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Caso Gabela: cinco exministros del gobierno de Rafael Correa investigados por la Fiscalía por presunto peculado en el tratamiento que se dio al tercer producto

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El Universo .– La Fiscalía informó a la Corte Constitucional las acciones emprendidas alrededor de la contratación de una consultoría que hizo un Comité Interinstitucional. Cinco exministros que integraron el gabinete del expresidente Rafael Correa están siendo investigados por presunto peculado, por el tratamiento que se dio al denominado tercer producto, en la investigación del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, en el 2010. La Fiscalía General del Estado comunicó este 17 de julio de 2023 a la Corte Constitucional (CC) el cumplimiento que dio a una sentencia en la que ordenó la reconstrucción de este tercer informe, en el trámite de una acción extraordinaria de protección que presentaron Patricia Ochoa, viuda de Gabela, en conjunto con la Defensoría del Pueblo en el 2018. Ello, porque pese a una acción de acceso a la información pública que tramitaron años atrás, no pudieron acceder a la documentación completa de esa investigación.   Los jueces de la Corte, en un fallo de febrero pasado, concluyeron que se vulneró el derecho a la verdad de la familia de Gabela y decretó que se reconstruya este tercer producto y que la Fiscalía y la Contraloría General del Estado informen sobre las «medidas y sanciones» emprendidas hasta este 18 de julio.   Alegaron que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina «sanciones civiles, administrativas, penales para aquellos funcionarios estatales que oculten, alteren, pierdan o afecten a la información pública».   Según la Corte debe investigarse a aquellos exservidores que en su momento “estaban obligados al manejo de elaboración, recepción del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y a los funcionarios responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe”. De esta manera, la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar, remitió a la Corte Constitucional los resultados de esas medidas y acciones que tomaron por lo que sería la desaparición de este documento de los archivos del Estado.   Salazar informó que el 13 de marzo de 2023 abrió un expediente por el delito de peculado y que se encuentra en investigación en la Fiscalía de Fuero de Corte Nacional.   El expediente aglutina, por el momento, 2.968 fojas en 30 cuerpos y, como parte de la indagación previa, se han dispuesto 164 diligencias, entre ellas: 26 versiones receptadas, cuatro autorizaciones judiciales obtenidas, cuatro cadenas de custodia relacionadas con evidencia documental, digital y de audio y video, doce pericias dispuestas que incluyen las del sistema informático, 162 requerimientos a instituciones públicas, dos requerimientos a instituciones privadas y diez versiones por receptar. De acuerdo con este procedimiento, la Fiscalía reporta como presuntos involucrados a cinco personas que integraron el equipo de ministros de la gestión de Rafael Correa en el periodo del 2015. Entre ellos: Ledy Andrea Zúñiga Rocha, exministra de Justicia (actual candidata a asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana). César Navas Vera, exministro de Coordinación de Seguridad. Fernando Cordero Cueva, exministro de Coordinación de Seguridad y exministro de Defensa (expresidente de la Asamblea Nacional). José Ricardo Serrano Salgado, exministro del Interior (exasambleísta y expresidente de la Asamblea Nacional). Pedro Solines Chacón, exsecretario de Transparencia de Gestión (actual alcalde de Milagro). También se menciona a «funcionarios públicos que participaron de la contratación», aunque no se detalla sus identidades. Fernando Cordero (i) también fue exministro de Defensa y César Navas, exministro de Coordinación de Seguridad. (Foto: Cortesía. Tomada del Ministerio de Defensa) La investigación a estos exministros de Estado se da en un contexto en el que, en el 2012, el expresidente Correa constituyó un denominado Comité Interinstitucional que tenía como objetivo «conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de la señora Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte del señor Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana». Jorge Gabela, general y excomandante de la FAE, denunció en el 2008 la existencia de presuntos actos irregulares en la compra de siete helicópteros Dhruv que concretó el Ministerio de Defensa por $ 45 millones, a la empresa transnacional Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de los que cuatro se accidentaron y tres quedaron inoperativos.   Gabela fue asesinado en diciembre del 2010, luego que su hija fue víctima de una persecución en la que los delincuentes ingresaron a su casa en Guayaquil y en un aparente robo dispararon al general, que murió diez días después en el hospital Luis Vernaza.   La justicia procesó a cinco personas y concluyó que el asesinato de Gabela se debió a un delito común, pero Patricia Ochoa insistió al Gobierno de ese entonces que investigue, pues presume que el asesinato fue a causa de sus denuncias alrededor de la compra de los siete helicópteros.   Fue así que Correa integró este Comité en el que participaron un representante o delegados de las máximas autoridades del extinto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, quien lo presidía; el Ministerio de Coordinación de Seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, y, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.   Entre sus atribuciones, ese cuerpo colegiado podía recopilar información de cualquier naturaleza, entrevistar personas que pudieron tener conocimiento de los hechos denunciados; también acceder archivos y documentos, incluso aquellos que se encuentraban protegidos con el carácter de secreto, confidencial o reservados; y, también, practicar visitas, inspecciones, sesiones de trabajo, o cualquier otra actividad.   Para sus tareas podía contar «con peritos y expertos que les ayuden en el análisis técnico». Bajo esas atribuciones, el Ministerio de Justicia contrató, a través de la modalidad de consultoría, al perito argentino Roberto Meza Niella para que investigue los hechos que rodearon el crimen de Gabela.   La contratación se adjudicó por $ 78.000 y de ella se desprendieron tres productos. El primero contenía un cronograma de trabajo; en el segundo producto se había arribado a la hipótesis que el crimen se relacionaba con el crimen organizado por las denuncias de Gabela.   En ese segundo momento se había observado que el acto criminal se debía a un «acto ajeno a la delincuencia común» y se encontraron méritos en hechos relacionados con la actividad laboral de Gabela, por lo que se debía emitir un tercer informe sustentado con «recaudos probatorios que permitan determinar a

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Caso Gabela: Aún está pendiente la investigación de qué ocurrió con el ‘tercer producto’ elaborado en el gobierno de Rafael Correa

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El Universo .- Hasta el 18 de julio tendrían como plazo la Fiscalía y Contraloría para que informen sobre las ‘medidas y sanciones’ por el manejo de ese expediente forense. Luego que la Comisión de Coordinación y el perito argentino Roberto Meza Niella presentaron un tercer producto reconstruido de los hechos que rodearon el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, aún está pendiente determinar qué manejo tuvo ese mismo tercer producto que resultó de una primera investigación que llevó a cabo el extinto Comité Interinstitucional que funcionó en el gobierno de Rafael Correa. La reconstrucción de este tercer producto la ordenó la Corte Constitucional (CC) en febrero pasado, en el trámite de una acción extraordinaria de protección que la presentó la Defensoría del Pueblo y la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, en el 2018, tras no tener acceso a ese documento mediante una acción de acceso a la información pública.   La consecuencia de este suceso surge en el 2012, cuando el expresidente de la República Rafael Correa constituyó un Comité Interinstitucional que integró a varios ministerios de Estado para que investiguen el asesinato de Jorge Gabela, ocurrido en diciembre del 2010.   Ello, a propósito de que en el 2008, Jorge Gabela, excomandante de la FAE, denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv por $ 45 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para uso de la institución castrense. De esas siete aeronaves, cuatro se accidentaron y las tres que quedaron no están operativas.   Ese comité lo lideró el extinto Ministerio de Justicia que contrató, bajo la figura de consultoría, los servicios del perito Roberto Meza para que investigue el hecho. La adjudicación ascendió a $ 78.000.   En el 2015, la exministra de Justicia Lady Zúñiga divulgó los resultados de la investigación, señaló que el asesinato se habría relacionado con un delito común y descartó el crimen organizado en el marco de las denuncias del general Gabela. La contratación contemplaba un primer producto, que era un cronograma de trabajo; el segundo pretendía establecer si fue un delito común o la posible relación con el crimen organizado. Y un tercer informe avanzaría únicamente si, en el segundo producto, se concluía que la muerte no fue por delito común. Este último tercer producto debía señalar los presuntos autores intelectuales, el móvil del crimen y si fue consecuencia de las denuncias de Jorge Gabela sobre la compra de los helicópteros Dhruv.   Su viuda, Patricia Ochoa, denunció que no tuvo acceso al informe íntegro, pues los documentos que le entregó el Ministerio de Justicia no estaban completos, que no tenían firmas de autenticidad o sumillas y que tenían inconsistencias.   En el fallo de la Corte se recoge, por ejemplo, que hubo un primer producto, que tenía seis hojas sumilladas y la firma del perito; el segundo producto, que constaba de 43 fojas sumilladas y con la firma del perito y en este constaba: “Basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrarnos que el mismo seria (sic) consecuencia de la delincuencia organizada. Las dudas o variables de la investigación generadas al respecto serán nuevamente abordadas en la siguiente etapa y contrastadas posteriormente para poder arribar a conclusiones categóricas”.   Así se confirmó que hubo un tercer producto que, según conocieron los jueces, “consta de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto -en la que se encuentran las conclusiones- no contiene la firma del perito Roberto Meza, ni tampoco el sello”.   Los jueces notaron inconsistencias como que, pese a que el segundo producto concluyó que el crimen se trató de “delincuencia organizada” y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común” (sic).   Esta hipótesis llevó a la Corte a determinar que “las conclusiones entre ambos informes serían inconsistentes y la información proporcionada no puede ser catalogada como fidedigna, ya que no tiene aptitud para ser considerada original, creíble y veraz. Ergo, se vulneró el derecho de acceso a la información pública” y dispuso que ese tercer producto vuelva a hacerse.   La noche del 11 de julio de 2023, los miembros de la comisión, el académico Arturo Moscoso, la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz; y, el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, entregaron a Ochoa el informe que elaboró Meza y que develó la presunta participación de dos generales en servicio pasivo de la FAE en el crimen de Gabela.   Ochoa tiene un término de 20 días para hacer observaciones a este informe no judicial y Meza tendría otros 30 días para responderlas.   Pero aún queda pendiente la investigación de cuál fue el manejo de los documentos de este tercer informe. El presidente de la Comisión de Coordinación, Arturo Moscoso, exhortó a la Fiscalía General del Estado a investigar lo que sería la desaparición de ese documento que se elaboró hace diez años. “Deben responder por la desaparición de ese informe, por la que los ecuatorianos pagamos dinero y eso sí constituye peculado. Deben investigarse las responsabilidades por esta desaparición y la Fiscalía tiene una orden directa de la Corte que cumplir”, comentó Moscoso.   Por su parte, la comisionada Jeannine Cruz relató que en las gestiones para recuperar documentación que le permita al perito reconstruir este tercer informe vieron con sorpresa que los papeles provenían de los archivos de la ex Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y que les entregaron tres versiones del tercer producto.   “Cómo es posible que encontremos tres versiones del tercer producto. Una de ellas era una copia del primer y segundo producto; uno tenía más de 140 hojas. El segundo tenía 54 hojas y el tercero 92. Los tres productos cambiaban las conclusiones. En una primera versión, se mencionó que

