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Ecuador: julio 18, 2024

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Ecuador, julio 18, 2024
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Jugosos bonos, mejores sueldos y un límite a la inteligencia artificial: estos son los beneficios de los guionistas tras el fin de la huelga

El País .- Desde el primer minuto de este miércoles, la huelga de guionistas ha pasado a formar parte de la historia de Hollywood. Los líderes del sindicato Writers Guild of America (WGA) han ratificado el acuerdo alcanzado con los estudios el domingo. La cúpula de la organización avaló el texto final del contrato en la tarde del martes (madrugada del miércoles en España), lo que ha puesto punto final a los 148 días en los que los escritores apagaron sus ordenadores, dejando en pausa a la industria del entretenimiento. Los guionistas obtienen así unos 233 millones de dólares en beneficios de los grandes estudios, una cifra mucho más elevada que los 83 millones que pusieron sobre la mesa los ejecutivos en la primera ronda de negociaciones. Hollywood, sin embargo, está todavía a un par de semanas de distancia de volver a la normalidad. Los actores siguen en huelga. Los 11.500 integrantes del WGA votarán entre el 2 y el 9 de octubre el convenio colectivo que está sobre la mesa. El comité negociador no escatimó el domingo palabras de júbilo cuando calificó el acuerdo de “excepcional”. Los líderes de la organización han comenzado a explicar los beneficios que les dejará el nuevo texto, de 94 páginas, que estará vigente tres años. Entre ellos, una mejora en las condiciones salariales a un ritmo de un incremento del 5% en el primer año, 4% en el segundo y 3,5% en el último; el cobro de bonos en función de la audiencia que logren sus obras en plataformas de streaming, y un freno al uso de la inteligencia artificial en los procesos creativos. La ratificación del texto supone el fin del paro y la vuelta al trabajo. Los primeros en ponerse en marcha serán seguramente los guionistas de los talk shows, cuyo parón fue también el primero en notarse porque son espacios diarios y en directo, a los que siguieron después programas, series y películas congelados por la huelga. Las emisiones en directo, por tanto, volverán a la televisión los primeros días de octubre. Como pedían los guionistas, el nuevo contrato colectivo funcionará como un dique ante la irrupción de la inteligencia artificial en la industria. La herramienta tecnológica no podrá ser usada para escribir un guion o reescribir versiones, ni tampoco para intentar reducir la relevancia de la firma de un autor humano o sus derechos. Las compañías no podrán obligar a un guionista a utilizar programas como el ChatGPT. El WGA tendrá la última palabra, en nombre de sus miembros, sobre qué materiales creativos pueden ser empleados para entrenar o desarrollar software de inteligencia artificial. Los estudios también aceptaron un nuevo reparto de los beneficios residuales, es decir, el pago que corresponde a todos los miembros de una producción cuando esta se emite en un nuevo mercado o plataforma. A más visualizaciones, mayores pagos. Este fue uno de los puntos que estancaron las negociaciones durante semanas ante la negativa de las compañías a revelar sus cifras de audiencia. En el nuevo texto, sin embargo, los estudios se comprometen a compartir con el sindicato, mediante un acuerdo de confidencialidad, el total de horas de reproducción local e internacional de las producciones. El nuevo contrato promete compensar a los guionistas desde el 1 de enero de 2021 por el éxito que alcance cualquier producción que sea vista al menos por el 20% de los abonados locales a un servicio como Amazon Prime, Netflix o Max en los 90 días después de su lanzamiento. Los títulos que lo logren generarán bonos para sus escritores. Se calcularán con una fórmula que toma en consideración el presupuesto de la producción, la extensión de una serie o el metraje de una película y el número de visualizaciones. Esto significa, por ejemplo, que los escritores de una serie de televisión muy vista se embolsarán unos 9.000 dólares por cada capítulo de media hora. Los de una hora dejarán una ganancia de 16.400 dólares. Y así hasta alcanzar los 40.500 dólares para un largometraje que haya costado más de 30 millones de dólares. El nuevo contrato también impone a los estudios un mínimo de guionistas para desarrollar los proyectos de una temporada televisiva. Serán necesarios al menos tres para un programa de al menos seis episodios que reciba la luz verde de un estudio. Seis guionistas es el mínimo para las series de 13 capítulos por temporada. Tres de estos pueden tener el cargo de escritor y productor. Las actrices Jane Fonda (centro) y Lily Tomlin (derecha), en una protesta en Hollywood este verano.JAY L. CLENDENIN (GETTY IMAGES) Los logros obtenidos por los escritores han inyectado optimismo a los actores. Por el momento, no hay negociaciones en curso entre SAG-AFTRA, el sindicato de intérpretes, y la Alianza de Películas y Productores de Televisión (AMPTP, por las siglas en inglés), que representa a Paramount, Sony, Universal, Walt Disney, Warner Bros., las grandes cadenas televisivas y compañías de streaming como Netflix y Apple TV, entre otras. Los actores mantienen las convocatorias de piquetes a las puertas de los estudios. El WGA no ha llamado a los guionistas a manifestarse en contra de las empresas desde el domingo, pero los responsables del sindicato permiten que los escritores se solidaricen con sus compañeros intérpretes mientras se mantenga el conflicto laboral. Este martes, el creador de Mad Men, Matthew Weiner, un escritor, acompañó a su amigo el actor Noah Wyle en una de las manifestaciones. “Creo que no lo habríamos logrado si no hubiésemos tenido el apoyo de los actores. Fueron muy valientes”, dijo el guionista a la agencia AP. Este lunes, SAG-AFTRA puso más presión sobre la industria. Los actores involucrados en los videojuegos, un sector que este año ha tenido ganancias cercanas a los 35.000 millones de dólares, aprobaron el lunes ir a huelga si no se llega a una mejora de las condiciones en la negociación del contrato. La amenaza promete alargar el extendido verano de conflictos laborales que ha vivido Estados Unidos. Las compañías que deben responder al envite son los gigantes Activision, Electronic Arts, Epic Games, Take 2, además de las

