REFERÉNDUM archivos - Centro 101.3 FM Guayas y Santa Elena

El chavismo abre con el Esequibo un nuevo frente para asegurarse un control absoluto hasta las presidenciales de 2024

El País .- Un escenario de intensificación del conflicto abre la puerta a declarar un estado de emergencia que le permita al Gobierno postergar las elecciones Con los centros electorales desiertos durante el domingo y la indiferencia del electorado, el chavismo ha declarado una victoria poco palpable en el referéndum sobre el diferendo con Guyana por el Esequibo y Nicolás Maduro ha afirmado que comienza una nueva etapa en el país. “Vamos a recuperar y hacer justicia con la fuerza de todos”, dijo el presidente este lunes cuando recibió del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, los resultados del proceso que cambiaron en unos miles de votos con respecto a los anunciados la noche del domingo. Maduro ha asegurado el referéndum es vinculante, aunque así no fue convocado, y está por verse cómo avanzará hacia el cumplimiento de lo planteado. Más allá de los números, el Gobierno busca tener un respaldo popular para desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que Guyana adelanta su defensa. En este aspecto, sin embargo, el Supremo ya había decidido en una sentencia previa a este referéndum que Venezuela no acataría decisiones o actos de dictados por instancias internacionales sobre su territorio. No está claro si Venezuela abandonaría completamente la defensa del caso ante esta instancia, algo que aislaría aún más al país, o si se seguirá asistiendo a las audiencias y presentará la contra memoria en abril de 2024 en un proceso judicial que todavía está lejos de resolverse. Cómo hará cumplir los planteamientos de la quinta pregunta es la principal incertidumbre que hay ahora luego de los resultados. Esta cuestión es la que ha levantado más preocupación del país y que la propia CIJ dejó asentada en su decisión del viernes, en la que advirtió a Venezuela no hacer nada que modificara el estatus del territorio que de facto administra Guyana, mientras se decide la controversia de los límites. El domingo, los venezolanos que votaron aprobaron que el Gobierno cree el estado Guayana Esequiba y ejecute “un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana”. Esto ha sido interpretado en algunos sectores como una amenaza de anexión de un territorio en el que viven unas 125.000 personas que tienen ciudadanía guyanesa y son angloparlantes en su mayoría. “No sabemos si Venezuela se va a limitar a hacer gestos simbólicos con eso de crear el territorio Esequibo y nombrar autoridades simbólicas y si eso puede ser visto como una agresión por Guyana, o si pretenden utilizar algún mecanismo por la fuerza”, señala el abogado Alí Daniels, de Acceso a la Justicia. Una pretensión de este tipo podría llevar a Guyana a ubicar el conflicto en el terreno del Consejo de Seguridad de la ONU e incluso podría abrirle camino a una nueva demanda contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, donde está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad, advierte Daniels. “Una situación de conflicto no requiere que haya acción bélica. Puede ser una movilización de barcos, una expresión de control territorial de las aguas, que podría ser considerado como agresión y generar una escalada que nadie quiere”. Guyana ha otorgado concesiones petroleras en las aguas concernientes a la costa del territorio en disputa. En 2018 la Armada venezolana ya interceptó un buque de Exxon Mobile que navegaba por las aguas en disputa y elevó el tono de las tensiones diplomáticas en ese momento. En el plano internacional Venezuela tiene la cuerda muy corta frente a Guyana, que retiene los apoyos no solo de Estados Unidos y Reino Unido, sino también del Caricom, Cuba y China que, aunque en otros terrenos son aliados de Venezuela, históricamente han dado su respaldo a Guyana en este conflicto territorial. El paso que ha dado chavismo abre un nuevo frente que tiene menos que ver con la soberanía y la geopolítica internacional que con su posición interna frente unas presidenciales que ya están a la vuelta de un año. Maduro no logra remontar del piso de 15% de apoyo popular —según datos de encuestadoras como Delphos— que lo ha mantenido en un largo peor momento de su gestión. Las elecciones que deberían celebrarse en el segundo semestre de 2024, según lo firmado en los acuerdos de Barbados, sobre las que está siendo presionado en las negociaciones por la comunidad internacional para cumplir unas mínimas garantías democráticas, suponen en este momento la mayor amenaza para su estabilidad y permanencia en el poder. Por ello, un escenario de conflicto, como han sostenido diversos analistas, serviría de contexto para declarar un estado de emergencia que le permita al Gobierno postergar las elecciones. “Esto es un asunto más de política interna que externa, porque en seis meses no va a tener una decisión en la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo, lo que sí van a tener son las elecciones. En vista del fracaso que ha tenido el referéndum, pueden usarlo con fines diferentes a la defensa de la soberanía”, agrega Daniels. Este referéndum también ha puesto a prueba a las nuevas autoridades del CNE, cambiadas intempestivamente en agosto, sacrificando la conformación más plural que se había logrado en mucho tiempo, producto de las negociaciones. Son las autoridades que en un primer boletín la noche del domingo hablaron de una “abrumadora victoria” con 10,5 millones de votos que iría en aumento porque pasadas las 10 de la noche aseguró que todavía seguían votando los venezolanos. Las mismas que horas después, en declaraciones de Amoroso, han aclarado que fueron 10.431.907 venezolanos los que votaron, una diferencia que aviva la desconfianza que han tenido sectores opositores sobre la credibilidad de la institución que ahora tiene la tarea de organizar las presidenciales de 2024. Una discrepancia que también que se estrella contra el histórico del partido de Gobierno que nunca ha sacado más 10 millones de votos y que tampoco logró, en este caso, la esperada fotografía de las filas de

