Fiscalía abrió una investigación previa”, recordó Salazar en un video colgado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía. En su explicación, la fiscal general recordó que el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el Gobierno de la época –el de Rafael Correa– conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Diana Salazar sostiene que este proyecto, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto. El último diferimiento en el caso por peculado se dio el 6 de septiembre pasado, debido a un “choque anafiláctico y una dermatitis atópica” que sufrió el abogado del exvicepresidente del correísmo. Ese hecho obligó a que el juez Rivera, para no vulnerar el derecho a que todo procesado tiene para mantener un abogado de confianza como su defensa, decida diferir la audiencia en la que se iba a formular cargos. En

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Daniel Noboa triunfa a escala nacional, pero el correísmo se impone en Guayas y predomina en la Costa

El Universo .- El presidente electo no consiguió revertir el resultado de la votación en Guayas ante Luisa González. Solo ganó en El Oro en la región Costa. Aunque salió airoso en la segunda vuelta electoral y ha sido proclamado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Daniel Noboa, en detrimento de la correísta Luisa González, no consiguió revertir el resultado de la votación en Guayas, al igual que en Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde la Revolución Ciudadana marca una tendencia fuerte y posiblemente predominante. El analista político Oswaldo Moreno y el exlegislador por Guayas, Alfonso Harb, reconocen que la izquierda conserva una fuerza importante que se mantiene vigente en la Costa y un considerable electorado que tiene nostalgia del exmandatario socialista Rafael Correa, quien estuvo en el poder entre el 2007 y el 2017. Con casi el 100 % de actas escrutadas, Noboa, de la alianza ADN, a escala nacional llega al 51,88 % sobre González, de la Revolución Ciudadana, que alcanza el 48,12 %, este lunes 16 de octubre. Estos porcentajes significan que el empresario logró 5′196.470 sufragios contra los 4′813.955 votos del correísmo. Sin embargo, estrictamente en Guayas, una vez consolidado el 100% del escrutinio, González dominó con el 51,98 % y Noboa logró el 48,02 %. Para el analista Moreno los resultados de esta segunda vuelta en Guayas no es el fiel reflejo de las elecciones seccionales de febrero pasado, en las que el correísmo ganó la Alcaldía en Guayaquil y la Prefectura del Guayas, porque sostiene que son comicios con otro escenario y otros ritmos. “Las elecciones de orden local, generalmente tienen otras lógicas, no es igual a una nacional. También hay que tomar en cuenta que las provincias de la Costa son de las más afectadas por la violencia y el correísmo durante su mandato tuvo resultados óptimos al tener las cifras más bajas de inseguridad de la historia. Creo que ese es uno de los factores, porque en el resultado solo en la provincia de El Oro ganó Noboa, no con un resultado contundente pero ganó. En todo caso yo creería que es ese porcentaje que tienen una nostalgia y, en parte, obviamente también contar con gobiernos seccionales importantes, grandes”, refiere. En la primera vuelta de las elecciones extraordinarias del 2023 González dominó con el 37,92 % y Noboa quedó en el segundo puesto con el 22,72 %, superando a Jan Topic, de la alianza Por un país sin Miedo, listas 6-3-1, con el 14,02 %; Christian Zurita, de Construye, lista 25, con el 13,41 %; Otto Sonnenholzner, de la alianza Actuemos, listas 8-23, con 9,62 %; Yaku Pérez, de la alianza Claro que se puede, listas 2-17-20, con 1,62 %; Xavier Hervas, de RETO, lista 33, con 0,37 %; y a Bolívar Armijos, del movimiento Amigo, lista 16, con el 0,33 %. Es decir, la representante de la RC obtuvo en Guayas 921.087 votos y Noboa alcanzó 551.910 sufragios. En el sistema del CNE se indica que en la primera vuelta en esta provincia sufragaron 2′659.434 electores y que 529.953 se ausentaron. El 91,36 % corresponde a votos válidos, el 1,88 % a votos blancos y el 6,76 % a nulos. ¿Cómo se explica el triunfo de Noboa a escala nacional y la derrota en Guayas? El exlegislador Harb explicó que el correísmo sigue siendo una fuerza importante en el país porque ha ratificado que un 33,3 % de la población empadronada aproximadamente es correísta o votan por la organización que auspicia Rafael Correa, o votan por la Revolución Ciudadana “pase lo que pase, se diga lo que se diga, se haga lo que se haga”. En torno a la votación por regiones, Harb destaca que el sufragio en la Sierra fue contundente para Noboa y es definitivamente la que le da el triunfo electoral. “Pero hay que analizar que en la votación de la Costa. Por ejemplo, habiendo ganado el correísmo la Alcaldía y la Prefectura de la provincia del Guayas, y sin el Partido Social Cristiano (PSC) que siempre ha sido su antagonista en Guayas y en Guayaquil, haya participado el correísmo mayormente en esta campaña de segunda vuelta, a pesar de aquello, no sacó la diferencia que a lo mejor ellos pudieron esperar, es decir una diferencia no del doble pero mucho más amplia. Y tampoco en otras provincias de la Costa ellos ganaron con amplitud; por ejemplo, en Manabí ellos pensaban posiblemente un 3 a 1, y no fue un 3 a 1″, evaluó. En ese sentido, Harb subraya que en esta segunda vuelta quedó evidenciado que la fortaleza en la Costa del correísmo, si bien es cierto todavía es predominante en siete de las ocho provincias (Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas), menos El Oro, la corriente política que lidera el expresidente Correa marca una tendencia en menor grado a lo que se esperaba el domingo 15 de octubre y a lo que fue en el pasado, hasta la asunción de Lenín Moreno en el poder, desde 2017 hasta 2021.