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Los tiempos legales le alcanzarán al gobierno de Guillermo Lasso para definir sueldo básico del 2024

El Universo .- Entre empleadores y trabajadores hay incertidumbre sobre si la decisión se tomará en este gobierno -que subió $ 25 al año- o el próximo.   Una de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso para ganar la Presidencia fue subir el sueldo básico de $ 400 a $ 500 en sus cuatro años de mandato y así en el 2021, al no llegar a un consenso entre trabajadores y empleadores, su gobierno decidió el alza de $ 25 que rigió desde enero del 2022. Lo mismo ocurrió al año siguiente y para enero del 2023 quedó fijado el sueldo básico en $ 450. Ahora, antes de que termine su mandato -acortado por la muerte cruzada- podrá dejar definido un aumento para el 2024.   El sueldo básico que rige hoy fue dipuesto por decreto al Ministerio del Trabajo el 30 de noviembre pasado, justo en este 2023 para ese mismo día el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto en su calendario la entrega de credenciales al nuevo presidente que resulte electo en la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo 15 de octubre.   De acuerdo con el cronograma electoral, el actual Gobierno estará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2023, “por lo que conforme a la normativa del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, podría alcanzar a realizar la fijación del salario básico unificado para el año 2024″, indica Andrés Madero, decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Ecotec y exministro del Trabajo. Y es que los tiempos le dan. El Acuerdo Ministerial MDT-2020-185 establece el procedimiento: En el segundo inciso del artículo 3 de dicho acuerdo se indica que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, para la fijación de la variación del salario básico unificado, se autoconvocará para sesionar hasta el 20 de noviembre de cada año. Antes de esa sesión ese organismo establecerá el procedimiento y la metodología para la discusión de la fijación del salario básico unificado. El cuarto inciso señala que de no adoptarse una resolución por consenso, el ministro del Trabajo deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 118 del Código del Trabajo, para lo cual solicitará a la entidad competente una proyección actualizada a la fecha del índice de precio del consumidor para el siguiente año. Aunque entre representantes de los empleadores y trabajadores que integran ese Consejo de Salarios hay incertidumbre sobre si el nuevo sueldo básico se definirá en este o en el próximo gobierno. Hasta el momento no han recibido ninguna comunicación del Ministerio del Trabajo sobre esto. Empleadores La fijación del sueldo que regirá a partir de enero “en principio se resuelve en dos sesiones del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, más hacia los meses de octubre y noviembre. Hasta el momento no hemos recibido notificación alguna desde el ministerio sobre el tema”, indica Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador.   Y comenta que como “el presidente Lasso estaría dejando la Presidencia en diciembre, lo que pone más incertidumbre sobre el tema: deja subiendo los $ 25 o deja la decisión del salario del 2024 para el próximo Gobierno”.   Trabajadores Desde el otro lado, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, Édgar Sarango, dice que aún desconocen algún criterio relativo a este tema, aunque cree que le corresponde al nuevo Gobierno direccionar la propuesta salarial. En todo caso, “esperemos a que nos convoquen, nuestra propuesta será la misma de siempre, aunque el actual Gobierno prácticamente definió el incremento de $ 25 cada año, prácticamente no ha habido discusiones sobre el incremento, porque el Gobierno definió los dos años”. De acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo, el salario básico unificado debe ser fijado por consenso, en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, y si no existe este acuerdo entre los empleadores y trabajadores, el salario es fijado por el ministro del Trabajo. Y en ello, el exministro Madera hace hincapié en que “esta fijación salarial no puede realizarse con un sentido electoral o político, necesita indudablemente un sustento técnico que permita precautelar el equilibrio entre los factores productivos del país y que permita un desarrollo armónico del sector laboral”. Decisiones que han quedado pendiente El Gobierno -que acortó 18 meses su periodo al aplicar la muerte cruzada- está dejando ciertas decisiones al nuevo presidente, por ejemplo, la renegociación del contrato con las empresas telefónicas y la ejecución del desmontaje de la actividad petrolera en el bloque ITT tras los resultados de la consulta popular, en la que la mayoría de la población a nivel nacional se pronunció a favor de dejar el crudo del Yasuní bajo tierra. Ante lo que se puede esperar sobre la fijación del sueldo que regirá en el 2024, Madero comenta: “Lo que todos los ecuatorianos esperamos es que el Gobierno actual y en general cualquier gobierno actúen con responsabilidad y sustentos técnicos en todas sus acciones; especialmente en temas tan delicados como este de fijación de salarios, que tienen gran repercusión en la economía del país. Confío en que cualquier decisión que se tome al respecto precautelará los derechos de los trabajadores y se realizará con miras a garantizar y fomentar fuentes de empleo tan necesarias en nuestro país”. ¿Qué piensan los candidatos? El candidato finalista a la Presidencia, Daniel Noboa, no considera viable elevar el sueldo básico hasta $ 500 “porque el costo de la vida está subiendo más que el salario. El problema no es el incremento de los salarios hasta el infinito, el problema es que los costos están subiendo más rápido que el salario básico. Eso se controla bajando los costos de vida, con mayor competitividad, en el costo de electricidad, combustible, que se transforma en menor costo de alimentos. Entonces el poder adquisitivo sube y puede tener mayor bienestar”. Así lo indica en una entrevista con este Diario. La candidata Luisa González, que se medirá en la segunda vuelta con Noboa, no ha concedido aún ninguna entrevista a

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Fisco se ahorrará unos $ 33 millones entre sueldos y gastos de bienes y servicios de la Asamblea Nacional, ahora disuelta

