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Fernando Villavicencio analiza sus planes para combatir mafias políticas

Combatir las mafias políticas será la prioridad de Fernando Villavicencio, en caso de llegar al poder. En diálogo con “Punto de Orden”, el candidato presidencial, que participará por las listas 25 del movimiento “Construye”, analizó algunos de sus planes de gobierno. Su mayor interés, dijo, será conseguir un Ecuador seguro. Una “mesa servida” para que el siguiente régimen, en el 2025, pueda trabajar en mejores condiciones. Para ello apelará a un trabajo radical de Policía y Fuerzas Armadas, de forma técnica, y sin “Rambos de Play Station”. El objetivo será cortar la cabeza, y no la cola, de esas mafias. En especial de la política, ante lo cual “no le temblará la mano”. Villavicencio dijo respetar la gestión del actual presidente Lasso, pero lo calificó de “paniaguado”, ya que no tuvo la suficiente energía para enfrentar el problema. El aspirante advirtió que será una batalla transnacional, ya que detrás de las aparentes mafias nacionales hay, en realidad, carteles mexicanos de la droga. De ahí la necesidad de buscar el apoyo de Estados Unidos y Europa, lo que será uno de los primeros puntos de su gestión. En este marco, dijo que dispondrá a las Fuerzas Armadas un control estricto en fronteras y carreteras, y en los 10 puertos del país. En especial el de Guayaquil, de donde sale el 85% de la cocaína incautada en el exterior. Para ello impulsará en la futura Asamblea Nacional, una Ley de Inteligencia, que permitirá fortalecer la lucha contra las mafias. Sin pactos Villavicencio advirtió que, de llegar a Carondelet, combatirá los actos de corrupción cometidos por el correísmo. También dejó en claro que bajo ningún concepto pactará con esa tendencia, como sí hizo el presidente Lasso, por ejemplo, en el trámite de la primera reforma tributaria. Las abstenciones, que tanto necesitaba, a cambio de dejar pasar el habeas corpus para la liberación del ex vicepresidente Jorge Glas. Villavicencio afirmó saber dónde están los dineros robados por los líderes correístas, y de muchos otros actuales o anteriores ministros, jueces, fiscales y autoridades. De ahí la necesidad de insistir en la Ley de Extinción de Dominio, y en el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que se convertirá en un motor de investigación de operaciones financieras inusuales, y que permitirá detectar el origen de las riquezas mal habidas. Fiscalizar a CNE Villavicencio también prometió fiscalizar la gestión del Consejo Nacional Electoral, muy cuestionado por varias irregularidades detectadas en los últimos procesos democráticos. En su opinión, las Fuerzas Armadas, en las cuales tiene total confianza, deben encargarse del escaneo y traslado de las actas, a fin de garantizar que no existan anomalías. Tabla de drogas Asimismo, el candidato presidencial, si gana los comicios, ofrece eliminar de inmediato la llamada “tabla de drogas”, supuestamente creada para que los adictos no sean detenidos por portar pequeñas cantidades de uso personal. Para Villavicencio, esa “tabla” es una puerta abierta al microtráfico, y se puede eliminar con un simple decreto. En su lugar, promete construir un registro de consumidores, que recibirán atención inmediata del Estado. Iza no representa a indígenas Finalmente, Villavicencio explicó que Nicolás Iza, presidente de la Conaie, desistió de participar en las elecciones de agosto, al darse cuenta de la escasa aceptación que tiene. A su juicio, no se lanzó para no verse descubierto, ya que vive del miedo, y no es realmente un demócrata. Además, desistió de su candidatura, dijo, para “darle una manito a su pana Rafael Correa”, pues le habría quitado unos pocos votos. Villavicencio anotó que mantiene una estrecha amistad con las verdaderas bases del movimiento indígena. No con Iza, que no responde a ellas, sino solo a sus intereses.

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Pachakutik, pugnas entre líderes indígenas fraccionan el movimiento

