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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
Ecuador Continental: 18:32
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Al fin se realiza limpieza en cárceles que estuvieron tomadas

Tras más de una semana de incertidumbre, se realiza la limpieza interna de las prisiones que fueron tomadas por los reclusos, durante los primeros días del Estado de Excepción. En el caso de la cárcel de Latacunga, camiones retiraron cerca de 30 toneladas de desperdicios, que se habían acumulado a consecuencia de los incidentes. La mayor parte de la basura corresponde a restos comunes, y a rezagos de mesas, sillas, colchones y otros enseres, destruidos durante los motines. Parecida situación se vivió en la cárcel de Ambato, que también fue tomada la semana pasada por los internos. Tras la irrupción de los militares, la calma volvió a los centros de detención. Y uno de los primeros pasos fue sacar la basura, que estuvo una semana acumulada en patios y corredores.

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Más de 40 reos escaparon de la cárcel de Esmeraldas

Ecuavisa .- Fueron casi 50 presos los que huyeron. La fuerza pública logró recapturar a cinco y otros tres aparecieron muertos, confirmó el gobernador. Al menos 40 reos de la cárcel de varones de Esmeraldas han escapado. No se sabe desde cuándo ni cómo, pero este lunes 15 de enero el gobernador de la provincia, Javier Buitrón, confirmó a Ecuavisa.com que existía un faltante de presos. Aunque el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) no se ha referido al caso, Buitrón mencionó que las Fuerzas Armadas, que lideran las operaciones en el reclusorio, confirmaron que los reos fugados eran de tres pabellones. Fueron casi 50 presos los que huyeron. La fuerza pública logró recapturar a cinco y otros tres aparecieron muertos, confirmó el gobernador. La cárcel de Esmeraldas, con 1 352 privados de libertad en la actualidad, fue intervenida este fin de semana. Las FF.AA. detallaron este lunes que durante las requisas en los pabellones se encontraron seis armas de fuego, 18 alimentadoras, 1 464 municiones, nueve explosivos, 2 900 dólares, 81 celulares y 63 armas blancas. Más de 1 300 detenidos   Las Fuerzas Armadas han detenido a más de 1 300 personas, 143 de ellas bajo cargos de terrorismo, en los últimos días tras la aplicación de un estado de excepción declarado por el Gobierno, con el que intenta superar la ola de violencia que desataron bandas de delincuentes en las cárceles y las calles del país. El más reciente balance difundido el domingo por el llamado Eje de Seguridad -integrado por mandos militares, de la Policía y del Gobierno-, da cuenta de que desde el pasado martes, día en que se produjo el asalto al canal TC Televisión de Guayaquil, las fuerzas de seguridad han efectuado un total de 12 974 operaciones a escala nacional. Estos operativos se llevaron a cabo en cumplimiento de la aplicación del estado de excepción y el toque de queda nocturno decretados por el presidente Noboa el pasado día 8 por un periodo de sesenta días para atajar la espiral de violencia. En ese último decreto, el Gobierno identificó al menos 22 grupos del crimen organizado y los ubicó como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.

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Megacárceles de Pastaza y Santa Elena contarán con sistemas inéditos en el país y triple seguridad perimetral