El Univeros .- Los sueldos de los asambleístas, asesores y personal administrativo ascendían a $ 44 millones en presupuesto, hasta la fecha se han pagado $ 14,9 millones. Tras la disolución de la Asamblea Nacional, por efectos de la medida constitucional de muerte cruzada, el fisco se podrá ahorrar al menos $ 33 millones en el presupuesto que estaban destinados para la Función Legislativa. Al menos salarios y otros bienes y servicios ya no serán parte de los gastos a erogar por parte del Ministerio de Finanzas: $ 29,1 millones serían de salarios y $ 3,9 de bienes y servicios. De acuerdo con la ejecución presupuestaria que se reporta día a día en el Ministerio de Economía se conoce que el presupuesto de la Asamblea para el 2023 era de un total de $ 51,4 millones. Sin embargo, hasta ayer ya se habían ejecutado unos $ 17,7 millones, por lo que restaba ejecutar $ 33,7 millones. De este presupuesto, la mayor parte se dedica a gastos de personal. Según el presupuesto, estaba previsto desembolsar en el año $ 44 millones en gastos de personal, que estaban destinados para salarios de los 137 asambleístas y de cuatro asesores por cada uno (en total son 548 asesores), además del personal administrativo. Del total, ya se han pagado $ 14,9 millones en los cuatro meses y medio de gestión de la Asamblea Nacional (hay un saldo de $ 29,1 millones). Entre tanto, hay un presupuesto de $ 6,6 millones de bienes y servicios, de los que ya se han gastado $ 2,7 millones, por lo que estos recursos también constituirían un ahorro

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Los venezolanos exigen en la calle un salario digno mientras Maduro decreta bonos de emergencia

El País .- Desde marzo de 2022 no se ha incrementado el sueldo mínimo en Venezuela mientras la inflación ha aumentado un 500% La marcha del Día del Trabajo transcurrió en Caracas como otra de las constantes protestas que en los últimos meses han organizado los trabajadores del sector público, jubilados y pensionados, que perciben una remuneración diluida por la voraz inflación. La movilización fue más concurrida, estuvo muy vigilada por los cuerpos de seguridad y fue bloqueada por vallas antimotines antes de llegar a su meta, en la sede la Fiscalía. Los manifestantes exigieron un salario digno y suficiente y denunciaron vivir con sueldos de hambre, de poco más de cinco dólares al mes. En una movilización paralela convocada por el Gobierno, Nicolás Maduro ofreció incrementos en dos bonificaciones, la de alimentación y la de la “guerra económica”, que no perciben todos los trabajadores y pensionados, no tienen incidencia en las prestaciones sociales y suman 60 dólares en total. Mientras, el ingreso mínimo se mantiene en 130 bolívares, que hoy equivalen a cinco dólares, desde marzo de 2022, cuando se hizo el último ajuste, aplastado por más de un 500% de inflación acumulada. Una manifestante grita a los policías del otro lado de un muro antimotines.ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO En la marcha de los trabajadores, el profesor de dibujo técnico Miguel Martínez dijo sentirse asfixiado por la supervivencia. Tiene 61 años, está jubilado después de 30 años de servicio y ha tenido que salir a buscar trabajo. Algunos días le toca subirse al tope de edificios como ayudante de sus hijos en la instalación de antenas de telecomunicaciones. “Estamos en una condición deprimente. No me alcanza, no me puedo mantener. Mis hijos me ayudan, pero ellos salieron del país, tuvieron que regresar y tampoco están bien. Esto es algo que te agota, que te asfixia. Ellos hablan de bloqueo y sanciones y uno se pregunta por todo el dinero que se perdió en PDVSA”, dice el docente, también dirigente sindical del Sindicato de Maestros de Venezuela. “Dejaré los huesos en la calle en esta lucha, porque es doloroso que mis hijos y mis nietos estén viviendo lo peor cuando yo de joven pude vivir mejor”, asegura antes de seguir hacia el centro, donde los esperaba un piquete que impidió a la movilización llegar a su destino. Las medidas de Maduro, que ha hablado en su discurso de un “salario de emergencia” y ha pedido a los venezolanos resistir “hasta que se pueda tener la fortaleza financiera” para recuperar el ingreso mínimo de los trabajadores, se aleja del monto que vienen exigiendo los sindicatos que oscila entre los 100 y 400 dólares como ingreso mínimo vital, para cubrir una canasta básica que ya supera los 500 dólares mensuales. En el acto político, realizado a pocas cuadras de donde aspiraba a llegar la otra manifestación, el líder chavista leyó una propuesta entregada por Wills Rangel, presidente de la Central de Trabajadores Socialistas, afiliada al partido de Gobierno, y fue aprobando uno a unos los puntos que incluyen algunas mejoras en los servicios de salud, planes de vivienda y un aumento de los tributos a los más ricos. El dirigente sindical anticipó su apoyo al “presidente obrero”, a la vez que dio por perdida la lucha salarial. “Los trabajadores de la revolución no nos hacemos ilusiones con el tema de un salario mínimo porque nosotros creemos que tenemos instrumentos y usted nos ha dado el apoyo para ir por algo superior que es tomar el poder y hacer más con menos”, dijo Rangel al micrófono. La protesta por el Día del Trabajo en las calles de Caracas.ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO En la propuesta de las bonificaciones, la organización propuso llevar el bono de guerra a 45 dólares y el de alimentación a 15 dólares. En pleno discurso, Maduro aceptó la propuesta, pero rápidamente aplicó la matemática en la proporción de las retribuciones dejando el bono de guerra, que tiene más beneficiarios, en 20 dólares, y el de alimentación, conocido en Venezuela como “el cestaticket”, que es obligatorio para el sector formal de la economía que es el más reducido, en 40 dólares. “Son 60 dólares redondeados como mínimo, además del salario. Este plan de emergencia y resistencia del ingreso nos debe llevar más temprano que tarde a la recuperación del salario en las convenciones colectivas. Tengan la seguridad y la confianza de que llegaremos a la recuperación total del salario, pero ahora tenemos que resistir y resistir con fuerza”, advirtió Maduro. Los cálculos reales implican un incremento de poco más de 10 dólares con respecto a lo que ya reciben y, en el caso de algunos jubilados de la administración pública, significa incluso una reducción, por el cambio en la proporción de las asignaciones. El mandatario agregó que estas dos bonificaciones estarán indexadas mensualmente al valor de la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, “para que no se deteriore”. No está claro cómo se producirá esto sin que tenga un impacto en el aumento de la inflación por el aumento del tipo de cambio. En años anteriores, el Gobierno ha dicho que el salario mínimo está anclado al precio de la llamada criptomoneda petro, que tiene como valor de referencia el precio del barril de petróleo, sin que esto se reflejara en lo que reciben los trabajadores. Hace un año también se ofreció un bono único que entonces equivalía a 2.200 dólares para 120.000 jubilados del sector público que se retiraron con salarios precarios. Hasta el momento no se ha pagado y a la tasa de hoy sería de apenas 400 dólares. Policías y ciudadanos forcejean durante la protesta.ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO Después de una tímida recuperación y de los pronósticos de mejoría de la economía que hubo el año pasado, Venezuela vuelve a acercarse a un escenario hiperinflacionario. La contracción de la economía durante el primer trimestre y la caída del consumo ha sido reportada por varias firmas económicas. La presión por el aumento del salario mínimo se mantiene desde hace meses y se