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A cuatro meses del sobreseimiento de los 18 procesados por peculado en el caso Dhruv, un tribunal de la Corte Nacional convoca a audiencia de apelación

El Universo .- El 19 de junio pasado, el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, emitió un sobreseimiento que favoreció a 18 personas procesadas por el delito de peculado. El próximo martes 10 de octubre, desde las 10:00, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Byron Guillén, conocerán en audiencia la apelación interpuesta por la fiscal general Diana Salazar y la Procuraduría General del Estado contra el sobreseimiento decidido a favor de 18 personas acusadas de un peculado ocurrido en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv por parte del Estado ecuatoriano y la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India. La apelación por parte de Fiscalía se la hizo de forma oral y lo ratificó de manera escrita, de la misma manera que lo hizo la Procuraduría, después de la decisión adoptada por el juez nacional Luis Rivera, el 19 de junio pasado, durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Dhruv. Esta reinstalación demoró casi once meses en concretarse, pese a que lo único que restaba era conocer la decisión de Rivera de si llamaba o no a juicio. La fiscal Salazar no estuvo de acuerdo con la resolución y el mismo día de la audiencia anunció oralmente su apelación al auto de sobreseimiento. Dijo que existían los “suficientes elementos” para sustentar la acusación oficial de que en el caso existe el delito de peculado, así como la participación de todos quienes en su momento recibieron un dictamen acusatorio de Fiscalía. Pero Rivera tuvo un análisis distante al de la líder de la Fiscalía. Desde la perspectiva del juez nacional dentro de la audiencia no se evidenció que existen los elementos del tipo penal de peculado. “Las actuaciones -o si se quiere llamar conductas- no caen en la esfera de lo penal, por lo tanto no hay dolo. A lo cual se suma el siguiente elemento decidor que es el perjuicio económico, factor que en el presente caso tampoco se ha evidenciado”, explicó en su sentencia oral el juez nacional. El magistrado de la Corte Nacional resaltó en su decisión que la contratación de los siete helicópteros Dhruv se realizó por $45 millones, que las siete aeronaves fueron aseguradas y si bien hubo 4 aeronaves accidentadas, respecto de ellas la compañía de seguros canceló el Estado Ecuatoriano aproximadamente $ 53 millones. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) asesinado en diciembre de 2010 y quien fue uno de los principales opositores a la compra de los helicópteros Dhruv, denuncia que ha pasado el máximo de tiempo de 60 días que existente en la norma para resolver el recurso y podría ser archivado definitivamente el caso. Aparentemente ese sería el fundamento de los investigados para pedir que se deseche la apelación y se confirme el sobreseimiento inicial. “Con esa argucia dirán que el caso quedó ahí y no pasó nada. Es lamentable que esto nunca vaya a llegar a la verdad, principalmente por todas las personas que están de detrás, por todo lo que hay detrás del caso Gabela (investigación del asesianato del general Jorge Gabela). (…) Es duro saber cómo actúa la justicia. Yo no tengo confianza en la justicia y mucho menos ahora”, anotó Ochoa. Dos exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, hacen parte de la lista de sobreseídos y que en su momento fueron acusados de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en 2008 en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C.A. También fueron beneficiados con el sobreseimiento Juan Cortéz, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la FAE, Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez; el exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres Generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp), Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre, Francisco Torres. Durante estos cuatro meses que han pasado, las medidas cautelares dispuestas sobre los 18 investigados han ido desapareciendo una a una, pues fue orden del juez Rivera que se levanten todas las medidas cautelares de carácter real y personal que mantenían los ahora sobreseídos.

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EE. UU. puede sancionar y negarle la entrada a Rafael Correa y hasta a sus familiares si el presidente Joe Biden acepta pedido de senadores