Primicias .- Pese a las victorias electorales que ha capitalizado Pachakutik desde el paro de 2019, el movimiento indígena está dividido por las desafecciones entre sus líderes. Las pugnas internas del movimiento indígena le pasan factura a su brazo político, Pachakutik. Después de dos procesos electorales exitosos (2021 y 2023), ahora la lista 18 podría no tener candidatos que presentar en las elecciones extraordinarias de agosto.   Pachakutik sufre su división más profunda a manos de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y Marlon Santi, actual coordinador nacional del partido. Ambas facciones se disputan el control legal del partido y los roces escalaron hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).   Santi quería que le sucediera su subcoordinadora, Cecilia Velasque; mientras que Iza auspiciaba a Guillermo Churuchumbi, quien fue alcalde de Cayambe y candidato a la Prefectura de Pichincha.   Tras unas polémicas elecciones internas, Churuchumbi se declaró vencedor y pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo registre como tal. Pero la facción de Santi denunció que las elecciones fueron canceladas por falta de garantías.   Es por ello que ahora -aunque Santi insista en que sigue siendo el coordinador nacional mientras se resuelven los recursos- las primarias de Pachakutik, para elegir a sus candidatos a la Presidencia y la Asamblea, están en pausa indefinida.   Mientras tanto, Iza aceptó y declinó la candidatura presidencial planteada por la Conaie, por una supuesta falta de garantías en las primarias. El otro precandidato era el exlegislador Salvador Quishpe.   Pero, según Jessica Castillo, parte del tribunal electoral de Pachakutik, ninguno de los dos cumplió con los requisitos internos para ser el candidato.   Además, están los cortos plazos para estas elecciones extraordinarias, que podrían ser determinantes en que la lista 18 no alcance a inscribir candidatos a ninguna dignidad.   El éxito social trajo la división política El capital político de la Conaie y, por ende, de Pachakutik creció drásticamente después del paro nacional de octubre de 2019. Cuatro meses después, Yaku Pérez alcanzó el 19,39% en las presidenciales y casi se cuela en la segunda vuelta. Guillermo Lasso lo superó apenas por un 0,35% de votos.   Previamente, Pachakutik solo había participado en 2006 con un candidato propio, Luis Macas, quien apenas obtuvo el 2,19%. Y durante 15 años la lista 18 solamente participó en alianzas con otros partidos, impulsando a candidatos que no salían de sus filas.     Pero, a la vez que el paro de 2019 impulsó al movimiento indígena y le sumó miles de simpatizantes, especialmente entre los nuevos electores, también empezó a abrir brechas entre sus dirigentes.   Por ejemplo, la carrera electoral de 2021 acabó con la dirigencia de Jaime Vargas, quien decidió apoyar al correísmo en la segunda vuelta.   Después, el mismo Yaku Pérez abandonó la agrupación. Se desafiló de Pachakutik porque la coordinación nacional decidió respaldar a Lasso. Pérez está creando su propia organización y ahora será el candidato presidencial de Democracia Sí, el Partido Socialista y Unidad Popular.   Pero ese apoyo inicial a Lasso rindió frutos para la lista 18 en la Asamblea Nacional. Con el respaldo de Creo, Pachakutik se hizo de la presidencia del Legislativo. Sin embargo, el cargo le duró poco a Guadalupe Llori. Además, los escándalos alrededor de los miembros de la bancada le fueron costando figuras y capital político al partido. Las acusaciones fueron desde corrupción, tráfico de influencias, violencia intrafamiliar y hasta violación.   Las denuncias llegaron incluso hasta la coordinación nacional, cuando en los días previos a la muerte cruzada se acusó a la subcoordinadora, Cecilia Velasque que buscar prebendas. Algo que ella negó.   Los últimos resultados de Pachakutik El paro de junio de 2022 también dio un impulso electoral a la Conaie y Pachakutik y los resultados de las seccionales ubicaron al movimiento indígena como la segunda fuerza política del país. Pero, así mismo, las diferencias internas se ahondaron.   Pachakutik obtuvo 18 alcaldías y cinco prefecturas sin alianzas. Y otras ocho alcaldías y una prefectura en alianzas con varias organizaciones políticas.   En total, en febrero de 2023, la lista 18 consiguió 388.875 votos a escala nacional.

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11 exasambleístas, sin respaldo de Pachakutik para elecciones anticipadas

El Comercio .- Al menos 13 resoluciones se tomaron en el Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Entre ellas destaca que 11 exasambleístas ya no contarán con el respaldo de Pachakutik. No podrán volver a ocupar una dignidad en la Asamblea Nacional ni en ninguna otra dignidad de elección popular del movimiento indígena Pachakutik (PK).   Se trata de los exlegisladores cesados: Gissela Molina, Mario Ruiz, Édgar Quezada, Ricardo Vanegas, Guadalupe Llori, Rafael Lucero. En la lista también están Jessica Castillo, Cristian Yucailla, Rosa Cerda, Efrén Calapucha y Solfía Sánchez.   La principal razón de haberles quitado la representación es por el supuesto apoyo que dieron al gobierno del presidente Guillermo Lasso.   Candidatos nuevos para elecciones anticipadas Los candidatos a la Legislatura, según lo acordado en el Consejo Ampliado, deben ser cuadros nuevos que permitan retomar el proyecto político colectivo.   Las organizaciones que lucharon en los levantamientos del 2019 y 2022 deben integrar las listas de candidatos nacionales y provinciales para la Asamblea Nacional.   Estos organismos son: FEINE, Fenocin, Conaie, Yasunidos, sindicatos, feministas, ecologistas, víctimas de los paros nacionales y otras estructuras.   Apoyo a exasambleístas afines En la reunión de la Conaie también se resolvió apoyar la reelección para las elecciones anticipadas del 20 de agosto del 2023 de los exlegisladores que «respetaron las resoluciones colectivas de las estructuras de base».   Nueve de los 23 exasambleístas de este bloque apoyaron la destitución del presidente Guillermo Lasso. Entre ellos estaban: Darwin Pereira, Dina Farinango, Salvador Quishpe, Fernando Cabascango.   También estuvo Pilar Llano, asambleísta alterna de Peter Calo, quien enfrenta un proceso por el presunto delito de violación a una joven de 19 años.   Hasta ayer, 27 de mayo del 2023, al Consejo Nacional Electoral (CNE) llegó una solicitud de PK de Esmeraldas para primarias.

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Conaie desmiente acercamientos con movimientos o partidos

Primicias .- La Conaie se pronunció después de que la presidenta nacional de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, dijera que existen diálogos ‘no oficiales’. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) sostiene que “no ha mantenido ningún acercamiento, ni diálogo, con ningún movimiento o partido político”. Agrega que cualquier anuncio sobre las elecciones extraordinarias, convocadas después de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada, “se hará respetando los espacios de decisión colectiva y de manera pública”. Emitió esas declaraciones en un comunicado publicado la tarde del 23 de mayo de 2023. La Conaie se pronunció después de que la presidenta nacional de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, dijera que existen diálogos ‘no oficiales’ con la organización, de cara a las elecciones presidenciales de agosto. Aguiñaga, dijo la mañana del 23 de mayo, que el correísmo está conversando con otras organizaciones, incluyendo la agrupación indígena. “Entiendo que hay algún tipo de acercamiento, nada oficial aún”, dijo Aguiñaga, agregando que aún no tienen un candidato presidencial definido.