El Universo .– La fecha prevista de inicio de las obras aún se desconoce, pero ya existe rechazo, incomodidad y preocupación en grupos de la población de estas provincias. Dos cárceles con inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, sistema de tratamiento de aguas, construcción blindada y guardias sin rostros, aspectos inéditos en las actuales prisiones del país, se edificarán en las provincias de Pastaza y Santa Elena, según ha ofrecido el presidente Daniel Noboa. Tras la declaración del conflicto armado interno y la categorización de 22 bandas criminales del país como grupos terroristas y objetivos militares por ser neutralizados, Noboa presentó los diseños aprobados para la construcción de dos correccionales denominados “cárceles de alta seguridad”. Sin embargo, sus propuestas han generado incomodidad y preocupación en grupos de la población de estas provincias. “Hoy estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano, que ha estado durante décadas controlado por las mafias”, ha reiterado el mandatario en algunas ocasiones. Hasta ahora, el Gobierno no ha precisado el nombre de la empresa que realizará la construcción de la infraestructura de estas dos cárceles ni tampoco el presupuesto y la fecha prevista de inicio de las obras. Pero el mandatario ha mencioando que contará con el mismo equipo israelí que participó en El Salvador junto con su homólogo Nayib Bukele y que se tomarán como referencia los centros de ese país, Tailandia, Singapur y hasta México. La colocación de la primera piedra de la que se construirá en Pastaza se anunció para esta misma semana, pero dada la coyuntura parece haberse aplazado. Según el contenido difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, los centros penitenciarios tendrán la capacidad de custodiar a 736 privados de la libertad en tres módulos: de alta seguridad, de máxima seguridad y de supermáxima seguridad. El de alta seguridad tendrá 160 celdas y en cada una de ellas habrá cuatro reos. El de máxima seguridad tendrá 32 celdas y dos privados de la libertad por cada casilla. Finalmente, en el de supermáxima seguridad se ubicará a 32 prisioneros con un alto nivel de peligrosidad, uno por celda. Cada centro penitenciario contará con sistema de autogeneración eléctrica y sistema de tratamiento de aguas. Asimismo, tendrá las respectivas licencias y permisos ambientales para su funcionamiento. En esas dos cárceles, Noboa pretende recluir a los líderes de las bandas criminales para así recuperar el control del resto de cárceles, muchas de ellas dominadas internamente por estos grupos delincuenciales. Los planos de estas cárceles de alta seguridad muestran que el recinto tendrá cuatro torres de vigilancia que ofrecen visión panorámica del interior y exterior. Dentro del perímetro hay dos complejos: uno con lo que parecen ser dos pabellones separados el uno del otro por una zona de registro, mientras que en el otro sector se visualizan cuatro pabellones y cuatro canchas deportivas con cerramientos fortificados. Este último complejo también cuenta con un cuarto de control. Confeniae se opone en Pastaza Aunque el anuncio de la colocación de la primera piedra para lo que será la cárcel de Pastaza no se ha concretado aún, este ya cuenta con el rechazo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae). “Reiteramos nuestro rechazo a la construcción de una megacárcel de máxima seguridad en la provincia de Pastaza, que solo incrementará los índices de criminalidad e inseguridad en nuestros territorios, como ya lo han advertido la Asamblea Nacional del Ecuador y la CIDH. Los megacomplejos carcelarios están directamente relacionados con los mayores hechos de violencia en Ecuador”, ha dicho su presidente, José Esach Puenchir. La confederación critica que la salida a este problema “no se encuentra en el establecimiento de estados de excepción periódicos, ni la declaración de un conflicto armado interno o, peor aún, la creación de más cárceles, sin políticas reales de inclusión y rehabilitación social”. Preocupación en sector turístico de Santa Elena Mientras, en Santa Elena, informes de la Municipalidad de Salinas señalan que la ubicación para levantar la megacárcel sería la parroquia rural Simón Bolívar, conocida también como Julio Moreno. El alcalde Dennis Córdova dijo que la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de implementar cárceles en áreas rurales, fuera de la zona de influencia de grupos terroristas, es una medida adecuada que garantiza la seguridad y logística coordinada. “Construir estas instalaciones en localizaciones alejadas de áreas potencialmente conflictivas puede contribuir a reducir los riesgos de altercados o influencias negativas externas, lo cual es fundamental para mantener el orden y la seguridad tanto dentro como alrededor de estas instalaciones penitenciarias”, aseguró. “El hecho de que estas nuevas cárceles se ubiquen a solo treinta minutos de fuentes de abastecimiento es un aspecto positivo importante. Esta proximidad facilita el suministro constante y eficiente de bienes y servicios esenciales para el funcionamiento diario de las cárceles, como alimentos, suministros médicos y materiales de construcción y mantenimiento”, agrega Córdova. En cambio, el empresario hotelero y miembro de la Cámara de Turismo de Santa Elena y coordinador de seguridad de Ballenita, Douglas Dillon, cuestiona que el Gobierno nacional piense en construir un complejo carcelario en “una zona muy rica en el tema agrícola”, como es la parroquia rural Simón Bolívar. Menciona que es una ubicación privilegiada desde el punto de vista agrícola y cultural, pues Simón Bolívar está localizado “al pie” de la cordillera Chongón-Colonche, “lo cual lo hace muy fértil” porque es una zona donde hay plantaciones “tremendas” de todo tipo de uvas y banano. “Imagínense el impacto de una cárcel de alta seguridad. ¿Por qué no colocarla o agrandar las que ya existen (en Guayaquil)? Porque, quieran o no, ya tiene una afectación en el entorno. Esta parte es de mucha tendencia de naturaleza, de cultura; de hecho, últimamente se estaba desarrollando bastante el concepto de turismo de cultura a lo largo de

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Presidente Noboa quiere deportar a reclusos colombianos

No será tan sencillo deportar a los ciudadanos colombianos detenidos en cárceles ecuatorianas. En una entrevista radial, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que buscaría el mecanismo para que los cerca de 1.500 colombianos, que cumplen condenas en firme de al menos 5 años en nuestras prisiones, sean entregados a su país de origen. Incluso apuntó que, si es necesario, “los dejará en la zona de frontera”, pues le cuesta mucho al Estado mantenerlos. Según Noboa, el 90% de extranjeros que están en los recintos penitenciarios, son de origen colombiano, peruano y venezolano. El Ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, respondió estas declaraciones, y advirtió que, si Ecuador toma esa decisión, los reclusos que no tengan deudas con la justicia local quedarán en libertad. Y de hecho, podrían regresar a suelo ecuatoriano. “Si los expulsan, es de las cárceles, es decir, los están dejando en libertad”, anotó. Osuna también agregó que esperarán la decisión de Ecuador, para ver “si esas personas tienen que ser capturadas” en Colombia, es decir, si tienen deudas con la justicia de ese país. En Ecuador hay una sobrepoblación carcelaria, que se complica con los enfrentamientos entre bandas criminales, que han provocado masacres con un alto número de víctimas.