El Universo .- Si la solicitud es acogida no tendría efecto legal en Ecuador, pero sí puede ser considerada como apoyo al régimen de Guillermo Lasso, aunque ya esté de salida. Responsabilizar al expresidente Rafael Correa Delgado por “su participación en actos importantes de corrupción y violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos en Ecuador”, fue el pedido que siete senadores estadounidenses hicieron el 2 de octubre al mandatario Joe Biden. Si esta solicitud es acogida no tendría ningún efecto legal en Ecuador, pero sí representa una muestra de apoyo al régimen de Guillermo Lasso, aunque ya esté en sus últimos meses. Los senadores -Jim Risch, Bill Cassidy, Marco Rubio, Bill Hagerty, Rick Scott, Tim Scott y John Cornyn- recomiendan a Biden utilizar herramientas como la Proclamación Presidencial 7750 y la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado. La primera permite al mandatario estadounidense negar la entrada a dicho país a personas vinculadas con actos de corrupción y la segunda, se aplica contra quienes hayan tenido una participación directa o indirecta en corrupción o violación grave de los derechos humanos. La designación también aplica a sus familiares directos, por lo que son inelegibles para ingresar a Estados Unidos. La Sección 7031 (c) de la norma mencionada se aplicó el 9 de marzo de 2022 cuando EE. UU. declaró que el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz (1996-1997) no es elegible para ingresar al país y esta designación también aplicó a sus familiares directos. Esteban Santos, catedrático de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas (UDLA), dice que este pedido, que podría llevar a un retiro de visas o sanciones si es acogido, confirma la falta de institucionalidad en Ecuador, que terminar siendo “un país incapaz de solucionar sus controversias internas por toda la injerencia política” y que todo el que pueda ayudar es bienvenido. Sin embargo, subraya esto da pie a una línea muy delgada entre cooperación e injerencia. Asimismo, dice que la solicitud es netamente política y podría estar relacionada con los últimos pronunciamientos y señalamientos que ha hecho Correa en sus redes sociales como la crítica por la recompensa de hasta $ 5′000.000 que ofreció el país por información del crimen de Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito el pasado 9 de agosto. “La aireada respuesta de Correa al decir que ni por el presidente John F. Kennedy se había ofrecido algo así, este pedido muestra un respaldarazo político muy muy importante de los Estados Unidos hacia el Ecuador”, menciona y agrega que si llama la atención y ayuda directamente a “un gobierno saliente y completamente antipopular”. En la misiva se señala que el Congreso lleva esfuerzos legislativos bipartidistas para profundizar las relaciones bilaterales con Ecuador y que se lograron avances significativos desde 2017 y que esta solicitud busca reforzar las medidas bipartidistas. Además, se resalta la condena a ocho años de prisión que Correa recibió en el caso Sobornos que se dio en abril del 2020 y en cuanto a las violaciones de derechos humanos, dicen que tiene un historial recogido en “El informe de derechos humanos de Ecuador de 2015 del Departamento de Estado”, donde se registraron sanciones y censura a medios de comunicación y periodistas y el cierre de organizaciones y la restricción de las libertades de prensa, expresión y reunión. En la carta se cuestiona también que pese a que se ha solicitado la extradición del exmandatario, él sigue viajando entre Europa y América Latina y mantiene reuniones con funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos. Santiago Pérez, analista y catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Técnica Particular de Loja, dice que con este pedido se abre un nuevo frente para el expresidente Correa en relación a una nueva etapa de seguimiento a todos los casos que se han declarado en su contra dentro de la legislación ecuatoriana, como bien indica la carta, relacionados con corrupción, por un lado, y con violaciones a los derechos humanos. Considera que esto puede tener un impacto dentro de las campañas electorales que se están desarrollando en este momento en Ecuador, más en la de Luisa González, candidata del partido de Correa. “El expresidente Correa tiene esta retórica o crítica constante hacia los Estados Unidos de Norteamérica y a las instituciones que la componen y esto puede de cierta manera influir en esa intervención que tiene Correa, no solamente desde la perspectiva electoral con sus declaraciones, sino en el contexto mismo de la Revolución Ciudadana y su accionar dentro del país”, refiere y dice que el pedido se da en estos momentos por la posibilidad de que exista una preocupación en EE. UU. si González llega al cargo. Asimismo, Santos explica que este respaldo podría estar relacionado con que EE. UU. tenía antes a Colombia como aliado estratégico en la región, pero con la llegada de Gustavo Petro al poder en ese país, esto cambió radicalmente y ahora busca que sea Ecuador. Sin embargo, subraya que todo dependerá de quién suceda a Lasso. “Si es que gana Luisa González la presidencia yo creo que ya nos podemos vaticinar a un escenario en donde el correísmo volvería a romper relaciones o alejarse mucho de Estados Unidos… muchas personas afines a la Revolución Ciudadana desde ya están hablando de una intromisión en asuntos internos del Ecuador y demás”, refiere. El presidente Joe Biden y el presidente Guillermo Lasso en la Casa Blanca en una foto de archivo. Foto: Bolivar Parra Congresistas de EE. UU. pidieron investigar activos de Lasso en abril Este último pedido de legisladores estadounidenses a Biden no es el primero, el pasado 12 de abril cinco congresistas estadounidenses instaron al mandatario a que inicie una “pronta investigación” sobre los orígenes de activos que mantiene en Ecuador el presidente Guillermo Lasso, y su cuñado Danilo Carrera y a que reevalúe la cercanía de las relaciones entre ambos gobiernos, “Solicitamos respetuosamente que su administración investigue el asunto de los activos del presidente Guillermo Lasso y Danilo Carrera en los Estados Unidos y que las agencias estadounidenses pertinentes, incluyendo el Departamento de Justicia y

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Siete senadores de Estados Unidos piden a Joe Biden responsabilizar a Rafael Correa por su participación en actos de corrupción y violaciones de derechos humanos

