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Ecuador: julio 27, 2024

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Ecuador, julio 27, 2024
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Casi 70 asambleístas destituidos buscarán la reelección

Nacionales /

Primicias .– Los 137 asambleístas que fueron destituidos con la muerte cruzada podían optar por la reelección, sin embargo, sólo cerca de la mitad se inscribieron para las elecciones de agosto. Menos de la mitad de asambleístas que fueron cesados con la muerte cruzada buscarán la reelección y volver a la Asamblea Nacional. Aunque los 137 tenían la opción de presentarse nuevamente en estas elecciones, sólo 67 se inscribieron y están en proceso de calificación. El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que estas elecciones serán extraordinarias, y por lo tanto, no cuentan como una reelección de los asambleístas en términos legales. Es decir, que quienes ya habían sido electos en dos ocasiones podían presentarse nuevamente. Sin embargo, las pugnas dentro de la desaparecida Asamblea y los problemas internos de los partidos hicieron que más de la mitad de exlegisladores se quede fuera. Entre los que sí correrán para la reelección como asambleístas, la mayoría se presentará con el mismo partido en el que militaban en el Legislativo, pero otros optaron por cambiarse de camiseta. La mayoría de estas candidaturas ya está en firme. Hasta ahora, 14 provincias están cerradas y con todos los candidatos calificados, mientras que en 10 aún quedan recursos y causas pendientes. Los candidatos a la reelección PRIMICIAS identificó a 67 asambleístas que buscarán la reelección y que están inscritos para estas elecciones por distintos partidos. La mayoría pertenecen a la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES), y buscarán volver a la Asamblea por el movimiento Revolución Ciudadana. También la mayor parte de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados pretende regresar al Legislativo. De la extinta oficialista Bancada de Acción Nacional (BAN), pocos asambleístas optarán por la reelección, pues Creo decidió no participar en estas elecciones. Por lo que estos rostros se promueven con otras tiendas políticas. Mientras que otros legisladores también optaron por el “camisetazo”, sobre todo quienes antes pertenecían a Pachakutik. Revolución Ciudadana 44 de los 47 asambleístas que pertenecían a la bancada UNES están inscritos como asambleístas principales que buscarán la reelección. La mayoría estará encabezando la lista de candidatos para cada una de sus provincias: Pierina Correa, José Agualsaca, Paola Cabezas y Ricardo Ulcuango como asambleístas nacionales. Mabel Méndez, por Azuay. Blasco Luna, por Cañar. José Vallejo, por Carchi. Ana Herrera, por Cotopaxi. Patricia Núñez, por Chimborazo. María Fernanda Astudillo, por El Oro. Lenin Lara y Patricia Mendoza, por Esmeraldas. Pamela Aguirre, por Imbabura. Johanna Ortiz, por Loja. Ronal González, por Los Ríos. Rosa Mayorga, por Tungurahua. Comps Córdova, por Sucumbíos. Mariuxi Sánchez, por Orellana. Viviana Veloz y Ricardo Chávez, por Santo Domingo. Lenin Mera, por Santa Elena. Sofía Espín, Roberto Cuero, Victoria Desintonio, Ferdinan Álvarez, Alexandra Arce, Ana María Raffo y Andrés Jurado, por Guayas. Raisa Corral, Lenin Barreto, Vanessa Álava, Katiuska Miranda, Fernando Cedeño, Gabriela Molina y Joao Acuña, por Manabí. Marcela