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Deportación de 1.500 presos extranjeros comenzará esta semana, anuncia el presidente Daniel Noboa

El Universo .- El mandatario anunció que comenzarán con ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos por ser de países más cercanos. El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles, 10 de enero, que desde esta semana comenzarán las deportaciones de 1.500 ciudadanos extranjeros que se encuentran cumpliendo condenas dentro de los centros penitenciarios del país. El mandatario anunció que comenzarán con los ciudadanos de Colombia, Venezuela y Perú, por ser los países más cercanos. Explicó que posteriormente seguirán con las deportaciones de extranjeros de países más lejanos. Noboa subrayó que estas deportaciones ayudarán a reducir el hacinamiento dentro de las cárceles y rechazó que actualmente se gaste más en la alimentación de estas personas privadas de la libertad (PPL) que en el desayuno escolar de los niños del país. Asimismo, explicó que en ciertas cárceles del país ya se están haciendo bloqueos de señal y del sistema eléctrico, pero explicó que es complicado realizarlo en todas las cárceles que están cerca de la parte urbana. Puso de ejemplo las cárceles de El Inca y la Penitenciaría del Litoral, que están dentro de las ciudades, y que al dejarlas sin señal de celular o cortar servicios estarían afectados los derechos de los ciudadanos que residen en estas zonas.

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SNAI interpuso denuncias por la fuga de ‘Fito’ y por guías penitenciarios retenidos

Primicias .- El SNAI informó que puso una denuncia tras la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito, para que se realicen las investigaciones. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes (SNAI) informó la noche del 8 de enero de 2024 que puso una denuncia luego de que se confirmó la fuga del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, del Centro de Privación de Libertad Zona 8 (Regional Guayas). La versión oficial apunta a que alias ‘Fito’, líder de la banda Los Choneros, huyó de su celda el domingo 7 de enero de 2024, horas antes de que intentaran trasladarlo a la vecina cárcel de máxima seguridad de La Roca. El SNAI también informó la noche del 8 de enero que interpuso denuncias “en contra de todas aquellas personas que pretenden, a través de amenazas y actos terroristas, interferir en la adecuada administración del Sistema de Rehabilitación Social”. Lo anterior, luego de que tras la fuga de alias ‘Fito’ se confirmó que guías penitenciarios fueron retenidos en varias prisiones del país: Machala, Loja, Cuenca, Riobamba, Latacunga y Ambato. Horas después, las Fuerzas Armadas realizaron operativos en todos los centros de rehabilitación a escala nacional. Según la Institución, los uniformados lograron recuperar el control de la cárcel Regional de Guayaquil, bastión del narcotraficante alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros. En los videos, compartidos por las fuerzas militares en redes sociales, se aprecia a los presos agrupados en un patio, adornado con murales de alias ‘Fito’ y del fallecido líder de Los Águilas, Junior Roldán, alias ‘JR’. 

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Circulan videos con guías retenidos en medio de reos que portan armas blancas

El Universo .- En los videos se ha leído el mismo mensaje dirigido al presidente Daniel Noboa y a Luis Zaldumbide López, director del SNAI. A la par de los disturbios que se han reportado en varias cárceles del país este lunes, 8 de enero, en redes sociales se han viralizado videos de los guardias retenidos. Los videos grabados en las cárceles guardan un mismo patrón: guías leyendo un mensaje y, detrás de ellos, reos encapuchados portando cuchillos y machetes. Los incidentes se han reportado esta mañana en las cárceles de Quito, Turi, Latacunga y Machala. En los videos se ha leído el mismo mensaje dirigido al presidente Daniel Noboa y a Luis Zaldumbide López, director del SNAI. Dentro del mensaje se pide que se recapacite en las decisiones y no se deje llevar por impulsos o falsas expectativas. “Estamos rogando que su accionar sea más cauto”, se dice en el mensaje que han leído los guías mientras reos sostienen cuchillos. El SNAI, ente encargado del manejo de las cárceles, no ha emitido pronunciamientos sobre los disturbios en las cárceles ni de los videos que han circulado.