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Reinaldo Armijos es el nuevo gerente general de Petroecuador tras dimisión de Ramón Correa

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Vistazo .- La empresa estatal Petroecuador tiene un nuevo cambio en la dirección ejecutiva al dimitir su gerente general Ramón Correa, y quedar la compañía interinamente en manos de Reinaldo Armijos, según informó este viernes la petrolera en un comunicado. La dimisión de Correa, que adujo motivos personales, fue aceptada este viernes por el consejo directivo de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) de Ecuador, tras haber permanecido seis meses en el cargo. Correa asumió la dirección de Petroecuador en abril y se marcha “con un cumplimiento del 100% de los niveles de producción fijados en las metas oficiales del Ministerio de Energía y Minas para este mes”. En este semestre al frente de empresa estatal fue una de las voces que pedía votar “No” al plebiscito celebrado en agosto para cesar la explotación del Bloque 43-ITT, un importante yacimiento de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, y donde ganó el “Sí” ampliamente. Esto ha dejado en una situación complicada a la industria petrolera de Ecuador, uno de los principales pilares de la economía nacional, al producir unos 480.000 barriles al día, de los que aproximadamente 390.000 son producidos directamente por Petroecuador. La renuncia de Correa también se produjo pocos días después de que la Fiscalía allanara las oficinas de Petroecuador en el marco de una investigación por presunto peculado en la contratación de una póliza “aparentemente irregular” por 99 millones de dólares.

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Más de 30.000 actas con inconsistencias marcan el conteo de votos de la consulta popular