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Conaie convoca a reunión, luego de muerte cruzada de Guillermo Lasso

El Comercio .– La mañana de este miércoles, 17 de mayo de 2023, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso firmó el decreto 741 con el que activó la muerte cruzada y disuelve la Asamblea Nacional. El Mandatario señaló que la activación de la muerte cruzada se basa en la grave crisis política y conmoción interna. Ante este anuncio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) reaccionó y publicó en Twitter que se convocará a un consejo ampliado extraordinario para analizar la situación actual. “Frente a la grave situación política del país y un escenario de dictadura de Guillermo Lasso, llamamos a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional, se convocará en las próximas horas a un consejo ampliado extraordinario para el análisis y la toma de decisiones colectivas”. Más reacciones tras la activación de la muerte cruzada El asambleísta Fernando Villavicencio, por ejemplo, aplaudió la decisión de Lasso. Publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Hoy es un día de fiesta nacional, el presidente Guillermo Lasso finalmente escuchó la voz del pueblo. La Asamblea Nacional más corrupta e impopular de la historia se va al estercolero. ¡Viva la Patria!”. Mario Ruz de Pachakutik también reaccionó ante el decreto 741 firmado por el presidente Guillermo Lasso y señaló que es un acto «inconstitucional». «Un inconstitucional decreto de muerte cruzada solo pone en evidencia el pacto de Guillermo Lasso con el correísmo que siempre lo denunciamos. La Corte Constitucional deberá poner orden y hacer respetar los pesos y contrapesos que debe existir en todo Estado democrático», señala. La asambleísta del correísmo, Gissela Garzón, comentó que «La muerte cruzada es el reconocimiento de la existencia de un gobierno caído. Desde la consulta, la ciudadanía le viene diciendo no al presidente».

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Conaie pide al CNE inscribir a Guillermo Churuchumbi como coordinador de Pachakutik

El Comercio .- Representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) acudieron este viernes 5 de mayo de 2023 al Consejo Nacional Electoral (CNE). Pidieron que Guillermo Churuchumbi sea inscrito legalmente como nuevo coordinador de Pachakutik (PK).   Churuchumbi, acompañado por integrantes de la lista A, llegó hasta la matriz del CNE en Quito. Allí la procuradora legal de PK ingresó un oficio con anexos sobre la elección, dirigido a la presidente Diana Atamaint. “En tal virtud, solicitamos se proceda con la inscripción, registro y proclamación de la lista A como legal y legítima ganadora de este proceso electoral”, dijo el virtual coordinador durante una rueda de prensa, al interior del CNE. La Conaie reacciona con esa diligencia una vez que la noche del 4 de mayo en las redes sociales de PK se difundió una resolución que dispone convocar a nuevas elecciones, en un plazo de 10 días. PK aún es dirigido por Marlon Santi como coordinador nacional saliente. La procuradora legal de la lista A explicó que esa resolución del Tribunal Nacional Electoral de Pachakutik tiene fecha del 3 de mayo, pero fue presentada el 4 de mayo y no contiene la firma del presidente del Tribunal, Marcelo Tipán. Argumentos de la Lista A Este 5 de mayo, a las 08:34, Tipán ingresó al CNE el acta del Congreso Nacional de Elección de la Coordinación donde proclama como ganadora a la lista A y la convocatoria para elección para la nueva coordinación ejecutada ese día. La impugnación presentada por una candidata de la Lista B fue rechazada por el mismo Tipán el 2 de mayo, según Churuchumbi. Por eso, aseguró que la resolución es extemporánea y genera la nulidad de la impugnación. Tanto la procuradora como el coordinador electo argumentaron que no se cumplió con el Reglamento de Elecciones de PK. Una impugnación debe ser resuelta en máximo cuatro días luego de la elección, reiteró Churuchumbi. El proceso se desarrolló el 29 de abril. El dirigente espera la respuesta del CNE para posesionarse en los próximos días. Conaie cuestiona nueva elección Para la Conaie no hay razón para llevar a cabo nuevas elecciones. Además, destaca que el CNE emitió un informe favorable al proceso electoral del 29 de abril. Según dijo la Confederación, el Consejo concluyó que culminó con normalidad, en orden y se desarrolló sin objeciones hasta el cierre del proceso eleccionario y proclamación de los resultados. Ese día en redes sociales circularon videos de conflicto en Puyo. En ese sentido, la organización indígena se mantiene en que Churuchumbi es el nuevo coordinador de PK 2023-2026. Churuchumbi le apuesta a una “renovación” de PK mediante el trabajo desde territorios, a nivel internacional, con procesos democráticos. Ante la pregunta de si con su coordinación, PK pasaría a manos de la Revolución Ciudadana, Churuchumbi lo negó. “Pachakutik tiene su propio camino, su propio proyecto y es un movimiento que lucha contra el modelo neoliberal”, aseguró.

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María Paula Romo: «el correísmo es pernicioso para el país»

La ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, considera difícil que el presidente Guillermo Lasso logre un acuerdo nacional, debido a la beligerancia con que actúa el correísmo, su principal opositor. En diálogo con “Punto de Orden”, la ex funcionaria advirtió que a ciertos sectores políticos, y en especial a UNES, solo les importan sus intereses. En resumen, solo están interesados en recuperar el poder, y con ello alcanzar la impunidad y evadir los juicios iniciados contra sus líderes. Romo advirtió que el correísmo, como tal, es dañino para el país, pues trabaja para espantar incluso la inversión internacional. Un ejemplo es el proyecto que implementó el presidente Lasso, para ser ejecutado en los terrenos de lo que iba a ser la Refinería del Pacífico, y a los cuales Correa, mediante las redes sociales, se opuso de forma virulenta, amenazando hasta con juicios penales. A esto hay que agregar el anuncio, en caso de que el juicio político fracase, de “calentar las calles” mediante levantamientos indígenas, como velada amenaza. Es decir, repetir el escenario de junio del año pasado, cuando a base de fuerza y extorsión provocaron el caos. La ex ministra considera justo todo pedido, que se base en parámetros legítimos. Pero en ese marco no caben ciertos grupos, responsables de numerosos delitos, y que en el 2022 secuestraron a periodistas y policías, y causaron víctimas mortales y enormes pérdidas económicas. A su juicio, el comportamiento del correísmo es pernicioso. Y hay que sumarle el de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, acostumbrado a imponer por la fuerza sus decisiones. Ellos y otros conforman un círculo perverso, que debe terminar. Romo hizo notar que Lasso, que aún no cumple dos años en el poder, enfrenta ya el tercer o cuarto intento de tumbarlo. Y si bien existen serios problemas económicos, que tienen descontenta a la población, es evidente que para ciertos grupos no prima el respeto a la democracia. Responsabilidad compartida A su criterio, la solución a los problemas del país está en un trabajo compartido, entre gobierno, oposición, sociedad civil, prensa y otras instituciones. Por ejemplo, la crisis de seguridad no solo es nuestra, sino que afecta también a muchos otros países. Claro que en Ecuador es particularmente grave, y debe ser frenada a cualquier costo. Para Romo, lo más importante de un gobierno es establecer objetivos claros, preservar la paz y la convivencia, hacer respetar la dolarización, y promover la generación de empleo. A los ciudadanos comunes, dijo, poco les importa la política, porque tienen problemas diarios mucho más graves. En ese ámbito, lamentó la actitud disociadora de la Asamblea Nacional, que durante 4 años mantiene bajo llave un proyecto de ley, para promover el trabajo de inteligencia en materia de seguridad, pero que se da tiempo para declarar el “Día del Bizcocho”. Como resultado, cada vez más ecuatorianos huyen del país, especialmente a Estados Unidos, en busca de seguridad y bienestar económico. Como prueba están las cifras oficiales, que nos señalan como el segundo grupo más numeroso en cruzar el peligroso Darién, en Panamá, camino a América del Norte. Solo los venezolanos nos superan en ese apartado.