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Tercer producto pericial sobre el asesinato de Jorge Gabela pasa a la observación de Patricia Ochoa

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El Universo .- Su abogado Ramiro Román no desestima que pueda solicitarse asistencia internacional si observan trabas en la investigación. Hay 20 días para pedir aclaraciones. Una vez que Patricia Ochoa, viuda del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, recibió el «tercer producto» pericial, ella en conjunto con su equipo de defensa técnica empezarán su revisión y determinar si se harán observaciones, sin descartar la posibilidad de solicitar la intervención de organismos internacionales para que avance la investigación. Ramiro Román, abogado defensor de Patricia Ochoa, contó que ahora que recibieron ese tercer producto, la primera tarea será revisarlo y analizar si se requerirán observaciones que podrán hacerlas en los próximos 20 días, o incluso, antes, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional (CC), que ordenó la reconstrucción de este documento.   Román resaltó la importancia de este reciente informe, porque da «más elementos para la investigación y vamos teniendo más elementos para seguir los recursos internos» en la Fiscalía General del Estado que indaga una posible ejecución extrajudicial del general Gabela. Aunque, no desestima que se solicite la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de llegar a observar que la justicia ecuatoriana no da respuestas. El jurista reconoce que deben agotarse los recursos judiciales en el Ecuador, pero cree que se puede solicitar una intervención internacional cuando se considere necesario. Como por ejemplo, después de lo que sucedió con la resolución del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera, que dictó sobreseimiento a 18 personas que fueron procesadas en el caso de peculado por la compra de los siete helicópteros Dhruv para uso de la FAE en el 2008.   «Es importante este tercer producto porque nos da más elementos para la investigación y vamos teniendo más elementos para seguir los recursos internos. Pero se puede pedir una intervención internacional cuando se considere necesario. Si en la Corte Nacional de Justicia se está empezando a hacer resoluciones como las del juez Luis Rivera en el caso Dhruv, los organismos internacionales deben intervenir para que se tomen los correctivos», opinó Román y recordó que hay jurisprudencia para Ecuador sobre procesos legales resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como con el caso Restrepo, Benavides, entre otros. La noche de este 11 de julio de 2023, la Comisión de Coordinación y el perito argentino Roberto Meza Niella entregaron a Patricia Ochoa el denominado tercer producto, que fue parte de una pericia elaborada entre el 2012 y 2013, que recogía varias hipótesis que rodearon el asesinato del general y excomandante de la FAE, Jorge Gabela Bueno, en diciembre del 2010. Gabela denunció la existencia de posibles anomalías en la compra de siete helicópteros Dhruv por $ 45 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) en el 2008, transacción que impulsó el Ministerio de Defensa en el gobierno de Rafael Correa. Ese documento, tercer producto, fue parte de una investigación no judicial que contrató en el 2012 el extinto Ministerio de Justicia que lideró un Comité Interinstitucional que creó Correa.   En 2015 se divulgaron los resultados de esa pericia, en la que la exministra de Justicia Lady Zúñiga informó que la muerte de Gabela se relacionaba con un delito común y se desestimó el crimen organizado.   Patricia Ochoa cuestionó que dicho informe contenía inconsistencias y solicitó la entrega del documento íntegro, sin éxito.   En el 2018, Ochoa y la Defensoría del Pueblo plantearon una acción de acceso a la información pública ante la justicia ordinaria que avanzó hasta la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección.   En febrero de 2023, los jueces de la Corte Constitucional fallaron a favor de Ochoa y ordenó al Gobierno nacional -de Guillermo Lasso- a que se conforme una Comisión de Coordinación que contacte al perito Roberto Meza y reconstruya ese tercer producto, al considerarse que desapareció de los archivos estatales.   En mayo pasado, Roberto Meza regresó al Ecuador para cumplir el fallo y entregó este 11 de julio y, en un acto público que se realizó en el Consejo de Comunicación en Quito, el tercer producto a Ochoa con la presencia de un notario y de la Comisión, que está integrada por Arturo Moscoso, catedrático y presidente; Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación; y Sebastián Palacios, ministro del Deporte. La Corte Constitucional otorgó un término de 20 días para que Ochoa y la Defensoría del Pueblo hagan las observaciones que consideren necesarias al documento elaborado por Meza y, este a su vez, tendrá otros 30 días para que las absuelva, según recoge la sentencia.   Ramiro Román detalló que a propósito de la estancia de su defendida, Patricia Ochoa en Quito (pues vive en Guayaquil), la invitará a reunirse y revisar el expediente para hacer las observaciones en los siguientes días.   Este último tercer producto aún se mantiene en reserva, pero de las principales conclusiones que Meza expuso el martes último, señaló que «existen suficientes indicios para ubicar al general (Rodrigo) Bohórquez y al general (Alonso) Espinosa con motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela Bueno».   También, que la muerte de Gabela «terminaría con las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv».   Sobre la relación de mandos en las instituciones, refirió que el «expresidente Correa, los exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, los miembros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la FAE, conocían la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv»; y, que «existió por parte de agentes de la FAE un sistematizado seguimiento al general Gabela desde el año 2008 hasta meses antes de su muerte e inclusive una amenaza evidenciada en la Asamblea Nacional».

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Borregos, tiktoks, canciones y eslóganes, las estrategias de los candidatos a la Presidencia durante la precampaña

