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Ecuador: julio 22, 2024

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El chavismo abre con el Esequibo un nuevo frente para asegurarse un control absoluto hasta las presidenciales de 2024

El País .- Un escenario de intensificación del conflicto abre la puerta a declarar un estado de emergencia que le permita al Gobierno postergar las elecciones Con los centros electorales desiertos durante el domingo y la indiferencia del electorado, el chavismo ha declarado una victoria poco palpable en el referéndum sobre el diferendo con Guyana por el Esequibo y Nicolás Maduro ha afirmado que comienza una nueva etapa en el país. “Vamos a recuperar y hacer justicia con la fuerza de todos”, dijo el presidente este lunes cuando recibió del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, los resultados del proceso que cambiaron en unos miles de votos con respecto a los anunciados la noche del domingo. Maduro ha asegurado el referéndum es vinculante, aunque así no fue convocado, y está por verse cómo avanzará hacia el cumplimiento de lo planteado. Más allá de los números, el Gobierno busca tener un respaldo popular para desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que Guyana adelanta su defensa. En este aspecto, sin embargo, el Supremo ya había decidido en una sentencia previa a este referéndum que Venezuela no acataría decisiones o actos de dictados por instancias internacionales sobre su territorio. No está claro si Venezuela abandonaría completamente la defensa del caso ante esta instancia, algo que aislaría aún más al país, o si se seguirá asistiendo a las audiencias y presentará la contra memoria en abril de 2024 en un proceso judicial que todavía está lejos de resolverse. Cómo hará cumplir los planteamientos de la quinta pregunta es la principal incertidumbre que hay ahora luego de los resultados. Esta cuestión es la que ha levantado más preocupación del país y que la propia CIJ dejó asentada en su decisión del viernes, en la que advirtió a Venezuela no hacer nada que modificara el estatus del territorio que de facto administra Guyana, mientras se decide la controversia de los límites. El domingo, los venezolanos que votaron aprobaron que el Gobierno cree el estado Guayana Esequiba y ejecute “un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana”. Esto ha sido interpretado en algunos sectores como una amenaza de anexión de un territorio en el que viven unas 125.000 personas que tienen ciudadanía guyanesa y son angloparlantes en su mayoría. “No sabemos si Venezuela se va a limitar a hacer gestos simbólicos con eso de crear el territorio Esequibo y nombrar autoridades simbólicas y si eso puede ser visto como una agresión por Guyana, o si pretenden utilizar algún mecanismo por la fuerza”, señala el abogado Alí Daniels, de Acceso a la Justicia. Una pretensión de este tipo podría llevar a Guyana a ubicar el conflicto en el terreno del Consejo de Seguridad de la ONU e incluso podría abrirle camino a una nueva demanda contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, donde está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad, advierte Daniels. “Una situación de conflicto no requiere que haya acción bélica. Puede ser una movilización de barcos, una expresión de control territorial de las aguas, que podría ser considerado como agresión y generar una escalada que nadie quiere”. Guyana ha otorgado concesiones petroleras en las aguas concernientes a la costa del territorio en disputa. En 2018 la Armada venezolana ya interceptó un buque de Exxon Mobile que navegaba por las aguas en disputa y elevó el tono de las tensiones diplomáticas en ese momento. En el plano internacional Venezuela tiene la cuerda muy corta frente a Guyana, que retiene los apoyos no solo de Estados Unidos y Reino Unido, sino también del Caricom, Cuba y China que, aunque en otros terrenos son aliados de Venezuela, históricamente han dado su respaldo a Guyana en este conflicto territorial. El paso que ha dado chavismo abre un nuevo frente que tiene menos que ver con la soberanía y la geopolítica internacional que con su posición interna frente unas presidenciales que ya están a la vuelta de un año. Maduro no logra remontar del piso de 15% de apoyo popular —según datos de encuestadoras como Delphos— que lo ha mantenido en un largo peor momento de su gestión. Las elecciones que deberían celebrarse en el segundo semestre de 2024, según lo firmado en los acuerdos de Barbados, sobre las que está siendo presionado en las negociaciones por la comunidad internacional para cumplir unas mínimas garantías democráticas, suponen en este momento la mayor amenaza para su estabilidad y permanencia en el poder. Por ello, un escenario de conflicto, como han sostenido diversos analistas, serviría de contexto para declarar un estado de emergencia que le permita al Gobierno postergar las elecciones. “Esto es un asunto más de política interna que externa, porque en seis meses no va a tener una decisión en la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo, lo que sí van a tener son las elecciones. En vista del fracaso que ha tenido el referéndum, pueden usarlo con fines diferentes a la defensa de la soberanía”, agrega Daniels. Este referéndum también ha puesto a prueba a las nuevas autoridades del CNE, cambiadas intempestivamente en agosto, sacrificando la conformación más plural que se había logrado en mucho tiempo, producto de las negociaciones. Son las autoridades que en un primer boletín la noche del domingo hablaron de una “abrumadora victoria” con 10,5 millones de votos que iría en aumento porque pasadas las 10 de la noche aseguró que todavía seguían votando los venezolanos. Las mismas que horas después, en declaraciones de Amoroso, han aclarado que fueron 10.431.907 venezolanos los que votaron, una diferencia que aviva la desconfianza que han tenido sectores opositores sobre la credibilidad de la institución que ahora tiene la tarea de organizar las presidenciales de 2024. Una discrepancia que también que se estrella contra el histórico del partido de Gobierno que nunca ha sacado más 10 millones de votos y que tampoco logró, en este caso, la esperada fotografía de las filas de