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El gobierno de Guillermo Lasso conmina al Consejo Nacional Electoral a dar resultados oficiales y reprocha que en Guayas el conteo no avanza. El Universo.- El conteo de los votos de las ocho preguntas del referéndum de las elecciones de este 5 de febrero se caracteriza por un alto número de actas con novedades, que bordeó las 31.000 a nivel nacional, de acuerdo con los resultados preliminares hasta las 16:00. Un día después de celebrarse los comicios seccionales, de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y del referéndum, el escrutinio aún está en proceso en las Juntas Provinciales Electorales en donde se concentra la digitalización de las actas válidas y las que reportan novedades. En ese escenario, este 6 de febrero, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) optaron por el silencio, frente al lento avance del conteo de los votos receptados por las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en la jornada de este domingo. A nivel nacional las Juntas Provinciales se declararon en sesión permanente para procesar las actas de escrutinio y una de ellas, fue la Junta Provincial de Pichincha. En el Centro de Procesamiento Electoral, instalado en una bodega al norte de la capital, alrededor de 250 personas se dedicaron a procesar cada acta de escrutinio. Hasta el lugar se movilizaron cuatro de los cinco vocales del CNE en donde mantuvieron una reunión privada y evitaron las declaraciones de prensa. Diana Atamaint, Enrique Pita, Esthela Acero y José Cabrera se encontraban en una sala de reuniones, sin la presencia de Elena Nájera, quien durante este domingo no participó en varias de las convocatorias a las cadenas informativas que emitió el CNE. Por varias horas se esperó que los consejeros den una declaración; luego, al ser sorprendidos por la prensa dejaron el edificio. La preocupación al interno del organismo electoral se debía al alto número de actas de escrutinio con inconsistencias que reflejaba el Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER), originadas en las Juntas Receptoras del Voto. Ello porque en la sumatoria de las actas de las ocho preguntas, con cierre a las 16:00, 31. 525 eran identificadas por el SIER como con novedades. A nivel nacional, son en total: 40.774 actas generadas en las JRV. Pese a esas inconsistencias, las ocho preguntas del referéndum propuestas por el presidente de la República, Guillermo Lasso evidenciaban el rechazo ciudadano. Las reacciones no esperaron. Los datos preliminares que se conocieron desde la noche del domingo hicieron que el primer mandatario suspenda un acto político que se había preparado en el Centro Cultural Metropolitano de Quito, para festejar los pronósticos de apoyo al Sí. Casi 24 horas después de la elección, el Gobierno nacional reveló su preocupación a través de un comunicado oficial divulgado la tarde de este 6 de febrero en las redes sociales, en el que exigió al Consejo Nacional Electoral los resultados y explicaciones de por qué en Guayas el escrutinio no avanza. “El Gobierno nacional sigue esperando que el Consejo Nacional Electoral entregue los resultados sobre el referéndum ofrecidos para el día de ayer, 5 de febrero, en la noche”, cita un párrafo del comunicado. Se cuestionó que en la provincia del Guayas ha sido escrutado apenas un promedio del 0,5% de votos y “resulta inexplicable esta situación que genera incertidumbre y confusión en la ciudadanía”. Advirtieron que el régimen estará atento al proceso, “defendiendo siempre la voluntad expresada en las urnas”. Hasta las 15 horas de este lunes 6 de febrero, los resultados previos a nivel nacional, que aún no son los concluyentes daban un revés a la propuesta de Guillermo Lasso por los altos porcentajes al No. Es así que, la primera pregunta: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías? El No tenía el 53, 10% de votos a favor (2′315.951); el Sí, 46,90% (2′045.347). En la pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal? El No tenía un 58,34% (2′219.805) y el Sí 41,66% (1′585.424). Respecto de la pregunta 3: ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior? Por el No se registraba un 53,95% (2′033.094 votos) y el Sí un 46,05% (1′735.730). En la pregunta 4 sobre si ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? El No tenía el 55,43% (2′064.141); el Sí tenía un porcentaje de 44,57% a favor (1′659.729). La pregunta 5 que planteaba ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana? El No tenía un 59,13% (2′178.131); y el Sí 40,87% (1′505.681). En la pregunta 6, sobre ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional? El No alcanzaba el 60,04% (1′632.839) y el Sí un porcentaje del 39,96% (1′086.705) La pregunta 7, si ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? El No reportaba un 57,30% (1′295.410); y el Sí un 42,70% (965.161) Y, la pregunta 8 que proponía ¿Está usted de acuerdo con que las personas,

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Con el 5 % de actas procesadas, el ‘no’ gana en las ocho preguntas del referéndum

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La noche del domingo estaba previsto que el presidente Guillermo Lasso diera declaraciones sobre la jornada electoral, pero no se pronunció. A paso lento avanza el conteo de votos del referéndum 2023. A las 00:25 del lunes, 6 de febrero, los resultados preliminares muestran que las ocho preguntas que impulsó el Gobierno no gozan de aceptación. Según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el porcentaje de actas procesadas oscila entre el 2,56 % y el 5,01 %. En todas las preguntas prevalece la opción del no. Los resultados oficiales hasta el momento son los siguientes: Pregunta 1, extradición: sí 43,70 % – no 56,30 % Pregunta 2, selección de fiscales: sí 39,87 % – no 60,13 % Pregunta 3, reducción de asambleístas: sí 44,25 % – no 55,75 % Pregunta 4, movimientos políticos: sí 43,43 % – no 56,67 % Pregunta 5, protección hídrica: sí 39,81 % – no 60,19 % Pregunta 6, compensaciones por servicios ambientales: sí 39,76 % – no 60,24 % Pregunta 7, capacidad nominadora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): sí 43,25 % – no 56,75 % Pregunta 8, designación de miembros del CPCCS: sí 43,06 % – no 56,94 % El Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre las cifras. El sábado la Secretaría de General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) anunció que la noche del domingo el presidente Guillermo Lasso daría declaraciones sobre la jornada electoral. El mensaje a la nación estaba programado para las 20:00, el presidente hablaría desde el Centro Cultural Metropolitano. Los medios de comunicación llegaron al lugar, donde se había levantado una tarima, con un pedestal y micrófono que tenía al frente un cartel con las palabras “ganó Ecuador”. De las paredes colgaba una bandera del Ecuador. Sobre la tarima habría un grupo de personas que portaban banderas tricolor y pequeños carteles. Una hora y media después, el presidente Guillermo Lasso no apareció. Ante insistentes preguntas de periodistas que consultaban si el primer mandatario hablaría, a las 21:45 la Secretaría de Comunicación informó que las declaraciones del jefe de Estado se postergaban. No se indicó el día y hora que el presidente se pronunciaría. Fuente: El Universo

