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Ecuador: octubre 25, 2024

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Ecuador, octubre 25, 2024
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Sector exportador oficializa pedido de reforma tributaria al Gobierno para mitigar sus gastos en seguridad

El Universo -. Desde Cordex se calcula que anualmente sus agremiados gastan alrededor de $ 200 millones en seguridad. Buscan que se aplique una doble deducibilidad El sector exportador oficializó su pedido de reforma tributaria que permita la aplicación de una doble deducibilidad de todos los gastos relacionados con la seguridad privada. Esto, después que la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) remitió un oficio al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, y al director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, con un “llamado urgente” a ambos funcionarios.   El gremio, que aseguró que representan el 75% de las exportaciones no petroleras y no mineras del país, aseguró que sus asociados invierten alrededor de $ 200 millones anualmente en seguridad, para sistemas de videovigilancia, rastreo e infraestructura tecnológica, lo que ha incrementado los costos operativos significativamente, afectando la competitividad de las exportaciones.   La corporación de gremios explicó que la propuesta es una alternativa para mitigar esta situación y mejorar la competitividad del sector.   “Cordex propone la implementación de una doble deducibilidad para todos los gastos relacionados con la seguridad privada en el cálculo del Impuesto a la Renta (IR). Con esta medida, se lograría reducir la carga impositiva que actualmente recae sobre las empresas productoras y exportadoras, aliviando en cierta medida sus elevados costos operativos”, aseguró Cordex, quien agregó que esta iniciativa busca promover un ambiente más favorable para el crecimiento y desarrollo de las exportaciones, fortaleciendo así el potencial económico del país. Este pedido fue adelantado por José Antonio Camposano, presidente del Directorio de Cordex, la semana pasada en una entrevista con este Diario. El dirigente aseguro que actualmente el costo de guardias, cámaras, candados satelitales… lo deducen como parte de su estructura de costo y les baja la base imponible para el pago de impuesto, pero plantean tener el beneficio que se da por proyectos de transformación de energía, de energía más limpia, o cuando se invierte en proyectos de fomento al deporte, en fomento a la cultura, que pueden considerar hasta el doble del gasto: si gastó $ 1.000 puede deducir $ 2.000. “Es crucial que se tomen acciones inmediatas para proteger y fortalecer el sector productor y exportador ecuatoriano, que desempeña un papel fundamental en la economía del país. La implementación de la doble deducibilidad de los gastos de seguridad sería un paso significativo para aliviar en algo la estructura de costos de nuestras exportaciones y contribuir así al desarrollo económico del Ecuador”. expresó Camposano, ahora que se oficializó el pedido del sector.   Resaltó además, que esta reforma tributaria no solo beneficiaría al sector exportador, sino que también tendría un impacto positivo en la economía nacional, al fomentar la generación de empleo y el desarrollo sostenible.

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Corte Constitucional excede sus atribuciones en decretos-leyes, según analista José Chalco

La Corte Constitucional cometió varios errores en sus dictámenes, en torno a los decretos-leyes enviados por el presidente Guillermo Lasso. Así se pronunció el constitucionalista José Chalco, al ser consultado sobre el tema por “Punto de Orden”. Chalco recordó que la Corte Constitucional, de acuerdo a la normativa vigente, solo tiene la potestad de calificar la compatibilidad legal de los decretos. Es decir, establecer sus parámetros jurisdiccionales. Sin embargo, lo que hizo fue analizar el carácter de “urgencia económica”, un aspecto que no le correspondía. En su opinión, el organismo rebasó sus facultades. Y más aún cuando en una sentencia emitida en enero pasado, reconocía que solo el presidente de la República puede establecer una “urgencia económica”. El jurista precisó que la actual Constitución, que promueve un sistema presidencialista, confiere precisamente al Ejecutivo el manejo económico, administrativo y político del Estado. Y por tanto, le da determinadas atribuciones y recursos. Con ese precedente, mal hizo la Corte en cuestionar, desde ese punto de vista, las iniciativas del presidente Lasso, pues se trata de un organismo jurisdiccional y no económico. Además, Chalco lamentó la falta de agilidad de dicha institución al tratar los decretos. Basta recordar que, cuando hay Asamblea Nacional en funciones, los proyectos de urgencia económica deben ser resueltos en un máximo de 30 días. De ahí que la Corte debió autoimponerse un plazo, obviamente menor, lo cual no cumple. Otro error fue señalar, en su dictamen sobre la reforma tributaria, que la futura Asamblea Nacional podría dejar sin efecto el decreto, cuando la Constitución, muy claramente, establece que solo el presidente de la República tiene la potestad de crear, modificar o eliminar impuestos. Chalco precisó que algo tan importante, como el manejo fiscal, no puede estar a expensas de la “visceralidad” del Parlamento, que además, como el país ha visto, ha sido de pésima calidad en los últimos periodos.