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Reinaldo Armijos es el nuevo gerente general de Petroecuador tras dimisión de Ramón Correa

Vistazo .- La empresa estatal Petroecuador tiene un nuevo cambio en la dirección ejecutiva al dimitir su gerente general Ramón Correa, y quedar la compañía interinamente en manos de Reinaldo Armijos, según informó este viernes la petrolera en un comunicado. La dimisión de Correa, que adujo motivos personales, fue aceptada este viernes por el consejo directivo de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) de Ecuador, tras haber permanecido seis meses en el cargo. Correa asumió la dirección de Petroecuador en abril y se marcha “con un cumplimiento del 100% de los niveles de producción fijados en las metas oficiales del Ministerio de Energía y Minas para este mes”. En este semestre al frente de empresa estatal fue una de las voces que pedía votar “No” al plebiscito celebrado en agosto para cesar la explotación del Bloque 43-ITT, un importante yacimiento de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, y donde ganó el “Sí” ampliamente. Esto ha dejado en una situación complicada a la industria petrolera de Ecuador, uno de los principales pilares de la economía nacional, al producir unos 480.000 barriles al día, de los que aproximadamente 390.000 son producidos directamente por Petroecuador. La renuncia de Correa también se produjo pocos días después de que la Fiscalía allanara las oficinas de Petroecuador en el marco de una investigación por presunto peculado en la contratación de una póliza “aparentemente irregular” por 99 millones de dólares.

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Con el 5 % de actas procesadas, el ‘no’ gana en las ocho preguntas del referéndum

La noche del domingo estaba previsto que el presidente Guillermo Lasso diera declaraciones sobre la jornada electoral, pero no se pronunció.   A paso lento avanza el conteo de votos del referéndum 2023. A las 00:25 del lunes, 6 de febrero, los resultados preliminares muestran que las ocho preguntas que impulsó el Gobierno no gozan de aceptación.   Según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el porcentaje de actas procesadas oscila entre el 2,56 % y el 5,01 %. En todas las preguntas prevalece la opción del no.   Los resultados oficiales hasta el momento son los siguientes: Pregunta 1, extradición: sí 43,70 % – no 56,30 % Pregunta 2, selección de fiscales: sí 39,87 % – no 60,13 % Pregunta 3, reducción de asambleístas: sí 44,25 % – no 55,75 % Pregunta 4, movimientos políticos: sí 43,43 % – no 56,67 % Pregunta 5, protección hídrica: sí 39,81 % – no 60,19 % Pregunta 6, compensaciones por servicios ambientales: sí 39,76 % – no 60,24 % Pregunta 7, capacidad nominadora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): sí 43,25 % – no 56,75 % Pregunta 8, designación de miembros del CPCCS: sí 43,06 % – no 56,94 %   El Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre las cifras. El sábado la Secretaría de General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) anunció que la noche del domingo el presidente Guillermo Lasso daría declaraciones sobre la jornada electoral.   El mensaje a la nación estaba programado para las 20:00, el presidente hablaría desde el Centro Cultural Metropolitano. Los medios de comunicación llegaron al lugar, donde se había levantado una tarima, con un pedestal y micrófono que tenía al frente un cartel con las palabras “ganó Ecuador”. De las paredes colgaba una bandera del Ecuador. Sobre la tarima habría un grupo de personas que portaban banderas tricolor y pequeños carteles. Una hora y media después, el presidente Guillermo Lasso no apareció. Ante insistentes preguntas de periodistas que consultaban si el primer mandatario hablaría, a las 21:45 la Secretaría de Comunicación informó que las declaraciones del jefe de Estado se postergaban. No se indicó el día y hora que el presidente se pronunciaría.  Fuente: El Universo  

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Presidente Lasso señaló que denunciará a los candidatos vinculados con el narcotráfico cuando se tengan todos los elementos