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Operativo militar se cumple en la cárcel Regional tras desaparición de ‘Fito’

Primicias .- Cientos de militares y policías ingresaron la madrugada de este lunes a la cárcel Regional de Guayaquil. Aún se desconoce el paradero de alias ‘Fito’. Desde la madrugada del lunes 8 de enero, hay un gran movimiento en los exteriores de la cárcel Regional de Guayaquil, en donde guardaba prisión el cabecilla de Los Choneros, alias ‘Fito’, pero desde el domingo, las autoridades desconocen su ubicación. Cientos de militares y policías ingresaron con escaleras, acompañados de tanquetas, patrulleros y ambulancias. Las autoridades no han informado detalles sobre el operativo que se cumple este lunes y ocurre un día después de que el Gobierno reconoció que desconoce el paradero de José Adolfo Macías, alias ‘Fito’. Además, la Fiscalía abrió de oficio una investigación sobre su presunta “evasión” y practica las primeras diligencias. El domingo 7 de enero, unos 1.000 policías y militares ingresaron al pabellón de máxima seguridad de la cárcel Regional, con el objetivo de trasladar a ‘Fito’ al centro carcelario conocido como La Roca, ubicada en el mismo complejo penitenciario. Pero Fito no fue encontrado en su celda ni en las instalaciones del centro carcelario, confirmó César Zapata, comandante general de la Policía Nacional. Adolfo Macías ha estado en la cárcel Regional durante una década. En agosto de 2023, fue trasladado a La Roca, pero permaneció ahí solo un mes, pero en septiembre regresó al centro en el que ha mantenido un esquema de extorsión y tortura.

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Tener policías y militares activos y no en la cárcel por investigaciones en el uso de la fuerza, la razón de la pregunta 3 de la consulta

El Universo .- Según las cifras, entre el 2022 y 2023, 139 policías fueron procesados en casos relacionados con el uso legítimo de la fuerza. Hay voces a favor y en contra. Tener a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria activos y que puedan defenderse en libertad de ser procesados por la aplicación del uso legítimo de la fuerza mientras ejercen sus funciones. Ese sería el objetivo principal de la pregunta 3 del cuestionario de consulta popular que propone el presidente de la República, Daniel Noboa Azín. El proyecto de once preguntas de esta iniciativa está en análisis de la Corte Constitucional (CC), una vez que el jefe de Estado las envió -el 2 de enero- para que emita su dictamen de constitucionalidad, antes de convocar a los ecuatorianos a las urnas. De entre las once propuestas, la número 3 cuestiona al elector: ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 3? En dicho anexo, el Ejecutivo no describe el articulado con el que cambiaría el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para ejecutar esta idea. Al contrario, se menciona que el presidente de la República, en un plazo máximo de cinco días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá un proyecto de ley reformatorio al COIP a la Asamblea Nacional, para que esta en un plazo máximo de 60 días debata y apruebe la reforma legal, conforme el trámite previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entre las motivaciones para elevar esta interrogante al electorado, se expone que entre el 2022 y 2023 se registraron 139 casos en los que policías han sido investigados y procesados por las autoridades, por el uso legítimo de la fuerza en operativos contra la delincuencia. A lo que se suma que estadísticas de la Inspectoría General de la Policía Nacional refieren que en el 2022, 30 policías fallecieron como consecuencia del combate directo al delito y, en el 2023, fueron 47. En funciones de prevención y combate al delito, en el 2022 hubo 215 casos de tentativa de homicidios/asesinatos y otros 300 en el 2023. En tanto, según la evidencia recabada, en el uso legítimo de la fuerza por parte de servidores policiales fallecieron 49 personas en el 2022 y 90 hasta el 22 de diciembre de 2023. A criterio del constitucionalista Jorge Chalco, lo que se plantea en esta pregunta ya existe en la legislación nacional. «El presidente no tuvo la diligencia necesaria para observarlo. El artículo 54 de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, expresamente, dispone que cuando se investigue por el cumplimiento de su deber a la fuerza pública en procesos penales, estos no deben ser privados de su libertad y se preferirán medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Ya existe la disposición normativa, no hay que burlarse del país», lamentó. En su opinión, la iniciativa «no goza de carga de lealtad y claridad que exige la Corte Constitucional, además no hay ninguna utilidad jurídica real». Para la constitucionalista y catedrática Verónica Hernández, el Gobierno intentaría que el dictar medidas alternativas a la prisión preventiva no sea optativa para los jueces que conozcan estos casos, sino mandatoria. «Se reconoce que la legislación actual ‘orienta’ a los jueces a dictar medidas alternativas a la prisión, pero no los ‘obliga’ a dictar dichas medidas. El objetivo no es la impunidad, sino no perder a ese agente del grupo de las fuerzas del orden y que se defiendan en libertad», reflexionó Hernández. Añadió que el uso de medidas alternativas a la prisión está reconocida en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y aquello «no debería sorprendernos. El asunto está en dar razones por las que esté justificada esa diferenciación», dijo. «¿Por qué debe ser obligatorio para los miembros de las fuerzas del orden y no para otros funcionarios? La razón que da el presidente es para no perder al agente y que este deje de ejercer sus funciones. ¿Podría considerarse discriminatoria esta medida? Y si es así, ¿está justificada? Esto lo podríamos ver en el análisis que realice la CC en su dictamen», comentó la catedrática. El régimen argumenta la necesidad de contar con una «norma expresa» que permita a los cuerpos de seguridad que cuando sean investigados o procesados por el uso legítimo de la fuerza en el ejercicio de sus funciones, puedan defenderse en libertad y continuar cumpliendo con su rol y tareas inherentes a las funciones que desempeñan. En noviembre del 2022, en el sector de la María Piedad, en el centro del cantón Durán, dos miembros de la Policía Nacional fueron asesinados. Los gendarmes se encontraban a bordo de una camioneta de la institución cuando fueron sorprendidos. Fotos: César Muñoz/API Foto: API La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) cuestionó el plebiscito enviado por Noboa calificándolo de «populista y demagógico» que «en nada aportará a los problemas del país», entre ellos, la seguridad. Además, hizo un llamado a la Corte Constitucional para que no dé paso a la consulta por su «intrascendencia, inconstitucionalidad y discriminación». Sobre la pregunta 3, Inredh indicó que el texto envía un «mensaje equivocado a las fuerzas del orden: una promesa de impunidad ante los abusos al uso progresivo de la fuerza. Otras medidas que sí deben tomarse para proteger a la ciudadanía y prevenir la incidencia de procesos de investigación incluyen la suspensión provisional de funciones de la persona investigada una vez que se le han formulado cargos». Inredh apuntó en un comunicado que se debe garantizar la independencia de los procesos y evitar la presión sobre el sistema judicial. Por su parte, Hernández ahondó que, si bien es cierto estas reformas se pueden debatir en el Legislativo, «no es menos cierto que el grado de

