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Ecuador: octubre 18, 2024

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Presidente Guillermo Lasso advierte de una afectación a la seguridad social militar de aprobarse un beneficio económico por desvinculación anticipada

El Ejecutivo objetó parcialmente el proyecto de Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, que está en debate de la Comisión de Soberanía.   El presidente de la República, Guillermo Lasso, alerta de una posible afectación al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y a la capacidad operativa de la institución militar si se da paso a un beneficio económico por desvinculación anticipada de los militares, como lo aprobó la Asamblea Nacional en el proyecto de Ley Orgánica de Personal y Disciplina. En la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional se debate un paquete de 23 objeciones parciales que realizó el presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, que se aprobó en octubre pasado en el seno legislativo.   Como parte de sus observaciones, el mandatario pidió que se sustituya una disposición general que podría afectar el sistema de seguridad social y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.   El Ejecutivo se refiere a la disposición undécima del proyecto, en el cual se establece la asignación de un beneficio económico por desvinculación, que permitiría a los uniformados percibir por una sola vez un beneficio económico por retiro que corresponderá a cinco salarios básicos del trabajador privado, vigente al 1 de enero de 2015 por cada año de servicio contados a partir del quinto año; y, hasta un monto máximo de 150 salarios al momento que se desvinculen por retiro obligatorio o voluntario, previo al cumplimiento de ciertos requisitos.   El texto aprobado en la Asamblea permite que el personal que cumpla cinco años de servicio, pero que no alcance a cumplir con requisitos previstos para el seguro de retiro, el Ministerio del Trabajo expedirá la resolución que establezca el monto de beneficio económico por desvinculación. Además, permite que el personal militar que se retiró a partir del 21 de octubre de 2016 y hasta la vigencia de la ley y que no hubiere percibido el beneficio por desvinculación, tendrá derecho a recibir por una sola vez el beneficio de cinco salarios, vigente al 1 de enero de 2015 por cada año de servicio y hasta 150 salarios previo cumplimiento de los requisitos para el retiro.   Sin embargo, el Gobierno cree que esta disposición se “convierte en un incentivo para que el personal militar opte por su desvinculación anticipada, lo que podría ocasionar no solo un grave perjuicio a la institución y su capacidad operativa para el cumplimiento de su misión, sino que (también) pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas reduciendo el número de aportantes e incrementando el número de pensionistas”.   Datos oficiales del Issfa detallan que hasta octubre del 2022, la población protegida por el Issfa alcanzó a las 228.370 personas. De este número, 40.165 son afiliados activos; mientras que 35.772 son pensionistas de retiro, 130 por invalidez y 81 por incapacidad.   Hasta octubre de este año, por retiros e invalidez, se han cancelado $ 473′806.585. Esto, mientras la deuda que mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas con el Issfa, hasta el 11 de noviembre del año en curso, es de $ 359′678.565.   De ese rubro, el 71 % corresponde a la contribución de pensiones que hace el Estado y que es de $ 253′824.767, se detalla en el portal oficial del Instituto.   En ese contexto, el régimen considera que el beneficio económico por desvinculación debe dirigirse a quienes no puedan continuar en servicio activo, pero no debe darse a quienes decidan voluntariamente separarse por su “propia responsabilidad”.   La propuesta de Lasso como un texto alternativo es que accedan a dicho beneficio quienes cumplan ciertos requisitos, como que el personal de oficiales y tropa complete el tiempo para el retiro previsto en la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o que por falta de vacante orgánico o cupo anual no sea promovido al siguiente grado.   También a aquellos oficiales que cumplan el último año en el grado de coronel; para la tropa, cuando cumpla el último año en el grado de sargento primero; al personal de oficiales y tropa que haya cumplido cinco años o más de servicio y que por enfermedades catastróficas, discapacidad, entre otras, les impida desempeñar sus funciones; para los oficiales generales o sus equivalentes en las otras fuerzas, así como el personal de suboficiales, recibirán por una sola vez el beneficio económico de desvinculación.   No se otorgaría a aquellos que soliciten voluntariamente la disponibilidad o la baja, o aquellos que sean colocados en situación de disponibilidad; ni a quienes sean dados de baja por tener sentencia condenatoria ejecutoriada en juicios penales. De acuerdo con el análisis de la Presidencia de la República, si la Asamblea Nacional aprueba su propuesta de articulado, evitará la salida anticipada del personal militar y así una posible crisis al régimen de seguridad social.   Durante el análisis de la objeción parcial en la Comisión legislativa, se presentó Julio Mendieta, representante de los militares en servicio pasivo, quien exhortó a la Legislatura a ratificarse en uno de los incisos de dicho artículo, en lo relacionado con los militares retirados.   Este permite que el personal militar que se retiró a partir del 21 de octubre de 2016 y hasta antes de la vigencia de esta ley (en el caso de aprobarse) y que no hubiere percibido el beneficio por desvinculación, tendrá derecho a recibir por una sola vez el beneficio de cinco salarios básicos vigente al 1 de enero de 2015 por cada año de servicio y hasta un monto máximo de 150 salarios si cumple con los requisitos legales para el retiro de la institución castrense.   Mendieta recordó que este beneficio se creó en el 2012 y estuvo vigente hasta el 2016, cuando mediante un acuerdo ministerial se lo eliminó, por lo que piden que se lo reintegre y para ello que la Asamblea Nacional se ratifique en su texto.   La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre