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La tasa de desempleo en Latinoamérica baja al 7,2%, según la OIT

EL PAÍS .-  En 2022, los grupos más afectados por la pandemia, como mujeres y jóvenes, tuvieron la recuperación del empleo más intensa, según el informe anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) El empleo se ha recuperado en América Latina desde la crisis económica detonada por la covid-19, informó el martes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su reporte anual. La tasa de desocupación, que representa la proporción de la fuerza de trabajo que se encuentra desocupada, bajó al 7,2% a final del año pasado. Durante el primer trimestre de 2020, cuando estalló la pandemia por el coronavirus, ese dato se situaba en un 9%. La disminución del desempleo “es una noticia positiva en especial tras la crisis de grandes dimensiones que provocó la pandemia”, dijo la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Claudia Coenjaerts, en un comunicado de prensa publicado el martes. Sin embargo, la alta informalidad y pobreza laboral siguen lastrando los mercados de trabajo en la región. Además, la recuperación no fue homogénea. En nueve de 15 países, la tasa de ocupación a finales del año pasado fue inferior a la registrado tres años antes, mientras que solo en dos de 15 países la tasa de participación laboral superaba niveles prepandemia. “Los mercados de trabajo de la región están bajo la influencia de una conjunción de múltiples crisis interconectadas″, dijo Coenjaerts en conferencia de prensa virtual, como son “la persistencia de la pandemia por covid-19 en algunos países, la guerra por la invasión de Rusia-Ucrania y un contexto económico caracterizado por crecimiento lento y alta inflación”. La OIT considera que el escaso dinamismo de la economía global pronosticado para este año afectará negativamente la generación de nuevos empleos. El informe asegura que la recuperación del empleo en 2022 fue más intensa entre mujeres que entre hombres, y entre jóvenes que entre los adultos, dos grupos que fueron los más afectados en materia laboral por la pandemia. “Por otra parte, las brechas estructurales por género y por edad siguen presentes en los mercados laborales”, dijo la OIT en su comunicado. A pesar de los avances, persiste en la región una alta informalidad, destacó Coenjaerts. “El fenómeno del trabajador pobre significa que las personas pueden vivir en situación de pobreza aún teniendo un empleo, incluso un empleo formal”, afirmó la directora. La OIT registró un incremento en el porcentaje de trabajadores pobres. De acuerdo con el informe, la incidencia de la pobreza laboral aumentó en la mayoría de los diez países considerados en esta parte del estudio con respecto a 2019. En algunos casos, incluso, los niveles superan los registrados un decenio atrás, en 2012. Esto tiene que ver con la informalidad, explicó Coenjaerts, ya que los trabajadores informales tienen entre tres y cuatro veces más altas probabilidades de ser pobres que los trabajadores formales. “Además de la informalidad, los países de la región deberán enfrentar las consecuencias de un periodo de alta inflación y pérdida de valor de los salarios reales, los que constituyen la principal fuente de ingresos de las familias latinoamericanas y caribeñas”, apuntó Coenjaerts. En esta región, el 80% de los ingresos provienen del trabajo. “La recuperación de los ingresos reales del trabajo ha ido dificultando desde 2021, porque la inflación tiene un impacto negativo sobre el poder adquisitivo de los salarios. En nueve de 17 países de la región el valor real del salario mínimo en el segundo semestre de 2022 era inferior al valor que tenía en el primer semestre de 2019, con una muy alta correlación entre informalidad, bajos ingresos y pobreza laboral”, dijo Coenjaerts.