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El Universo .– Expertos electorales consideran que los políticos están buscando a través de los contenidos creativos que el ciudadano deje de sentir apatía por la política. Usar las redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok para difundir imágenes de ovejas ilustradas con inteligencia artificial, canciones recicladas de candidatos anteriores, fotos haciendo yoga, eslóganes llamativos y videos de sus recorridos en moto y hasta usando una chaqueta de cuero están entre las estrategias comunicacionales que los candidatos a la Presidencia de la República están utilizando desde ahora, pese a no estar en campaña oficialmente. Esta será del 8 al 17 de agosto próximo.   Expertos electorales creen que dichas estrategias muestran que los actores políticos están conscientes del desinterés y apatía de la ciudadanía por la política, por lo que apuestan por presentar contenidos creativos para dar su mensaje y captar los votos para ser electos en las urnas el próximo 20 de agosto.   En los últimos días, decenas de imágenes de ovejitas acompañadas de los hashtags #ConLuisa, en alusión a Luisa González, aspirante de Revolución Ciudadana (RC), lista 5, y #MeeeeeGusta, en relación al sonido que emite esa especie, conocida también como borregos, se han tomado las redes.   Las ovejas aparecen en situaciones cotidianas con mensajes relacionados al retorno de políticas públicas y bajo el lema del “resurgimiento de la patria”. Coincide que se viralizaron luego que se volviera a cuestionar y llamar borregos a los militantes de RC por el respaldo al movimiento y a su líder, el expresidente Rafael Correa.   El consultor político Carlos Ferrín explica que este tipo de estrategias son adaptadas a los algoritmos basados en las preferencias de todos los usuarios y subraya que un mensaje político plano sin algún componente creativo no tiene nada de respuesta. “Nadie entra a las redes sociales con el ánimo de ver a un político, hace que el ciudadano se resista al mensaje político, allí es cuando funcionan las ovejas hechas en inteligencia artificial. Las canciones pegajosas, los eslóganes ingeniosos son formas de darle corriente al mensaje para que pegue en la población que cada día es más apática a estos temas”, explica.   En el caso de Jan Topic, aspirante a Carondelet por la alianza Por un País sin Miedo, listas 1-3-6, su moto con la placa con la leyenda “Ecuador sin miedo” y sus chaquetas de cuero se han convertido en sus aliadas para los recorridos que está haciendo por el país y que muestra a diario en sus redes sociales a través de fotos o videos, que cuentan con una producción más elaborada que el resto de sus contrincantes.   Además de mostrar qué hace día a día, Topic ha posteado varios videos en los que se lee todo tipo de tuits de personas que escriben sobre él y les responde, en algunas ocasiones con algo de humor.   Otro candidato, Otto Sonnenholzner, candidato de la alianza Actuemos de los partidos Avanza (lista 8) y SUMA (lista 23), ha apostado por publicar videos en redes sociales de sus recorridos por diferentes sectores de las provincias de Azuay, Manabí, El Oro, la capital, entre otros. En estos videos convive con los ciudadanos, escucha sus pedidos y comparte bailes con ellos.   También, en su cuenta de Instagram posteó un video de una recopilación de imágenes creadas por ciudadanos con la ayuda de inteligencia artificial. En estas gráficas se muestran diferentes versiones de su apellido, que en forma de broma hace referencia a la facilidad de confundir su pronunciación, entre ellas se mencionan Otto Schwarzenegger, Otto Sauces 9, Otto Salsa Choke, Otto Head & Shoulders; y, Otto Guns N’ Roses.   Gustavo Isch Garcés, consultor político y experto en campañas electorales, dice que los candidatos utilizan las redes para darse a conocer, pues hay toda una generación de jóvenes que no tienen idea de quiénes son ellos o sus candidatos a asambleístas y que el 87 % de los ecuatorianos no confía en ninguno de ellos.   “Algo que salta a la vista es que pretenden licuar la importancia de su posición ideológica; la ideología ya pasó de moda, a la gente no le importa la ideología, los jóvenes no entienden de ideología; mi ideología es el país, no es hora de ideologías, es hora de la unidad. Así pretenden echar bajo la alfombra de los intereses que representan y que defenderían si ganan las elecciones, tal como lo hizo Lasso en su momento”, explica.   En el caso de Daniel Noboa Azín, la opción de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), listas 4-35, su estrategia ha sido reutilizar la recordada canción de campaña de su padre Álvaro Noboa que comienza con la frase “Llegó la esperanza que todos queremos”. Noboa Azín utiliza la misma letra con una musicalización más moderna para acompañar los videos de sus recorridos por el país. El 25 de junio pasado, su padre publicó una carta para expresarle su respaldo en estas elecciones y agradecerle por haberlo acompañado en las cinco veces que buscó la Presidencia de la República. Yaku Pérez, candidato por la alianza Claro Que se Puede, listas 2-7-20, también ha visitado diferentes provincias del Ecuador y en cada una de ellas realiza un corto recorrido en bicicleta acompañado de su dupla Nory Pinela y sus simpatizantes. El ambientalista ha aprovechado otras plataformas de redes sociales para compartir contenido de sus aficiones. En Instagram, que es donde más postea, compartió un carrusel de imágenes en las que se lo ve al lado de una bicicleta mientras hace yoga al pie de la laguna de Yahuarcocha. Sus rutinas y posturas de yoga las realizó también cuando se candidatizó para la misma dignidad en las elecciones de 2021 y esto se viralizó a través de memes, lo que está volviendo a ocurrir. Para Fernando Villavicencio, que terciará por la alianza Gente Buena-Construye, lista 25, mostrar videos de sus recorridos por distintas provincias también es su estrategia, junto con los hashtags #EsTiempoDeValientes o #GobiernoValiente.   El exlegislador utiliza TikTok e Instagram para publicar contenido, pero a diferencia de otros no profundiza mucho en seguir

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Dos nuevas investigaciones penales contra Jorge Glas podrían revertir la ‘libertad provisional’ que mantiene y la ‘prelibertad’ que busca

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El Universo .- El expresidente Jorge Glas ha sido sentenciado por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo agravado en los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016.   Hasta hace tres días para el exvicepresidente Jorge Glas en el tema procesal penal lo que le restaba era solicitar la prelibertad, pero en tan solo horas su futuro jurídico se complicó: la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fecha para formular cargos contra el líder correísta por supuestos actos de corrupción ocurridos en la obra Manta-Colisa, como parte de la reconstrucción de Manabí, y además reabrió la investigación previa en el denominado caso Singue, que incluye al excompañero de fórmula de Rafael Correa.   El 30 de mayo último, una jueza de Garantías Penales de Pichincha le confirmó a Glas que le restaban dos años, once meses y quince días para completar su pena única de ocho años de cárcel definida en enero pasado, una vez que le unificaron los seis años por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht y los ocho de prisión por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016.   Con la unificación y la confirmación del cómputo de la pena, al exvicepresidente lo que le restaba era solicitar el beneficio penitenciario de prelibertad, para que así oficialmente pueda cumplir lo que le resta de pena fuera de la cárcel, bajo ciertas medidas dispuestas para alcanzar su reinserción social.   Ahora la posibilidad de que se le conceda la prelibertad se complica con el anuncio hecho por la fiscal general, Diana Salazar, de que dentro de una investigación previa abierta se han desprendido hechos que configurarían un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado, por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de una obra vial construida con fondos de la Ley de Solidaridad creada luego del terremoto de 2016. Ante ello, Salazar pide a la Corte Nacional día y hora para que se dé una audiencia en la que formulará cargos contra Glas, el exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí Carlos Bernal y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. “En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad”, recordó la fiscal general en un video colgado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía.   Según la fiscal Salazar, el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el gobierno de Rafael Correa conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.       Para la titular de la Fiscalía, este proyecto, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario. Lo sospechoso, según Salazar, es que se tomó esta decisión sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.    Ante lo dicho por la fiscal Salazar, Rafael Correa, quien fue presidente de la República durante el terremoto de 2016 e inició el proceso de reconstrucción, respondió: “¡Ya es descarado! ¿Quién puede creer los “informes” de delincuentes como (Pablo) Celi? ¿Por qué no se llama a los otros miembros del Comité de la Reconstrucción, como Agustín Casanova, aliado de Lasso? ¿Salazar está en capacidad de decidir la prioridad en el gasto de reconstrucción? Ojalá los jueces actúen honestamente. Ya falta poco”.   El inicio de este proceso penal podría cambiar la “libertad provisional” de la que goza Glas desde el 28 de noviembre pasado, debido a medidas cautelares autónomas que le concedió un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Émerson Curipallo. Esta situación podría ser modificada si luego de la audiencia de formulación de cargos el juez a cargo de la causa relacionada con la reconstrucción de Manabí ordena como medida cautelar la prisión preventiva de Jorge Glas.   A la formulación de cargos anunciada por la Fiscalía, a Glas se le suma que fue notificado el 22 de mayo pasado de que la investigación previa en el denominado caso Singue se reabre. En total fueron notificadas en este caso trece personas, entre ellas nuevamente los exministros Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, además de Aníbal Cazar, César Guerra y Gustavo Donoso. Hace casi siete meses que de forma unánime un Tribunal de la Corte Nacional resolvió en el caso Singue, en el que se analizó el delito de peculado, declarar la nulidad procesal de todo lo actuado a partir de la solicitud de formulación de cargos hecha por la Fiscalía e ingresada en la CNJ el 12 de febrero de 2019.    En esa misma declaratoria de nulidad, el juez Luis Rivera, presidente de la Sala, dejó a salvo la potestad que asiste a la Fiscalía General de iniciar la acción penal pertinente, “sobre la base de los elementos de convicción distintos a aquel que ha sido declarado nulo y para este caso que hayan sido recabados en la fase preprocesal de investigación previa 47-2017″.   El efecto práctico de la nulidad fue dejar sin vigencia la sentencia de ocho años para Jorge Glas; los exministros Pástor y Pareja Yannuzzelli; César Guerra, gerente del Consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue; y de cuatro años para los exfuncionarios públicos Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos.   Glas, Pástor, Pareja Yannuzzelli y Guerra fueron sentenciados inicialmente como coautores; mientras que Cazar, Donoso y Burgos recibieron una pena de cuatro años de prisión como cómplices de un supuesto peculado cometido en la adjudicación del contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue,

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Tribunal del caso Sobornos dispuso que Interpol Ecuador solicite la publicación de la notificación roja contra la exministra María de los Ángeles Duarte