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Los ingresos del Estado caen un 24% en el primer semestre

Primicias .- Un aumento del gasto y la caída de los ingresos por una menor producción petrolera y la rebaja del ISD deterioran la situación fiscal del Estado. Los ingresos en el Presupuesto General del Estado (PGE) están cayendo en 2023 a un ritmo que no se veía desde 2021.   En un escenario de incertidumbre política por la muerte cruzada y un fuerte período invernal, el Estado tuvo ingresos por USD 10.549 millones en el primer semestre de 2023. Se trata de una caída de USD 3.550,4 millones o 24% frente a igual período de 2022.   Y es la cifra más baja desde 2021, comparada con los primeros semestres de años anteriores. A Flourish chart La caída de ingresos del Estado es grave en un año en el que el Gobierno, el actual o el siguiente, necesitará gastar más para atender una eventual emergencia por el Fenómeno de El Niño, explica Ángel Maridueña, profesor de economía de la Universidad Estatal de Milagro. De hecho, durante el primer semestre de 2023 ya se observa un incremento en los principales gastos del Gobierno. Así, el gasto de inversión aumentó 13% frente al primer trimestre de 2022 y sumó USD 2.191 millones. Mientras que el gasto en intereses de la deuda creció 43% y el gasto en salarios, que es el más pesado en el presupuesto, creció 6,6%. En total, el gasto público aumentó en USD 81 millones frente al primer semestre de 2022. Acceso a crédito se complica A esto se suma que se ha vuelto más difícil para Ecuador conseguir préstamos en el exterior, dice José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes). A Flourish chart Un deterioro de la situación fiscal resulta en una acumulación de atrasos del Estado con la seguridad social, los gobiernos locales y los proveedores del Estado, agrega Maridueña. Frente a ese escenario, varios candidatos presidenciales hablan de buscar liquidez en el Banco Central del Ecuador (BCE), y eso debilitaría la dolarización, dice Hidalgo. Y, añade que pedirle prestado dinero al BCE está prohibido por ley. Para Hidalgo, lo más responsable sería que el Gobierno actual y el siguiente tomen medidas impopulares como focalizar los subsidios a las gasolinas de bajo octanaje o aumentar los impuestos. Sin embargo, este tipo de medidas ha provocado, en el pasado, paros nacionales, como lo ocurrido en octubre de 2019 y en junio de 2022. La caída de los ingresos en el Presupuesto tiene que ver con cuatro factores: Ingresos petroleros se desploman Los ingresos petroleros del Estado son los que más han caído. Estos sumaron USD 815 millones entre enero y junio de 2023, frente a los USD 1.611 millones del primer semestre de 2022. Se trata de una caída de 49% anual. Por un lado, el precio del barril de petróleo ecuatoriano fue de USD 64,04 por barril entre enero y mayo de 2023, por debajo de los USD 64,8 por barril que necesita el Estado para financiar su presupuesto. Y, por otro lado, el Gobierno no ha cumplido con la meta de incrementar la producción petrolera por los siguientes problemas: La suspensión temporal de operaciones de los oleoductos OCP Y SOTE en febrero de 2023, por el colapso de un puente sobre el río Marker, en la provincia amazónica de Napo. El paro de comunidades amazónicas de marzo de 2023, que obligó a apagar temporalmente los pozos de los bloques petroleros 12-Edén Yuturi, 16, 43-ITT y parte del bloque 61-Auca. La licitación para reactivar 100 pozos petroleros cerrados fue declarado desierto en abril de 2023. Petroecuador, la mayor petrolera del país, no ha podido sumar nuevas plataformas petroleras en el bloque ITT. Están operativas 12, pero el plan era construir 17 en total. A Flourish chart Bajó la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas Una de las promesas de campaña que ha cumplido Lasso es la de reducir la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que es el tercer impuesto con más peso en la recaudación, luego del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta. La tarifa del ISD, que era de 5% en 2021, bajó gradualmente hasta llegar a 4% en diciembre de 2022. Y en lo que va de 2023 se ha reducido hasta llegar a 3,5%. Sin embargo, esta reducción le ha significado al Presupuesto del Estado dejar de recibir importantes ingresos. Así, la recaudación del ISD cayó de USD 528 millones en el primer semestre de 2022, a USD 388 millones en igual período de este año. El plan del Gobierno de Lasso era llegar a diciembre de 2023 con una tarifa del ISD de 2%, pero esa decisión ahora estará en manos del siguiente Mandatario. Menos ingresos por IVA La economía se está enfriando y eso se evidencia en una caída del consumo en el sector privado, explica Hidalgo. Un síntoma es que los ingresos tributarios del Estado por IVA, que es el mayor impuesto del país, han caído. Por eso, incluso, el Ministerio de Finanzas transfirió menos recursos a los gobiernos locales para el segundo cuatrimestre de 2023. En el primer semestre de 2023, los ingresos por IVA en el Presupuesto sumaron USD 3.148,6 millones; esto es USD 49,8 millones menos que en igual período de 2022. La caída se debe a que hubo menos ingresos por el IVA que pagan los productos importados. Hidalgo explica que en la recaudación bruta de impuestos que reporta el Servicio de Rentas Internas (SRI) se evidencia un incremento, pero esto es debido a que la entidad toma en cuenta devoluciones, notas de crédito y compensaciones que, al final del día, no ingresan al Presupuesto del Estado. En el primer semestre, los ingresos que ha percibido el Estado por impuestos ha caído 2,5% frente a igual período de 2022. A Flourish chart La reforma tributaria tuvo efectos La primera reforma tributaria del Gobierno de Lasso, que entró en vigencia en noviembre de 2021, creó nuevos impuestos temporales para las personas naturales de altos patrimonios o con bienes en el exterior: El Impuesto para la Regularización de Activos en el Exterior. Este tributo generó USD 92 millones al Estado. Y la contribución temporal para el impulso económico post Covid 2019, que fue un impuesto de entre 1% y 1,5%, para las personas naturales con patrimonios de más de USD 1 millón. El Estado recibió USD 183 millones por este impuesto. Se trató de impuestos temporales que se aplicaron solo en 2022.