Holguín, Franklin Samaniego, Jahaira Urresta, Jahiren Noriega y Gissela Garzón, por Pichincha. Gustavo Mateus y Esther Cuesta, por Europa, Asia y Oceanía. Mónica Palacios, por Estados Unidos y Canadá. Mauricio Zambrano, por América Latina, El Caribe y África. También está en la lista Alexandra Arce, que fue electa en 2021 pero renunció para participar como candidata en las seccionales de febrero pasado. Partido Social Cristiano En el PSC, la mayoría de sus 15 asambleístas también correrán por la reelección en agosto. Los candidatos son: Henry Kronfle y Jorge Abedrabbo para asambleístas nacionales. Jhonny Terán, por Los Ríos. Esteban Torres, por Tungurahua. Bolívar Remache, por Santa Elena. Nathalie Viteri, Dallyana Passailague, Pablo Muentes y Zolanda Plúas, por Guayas. Marjorie Chávez, por Pichincha. El exasambleísta Vicente Taiano, quien fue legislador en 2017-2021, también estará en la lista de Guayas del PSC. Pachakutik y la ID Pachakutik, una de las bancadas que más problemas enfrentó en el anterior Legislativo, sólo optó por inscribir una asambleísta para la reelección: Isabel Enrríquez, por Zamora Chinchipe. Mientras que la Izquierda Democrática tiene inscrito solamente dos asambleístas para la reelección: Ramiro Narváez, por Carchi. Ramiro Frías, por Tungurahua. La ID además inscribió a otros candidatos: Marlon Cadena y Yeseña Guamaní, pero sus candidaturas están en proceso de revisión por los problemas internos en la ID. Los ex Pachakutik Tres asambleístas que antes pertenecían a Pachakutik se cambiaron de camiseta para estas elecciones, y participarán por la reelección con nuevas fuerzas políticas. Ellos son: Bruno Segovia, quien se había separado de Pachakutik en 2021, participará como candidato a asambleísta nacional por la alianza Claro que se puede. Sofía Sánchez, que pertenecía al ala “orgánica” de Pachakutik, buscará la reelección en Azuay con el movimiento Construye. Gisella Molina, quien fue señalada por una supuesta compra de votos desde el Gobierno y se mantuvo en Pachakutik, ahora busca la reelección en Cotopaxi por la alianza Gente Buena (25-16). Los exoficialistas A pesar de que Creo optó por no participar en las elecciones de agosto, entre quienes militaron hasta el final en la extinta BAN, dos asambleístas buscarán la reelección: Vanessa Freire, quien fue electa en 2021 por el correísmo pero se cambió de bando, buscará la reelección en Los Ríos por el movimiento local Crecer. Pedro Velasco, una de las caras más visibles de la BAN, va a la reelección en Carchi por la alianza Actuemos (entre Avanza y SUMA). Los ex ID Tres asambleístas que militaban en la ID y fueron electos por ese partido en 2021 van para la reelección por otras tiendas políticas: Xavier Santos se lanzará en Manabí por la alianza ADN. Eckenner Recalde, expulsado de su bancada tras un caso de “diezmos”, también será candidato por ADN por Pichincha. Otros dos ‘camisetazos’ Otros dos cambios de camiseta se registran entre los candidatos a asambleístas que van para la reelección: El expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que llegó en 2021 de la mano de Democracia Sí, ahora será candidato por el Partido Socialista por Cañar. Esta tienda impugnó su candidatura, pero les fue negada. Luis Almeida, un exdiputado y exasambleísta que ha militado en varias tiendas y en 2021 estuvo con el PSC, ahora busca la reelección con Centro Democrático por Guayas.