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Fiscalización prepara el informe sobre el juicio político a la exministra de Salud, Ximena Garzón

La exfuncionaria ejerció hoy se derecho a la defensa. Hubo tensión con los legisladores interpelantes La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional concluyó este 10 de diciembre de 2022 la fase de práctica de pruebas dentro del juicio político a la ex ministra de Salud del actual Gobierno, Ximena Garzón. La mesa legislativa cuenta con cinco días para elaborar el informe no vinculante que puede recomendar el archivo o la continuidad del juicio político en el pleno, en contra de la ex funcionaria. Fue precisamente Garzón la última en intervenir en su propia defensa este 10 de diciembre. Lo hizo por varias horas y por momentos su comparecencia se volvió tensa, especialmente ante los cuestionamientos de los interpelantes Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Nathalie Viteri, asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC). La exfuncionaria justificó los motivos de la declaratoria de emergencia en el sistema de Salud, durante su administración, y rechazó que esta medida haya sido adoptada sin contar con estudios técnicos como le acusan sus detractores. Negó que el Ministerio de Salud a su cargo haya comprado medicación, a punto de caducar o de baja calidad, y aseguró que cada adquisición se hizo con el aval de las entidades de control encargadas para poder ejecutar las compras. Sobre la acusación de falta de gestión, la exministra detalló algunos planes que se habrían empezado a ejecutar durante su periodo al frente de la cartera de Salud. Sin embargo, aclaró que los programas no se pueden ejecutar de la “noche a la mañana” y que, en algunos casos, los resultados se podrán ver el año entrante o incluso el próximo. La asambleísta oficialista Ana Belén Cordero defendió la gestión de Garzón y dejó entrever que a ratos parecería ser que este juicio político más tiene que ver con un conflicto de intereses o de defensa de alguna farmacéutica, algo a lo que se sumó la propia exfuncionaria. La incidentada sesión concluyó con los reclamos del asambleísta correísta, Comps Córdova, quién denuncio que el presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio, le negaba la palabra. En respuesta, Villavicencio señaló que, en su momento, le otorgó la palabra y que este en lugar de centrarse al tema del juicio político, prefirió hablar de temas que no venían al caso. Fuente: Expreso

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Asamblea analiza proyecto de ley urgente para la transformación digital y audiovisual; exoneraciones para inversiones energéticas generan oposición