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Maduro se enfrenta a un nuevo pico de protestas por los bajos sueldos en Venezuela

Miles de trabajadores toman las calles de varias ciudades del país y convocan nuevas movilizaciones por la pérdida de poder adquisitivo. Algunas corrientes aliadas del chavismo participan en las marchas   2023 no comenzó para Nicolás Maduro con las buenas expectativas de 2022. Hace un año se vislumbraba el fin de la hiperinflación y un repunte de la producción petrolera. Hoy la sombra hiperinflacionaria ha vuelto a aparecer y la meta de llegar a un millón de barriles diarios, muy por debajo incluso de lo que alguna vez produjo Venezuela, se quedó entre los asuntos pendientes. En la conversación cotidiana el aumento de precios genera preocupación entre los venezolanos y asombro entre los que volvieron para pasar las fiestas con sus familias después de haber emigrado del que ahora es uno de los países más caros de la región. Enero comenzó con una oleada de manifestaciones de sectores de la administración estatal por los sueldos y la crisis económica.   Venezuela cerró el año 2022, de acuerdo a cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, con una inflación anualizada de 305,7%, la más alta de la región y del mundo, mientras el bolívar se devaluó un 73% frente al dólar que ya domina casi toda la economía, aunque de manera informal. El salario mínimo fue fijado en marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales (que equivalen hoy a unos siete dólares), por lo que se necesitan más de 50 sueldos mínimos para cubrir la canasta alimentaria que está cerca de los 400 dólares. Esto es lo que perciben gran parte de los trabajadores públicos y más 5,3 millones de pensionistas y jubilados.   “Nos han dado un golpe en el bolsillo y en el estómago. Tiene que haber un salario mínimo, una pensión y un sueldo que rescate el poder adquisitivo de la masa laboral. Solo así entendemos que puede haber una recuperación económica”, dice con preocupación Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, que a los 76 años, después de dedicar su vida a la administración pública, no tiene cómo costear los exámenes para operarse una catarata que ha aparecido en uno de sus ojos.   Desde el pasado lunes, miles de trabajadores, profesionales, obreros y técnicos, vinculados al magisterio, al sector salud, a los sectores siderúrgicos y metalmecánico, a la administración pública, a las universidades autónomas y también los pensionistas y jubilados se han manifestado simultáneamente en todo el país para demandar la dolarización de sus ingresos y el adecentamiento de sus condiciones de trabajo. La respuesta de los agremiados a las convocatorias ha sorprendido a sus propios organizadores, en un momento político particularmente indiferente luego del debilitamiento de la presión opositora. Para este lunes está convocada una nueva jornada nacional de movilización, y otra una más ambiciosa para el 23 de enero, una fecha de enorme valor simbólico en la política venezolana, en la cual quedó derrocada la última dictadura militar en Venezuela en 1958 para ser instaurado un régimen democrático y consultivo en el país. Fecha que el chavismo también celebra y reivindica como propia.   “En manifestaciones de protesta donde antes acudían unas 50 personas como mucho, ahora se están presentando hasta 900″, afirma Víctor Márquez, dirigente gremial y miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. “El magisterio se ha incorporado a las protestas, así como el sector de la salud, que antes solo convocaban las universidades. Ha carburado un malestar que existe y se ha generalizado”.   El ingreso mensual de los maestros está entre los 20 y 24 dólares. El regreso a clases este enero ha estado marcado por las protestas e inasistencia de los docentes. Hace unos días un enfurecido grupo de manifestantes salió de la Universidad Central de Venezuela y bloqueó la principal autopista de Caracas exigiendo salarios dignos. Algunos sectores de la izquierda, tradicionales aliados del chavismo, como el Partido Comunista de Venezuela, están convocando y participando en las protestas, que hasta el momento han sido pacíficas.   El economista José Guerra destaca que durante 2022, incluso con las sanciones, el Gobierno duplicó sus ingresos por el aumento del precio del petróleo tras la guerra de Rusia en Ucrania y un leve aumento de la producción petrolera hasta unos 700.000 barriles diarios, luego de llegar a sus mínimos históricos en 2021. Aun así, Maduro maniobra con una economía que no termina de despuntar y que ha experimentado una recuperación artificial, especialmente en el sector comercial, apalancado de las importaciones, que tiene poca tracción hacia el resto.   La recuperación petrolera tiene una ventana de oportunidad con las licencias otorgadas por Estados Unidos a Chevron y una posible apertura de licencias a otras compañías, pero que tendrán que revertir años de desinversión, corrupción y malos manejos de la industria. “Está claro que el país no se ha curado de la hiperinflación. Tener una inflación por encima del 25% durante tres meses seguidos te pone en ese camino de nuevo. Y eso que no ha habido un aumento salarial todavía. Lo que está haciendo el Gobierno es un ajuste fiscal muy sesgado en contra del trabajador”.   La molestia en los sectores laborales del país por sus ínfimos ingresos llevaron a una serie de desencuentros en los últimos meses. El chavismo ha sustituido el salario por pequeñas bonificaciones unilaterales que asigna a través del carnet de la patria, como la que este domingo recibieron los docentes por el Día del Maestro en la víspera de la gran protesta convocada para este lunes. Los desacuerdos con el denominado “instructivo Onapre”, que colocaba límites a los aumentos salariales, en julio del año pasado, irritaron más a la dirigencia sindical del sector público, que argumenta que el Ejecutivo viola convenciones colectivas. Seis dirigentes sindicales permanecen detenidos luego de las protestas de entonces, acusados de conspiración y asociación para delinquir.   El propio Nicolás Maduro se ha disculpado con los trabajadores y ha declarado que la masa laboral del país debe comprender “los efectos del bloqueo y la guerra económica

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37 de cada 100 empresas de Ecuador realizarán aumentos salariales en 2023, según una encuesta