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228 funcionarios conservaron su trabajo en la Asamblea Nacional

Nacionales /

Primicias .- Los funcionarios que se mantienen trabajando en la Asamblea después de su disolución son pocos, aunque tienen sueldos altos. Entre ellos, hay cercanos al expresidente Virgilio Saquicela.   La Asamblea Nacional lleva más de un mes disuelta, tras el decreto de la muerte cruzada. En este tiempo, la mayoría de funcionarios dejó de laborar y apenas 228 servidores se mantienen trabajando.   Fue una reducción drástica de personal. A finales de abril, según la página de Transparencia de la Asamblea, había 1.360 funcionarios, cuyos salarios costaban USD 2,8 millones mensuales.   Pero, a pesar de esta reducción, las dudas quedan sobre si los 228 que se quedaron, y siguen cobrando su sueldo mensual, merecen estar allí.   Tras la muerte cruzada, a cargo de la Asamblea quedó el administrador, Miguel Pesántez. Este funcionario, designado por el expresidente Virgilio Saquicela, es responsable del proceso de liquidación de los funcionarios cesados. Pesántez es hombre de confianza de Saquicela.   Pesántez determinó quién se quedaba luego de la muerte cruzada. Estaba obligado a mantener a los servidores con nombramiento, pero también mantuvo en el cargo a otros funcionarios del área administrativa que tienen contrato.   Esto, sumado a los problemas en el pago de las liquidaciones, genera malestar entre los funcionarios cesados.   Los 228 que se quedaron en la Asamblea   Entre los 228 funcionarios que quedaron en la Asamblea como empleados, hay todo tipo de cargos. Entre ellos están directores de área, asesores de la Presidencia (que está vacante) e incluso asesores de asambleístas.   Según se informó en los días siguientes a la disolución del Legislativo, sólo los funcionarios de nombramiento debían quedarse. Sin embargo, el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, declaró que también estaban asegurados los derechos de las mujeres embarazadas y el periodo de lactancia, y de los funcionarios con discapacidad.   De acuerdo con un cruce de información realizado por PRIMICIAS, los sueldos de estos 288 funcionarios significan USD 410.378 al mes. Este alto monto se debe a que casi la mitad de estos servidores perciben altos salarios.   La información de la web de transparencia de la Asamblea evidencia que 95 de las 288 personas tienen salarios de más de USD 2.000.   Los tres sueldos más altos corresponden a gente que fue contratada por Saquicela: el administrador general, Miguel Pesántez; el secretario de Comunicación, Carlos Dávila, y el secretario de Relaciones Internacionales, John Argudo (quien fue directivo del partido Avanza por años, hombre de confianza del expresidente del IESS, Ramiro González).   Entre otros beneficiados con mantener empleo en la Asamblea están Cristian Coraizaca, asesor de la Presidencia, y varios funcionarios de la Secretaría General. Otro beneficiado es el exasesor de Saquicela, Guido Moreno, que forma parte del personal de la Secretaría de Comunicación. Problemas con las liquidaciones Entre los funcionarios cesados de la Asamblea por la muerte cruzada existe descontento por el trámite de sus liquidaciones. Aunque, según el Ministerio de Finanzas, ya se pagaron sus salarios correspondientes a los 16 días de mayo que sí laboraron.   El problema con las liquidaciones es que, para su pago, se necesita la aprobación de su informe de labores de parte de sus exjefes. Pero algunos de ellos se niegan a firmar.   Según un comunicado colgado en la página de la Asamblea, si no hay aprobación del informe, en los 30 días siguientes “se dejará constancia del particular” y se procederá con la liquidación.

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Virgilio Saquicela busca la reelección como asambleísta

Nacionales /

El Comercio .-El expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, se postulará como candidato al Legislativo por la provincia del Cañar, junto al Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), para las elecciones adelantadas 2023.   La noticia se difundió este 12 de junio en las redes sociales con un video en el que Saquicela afirma ante los asistentes del proceso interno del PSE que “volvimos, volvimos a la lid”.   “Luego de ese acuerdo serio de políticos que queremos servir a la gente, que más allá de las ideologías están los hombres y mujeres de los siete cantones de la provincia del Cañar, podamos ahora bajo ese árbol y color rojo del socialismo, comprometernos”, dijo Saquicela.   ¿Quién es Virgilio Saquicela? Virgilio Saquicela fue electo como legislador nacional en representación de la provincia del Cañar por el movimiento Democracia Sí, en 2021.   El 15 de mayo de ese año ocupó el cargo de primer vicepresidente de la Legislatura con 71 votos a favor. Luego formó parte de la bancada Acuerdo Nacional (BAN).   Tras la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional, el 31 de mayo de 2022, Saquicela asumió el cargo de máxima autoridad del Parlamento.   Saquicela estuvo en el cargo hasta que Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional con la activación de la muerte cruzada, el 17 de mayo de 2023.