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Críticas a Corte Constitucional por trato a decretos-leyes del Ejecutivo

La Corte Constitucional no actuó de forma correcta en torno a los decretos-leyes, enviados por el presidente Guillermo Lasso con el carácter de urgencia económica. Así se pronunció el constitucionalista Salim Zaidán, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”. Para Zaidán, en el primero de los decretos, que establecía rebajas en los impuestos, la Corte Constitucional desvió su análisis al campo político, en lugar de tratar el tema de forma rápida y oportuna. Y si bien finalmente lo aprobó, se perdió demasiado tiempo. En el segundo, que pretendía la creación de zonas francas, y que fue negado, el organismo desbordó un poco su competencia, pues solo al Ejecutivo le corresponde establecer lo que es una urgencia económica. En su opinión, fue un error convocar audiencias y llamar a “amicus curiae”, toda vez que la única tarea de la Corte, de acuerdo a la ley, era establecer si las propuestas del presidente Lasso cumplían los parámetros constitucionales. Al no ser actora política o colegisladora, debía limitarse a aceptar o rechazar sus requisitos legales. El analista reconoció que las actuales leyes, en el caso de “Muerte Cruzada”, son vagas e imprecisas sobre la tarea de la Corte Constitucional en caso de no existir Asamblea. A su criterio, la institución no puede ni debe evaluar las políticas económicas del gobierno, como es el caso de las zonas francas, porque estaría cruzando la delgada línea que la separa de las atribuciones del Ejecutivo. Basta de prevaricatos y habeas corpus injustificados Por otra parte, el jurista aplaudió la sentencia de la Corte Constitucional, respecto a los controles que aplicará ante casos de prevaricato. Sin embargo, advirtió que las eventuales sanciones por estos delitos, no deben limitarse a los jueces comunes, sino a la propia institución. También destacó la decisión de parar el abuso de los recursos de habeas corpus, especialmente en actores políticos implicados en actos de corrupción, pues resulta evidente que ciertos grupos, abusando de su poder, pretenden conseguir la impunidad de sus líderes.