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El Universo .- El 13 de marzo pasado, la Cancillería de Argentina comunicó a Ecuador que María de los Ángeles Duarte ya no se encontraban en su delegación diplomática.   Un mes después de que la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, abandonara clandestinamente la residencia de la Embajada de Argentina en Quito, el Tribunal de Ejecución del caso Sobornos 2012-2016 dispuso que la Oficina Central de la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) de Ecuador alerte de la búsqueda a la oficina central de la Interpol para lograr la localización y detención a nivel internacional de la exfuncionaria del correísmo.   La decisión hace parte de una providencia emitida el 12 de abril pasado por la sala presidida por el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías. Este magistrado, desde el 11 de mayo pasado, está suspendido por tres meses. Con los votos a favor del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del vocal Xavier Muñoz se decidió la suspensión temporal, ante actuaciones como juez penal de la CNJ y una denuncia de tipo administrativo interpuesta en marzo pasado por Esteban Celi, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Las Torres.   El pasado lunes 13 de marzo, el canciller argentino Santiago Cafiero se comunicó con el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, para informar que Duarte y su hijo de nacionalidad argentina, luego de 31 meses, ya no se encontraban en su delegación diplomática. Hasta donde se conoce Duarte, exministra condenada por gestionar varias empresas relacionadas con los procesados para el pago de sobornos a través del cruce de facturas y entregas en efectivo, se encuentra en Venezuela.   El ingreso de la exministra Duarte y su hijo a la embajada de Argentina en la capital ecuatoriana se remonta al 12 de agosto de 2020, un mes antes de que se conociera que quedaba en firme la sentencia contra ella y otras 19 personas acusadas por el delito de cohecho pasivo agravado, dentro del caso Sobornos. Duarte como coautora del delito de cohecho fue condenada a ocho años de cárcel y al pago de una reparación integral al Estado de $ 778.000.   En el caso Sobornos la justicia investigó la existencia de un esquema de corrupción que se mantuvo durante los períodos presidenciales de Rafael Correa. La teoría de Fiscalía señala que se utilizaron varias instituciones del Estado como plataformas para entregar contratos y convenios con empresas nacionales y extranjeras a cambio de sobornos que tenían la imagen de “donaciones”. Entre los beneficiarios de estos actos de corrupción habrían estado la organización política Alianza País y varios de sus miembros. Al expediente en marzo pasado ingresaron oficios del director General de Investigaciones de la Policía Nacional del Ecuador con el que se daba a conocer la “novedad” respecto a María de los Ángeles Duarte, señalando que la “Unidad Nacional de Interpol cuenta con las herramientas y servicios para la localización y búsqueda de fugitivos a nivel internacional”. Además el comandante General de la Policía Nacional, mediante oficio, hacía referencia a la orden de localización y captura de la sentenciada.   Los jueces del Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional explican en su providencia que la Oficina Central Nacional es el organismo designado por un país para desempeñar las funciones de enlace con los diferentes servicios del país, por ello a esta instancia le correspondería solicitar a la Secretaría General la publicación de las notificaciones. Se aclara que las notificaciones rojas se utilizan para la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado, están sujetas a unas condiciones específicas y para su solicitud se debe proporcionar unos datos jurídicos mínimos.   “(…) En el presente caso se cumplen las condiciones específicas que exige este tipo de notificación y a pesar de que la orden fue emitida con anterioridad, se advierte que, en la providencia de 6 de octubre de 2020, no se proporcionó los datos jurídicos que este tipo de notificación requiere. Por lo tanto, corresponde solicitar la notificación roja, consignando los datos jurídicos que determina el reglamento y que se precisan en esta providencia. Por lo manifestado, el Tribunal de Ejecución dispone que la Oficina Central de la Interpol de Ecuador solicite la publicación de la notificación roja respecto de la sentenciada María de los Ángeles Duarte Pesántes”, resalta la providencia. El presidente del Tribunal de Ejecución del caso Sobornos 2012-2016, Iván León (i), presenció el acto de descubrimiento de la placa que se ordenó colocar en el Palacio de Carondelet como parte de la sentencia por el delito de cohecho pasivo agravado. (Carlos Granja) Se define en la solicitud que se deberá entregar datos jurídicos de los momentos procesales relevantes del caso por cohecho pasivo agravado que tienen que ver con Duarte, es decir, documentos oficiales con la sentencia de primero y segundo nivel, el fallo de casación, la acusación con los pormenores de los hechos y actos que se imputaron a la exministra, la sentencia de cárcel y la reparación integral definidas y la confirmación de una boleta de localización y detención.   Razones humanitarias Duarte fue acogida en la embajada argentina como “huésped por razones humanitarias”. Para llegar hasta ese lugar, la exministra de Rafael Correa dejó de cumplir la presentación periódica en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y se retiró el dispositivo de vigilancia electrónica (grillete electrónico), ambas medidas ordenadas en el caso Sobornos por la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho.   Ese incumplimiento de medidas cautelares le valió a Duarte el inicio de otro proceso penal, pero ya no en la CNJ pues no tenía el fuero de ministra, sino en en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esta vez la Fiscalía le acusó del delito de incumplimiento de orden de autoridad competente. Al ser este un delito que no puede ser sancionado en ausencia, la etapa de juzgamiento quedó interrumpida hasta que la

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Andrés Arauz: «Mi interés no es la candidatura, es la Presidencia del Ecuador»

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El Universo .- El político dijo que espera la definición del buró político de la Revolución Ciudadana. Además, calificó de improvisada a la candidatura de Jan Topic. El excandidato presidencial Andrés Arauz habló sobre su futuro político de cara a las elecciones extraordinarias anticipadas que se desarrollarán en los próximos meses para elegir a los nuevos presidente y vicepresidente de la República y asambleístas. “Mi interés no es la candidatura, es la Presidencia del Ecuador. Hay gente que se prepara para ser candidato. En mi caso, digamos, quizás no es mi fuerte el tema de la candidatura, de la aparición, el maquillaje y la cuestión o la dimensión estética, el marketing. Aquí lo que necesitamos es un administrador público profesional, que ame a su patria, que tiene el interés de servir a su gente. Y eso es lo que estamos aquí, no para aparecer como candidato, como muchos otros, o que busquen a alguien que figure para simplemente llenar la papeleta y que no desaparezca el partido. Nosotros no estamos para perder el tiempo en eso, estamos para poder llegar al poder y empezar a servir a nuestra gente de forma técnica, planificada”, dijo Arauz en una entrevista en el medio digital Ingobernables, transmitida la noche del lunes 22 de mayo.   Al ser consultado si terciará por la Revolución Ciudadana (RC), el político respondió: “por supuesto, no podría ser de ninguna otra manera”.   No obstante, aclaró que la RC todavía no tiene definido el nombre del candidato presidencial que presentará para las elecciones venideras.   En ese sentido, mencionó que si no llega a ser escogido por el movimiento político, él será “orgánico” y apoyará a quien sea elegido por el buró político del movimiento. Aquello incluye la posibilidad de que Carlos Rabascall, excandidato a vicepresidente, pueda ser escogido como presidenciable para el nuevo proceso electoral. Arauz insistió que la intención no es estar en la papeleta, sino construir proyectos políticos Aclaró que no se ha separado de la Revolución Ciudadana, que haberse separado del buró político -tras su derrota en las elecciones de 2021- no implicó que renunció al movimiento. “Yo he sido y siempre seré militante”, aseguró.   Arremetió contra la administración de Guillermo Lasso, a quien acusó de haber socavar a la función pública y al país, de tener “mala intención y negligencia”, e incluso de estar relacionado con mafias. Además criticó la activación de la muerte cruzada y la propuesta de crear zonas francas financieras, a través de un decreto ley.   El exaspirante presidencial también se refirió a las personas que suenan como para las elecciones presidenciales anticipadas. En tono hilarante, Arauz apuntó dardos sobre el empresario Jan Topic, cuya candidatura ha sido confirmada y cuenta con el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC).   “Hablando de candidatos improvisados, me parece que Jan Topic sería un muy buen directo del ECU911, por ejemplo. Es un tipo que maneja la tecnología, conoce de seguridad, pudiera hacer un gran trabajo ahí (en el ECU911). Eso, a liderar un país entero, entender la dinámica de los municipios, de la inversión social, todo lo que se requiere entender en términos del marco político de lo que es administrar un Estado, creo que hay una distancia bastante grande. El personaje del empresario como líder de un país también creo que ha sido ya desmontado por el propio Guillermo Lasso”, comentó Andrés Arauz.   Criticó que el grupo político que apoya a Topic no dio los votos en la Asamblea Nacional, en junio de 2022, para la destitución de Lasso. “Le dieron un año más de vida a Lasso para que siga saqueando y destruyendo nuestro país. Ellos son los directos responsables de lo que está pasando en el Ecuador. Ellos (PSC) no pusieron los votos para que exista esa destitución en su momento de verdadera conmoción y ahora ellos tienen que asumir esa responsabilidad político, incluyendo a sus candidatos improvisados”, cuestionó.