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La falta de acuerdos en el Consejo de Participación Ciudadana para elegir al vocal de la Judicatura extendería la prórroga en funciones de Fausto Murillo

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El CPCCS no eligió al vocal y presidente de la terna que envió la Corte Nacional de Justicia; según Hernán Ulloa, no fue ‘deliberado’. Tres escenarios abren la posibilidad de que Fausto Murillo se mantenga de forma indefinida como presidente encargado del Consejo de la Judicatura (CJ), luego que el bloque de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no llegó a “un acuerdo” para designar al vocal principal y presidente de esa institución. El 2 de enero último, los cuatro consejeros que integraban la mayoría en el CPCCS, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, no se decidieron por ninguno de los tres candidatos de la cuarta terna que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que se elija a su vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, como lo establece el artículo 179 de la Constitución. Los otros tres vocales de minoría, David Rosero y Javier Dávalos se encontraban en uso de vacaciones y Sofía Almeida no participó de la plenaria. Esa terna la componían Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Carrillo, quienes cumplieron los requisitos para participar, no enfrentaron impugnaciones por falta de probidad y se presentaron a exponer sus planes de trabajo, como parte del proceso de designación que certificó el CPCCS. Sin embargo, ninguno satisfizo las expectativas de cuatro de los siete vocales y, por tanto, ninguno obtuvo los votos necesarios para ser electo pese a que, desde hace once meses, el organismo está presidido por Fausto Murillo, como presidente encargado, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado. Quito, 2 de enero del 2023.- Wilman Terán (i), Luis Rivera (c) y Mercedes Caicedo, candidatos a ser vocal del Consejo de la Judicatura. Foto: Sugey Hajjar En su defensa, el presidente del Consejo, Hernán Ulloa, aseguró que no es que los tres nominados de la terna fueron descalificados, “solo no hubo consenso” para decidirse por uno de ellos. Pero eso “no quiere decir que pretendamos mantener una institución con una autoridad prorrogada, simplemente no existió consenso”, insistió Ulloa, en declaraciones de prensa dadas este 3 de enero. Como efecto de esa falta de acuerdos, el reglamento de designación establece la solicitud de una nueva terna, lo que entrará al análisis del pleno de la Corte Nacional de Justicia, que prevé reunirse en las próximas horas. No obstante, se abren tres escenarios que viabilizarían que Fausto Murillo se mantenga en la presidencia de la Judicatura y una de ellas es la decisión que tome la Corte. El pleno de los jueces nacionales resolverá la respuesta que enviarán al Consejo y si ello implicará el envío de una quinta terna, apenas sean notificados con la devolución de la cuarta. Entre esas decisiones no se descarta que la Corte Nacional plantee ante la Corte Constitucional (CC) una demanda por acción de incumplimiento de sentencia en contra del CPCCS, se informó extraoficialmente. Esto, porque la elección del vocal principal y presidente del Consejo de la Judicatura fue una orden que dio la Corte Constitucional en el trámite de una acción extraordinaria de protección que interpuso Álvaro Román, vocal suplente del CJ, quien aspiraba a ser principalizado y presidir dicho órgano. La CC en su fallo de septiembre pasado ordenó al Consejo de Participación Ciudadana que de forma “célere” elija a la autoridad hasta que se cumpla el periodo por el cual fueron designados los vocales; es decir, hasta enero del 2025. Y, que solo elija al principal, porque Román mantendría la suplencia. Al respecto, Ulloa aseguró que el pleno dio trámite a la solicitud de la CC y que no podría considerarse como un incumplimiento. “Hemos tratado de ser responsables; es normal que no se llegue a acuerdos y no existe la intención de mantener prorrogada a una autoridad. (…) Aquí operó la voluntad y postura de cada uno y no puede ser tomado como un desacato”, anotó. QUITO (03-01-2023).- Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), durante una rueda de prensa sobre la designación del vocal del Consejo de la Judicatura y la principalización de consejeros alternos, en el quinto piso del CPCCS. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo El segundo escenario es que la Corte Nacional envíe su quinta terna, pero en el CPCCS no hay los votos suficientes para elegirlo, pues se prevé una reconfiguración del pleno debido a la incorporación de consejeros suplentes. A propósito de los comicios del 5 de febrero, cinco de los siete vocales solicitaron licencia sin sueldo para participar de la campaña electoral, pues aspiran a ser reelectos en sus cargos. De los cinco, tres hacían mayoría con Ulloa: Rivadeneira, Bravo y Estupiñán. Rosero y Dávalos en conjunto con Almeida formaron la minoría. Hernán Ulloa anunció que convocará a una sesión este miércoles para continuar con las actividades institucionales y notificará a los consejeros suplentes que han sido posesionados por la Asamblea Nacional para que se sumen al pleno. Entre ellos están Mónica Moreira (quien también está de candidata al CPCCS), Karina Ponce, Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz. Según Ulloa, resta que la legislatura posesione como suplentes a Carlos Figueroa, Aland Molestina y Teddy Tama, que participaron en los comicios del 2019, para que puedan principalizarse en lugar de Rosero y Dávalos. Un tercer escenario es que no se logre designar al nuevo miembro del CJ hasta que se conozcan los resultados de los comicios de febrero próximo, en los que la ciudadanía se pronunciará por el Sí o el No por el referéndum de ocho preguntas de enmienda constitucional. La sexta pregunta propone quitarle al CPCCS la atribución de designar a autoridades, entre ellas, los vocales de la Judicatura, y en sus anexos plantea que todas las autoridades que no han sido renovadas “se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas”, mediante el nuevo procedimiento que lo asumirá la Asamblea Nacional. Así también, los concursos públicos que están organizándose en el organismo se declararían