El proyecto de ley económico urgente lo recibió la Asamblea el 23 de noviembre pasado por lo que el plazo para su tratamiento fenece el 23 de diciembre próximo. El pleno de la Asamblea Nacional, la tarde de este sábado 10 de diciembre, realizó el primer debate del proyecto de ley urgente para la transformación digital y audiovisual. El proyecto fue entregado por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso con el carácter de económico urgente y está siendo tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico Productivo del Legislativo. De origen el proyecto tiene como objeto promover la inversión e innovación mediante la modernización, actualización y simplificación de trámites, procesos y trabas regulatorias; establece un marco regulatorio para el fomento de la transformación digital de las instituciones públicas, de las empresas privadas y de la sociedad. En el inicio de la sesión 827 y con 133 asambleístas presentes se escuchó en comisión general a Mariana Andrade, en representación de ocho organizaciones y empresas audiovisuales. Ella resaltó que se haya incorporado en este primer informe del proyecto de Ley un artículo que habla sobre la creación del certificado de producción audiovisual, certificado que, dijo, se convertirá en un enganche y un elemento clave para atraer al país estas producciones cinematográficas que dinamizan e inyectan recursos a la economía de manera inmediata, pero que cambia de “manera drástica” la situación empleabilidad de los país donde se filman, entre otros beneficios importantes. El documento debatido en primera instancia se encuentra compuesto de 50 artículos, entre estos 15 normas nuevas incorporadas y 35 artículos reformatorios a leyes vigentes, tres disposiciones generales y cinco disposiciones transitorias. El proyecto de ley propone la modificación de siete cuerpos legales distintos, los cuales se encuentran divididos en libros, títulos y capítulos. Entre los objetivos específicos de esta ley está la atracción de inversiones a través del desarrollo de infraestructura digital que permita a Ecuador competir como destino de inversiones en mercados internacionales. Hay reformas a Ley de Telecomunicaciones, a la Ley de Régimen Tributario Interno, reformas al Código de Comercio, a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, a la Ley Notarial, al Código General de Procesos, a la Ley de Registros. Ocho votos a favor la Comisión aprobó el informe para primer debate. La ponencia del proyecto estuvo en manos de la legisladora Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID). La asambleísta resaltó que el proyecto de ley nace de una iniciativa de la sociedad y del trabajo en equipo entre la Asamblea y Ejecutivo. La propuesta, indicó, recibió aportes de las diferentes bancadas legislativas, así como de 25 comparecencias que se mantuvieron en la mesa.   “Esta propuesta tiene como objetivo primordial aportar a las actividades económicas relacionadas con el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología. Quiero dejar absolutamente claro que no hay forma de desarrollar transformación digital sin resolver el tema energético, es decir el tema eléctrico, no solo porque los consumidores digitales aumentan, sino porque sobre todo hay que pensar que el almacenamiento de datos va a algún lado, con el paso de los años las aplicaciones van a aumentar y ya vemos relojes inteligentes, autos eléctricos, computadores y el país no está preparado”, señaló Andrade. Ante esta realidad, la ponente explicó que es justificable que existan incentivos para energías renovables. Anotó que existe un desafío mundial del cambio climático que hará que las aplicaciones que consumen combustibles fósiles, se cambien a electricidad y para ello se requieren de grandes inversiones para poder suplir esta demanda. “De no llegar a suplir los precios van a aumentar y se generará lo que se conoce como pobreza energética, que no es más que el aumento de precios que hacen difícil luego el acceso para los más pobres”. La legisladora por la provincia de El Oro del bloque de la Revolución Ciudadana, Noemi Cabrera, señaló que uno de los aspectos más preocupantes de esta ley es el artículo que habla de la exoneración del impuesto a la renta por las nuevas inversiones productivas enfocadas en transición y seguridad energético que serán las de generación de energías renovables no convencionales e industrialización de gas natural y asociados en el Ecuador. A decir de Cabrera se plantea con poca claridad una exoneración del impuesto a la renta por diez años para la generación de energías renovables no convencionales e industrialización de gas natural. Según ella, ya han cuestionado tanto a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y el Ministro de Producción sobre qué tienen que ver las exoneraciones en inversiones energéticas con la transformación digital, audiovisual de esta ley. “Se supone que esta ley busca desarrollar ámbitos artísticos, tecnológicos y culturales y no meter por debajo de la mesa grandes exoneraciones tributarias para grandes inversionistas o grupos económicos en lugar de preocuparse por exoneraciones para quienes verdaderamente necesitan, como son los ciudadanos de a pie”, anotó la legisladora Cabrera, quien al igual que sus colegas de bancada Sofía Espín y Viviana Veloz, y otros, solicitaron que ese artículo sea eliminado de este proyecto de ley. En general los asambleístas que intervinieron en el debate valoraron que la ley sea producto de las mesas de diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo y busque dinamizar la economía en distintos niveles, potenciar la inversión extranjera y profundizar la transformación digital del país. La educación, el sistema de justicia, los servicios públicos, la forma digital, entre otras, son áreas que deberían ser observadas dentro de la transformación digital. La asambleísta nacional de Pachakutik, Patricia Sánchez, simplificó la ley diciendo que busca la atracción de inversiones a través de reformas en algunos cuerpos legales, para insertar al Ecuador en la economía digital global, “lo cual es una muy buena noticia para un Ecuador rezagado local, regional y mundialmente de todo el mundo tecnológico”. Al igual que algunos otros legisladores, Sánchez calificó como un aporte importante la inclusión en este documento del Certificado de Producción Audiovisual, un certificado que se le otorgaría a todas las empresas productoras de obras audiovisuales coproducidas total o parcialmente dentro del territorio ecuatoriano. “Este certificado es un equivalente a un crédito tributario que en esta ley es del 40 % del valor de la inversión y

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El rol de las FF.AA., en manos de la Asamblea