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Conaie exige a Pachakutik apoyar el juicio político contra Guillermo Lasso

EL UNIVERSO.- Leonidas Iza, presidente de la Conaie, señaló que estarán atentos a las actuaciones en la Asamblea.   Mientras se espera que el trámite del juicio político al presidente Guillermo Lasso avance en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió un comunicado en el que pide a Pachakutik que respalde el proceso contra el jefe de Estado.   “Exigimos a la bancada del Movimiento Pachakutik una posición firme, ser consecuentes con las decisiones de las bases, con el proyecto político y con el clamor del pueblo ecuatoriano por la inmediata salida de Guillermo Lasso, el futuro de todo un país no puede estar sujeto a cálculos políticos, vaivenes por intereses personales y mucho menos por sospechOas de compra de votos. Es hora de cumplir con su palabra expresada frente al pueblo ecuatoriano”, dice el extenso comunicado.   La Conaie recordó que en el consejo ampliado realizado el 24 de febrero de este año, en Quito, más de 80 organizaciones sociales reclamaron la renuncia del primer mandatario y apoyar su enjuiciamiento político.   “Es hora que el Gobierno asuma su responsabilidad y acepte su incapacidad para gobernar”, señala el texto en el que además se menciona que Lasso no ha dado la cara al país ante los casos de corrupción, Pandora Papers, caso Gran Padrino, Flopec, narcogenerales y los presuntos vínculos con la mafia albanesa.   Leonidas Iza, presidente de la Conaie, publicó un mensaje en el que señala que “el problema del país es Guillermo Lasso” y advierte que están atentos a las actuaciones en el Parlamento.   El comunicado de la Conaie aparece en momentos en que desde el Partido Social Cristiano (PSC) se acusa al Gobierno de pretender comprar votos de asambleístas, con el fin de evitar el juicio político. Esteban Torres, coordinador del bloque del PSC, hizo la denuncia sin revelar los nombres de los legisladores supuestamente involucrados ni el operador político de Carondelet que estaría detrás de conseguir a su favor esas voluntades.   Torres, en un comunicado, señala que hace rato los socialcristianos conocen de esa “intención y pininos de abordaje pirata”, que para ellos no es una negociación sino que es corrupción en dos direcciones. Una, que constituiría peculado, comprar votos con cargos públicos y partidas presupuestarias dirigidas a terceros; y otra, extorsionar asambleístas quitándoles la seguridad que los protege de amenazas criminales.   Mientras que desde el oficialismo, la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) descartó los señalamientos del PSC y replicó que, al parecer, el juicio político está perdiendo apoyo. “¡Se les están bajando de la camioneta!”, increpó el grupo parlamentario.   Según el BAN, no existen pruebas o indicios de la supuesta compra de votos, extorsión o negociación de asambleístas por parte del Gobierno.

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Grupos de la sociedad civil ‘ponen el ojo’ a la Asamblea Nacional en el trámite del juicio político a Guillermo Lasso