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La campaña por la conquista de los votos tiene reglas para los candidatos, aunque se ‘desborda’ del control del Consejo Nacional Electoral

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Durante 31 días, el ambiente político se caracterizará por la promoción de posturas por tres opciones electorales que se juntarán el 5 de febrero del 2023. La antesala de la jornada de votaciones del 5 de febrero del 2023 se caracterizará por una campaña electoral dividida en tres tipos: para la promoción de las propuestas de los candidatos a los gobiernos locales; de aquellos que aspiran a alcanzar las siete vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); y, para las organizaciones sociales y políticas que promoverán el Sí o el No al referéndum de enmienda a la Constitución. Desde este 3 de enero y hasta el 2 de febrero regirá un periodo de 31 días para la campaña electoral, antes de llegar al 5 de febrero, cuando los 13,4 millones de ecuatorianos irán a las urnas para elegir a 5.600 autoridades de las alcaldías, prefecturas, concejalías urbanas y rurales y los vocales de las juntas parroquiales. También, 45 candidatos promoverán sus propuestas de trabajo para el CPCCS, además de la promoción por el referéndum de ocho preguntas propuestas por el presidente de la República, Guillermo Lasso, para enmendar textos de la Constitución. Para la promoción en los tres casos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) financiará de manera exclusiva la campaña propagandística en prensa escrita, radio, televisión, vallas y medios digitales, de forma equitativa e igualitaria. El Código de la Democracia establece varias reglas para ajustar a los candidatos en la promoción de sus propuestas a cumplirlas, así como a las instituciones del Estado se les prohíbe en todos los niveles de gobierno la difusión de publicidad o propaganda. Salvo excepciones para informar sobre cierres o habilitación de vías u obras, en situaciones de emergencia, catástrofes naturales o temas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de clases, seguridad ciudadana. Está prohibida la difusión de propaganda por parte de sujetos de derecho privado referente al proceso electoral en prensa, radio televisión, vallas. Los medios de comunicación tampoco podrán hacer promoción directa indirecta, reportajes especiales u otros mensajes que incidan a favor o en contra de un candidato, postulado, preferencias electorales o tesis política. La ley impide a los sujetos políticos (organizaciones políticas o candidatos) que participen en una elección popular o democracia directa a entregar donaciones, dádivas, regalos a los ciudadanos, a excepción de artículos promocionales. En el artículo 207 se dispone la prohibición de exposición en espacios audiovisuales que impliquen utilización de recursos públicos de la voz, nombres de candidatos. No está permitido que las instituciones públicas realicen eventos con artistas internacionales durante la campaña. Los aspirantes a una dignidad de elección popular no podrán participar en eventos de inauguración de obras u otros financiados con fondos públicos. Los sujetos políticos calificados por el CNE podrán recibir aportes económicos lícitos, en numerario o especie, a cualquier título, los cuales serán valorados económicamente para consultas populares, por ejemplo. Pero no podrán recibir aportes, contribuciones o entrega de recursos de origen ilícito, tampoco pueden aceptar aportes de personas naturales nacionales que tengan contratos con el Estado. No se permite a los servidores o instituciones públicas utilizar recursos y bienes para promocionar sus nombres y el de organizaciones políticas en obras o proyectos. A propósito de la campaña para la promoción de las opciones por el Sí y No del referéndum, el Consejo Electoral aprobó un Fondo de Promoción Electoral que asciende a $ 807.002, que serán distribuidos para seis agrupaciones de la sociedad civil. El Consejo Electoral calificó a los movimientos Creando Oportunidades (CREO) lista 21 y Avanza lista 8, quienes promoverán el Sí a las ocho preguntas de enmienda constitucional. Por el No están el movimiento Unidad Popular (UP) lista 2, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) lista 17, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) lista 5 y la agrupación social Unión General de Trabajadores (UGTE). Respecto de la elección de las autoridades de los gobiernos seccionales, se registraron alrededor de 9.000 candidatos, para lo que el CNE definió un monto de alrededor de $ 12 millones para el Fondo de Promoción Electoral (recursos del Estado) para difundir propaganda en medios de comunicación. En el caso de los 45 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, su promoción electoral tiene prohibiciones específicas. La Ley del CPCCS permite solo al CNE difundir a través de spots promocionales sus nombres, trayectoria y propuestas; por lo que se prohíbe a partidos y movimientos políticos, organizaciones sociales, funcionarios públicos, candidatos o ciudadanos realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ellos. Tampoco pueden “recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo. El que contravenga estas disposiciones será descalificado”, señala la norma. Los medios de comunicación tampoco pueden hacer promoción directa o indirecta que incida a favor o en contra de un candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política. Lo que sí está permitido es que instituciones privadas o públicas organicen entrevistas y debates para estos postulantes. Pese a todo el marco legal existente, el vicepresidente del Consejo Electoral, Enrique Pita, reconoció que se “desbordó” la campaña electoral y más de quienes están aspirando a la reelección. Ejemplificó que ni en procesos electorales pasados se había visto a postulantes que regalen cilindros de gas o pollos a los ciudadanos para ganar adeptos, como estaría ocurriendo en provincias de la Costa, aunque no precisó nombres. “Antes se regalaban camisetas, folletos… pero ahora parece que la inversión que están haciendo los candidatos no guarda relación con la posición que van a ocupar y ahí es cuando la ciudadanía debe evaluar que aquellos que se desbordan en estos obsequios están faltando al respeto en cuanto a la democracia equitativa y es por eso que el Estado asume la promoción electoral en medios de comunicación, para que haya un equilibrio en la promoción”, manifestó. Lamentó que los presupuestos legales tengan una “delgada línea” que permite que se irrespeten la norma y las “buenas maneras de llevar

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Presidente Lasso señaló que denunciará a los candidatos vinculados con el narcotráfico cuando se tengan todos los elementos