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Jaime Nebot tilda de ‘pacto, pánico y estupidez’ a la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso

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El Universo .- En un comunicado, Nebot y Alfredo Serrano aseguraron que no ha existido un pacto entre el PSC con el expresidente Rafael Correa.   “¿A quién le beneficia la muerte cruzada, es decir una elección en apenas tres meses? Evidentemente a Rafael Correa que la ha venido pidiendo hace tiempo”.   Así inicia un comunicado firmado por Jaime Nebot, máximo líder del Partido Social Cristiano (PSC), y Alfredo Serrano, presidente de la agrupación política. El documento fue publicado la noche del jueves 18 de mayo, poco después de que la Corte Constitucional (CC) inadmitió todas las demandas de inconstitucionalidad que distintos actores plantearon en contra del Decreto Ejecutivo 741, que disolvió la Asamblea Nacional y adelantó las elecciones presidenciales y legislativas.   El texto resume en cinco puntos el rechazo del PSC a la medida aplicada por el presidente Guillermo Lasso. Además, se desmiente la existencia de un pacto de la tienda socialcristiana con el correísmo.   “Si el PSC y Nebot tuvieran pacto con Correa, habrían apoyado la muerte cruzada. Como jamás ha existido ni existirá dicho pacto, ni tampoco estamos de acuerdo con que se violente la democracia y la Constitución, hace rato que la hemos rechazado expresa y reiteradamente”, dice el comunicado. El PSC sostiene que el decreto se tomó al margen de la Constitución, “en actitud dictatorial, por miedo o por odio político”. Que esta la muerte cruzada, paradójicamente, beneficia al “al político odiado y temido” por quienes adoptaron la medida. En este caso se refiere al expresidente Rafael Correa.   “Ayer preguntamos, ¿pacto o estupidez, Presidente (Guillermo Lasso)? Hoy afirmamos: ¡Pacto, estupidez y pánico!”, sentencia la misiva firmada por Nebot.   Para el Partido Social Cristiano, Lasso siempre quiso evitar el juicio político, con la amenaza de la muerte cruzada. Además se indica que son inexistentes las causales crisis política y conmoción interna, invocadas por el presidente para activar la herramienta constitucional, así como tampoco existe el supuesto “plan macabro” que Lasso, dijo haber impedido que suceda, y que lo esto último contradice el motivo del Decreto 741.   Que se sienta un “nefasto precedente antidemocrático”, ya que en el futuro un presidente disolverá la Asamblea si se ve inmerso en un juicio político y teme perderlo.   Lo ocurrido provocará la paralización nacional e internacional del país, en términos económicos y financieros, públicos y privados. Traerá “enormes repercusiones negativas en el empleo y en la problemática social”, advierten los líderes del PSC.   “Nosotros jamás hemos sido ni seremos socialistas de ningún siglo; jamás concordamos con la forma de gobernar de Rafael Correa; siempre será nuestro adversario. Pero no lo odiamos ni le tememos. Son los cobardes y los odiadores lo que por ese motivo han evidenciado ahora un pacto bajo la égida del miedo, del odio y de la estupidez”, resalta el comunicado.   Finalmente, los líderes del PSC señalan que aceptan, bajo protesta, el fallo de la Corte Constitucional que rechazó las demandas de inconstitucionalidad, entre las que se incluye la demanda planteada por el excoordinador del bloque socialcristiano en la Asamblea Esteban Torres.

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Dos exministros de Defensa de Rafael Correa y otros 16 procesados conocerán, el próximo 19 de mayo, si son o no llamados a juicio por peculado en el caso Dhruv

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El Universo .– La Fiscalía solicitó que sean llamados a etapa de juzgamiento los 18 acusados del delito de peculado ocurrido en la compra de siete helicópteros Dhruv. Diez meses después de que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Dhruv se suspendió para que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, entre a deliberar la decisión de si llama o no a juicio a los 18 acusados del delito de peculado, el magistrado define para el próximo 19 de mayo, a las 16:00, la reinstalación de la diligencia. Esta diligencia se suspendió el 30 de julio de 2022 y desde ese momento lo único que esperan los sujetos procesales es que se cierre la fase preparatoria de juicio, conociendo si la decisión del juez es llamar a juicio a todos a varios o a ninguno. En cinco días de diligencia participaron entregando sus alegatos la fiscal general, Diana Salazar, la Procuraduría General (acusadora particular) y los abogados de los 18 acusados, en mayoría, integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en servicio pasivo (sp). Los 18 procesados son acusados por la Fiscalía de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, ocurrido en 2008. La investigación comprende hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución relacionados a la adquisición de estos helicópteros por parte del Estado, representado por el Ministerio de Defensa, y la HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C. A. La fecha para la reinstalación se concreta luego que el 8 de mayo pasado, la fiscal Salazar envió un escrito al juez Rivera señalando que en el caso, desde julio de 2022 hasta la presente fecha, “ha transcurrido el tiempo suficiente y razonable para que su señoría se pronuncie conforme al numeral 5 del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”. Dos días después el juez responde el escrito definiendo la fecha para la audiencia. “Uno de los derechos garantizados en la Constitución y que igualmente es garantía de los ciudadanos sometidos a controversia judicial es la tutela judicial efectiva, derecho y garantía que además exige se observe los principios procesales de legalidad, oportunidad y debida diligencia. Su inobservancia reviste una responsabilidad conforme establece el artículo 9 del ordenamiento constitucional”, señaló la fiscal en su escrito. En su momento, Diego Chimbo, abogado del procesado brigadier general (sp) de la FAE Jorge Mejía, aseguró que el tiempo que se ha tomado para deliberar supera todo plazo razonable dentro de un proceso judicial. En esa línea, el defensor cree que es un derecho que tienen los procesados a conocer en un “tiempo prudente” cuál es la situación jurídica que enfrentan. Además de Mejía, por peculado son procesados los exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa Javier Ponce y Wellington Sandoval. También hacen parte de los investigados Juan Cortez, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la FAE, Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez; el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, Carlos Morales; al exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; y Eduardo Esparza, brigadier general (sp) de la FAE. Finalmente completan la lista de sospechosos Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp), Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre, Francisco Torres. Para Salazar, los funcionarios públicos investigados infringieron el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública. Ellos arbitrariamente, explicó, haciendo uso de su función en sus diferentes roles, quebrantando sus obligaciones establecidas en la Ley y la Constitución, terminaron beneficiando a la empresa HAL con la adjudicación del contrato con el que se adquirió los helicópteros Dhruv. El proceso de compra de los helicópteros se formalizó mediante un contrato suscrito el 5 de agosto de 2008. Según la Fiscalía, el peculado investigado causó un perjuicio al Estado ecuatoriano de $ 66,4 millones. El abogado Chimbo espera que la decisión que está por dar el juez Rivera no se vea influenciada por lo sucedido en febrero pasado, cuando la Corte Constitucional (CC) aceptó una acción extraordinaria de protección y ordenó a la Presidencia de la República que conforme una comisión para que en el plazo de tres meses entregue un informe pericial sobre los presuntos autores intelectuales de la muerte del general de la FAE, Jorge Gabela, hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2010. De una parte se habla que el asesinato del general Gabela se dio durante el asalto que se produjo en su casa; mientras que la familia del uniformado sostiene que la muerte está relacionada con las denuncias que él hizo sobre la compra de los siete helicópteros Dhruv. El artículo 278 del COIP señala que cometen la figura de peculado los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo. Quienes sean encontrados culpables del delito de peculado serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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Andrés Oppenheimer: Los asambleístas del correísmo quieren enjuiciar a Guillermo Lasso por peculado, sin una sentencia judicial, pero defienden a Rafel Correa que sí está sentenciado

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EL UNIVERSO .- El periodista entrevistó al mandatario ecuatoriano para tratar la coyuntura política y de seguridad del país. En su reflexión sobre la entrevista que le realizó al presidente Guillermo Lasso -trasmitida la noche de este domingo, 16 de abril, por CNN en Español- el periodista Andrés Oppenheimer hizo un llamado a la coherencia a los legisladores de la bancada correísta sobre su posición de rechazo a la corrupción y a la vez la defensa a su líder, el expresidente Rafael Correa, sentenciado por cohecho pasivo agravado, dentro del caso Sobornos 2012-2016, a ocho años de cárcel. “Los legisladores opositores, del bloque del expresidente populista Rafael Correa, deben ser un poquito más coherentes porque cómo puede ser que quieran enjuiciar a Lasso por peculado, cuando todavía no hay una sentencia judicial en su contra y defiendan a Correa que fue juzgado, sentenciado y condenado por la justicia a ocho años de prisión por actos de corrupción masiva, incluyendo los sobornos de Odebrecht durante su gobierno”, arremetió.   El periodista dijo que por más que Correa afirme que es inocente pesa sobre él una sentencia.   “Entonces a qué juegan los asambleístas de Correa, en qué quedamos. Están en contra de la corrupción o a veces sí o a veces no”, afirmó.   No obstante, Oppenheimer subrayó que los legisladores están en su derecho de investigar al mandatario.   “Si lo quieren investigar a Lasso que lo hagan, pero entonces que no tengan la hipocresía de defender a Correa porque es una incongruencia total”, concluyó. En cuanto al juicio político, el periodista dijo que es la Asamblea Nacional la única que debe dirimir sobre si existen los motivos necesarios para llevar a juicio político al mandatario.   Sin embargo, reconoció que el panorama para el mandatario es difícil en el marco del juicio político, con miras a destituirlo, que se sigue en su contra por el presunto delito de peculado en la Asamblea Nacional.   El mandatario afirmó en el diálogo que actualmente no existen los 92 votos que se requieren para destituirlo del cargo y el periodista mencionó que si bien esto puede ser cierto, Lasso tampoco tiene los votos asegurados para evitar el juicio.   “Lasso tiene apenas unos 25 legisladores, entre propios y aliados, de los 137 legisladores de la Asamblea. Está por verse quien gana”, indicó.