Según la consultora PwC, hay un incremento importante comparado con la encuesta anterior, en la que solo el 14 % de las compañías mencionaron que harán un incremento. La firma consultora PwC Ecuador presentó este 12 de diciembre de 2022 la Encuesta de Remuneraciones (edición 62) busca conocer el comportamiento salarial en las empresas y las proyecciones para el próximo año. El principal hallazgo de la encuesta es que a diferencia del año 2022, donde el 14 % de las empresas planeaba hacer incrementos salariales, para el 2023 el 37 % de las encuestadas menciona que lo realizará. Es decir, 37 de cada 100 empresas piensan realizar un aumento. A través de un comunicado, Ana Cristina Rivera, gerente de Consultoría de Recursos Humanos de PwC Ecuador señaló que se debe considerar que tras dos años en donde las condiciones económicas y sociales mundiales frenaron los incrementos salariales, el mercado se reactiva nuevamente. Se observa que suben los porcentajes de rotación en las organizaciones, gracias a nuevas oportunidades que el teletrabajo ha generado incrementando la demanda para posiciones remotas desde Ecuador, hacia otros países. El principal eje de consulta fue el conocer las políticas de remuneraciones en el contexto económico actual del país de 300 empresas nacionales y multinacionales. El estudio revela que el promedio del incremento salarial para el 2023 será del 3,86%. Celso Malimpensa, CEO de la firma, señaló que “conocer y entender la dinámica económica en términos de remuneración y las perspectivas de crecimiento salarial, entrega líneas fundamentales para la toma de decisión en las empresas, la gestión del talento humano y de políticas públicas”. Fuente: Expreso

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Ecuador, entre los países con el salario mínimo más alto de la región para el 2023

El salario para el 2023 en Ecuador será de 450 dólares. Varios países en Sudamérica ya tienen fijado aumentos salariales para la población. Estas medidas muchas veces van acompañadas también de un incremento en el costo de vida. El Gobierno anunció que un aumento en el salario básico para el 2023, ubicándolo en 450 dólares lo que lo convierte en uno de los tres más altos en la región. Dentro de sus promesas de campaña, el mandatario Guillermo Lasso había anunciado un incremento del salario hasta 500 dólares, es decir un aumento de 25 dólares cada año. Debido a que los países manejan una moneda propia, la equivalencia con relación a esta moneda puede variar diariamente. ¿Habrá incremento en el salario básico 2023 en los demás países de Sudamérica? Argentina Sueldo actual: 61.953 pesos argentinos (364,69 dólares) En noviembre pasado, el Gobierno estableció un incremento del 20,04% en cuatro meses, arrancando desde diciembre del 2022. El segundo incremento que se dará es en enero ubicando el salario en 65.427 pesos argentinos; el tercer aumento es en febrero y será a 67.743 pesos argentinos. Finalmente en marzo el salario se ubicará en 69.500 pesos argentinos. Bolivia Sueldo actual: 2.250 bolivianos (325,91 dólares) Aún no se ha anunciado un nuevo incremento. Brasil Sueldo actual: 1.212 reales brasileños (231,27 dólares) Anualmente Brasil define el salario básico que se aplicará en el año en curso. El salario se define de acuerdo a la inflación registrada, pese a que aún no se ha oficializado, se espera que el incremento para el 2023 se ubique sobre los 1.300 reales brasileños (248,06 dólares). Chile Sueldo actual: 400.000 pesos chilenos (464,04 dólares) En el 2022 hubo dos incrementos pasando el salario de 350 mil a los 400 mil pesos chilenos. El gobierno de Gabriel Boric espera aumentar este hasta 500 mil pesos chilenos al final de su mandato. En enero del 2023 el salario puede modificarse debido al índice de precios al consumidor acumulado superará el 7% por lo que aumentará a 410 mil pesos chilenos (475,64 dólares) Colombia Sueldo actual: 1′000.000 pesos colombianos (206,97 dólares) Actualmente se debate en cuánto podría aumentar el salario para el 2023 aunque se estima que este se ubicará a 1′200.000 pesos colombianos (248.37 dólares). Paraguay Sueldo actual: 2′550.307 guaraníes (357,27 dólares) En julio de cada año se establece el nuevo salario mínimo de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor anual y su afectación a la economía. Aún no se anuncia un nuevo incremento. Perú Sueldo actual: 1.025 soles (266,68 dólares) El 1 de mayo del 2022 se aprobó un incremento del salario mínimo aunque aún no se ha establece uno nuevo. Uruguay Sueldo actual: 19.364 pesos uruguayos (496,01 dólares) Aún no se anuncia si se incrementará el salario mínimo. Venezuela Sueldo actual: 130 bolívares (9,57 dólares) Es el sueldo más bajo de la región que aumenta de acuerdo a la decisión del Ejecutivo. Fuente: El Universo

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Ecuador culminaría con éxito el acuerdo de 27 meses con el FMI; y se piensa en mantener un aval, sin financiamiento