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Se refirió a la condecoración que hizo el asambleísta Ronny Aleaga, de UNES, a un marino que fue detenido con alias ‘JR’, líder de Los Choneros. Tras haber dicho el miércoles, en una entrevista, que existen asambleístas y candidatos a las elecciones de 2023 que tienen vínculos con el narcotráfico, el presidente Guillermo Lasso explicó que denunciará estos casos cuando posea toda la información pertinente. “Lo haremos, pero cuando tengamos todos los elementos, a través de los cuales sea imposible negar tal vinculación”, precisó Lasso la noche del jueves, en una entrevista con el periodista Carlos Vera, en el canal TC Televisión. En este espacio, el mandatario se refirió a las declaraciones que dio a la cadena NTN24, en Washington, el 21 de diciembre, donde aseveró que hay políticos correístas relacionados con el narcotráfico y que tiene pruebas. El jefe de Estado mencionó el jueves que la información está en proceso. “No son hechos que pueden desaparecer de la noche a la mañana”, agregó. Señaló que junto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se llegó a la conclusión de que se requiere un equipo de inteligencia que se encargue de recolectar y cruzar la información para poder presentarla ante las autoridades. Cuestionó que la norma electoral impide que avance un proceso judicial cuando una candidatura está en firme. “Absurdo de la ley”, exclamó el mandatario. Comentó sobre la condecoración que hizo el asambleísta de UNES, Ronny Aleaga, a un marino, en octubre de 2021, quien en diciembre 2022 fue detenido junto con Júnior Roldán, alias JR, líder de la banda Los Choneros. “Dentro de los detenidos por actos delincuenciales está un marino en servicio activo, lo cual es grave, que ha sido condecorado por un asambleísta y que, además, trabaja en la seguridad de ese asambleísta. ¿Qué más pruebas quiere usted? Hay que presentarlo frente a la justicia y lo vamos ha hacer. No tenga duda. No me va a temblar la mano para hacerlo y para ordenar a los servicios de inteligencia del Ecuador que presenten la información”, manifestó el presidente. Añadió que la conexión entre políticos y el crimen organizado no es reciente, y aprovechó el tema para instar a los ciudadanos a reflexionar su voto en las próximas elecciones seccionales. “Es la basura debajo de la alfombra. Lo que estamos haciendo es levantar la alfombra para que se vea la basura y todos los ecuatorianos tengan claro por quién deben votar y por quién no deben de votar si están preocupados por su seguridad”, dijo el presidente y mencionó que “no se puede votar por quien dice ‘no’ a la extradición”. Fuente: El Universo

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Consejo Nacional Electoral prepara aprobación del presupuesto y diseño de la papeleta para el referéndum presidencial

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Se estima un presupuesto que llegaría a los $ 20 millones, pero el organismo debe definir si habrá una sola papeleta u ocho por cada pregunta. La propuesta de referéndum del presidente del Gobierno de Guillermo Lasso ajusta la ejecución de las actividades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos cinco consejeros deberán definir si habrá una sola papeleta u ocho que integre cada una de las ocho preguntas de enmienda a la Constitución. El decreto ejecutivo 607 que suscribió el presidente de la República, Guillermo Lasso convocando a un referéndum de ocho preguntas de enmienda llegó al CNE la tarde-noche del 29 de noviembre y puso a los vocales electorales a acelerar las actividades administrativas, operativas y técnicas para operativizar ese proceso. Lasso esperaba que la ciudadanía se pronuncie sobre once preguntas: ocho de referéndum y tres de consulta popular, pero la Corte Constitucional (CC) frenó ese propósito al descalificar las tres últimas, porque contenían textos que incumplían los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. De esa forma, el jefe de Estado divulgó el decreto ejecutivo 607 con las