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Procuraduría General apela sentencia de juez de Balsas que restituyó pensión vitalicia a Jorge Glas

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EL UNIVERSO .- Hasta abril de 2023, el Ministerio de Finanzas debería pagar al exvicepresidente Jorge Glas 31 pensiones suspendidas, lo que sumarían $ 139.717. Al no estar de acuerdo con la decisión tomada por el juez del cantón Balsas (El Oro), Eleuterio Aguilar, de aceptar una acción de protección que, en lo fundamental, declara la vulneración de derechos y devuelve la pensión vitalicia retirada a Jorge Glas, como exvicepresidente, la Procuraduría General del Estado (PGE) apeló el fallo y ahora jueces superiores a Aguilar revisarán su resolución.   La apelación fue interpuesta de forma oral en la misma audiencia del 6 de abril pasado en la que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Balsas dio a conocer su decisión. La acción de protección la planteó a inicios de marzo pasado Juan Antonio Romero “por sus propios derechos como afectado” y en representación del beneficiario Jorge Glas en contra del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).   Las violaciones de derechos aducidas se habrían dado y generado contra Glas, según Romero, cuando el MEF eliminó “de forma arbitraria e inconstitucional” la pensión vitalicia a la que tenía derecho el exvicepresidente de la República y líder del correísmo, quien mantiene dos sentencias en firme por actos de corrupción relacionados a los delitos de asociación ilícita, dentro del caso Odebrecht, y cohecho pasivo agravado, parte del caso Sobornos 2012-2016.   Tanto a Glas, como al expresidente Rafael Correa, en septiembre de 2020, el Ministerio de Economía les suspendió el pago de sus pensiones vitalicias luego de que quedó en firme la sentencia de ocho años de cárcel por el delito de cohecho. La decisión fue tomada con base en las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), parte de la Ley de Apoyo Humanitario, en la que exceptúan del beneficio de pensión a los exmandatarios con sentencias por delitos de peculado, cohecho y concusión.   Justamente ese fue el fundamento de la oposición de la PGE a que el juez Aguilar de paso a lo planteado por Romero. Los abogados del Estado explicaron que si bien el caso por cohecho tuvo una sentencia en abril de 2020, ese fallo fue apelado y la causa recién obtuvo una sentencia ejecutoriada el 23 de septiembre de ese mismo año. Desde esa lógica, se afirmó, fue el fallo en firme el que ordenó el retiro de las pensiones, basado en la disposición que había sido emitida tres meses antes, junio de 2020, como parte de la Ley de Apoyo Humanitario. Romero aseguró que esa reforma no podía aplicarse, pues para ellos la sentencia de primera instancia fue dada en el caso Sobnornos en abril de 2020 y las reformas a la Losep llegaron en junio de ese año, De tal forma que no podría darse una retroactividad para aplicar la reforma. Tanto el MEF como la Procuraduría también aseguraron que existía falta de competencia en el juez de Balsas, pues la supuesta violación de derechos se habrpia dado en Quito.   “La irretroactividad de la ley es una regla de procedimiento que prohíbe a los tribunales aplicar una ley posterior que no había sido promulgada cuando ocurrió el hecho objeto del juicio. La irretroactividad es un concepto jurídico que imposibilita la extensión de los efectos derivados de una ley a hechos anteriores de su entrada en vigor, o sea, impide que las leyes promulgadas tengan efecto a las situaciones o acontecimientos anteriores a las mismas, sobre todo, si son restrictivas de derechos individuales o de carácter sancionador”, anotó el juez en su fallo.   El juez de Balsas dio paso al recurso de apelación solicitado por la Procuraduría General y ordenó que se remita el proceso a la Sala de Sorteos de la Corte Provincial de Justicia de El Oro para que se definan los tres jueces provinciales que analizarán el fallo del juez inferior. Ellos podrían ratificar todo lo actuado o anular lo decidido por Aguilar.   La mañana de este viernes 14 de abril el juez Aguilar notificó al Ministerio de Economía y Finanzas, al Banco Central, a la Presidencia de la República y a la Defensoría del Pueblo con el contenido del fallo para que cada instancia dé cumplimiento a lo que se le dispone. En lo referente al MEF el magistrado le da un total de 15 días, contados a partir de notificada la sentencia escrita, para que informe con el cumplimiento total de las medidas de reparación integral dispuestas en este caso.   Las pretensiones aceptadas: El juez Eleuterio Aguilar aceptó la mayoría de las seis pretensiones planteadas por Juan Antonio Romero al momento de presentar la acción de protección que favorecía a Jorge Glas.   .- Aceptó la acción de protección propuesta por Juan Antonio Romero Matamoros por sus propios derechos como afectado y en representación del beneficiario Jorge Glas en contra del MEF.   QUITO (26-01-2023).- En el Complejo Judicial Norte de Quito, se dio la audiencia para definir la pena única de Jorge Glas. La jueza, Melissa Muñoz, presidio dicha audiencia. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda .- Declaró la vulneración de los derechos constitucionales de Jorge Glas a la seguridad jurídica, al principio de legalidad, al principio de progresividad de derechos, principio de irretroactividad de la ley, debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, a la integridad personal;  además de vulneración a su núcleo familiar a los derechos vida digna y proyecto de vida,   Como medidas de reparación integral .- Dejó sin efecto la disposición del legitimado pasivo de haber excluido a Jorge Glas del pago de las pensiones mensuales vitalicias.   .- Dispuso al MEF que en el término de 10 días de notificada esta sentencia expida el acto administrativo correspondiente ordenando la restitución del pago de la pensión mensual vitalicia al exvicepresidente Jorge Glas con la asignación del presupuesto necesario para tal fin, con fuente de financiamiento fiscal, por existir vulneración a sus derechos constitucionales reclamados en esta demanda.   .- Ordenó que el MEF, en el término de 10 días, realice el pago de

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Caso Sinohydro: el expresidente Lenín Moreno es parte del 30 % de los procesados por cohecho que han incumplido la presentación periódica dispuesta

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EL UNIVERSO .– Como parte de una red de corrupción la Fiscalía investiga a 37 personas, entre quienes están exfuncionarios púiblicos ecuatorianos y chinos.   El caso Sinohydro ingresa en su quinta semana de presentaciones periódicas de las 37 personas acusadas por el delito de cohecho y aún no se conoce formalmente cuántos de ellos no han cumplido las medidas cautelares dispuestas el 5 de marzo pasado. Un total de 90 días durará la etapa de instrucción fiscal en la causa en la que entre los procesados está el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, entre otros familiares del exmandatario.   Una vez el conjuez Bayardo Espinosa, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el 22 de marzo pasado, negó los recurso de revisión de la medida cautelar de presentación periódica solicitada por Moreno, González y otros seis investigados, la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional una certificación del cumplimiento de las medidas cautelares impuestas.   En una providencia del 28 de marzo pasado, desde la CNJ se dispone que secretaría certifique dicho pedido y una vez se anexe al expediente se señalará día y hora para la realización de la respectiva audiencia para la sustentación de la medida cautelar privativa de libertad.   Moreno, quien fue binomio presidencial de Rafael Correa y Jorge Glas, ya ha dicho que su situación médica y económica no le permiten ni a él ni a su pareja cumplir la medida de presentación periódica cada quince días en la secretaría de la Sala penal de la CNJ, en Quito. Ambos se encuentran en Asunción, Paraguay, desde enero de 2022, ya que Lenín Moreno ocupa un cargo “ad honorem” en la Organización de Estados Americanos (OEA).   “Yo no puedo asistir dos veces al mes, viaje de ida y vuelta de diez y doce horas, a más de lo que representa económicamente asistir (a Ecuador) de manera tan frecuente. (…) Los argumentos médicos me dicen que al corto plazo no puedo presentarme, con la frecuencia además que el juez exige, por lo menos en este momento no podría asistir”, sostuvo desde Paraguay el expresidente. Luego de que también se les negara la revisión de medida cautelar, deben finalmente cumplir la presentación periódica en la CNJ cada quince días Irina Moreno, hija del exmandatario y quien vive en Miami, Estados Unidos; el empresario Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño, quienes han informado que su lugar de residencia es Panamá. Inicialmente la primera presentación de estos procesados fue definida para el 20 de marzo pasado, cosa que no se cumplió porque estaba en trámite la audiencia de revisión de medidas.   El conjuez Luis Adrián Rojas, quien estuvo a cargo de la audiencia de formulación de cargos, advirtió en la lectura de la resolución con la que se abrió la instrucción fiscal que de incumplirse una sola de las medidas cautelares se procederá como establece la ley, es decir, “si se incumple la medida sustitutiva el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva”.   Las 37 personas son acusadas por la Fiscalía del delito de cohecho al ser parte de una red de corrupción que permitió, mediante sus acciones, que la empresa china Sinohydro se quede con el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. A modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones que, según la teoría definida por Salazar, fue repartida entre los sospechosos a través de transferencias y el cobro de cheques.   La presentación periódica cada quince días fue dispuesta para seis de los procesados, mientras que para 28 se les impuso la presentación periódica cada ocho días, la prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico. Para dos ciudadanos chinos no se definió medida cautelar alguna y solo contra el chino Wu Yu se ordenó la medida de prisión preventiva, medida que ya fue apelada y se está a la espera de que se realice la audiencia respectiva.   En lo que respecta a quienes deben cumplir su presentación periódica cada ocho días en la Corte Nacional al menos 24 de los 28 han cumplido las primeras tres presentaciones dentro del proceso. Del exembajador de China y exfuncionario de Sinohydro, Cai Runguo, Pablo Zatizabal y Mauricio Pérez de Anda en el Sistema Informático de Trámite Judicial (Satje) no se registran presentaciones.   De Francisco Castelló tampoco se registran sus presentaciones el 20 y el 27 de marzo pasado, pero en una última providencia se le concede el término de tres días para que haga llegar al juzgador los justificativos, en originales, de su no cumplimiento de sus presentaciones periódicas de esos días. En la providencia del conjuez Espinosa se señala que oportunamente se definirá día y hora para la realización de la audiencia que solicita Castelló.   De confirmar la Corte Nacional los nombres de quienes han incumplido cualquiera de las medidas impuestas, será tarea de la Fiscalía solicitar al conjuez a cargo del caso defina una fecha para revisar las medidas dispuestas para que estas sean cambiadas por la orden de prisión preventiva. El pedido y el análisis de un posible pedido de revisión deberá hacerse en una audiencia convocada específicamente para ese efecto.