El Universo .- Los senadores indicaron que el exmandatario tiene un historial comprobado de violaciones a los derechos humanos y solicitan negar su entrada. El miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Jim Risch, junto con los senadores Bill Cassidy, Marco Rubio, Bill Hagerty, Rick Scott, Tim Scott y John Cornyn enviaron este lunes una carta al mandatario Joe Biden en la que piden que se responsabilice al expresidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado por “su participación en actos importantes de corrupción y violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos en Ecuador”. En el inicio de la misiva se señala que el Congreso lleva esfuerzos legislativos bipartidistas para profundizar las relaciones bilaterales con Ecuador y que se lograron avances significativos desde 2017 “para fortalecer sus instituciones democráticas y promover el crecimiento económico”. Por esto que hacen esta solicitud para reforzar las medidas bipartidistas. Se menciona también la condena a ocho años de prisión que Correa recibió en el caso Sobornos que se dio en abril del 2020 y en el cual se determina la participación de otros socios gubernamentales y empresariales, incluyendo al exvicepresidente Jorge Glas. “Específicamente, Correa y su red aceptaron millones de dólares en pagos ilícitos de entidades locales y extranjeras como Odebrecht”, se recordó. Además se especificó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador había compartido un informe de la Comisión de Control Gubernamental de la Asamblea con el Gobierno de ese país que revelaba detalles de un esquema de corrupción entre el gobierno de Correa y PetroChina. En la carta los senadores señalan a Correa de tener un historial comprobado de violaciones a los derechos humanos cuando fue presidente. “El informe de derechos humanos de Ecuador de 2015 del Departamento de Estado da fe de que Correa sancionó y censuró a medios y periodistas independientes, cerró organizaciones independientes de la sociedad civil y restringió las libertades de prensa, expresión y reunión”, añadió. Pese a que se ha solicitado la extradición del exmandatario se indicó que sigue viajando entre Europa y América Latina, así como tiene reuniones con funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos. Se explicó que a Estados Unidos le conviene que Ecuador preserve las instituciones democráticas independientes, así como que fortalezca la prosperidad económica, ante esto le recomiendan al presidente Joe Biden que muestre su apoyo utilizando las herramientas disponibles como son la Proclamación Presidencial 7750 y la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado. La Proclamación Presidencial 7750 permite al mandatario estadounidense negar la entrada a dicho país a personas vinculadas con actos de corrupción. Mientras que la Sección 7031 (c) se aplica contra quienes hayan tenido una participación directa o indirecta en corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. La designación también aplica a sus familiares directos, por lo que son inelegibles para ingresar a Estados Unidos.

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Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, se suma a la alerta sobre la activación de una campaña para menoscabar la imagen de autoridades

El Universo .- El presidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas son dos de los 20 procesados sentenciados por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. A la alerta sobre la activación de una campaña que tiene como objetivo menoscabar la imagen de la fiscal general, Diana Salazar, se suma el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. La respuesta del titular del máximo órgano de justicia ordinaria del país llega ante la reciente publicación del medio argentino Página 12. Saquicela destaca que días atrás la Fiscalía General del Estado, por medio de un comunicado, ya había advertido de una campaña de desprestigio “a través del montaje de audios y videos creados utilizando inteligencia artificial”. El titular de la CNJ sostiene que ha empezado una campaña de desprestigio que busca la impunidad y sacarlos a él y Diana Salazar del cargo, al no haberlo permitido en la aplicación del derecho. “No es coincidencia que el supuesto audio sea mencionado justo cuando el juez nacional Walter Macías convocó a audiencia a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) por el presunto delito de tráfico de influencias, y cuando estamos a días de elegir al nuevo presidente de la República. Por lo demás, las actuaciones de Iván Saquicela y los demás jueces que conocieron el caso Sobornos fueron ratificadas en segunda instancia y casación, y ahí constan las razones fácticas, probatorias y jurídicas de la resolución de condena”, sostuvo Saquicela. La nota del medio argentino habla de la existencia de un audio en el que supuestamente Saquicela consideraba que el expresidente Rafael Correa, uno de los sentenciados por el delito de cohecho pasivo agravado, era inocente, pero —afirma Página 12— cuando llegó a la presidencia de la CNJ decidió determinar su culpabilidad. También refiere una serie de irregularidades ocurridas durante la investigación y el juzgamiento con el fin de inculpar a Correa y dejarlo fuera de las elecciones presidenciales del 2021. En ese contexto, Iván Saquicela aclara que formó parte del tribunal que condenó a Rafael Correa cuando era juez de la Sala Penal de la Corte Nacional, y su designación como presidente de ese organismo se dio por votación del pleno. “Fiscalía ha tenido acceso a información que da cuenta de esos burdos intentos de desprestigio, con los que ciertos sectores buscan —desesperada y nuevamente— obtener impunidad en los casos que lleva la máxima autoridad de esta institución”, refería la Fiscalía General en un comunicado en el que rechazaba las acciones. De momento, dentro del caso Sobornos se lleva adelante la fase de ejecución, la cual está en manos de un tribunal de la CNJ presidido por el juez Walter Macías, magistrado que hace poco fue reintegrado a su cargo por una acción de protección que dejó sin efecto la destitución decidida con solo los votos a favor del presidente del CJ, Wilman Terán, y del vocal Xavier Muñoz.