En diciembre Ecuador recibiría los $ 700 millones finales: tras cumplir metas cuantitativas, aunque no todas las cualitativas. El acuerdo de 27 meses que firmó el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en septiembre del 2020, y que culmina con un desembolso de $ 700 millones en este mes de diciembre del 2022, está por cerrarse con éxito. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, y varios analistas coinciden en que el Ecuador sí logrará cumplir el acuerdo. El cierre del acuerdo con el FMI representaría un hito histórico porque “sería la primera vez en décadas que logremos culminar con un acuerdo con dicho organismo multilateral”, dijo en estos días Arosemena. Pero además significará un aval para el Ecuador de cara a los mercados internacionales y una demostración de que el país ha logrado tener una economía, dictada por el presidente Guillermo Lasso, de orden fiscal con enfoque social. En gobiernos anteriores, a pesar de haber pactado acuerdos, finalmente no llevaban a cabo los compromisos y se terminaban los acuerdos pero por incumplimiento. Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, es una realidad que se va a cerrar el acuerdo con el FMI, pues la evaluación corresponde a agosto y el país ha cumplido con las metas cuantitativas, aunque no así las cualitativas, como las auditorías de Petroecuador o mantener cuentas más claras con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En todo caso, considera que para el FMI esto no será un factor que impida el cierre. Sin embargo, piensa que para el país resulta un desafío quedarse sin el respaldo del FMI en el 2023, pues representaba una garantía del compromiso del Ecuador con la sostenibilidad fiscal. Explica que actualmente Ecuador sí tiene unos mejores indicadores fiscales, ha habido un proceso gradual de corrección, pero que ni de lejos la casa está en orden. Expone, sin embargo, que el orden fiscal no se puede conseguir de un año a otro, sino que es un proceso. Cree que el país seguramente seguirá buscando un mecanismo para demostrar que sí está comprometido con el orden en las finanzas públicas. En este sentido, Acosta Burneo refiere que ya se han conocido las intenciones del Gobierno de buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, pero que sería sin financiamiento, pues en la actualidad el Ecuador ya no tiene más cupo para un nuevo endeudamiento con ese multilateral. En todo caso, dice que podría optar por un programa de emergencia, que le podría facilitar tal vez unos $ 1.300 millones, pero cuyo requisito es justamente tener un acuerdo con el FMI sin financiamiento. Esa relación con el FMI garantiza el compromiso del país con la sostenibilidad. Esto es algo muy importante de cara al 2023, cuando se podrían generar presiones políticas para mayor gasto. No obstante, comenta que la preocupación sobre el futuro del país está presente, sobre todo porque en 2025 habrá un cambio de Gobierno que probablemente pueda dar paso a otra política de gasto más irresponsable. Entre tanto, Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, también considera que sí se terminará de manera positiva el acuerdo. Precisa que el Ecuador va a terminar el año con un déficit fiscal de entre $ 2.200 millones y $ 2.500 millones, que es lo que estaba previsto con el FMI. Sin embargo, aclara que la situación de la economía ecuatoriana no es del todo buena. Es que los fondos de la caja pública están bajos. Da solo un ejemplo: para pagar los décimos, el fisco necesita el desembolso del fondo. Advierte que el próximo año va a ser un año extremadamente crítico, pues el déficit va a ser mucho más elevado. Esto porque no van a obtenerse los ingresos que se esperan, el gasto aumenta y las necesidades de financiamiento son casi imposibles de cumplir. Carrera coincide con Acosta en que hay incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal del 2023, sobre todo con la amenaza de la derogatoria de la ley tributaria y la ingobernabilidad que hay en el país. Sobre la ley, Carrera aclara que el presidente tiene la carta del veto, pero en diciembre del próximo año probablemente la Asamblea reúna los 100 votos y la deroguen. A este panorama se suma la incertidumbre de lo que pasará en 2025 cuando toque elegir entre las tendencias políticas, seguramente del sector indígena o de los correístas. Esto llevaría también a que en 2026 se declare no pago de la deuda. “Es una realidad muy compleja del país”. En mayo del 2018, el exministro de Economía Richard Martínez, durante el gobierno de Lenín Moreno inició negociaciones con el FMI para un acuerdo financiero. Sin embargo, este no prosperó. Luego con la llegada de la pandemia hubo un nuevo intento que se llevó paralelamente a la renegociación de la deuda externa del mercado de bonos. Así, en agosto del 2020 se logró el acuerdo de deuda y casi en paralelo el acuerdo con el FMI lo que representaría financiamiento por $ 6.500 millones en 27 meses. La mayor parte de estos recursos los recibió el gobierno de Moreno en el 2020 ($ 4.000 millones).  Fuente: El Universo

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Costos de contratación, pensiones alimenticias, multas de tránsito se incrementan de la mano del nuevo salario de $ 450

Cámara de Comercio de Guayaquil calcula que el costo por un trabajador que gana el básico es de $ 6.990,14 al año y en 2023 será de $ 7.405,56. El incremento del salario básico unificado, además de entregar mayor liquidez a los trabajadores, también repercute en el alza de los costos de producción, pensiones alimenticias, multas de tránsito, entre otros. Esto porque este tipo de pagos se calculan con base en un porcentaje o número de salarios básicos unificados (SBU) o las remuneraciones básicas unificadas (RBU). Diego Fernando Cueva, experto en temas económicos y financieros y catedrático de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), explica que los efectos del nuevo salario en el ámbito empresarial tienen que ver en primera instancia con tener que cubrir una mayor carga salarial para sus colaboradores. También se incrementan los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los décimos. El Comité Empresarial Ecuatoriano rechaza el incremento de $ 25 al salario básico. Aseguraron que “esta medida impacta negativamente en la creación de empleo”. Los empresarios explicaron que con el nuevo salario para el 2023 se eleva el costo mínimo de contratar un trabajador. Esto considerando los aportes de ley al IESS, un aporte al IECE, otro al Consejo Nacional de Capacitación y Formación (CNCF), los décimos y los fondos de reserva. De acuerdo con el cálculo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, mientras en 2022 el costo en un año por un trabajador que gana el básico era de $ 6.990,14 y en 2023 será de $ 7.405,56. Para Cueva, el problema de los incrementos es que el empresario ve como una salida, al no poder cubrir los mayores gastos, optimizar el recurso humano. Entre tanto, recuerda que las multas de tránsito se calculan con respecto a un número fijo de sueldos básicos, al subir el salario también sube el monto de incremento. En el ámbito de estas multas que constan en la Ley Nacional de Tránsito, todas van al alza. Por ejemplo, quienes cometan infracciones de transporte de primera clase tienen una multa de cuatro remuneraciones básicas unificadas del trabajador. Esto, hasta el 2022 habría sido $ 1.700, mientras para el 2023 será de $ 1.800.   Las infracciones de segunda clase que equivalen a seis remuneraciones básicas unificadas del trabajador suben de $ 2.550 en 2022 a $ 2.700 en 2023. Igual comportamiento registrarán las multas por infracciones de tercera clase, que serán sancionadas con multa de ocho remuneraciones. Mientras en 2022 equivalían a $ 3.400 ahora en 2023 serán $ 3.600. Otro tipo de multas como la de los peajes también se incrementan. Por ejemplo, la multa por no pagar el peaje en la autopista General Rumiñahui asciende a 15 % del SBU. En 2022 estaba en $ 63,75 y subirá a $ 67,5 en 2023. Las pensiones alimenticias también registran incremento por el alza del salario. Es que la pensión alimenticia se calcula con respecto al ingreso que tiene el trabajador y de acuerdo con las cargas familiares. Por ejemplo, para quienes ganan 1 salario básico o 1,25 salarios básicos se les aplica un pago de 28,12 % del ingreso en caso de tener un hijo de 0 a 2 años. Con el salario básico de $ 425, el pago mensual es de $ 119,51, pero con el incremento llegará a $ 126,54. Postura empresarial Para el Comité Empresarial Ecuatoriano la subida del salario básico beneficia a cerca de 215.000 personas, según cifras a octubre del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), pero resulta contraproducente porque existen 5,7 millones de personas que carecen de un empleo o que sus ingresos no llegan al SBU. En la coyuntura actual, un incremento desmedido del salario solo complica la generación de empleos de calidad para los más necesitados y puede también elevar el costo de vida de los ciudadanos al verse reflejado en la cadena de valor. “Aumentar el salario básico unificado no aumenta el empleo adecuado”, se pronunció en un comunicado. El gremio asegura que la productividad aún se encuentra por debajo de los niveles prepandemia, por lo que no es momento oportuno para aumentar el sueldo básico. Y desde el sector productivo consideran que esa decisión “es un error técnico y que las medidas para dar flexibilidad a la contratación se vuelven más urgentes que nunca”. “En lugar de encarecer la contratación debemos de centrar nuestros esfuerzos en facilitar la creación de empleo adecuado”, sostiene el Comité. Fuente: El Universo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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La inflación desbocada en México diluye el alza del salario mínimo para el próximo año