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Guillermo Lasso reconoció que en cuatro ocasiones se ha intentado desestabilizar su Gobierno

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EL UNIVERSO .– El más reciente lo está atravesando actualmente y es el proceso de juicio político en el Legislativo con miras a su destitución y censura del cargo.   El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo en una entrevista con Ecuavisa que en los casi dos años que lleva de mandato su Gobierno ha atravesado cuatro momentos de intentos de desestabilización que se los atribuye a lo que él ha denominado como “los triunviros de la conspiración”: Jaime Nebot, Rafael Correa y Leonidas Iza.   Según el mandatario estos cuatro momentos han sido los siguientes:   Filtración de los Pandora papers Indicó que el primer intento se registró en octubre de 2021 cuando salieron a la luz los Pandora papers, que fueron una filtración de archivos en los que se reveló la vinculación de políticos y empresarios con empresas offshore registradas en paraísos fiscales; entre ellos se mencionó a Guillermo Lasso.   La Contraloría General del Estado (CGE) dictaminó el archivo del proceso de investigación al presidente Lasso por inversiones en paraísos fiscales por no encontrar irregularidades en el periodo que va desde la inscripción de su candidatura, el 23 de septiembre de 2020, hasta la fecha de su posesión, el 24 de mayo de 2021.   El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación actualizó su base de datos pública con información de los Pandora Papers Paro nacional de junio de 2022 El segundo intento desestabilizador, según el mandatario, fue en junio de 2022 cuando se registró el último paro nacional que vivió el país por 18 días.   “El levantamiento indígena fabricado por Leonidas Iza porque no había motivo para llevarlo a cabo”, manifestó.   El paro de junio de 2022 cerró con 9 muertes, 318 personas heridas, 22 de gravedad; 31 mujeres agredidas y 199 detenciones. De parte del Estado se conoció en su momento que se abrieron investigaciones. La Fiscalía General del Estado ha presentado públicamente que existe un total de 403 procesos penales abiertos, de los cuales 369 se encuentran en investigación previa y 34 en instrucción fiscal.   Además, la economía ecuatoriana se desaceleró por las paralizaciones. Las pérdidas económicas y los daños ocasionados ascendieron a $ 1.115 millones. De esta cifra, $ 330 millones correspondieron a pérdidas y daños en el sector petrolero y $ 785 millones al sector no petrolero.   Quito 30 de junio 2022. En el día 18 del paro Nacional, una marcha de comunidades indígenas llega al parque de El Arbolito. Los manifestantes salieron desde la univerdad central recorriendo la Av Patria. API- CESAR PASACA Foto: API Atentados y explosiones en Guayaquil El tercer intento para Lasso fue el 1 de noviembre pasado cuando se registraron una serie de atentados con explosiones y policías muertos en varios sectores de Guayaquil.   Lasso subrayó que esa ocasión actuó con rapidez y entereza. Suspendió el viaje que tenía programado a Orlando, Estados Unidos, del 2 al 6 de noviembre junto con su familia y se reunió con las máximas autoridades en materia de seguridad del país para tomar acciones.   Decretó también estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas con toque de queda a partir de las 21:00. Guayaquil, martes 01 de Noviembre del 2022 Durante la madrugada de hoy se registraron varios atentados en diferentes sectores de la ciudad, en la gráfica un coche bomba en los exteriores de una UPC del sector Guamote en Pascuales. Fotos:César Muñoz/API Foto: API Juicio político en la Asamblea El cuarto intento de desestabilizar su Gobierno, el presidente lo está atravesando actualmente y es el proceso de juicio político con miras a su destitución y censura del cargo.   Lasso dijo que a este juicio se suman también los cinco pedidos de revocatoria de mandato que se han presentado en los 22 meses que lleva de Gobierno.   El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, convocará para este lunes a los integrantes de la mesa para conocer la solicitud de juicio y disponer la notificación al acusado y a los acusadores para que presenten las pruebas de cargo y de descargo en un plazo de diez días.   En la gráfica un grupo de asambleístas que el 16 de marzo oficializaron el pedido de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Cortesía Foto: Christian Medina En el expediente de juicio presentado por los cuatro asambleístas acusadores, en la página 54, solicitan que dentro del proceso de juicio político se recepte la prueba testimonial de al menos 36 personas, entre funcionarios que incluyen al contralor del Estado, Carlos Riofrío; la fiscal general del Estado, Diana Salazar; el canciller, Juan Carlos Holguín, e inclusive piden el testimonio de asambleístas.   Adicionalmente, el presidente de la República, en calidad de acusado, podrá también solicitar a la Comisión la práctica de diligencias y pedir el testimonio de cualquier funcionario público. 

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Guillermo Lasso ofrece contar toda la verdad en la Asamblea, sobre su participación en juicio político

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EL UNIVERSO .– En otro tema, el presidente defendió su autorización para que personas naturales tengan y porten armas para combatir la inseguridad. “No podía dictar la muerte cruzada, dejando la duda de qué es lo que verdaderamente habría ocurrido con el juicio político”, dijo este domingo el presidente de la República, Guillermo Lasso, respecto al proceso que se iniciará el lunes en la Comisión legislativa de Fiscalización.   El mandatario, quien el sábado autorizó la tenencia y el porte de armas para civiles, cumpliendo requisitos legales, dijo que no optó por la muerte cruzada -que le permite disolver el Parlamento- porque no quería que se interprete como una forma de evitar el juicio político por posible peculado.   Respecto a ese proceso legislativo, que se dará luego de un informe favorable de la Corte Constitucional, Lasso opinó que los magistrados de ese organismo no leyeron toda la documentación. “Se pretende censurar a un presidente sin que estos hechos hayan pasado por la justicia ordinaria”, manifestó en entrevista con Ecuavisa.   Sobre este caso, insistió en que “no existe peculado” y destacó que las utilidades de la empresa pública Flopec han crecido en su administración, siguiendo recomendaciones de Contraloría.   “Espero que los asambleístas que tienen decencia, que sí los hay, a quienes se los han engañado con información falsa, recapaciten en bien de la estabilidad del país”, dijo Lasso. Por eso, aseguró que en la intervención que hará en el Parlamento, dará detalles sobre la “conexión entre la mafia del narcotráfico y la corrupción, con algunos asambleístas”.   Después de ‘decir la verdad’ en el juicio político, evaluará si aplica la muerte cruzada, añadió.   Lasso sostuvo, como ha dicho en otras ocasiones, que el expresidente de la República, Rafael Correa, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, están detrás de un supuesto intento por desestabilizar al Régimen.   Iza, con advertencias de posibles manifestaciones en contra del Gobierno, “pone en situación de riesgo a la democracia”, mientras que Correa está “desesperado” para que se dicte la muerte cruzada, pero “no podemos darle gusto”, dijo el mandatario.   “Voy a gobernar todo mi periodo y para eso estoy trabajando”, comentó Lasso ante la posibilidad de ser destituido por el Parlamento, para lo que se necesitan 92 votos.   Sobre su decisión de autorizar el porte y tenencia de armas para las personas naturales que lo soliciten, insistió en que será “regulado” y calificó su Decreto de “oportuno” porque “las empresas de seguridad lo pedían”.   Lasso puso el ejemplo de los guardias de seguridad en una joyería o centro comercial, que no tienen armas. Ahora, los delincuentes sabrán que están armados y el Gobierno los defenderá ante cualquier decisión judicial en su contra, si reaccionan en algún hecho delictivo, manifestó.

