La Corte Constitucional (CC) tiene bajo la lupa al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Hoy, lunes 25 de septiembre de 2023, finalmente se dará el encuentro crucial. La CC escuchará al presidente del Cpccs, Alembert Vera Rivera, y a otros consejeros para determinar si se ha incumplido con el dictamen de blindaje de 2019. Luego de la intención de revisar, a través de una veeduría ciudadana, la gestión del Consejo Transitorio. La CC posee la facultad de destituir al funcionario que incumpla o vulnere el dictamen de 2019. Alembert Vera ha rechazado esta posibilidad, alegando que su cargo fue otorgado mediante elección popular. Además, ha anunciado la preparación de una solicitud de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuáles son, entonces, los argumentos presentados por ambas partes? Aquí los puntos clave. Los argumentos   Antes de abordar los indicios, primero un poco de antecedentes. La polémica empezó a inicios de septiembre cuando el juez Leiver Quimís de Montecristi, Manabí, emitió un fallo a favor de la solicitud de veeduría presentada ante el ámbito judicial por la ciudadana Betty Moreira.   El magistrado dispuso al Cpccs conformar una veeduría para “diagnosticar y evaluar” la designación de los jueces de la actual Corte Constitucional (CC), que en 2018 fue renovada por una disposición del Cpccs-Transitorio, a raíz de los resultados de la consulta popular y bajo la dirección de Julio César Trujillo.   El Cpccs dio inicio a la convocatoria el 4 de septiembre pasado. Fue entonces cuando la CC entró en escena. En la misma noche, la Secretaría Jurisdiccional de la Corte remitió solicitudes de información a la Fiscalía, al CPCCS y al juez Quimís. El objetivo del organismo es determinar si el dictamen está siendo cumplido. Ahora sí. Frente a una posible destitución por desacato a la resolución de la CC, ¿cuáles son los indicios en contra del presidente del Cpccs? ​​​​​En una entrevista con Contacto Directo, Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional explicó algunos y fue determinante sobre lo que debe de pasar con Vera. ​​​​​A su juicio, el presidente del Cpccs es consciente de que está en contra del derecho y hay una cadena de omisiones luego del fallo del juez Quimís. “Vera ha hecho lo suficiente, se ha hundido con sus propias palabras (…) Me parece que hace actos de campaña”.   Con respecto a la supremacía del orden jurídico, según Vera, sí apeló a la decisión judicial. “Ya no está en nuestra competencia, sino que corresponde a la Corte Constitucional modular esta sentencia”, afirmó en una entrevista con Contacto Directo.   No obstante, Ávila recuerda las declaraciones de Vera en una rueda de prensa cuando se mostró a favor de la decisión del juez: “No es posible que después de tantos años, viendo la demostración de la destrucción institucional que significó este trujillato, (…) se pretenda limitar la actividad ciudadana o de los organismos de control”. Para hoy, asegura Ávila, la CC ya tiene los elementos suficientes y solo falta resolver.   Así, la intención de revisar la actuación del Cpccs Transitorio, pese al dictamen de la Corte, para Ávila se trata de una amenaza que atenta contra la independencia constitucional de la CC, “eso es grave”. En la misma línea, afirmó que Alembert Vera y los vocales de la mayoría deben ser destituidos debido a que hubo irrespeto al dictamen.   En cuanto al Cpccs, ¿cuáles son sus argumentos? Es importante recordar que la vicepresidenta del Cpccs, Nicole Bonifaz, junto con los vocales Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, ya se habían distanciado de la actuación de Alembert Vera. Su postura subrayó que la iniciativa de llevar a cabo la veeduría fue una determinación unilateral y que no interferirán en las decisiones de la CC.   Por otra parte, 19 días después de la convocatoria, el 20 de septiembre, la consejera Johanna Verdezoto, quien habitualmente vota con Vera, entregó a la Corte un oficio en el que solicitaba al Pleno del Consejo que incluya un punto en el orden del día de la sesión para “resolver el archivo de la veeduría”, pero se suspendió.   La consejera busca eximirse de la primera causal de seguimiento al dictamen, pero también se encuentra implicada en la segunda. En junio pasado, Verdezoto se unió a Vera, Augusto Verduga y Yadira Saltos en la votación que respaldó el informe sobre el título de Diana Salazar. Este informe fue uno de los documentos que respaldaron su nombramiento como fiscal general durante el periodo transitorio. Interactive content by Flourish   Por su parte, el presidente del Cpccs y sus consejeros aliados, argumentan el derecho de la ciudadanía de poder fiscalizar al poder público. Sin embargo, el catedrático Ávila rechaza esta justificación de defensa: “Nadie niega el poder de fiscalización, pero no sobre actos prohibidos, tampoco sobre información reservada”. ​​   Alembert Vera también argumenta que no podría ser destituido debido a que su cargo fue obtenido a través de una elección popular. Para respaldar esta afirmación, ha invocado el caso Petro-Colombia. La sentencia resolvió a su favor al exponer que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas.   Pero, el panorama para Vera es distinto, dice el juez Ávila: “La diferencia es que la Corte Constitucional no es un órgano administrativo es un órgano jurisdiccional y el más alto garante de los derechos”. En otras palabras no procedería los requisitos.   En la audiencia de hoy, la Corte Constitucional brindará a todos los participantes el espacio necesario para presentar sus argumentos, pruebas y, en su caso, réplicas.