ocho preguntas de referéndum y en el que dispone al Consejo Electoral convocar al proceso electoral en el plazo de 15 días y organizarlo en los siguientes 60 días. Con esos plazos de por medio, la expectativa en el CNE es que ese proceso se sume a las elecciones seccionales y de los siete siete miembros del Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 5 de febrero del 2023, para lo que entre este jueves y viernes se prevé aprobar el Plan Operativo Electoral (POE) que incluye el presupuesto específico que se aproximaría a los $ 20 millones, estimó el consejero José Cabrera. Este presupuesto es independiente del que dispone el CNE para la organización de los comicios seccionales y del CPCCS, para el que el Ministerio de Economía y Finanzas asignó $ 97,3 millones. Al conocer el decreto ejecutivo presidencial, Cabrera junto al vicepresidente Enrique Pita, convocaron a los funcionarios del Consejo para analizar aspectos relacionados con la ejecución de este referéndum, relacionados con el presupuesto, diseño de papeletas, campaña electoral, entre otros. Según Cabrera, la meta es afinar el presupuesto en las próximas horas para aprobarlo en conjunto con el POE y con ello elaborar el proyecto de convocatoria a las urnas para este proceso, que se divulgaría a nivel nacional el 7 de diciembre y de esta forma, “empatarlo” con el sufragio del 5 de febrero próximo. El consejero explicó que el pleno del CNE debe establecer, con base en el presupuesto, si se imprime una sola papeleta que contenga las ocho preguntas del referéndum y al reverso los anexos; o, al contrario, se impriman ocho papeletas para cada pregunta, debido a la extensión de los anexos, en los que se explica el objetivo de las enmiendas a la Constitución para conocimiento del electorado. Lo que sí es seguro, de acuerdo con Cabrera, es que habrá ocho actas de escrutinio por cada una de las ocho preguntas para que sean llenadas por los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) el día de la elección, pues se deberá contabilizar los votos por el Sí, No, Blanco, Nulo. Por lo pronto, dependiendo la residencia electoral, el ciudadano recibirá entre siete y ocho papeletas: una para alcaldes; una para prefectos y viceprefectos; una para concejales urbanos; una para concejales rurales; y una, para los miembros de las juntas parroquiales. A estas se sumarán las tres papeletas para la elección de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana: una que contiene los rostros de los 20 candidatos hombres; otra papeleta para las 17 mujeres; y otra, para los 8 postulantes por los pueblos, nacionalidades indígenas, montubios, afroecuatorianos y ecuatorianos en el exterior. En el caso de que el CNE resuelva imprimir una sola papeleta para integrar las ocho preguntas del referéndum y sus anexos, los consejeros analizan que podría ser de tamaño A 3. Adicionalmente, el organismo electoral debe definir los rubros para la promoción electoral de este referéndum y cómo se procederá con la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil y políticas a inscribirse para que participen de la campaña a favor o en contra de esta iniciativa. Desde el Consejo de Participación Ciudadana surgieron las primeras voces de descontento. En el cuestionario del referéndum hay dos preguntas relacionadas con el CPCCS. Una para quitarle su atribución de designar autoridades de control y traspasarla a la Asamblea Nacional y la segunda, para cambiar el mecanismo de designación de los siete consejeros, para que ya no sea mediante el voto popular, sino por un proceso de méritos que realice la Legislatura. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, expresó este miércoles que se debería hacer una consulta para “fortalecer las instituciones, en lugar de debilitarlas”. La consejera Ibeth Estupiñán opinó que hay “acción orquestada por parte del Ejecutivo y del Legislativo por tomarse la designación de autoridades”, por lo que lamentó que estas acciones restan el ejercicio de la participación ciudadana. Fuente: El Universo