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Expresidente Lenín Moreno y su esposa plantean ‘habeas corpus preventivo’ ante medida cautelar en caso Sinohydro; la diligencia se difirió para este viernes

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EL UNIVERSO .- Fiscalía acusa a 37 personas por cohecho dentro del caso Sinohydro. Exfuncionarios públicos ecuatorianos y chinos y empresarios están entre los procesados.   Por pedido de la defensa del expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, se difirió para este viernes 17 de marzo, a las 09:00, la audiencia en la que se tratará el habeas corpus preventivo planteado por ambos procesados dentro del caso Sinohydro. La diligencia inicialmente estaba convocada para las 09:00 de este jueves 16 de marzo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), pero se difirió minutos antes de que se instale.   Tanto Moreno como González recibieron, el 5 de marzo pasado, la medida cautelar de presentación periódica cada quince días ante la Sala Penal de la Corte Nacional en la causa que investiga a 37 personas por el delito de cohecho. Luis Adrián Rojas fue el conjuez que dictó la medida y por ello él deberá asistir a la audiencia o presentar su informe correspondiente, con la documentación que justifique la medida cautelar impuesta en contra de los dos accionantes.   El habeas corpus preventivo es una acción que permite evitar o prevenir el hecho de que una persona pueda ser privada arbitraria, ilegal e ilegítimamente de la libertad. La acción de tipo constitucional llega días después de que David Meza, defensa de Moreno y su esposa, ingresó formalmente a la CNJ el pedido para que se revise la medida cautelar de presentación periódica cada quince días. Lo que se busca con la revisión es que el juez Rojas pueda cambiar la presentación periódica definida en Quito, en la Corte Nacional, por una presentación periódica en la Embajada de Ecuador en Asunción del Paraguay, país en el que se encuentran los dos procesados desde enero de 2022.   Rojas se refirió a este tema en una providencia resaltando que tanto Moreno como González solicitan que “por razones humanitarias y condición de vulnerabilidad” se convoque a una audiencia de revisión de medidas cautelares. En ese documento el conjuez indicó que “con relación a lo solicitado, oportunamente y acorde al calendario de audiencia que maneja y/o dispone la Sala de lo Penal -de ser pertinente- se convocará a la audiencia respectiva, hasta tanto los sujetos procesales deberán estar a lo dispuesto en la resolución oral del 05 de marzo de 2023″. QUITO (01-03-2023).- Luis Rojas es el conjuez nacional que se hizo cargo de la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo Si no se revisa esta medida cautelar o se niega el habeas corpus solicitado, Moreno y su esposa deberán cumplir el lunes próximo con la primera presentación en el caso Sinohydro.   Un Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional estará a cargo del habeas corpus preventivo. Lo integrarán María Gabriela Mier, conjueza nacional que actúa en reemplazo de la jueza Katerine Muñoz, y los jueces nacionales María Consuelo Heredia y Alejandro Arteaga.   A la audiencia fue convocado Bayardo Espinosa Brito, conjuez nacional que está encargado del despacho del conjuez Luis Adrián Rojas. Espinosa Brito asumirá de este modo la competencia respecto de la sustanciación del proceso por cohecho y además deberá acudir a la audiencia o presentar informe correspondiente.   En este caso son procesadas 37 personas, a quienes la Fiscalía acusa de ser parte de una red de corrupción que permitió, mediante sus acciones, que la empresa china Sinohydro se quede con el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. A modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones que, según la teoría definida por Salazar, fue repartida entre los sospechosos a través de transferencias y el cobro de cheques.   Meza en su momento señaló que con las dos historias clínicas anexadas al pedido de revisión se pretende demostrar que su cliente ha tenido infecciones complejas que han sido tratadas médicamente e incluso mantuvo un cuadro que casi le llevó al coma. “Traerlo al Ecuador cada quince días es inhumano y materialmente y económicamente imposible porque no viaja solo, viaja con su esposa, enfermera y la persona que lo cuida. (…) No sé cuál era la necesidad de dar una disposición de presentarse cada quince días si sabemos que no la va a poder cumplir”, anotó. 

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La exministra María de los Ángeles Duarte al dejar la residencia de la Embajada de Argentina ‘rompió’ el asilo diplomático; internacionalistas creen que podría generarse un ‘impasse diplomático’

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EL UNIVERSO .- María de los Ángeles Duarte fue condenada por el delito de cohecho como coautora. Además de los ocho años de cárcel se le condenó a pagar $ 778.000. El haber abandonado la exministra de Transporte y Obras Públicas del correísmo, María de los Ángeles Duarte, la residencia de la Embajada de Argentina, en Quito, significaría una “tácita ruptura” del asilo diplomático que otorgó Argentina en diciembre del año pasado, ante la solicitud de la exfuncionaria pública que mantiene una sentencia en firme de ocho años carcel por el delito de coehcho, parte del caso Sobornos 2012-2016. Así lo entiende el profesor universitario y exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Estarellas. Según él, al momento que “escapó” Duarte de la residencia del embajador de Argentina en Ecuador, ella abandonó el proceso de asilo, el cual está definido como una protección y ante ello se toman medidas. Estarellas recuerda que el proceso normal, lo cual está señalado en las convenciones de asilo, es que si alguien va a abandonar el asilo, la persona tiene que firmar un acuerdo en el que se indique al embajador que se va a renunciar al mismo. “Aquí hay una serie de incoherencias que deberán ser resueltas en los próximos días. (…)  Ella ya rompió el asilo en el momento en que escapó. (…) Con Argentina María de los Ángeles Duarte rompió el asilo escapando, si es que escapó, le ayudaron o lo que sea. Ahora no sería raro que ella aparezca en Argentina pero ya no como asilada diplomática”, anotó Estarellas. El lunes último, el canciller argentino Santiago Cafiero se comunicó con el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, para informarle que Duarte y su hijo menor de nacionalidad argentina ya no se encontraban en su delegación diplomática. Ambos ingresaron en la embajada de Argentina en la capital ecuatoriana el 12 de agosto de 2020 y fueron acogidos como “huéspedes por razones humanitarias”. Cafiero en su comunicado al canciller Holguín explica que “más allá del estatus otorgado y la voluntad del gobierno argentino de mantener la condición de asilada diplomática que la señora Duarte Pesántes se ha ausentado por decisión propia y sin que haya mediado indicación alguna a las autoridades de le embajada en la República del Ecuador”. Pese a que desde Argentina se sostiene que la salida de Duarte, su hijo y su perro se habría dado entre el sábado y el domingo úiltimo, la Policía en Ecuador tiene la teoría de que esa salida se dio el viernes en la noche, al interior de un vehículo diplomático, al cual ninguno de los dos controles policiales establecidos en esa sede diplomática podían realizar una revisión de quienes entran o salen abordo de los mismos. El director de investigaciones de la Policía Nacional, general Fausto Olivo, en una entrevista en Ecuavisa la mañana de este martes dijo que se está investigando la fecha, la hora y la forma en la que se produjo la salida de la exministra. No se descarta que este inmiscuido un vehículo diplomático. El oficial resaltó que ya habrían sido activados el Bloque de Busqueda de la Policía, Migración, … Lo que es cierto es que la Policía ya notificó a la Corte Nacional de Justicia y a la Fiscalía General para que se adopten los trámites necesarios para que sea traída al país Duarte y sobre ella se originen las investigaciones del caso a nivel local. Tentativamente se cree que la exfuncionaria del periodo presidencial de Rafael Correa, también condenado en el caso Sobornos, estaría en Venezuela, país en el que se encuentran los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, ambos con proceso judiciales pendientes en Ecuador. El exsubsecretario de Relaciones Exteriores Estarellas piensa que Duarte puede aparecer en Nicaragua, Venezuela o México, país en el que están varios exfuncionarios del correísmo, y en esos países le podría otorgar otro tipo de asilo, que sería un asilo territorial, más conocido con el nombre de refugio. El internacionalista Mauricio Gándara cree que en este caso lo que pudo haber existido es un “escape” de María de los Ángeles Duarte con la anuencia de funcionarios de la Embajada de Argentina en Ecuador. “No se puede creer que la señora Duarte pudo haber escapado, como se dice desde la Embajada de Argentina, sin el conocimiento del personal, de los funcionarios, de los empleados. Esa es una versión  que se va tormando más inaceptable. (…) Este asunto es muy grave”. Tanto Gándara como Estarellas sostienen que es imperante el que diplomáticamente Argentina dé una explicación de lo que sucedió, pues cómo una persona que se encontraba asilado, que tiene un llamado a juicio y tiene sentencia firme, de repente desaparece. Para Gándara, si se comprueba que existió algún tipo de colaboración de la Embajada de Argentina en Ecuador en la salida de Duarte, lo que amerita, aclara, es la expulsión del embajador o al menos la declaratoria de persona non grata del actual embajador argentino en nuetro país. “Puede generarse un impasse diplomático, porque se estaría engañado al Ecuador”. Por su parte, Estarellas refiere que no solo se debería investigar la participación en este caso de cualquier funcionario de la embajada de Argentina en Quito, sino también a los agentes policiales que debieron haber estado en los exteriores de la residencia del embajador argentino. “En toda casa de Embajador existen policías y más aún cuando en ese lugar hay una persona asilada. ¿Qué hizo la Policía si ella salió por la puerta?”. 

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