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Mañana, audiencia en Corte Constitucional sobre “Zonas Francas”

La Corte Constitucional realizará mañana una nueva audiencia, a fin de escuchar pronunciamientos sobre el decreto-ley enviado por el presidente Guillermo Lasso, en torno a la creación de las denominadas “zonas francas”. En diálogo con “Punto de Orden”, el subsecretario jurídico de la Presidencia, Jorge Benavides, recordó que, ante la ausencia de la Asamblea Nacional, disuelta por la “muerte cruzada”, le corresponde a la Corte Constitucional analizar y resolver sobre los decreto-ley, siempre y cuando sean de materia económica urgente. Este martes se realizó ya una audiencia, en torno a la reforma tributaria propuesta por el gobierno, y que reduce los impuestos para la clase media. Las diligencias permiten la presencia de “amicus curiae”, es decir, expertos en la materia a tratar, que deseen aportar sus puntos de vista. Todavía no existe un dictamen en ninguno de los dos casos. En el caso de la audiencia de este jueves, comparecerán el ministro de la Producción y asesores legales del gobierno, para justificar la necesidad de que se apruebe el decreto. En especial la forma en que la propuesta incrementará las plazas de trabajo, y fomentará el crecimiento armónico de todas las regiones del Ecuador. Benavides lamentó que la Corte tarde tanto en resolver estos puntos, ya que son de enorme importancia para el país. Si bien la Constitución no establece plazos, el objetivo es que cada propuesta sea despachada en un máximo de 30 días. Caso contrario, dijo, se desnaturaliza la “urgencia económica”. El funcionario exhortó al organismo constitucional a colaborar, no con el gobierno, sino con el país, ya que las iniciativas de Lasso permitirán reactivar la economía del país, mejorar los ingresos de muchos ecuatorianos, y generar nuevos empleos.

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Reforma tributaria y ley de zonas francas, objetivos económicos inmediatos del gobierno

El ministro de Economía, Pablo Arosemena, destacó la enorme importancia de la reforma tributaria enviada a la Corte Constitucional, que a raíz de la disolución de la Asamblea, debe aprobar o rechazar todo proyecto de carácter económico. Consultado por “Punto de Orden”, el ministro explicó que dicha reforma tiene como único objetivo “poner plata en el bolsillo de la gente”, mediante una sustancial reducción en el Impuesto a la Renta. La norma beneficiará a 340.000 personas, dijo, que mediante mayor cantidad de deducciones, tendrá que aportar mucho menos al fisco. Esta política de reducir impuestos, al contrario de lo que podría esperarse, ha traído consigo mayor recaudación. Zonas francas en marcha El siguiente paso, explicó el ministro, será enviar el proyecto de zonas francas, destinado a atraer inversión nacional e internacional. Arosemena anotó que esta iniciativa, que también deberá recibir el visto bueno de la Corte Constitucional, contempla reducción de impuestos, ya que el objetivo es que la producción de las zonas francas sea para exportación, y no para el comercio local. Si se concreta, generará nuevas fuentes de empleo en muchos puntos del país. El ministro advirtió que este proyecto, al contrario del que plantearon “los genios del socialismo del siglo 21”, como los llamó, no hará distingos, sino que se adaptará a las propuestas empresariales. La idea, agregó, es que los inversionistas no paguen Impuesto a la Renta durante un periodo de 15 años, y que además se reduzcan los aranceles de la materia prima. Adicionalmente, traerá enormes beneficios para los pequeños industriales, pues abaratarán los costos. De ese modo, se generará mayor empleo. Asignaciones se concretan En otro ámbito, Arosemena explicó que la entrega de recursos se maneja de la forma correcta. Por ejemplo, ya cuentan con los 80 millones de dólares, que será el costo aproximado de las elecciones anticipadas. Asimismo, cuentan con dos líneas de crédito para enfrentar los estragos del inminente Fenómeno de El Niño. Se trata de un fondo de 60 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, y de otros 190 millones del Banco Mundial. Es decir, 250 millones de dólares, listos para las contingencias. Dentro del manejo financiero, existen 450 millones de dólares para reparación y mantenimiento de carreteras, y cerca de 500 millones en créditos para organismos seccionales, destinados a obras públicas. A nivel micro, explicó que durante el 2022 se entregaron 6.222 millones de dólares en créditos, a través del IESS, Corporación Financiera, Banco de Desarrollo y otras instituciones. En total fueron 80.000 los ecuatorianos beneficiados por este impulso. Arosemena destacó la seriedad y responsabilidad con que el actual gobierno, está manejando el tema del endeudamiento. Al contrario del despilfarro con que actuó el régimen de Rafael Correa. Como prueba citó la reciente recompra de bonos de deuda, que alivió alrededor de 1.000 millones. El funcionario destacó que el país avanza de forma positiva, al punto que se espera un crecimiento económico del 3% para este año, un porcentaje muy superior al de otros países de la región.