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Bolívar Armijos asegura que apoyará en segunda vuelta a la candidatura de Luisa González

El Universo .– El candidato a la presidencia por el movimiento Amigo, Bolívar Armijos, obtuvo el 0.36 % del voto a nivel nacional en las elecciones del domingo último. El candidato a la presidencia de la República por el movimiento Amigo que obtuvo algo más del 0.36 % del voto a nivel nacional, Bolívar Armijos, asegura que en la segunda vuelta electoral apoyará a Luisa González, presidenciable del movimiento correísta de la Revolución Ciudadana (RC).   “Dice el adagio de nuestros ancestros que es mejor malo conocido, que bueno por conocer. Ya vieron lo que pasó con Guillermo Lasso, nos vendieron que iba a ser la panacea, que los millonarios no roban, que los de la derecha van a hacer cambios y mire el fracaso que tuvimos, una mala administración, corrupción, un Gobierno que no ha servido para nada. (…)  El Ecuador no aguanta más improvisaciones, está al borde del desastre”. señaló el abogado de 46 años.   Armijos no esconde su amistad con el expresidente Rafael Correa, de quien dice que tuvo aciertos así como grandes equivocaciones, ni tampoco que conoce a González, a quien la califica de una mujer “capaz y preparada”. Sostiene que su apoyo va para ambos y a la estructura que tiene la Revolución Ciudadana, principalmente porque cumplieron los ofrecimientos que les hicieron a las juntas parroquiales del país cuando el correísmo estuvo en el poder.   El hoy expresidenciable del movimiento Amigo hace un llamado a los líderes y candidata de la RC que una vez lleguen al poder una al país y trabajen ejecutando obras para todos los sectores del país, planes para mejorar la situación de inseguridad, desempleo, en la parte de salud y social.   Por encima de la votación que recibió Armijos estuvo el candidato presidencial de la alianza RETO, Xavier Hervas. Él hasta el momento ha obtenido aproximadamente el 0.49 % del voto a nivel país. Quienes están en la segunda vuelta electoral son Luisa González, de la RC, que ha obtenido cerca del 33.6 % de la votación general; y Daniel Noboa, alternativa a la presidencia de la República de la coalición electoral ADN, listas 4-35, que obtuvo aproximadamente el 23,4 % del voto total.   “Ecuador no solo necesita un presidente, necesita un liderazgo, un equipo de gente profesional y capaz que vaya a liderar cada uno de los ministerios en beneficio de los ecuatorianos. Hay que hacer muchas correcciones de personas que cometieron actos de corrupción, de personas que han cometido actos de persecución, porque ha existido de lado y lado corrupción y persecución. Esas personas no deben ser parte del equipo o del Gobierno de Luisa González. Que existan hombres y mujeres probados y que también se le dé la oportunidad a nuevos profesionales, sin mirar partidos políticos”, señaló Armijos, al tiempo de indicar que emitirá un comunicado señalando a sus seguidores que debe votar por el binomio de la RC.   Según Armijos, él no solo apoyará con su voto a la candidatura de Luisa González, sino que recorrerá el país haciendo campaña por quien cree que es la candidata adecuada para gobernar el Ecuador hasta mayo de 2025.

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Hasta 26 años de cárcel podría tener cada uno de los que perpetraron el ‘magnicidio’ de Fernando Villavicencio

El Universo .– El candidato a la presidencia Fernando Villavicencio fue asambleísta por dos años y presidió la Comisión de Fiscalización del cesado Legislativo. Penas que van de los 22 a los 26 años de cárcel es lo que podrían recibir quién o quiénes sean ubicados como autores del asesinato del candidato presidencial Fernado Villavicencio. Hasta el momento seis personas han sido detenidas, entre ellas, dos que habrían sido plenamente identificadas por cámaras de seguridad, pues estuvieron en lugares cercanos a donde se produjo el crimen pasadas las 18:00 del miércoles 9 de agosto último.   Pese a que personas cercanas al exasambleísta oriundo de la provincia del Chimborazo han calificado a este crimen como un magnicidio, en la normativa ecuatoriana -Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente- no existe esa figura penal como tal. El diccionario define al magnicidio como el asesinato de una persona importante en política por su cargo o poder.   El docente universitario y penalista Pablo Encalada cree que sí se puede calificar de magnicidio al asesinato del presidencial, pese a que el magnicidio como tal no exista con ese nombre en nuestra legislación. Pese a que no existe esa figura penal, el jurista aclara una de las causales del delito de asesinato, definido en el artículo 140 del COIP, se refiere a cuando un el homicidio se converte en asesinato cuando se trata de darle muerte a un candidato en elecciones. El artículo 140, numeral diez, del actual COIP, refiere a un tipo agravado de asesianto. Esta norma señala sobre el asesinato que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, si concurre alguna de las de las diez circunstancias que se defienen. La décima habla de perpetrar un asesinato en contra de un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido.   “No hay el magnicidio como tal en nuestra legislación, pero sí hay una conducta que sanciona de una manera agravada este crimen. Cuando se comete un homicidio en contra de un candidato a elección popular, estamos frente a una figura de asesinato y esto doctrinariamente se conoce como magnicidio”, anotó Encalada.   De lo que se ha hablado coloquialmente en Ecuador es también sobre la existencia del intento de magnicidio, cuando se habla de un ataque no concretado contra la figura del presidente de la República en funciones. Por ejemplo, así se recogió uno de los casos en los que se procesó a personal policial que participó en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 y que supuestamente atentaron contra el entonces primer mandatario Rafael Correa.   Lo que se trata como intento de magnicidio en el artículo 341 del COIP se define como tentativa de asesinato contra el presidente de la República. El articulado señala que esa tentativa contra el primer mandatario o la persona que esté en funciones será sancionada con pena que podría ir de los diez a trece años. Se resalta en el artículo 341 que la misma pena se aplicará a la persona que atente contra la vida de un jefe de Estado o de Gobierno.   El constitucionalista Stalin Raza piensa que en este caso no se puede aplicar el criterio de un magnicidio porque no se trata de un presidente de la República, ni ha sido un funcionario que ya había sido elegido, designado y en funciones. “Lo que ha pasado es que han asesinado lamentablemente a una persona importante, por la connotación que tenía y porque era un candidato a la Presidencia de la República, pero magnicidio no existe. Es el asesinato de un personaje público relevante, pero no es un magnicidio. (…) El magnicidio no está recogido como tal en nuestra legislación, pero es más un concepto de tipo político, simbólico”, manifestó Raza.   Luis Fernández Piedra, quien se presentó como amigo de Fernando Villavicencio y abogado de la familia de quien era el presidenciable por la alianza Gente Buena-Construye, criticó el manejo de la seguridad que se le brindó a Villavicencio luego del mitin político en el que se produjo el ataque mortal. Él cree que podría existir un crimen de Estado, pero que de esta opción se hablará en su momento con la familia y una vez que las investigaciones empiezan a arrojar resultados.