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Audio sobre el manejo turbio de la justicia salpica a los Saquicela

Nacionales /

Primicias ..– Iván Saquicela y Virgilio Saquicela habrían sido los primeros en conocer la grabación de la reunión entre dos vocales de la Judicatura y tres jueces de la Corte de Pichincha.   La polémica por el audio de 71 minutos, que reveló una reunión entre autoridades judiciales y jueces, continúa.   El testimonio anticipado de una testigo protegida revela que la grabación habría estado en manos de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y de Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea, antes de llegar a la Fiscalía.   La transcripción completa de esa grabación fue leída, el 7 de junio de 2023, por la fiscal Diana Salazar durante la audiencia de formulación de cargos en el caso por tráfico de influencias, en el que se procesa a: Juan José Morillo, Ruth Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura. Vladimir Jhayya, juez de la Corte de Pichincha.   Ese audio es la principal prueba de la Fiscalía.   La investigación se originó por una supuesta presión que Morillo y Barreno habrían ejercido sobre jueces de la Corte de Pichincha, para que fallen a favor de Guadalupe Llori, en una acción de protección con la que buscaba volver a la Presidencia de la Asamblea Nacional.   Pero tras la lectura de la transcripción, se reveló que el caso Llori solo es una pequeña parte de lo que se trató en esa reunión, que ocurrió el 2 de junio de 2022, en una oficina particular del vocal Morillo.   Ese día, los intervinientes, hablaron de pactos políticos para intervenir en procesos judiciales, de repartos de notarías, magistraturas y otros cargos. Así como de aspiraciones de las más altas autoridades judiciales.   Además de Morillo, Barreno y Jhayya, en la conversación intervinieron Gustavo Osejo, presidente de la Corte de Pichincha. Y otra jueza de la misma dependencia judicial, que ahora es testigo protegida de la Fiscalía y que fue quien grabó la reunión.   Los Saquicela a escena No solo el audio de la reunión es revelador. La jueza que grabó la cita, en marzo de 2023, rindió un testimonio anticipado bajo juramento en una cámara de Gesell.   Esta es una herramienta que usa la Fiscalía para resguardar a una víctima. Consta de dos salas: una de observación y otra de entrevista. Ambas salas están separadas por un vidrio de visión unilateral. Es decir, no se puede ver el rostro del testigo.   Durante ese testimonio, la jueza detalló cómo fue convocada por Morillo a esa reunión, que Jhayya le dijo dónde era y cómo llegar, que Barreno estaba en el lobby del edificio y que Morillo hizo que entraran al lugar sin registrarse.   Esa parte del testimonio anticipado de la jueza también fue leída por Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos. Pero hay otro extracto que la Fiscal no hizo público, ya que se considera reservado.   Sin embargo, en la misma audiencia, Julio César Vasco, abogado de Juan José Morillo, dio a conocer más detalles de ese testimonio, como argumento para demostrar que el audio no es fiable, puesto que pasó por varias manos antes de llegar a la Fiscalía.   Según el relato de la jueza, revelado por Vasco, el día siguiente a la reunión (el 3 de junio de 2022), la magistrada se reunió con Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia.   La mujer dijo que lo hizo porque Saquicela era “su jerárquico superior” y quería ponerle en conocimiento de lo que había pasado en esa reunión.   Para esa fecha, Saquicela estaba suspendido de su cargo en la Presidencia de la CNJ. La Judicatura, con el voto Morillo y Barreno, lo sancionó por una supuesta manifiesta negligencia en el trámite de la extradición del expresidente Rafael Correa.   La jueza, en su testimonio, habría contado que entregó a Iván Saquicela una copia del audio y que delante de ella, el funcionario lo reprodujo. Posteriormente, Saquicela le dijo:   “Doctora, deje (el audio) en mis manos, yo voy a tomar las acciones legales”.   Además, según la versión de la jueza, Iván Saquicela le pidió que entregará otra copia a Virgilio Saquicela, quien era presidente de la Asamblea Nacional y reemplazó a Guadalupe Llori.   Y le habría pedido que no comenté sobre esta grabación a nadie, porque “su integridad está en riesgo”.   Días después, el 14 de junio de 2022 en la noche, Virgilio Saquicela habría ido al domicilio de la jueza, donde ella le habría entregado otra copia del audio.   Al día siguiente, el medio digital La Posta publicó un extracto de la grabación. En esa parte, que fue el origen del caso por tráfico de influencias, solo constaba la conversación sobre el caso Llori, no se publicó el resto sobre las negociaciones, reparto de cargos y acuerdos políticos.   PRIMICIAS pidió a Iván Saquicela y a Virgilio Saquicela su versión sobre este testimonio.   El primero no respondió. Mientras que el expresidente de la Asamblea dijo que solo conoce de este caso, por lo que “pude escuchar a través de los medios“.   Reparos al audio La defensa de los procesados en el caso por tráfico de influencias: Morrillo, Barreno y Jhayya, trató -durante la audiencia de formulación de cargos- de desestimar el contenido tanto del audio, como del testimonio anticipado de la jueza que lo grabó.   Dolores Vintimilla, abogada de Barreno, calificó el testimonio de “fantasioso y mentiroso”. Y puso en duda la fidelidad del audio porque la jueza lo entregó a la Fiscalía siete meses después de haberlo grabado.   Geovanny Flores, abogado de Morillo, explicó que hasta el día de la audiencia, la Fiscalía no contaba con el peritaje de reconocimiento de voz, que certificaría que su defendido y los otros procesados fueron quienes intervinieron en esa reunión.   Además, Flores dijo que la fidelidad del audio está en duda porque existen varias copias del mismo. En el expediente del caso constan copias en: Dos teléfonos celulares Una computadora Un dispositivo USB. También está el extracto que fue publicado por La Posta y las copias, que según el testimonio anticipado, llegaron a manos de Iván Saquicela y Virgilio Saquicela.   Jesús López, abogado de Vladimir Jhayya, además, asegura que tanto la jueza, como Iván Saquicela y Virgilio Saquicela, tenían la obligación -al ser funcionarios públicos- de denunciar ante la Fiscalía el cometimiento de un presunto delito