Ni las puertas del Pleno ni de los salones de la Asamblea se abrieron para recibir al presidente Guillermo Lasso el miércoles 7 de diciembre de 2022. Tampoco estuvieron las bancadas legislativas para escuchar sus planteamientos. Lasso llevó la propuesta de reforma constitucional para permitir que los militares y policías coordinen acciones para enfrentar a la inseguridad, sin necesidad de decretar estados de excepción. El decreto para este fin lo firmó en la tarima que se ubicó en la plaza principal del Parlamento, a donde Lasso llegó rodeado de simpatizantes que portaban pancartas donde se leía: “Asambleístas hagan su trabajo” y “Fuera la narcopolítica”. “Es momento de que esta Asamblea Nacional se defina: o están del lado de los ciudadanos o del lado de los criminales y de la violencia”, enfatizó el Mandatario, acompañado de su esposa y miembros del Gabinete de ministros. Fría recepción El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), no subió a la tarima. Saquicela recibió a Lasso en el corredor que conduce al salón de las sesiones del Pleno que estaba cerrado, aunque en algunas ocasiones los legisladores lo usan para foros y demás eventos. Entre empujones, asesores y ministros se abrieron paso sobre una nube de cámaras y micrófonos. Saquicela dio la bienvenida a Lasso “al primer poder del Estado”, llamó al Ejecutivo a un trabajo coordinado y señaló que este proyecto seguirá el trámite previsto en la Constitución. Saquicela explicó que, una vez que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) califique este proyecto, el texto irá a la Comisión de Enmiendas que tendrá entre 15 y 60 días para elaborar el informe para primer debate; y en no menos de 90 días el segundo debate. No estuvieron las bancadas legislativas, pero apenas Lasso se retiró el coordinador de bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, fustigó que el Mandatario se colocara una gorra, algo que vio como un desaire a la Legislatura. “Rechazo el intento de falta de respeto a la Asamblea Nacional, cuando la primera autoridad del Estado se pone a propósito una gorra para ingresar al Pleno. Esto no les falta el respeto a los asambleístas ni a la Asamblea, está faltando el respeto a los ecuatorianos y a la Bandera Nacional”, dijo Torres. Torres manifestó que duda que en la Asamblea puedan existir los 92 votos que se requieren para esta reforma, pese al dictamen favorable de la Corte Constitucional. El decreto La reforma que modifica el rol interno de las FF.AA. está contenido en el decreto presidencial 615. La propuesta busca el cambio del artículo 158 de la Carta Política, el cual establece: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley”. Fuente: El Comercio

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Gobierno Nacional invertirá USD 382,8 millones en renovación de la flota vehicular de la Policía

Juan Zapata, ministro del Interior, presentó ante la Asamblea Nacional el Plan Renovación de la Flota Vehicular. A través de este proyecto, el Gobierno Nacional entregará USD 382,8 millones para la renovación de la flota vehicular de la Policía Nacional. El plazo de ejecución del plan será por el período comprendido entre 2023 y 2026. El objetivo será renovar el parque automotor obsoleto de los uniformados mediante la adquisición de 8547 vehículos destinados a la seguridad de la ciudadanía. Los 8547 se dividen en 3233 patrulleros y vehículos livianos; 150 serán vehículos pesados destinados a porta tropas, antimotines, winchas, transporte pasajeros y carga; y 5164 motocicletas. También se prevé invertir USD 9,6 millones en la compra de 29 buses y 20 camiones que serán destinados a distintos grupos de la Policía. “En las adquisiciones hemos ahorrado entre USD 10 y 11 millones, este dinero lo invertiremos en la compra de vehículos tácticos blindados para unidades especiales y del eje preventivo, porque la dinámica de la violencia nos obliga”, indicó el Ministro. Zapata indicó que al momento la Policía Nacional cuenta con 10 499 vehículos patrullero. De estos,  1 736 vehículos (1.085 vehículos y 651 motocicletas) se encuentran estacionados por falta de mantenimiento o han cumplido su vida útil. 312 vehículos ubicados en Tambillo, al sur de Quito, están en proceso de remate. Fuente: El Telegrafo

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Guillermo Lasso entrega el proyecto de Ley Fuerzas Armadas en la Asamblea Nacional

El presidente de la República, Guillermo Lasso, entrega en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Fuerzas Armadas para luchar contra el crimen organizado y la narco-política. El apoyo de las Fuerzas Armadas es vital para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y la narco-política sostiene el Presidente en los exteriores del edificio Legislativo. «Esta es una batalla que vamos a ganar y la Asamblea Nacional no puede darle la espalda a millones de familias de ecuatorianos que hoy lloran a sus muertos producto de la violencia del crimen organizado», asegura el Presidente. Con esta reforma a la Constitución las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán actuar de manera conjunta contra el crimen organizado sin la necesidad de declarar estados de excepción, señala el Primer Mandatario y llama a definirse a la Asamblea Nacional, «si están de lado de los ciudadanos o de lado de los delincuentes». Fuente: Notimundo

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Fernando Villavicencio aún espera el pago de su sueldo y las disculpas públicas de cinco miembros del CAL