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Pedido de Jorge Glas para ‘rebaja de pena por ley más benigna’ deberá ser revisado por un juez de Garantías Penitenciarias de Quito

El Universo .– El exvicepresidente Jorge Glas mantiene en firme dos sentencias por actos de corrupción ocurridos en su paso por la función pública. El juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil (Guayas), Manuel Lima, decidió inhibirse de conocer el recurso de “rebaja de pena por ley más benigna” presentado por el exvicepresidente Jorge Glas, el 5 de julio pasado. La decisión la tomó luego de que fue informado sobre sí a nombre del “sentenciado Jorge Glas Espinel existen causas de garantías penitenciarias sorteadas, así como su correspondiente estado”.   El juez de garantías penitenciarias para su resolución tomó en cuenta lo que se indica en el artículo dos de la resolución 01-2022 emitida por el pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que establece que el juzgador de garantías penitenciarias, o quien haga sus veces, que previno en el conocimiento de una causa respecto de los regímenes de rehabilitación social, será el competente para conocer todo el sistema de progresividad en la ejecución de la pena, incluidos los incidentes.   Además indica que si se presentare una nueva solicitud de cambio de régimen de rehabilitación social o de progresividad, el juez que conozca esta nueva solicitud deberá remitir al juez que previno en el conocimiento de la causa.   Lima explica que de la información recibida se desprende que existe una causa de garantías penitenciarias en la Unidad Judicial Especializada en Garantías Penitenciarias en el cantón Quito (Pichincha), la cual fue sorteada con anterioridad al pedido de “rebaja de pena por ley más benigna”, esto es el 10 de mayo de 2023.   “Se logra determinar que la competencia para vigilar y controlar el cumplimiento de las penas de Jorge David Glas Espinel se ha asegurado y ratificado en dicha causa radicada en Quito. En virtud de las consideraciones expuestas, (…) me inhibo de conocer la presente causa debiéndose remitir las constancias procesales a su juez natural de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la causa 17U01-2023-00020G”, refirió en su decisión el juez Lima. El caso al que hace referencia el juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil es en el que se resolvió el pedido de cómputo de la pena que estuvo en manos de la también jueza penitenciaria, pero de Quito, Soledad Manosalvas. Ella, luego de una audiencia, señaló que, al 30 de mayo de 2023, al exvicepresidente Jorge Glas le restaban por cumplir dos años, once meses y quince días de su pena única de ocho años de cárcel.   En esa misma resolución Manosalvas refirió que el líder del correísmo desde el 13 de diciembre de 2020 ya tenía vía libre para solicitar el beneficio penitenciario de prelibertad.   El nuevo recurso planteado por los abogados de Glas, Johanna Cercado y Cristhian Palacios, la “rebaja de pena por ley más benigna”, se da con base en el artículo 230, número 9, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). La norma referida habla de la “competencia de los jueces de garantías penitenciarias” y sostiene que en las localidades donde exista un centro de rehabilitación social habrá, al menos, un juez de garantías penitenciarias, anotando que los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria.   Entre las situaciones jurídicas que tendrán competencia los jueces penitenciarios está lo descrito en el numeral 9, del artículo 230, invocado, es decir, “conocer y resolver la situación jurídica de las personas privadas de la libertad cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna”. QUITO (26-01-2023).- En el Complejo Judicial Norte, de Quito, se instaló la audiencia para analizar el pedido de pena única hecho por la defensa de Jorge Glas. La jueza Melissa Muñoz presidió dicha audiencia. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda Desde el 28 de noviembre pasado Jorge Glas está fuera de la Cárcel 4, ubicada al norte de Quito. De ese Centro de Privación de la Libertad (CPL) salió bajo “libertad provisional”, gracias a medidas cautelares autónomas acogidas por el juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Émerson Curipallo. Glas mantenía dos penas en firme: seis años de prisión por una asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht y ocho años de cárcel por un cohecho atado al caso Sobornos 2012-2016.   Como parte de la “libertad provisional” el ingeniero de profesión debía presentarse en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y tenía prohibido salir del país. La presentación periódica se reformó a mediados de abril pasado, debido a la situación de violencia e inseguridad que existe en la Penitenciaría del Litoral. Se le dispuso que Glas deje de presentarse una vez por semana en ese CPL y en su lugar lo haga ante un juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil.   A finales de enero pasado, al tercer intento, Jorge Glas consiguió que una jueza de Garantías Penitenciarias le de paso a la unificación de penas. La jueza de Pichincha, Melissa Muñoz, decidió aceptar el pedido que hizo el líder del correísmo y ordenó que la pena única vigente sea la de ocho años de prisión. Básicamente lo que se decidió es que la pena mayor, la de ocho años de prisión del caso Sobornos, absorba a la pena menor, la de seis años del caso Odebrecht.   Un mes después de obtenida la pena única, la defensa del hombre fuerte de los Sectores Estratégicos del gobierno de Rafael Correa pidió se le realice el proceso de cómputo de la pena establecido en el artículo 667 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El 30 de mayo pasado se dio la audiencia respectiva y se confirmó que a Glas le restaban por cumplir poco más de dos años de la pena de ocho años impuesta en la unificación.   Jorge Glas está a la espera de que se le defina una fecha para la audiencia en la que la fiscal general Diana Salazar le formule cargos por el delito de peculado  a él y a los exfuncionarios del correísmo, Carlos Bernal, exsecretario

