Diego Rodóñez, secretario Nacional de Seguridad Pública, evitó confirmar sobre el paradero de Hernán Luque. El Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado aseguró no tener constancia de la supuesta red de corrupción en las empresas públicas del sector eléctrico. Evitó confirmar sobre el paradero de Hernán Luque. Diego Ordóñez, titular de la Secretaría, señaló que el Gobierno no busca excusas para justificar a las personas presuntamente involucradas en este caso y puntualizó que no hay evidencias de corrupción en contratos. Ordóñez reiteró, en una entrevista en radio Sucesos este jueves 19 de enero, que el Gobierno no puede actuar bajo rumores porque podría haber intereses detrás. Dijo que hubo decisiones luego de que se hicieran públicos los audios de Hernán Luque, expresidente del Directorio de Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y de Rubén Cherres. “No es que el Gobierno o el presidente (Guillermo) Lasso, en particular, se hayan puesto a buscar excusas para justificar a quienes aparecen hablando en esos audios”, aclaró Ordóñez. Explicó que el Gobierno aceptó el contenido de esos audios, sin esperar que haya pericias judiciales ni impugnar el origen y los tomó como “evidencia, que puede ser judicialmente refutable, pero políticamente no es refutable”. Las medidas al momento son: Orden de ubicar a Luque y Cherres, Pedido de renuncia a gerentes de todas las empresas públicas y Participación de la Secretaría Anticorrupción en los directorios de todas las empresas públicas. El funcionario evitó confirmar si Luque está o no fuera del Ecuador y se limitó a decir que se debe esperar que la Fiscalía avance en la indagación previa, solicite medidas de vigilancia o la detención. “Lo que tenemos son audios de un exfuncionario público y un individuo, sujeto privado, en donde habla de la posibilidad de hacerse de dinero mal habido. No tenemos ninguna constancia, ninguna verificación, de que en algún proceso de contratación haya habido actos de corrupción. No existen”, recalcó el Secretario sobre la información revelada por el medio digital La Posta. Auditoria a contratos El 18 de enero, el Frente Parlamentario Anticorrupción entregó a la Contraloría General del Estado 3 792 contratos, suscritos entre el 2020 y 2022, por las empresas Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC). El Frente solicitó que realice exámenes especiales para determinar si existieron perjuicios al Estado ecuatoriano y se establezcan indicios de responsabilidad penal, de ser necesario. Ordóñez dijo que esos contratos fueron enviados por el mismo Gobierno a pedido de los asambleístas. El Gobierno espera que se investigue si el caso se trata de un intento de corrupción o un hecho concreto. El Ejecutivo no investiga porque habrá dudas sobre la imparcialidad y son la Fiscalía y la Contraloría las instituciones competentes, añadió. La Asamblea Nacional creó una comisión multipartidista de siete integrantes, que son legisladores del correísmo, el Partido Social Cristiano y aliados, para investigar el supuesto caso de corrupción. “Es una alianza que en varias oportunidades se ha mostrado interesada en derrocar al Gobierno. No ha escatimado momentos en los cuales ha intentado desestabilizar al Gobierno”, sostuvo Ordóñez. Por eso no espera un informe objetivo ni imparcial de la comisión. Puede haber personas que han estado involucradas en estos actos de corrupción, “pero no el Gobierno como se pretende señalar, como una red de corrupción, mucho menos el Presidente de la República”, defendió al justificar que Lasso heredó una burocracia de 15 años con corrupción y que no es fácil su remoción porque hay leyes que aseguran sus cargos. Ordóñez también tiene la hipótesis de que otro objetivo detrás es que al correísmo le interesa que no se apruebe la pregunta sobre la extradición en la consulta popular. Fuente: El Comercio