Quién paga el sueldo de los diez días que se principalizó Rocío Yépez, asambleísta alterna de Villavicencio; aún no hay respuestas. El legislador Fernando Villavicencio aún espera el pago de su sueldo íntegro del mes de noviembre del 2022 y las disculpas públicas de los cinco integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), tras la sentencia judicial que ordenó su reintegro inmediato al determinarse que fue suspendido sin existir una norma expresa. La jueza constitucional Soledad Manosalvas, el pasado 28 de noviembre, dispuso el reintegro inmediato del legislador tras declarar que se vulneró el derecho al debido proceso, la garantía de motivación, derecho a la seguridad jurídica y libertad de expresión. El 10 de noviembre pasado los miembros del CAL: Virgilio Saquicela (ex-BAN), Marcela Holguín (UNES), Esteban Torres (PSC), Ronny Aleaga (UNES) y Darwin Pereira (Pachakutik), suspendieron por 31 días sin sueldo al asambleísta Villavicencio, por incurrir en una falta administrativa muy grave al haber expresado con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en contra de la asambleísta Patricia Núñez (UNES). El CAL procesó la queja de la asambleísta Núñez en contra de Fernando Villavicencio, de quien dijo que la ofendió al emitir expresiones de odio de forma misógina en la red social de Twitter. Al presentar la acción de protección, Villavicencio aclaró que no existe una sola norma legal de que por escribir un tuit ejerciendo el derecho de libertad de expresión y pensamiento se quiera crear una norma para sancionar a un legislador, por odio o venganza por intentar callar la voz que se levanta en el país contra la corrupción. Al declarar la vulneración del derecho al debido proceso, la jueza Manosalvas ordenó lo siguiente: Se deja sin efecto la resolución CAL-2021-2023-723 aprobada por los señores miembros del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. Se ordena el reintegro inmediato del accionante Fernando Villavicencio al cargo de asambleísta. Se ordena el pago de las remuneraciones dejadas de percibir mientras duró la suspensión en funciones. Se dispone que los miembros del Consejo de Administración Legislativa emitan sus disculpas públicas a través de la página oficial de la Asamblea Nacional. Conforme el art. 21 inciso tercero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone oficiar al señor defensor del Pueblo del Cantón Quito para que dé seguimiento del cumplimiento de esta sentencia constitucional. Pagos y disculpas El legislador, Fernando Villavicencio, este 6 de diciembre, remitió un documento al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, en el que solicita que disponga a la Coordinación General Financiera el pago de las remuneraciones dejadas de percibir mientras duró la suspensión de sus funciones y, además, pide que se cumpla con las respectivas disculpas públicas a través de la página oficial de la Asamblea Nacional, por parte de quienes aprobaron la resolución de suspensión. El legislador pregunta quién va a pagar el sueldo de los diez días que se principalizó su alterna Rocío Yépez, pues la sentencia de la jueza ordena el pago de las remuneraciones dejadas de percibir mientras duró la suspensión en funciones. La Asamblea Nacional así como las instituciones del Estado tienen prohibición expresa de pagar doble sueldo a los funcionarios, podría ser observada por la Contraloría del Estado. En este caso, los cinco miembros del CAL que aprobaron la resolución deberán determinar la forma de cubrir el sueldo cancelado a Yépez. El asambleísta Villavicencio anunció que pedirá un informe a la Contraloría sobre este caso. Los cinco legisladores presentaron un recurso de apelación a la sentencia, por lo que el proceso pasó a la sala especializada de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Fuente: El Universo

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Tres escenarios políticos maneja el gobierno para la reforma parcial al rol de las Fuerzas Armadas