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Lenín Moreno y otros 24 procesados en el caso Sinohydro enfrentarán dictamen acusatorio por cohecho en una audiencia el próximo 26 de julio

El Universo .– La Fiscalía investigó a 40 personas por el delito de cohecho, pero decidió finalmente emitir un dictamen abstentivo que favoreció a quince personas.   A poco de cumplirse cinco meses de haberse iniciado el proceso penal por el delito de cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa que se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, el exbinomio presidencial de Rafael Correa, Lenín Moreno, enfrentará el miércoles 26 de julio próximo una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).   La convocatoria la hace el conjuez nacional Bayardo Espinosa solo días después de que la fiscal general Diana Salazar emitió un dictamen mixto en el que acusa a 25 procesados, entre ellos, el exmandatario Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, dos de sus hermanos (Edwin y Guillermo Moreno Garcés), una cuñada y otros; y se abstiene de acusar a otras quince personas que inicialmente fueron investigadas.   La Fiscalía también decidió acusar a varios amigos cercanos del exprimer mandatario Moreno: el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatríz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia, Manuel Patiño Herdoiza), empresarios como Xavier Macías Carmigniani, yerno de Conto Patiño, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal china Sinohydro, entre quienes está el exembajador de China, Cai Runguo. En estos cuatro meses de instrucción fiscal, la cual cerró el 14 de julio pasado, la Fiscalía investigó una red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 en Ecuador y otros países con paraísos fiscales, para hacerse de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quede con la construcción del proyecto emblema del correísmo: Coca Codo Sinclair.   En la lista de los sobreseídos están Jacqueline Viteri Cedeño, cuñada del expresidente y esposa del también procesado Edwin Moreno; la nieta de Conto Patiño, María Patiño; el exmiembro del directorio de las hidroeléctrica Coca Codo, Francisco Castelló; además de abogados y extrabajadores de los Patiño en empresas como Comercial Recorsa y Novatex. El empresario Juan Manuel Durini también es uno de los sobreseídos, aunque su esposa Priscila Burneo, vinculada el 14 de junio pasado al proceso junto a su abuela Beratríz Herdoíza, es parte de quienes recibirán un dictamen acusatorio. La megaobra realizada en el gobierno de Correa habría costado al país más de $ 2.000 millones. La misma se realizó con un crédito del Eximbank de China en momentos en que Lenín Moreno era vicepresidente de la República, Conto Patiño representaba comercialmente a la empresa China Sinohydro y Cai Runguo era el embajador de China en Ecuador.   La etapa de evaluación y preparatoria de juicio del denominado caso Sinohydro llega teniendo al ciudadano chino Wu Yu como el único de los procesados con orden de prisión preventiva. Todos los que mantienen un dictamen acusatorio están presentándose periódicamente en la Corte Nacional en Quito, en sedes provinciales del poder judicial o en embajadas y consulados que mantiene Ecuador en Paraguay, Estados Unidos y Panamá.   Por ejemplo, Lenín Moreno y Rocío Gonzalez están presentándose periódicamente los últimos diez días de cada mes en la embajada de Ecuador en Asunción del Paraguay. Esa presentación deberá mantenerse los primeros tres meses, es decir, hasta septiembre próximo, pues a finales de octubre lo deberán hacer de forma en la sede de la CNJ, en la capital ecuatoriana. Desde enero de 2022, el exprimer mandatario ecuatoriano ocupa un cargo “ad honorem” en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Paraguay.   Dentro de este mismo casso cumplen una medida similar, pero en otro país, Irina Moreno, Xavier Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño, entre otros.   Para las 08:30 del 26 de julio próximo está convocada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se resolverá la situación legal de los 25 involucrados y se escuchará el sustento que tiene la Fiscalía para acusarlos de formar parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohydro con la adjudicación del contrato para construir Coca Codo Sinclair y por lo que a cambio habrían recibido $ 76 millones en sobornos. La diligencia se dará en el octavo piso de la Corte Nacional, al norte de la capital ecuatoriana.