EL UNIVERSO .- La posibilidad de que el jefe de Estado opte por declarar la disolución de la legislatura preocupa. Con la admisibilidad al juicio político en contra del presidente del Gobierno, Guillermo Lasso, los “ojos” de sectores sociales se trasladan a la Asamblea Nacional con el pedido de que se cumplan los procedimientos legales, frente a una posible censura y destitución.   La noche de este 29 de marzo de 2023, con seis votos afirmativos y tres salvados de los miembros de la Corte Constitucional (CC) se admitió a trámite la solicitud de juicio político planteada desde corrientes de oposición de la Asamblea Nacional en contra de Guillermo Lasso.   No obstante, la decisión de los magistrados se concentró en admitir la interpelación únicamente por el cargo de presunto peculado respecto de denuncias de actos de corrupción en la Empresa Pública Flota Petrolera (Flopec), pero no dio paso a los cargos por concusión en Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), como lo plantearon los cuatro asambleístas ponentes.   La decisión de la Corte Constitucional se devolvió a la Asamblea Nacional para que continúe con los procedimientos, con lo que en un primer momento será conocido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), para luego enviarlo a la Comisión de Fiscalización, que asumirá la sustanciación de inmediato.   De acuerdo con los plazos contemplados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entre notificaciones y convocatorias a sesiones, presentación de pruebas de cargo y descargo, y el informe final, el proceso se extenderá por 45 días. En los exteriores de la Asamblea Nacional también se concentran grupos críticos de la gestión de sus legisladores. Fotos:Rolando Enríquez/API Foto: El Universo En ese periodo, organizaciones de la sociedad civil estarán atentas a las actuaciones de los legisladores.   Sectores de oposición al jefe del Gobierno, Guillermo Lasso, afirman que respetan las competencias de las funciones del Estado, aunque su aspiración es que enfrente el juicio político o que renuncie, pero que evite activar el mecanismo de la disolución de la Asamblea o muerte cruzada.   Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, cree que Guillermo Lasso debería renunciar “por su incapacidad de gobernar”. Pero como “ha decidido aferrarse al poder y ahora que la Corte admitió a trámite el juicio político, los sectores sociales vamos a estar pendientes de lo que hagan los asambleístas y, en especial, la Comisión de Fiscalización”, indicó.   Según Erazo, esta es una Asamblea que “debe ser controlada por los sectores políticos y populares”. Pues hay un 90 % de ciudadanos que no “les cree por su capacidad de hacer componendas, arreglos, pedir cargos y recursos, por lo que estaremos atentos a lo que resuelvan, sobre todo, que se determine la salida de Guillermo Lasso”, agregó.   No obstante, ven con preocupación la posibilidad de que el Ejecutivo resuelva disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas.   Ello implicará que los asambleístas dejarán sus cargos; el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará un nuevo proceso electoral en 90 días para elegir presidente y legisladores por lo que resta del periodo (hasta el 2025), y Guillermo Lasso gobernará en ese tiempo con decretos-ley de urgencia económica que deberán ser evaluados previamente por la Corte Constitucional.   Esta posibilidad preocupa a Erazo, porque “Lasso podría apuntalar su proceso neoliberal de gobierno e ir hacia las privatizaciones de empresas públicas”. “Por eso es necesario entender que la única alternativa es que la Asamblea destituya al presidente y así evitar la muerte cruzada. Estaremos en las calles defendiendo las empresas estatales y exigiendo la salida del presidente”, advirtió el dirigente.   Por su parte, la presidenta del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Marcela Arellano, consideró que Guillermo Lasso debería salir de la Presidencia y renunciar, porque “no está capacitado para gobernar”.   Aunque, con la coyuntura actual, “se está implementando un mecanismo constitucional que es el juicio político y lo respetaremos para que avance con independencia, y no vamos a salir a las calles a movilizarnos”, adelantó. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) alertó que tienen puestos los “ojos” sobre la Asamblea Nacional para que tramite un proceso político que termine con la destitución del gobernante.   “La Corte Constitucional dio paso, ahora la Asamblea tiene que seguir el juicio político y destituir a Guillermo Lasso por peculado y por la incapacidad de gobernar”, exigió el movimiento indígena en mensajes publicados en sus redes sociales.   De igual forma, su presidente, Leonidas Iza, en un tuit, resaltó la resolución de la Corte que “responde a la lucha y resistencia del pueblo ante un gobierno nefasto e indolente. Cada voto en el Legislativo representará el clamor popular”, escribió.   Desde otro sector, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias adelanta también su postura de observador del cumplimiento de las normas.   “Les estamos observando. No tenemos más paciencia y no vamos a permitir la vulgarización de la política”, señaló la presidenta del gremio, María Paz Jervis, en declaraciones en entrevistas con medios de comunicación este jueves.   La directiva reprochó que los legisladores han pasado casi dos años de gestión “haciendo reconocimientos irrisorios” y ni legislan ni trabajan.   A su criterio, no cree que la muerte cruzada sea una salida a la crisis y, al contrario, conminó a “evitar mecanismos de conflictividad”, que afectarían a la economía nacional.   El director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, Mauricio Alarcón, detalló que harán seguimiento de los procedimientos con los cuales se efectúe el juicio político al mandatario.   “Esperamos que los 137 asambleístas se rijan a lo que dice la Constitución y no conviertan este juicio político en un circo para recriminar al presidente Lasso por su forma de gobernar. Hay hechos concretos que se han determinado y por los que la Corte Constitucional ha garantizado la admisibilidad del proceso y son esos hechos los que deberán ser tratados”, agregó Alarcón.

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«No hay compra de conciencia en la Asamblea», aclara ex ministro de Gobierno

El ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, exigió que los políticos de oposición, que aseguran que el gobierno “está comprando” a asambleístas para evitar el juicio político del presidente Lasso, muestren pruebas. Una de ellas es la legisladora Mónica Palacios, representante del correísmo, y que en su cuenta de Twitter se pregunta “cuánto costarán ahora”, refiriéndose a sus colegas que votaron a favor del informe de la comisión ocasional, que sugería la interpelación, y que ahora se retractan. Para Jiménez, estas afirmaciones, sobre un supuesto “hombre del maletín”, son irresponsables, y demuestran el bajo nivel en que ha caído cierta clase política. A su criterio, las verdades siempre se abren paso, y denuncias sin base alguna, como la que señala al presidente, finalmente se caen solas. El exministro atribuyó esta actitud, al deseo de ciertos grupos políticos de “defender su parcela”, para lo cual caotizan la vida del país. Asimismo, Jiménez defendió el proceso de negociaciones con la clase indígena, como resultado de la protesta registrada en junio del año pasado. En su calidad de ministro de Gobierno, dijo, supervisó los acuerdos alcanzados, y por ello puede asegurar que siempre existe la mejor disposición para el diálogo. Prueba de ello es la asignación de recursos para comunidades olvidadas, y el impulso para la educación multicultural. El ex premier precisó que existe más del 80% de cumplimiento, y que el principal impasse está en la minería ilegal, debido a que es un nicho para el narcotráfico, y el lavado de dinero mal habido. Jiménez hizo notar que incluso dentro del movimiento indígena, hay amplios sectores que no apoyan los afanes de Leonidas Iza de un nuevo paro, pues se dan cuenta que el presidente de la Conaie tiene afanes desestabilizadores. A su criterio, los acuerdos han funcionado, y prueba de ello es que muchos indígenas no están de acuerdo con nuevas protestas.