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“Ignorancia y osadía”: los términos que asambleísta Villavicencio lanza al correísmo

Nacionales, Política /

De “atrocidad jurídica” calificó el asambleísta independiente, Fernando Villavicencio, la resolución del Parlamento, que aprobó continuar con el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En diálogo con “Punto de Orden”, el legislador advirtió que, en la jornada de ayer, la Asamblea mostró “ignorancia y audacia”, pues violentó toda clase de normas legales y constitucionales. Por ello su decisión de abandonar la sesión, para no ser cómplice. Lo rescatable, dijo, es que la “oposición golpista”, como la llamó, cada vez tiene menos votos, lo que hace prever que la interpelación está caída, y no les alcanzará para la censura. Villavicencio, como presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró haber cumplido su labor, incluyendo la elaboración de un informe motivado. Ese documento, el cual sugería no continuar el juicio político, estuvo a cargo de los asesores, como señala la ley, pero no fue aprobado. Es decir, jurídicamente no existía. Al no existir un informe aprobado, dijo, la Asamblea mal podía votar sobre el mismo. Sin embargo, los correístas, “tramposos por naturaleza”, quisieron meter su propio documento, de 65 páginas, y que sí aceptaba seguir la interpelación, incluyendo temas no autorizados por la Corte Constitucional. En su opinión, la asambleísta Viviana Veloz, impulsora del juicio, es dueña de enorme ignorancia y atrevimiento, pues violentó la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que hizo, anotó, equivale a tratar de meter un rinoceronte en un volkswagen. Y para colmo, agregó, Veloz presentó una adenda del contrato de Flopec con Amazonas Tankers, es decir un anexo, como si se tratara de un nuevo acuerdo, con el fin de sorprender al Parlamento. Algo que confirma su ignorancia y osadía. Seguramente, estimó, ese “informe” presentado por Viviana Veloz, fue creado “entre los delincuentes de Bélgica, México y Ecuador”. Esta desesperación por hacerse con el poder, acotó, coincide con el inminente juicio en Estados Unidos al ex contralor, Carlos Pólit, que, por tratar de recortar su condena, habría ya confesado algunos delitos y delatado a sus cómplices. De ahí que exhortó a la Corte Constitucional a intervenir, y destituir al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y a todos los legisladores que votaron a favor de seguir el juicio político, por atropellar su dictamen. PSC: “crónica roja” A su criterio, es vergonzosa la actuación del Partido Social Cristiano dentro de este proceso. Y la muestra es la actuación de la legisladora Nathaly Viteri, que aparece en comunión con “personajes de crónica roja”. Entre ellos mencionó a Pablo Muentes, “quien le ha robado 4 millones de dólares al Banco del Pacífico”, y Luis Almeida. Villavicencio estimó que la complicidad de Saquicela, con el intento golpista del correísmo, solo se entiende por su afán de “seguir atornillado” al cargo. El legislador insistió en que el juicio no solo está caído, sino en el fango. Y que la oposición, en su desesperación de tumbar al presidente, ahora le exige a la Comisión de Fiscalización que entregue el expediente físico, para tratar de encontrar algún argumento que sustente la ilegalidad, pues ya se percató que carece de la más remota evidencia del supuesto peculado. Villavicencio anotó que él, si estuviera en el lugar del presidente Lasso, no acudiría a la Asamblea, pues no existe un informe motivado y, por tanto, un sustento de la acusación. Muerte cruzada es necesaria Para el legislador independiente, Lasso debería decretar la “muerte cruzada”, pues si ahora evade el cuarto intento de destitución, seguramente la oposición hará un quinto intento. Villavicencio precisó que, lo que quiere el correísmo, es destituir al presidente, asumir el control del gobierno y la justicia, “liberar a los delincuentes que están presos”, y tomarse la Contraloría, a fin de eliminar los cientos de glosas que señalan a sus integrantes, implicados en actos de corrupción. De ahí que la “muerte cruzada” sería un valioso recurso de sanidad mental y pública, para mandar a sus casas a unos legisladores que apenas cuentan con el 5% de aceptación popular.