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Fiscalía acusará solo al expresidente Lenín Moreno y a otras 24 personas como parte de la ‘red de corrupción’ que habría operado en caso Sinohydro

El Universo .– Un total de quince personas serían beneficiadas del dictamen abstentivo anunciado por la Fiscalía en un caso por cohecho que se inició el 5 de marzo pasado.   Luego de 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Sinohydro, la fiscal general, Diana Salazar, se decanta por mantener su acusación contra 25 de los 40 sospechosos investigados por el delito de cohecho supuestamente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa que se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. En esa lista quedan el expresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa, su hija, dos de sus hermanos, una cuñada y otros.   La tarde del lunes último, una vez cerrada la etapa de instrucción fiscal, Salazar dio a conocer al conjuez Bayardo Espinosa, de la Corte Nacional, su decisión de emitir un dictamen abstentivo a favor de quince personas. Solicitaba, además, que fije fecha y hora para, en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, fundamentar el dictamen acusatorio contra los restantes 25 implicados, entre quienes están varios amigos cercanos del ex primer mandatario Moreno: Conto Patiño, su esposa, cuatro hijos de estos, empresarios, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal china Sinohydro.   El cierre de los cuatro meses de instrucción fiscal, el 14 de julio pasado, se dio en medio de audiencias por pedidos de revisión y cambio de medida cautelar, de apelación a la prisión preventiva y otras diligencias judiciales. Ahora, para la Fiscalía, las 25 personas contra las que emitirá verbalmente un dictamen acusatorio son parte de la red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 para hacerse de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quede con la construcción del proyecto emblema del gobierno de Rafael Correa: Coca Codo Sinclair.   En la lista de los sobreseídos están Jacqueline Viteri Cedeño, cuñada del expresidente y esposa del también procesado Edwin Moreno; la nieta de Conto Patiño, María Patiño; el exmiembro del directorio de las hidroeléctrica Coca Codo, Francisco Castelló; además de abogados y extrabajadores de los Patiño en empresas como Comercial Recorsa y Novatex.   El empresario Juan Manuel Durini también es uno de los sobreseídos, aunque su esposa, Priscila Burneo, vinculada el 14 de junio pasado al proceso junto con su abuela Beatriz Herdoíza es parte de quienes recibirían un dictamen acusatorio. Felipe Rodríguez, abogado de Durini y Burneo, ha dejado claro que en la mayoría de las personas privadas investigadas la Fiscalía no ha podido demostrar que ellos, desde su posición, ayudaron en el cohecho que se analiza desde el 5 de marzo que se formularon cargos. La megaobra realizada en el gobierno de Correa habría costado al país más de $ 2.000 millones. Esta se realizó con un crédito del Eximbank de China en momentos en que Lenín Moreno era vicepresidente de la República y Cai Runguo era el embajador de China en Ecuador. Este último también es parte de las 25 personas a las que se les emitirá un dictamen acusatorio, en el que se incluirá el pedido de que sea llamado a juicio y en una audiencia de juzgamiento se defina su situación legal y de otras 24 personas. David Meza, abogado de Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, señaló que como defensa ha solicitado dentro de la instrucción fiscal pericias de contratación pública, de valoración de bienes muebles del expresidente y de procesos. También recordó que habrían solicitado una asistencia penal internacional para que el Reino de España certifique si Rocío González o Lenín Moreno tienen algún tipo de propiedad en ese país.   La teoría de la Fiscalía sostiene que para configurar el delito de cohecho a modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones, dineros que terminaron siendo repartidos desde las empresas de Conto Patiño entre los sospechosos a través de transferencias, el cobro de cheques, el uso de empresas de varios de los procesados y la compra de ciertos bienes muebles e inmuebles.   Como parte de las medidas cautelares ordenadas en el caso Sinohydro, Lenín Moreno y Rocío González deben presentarse una vez por mes en la Embajada de Ecuador en Asunción del Paraguay, país en el que se encuentran ambos desde enero de 2022. Moreno ocupa un cargo ad honórem en la Organización de Estados Americanos (OEA). En Paraguay tienen que presentarse los primeros tres meses y al cuarto deben hacerlo en la Corte Nacional, en Quito. De no cumplirse con esta disposición en octubre próximo, se les podría ordenar prisión preventiva.   El conjuez Espinosa será quien decida, una vez que escuche los argumentos de la Fiscalía y de las defensas de los acusados, si llama o no a juicio a quienes son señalados de ser autores del delito de cohecho. Si se define un auto de llamamiento a juicio a todos, estos deberán sustentar en una audiencia sus pruebas periciales, testimoniales y documentales que mantienen para defender cada una de las posiciones existentes en el juicio.   Aún no existe una fecha para la diligencia en cuya primera parte se analizarán si existen o no nulidades que afecten lo actuado hasta el momento dentro del proceso penal.

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