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Las cárceles prometidas por el presidente estarán listas en 10 meses

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que el próximo jueves 11 de enero, comenzará la construcción de las nuevas cárceles de máxima seguridad. En una entrevista concedida a Radio Sucre, Noboa dio a conocer que las prisiones estarán terminadas en un plazo de 10 meses, como parte del llamado “Plan Fénix”. El mandatario reveló que las cárceles estarán situadas en las provincias de Pastaza y Santa Elena, si bien no dio detalles de su ubicación exacta, por razones de seguridad. Según Noboa, el objetivo es que los centros de rehabilitación “estén en las zonas de menor influencia de los grupos narcoterroristas”. Además, el mandatario recordó que las cárceles tendrán similitud a las de México y el Salvador, pues serán construidos por la misma compañía que usaron los gobiernos de dichos países. “Para todos los Bukelelovers, es una cárcel igualita. Si quieren ir, pasear, conocerla, quedarse una noche, comentan un crimen”, indicó Noboa, en referencia al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. Traslado de presos En otro ámbito, el presidente anunció el traslado de 3 cabecillas de la banda criminal “Los Lobos”, a la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como “La Roca”. Este cambio se debe a la denuncia de la fiscal general, Diana Salazar, sobre un plan para atentar contra su vida, y del cual responsabiliza a Fabricio Colón Pico, alias “Capitán Pico”, delincuente vinculado con dicha organización. Paralelamente, Noboa informó que ha dispuesto reforzar la seguridad policial y militar de la fiscal Salazar, así como de su entorno familiar cercano.

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Peritos en perfilación criminal descifran 4 mensajes ocultos en la carta que recibió Daniel Noboa: ‘Conversar con grupos delictivos sería el peor error que el presidente pudiera cometer’, ‘Cómo pedirle a Satanás que deje de ser el diablo’, advierten

