Los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), anunciaron que apelarán el fallo y la multa respectiva, y se mostraron seguros de que se mantendrán en sus cargos.
El dictamen del TCE estableció que Sócrates Verduga y Yadira Saltos, titulares del CPCCS, así como Vielka Párraga y Eduardo Franco, suplentes, quedan fuera, debido a que hicieron campaña asociados al movimiento de la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa.
La ley prohíbe expresamente todo vínculo político.
Participación electoral con el correísmo
Los 4 consejeros, identificados como “La Liga Azul”, participaron en actos proselitistas de la RC5, y declararon numerosas ocasiones su admiración y fidelidad por Correa.
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Además de la destitución, cada uno deberá pagar una multa de 70 salarios básicos unificados (32.200 dólares), y perderán sus derechos políticos durante 4 años. El caso de Franco, quien fue abogado tanto de Correa como del exvicepresidente Jorge Glas, es especial, pues pocas horas antes había sido posesionado.
Alembert Vera, quien también llegó al CPCCS en dicha elección y fue elegido presidente, no consta en la sentencia. La Corte Constitucional lo destituyó en octubre del año pasado, por tratar de montar una veeduría a la actuación del periodo transitorio, presidido por Julio César Trujillo, pese a que la ley no se lo permitía.
“No iremos a ningún lado”
En entrevista concedida a una estación radial, Augusto Verduga afirmó que “no irán a ningún lado”, y exhortó al pueblo ecuatoriano a “agarrarse de las sillas, pues no nos vamos a quedar callados”.
Verduga informó que los vocales destituidos plantearán los recursos de aclaración y apelación, y expresó su confianza de que el dictamen en su contra quede insubsistente.
“Doble vara”
A su criterio, hay una “doble vara” para medir, y afirmó que se trata de una estrategia para proteger a la fiscal general, Diana Salazar, a quien acusó de estar vinculada con el narcotráfico, si bien no ofreció prueba alguna.
Parecido criterio expuso Yadira Saltos, otra consejera del correísmo destituida. Según dijo, la sanción tiene motivaciones políticas.
Saltos afirmó que la decisión del TCE, “va en contra de los principios éticos”.
Se hizo justicia
En cambio, Pamela Troya, vocera del Observatorio de Control Ciudadano, aplaudió la decisión que deja fuera a los vocales de “La Liga Azul”, gracias a la cuantiosa evidencia presentada, y que demuestra que el correísmo hizo abierta campaña por los candidatos al CPCCS, a pesar que está prohibido.
Troya anotó que se trata de una decisión coherente, ya que el propio TCE impuso tiempo atrás a Alembert Vera, una multa de 22.000 dólares y la suspensión de sus derechos políticos por 4 años, debido a la misma “infracción electoral grave”.
La ley otorga 3 días a los consejeros para que apelen. De así hacerlo, el TCE cuenta con 10 días para ratificar o modificar su sentencia.
