Incrementar las penas para ciertos delitos no es la única solución, para detener la ola de inseguridad que reina en el país. Así se pronunció la ex ministra fiscal, Mariana Yépez, en diálogo con “Punto de Orden”. Al analizar el reciente y polémico proyecto de reformas al Código Penal, que finalmente no tuvo los votos en la Asamblea Nacional, Yépez se mostró partidaria de esperar al resultado de la consulta popular y referéndum, que se cumplirán en abril próximo, pues el temario incluye, precisamente, un posible aumento de las penas. De ese modo, dijo, y ya conociendo el pronunciamiento del pueblo, no habrá doble trabajo. En lo que no coincide es en aumentar ciertas causales para plantear la revisión de una sentencia, ya que cambiarían el espíritu y el sentido de este recurso legal. La ex fiscal recordó que la casación ya establece la forma de aclarar posibles errores jurídicos. Yépez afirmó que incluir como causal, que ciertos “comités internacionales”, mediante sus pronunciamientos, obliguen al Estado Ecuatoriano a revisar sentencias, es inconcebible. Y más aún porque, de existir una violación al debido proceso, se puede acudir ante la Corte Constitucional. Es un contrasentido, anotó, aceptar como válidos los criterios de tales comités, y en ese sentido es evidente que hubo dedicatoria. No se debe levantar la reserva Asimismo, se mostró totalmente en contra de la posibilidad de levantar la reserva, a las investigaciones realizadas por la Fiscalía. Yépez explicó que un fiscal, por naturaleza, es una autoridad investigadora, que implementa tácticas y estrategias para conocer detalles de un caso. Si se hacen públicos los resultados de sus indagaciones, todo el caso podría desplomarse. En su opinión, este aspecto del proyecto tenía una mala intención, que apuntaba a entrometerse en el trabajo de la función judicial. En resumen, el Parlamento pretendía tener la capacidad de realizar una “investigación paralela”. Reformas no bastan Aunque aceptó que el frustrado proyecto de reformas sí contenía algunos elementos positivos, no lo considera la mejor solución para combatir a la delincuencia, ya que mucho más importante es implementar políticas sociales, que fomenten el trabajo y la educación. Además, recordó que el derecho penal no consiste únicamente en establecer delitos y juzgarlos, sino también manejar el aspecto penitenciario. Un grave problema, ya que no existen las cárceles suficientes para ubicar a tantos presos, y más aún, ubicarles con el debido control. Mientras no exista una mejoría penitenciaria, no se puede incrementar penas, apuntó Yépez.