La escalada de precios ocasionará que el aumento del sueldo básico en términos reales para 2023 quede rebajado a casi a la mitad, apenas por encima del 11% La inflación ha sido el jugador más importante en el debate sobre el aumento al salario mínimo para 2023. El consenso entre el Gobierno de López Obrador y los sectores obrero y patronales resultó en un alza del 20% a partir del próximo año. Así, el sueldo básico pasará de 260 pesos a 312 en la frontera norte y en el resto del país el pago subirá de 172 a 207 pesos diarios. Sin embargo, analistas advierten de que aunque este incremento es favorable para los trabajadores formales con menos ingresos, la medida tendrá un efecto marginal debido a una escalada de precios a niveles del 8,14% —la inflación más elevada que se ha registrado en los últimos 20 años— lo que supone que en términos reales el aumento salarial será del 11,8%. De acuerdo con las cifras del Gobierno, el aumento beneficiará de manera directa a 6,4 millones de trabajadores formales. El presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Luis Munguía, reconoce que la inflación fue el tema medular de la mesa de discusión entre el Gobierno, el sector patronal y los sindicatos. El sector patronal pedía un aumento del 25%, mientras que la iniciativa privada pujaba por un alza del solo 15%. Al final, se consiguió como un punto medio el consenso del 20% de alza, precisamente, detalla Munguía, porque un alza demasiado agresiva de más podría provocar un efecto sobre las expectativas de inflación en los inversionistas, mientras que un incremento mínimo no alcanzaría a cubrir el aumento de precios en los alimentos. Según las cifras de la Conasami, este aumento tendrá un efecto en la inflación del 0,12%. Munguía, asegura que, en términos reales, el salario mínimo general ha recuperado 90% de su poder adquisitivo en los últimos cinco incrementos de esta Administración. En 2018 el sueldo básico era de 88 pesos diarios. “Este último incremento beneficia a todos porque empuja hacia arriba los tabuladores (de salarios), pero no se incrementa en la misma proporción en los que ganan más, de hecho, entre más ganan las personas, los incrementos son más bajos. El salario mínimo va a seguir subiendo de una manera sostenida, como ha venido ocurriendo a lo largo de este Gobierno, más no de una manera agresiva”, concluye el titular de la Conasami. Diego García Saucedo, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, explica que es un incremento en el camino correcto, más no suficiente. “Lo que no está a discusión es que tenemos uno de los salarios mínimos paupérrimos y se están haciendo esfuerzos muy loables de ambas partes, me refiero del sector obrero y patronal, son aumentos más agresivos basados en el hecho de que la inflación está muy fuerte”, menciona. El especialista reconoce que los costes laborales van a aumentar a partir del siguiente año y esto perjudicará principalmente a las micro y pequeñas empresas. “Ser formal se va haciendo más caro y a las cupulas empresariales se les olvida que no todos son sus agremiados, por supuesto, que va a implicar más dificultades para la formalidad”, señala. Ante esto, agrega García Saucedo, sugiere que el Gobierno implemente un programa de incentivos a favor de estos negocios. Manuel Fuentes, abogado laborista y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, precisa además que el aumento de salario mínimo no se traducirá en un alza generalizada de los salarios en el mercado laboral mexicano, la medida no es vinculante y prevé que muchas empresas darán la espalda a esta alza. “Este aumento es solo para unos cuantos y muchas veces se da sobre una política de simulación, porque en muchas ocasiones a los trabajadores supuestamente se les paga el salario mínimo para efectos del Seguro Social, pero reciben un sueldo real distinto”, matiza. Los especialistas laborales coinciden en que si bien esta alza salarial, que mensualmente equivaldrá a 9.360 pesos (489 dólares) en los Estados de la zona fronteriza y en 6.210 pesos (324 dólares) para el resto del país, México aún está rezagado respecto a sus pares internacionales. Por ejemplo, en Uruguay el sueldo básico es de 493 dólares, mientras que en Chile y Ecuador rebasa los 425 dólares. “Tenemos mucho trecho que recorrer, el punto medular reside en que haya un verdadero control inflacionario para que más allá de presumir un aumento agresivo, si no, lo único que estamos haciendo es encarecer la vida en general”, concluye García Saucedo. Fuente: El País

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