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Director del SRI destaca beneficios de reforma tributaria enviada al legislativo

El proyecto de reforma tributaria, enviado por el Gobierno Nacional a la Asamblea con el carácter de urgencia económica, es fundamental para el país. Así lo explicó el director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, en diálogo con “Punto de Orden”. Briones explicó que para el presidente Lasso, es prioridad la situación económica de todos los ecuatorianos. Es por ello que impulsó este proyecto de reformas, destinado a reducir las aportaciones de miles de familias. El objetivo es recortar los tributos en cerca de 200 millones de dólares, especialmente en la clase media. El funcionario explicó que, gracias a la mejoría en la salud fiscal, se pueden tomar estas medidas. Como beneficiarios especiales destacó a los taxistas, artesanos y emprendedores del sistema Rimpe, entre muchos otros. Deducciones mayores Briones precisó que el nuevo proyecto permite deducir mayores cantidades, a la hora de pagar el Impuesto a la Renta. Por ejemplo, en las cargas familiares. La nueva norma establece que si, por ejemplo, hay un hijo con discapacidad, se lo puede incluir como deducible, sin importar la edad. Antes solo se aceptaba hasta los 21 años. Además, se incluyen todos los gastos relacionados a educación, alimentación y salud, hasta 15.300 dólares por año, cuando antes solo se permitían 5.000 dólares. Es decir, se triplicó el monto máximo. Asimismo, se agrega la alimentación y gastos médicos de las mascotas del hogar, y no se hace distingo entre contribuyentes solteros o casados, o que asuman el cuidado de sus padres. En el caso de las 16 empresas de pronósticos deportivos que operan en Ecuador, se estableció un pago único del 15% por concepto de Impuesto a la Renta. El cobro es mensual, dijo Briones, y además hay retención en la fuente para los apostadores que ganan. Finalmente, el funcionario exhortó a los “expertos” a leer primero el proyecto, que tiene 15 páginas, porque muchos se atreven a opinar, sin saber siquiera el contenido.

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Analista Rossignoli, a favor de reforma tributaria que reduce contribuciones

La reforma tributaria anunciada por el presidente Guillermo Lasso, será positiva para el país. Así lo señaló el analista Miguel Rossignoli, consultado por los micrófonos de nuestro espacio “Punto de Orden”. Para el experto, este proyecto de ley, enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de urgencia económica, corrige importantes errores de la norma vigente, la cual fue duramente criticada. A su criterio, es correcto aumentar el monto de las deducciones tributarias, pues de ese modo los contribuyentes pagarán menos Impuesto a la Renta, y tendrán dinero para otros conceptos. Rossignoli señaló que la reforma implementada por el gobierno, corregirá errores importantes, y devolverá a la clase media, como principal beneficiada, cierto equilibrio. El analista recordó que la primera ley fue dura, y afectó a todo el país. Y si bien no creó impuestos, cambió los parámetros de recaudación. Sin embargo, dijo que esa ley no afectó realmente a quienes menos tienen. Fue la clase media la más afectada. Para el experto, la reforma enviada a la Asamblea es positiva, pero también debería tomar en cuenta la situación de las grandes empresas, que son las que generan empleo. A nivel general, Rossignoli estimó que el manejo económico del gobierno es acertado, si bien solo a nivel macro. Falta, dijo, “aflojar la llave” para que circule más dinero, y el sector privado aumente su efectividad. El analista recordó que el sector público debe ser solo un ente controlador, y no interventor, pues la ineficiencia incrementa el gasto público.

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Presidente vetó totalmente la Ley para derogar la reforma tributaria vigente