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«Iza es un delincuente secuestrador», afirma asambleísta Dalton Bacigalupo

Como de “un profesional de la violencia y la agitación” calificó el asambleísta de la Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo, al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, a raíz de sus amenazas de paralizar nuevamente el país, si no consigue su objetivo de destituir al presidente de la República. Durante nuestro espacio “Vera a su Manera”, conducido por Carlos vera, Bacigalupo recordó que los orígenes de la violencia de Iza, “pasa por el secuestro de personas”. “Él ha tenido juicio por secuestro de personas. Eso es lo que el país entero no conoce”, precisó el legislador, que representa a la provincia de Cotopaxi. Bacigalupo fustigó la decisión de la Asamblea Nacional, de concederle a él y a muchos otros agitadores una amnistía, pese a su responsabilidad en las graves protestas del año pasado, que dejaron víctimas y cuantiosos daños en todo el país, especialmente Quito. “La Asamblea no debía amnistiar a delincuentes denunciados como secuestradores de personas. Eso lo conocemos en Cotopaxi, y la documentación existe”, subrayó el asambleísta social demócrata. En su opinión, resulta inadmisible aceptar las presiones de Iza, de quien dijo, “vive de las movilizaciones, pues le pagan para ello”, y que, según afirmó, “estuvo asistido en gran medida por el ex prefecto corrupto que yo he perseguido en la provincia de Cotopaxi, el señor Guamán, que acaba de perder las elecciones para alcalde de Latacunga”. Además, precisó que el titular de la Conaie amenaza a los indígenas con castigos, en caso que no se unan a las protestas que él ordena. Castigos que consisten, entre otras cosas, en no tener agua para sus cultivos. Felizmente, anotó Bacigalupo, el revés electoral en esa provincia impedirá que Iza, y otros “dirigentes mafiosos”, como los llamó, puedan levantar nuevas protestas ahí.

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Gary Espinoza afirmó que sigue siendo presidente de la Fenocin

EL UNIVERSO.- Una fracción de la Fenocin destituyó a Gary Espinoza el pasado 24 de febrero y en su lugar posesionó a Hatari Sarango.   Gary Espinoza aseguró que sigue siendo presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), esto luego que el pasado viernes 24 febrero una facción del movimiento lo destituyó y posesionó en ese mismo cargo a Hatari Sarango.   Este lunes 27 de febrero, durante una rueda de prensa, Espinoza aseguró que se mantiene en el cargo y denunció persecución y acoso en su contra desde el primer día que fue posesionado en el cargo “por un grupo de compañeros”.   “En vista de que veníamos siendo acosados, un grupo de compañeros divisionistas venían trabajando desde el primer día que me he posesionado, no me han dejado trabajar en paz, esto ha sido una persecución, un acoso, una situación de odio contra Gary Espinoza, de racismo…”, manifestó el dirigente, que fue elegido presidente el 24 de julio del 2021.   De acuerdo con Espinoza, quien lamentó que estén atravesando esta situación de fraccionamiento, dijo que debido a ese divisionismo promovido que detectaron “hace mucho tiempo”, el pasado 17 de febrero determinaron expulsar a Sarango y también a Franklin Columba, Santos Villamar, Franklin León y Guido Perugachi. “Están tratando de dividir la Fenocin desde hace mucho tiempo”, sostuvo.   Espinoza manifestó “que tienen las pruebas de que se han reunido clandestinamente para tratar de desestabilizar esta administración de Gary Espinoza. Es una situación que no la podemos tolerar. Hemos conversado, dialogado con ellos, sin embargo, siguen y han seguido en este propósito, por eso el 17 los expulsamos y por eso escuchan que ahora se han autoconvocado supuestamente para formar otra directiva”. Señaló que dicha autoconvocatoria “es ilegal e ilegítima, que no tiene validez, que no tiene representación”, esto porque los nombres mencionados fueron expulsados y no pueden hacer este tipo de acciones violando los estatutos de la Fenocin, por “tanto Gary Espinoza con el equipo que tenemos aquí de la directiva estamos electos hasta julio del 2025″, manifestó. “Nuestra administración sigue vigente, Gary Espinoza sigue siendo presidente de la Fenocin y vamos adelante en la lucha que hemos decidido”, agregó.   En ese sentido, Espinoza manifestó que en la asamblea que tuvieron el 17 de febrero decidieron “cesar o cortar” el diálogo con el Gobierno nacional, “porque creemos que es realmente tormentoso seguir sentado sin recibir la respuesta adecuada, hemos estado casi un año en esta mesa de diálogo y no vemos los frutos”.   El dirigente señaló que ahora pasan a una fase de exigencia para el cumplimiento por parte del Gobierno de los 218 acuerdos.   Dijo que han escuchado el llamado del Gobierno al diálogo, a la concertación, a un acuerdo nacional, “sin embargo, le decimos al presidente de la República, al señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que lo primero que tienen que hacer es pedirle disculpas públicas al pueblo ecuatoriano”.   “Es decir, no pueden llamar al diálogo, a la concertación, sino piden disculpas públicas al pueblo ecuatoriano. Le recuerdo pueblo ecuatoriano que el señor presidente nos vinculó con el narcotráfico, nos vinculó con la delincuencia, nosotros no somos delincuentes, señor presidente, somos dirigentes, por tanto nos debe una disculpa pública, porque nosotros lo que hicimos fue votar por una opción que usted puso, o votar por el sí o votar por el no, nosotros valientemente decidimos votar por el no y esos son los resultados, que el no ha ganado en la consulta popular, por tanto nos debe una disculpa al pueblo ecuatoriano si es que quiere llamar al diálogo…”, manifestó.   Leandro Ullón es el nuevo vicepresidente de la Fenocin. En la rueda de prensa también asistió el comité ejecutivo de la Fenocin, que también rechazó la división e hizo un llamado a la lucha por los acuerdos con el Gobierno nacional. Espinoza dijo que la Fenocin también participará en la movilización contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso para el próximo 8 de marzo.