Se refirió a la condecoración que hizo el asambleísta Ronny Aleaga, de UNES, a un marino que fue detenido con alias ‘JR’, líder de Los Choneros. Tras haber dicho el miércoles, en una entrevista, que existen asambleístas y candidatos a las elecciones de 2023 que tienen vínculos con el narcotráfico, el presidente Guillermo Lasso explicó que denunciará estos casos cuando posea toda la información pertinente. “Lo haremos, pero cuando tengamos todos los elementos, a través de los cuales sea imposible negar tal vinculación”, precisó Lasso la noche del jueves, en una entrevista con el periodista Carlos Vera, en el canal TC Televisión. En este espacio, el mandatario se refirió a las declaraciones que dio a la cadena NTN24, en Washington, el 21 de diciembre, donde aseveró que hay políticos correístas relacionados con el narcotráfico y que tiene pruebas. El jefe de Estado mencionó el jueves que la información está en proceso. “No son hechos que pueden desaparecer de la noche a la mañana”, agregó. Señaló que junto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se llegó a la conclusión de que se requiere un equipo de inteligencia que se encargue de recolectar y cruzar la información para poder presentarla ante las autoridades. Cuestionó que la norma electoral impide que avance un proceso judicial cuando una candidatura está en firme. “Absurdo de la ley”, exclamó el mandatario. Comentó sobre la condecoración que hizo el asambleísta de UNES, Ronny Aleaga, a un marino, en octubre de 2021, quien en diciembre 2022 fue detenido junto con Júnior Roldán, alias JR, líder de la banda Los Choneros. “Dentro de los detenidos por actos delincuenciales está un marino en servicio activo, lo cual es grave, que ha sido condecorado por un asambleísta y que, además, trabaja en la seguridad de ese asambleísta. ¿Qué más pruebas quiere usted? Hay que presentarlo frente a la justicia y lo vamos ha hacer. No tenga duda. No me va a temblar la mano para hacerlo y para ordenar a los servicios de inteligencia del Ecuador que presenten la información”, manifestó el presidente. Añadió que la conexión entre políticos y el crimen organizado no es reciente, y aprovechó el tema para instar a los ciudadanos a reflexionar su voto en las próximas elecciones seccionales. “Es la basura debajo de la alfombra. Lo que estamos haciendo es levantar la alfombra para que se vea la basura y todos los ecuatorianos tengan claro por quién deben votar y por quién no deben de votar si están preocupados por su seguridad”, dijo el presidente y mencionó que “no se puede votar por quien dice ‘no’ a la extradición”. Fuente: El Universo

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Corte Constitucional aprueba vía de reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna

La iniciativa del Gobierno nacional deberá entregarse a la Asamblea Nacional para que la someta a dos debates y resuelva su aprobación. El presidente del Gobierno, Guillermo Lasso podrá presentar al pleno de la Asamblea Nacional su iniciativa de reforma parcial de la Constitución para que las Fuerzas Armadas intervengan de forma complementaria en la seguridad interna del Estado en conjunto con la Policía Nacional. La Corte Constitucional (CC) emitió este 29 de noviembre del 2022 un dictamen de constitucionalidad en el que calificó la vía de modificación de la norma legal, estableciendo que el procedimiento de reforma parcial establecido en el artículo 442 sí es apto para este objetivo. “La Presidencia de la República puede presentar su iniciativa de reforma constitucional ante la Asamblea Nacional para que se inicie el trámite legislativo, conforme el artículo 442 de la Constitución”, cita el fallo, en el que se agrega que la Corte Constitucional cumplió el primer momento de control y deja a salvo su competencia para que, mediante sentencia, realice el control de constitucionalidad cuando fuere pertinente. La resolución se tomó en una sesión de este 28 de noviembre con los votos afirmativos de karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Alí Lozada, Teresa Nuques, Richard Ortiz, Daniela Salazar y las voluntades concurrentes (voto a favor de la sentencia, pero se difiere de la argumentación) de Carmen Corral y Enrique Herrería. El pasado 31 de octubre, el primer mandatario presentó al organismo constitucional su proyecto de reforma legal, que fue expuesto en un primer momento el 12 de septiembre, junto a su proyecto de ocho enmiendas a la Constitución. Pero no tuvo una respuesta favorable. En la actual coyuntura, los jueces concluyeron que la propuesta “no establece una restricción de derechos o garantías constitucionales ni se refiere, incide o modifica los procedimientos de reforma constitucional”, aunque reserva su potestad de realizar un control previo de la convocatoria a referéndum en el caso de ser aprobado por la Legislatura. El Ejecutivo propone cambiar el texto del artículo 158 de la Carta Política, incluyendo un cuarto inciso que señale: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada. Los servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico”. Este procedimiento de cambio constitucional está regulado en el artículo 442 y explica que la reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías, ni modifique el procedimiento de reforma tendrá lugar por iniciativa del Presidente de la República o la solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1% de ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante una resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Esta reforma parcial será tramitada por la Asamblea en al menos dos debates. El segundo se realizará al menos 90 días después del primero y de ser aprobado se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Fuente: El Universo 

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