El presidente Guillermo Lasso vetó totalmente la ley que pretendía derogar la reforma tributaria vigente desde el 29 de noviembre de 2021. La norma fue aprobada por la Asamblea Nacional el 30 de noviembre de 2022. El Jefe de Estado explicó que esta decisión se toma “por inconstitucional e inconveniente” del proyecto, por lo que pasará a la Corte Constitucional (CC) que, en 30 días, deberá pronunciarse a favor o no de la lectura del Gobierno. En caso de que la CC falle a favor de la opinión del Ejecutivo la derogatoria a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia covid-19 no podrá ser tratada por el Legislativo en al menos un año. Pasado este tiempo y para tratar el articulado nuevamente la Asamblea necesitará el voto favorable de 92 asambleístas. “Ante el obrar irresponsable del legislativo y en atención a la responsabilidad constitucional que la Función Ejecutiva ejerce sobre la Administración Pública, corresponde al colegislador actuar con responsabilidad y objetar totalmente este proyecto de ley”, sostuvo el presidente Lasso. En el documento remitido por el Primer Mandatario además se reitera que la decisión se dio tanto por ser inconstitucional e inconveniente. “…al derogar una ley que permite una recaudación estimada de 946,32 millones de dólares anuales, que se destina para educación salud, y demás prestaciones y servicios públicos, la Asamblea Nacional incumple con su mandato de conducirse de forma responsable y atenta contra la estabilidad y sostenibilidad económica”. Y recordó que: “esta Administración asumió la economía nacional con un déficit fiscal superior a los 7.000 millones de dólares, lo que obligó a tomar medidas como el incremento impositivo enfocado en quienes más poseen, y que mediante una administración prudente se ha logrado reducir dicho déficit a menos de 2.000 millones…”. Fuente: El Telegrafo

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Ecuador está en una encrucijada porque se acumulan temas en contra antes de que se concrete el último desembolso del FMI

La política perjudica a la economía nacional y mantiene alta la percepción internacional de riesgo. No solo se afectan los ingresos fiscales, sino también las inversiones y el empleo. La creciente incertidumbre sobre la capacidad  del Gobierno para pagar sus deudas a corto y mediano plazos y cumplir sus compromisos en medio de un ambiente político paralizante, podría complicar el cierre con éxito del acuerdo con el FMI. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, ha asegurado que se dedicará a calmar las aguas con el multilateral y explicar que las metas siguen en pie. Esa labor tiene que hacerla a contrarreloj porque el directorio del FMI se reunirá el 14 de diciembre de 2022 para evaluar si hace el último desembolso de $700 millones a Ecuador. A este panorama se suman las incógnitas sobre qué pasará en 2023, porque el bloqueo político se profundizará en medio de las elecciones. “Derogar la ley tributaria apunta a la inestabilidad económica, quizá un default, y si los astros se alinean quizá algo peor. El 2026 está muy cargado de pago de deuda externa, y sin acceso a mercado, quizá para 2024 entremos en una espiral de la muerte”, dice Bernardo Orellana, exviceministro de Finanzas, quien pone el dedo en la llaga de lo que verdaderamente está detrás de la derogatoria de la reforma tributaria de Lasso por parte de la Asamblea. No solo es oposición al Gobierno, sino un afán directo de sabotaje para generar descontento, crisis y, al mismo tiempo, pescar a río revuelto en 2023 que será predominantemente electoral y político. En otras palabras, desde sectores como Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik, socialcristianos, Izquierda Democrática, entre otros, se apunta abiertamente a un juego de suma cero, donde no importar si pierde el país, sobre todos los ciudadanos que dicen defender, si consiguen posicionarse como los “supuestos salvadores” para las próximas elecciones a corto y mediano plazos. Ahondar la crisis Aunque la derogatoria de la reforma tributaria sería efectiva en 2024, luego de que todo se congele un año con el anunciado veto total del Ejecutivo, la apuesta de los sectores de oposición es tumbar uno de los principales compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sembrar dudas sobre la capacidad del Gobierno de pagar sus deudas a corto y mediano plazos. A la par, desde la Asamblea también se ha seguido trabajando en aprobar leyes que obligan a más gasto como la de presupuestos incrementales para salud y educación, o a objetar el presupuesto para 2023, porque desde el Ejecutivo se estima un precio del petróleo supuestamente muy bajo. Además, según Ana María Macías, consultora de banca internacional, temas como la fallida venta de Banco del Pacífico, o el reciente anuncio de que se declara desierto el concurso para auditar los balances de Petroecuador (otro compromiso indispensable con el FMI),  también son víctimas de la política local. “En países como Perú, a pesar de la gran inestabilidad con el presidente Castillo, todos saben que hay cosas que se respetan pase lo que pase: los acuerdos y contratos, tanto con inversionistas privados como con multilaterales. En Ecuador se sabe, por su historia de los últimos cuarenta años, que en cualquier momento se puede negar todo y volver la cuenta a cero”, puntualizó. Así, más que la crisis externa, el mayor enemigo para la economía ecuatoriana es interno. Y ese enemigo es predecible en su capacidad para bloquear todo, ahondar la crisis, y echar la culpa de todo al FMI. El riesgo país no refleja la realidad económica, sino la realidad política. Fausto Ortiz, exministro de Economía, explicó que la recaudación de impuestos recibida en noviembre es la más alta en dólares; y la acumulada de todo 2022 será la mejor de los últimos siete años. Asimismo, el déficit fiscal de este año será el menor de la década. Con esas cifras, Ecuador debería ser la estrella de la región en atracción de inversiones y tener el grifo abierto completamente para el financiamiento externo barato. Sin embargo, la realidad va en la dirección contraria porque todos los avances se pierden con el bloque político, los anuncios y amenazas de nuevas movilizaciones y la falta de reformas estructurales para generar empleo e inversiones. “El riesgo país actualmente no refleja la realidad económica, sino la realidad política. La política está superando el tema económico y no se dan cuenta del gran daño que le hacen a la gente que supuestamente dicen proteger”, recalcó Ortiz. Por un lado, se busca quitarle las pocas fuentes de ingresos adicionales al Gobierno; y por otro no se hace nada para darle al país más y mejores herramientas para crecer y generar empleo. La cifra real del PIB de 2022 será parecida a la de 2016. Esto quiere decir que hemos pasado más de seis años y apenas estamos a las puertas de comenzar a recuperarnos de la crisis iniciada con el fracaso del modelo correísta. Si la economía no crece más rápido, y para eso se necesitan reformas, es difícil que los empleos crezcan. Por eso tenemos una situación compleja en la seguridad social. “La mayoría de los nuevos empleos creados no están afiliados al IESS. Eso significa que al Gobierno se le sigue haciendo cada vez más grande el hueco en la seguridad social. Eso necesitará más plata ahora y en el futuro”, añadió Ortiz.  (JS) Riesgo país en los principales países de la región País Puntaje Venezuela 34.698 Argentina 2.248 El Salvador 1.960 Ecuador 1.333 Bolivia 673 Honduras 645 Colombia 404 México 392 Costa Rica 356 Brasil 249 Guatemala 244 Paraguay 233 Panamá 224 Perú 193 Chile 157 Uruguay 106 Fuente: La Hora