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Asamblea y Gobierno deben rectificar, o el costo para el país será enorme, según analista César Ulloa

Difíciles días se le vienen al país. Así lo advierte el analista político, César Ulloa, al evaluar las nuevas movilizaciones anunciadas por la Conaie para el 7 de marzo, y el eventual informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, que estudia el denominado “Caso Encuentro”. En su opinión, es fácil establecer que la “investigación” de dicha comisión ocasional, tiene como único objetivo llevar a juicio político al presidente Lasso, lo cual depende del visto bueno de la Corte Constitucional. Ulloa señaló que se vienen jornadas de altísima tensión, con una guerra “todos contra todos”, tomando en cuenta que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, de forma paralela, investiga si los supuestos casos de narcotráfico con la mafia albanesa, en los cuales pretenden involucrar al actual gobierno, comenzaron realmente años atrás, en la era del correísmo. El analista precisó que tanto el paro indígena como la actuación de la comisión ocasional, en su afán de hacer daño al gobierno, provocarán pérdidas económicas incalculables al país, sin mencionar los daños sociales. De ahí que exhortó al régimen a rectificar sus políticas, para generar empleo, seguridad y salud, y a la Asamblea Nacional a legislar y fiscalizar con seriedad, pues ambas partes tienen hoy un altísimo nivel de repudio en la población.

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Human Rights Watch alerta que en Ecuador existió uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y paro nacional de 2022

En su Informe Mundial 2023, la organización hace un análisis de la gestión y acciones de los gobiernos de la región para abordar problemas crónicos de DD. HH. En su Informe Mundial 2023, Human Rights Watch (HRW) realizó un análisis de la gestión y acciones en el año que finalizó de los gobiernos de América Latina y el Caribe al momento de abordar problemas crónicos de derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia.   Entre las falencias crónicas que determinó en el caso de Ecuador está que el país experimentó un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por pandillas, pero también que existió un uso excesivo de la fuerza de parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones y paro nacional, registrados en el 2022, que hicieron que estalle la violencia por parte de manifestantes o infiltrados.   “Las protestas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso que se produjeron en junio pusieron de manifiesto problemas estructurales de larga data que afectan a las comunidades indígenas y a los hogares de escasos recursos. Los manifestantes protestaron contra el acceso inadecuado a la salud, la educación y el empleo, y por la eliminación de subsidios a los combustibles”, refiere.   HRW relata que “en Quito y Guayaquil, la policía respondió con incidentes de uso excesivo de la fuerza frente a las manifestaciones pacíficas en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los incidentes incluyeron el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y de gas pimienta”, sentencia el documento.   En esa ocasión, el presidente Guillermo Lasso defendió la actuación policial y HRW anticipó que lo investigaría y exhortó al Estado a elaborar una ley que regule el uso legal, adecuado y proporcionado de la fuerza con base en estándares internacionales de derechos humanos. Una de las marchas que se realizó este 8 de marzo por el Día de la Mujer, en Quito. Manifestantes reportaron incidentes en la noche tanto en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Foto: API “Me parece que hay un exceso de sensibilidad cuando la Policía tiene que advertir riesgos y actuar frente a estos… como presidente del Ecuador, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y responsable de la Policía Nacional, yo siempre voy a estar del lado de los policías”, afirmó Lasso en ese momento.   En el caso del paro nacional, que vivió el país por 17 días desde el 13 de junio pasado, la organización determinó que “la Policía Nacional respondió con un uso excesivo de la fuerza en varias oportunidades, disparando cartuchos de gas lacrimógeno de manera directa a los manifestantes o cerca de áreas que albergaban a niños y personas heridas”.   HRW afirma que “las protestas comenzaron pacíficamente, pero se tornaron violentas” y subraya que “los manifestantes culparon a infiltrados por los hechos de vandalismo, saqueos y el bloqueo de insumos médicos que debían ser entregados a hospitales” que se registraron en esas semanas.   Sobre los incidentes ocurridos en el paro, HRW refiere también que la organización no gubernamental Fundamedios documentó agresiones físicas y verbales, principalmente por parte de manifestantes, contra 114 periodistas, 40 camarógrafos y 80 medios de comunicación. QUITO (24-06-2022).- Miembros de la Policía Nacional y un grupo de manifestantes, cerca del Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, después del mensaje del presidente, Guillermo Lasso, sobre el uso progresivo de la fuerza para recuperar la tranquilidad del país. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas Y en cuanto a las víctimas de la violencia registran en su informe que seis civiles y un militar murieron, y más de 300 personas resultaron heridas, según organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación ecuatorianos y que el Gobierno confirmó una muerte causada por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.   No obstante, según un informe de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador en coordinación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), presentado a inicios de diciembre del año anterior, los fallecidos son nueve: Juan Manuel Sislema, Johnny Félix Muenala, Byron Guatatuca, Henry Quezada Espinoza, Franco Íñiguez Camacho, Marcelino José Villa Romero, José Polivio Chimarro Quishpe (miembro de las Fuerzas Armadas que murió en un operativo militar en Shushufindi), Francisco Guashco Poago y Juan Carlos Vargas Chango.   En el interior del país se ha denunciado que las familias de víctimas mortales del paro nacional siguen a la espera de que se haga justicia. Quito, Ecuador. 30 de junio de 2022. Representantes del Gobierno nacional y CONAIE, firman acuerdo para el fin de las movilizaciones. Foto: API En tanto, en el informe de HRW se destaca que en Ecuador entró en vigencia el 22 de agosto la Ley que prohíbe a las fuerzas de seguridad el uso excesivo, arbitrario o ilegítimo de la fuerza, y que establece que el uso de la fuerza debe observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, humanidad, no discriminación y rendición de cuentas.   “La ley solamente permite el uso de armas letales cuando exista la amenaza de lesiones graves o muerte”, destacan.   Esta norma compuesta por 74 artículos y varias disposiciones generales, transitorias y reformatorias tiene por objeto normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte del Estado conferido a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria para proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas y precautelar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes.   La aplicación de la ley se rige por los principios contemplados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y ocho principios generales que tratan sobre coordinación entre entidades, dignidad humana, debido proceso, bienestar animal, pro ser humano, protección a la vida e integridad personal, respeto a los derechos humanos y transparencia.   En el documento de HRW se analiza también en un apartado los derechos de los pueblos indígenas relacionados con el paro nacional y se menciona el acuerdo de paz que se suscribió el 30 de junio entre autoridades del Gobierno y líderes