El Universo .- Uno de los tres especialistas consultados por este Diario elaboró el perfil criminal del cabecilla de una organización delictiva y de un expresidente. Un perfilador criminal se especializa en la conducta de un psicópata y es el profesional que mejor conoce las estrategias para la prevención de un crimen. Ha pasado años estudiando los hábitos de un delincuente, su modus operandi, la sociedad en la que se mueve y hasta los factores biológicos que marcan su comportamiento. Tres peritos en perfilación criminal en Ecuador, que incluyen en su hoja de vida los peritajes que hicieron a la conducta de un expresidente y también a la del líder de una agrupación delictiva, coinciden en que el Gobierno no debe dialogar con organizaciones criminales. Una de ellas, que se autodenomina Grupo Delictivo Organizado (GDO) Los Lobos, le envió una carta al presidente de la República, Daniel Noboa, en la que le señala su deseo de “iniciar un acercamiento con su gobierno”, colaborar “con la seguridad que el país necesita” y hasta entregar “información relevante que permita desmantelar la delincuencia”. Con delincuentes no hay que negociar absolutamente nada. Cuando uno cae en el juego de esas negociaciones lo que hace es legitimarlos, Los Lobos no son otra cosa que un grupo de delincuentes que a través del horror mantienen en vilo a la sociedad, si esta sociedad acepta un tratado de paz, lo único que va a hacer es que esta paz nunca va a existir Alexandra Mantilla, perita en perfilación criminal Con ella coincide el también perfilador Danilo Ruiz: “No se puede conversar con estas células narcodelictivas porque son un cáncer, no se puede firmar la paz con una enfermedad, o la eliminas, o ella lo mata a usted”. Un tercer perito, que prefirió la reserva de su nombre, agregó que “sentarse a conversar con ellos sería como desconocer sus actuaciones al margen de la ley”. Los tres expertos descifran la carta enviada por la agrupación criminal y mencionan al menos cuatro mensajes ocultos en su comunicación, entre ellos -por ejemplo- ‘pintar un escenario catastrófico’ cuando mencionan la situación actual, ‘una ola de violencia apocalíptica jamás antes vista en Ecuador’, para más tarde retratarse como los ‘salvadores’ que prometen ‘armonía’ y ‘un nuevo amanecer’. Utilizan un lenguaje pasivo-agresivo, presentan una catástrofe y luego citan las leyes de la República para decir que es responsabilidad del Estado garantizarles esto y aquello, entonces le dicen al Gobierno ‘yo sé que no tienes recursos, déjame operar a mí, no te cobro nada, pero simplemente no me molestes’ Danilo Ruiz, criminólogo acreditado por el Consejo de la Judicatura Un segundo mensaje que detectaron los peritos entre líneas de la carta fue la intención de este grupo delictivo de obtener personería jurídica para legitimar sus actividades. “¿Qué demuestra la estructura de esta carta?, que son personas preparadas, que conocen de leyes y que solicitan una participación activa para, entre comillas, ayudar a recuperar la seguridad”, comentó Ruiz, quien se ha desempeñado como instructor en la escuela de especialización y perfeccionamiento de oficiales de la Policía Nacional. Otorgarles legalidad sería también un error, dice la experta Mantilla, al analizar el caso de la agrupación Latin King, a la que se le concedió personería jurídica hace más de una década. “Lo que pasó con los Latin King es la confirmación de lo que puede suceder si te sientas a negociar con delincuentes, estos delincuentes pueden llegar hasta funciones públicas. Los Latin King, lejos de desaparecer, existen fuera de las cárceles y dentro de las cárceles, no es que se le hizo un favor a la sociedad sino a ellos como GDO, en la Penitenciaría hay dos pabellones que están con los Latin King”, comenta la especialista. “Ellos buscan repetir esa historia”, añade Ruiz y cuenta, por ejemplo, que ha recibido denuncias en Santo Domingo, donde organizaciones delictivas presentan oficios a los comerciantes para solicitar como supuesta ‘colaboración’ 500 fundas de caramelos para sus agasajos navideños. “En Quito hay células de los Latin King, se esconden detrás de su personería jurídica para legalmente delinquir, eso se les permitió con la personería jurídica. Los otros grupos quieren llegar a este mismo consenso para delinquir abiertamente, no desde los asesinatos y los secuestros, pero sí desde las extorsiones, desde el tema del lavado mismo. Los Latin King no cambiaron su forma de vida, no, no se convirtieron en un grupo social, siguen siendo GDO, solo que tienen ventaja sobre los otros grupos delictivos porque tienen representante en la Asamblea, tienen fortaleza en grupos y sectores de la política (…). La pregunta es ¿queremos lo mismo para todos los GDO? No”. La misiva fue escrita por profesionales y contiene un tercer mensaje oculto: ‘Intereses políticos’. “Esta carta tiene un tinte muy político, se nota que quien lo escribió es un abogado, en las bandas hay abogados, no es de sorprenderse; los intereses políticos están ocultos detrás de estas supuestas intenciones de paz. Si realmente buscaran la paz, lo primero que tendrían que hacer sería deshacerse de ese estigma que conlleva que se les identifique con el alias (GDO Lobos). Seamos claros, un GDO es un grupo delictivo organizado, no es un grupo de duendes, no. Partiendo de ahí, ellos no están dispuestos a renunciar, no existe tal intención de la famosa paz. En el momento en que ellos dicen que son GDO no quieren dejar de ser un grupo delictivo y con esos grupos no se debe jamás negociar, y tampoco entrar en conversaciones, sería el peor error que el presidente pudiera cometer y, creo yo, por las declaraciones que ha dado, no lo va a hacer”, analiza Mantilla, quien realizó la perfilación criminal del expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos y también hizo el perfil del cabecilla de Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito. Para hacer este último peritaje, Mantilla pasó días enteros, incluso noches, en algunas cárceles del país. “Desde mi conocimiento, esta carta es una mezcla de un líder que está en la cárcel Regional con varios que están en la Penitenciaría, con