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La constitucionalidad de derogatoria de la reforma tributaria está en duda

El futuro de la reforma tributaria del gobierno de Guillermo Lasso regresó a la cancha de Carondelet, después de que la Asamblea aprobó el proyecto de Ley empujado por Pachakutik y el correísmo para derogar la denominada Ley de Sostenibilidad Fiscal, tras la pandemia del covid-19. Una vez que el texto fue aprobado con 100 votos a favor (más de los dos tercios del Pleno que se requieren para su ratificación), el presidente Lasso tiene 30 días de plazo para presentar sus observaciones al texto o disponer su promulgación en el Registro Oficial. El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, tachó de “inconstitucional y demagógica” a esta iniciativa. En el escenario de un veto total, el Parlamento solo podrá reconsiderar este proyecto en una sola votación al cabo de un año. Inconstitucionalidad  Aunque el proyecto superó los dos debates en el Pleno, la posibilidad de que pueda ejecutarse está en duda pues el artículo 135 de la Constitución dice que solo el Presidente de la República podrá formular proyectos de ley que creen o modifiquen impuestos. “Una cosa es poder y otra es deber; no debieron porque irresponsablemente hoy tendrán que responder por las consecuencias de esa derogatoria”, señaló la oficialista Nathalie Arias, vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). La ponente del proyecto, la correísta Viviana Veloz, y el socialcristiano Esteban Torres recordaron que, en la anterior Legislatura, fue posible derogar el denominado “impuesto verde” por iniciativa de un asambleísta de Creo. Pero omitieron que eso se unificó con un proyecto enviado por el entonces presidente, Lenín Moreno. El trámite de los proyectos de ley de urgencia en materia económica consta en el artículo 140 de la Constitución. En el último inciso señala que cuando un proyecto entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, “la Asamblea podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto”, sin especificar si esto aplica en el caso de tributos. Precedente En último caso, este proyecto de ley podría terminar en la Corte Constitucional, que el 28 de octubre pasado ya negó una decena de pedidos de derogar esta norma presentados por la oposición al Gobierno y sectores sociales. En el dictamen la Corte ratificó la vigencia de esta ley, pero declaró inconstitucionales los aspectos relacionados con las reformas a la Ley de Hidrocarburos; régimen especial impuesto a la renta para emprendedores y negocios populares (Rimpe); régimen impositivo voluntario, único y temporal para la regularización de activos en el exterior (Rivut); exención del pago del impuesto a la herencia, Reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos. Disputas  Después de que el correísmo se abstuvo por votar a favor del archivo de esta norma, lo que permitió que entre en vigencia como Decreto–Ley hace un año, esta bancada protagonizó una disputa con Pachakutik por la derogatoria. La tensión entre el correísmo y Pachakutik fue tal que durante la sesión del segundo y definitivo debate de la ley derogatoria Blasco Luna (Unes) debió ser contenido por una de sus colegas para no irse a los puños con Salvador Quishpe, coordinador del bloque indígena. El incidente ocurrió cuando Sofía Sánchez, de Pachakutik, responsabilizó al correísmo de la vigencia de esta Ley desde hace un año. Intervino la Escolta Legislativa para evitar desmanes. “Solicitamos que se niegue y se archive este proyecto que le mete la mano al bolsillo de los ecuatorianos y la bancada de la Revolución Ciudadana, conjuntamente con el Gobierno se abstuvieron para que se archive”, dijo Sánchez. Esas bancadas se acusaron de acuerdos con el Ejecutivo, incluso a cambio de la prelibertad del exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción. Votos En el Pleno no hubo los votos para aprobar o negar la ley tributaria el 28 de noviembre del 2021. El correísmo se abstuvo de apoyar a Pachakutik y otras bancadas para el archivo del proyecto que incrementó los impuestos a todas las personas que tienen ingresos superiores a los USD 2 000 mensuales. Un día después, el 29 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso ordenó la promulgación de esta norma como Decreto–Ley en el Registro Oficial, una vez que se cumplió el plazo de los 30 días que tenía el Parlamento para pronunciarse. La Corte  Constitucional no dio paso a las medidas cautelares solicitadas por organizaciones sociales y partidos en contra de esta norma. En su dictamen, el 29 de octubre del 2022, la Corte Constitucional dejó sin efecto la aplicación de algunos textos. Sin embargo, esta medida únicamente se aplicará desde enero 2023. Fuente: El Comercio