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Asambleísta culpa al expresidente Correa de promover enfrentamiento entre ecuatorianos

Nacionales, Política /

El asambleísta de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, calificó de irresponsable al Parlamento, que dedica sus energías al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, en vez de tratar los temas que el país requiere con tanta urgencia. En diálogo con “Punto de Orden”, Jaramillo lamentó que la Asamblea pierda su tiempo en una acusación sin sustento, cuando existen problemas sumamente graves, como la inseguridad. Como ejemplo citó que, solo durante el año 2022, se reportaron en Ecuador 4.015 asesinatos, es decir un promedio de 11 por día. Mientras, entre enero y marzo del presente año, ya se produjeron 1.500, que representan a más de 16 diarios. Expresidente Correa fomenta la violencia El legislador social demócrata no tiene dudas de que esta ola de violencia, es impulsada por el expresidente Rafael Correa. Desde su ático en Bélgica, dijo, se encarga de promover por redes sociales el odio. Jaramillo lamentó que Correa únicamente se preocupe de “calentar” las calles, y buscar el enfrentamiento entre ecuatorianos, mientras disfruta de viajes y hoteles en primera clase, con toda clase de lujos. En su opinión, la actitud del exmandatario es irresponsable. De ahí que exhortó a la clase política, a priorizar los temas que son verdaderamente importantes, en lugar de centrarse en una interpelación que, hasta ahora, no ha podido demostrar la supuesta culpabilidad de Lasso. En este sentido, cuestionó a su colega Roberto Cuero, del bloque correísta, por decir que “no deben probar la existencia de peculado” para censurar al presidente, cuando la Constitución señala, precisamente, que la censura corresponde a un delito probado. Asimismo, fustigó duramente al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, más preocupado de sus aspiraciones políticas que del bienestar del país. Saquicela, anotó, “se frota las manos y se cree ya con la banda presidencial”, pues busca la forma de “meterse por la ventana” al Palacio de Carondelet. El parlamentario también hizo un enérgico llamado al gobierno, para que corrija su rumbo en beneficio del país. No hay plan de seguridad, no hay créditos baratos para campesinos, ganaderos y emprendedores, y no hay seguridad, anotó.