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Hasta el viernes permanecerá intervenida la Penitenciaría del Litoral tras últimos incidentes

El Universo .- Personal militar y policial ingresó al centro penitenciario. Tras los incidentes entre grupos de delincuencia organizada entre el lunes y martes, la mañana de este 8 de noviembre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional anunciaron una intervención en la Penitenciaría del Litoral. El mandatario Guillermo Lasso dio a conocer que la acción se dio en coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Lasso señaló que en la intervención se realizó el registro de control de armas, municiones, explosivos y objetos prohibidos en el interior del centro. “Vamos a seguir con estos controles hasta el último día de gobierno como un mecanismo de enfrentar la corrupción del sistema y desarmar a las organizaciones criminales que operan dentro de los centros. El Estado tiene que mantenerse firme en su objetivo de controlar la violencia en las cárceles y en las calles”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), donde adjuntó fotografías del operativo y videos. Al menos 1.700 policías y militares ingresaron antes de las 06:00 de este miércoles a la Penitenciaría del Litoral para hacer un operativo de control en los pabellones 5 y 6.   En los últimos incidentes al menos dos privados de libertad habían sido heridos. La población ubicada en sectores aledaños al centro penitenciario dio a conocer que se escucharon en los últimos días las ráfagas de disparos. Sin embargo, un reporte del Ministerio del Interior se conoció que desde el lunes al menos 14 presos resultaron heridos en los enfrentamientos y que uno falleció. El occiso aún no era identificado hasta la noche del martes 7. Su cuerpo permanece en la morgue, donde ya se hizo la autopsia. También se indicó que al menos hasta el viernes permanecía intervenida la cárcel, donde están unos 7.800 privado de libertad. En lo que va del 2023 al menos 75 presos han muerto en los centros de rehabilitación del país. Según datos oficiales del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), 31 reos murieron por causas naturales, 27 por violencia intracarcelaria, 14 se habrían suicidado y 3 fallecieron en medio de accidentes. En 2022 fueron en total 319 ppl fallecidos, 144 de ellos por enfrentamientos entre bandas.

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Crisis carcelaria: presos vuelven a los techos de la cárcel de Turi

Primicias .- Varios guías penitenciarios y funcionarios siguen retenidos en la cárcel de Turi, en Cuenca, pero también hay desmanes en otros penales de Ecuador, confirmó el SNAI. Nuevos disturbios, la retención de guías penitenciarios y de funcionarios, y hasta amenazas de huelgas de hambre se registran en varias cárceles de Ecuador, la tarde de este 1 de noviembre. Uno de los penales involucrados en los desmanes es el de Turi en Cuenca (Azuay), donde desde la tarde del miércoles hay varios guías retenidos por los reos. Además, otros privados de libertad salieron a los techos de esta cárcel, como ha ocurrido en disturbios anteriores. Al momento, la Policía espera la llegada de agentes especializados del GOE desde Guayaquil, para intervenir el centro de rehabilitación. El Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) confirmó a través de un comunicado que en “algunos centros se generaron incidentes, debido a amenazas de un grupo de delincuencia organizada contra autoridades y funcionarios”. Pero no se menciona con exactitud los nombres de las cárceles inmersas en los disturbios, ni las provincias donde se encuentran. El objetivo de la revuelta es presionar por el traslado de presos ligados a un grupo criminal a otros penales. Sobre el pedido de los presos, el SNAI señaló que se trata de una “intimidación y chantaje al Estado ecuatoriano”. Debido a ello, la autoridad penitenciaria ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía. Además de la retención de los guías, internos de otros penales han amenazado con huelgas de hambre. Las prisiones del país son una de las causas de la crisis de inseguridad, al estar controladas internamente por las bandas criminales. No es la primera que los reos mantienen a funcionarios como rehenes, la última vez fue en agosto de 2023 en la cárcel de Turi. Y en abril pasado, integrantes de Los Lobos retuvieron a guías penitenciarios en Cotopaxi, como una medida de presión para exigir el traslado de sus cabecillas desde la cárcel en La Roca, en Guayaquil, a Latacunga.