El presidente de Parlamento, Virgilio Saquicela, anunció que Guillermo Lasso pidió ser recibido por el pleno para entregar la iniciativa este 7 de diciembre. Tres escenarios políticos maneja el gobierno de Guillermo Lasso respecto al trámite en la Asamblea Nacional de la reforma parcial a la Constitución sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. El presidente de Parlamento, Virgilio Saquicela, anunció que Lasso pidió ser recibido por el pleno este 7 de diciembre para entregar la iniciativa y exponer sus alcances. Está previsto que acuda a las 10:00. El pasado 30 de noviembre, la Corte Constitucional (CC) emitió su dictamen favorable sobre el pedido del régimen para reformar la Constitución para que los militares colaboren con los policías en la lucha contra la delincuencia sin necesidad de que el jefe de Estado decrete estados de excepción. Carondelet planteó que esto se realice por la vía de la reforma parcial, que está contemplada en el artículo 442 de la carta magna; es decir, con dos debates en el Parlamento y luego un referéndum. La CC lo aceptó. La pregunta que envió Lasso es la siguiente: “Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?”. En dicho anexo se plantea una modificación al artículo 158 de la carta magna agregando este texto: “Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”. El artículo 442 de la Constitución indica que una reforma parcial es un cambio que no supone “una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución”. Y que puede darse “por iniciativa de la presidenta o presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional”. La iniciativa debe ser aprobada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo se realizará al menos 90 días después del primero. Y se aprueba con mayoría calificada: 92 votos. “Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación”, señala el texto constitucional. Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, explica que no hay un plazo para que el Legislativo resuelva el tema: lo único que se menciona en la Constitución es que entre el primero y el segundo debate deben mediar al menos 90 días. “La Ley de Participación Ciudadana sí contempla el plazo de un año para que la Asamblea se pronuncie sobre un pedido de reforma parcial, pero cuando se trata de una iniciativa ciudadana”, refiere la funcionaria. Y ante ello, el régimen ha considerado tres escenarios políticos para el trámite de su propuesta, dice Sichel. El primero, “el ideal, el mejor, es que los legisladores tomen conciencia de la importancia que tiene este cambio constitucional y lo inicien de inmediato”. El segundo, que este se dilate por los “intereses particulares de los legisladores”. Y el tercero, que nunca se trate, “y que sea uno más que los proyectos relacionados con la seguridad que represen”. “Desde el Gobierno no podemos asumir esto con ingenuidad, tenemos mapeados los escenarios y sabemos la Asamblea que tenemos. Pero veamos qué pasa, porque los asambleístas también tienen que responderle a la ciudadanía por lo que hacen o no hacen”, expresa. Isabel Enríquez, presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, explica que el tiempo que tarden en procesar el pedido de reforma parcial del Ejecutivo depende, primero, del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y luego, del presidente de la Asamblea. La Comisión de Enmiendas Constitucionales ha tramitado tres proyectos de cambios a la Constitución en el actual periodo legislativo. Foto www.asambleanacional.gob.ec “Cuando llega una enmienda (o cambio) a la Asamblea, el CAL lo debe enviar a la comisión, no tiene plazo para ello. Aquí hacemos la planificación del tiempo que la vamos a debatir, hacemos un calendario de comparecencias, y luego aprobamos el informe de primer debate, no nos demoramos más de un mes y medio. Ya depende del presidente ponerla en el orden del día del pleno. Por ejemplo, el informe de primer debate de la enmienda referida al número de votos para la aprobación de leyes se la enviamos a la presidencia en marzo pasado y recién la pusieron en el orden del día hace poco. A veces hay que estar rogándoles a los del CAL para que traten los temas; el dictamen de la Corte Constitucional sobre la enmienda referida a poner al dólar como moneda oficial llegó, ya está en la presidencia hace más de un mes, lo único que tienen que hacer es avocar conocimiento y enviarla. Se les dice, vean, no sean malitos, envíenme, que tengo que trabajar”, señala. Sobre la viabilidad de la reforma al rol de los militares, la legisladora de Pachakutik indica que su bloque no se ha reunido para analizar el tema. Pero advierte que sí sería importante que las Fuerzas Armadas colaboren estrechamente con la Policía Nacional en el combate a la delincuencia. “Creo que la ciudadanía le tiene más respeto a las Fuerzas Armadas en las calles”, opina. En todo

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Jurista advierte sobre gestión de la Asamblea tras consulta popular

El reconocido jurista Carlos de Tomaso, experto en derecho constitucional, expresa su preocupación por la forma en que la Asamblea Nacional, maneje la consulta popular planteada por el presidente Guillermo Lasso. De Tomaso teme que la Asamblea, dominada por la oposición, intente alterar los temas de la consulta, incluso si el pueblo vota a favor, a fin de que los resultados no sean los esperados.   En su columna de opinión, en un conocido diario del país, el jurisconsulto evalúa y explica los pasos a seguir, una vez realizado el referéndum. De acuerdo al cuestionario, de triunfar el “Sí” el Parlamento tendrá 365 días, prorrogables por 180 días adicionales, para aprobar la ley reformatoria a la Ley de Extradición. Hasta tanto, será el Ministro de Relaciones Exteriores quien emitirá acuerdos con normas temporales, para lo cual tiene 45 días desde la publicación de resultados. Asimismo, la Fiscal General tendría 90 días para presentar el proyecto reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, y la Asamblea debería aprobar dichos cambios en 365 días, sin prórrogas. Durante ese lapso, la Fiscal contará con 30 días, desde la publicación de los resultados, para emitir normas temporales, y designar al Consejo Fiscal. Para la pregunta de reducción del número de asambleístas, la Asamblea contará con 365 días, también sin prórrogas, para reformar tanto la Ley de la Función Legislativa, como la Ley Electoral. En el caso de la pregunta de los partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá 45 días, para aprobar las resoluciones que obliguen a las agrupaciones del país, a cumplir las nuevas normas. De Tomaso precisó que, si vence el “Sí” en la consulta, respecto a las atribuciones del Consejo de Participación, el Presidente tiene 180 días para enviar a la Asamblea los proyectos de ley reformatorios. Los legisladores tendrán 365 días para aprobar los cambios, con una prórroga de 90 días. El constitucionalista teme que la Asamblea, en su afán de crear un caos jurídico, deforme el contenido y la esencia de todas las enmiendas, con objetivos políticos. De ahí que hace un llamado al Gobierno Nacional, para no cae en la ingenuidad.  