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Muerte cruzada durante juicio político a Guillermo Lasso sería inconstitucional, según presidente de Asamblea

Nacionales /

EL COMERCIO .- El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), advirtió este martes 18 de abril del 2023 que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, incurriría en una inconstitucionalidad si aplica la figura de la muerte cruzada (o adelanto de elecciones) en medio del juicio político. “Más allá de ilegal, sería inconstitucional”, respondió Saquicela al ser preguntado respecto a unas declaraciones de Lasso, frente al escenario de que la oposición Legislativa reúna los votos para censurarlo y destituirlo del cargo.   Saquicela defendió al juicio político como una atribución legal y Constitucional que tiene la Asamblea, y aseguró que esta Función tampoco ha incurrido en obstaculizar el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo que descartó que se hayan configurado las Causales que prevé la Constitución para la disolución del Parlamento y el adelanto de elecciones generales.   En último caso señaló que a la Corte Constitucional le corresponderá analizar el tema y emitir un dictamen.   “Lo que queremos nosotros sostener es que estamos dentro del marco democrático y Constitucional sujetos al juicio político, aspiramos que el país no se caotice para absolutamente nada”, agregó.

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Virgilio Saquicela calcula desenlace del juicio contra Guillermo Lasso para mayo

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EL COMERCIO .– El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), aseguró este miércoles, 5 de abril del 2023, que hasta mediados de mayo habrá un desenlace sobre el juicio político contra el jefe de Estado, Guillermo Lasso, por supuesto peculado.   El pronunciamiento se dio en una rueda de prensa, después de que la Comisión de Fiscalización avocó conocimiento de la solicitud, tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional.   Saquicela, quien forma parte de la mayoría opositora liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), negó que exista un “golpe de Estado” en marcha y aseguró que el Parlamento actuará apegado a la Constitución.   Explicó que si no hay los 92 votos que se requieren para destituir a Lasso se respetará el resultado. Pero que si la moción es aprobada se acatará la sucesión constitucional y el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, será posesionado en la Presidencia de la República.   Escenarios Basado en la Ley Legislativa, Saquicela mencionó que la Comisión de Fiscalización tiene 30 días de plazo para entregar un informe para resolución del Pleno. En caso de que se recomiende el archivo por falta de pruebas, Saquicela dijo que será el Pleno el que adopte una resolución final, lo que podría dilatar por 48 horas el procedimiento.   “En temporalidad estamos hablando del 11 al 13 del mes de mayo que podría darse este proceso de juicio político. En todo caso dependemos de los tiempos, del informe que se realice. Pero, creo yo, que los legisladores debemos actuar y vamos actuar con la seriedad de un caso tan delicado que tiene que ver con la estabilidad del país”, recordó.   Comentarios de ‘compra de conciencias’ Saquicela llamó a los legisladores a actuar con ponderación, ética dentro del marco de la moralidad, a no adelantar criterios sobre el juicio político y dijo que “no puede darse la posibilidad de una compra de conciencias“.   Señaló que se trata de “comentarios en los corrillos” del Parlamento, donde -dijo- se rumorea que el presidente Lasso aseguraría al menos 46 votos para que no opere el juicio político o decretaría la muerte cruzada para forzar el adelanto de elecciones.   En la rueda de prensa Saquicela estuvo acompañado de Ramiro Narváez (ID), Diego Vallejo (Unes) y el oficialista Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización. Velasco enfatizó que la Asamblea debe dar ejemplo de respeto a la Constitución y la Ley en este proceso.   El legislador señaló que la Comisión tiene un plazo de 10 días para recibir pruebas de cargo y descargo, y otros 10 días para la práctica de pruebas. Adicionalmente, en un plazo similar se deberá entregar el informe.   Los cuatro proponentes del juicio político tienen un plazo de 72 horas (que vencen mañana) para “singularizar” las pruebas, antes de notificarle al presidente Lasso para la interpelación. Adujo que esto se debe a que la Corte Constitucional no admitió la acusación de concusión que también le imputaban a Lasso, en el pedido inicial.

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