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La Asamblea aprobó proyecto para derogar la reforma tributaria de Guillermo Lasso

Con 100 votos a favor y 13 en contra, el Pleno de la Asamblea aprobó este martes 29 de noviembre el proyecto de ley derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, tras la pandemia del covid-19. La iniciativa respaldada por casi todas las bancadas, menos el oficialismo, pretende echar abajo la reforma tributaria del Gobierno de Guillermo Lasso, que entró en vigor hace un año como Decreto-Ley por falta de votos para aprobar o negar esta norma en el Legislativo. El texto será enviado al Ejecutivo para que en un plazo de 30 días presente sus observaciones. En caso de un veto total, el Parlamento podrá volverlo a tratar en una sola votación después de un año. El proyecto se compone de un solo artículo y especifica: derogar la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, tras la pandemia del covid-19. La norma significó el incremento de varios impuestos. Durante el debate, las bancadas del correísmo, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y Pachakutik argumentaron que esta norma perjudica a la clase media. Por su parte, el oficialismo advirtió que esta decisión podría afectar las proformas del 2024 y los siguientes años. Según las proyecciones del Gobierno, hasta el próximo año esta norma permitirá recaudar alrededor de USD 1900 millones, lo que forma parte de la proforma presupuestaria del 2023. “Si usted revisa la proforma presupuestaria se dará cuenta que la recaudación de aproximadamente USD 16 000 millones y el tema petrolero, no se están yendo a obra, se están yendo al pago de los tenedores de bonos”, mencionó el jefe de bloque del PSC, Esteban Torres. En medio del debate en el Pleno hubo cruces verbales cuando legisladores de Pachakutik responsabilizaron al correísmo de haber permitido que esta reforma tributaria entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, debido a que esa bancada no dio sus votos para el archivo. Fuente: El Universo  

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Gobierno enviará reforma tributaria en septiembre y eleva proyección económica para este 2021

El ministro del Finanzas, Simón Cueva, señaló que la reforma tributaria se enviará en septiembre. Aseguró que todo está en discusión y que cualquier ajuste se hará para los que más recursos tienen y están más arriba en la pirámide. Por otra parte, el gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, informó que se elevó la cifra de crecimiento de la economía de Ecuador. En entrevista con el medio digital Primera Plana, el funcionario dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 3% este año, según la última actualización de la entidad, ligeramente superior respecto de la proyección inicial de 2,8%. Vía El Comercio

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