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Consejo de la Judicatura nombra a los 14 nuevos jueces especializados en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado

Los nuevos jueces especializados trabajarán con sede en Quito y se encargarán de juzgar 44 tipos penales relacionados con el crimen organizado y corrupción. A nueve meses de iniciado el Concurso Público de Méritos, Oposición e Impugnación Ciudadana para la designación de jueces especializados en corrupción y crimen organizado, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) nombró a los 14 magistrados que ocuparán un cargo en las nuevas Unidad, Tribunal y Sala de Corte Provincial que funcionarán en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito. Los integrantes de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado fueron nombrados por unanimidad, luego de una sesión extraordinaria realizada el 1 de diciembre último. El presidente encargado del CJ, Fausto Murillo, y los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo y Xavier Muñoz votaron a favor de los seleccionados. Como jueces de Unidad fueron nombrados Renán Andrade Castillo y Vicente Hidalgo Maldonado; mientras que en los seis cargos vacantes para jueces de Tribunales de Garantías Penales fueron designados Clara Soria Carpio, Mario Muñoz Bayas, José Sánchez Pico, Carlos Serrano Lucero, Christian Fierro Fierro y Consuelo Tapia Guerrón. Finalmente para jueces de Sala de Corte Provincial fueron seleccionados Silvana Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui, Maribel Tapia Rosero, Lauro Sánchez Salcedo, Esteban Coronel Ojeda y Wiler Chóez Avilés. Estos 14 jueces que aprobaron el concurso público y el curso de Formación Inicial de 52 días se encargarán del juzgamiento de 44 tipos penales: 37 delitos relacionados con el crimen organizado y siete de corrupción. Luego de la decisión adoptada, el presidente de la Judicatura destacó el hecho de que el Ecuador contará con los primeros jueces especializados en el juzgamiento de delitos complejos y transnacionales. Aseguró que este proceso de selección y designación inédito se dio con el apoyo de la cooperación internacional, la academia y el Gobierno Nacional. Según las reglas de este proceso, quienes obtuvieron la mayor puntuación en las listas de jueces de Unidad, Tribunal y Sala fueron quienes ocuparán las vacantes existentes. El resto de aspirantes, quienes aunque hayan obtenido más de 80 puntos en el curso de Formación quedarán siendo parte del banco de elegibles, es decir, profesionales que podrían reemplazar a cualquiera de estos nuevos jueces especializados que dejen o salgan del cargo. Con esta decisión del pleno del CJ no solo se cerró el curso de Formación Inicial, sino también del concurso público de méritos y oposición que arrancó en abril pasado para cumplir un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, el cual fue aprobado por la Asamblea Nacional a finales de 2020. El concurso arrancó con 425 postulantes y para el curso de formación, que se inició el 26 de septiembre pasado, solo quedaron 35 aspirantes. Este hecho, a decir de Fausto Murillo, reveló la rigurosidad dispuesta en cada una de las etapas del proceso. Fuente: El Comercio

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La constitucionalidad de derogatoria de la reforma tributaria está en duda