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Organizaciones indígenas y estudiantiles de Ecuador se solidarizan con pueblo de Perú

Más de 23 personas han fallecido en las protestas de este país, a raíz de la destitución de Pedro Castillo. Indígenas y estudiantes de Ecuador enviaron un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo peruano, donde las protestas sociales se incrementaron tras la remoción y detención del presidente Pedro Castillo. El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, expresó en un video divulgado este sábado en redes sociales su respaldo a los peruanos en su legítimo derecho a la protesta como base de la democracia. “Denunciamos la brutal represión y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, que han dejado un saldo ya de más de 20 fallecidos, centenares de heridos y detenidos, en una estrategia de violencia que es habitual en América Latina contra los sectores populares”, afirmó Iza. Manifestó sentir esa lucha como propia pues en Ecuador las élites reaccionan con la misma violencia, discriminación y racismo frente a las demandas legítimas de la ciudadanía. La Conaie pidió al Estado peruano cesar la represión, escuchar el clamor popular y abrir espacios de diálogos que incluyan a los actores movilizados e instó a organismos internacionales de derechos humanos a mantenerse vigilantes y denunciar las prácticas violentas para callar la voz del pueblo. Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitario de Ecuador (FEUE) y otras organizaciones estudiantiles de la región también compartieron un mensaje de apoyo al pueblo de Perú y rechazaron la actitud represiva de la derecha golpista. Al culminar en Quito el 48 Congreso de la FEUE, los invitados internacionales al evento se pronunciaron a favor de las elecciones anticipadas en esa nación vecina, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. La tensión y la indignación en Perú van en aumento, tras elevarse a más de 20 el número de muertos durante las protestas antigubernamentales, según recuentos no oficiales, mientras no se avizora salida a la crisis. El gobierno de Ecuador es uno de los pocos en la región que saludó la juramentación de Dina Boluarte como nueva presidenta de Perú ante el Congreso. Entretanto, en un comunicado conjunto México, Argentina, Colombia y Bolivia expresaron su respaldo a Castillo y pidieron respetar el voto ciudadano. Fuente: Radio Pichincha

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25 mil créditos de hasta $ 10 mil, caducos en BanEcuador

Condonación representaba $ 190 millones en pérdida. La Fenocin insiste, pero la ley no determina obligatoriedad. La Conaie reacciona sin amenaza. Son 190 millones de dólares del fondo de previsiones lo que le hubiese costado a la banca pública, representada por BanEcuador, la condonación de deudas de $ 3.001 hasta $ 10 mil por créditos productivos o agrícolas como lo exige la Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas, Negras (Fenocin). El Gobierno, luego de dos ofrecimientos para emitir un Decreto Ejecutivo para hacer efectivo el pedido, se retractó de lo comprometido por las consecuencias económicas que traería aquello para el sistema público financiero. Dichos créditos pertenecen solo a BanEcuador, puesto que la Corporación Financiera Nacional (CFN) solo ha otorgado y entrega créditos de $ 50 mil hasta los $ 50 millones. Con los $ 190 millones que busca no pagar al ente financiero público la ‘Plataforma de Condonación de las Deudas de Agricultores, Artesanos y Emprendedores’, liderada por la Fenocin, se podrían construir 11 hospitales básicos con una capacidad de 30 camas cada uno, como el que se construye en Pedernales, en la provincia de Manabí, cuyo costo alcanza los $ 18,1 millones o más aún, esa cifra equivale al 10,5 % de los más de $ 1.800 millones del presupuesto que se prevé destinar en el 2023, en el Plan Anual de Inversiones que incluye gastos en obras públicas. La Conaie no ha alzado su voz de protesta para respaldar a la Fenocin como en otros temas que sí lo ha hecho. Lo que deja entrever que dentro de las tres organizaciones que protagonizaron el paro de junio no existe un respaldo integral a los acuerdos del diálogo nacional. Leonidas Iza, líder de la Conaie, cuestionó la decisión del Gobierno, pero sin aludir una amenaza, más bien manifestó ayer que “los acuerdos se tienen que implementar de manera integral”, por lo que las decisiones deben ser de tal manera y “no estar por cada acuerdo generando condiciones de movilización”. De acuerdo a información entregada por BanEcuador, el beneficio hubiese alcanzado a 25 mil personas con créditos vencidos. Generando a más de una cultura de no pago en dichos ciudadanos, un perjuicio que frenaría la colocación de dinero en créditos productivos y un deterioro de la cartera. “Al condonar 190 millones de dólares estamos quitando la oportunidad de que 65 mil personas puedan acceder a créditos al 1 % de interés a 30 años plazo, por ejemplo”, señala Mauricio Salem, gerente general de BanEcuador. Los deudores de BanEcuador de créditos de hasta $ 10 mil están en las 24 provincias y dichos préstamos fueron solicitados para inversión en el sector agrícola, comercio, pecuario, servicios, artesanal, turismo, agroindustrial, entre otros ocho sectores productivos más. La ley no determina obligación:   En la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal el artículo 196 determina que mediante un decreto ejecutivo “se podrá disponer que las entidades financieras públicas condonen créditos” de hasta 10 mil dólares. Lo que blinda la decisión del gobierno de Guillermo Lasso, puesto que no se utiliza el verbo transitivo “deber” para que sea una decisión obligatoria de cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo. Fuente: Expreso

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