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Corte Constitucional aprueba vía de reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna

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La iniciativa del Gobierno nacional deberá entregarse a la Asamblea Nacional para que la someta a dos debates y resuelva su aprobación. El presidente del Gobierno, Guillermo Lasso podrá presentar al pleno de la Asamblea Nacional su iniciativa de reforma parcial de la Constitución para que las Fuerzas Armadas intervengan de forma complementaria en la seguridad interna del Estado en conjunto con la Policía Nacional. La Corte Constitucional (CC) emitió este 29 de noviembre del 2022 un dictamen de constitucionalidad en el que calificó la vía de modificación de la norma legal, estableciendo que el procedimiento de reforma parcial establecido en el artículo 442 sí es apto para este objetivo. “La Presidencia de la República puede presentar su iniciativa de reforma constitucional ante la Asamblea Nacional para que se inicie el trámite legislativo, conforme el artículo 442 de la Constitución”, cita el fallo, en el que se agrega que la Corte Constitucional cumplió el primer momento de control y deja a salvo su competencia para que, mediante sentencia, realice el control de constitucionalidad cuando fuere pertinente. La resolución se tomó en una sesión de este 28 de noviembre con los votos afirmativos de karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Alí Lozada, Teresa Nuques, Richard Ortiz, Daniela Salazar y las voluntades concurrentes (voto a favor de la sentencia, pero se difiere de la argumentación) de Carmen Corral y Enrique Herrería. El pasado 31 de octubre, el primer mandatario presentó al organismo constitucional su proyecto de reforma legal, que fue expuesto en un primer momento el 12 de septiembre, junto a su proyecto de ocho enmiendas a la Constitución. Pero no tuvo una respuesta favorable. En la actual coyuntura, los jueces concluyeron que la propuesta “no establece una restricción de derechos o garantías constitucionales ni se refiere, incide o modifica los procedimientos de reforma constitucional”, aunque reserva su potestad de realizar un control previo de la convocatoria a referéndum en el caso de ser aprobado por la Legislatura. El Ejecutivo propone cambiar el texto del artículo 158 de la Carta Política, incluyendo un cuarto inciso que señale: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada. Los servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico”. Este procedimiento de cambio constitucional está regulado en el artículo 442 y explica que la reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías, ni modifique el procedimiento de reforma tendrá lugar por iniciativa del Presidente de la República o la solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1% de ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante una resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Esta reforma parcial será tramitada por la Asamblea en al menos dos debates. El segundo se realizará al menos 90 días después del primero y de ser aprobado se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Fuente: El Universo

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