El futuro de la reforma tributaria del gobierno de Guillermo Lasso regresó a la cancha de Carondelet, después de que la Asamblea aprobó el proyecto de Ley empujado por Pachakutik y el correísmo para derogar la denominada Ley de Sostenibilidad Fiscal, tras la pandemia del covid-19. Una vez que el texto fue aprobado con 100 votos a favor (más de los dos tercios del Pleno que se requieren para su ratificación), el presidente Lasso tiene 30 días de plazo para presentar sus observaciones al texto o disponer su promulgación en el Registro Oficial. El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, tachó de “inconstitucional y demagógica” a esta iniciativa. En el escenario de un veto total, el Parlamento solo podrá reconsiderar este proyecto en una sola votación al cabo de un año. Inconstitucionalidad  Aunque el proyecto superó los dos debates en el Pleno, la posibilidad de que pueda ejecutarse está en duda pues el artículo 135 de la Constitución dice que solo el Presidente de la República podrá formular proyectos de ley que creen o modifiquen impuestos. “Una cosa es poder y otra es deber; no debieron porque irresponsablemente hoy tendrán que responder por las consecuencias de esa derogatoria”, señaló la oficialista Nathalie Arias, vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). La ponente del proyecto, la correísta Viviana Veloz, y el socialcristiano Esteban Torres recordaron que, en la anterior Legislatura, fue posible derogar el denominado “impuesto verde” por iniciativa de un asambleísta de Creo. Pero omitieron que eso se unificó con un proyecto enviado por el entonces presidente, Lenín Moreno. El trámite de los proyectos de ley de urgencia en materia económica consta en el artículo 140 de la Constitución. En el último inciso señala que cuando un proyecto entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, “la Asamblea podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto”, sin especificar si esto aplica en el caso de tributos. Precedente En último caso, este proyecto de ley podría terminar en la Corte Constitucional, que el 28 de octubre pasado ya negó una decena de pedidos de derogar esta norma presentados por la oposición al Gobierno y sectores sociales. En el dictamen la Corte ratificó la vigencia de esta ley, pero declaró inconstitucionales los aspectos relacionados con las reformas a la Ley de Hidrocarburos; régimen especial impuesto a la renta para emprendedores y negocios populares (Rimpe); régimen impositivo voluntario, único y temporal para la regularización de activos en el exterior (Rivut); exención del pago del impuesto a la herencia, Reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos. Disputas  Después de que el correísmo se abstuvo por votar a favor del archivo de esta norma, lo que permitió que entre en vigencia como Decreto–Ley hace un año, esta bancada protagonizó una disputa con Pachakutik por la derogatoria. La tensión entre el correísmo y Pachakutik fue tal que durante la sesión del segundo y definitivo debate de la ley derogatoria Blasco Luna (Unes) debió ser contenido por una de sus colegas para no irse a los puños con Salvador Quishpe, coordinador del bloque indígena. El incidente ocurrió cuando Sofía Sánchez, de Pachakutik, responsabilizó al correísmo de la vigencia de esta Ley desde hace un año. Intervino la Escolta Legislativa para evitar desmanes. “Solicitamos que se niegue y se archive este proyecto que le mete la mano al bolsillo de los ecuatorianos y la bancada de la Revolución Ciudadana, conjuntamente con el Gobierno se abstuvieron para que se archive”, dijo Sánchez. Esas bancadas se acusaron de acuerdos con el Ejecutivo, incluso a cambio de la prelibertad del exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción. Votos En el Pleno no hubo los votos para aprobar o negar la ley tributaria el 28 de noviembre del 2021. El correísmo se abstuvo de apoyar a Pachakutik y otras bancadas para el archivo del proyecto que incrementó los impuestos a todas las personas que tienen ingresos superiores a los USD 2 000 mensuales. Un día después, el 29 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso ordenó la promulgación de esta norma como Decreto–Ley en el Registro Oficial, una vez que se cumplió el plazo de los 30 días que tenía el Parlamento para pronunciarse. La Corte  Constitucional no dio paso a las medidas cautelares solicitadas por organizaciones sociales y partidos en contra de esta norma. En su dictamen, el 29 de octubre del 2022, la Corte Constitucional dejó sin efecto la aplicación de algunos textos. Sin embargo, esta medida únicamente se aplicará desde enero 2023. Fuente: El Comercio

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La Asamblea aprobó proyecto para derogar la reforma tributaria de Guillermo Lasso

Con 100 votos a favor y 13 en contra, el Pleno de la Asamblea aprobó este martes 29 de noviembre el proyecto de ley derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, tras la pandemia del covid-19. La iniciativa respaldada por casi todas las bancadas, menos el oficialismo, pretende echar abajo la reforma tributaria del Gobierno de Guillermo Lasso, que entró en vigor hace un año como Decreto-Ley por falta de votos para aprobar o negar esta norma en el Legislativo. El texto será enviado al Ejecutivo para que en un plazo de 30 días presente sus observaciones. En caso de un veto total, el Parlamento podrá volverlo a tratar en una sola votación después de un año. El proyecto se compone de un solo artículo y especifica: derogar la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, tras la pandemia del covid-19. La norma significó el incremento de varios impuestos. Durante el debate, las bancadas del correísmo, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y Pachakutik argumentaron que esta norma perjudica a la clase media. Por su parte, el oficialismo advirtió que esta decisión podría afectar las proformas del 2024 y los siguientes años. Según las proyecciones del Gobierno, hasta el próximo año esta norma permitirá recaudar alrededor de USD 1900 millones, lo que forma parte de la proforma presupuestaria del 2023. “Si usted revisa la proforma presupuestaria se dará cuenta que la recaudación de aproximadamente USD 16 000 millones y el tema petrolero, no se están yendo a obra, se están yendo al pago de los tenedores de bonos”, mencionó el jefe de bloque del PSC, Esteban Torres. En medio del debate en el Pleno hubo cruces verbales cuando legisladores de Pachakutik responsabilizaron al correísmo de haber permitido que esta reforma tributaria entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, debido a que esa bancada no dio sus votos para el archivo. Fuente: El Universo  

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