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Sospechoso de haber coordinado el crimen de Fernando Villavicencio interpuso un ‘habeas corpus’ para cambiar de prisión

El Universo .- Para el SNAI se trata de un nuevo abuso de los instrumentos constitucionales. Es la segunda vez que el procesado busca ser trasladado por esa vía. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) alertó que el detenido Carlos A., procesado por el crimen del excandidato presidencialFernando Villavicencio, interpuso por segunda ocasión un recurso de habeas corpus con el que intenta ser trasladado a otra prisión. Según un comunicado del SNAI, el procesado “es uno de los principales implicados en el caso” que investiga el asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto, en Quito. La entidad comentó, sin brindar mayores detalles, que el procesado quiere cambiar de cárcel por intereses personales. El pasado 13 de septiembre Carlos A. presentó por primera vez un habeas corpus, pero fue rechazado una semana después, el 22 de septiembre, por la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito. No obstante, insistió y presentó un nuevo recurso el viernes 13 de octubre “aduciendo hechos y pretensiones similares” al primer habeas corpus. La audiencia está prevista para el miércoles 17 de octubre. Para el SNAI, se trata de “un nuevo abuso y desnaturalización de la acción constitucional de habeas corpus”. “A través de estas acciones, la persona privada de la libertad busca ser trasladado a un Centro de Privación de Libertad conforme a sus intereses personales, hecho que, bajo ningún concepto tiene cabida a través de garantías constitucionales”, señaló la institución e hizo un exhorto a la Función Judicial a actuar en derecho y “precautelar la seguridad nacional”.   De acuerdo con las investigaciones del caso, Carlos A. se encontraba en la cárcel de El Inca, en norte de Quito, cuando ocurrió el homicidio. El habría coordinado el crimen desde aquella prisión, mediante llamadas y mensajes desde su teléfono celular. El procesado sería integrante del grupo delictivo Los Lobos, que domina la cárcel. En ese centro de rehabilitación fue detenido, como parte de las indagaciones del magnicidio, durante un operativo efectuado entre la noche del jueves 7 de septiembre y la mañana del viernes 8 de septiembre. En aquella intervención de la Fiscalía y Policía también fueron aprehendidos Laura C., Erick R. y Víctor F. El pasado 6 y 7 de octubre fueron asesinados siete de los catorce detenidos por el crimen de Villavicencio (6 en la Penitenciaría del Litoral y 1 en El Inca). Los fallecidos respondían a los nombres de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. (murieron en la Penitenciaría del Litoral) y José M., (en El Inca).

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Estado de excepción por 30 días en las cárceles logra aval de la Corte

Primicias .- La Corte Constitucional aprobó el decreto del Presidente Guillermo Lasso para renovar por 30 días más el estado de excepción por grave conmoción interna en las cárceles de Ecuador. Se trata de un decreto que fue firmado el 21 de septiembre, pero que debía esperar la aprobación de la Corte. El estado de excepción está vigente desde el 24 de julio de 2023 y se prolongará hasta la tercera semana de octubre. Estas decisiones se dan en un contexto de nuevos hechos de violencia. Entre el 6 y el 7 de octubre de 2023, fueron asesinados siete privados de la libertad, todos colombianos e investigados por la muerte de Villavivencio. El Decreto 878 dice que “esta renovación se fundamenta en la persistencia de los hechos que ocasionaron la declaratoria original, al mantenerse en riesgo la seguridad, integridad y vida de las personas privadas de la libertad, personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y policías y militares”. Tras el aval de la Corte, el decreto podrá ser enviado para su publicación en el Registro Oficial. Entre otras razones, el Ejecutivo argumenta que la ampliación del estado de excepción es necesario porque persiste la inseguridad en las cárceles y la presencia de bandas criminales. Con ello, el Ejecutivo notificó “la suspensión del ejercicio de los derechos a la libertad de reunión e inviolabilidad de correspondencia” en las cárceles del país.

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Guillermo Lasso convoca al Gabinete de Seguridad tras crímenes en la Penitenciaria

El Universo .- “Tras la información de los seis crímenes ocurridos en el Centro de Privación de Libertad No. 1, en Guayaquil, he dispuesto sesionar, de inmediato, al Gabinete de Seguridad”, anunció el presidente Guillermo Lasso, la noche del viernes. Debido a los acontecimientos, el mandatario suspendió el viaje que tenía previsto a Estados Unidos e informó regresará a Ecuador en las próximas horas, para atender la emergencia. “Ni complicidad ni encubrimiento, aquí se conocerá la verdad”, expresó Lasso en redes sociales. Según información preliminar, los incidentes en la cárcel, ubicada en la vía a Daule, iniciaron alrededor de las 16:00. Se presume que varios de los reos fallecidos estarían relacionados con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio quien fue acribillado por sicarios el 8 de agosto, en Quito. No obstante, hasta el momento la información no ha sido confirmada o desmentida por las autoridades. Según la plataforma de derechos humanos SOS Cárceles, los internos que perdieron la vida habían solicitado días atrás a la Fiscalía y al SNAI el traslado a otra cárcel.

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